Nicaragua
Seis tesis realistas sobre el mítico 6%
Pese a que el 6% es ya un número mítico,
en el que se amalgaman varias aristas y muchos intereses, es necesario razonar sobre esta cifra como si se tratara primordialmente
de un problema económico.
José Luis Rocha
El tradicional remedo de fiesta patronal -desfiles, calles ocupadas y juegos pirotécnicos- se desplegó nuevamente este año, entre el 19 y el 21 de febrero, con los estudiantes universitarios reclamando el 6% del presupuesto nacional para las diez universidades integrantes del Consejo Nacional de Universidades (CNU). Con camisetas enrolladas transformadas en improvisados pasamontañas y empuñando lanzamorteros, hoy como ayer y como siempre desde hace doce años, los universitarios se tomaron varias calles del centro de Managua y enfrentaron a la Policía Nacional. Esta vez sin el apoyo de las pandillas y de los transportistas que obtuvieron en reclamos anteriores, y con una más bien raquítica participación, los estudiantes lucharon por un derecho que figura en la Constitución -artículo 125- y que este año se les regateó cuando el Ejecutivo optó por reducir en el presupuesto 2003 de 728 a 670 millones de córdobas la asignación al CNU.
Todos los años, el gobierno encuentra un motivo para sostener la necesidad de recortar el porcentaje del presupuesto entregado a las universidades. Se presentan urgencias apremiantes, o aparece una forma diferente de interpretar a qué corresponde el 6%: si al total de egresos, si al total de ingresos, si a los ingresos ordinarios, si a los ingresos ordinarios y extraordinarios. De hecho, en el texto de la Ley del Presupuesto, el gobierno acompaña cada año la cifra de la suma asignada al CNU de su equivalencia porcentual en relación al total de ingresos. En contraste, en sus informes estadísticos el CNU estima ese porcentaje en relación al total de egresos, monto que suele superar en varios miles de millones al de los ingresos. De esta forma, mientras el CNU demuestra que jamás ha recibido el 6% del presupuesto, el gobierno sostiene que siempre ha entregado un porcentaje superior. La Ley 151 (19 de agosto de 1992) estableció, según un comunicado del CNU de aquel año, el derecho de las Universidades a un financiamiento calculado sobre el Presupuesto General de Ingresos de la República.
DESDE HACE AÑOS, UNOS A LA BULLA Y OTROS A LA CABUYAEl 6% es la máxima tajada presupuestaria que un gobierno centroamericano concede a las universidades. Costa Rica sigue a Nicaragua, con un 4.71%. Panamá y El Salvador sólo les dedican un 2%. Sin embargo, los porcentajes de estos países se traducen en montos mayores debido a la superior magnitud de sus Productos Internos Brutos. Además, su situación económica -muy distinta también- hace que la educación superior privada llene en parte los vacíos que deja la pública y que, en un contexto de mayores ingresos, sea más accesible.
Este año, el estallido estudiantil fue avivado por el carbón que el Presidente Bolaños lanzó (¿calculadamente?) con su discurso del 12 de febrero en el acto de instalación del Foro Nacional de Rectores. Tomando por sorpresa a los rectores, Bolaños cuestionó la eficiencia en el uso del 6% y habló de que cada estudiante graduado en las universidades del CNU costaba 21 mil dólares y de niveles de deserción superiores al 80%. Pocos días después, Carlos Tünnermann Bernheim, quien se hallaba presente en el Foro, cuestionó, además de las cifras, el hecho de que el Presidente hubiera contrapuesto los costos de la educación superior privada y de la pública y hubiera enfrentado también los presupuestos de los diversos niveles educativos. Tünnermann apuntó la necesidad de determinar todos los elementos que intervienen en el cálculo de los costos de cada sistema -laboratorios, investigación, servicios a la comunidad, programas de desarrollo rural, etc.- antes de aventurarse a sacar conclusiones sobre una mayor o menor eficiencia. También calificó de enfoque superado la competencia presupuestaria entre los varios niveles educativos.
La revuelta estudiantil de este año -uno de los días no fue una manifestación sino un enfrentamiento entre estudiantes armados con morteros provocando a policías con gases lacrimógenos, con saldo de siete heridos- culminó con la promesa de los diputados sandinistas y boñalistas de respaldar una asignación al CNU de 721 millones de córdobas, y trajo aparejada en los días siguientes la destitución de Bismarck Santana, presidente de la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN), como consecuencia del malestar de otros líderes estudiantiles con su manejo del conflicto. No es la primera vez en estos años que se acusa a un líder estudiantil o a un rector de atizar el fuego para lucir su figura y emplear la lucha por el 6% como una plataforma política. Unos a la bulla y otros a la cabuya, rectores y dirigentes estudiantiles que aspiran a curules en la Asamblea Nacional, ven en el burumbumbún de la lucha por el 6% una oportunidad de perlas para lustrar sus expedientes políticos.
Pese a que este número mítico que es ya el 6% tiene muchas aristas y amalgama varios intereses, vamos a razonar como si se tratara de un problema primordialmente económico, sabiendo que muy pocos de los actores de este drama atienden a esa racionalidad, aunque entre morterazo y morterazo y entre arenga y arenga deslicen argumentos robados a ella.
TESIS 1: NUNCA HUBO 6%, NO HAY QUE APELAR A LA TRADICIÓNSe reclama que el 6% obedece a cifras históricas establecidas en la década de los 80, consagradas por la Constitución, “interpretadas auténticamente” por la Corte Suprema, y ratificadas año tras año. La realidad es que la inflación, el desorden administrativo y las trapacerías contables hicieron que en los años 80, y también en los años 90, el 6% fuera poco menos que una ilusión ideológica.
Por obra de la inflación, las asignaciones en los años 80 concedidas a las universidades perdían su valor en pocos meses. La opacidad y el desorden administrativo impedía que esto lo notasen fácilmente los interesados, y las estratagemas contables daban el toque de remate. En los años 90, y aún hoy se burla la celosa custodia del 6% asignando fondos no incluidos en el presupuesto a cualquier institución que parezca prioritaria.
Aun soslayando el hecho de que desde la Ilustración es muestra de debilidad o de cobardía intelectual apelar a la tradición durante un debate, en este caso no se puede recurrir a la tradición porque esa tradición estableció por ley lo que nunca cumplió de facto. Sería más plausible apelar a los beneficios que cabe esperar de la inversión en las universidades. Pero no es fácil ni convincente hacerlo en el contexto de un país muy pobre y abrumado por muchas necesidades, entre otras la de dar empleo a los egresados y egresadas de las universidades para que lo invertido en ellos culmine en un beneficio común.
TESIS 2: LA EDUCACIÓN NO ES PRIORIDADEl FMI presiona a los países -a los del Sur muy especialmente- para que vivan de acuerdo a sus ingresos. En vísperas del veto presidencial del presupuesto para 2003, altos funcionarios del FMI visitaron Nicaragua para “aconsejarle” al gobierno rectificar algunas modificaciones hechas por los diputados al presupuesto con el fin de restablecer los equilibrios macroeconómicos, aunque todo lo demás se de-sequilibrara.
El recorte a la asignación del CNU fue atribuido a esta visita. Al FMI le cuesta entender que el diminuto PIB de Nicaragua, unido a la desigual distribución de la riqueza que prevalece en nuestro país, se traduce en una mayor dependencia de la población de la educación pública subsidiada, sin que se pueda asumir que las instituciones privadas cubrirán la brecha.
En el presupuesto de 2002 se destinaron 2 mil 267 millones para pagar los intereses de la deuda pública interna y externa: 27% de los ingresos y casi el 18% de los egresos del país. Cerca de cuatro veces la partida destinada a las universidades. El FMI apremia a honrar el pago de la deuda interna olvidando que es una deuda que creció en los últimos dos años porque el gobierno salió al rescate de los depósitos del público, dilapidados por banqueros inescrupulosos que quebraron varios bancos. El FMI permitió esta operación de salvamento del sistema financiero nacional a un costo de centenares de millones de dólares, lesionando las reservas nacionales. Pero el FMI no permite ningún endeudamiento para pagar educación. Sólo la quiebra del Interbank costó bastante más de lo que se destina a las universidades.
Nadie duda que salvar el sistema financiero nacional es una buena causa. Pero tampoco debe dudarse que para el FMI nuestra educación no es una prioridad. Carlos Fuentes escribió: Entramos al siglo XXI con una evidencia: el crecimiento económico depende de la calidad de la información y ésta de la calidad de la educación. La otra gran evidencia es que en el contexto de una economía cada vez menos material, donde la información y el conocimiento son las fuentes primordiales de la riqueza, y donde las materias primas pierden valor, el capital transnacional nos quiere sólo como proveedores de mano de obra barata y de materias primas.
En la actual situación, el gobierno opta por poner a competir por presupuesto a los diferentes niveles educativos, en lugar de incrementar ciertos ingresos y de reducir ciertos costos. Premiados por su mal desempeño -porque además de romper récords en bancarrotas y en pagar bajos salarios, nuestros banqueros tienen los mayores márgenes de intermediación en Centroamérica-, el gobierno no quiso ejercer la presión debida sobre ellos para que pagaran el impuesto sobre la renta que adeudan desde 1997, prueba del indiscutible influjo del banquero Carlos Pellas sobre el Presidente Enrique Bolaños. Tampoco se tocaron ni cuestionaron asignaciones que son un lujo en Nicaragua. Sólo entre la asignación destinada a financiar el inoperante Parlamento Centroamericano y las pensiones vitalicias a los ex-Presidentes y ex-Vicepresidentes, ahorraríamos más de 30 millones de córdobas. Es dinero que no paga el mérito o la eficacia, es el lucro de élites políticas siempre a la cacería de rentas. ¿Por qué no se tocan esos fondos ni se debate siquiera el tocarlos?
Las explosiones sociales alrededor del 6% seguirán presentándose mientras la actitud de los gobiernos, Ejecutivo y Asamblea Nacional, sea vacilante, maleable, inconsistente y carezca de un plan de desarrollo que vaya más allá de los bandazos coyunturales. La alargada sombra del FMI cobijando la posición del gobierno es el peor augurio y una señal más de la carencia de voluntad gubernamental para ejecutar un plan nacional de desarrollo que trascienda el estatus de documento y se sostenga ante las presiones de la burocracia internacional. Desgraciadamente, en Nicaragua la política construye un mundo posible jugando con un financiamiento probable -y condicionados sus requerimientos- y con los estallidos sociales absorbibles.
TESIS 3: NO FUNCIONA LO DE “ESTUDIE HOY Y PAGUE MAÑANA”Como un respiro o incluso como la supresión del gasto gubernamental en las universidades, algunos han propuesto reproducir un sistema que ha dado buenos resultados en los Estados Unidos: Estudie hoy y pague mañana. En Estados Unidos los estudiantes con buenos rendimientos académicos pueden aspirar a préstamos estatales con varios años de gracia y baja tasa de interés: estudian hoy y pagan cuando pueden. El problema es que, permaneciendo las cosas como están ahora, muchos estudiantes nicaragüenses jamás podrán pagar, porque el desempleo y los bajos salarios no se lo permitirán. Si el costo por estudiante graduado oscila entre los 7 mil dólares (versión CNU) y los 21 mil dólares (versión Bolaños), cargar sobre los futuros profesionales una deuda de esa magnitud en un contexto de crisis económica epidémica y endémica es ahogar su futura economía familiar. Lo que funciona en Estados Unidos no funciona en países con dos dígitos de desempleo. Aun con la certeza de conseguir trabajo, ahorrar anualmente mil dólares -para amortizar la deuda- y un poco más -para pagar los intereses- durante siete años es impensable. ¿Y durante 21 años?
En algunos casos habría que llegar a modalidades de pago tan diferidas en el tiempo que se convertirían en una cadena perpetua. Del otro lado de la moneda está este no menos válido argumento: si a los profesionales, beneficiarios directos, les es muy difícil pagar por su educación, ¿no es aún más duro que la tengan que seguir pagando con sus impuestos todos los nicaragüenses, incluso los más pobres, cuyos hijos jamás pondrán un pie en universidad alguna?
¿FUNCIONARÁ FINANCIAR LA DEMANDA?La otra solución que se ofrece consiste en garantizar un mejor uso de los recursos del Estado. Dejando de lado la discusión de si el 6% debe ser reducido o mantenido, esta propuesta da por un hecho que la administración que del presupuesto universitario hace el CNU es ineficiente, y por eso, propugna financiar la demanda (a los universitarios) en lugar de la oferta (las universidades) para que los estudiantes puedan elegir la universidad de su preferencia, mecanismo que estimularía la competencia entre las universidades por captar ese segmento del mercado obligándolas a mejorar sus servicios. En este modelo, el dinero del 6% lo manejaría una entidad encargada de seleccionar y becar a los estudiantes que demuestren tener altos rendimientos académicos y escasos recursos financieros.
En los últimos años esta propuesta ha sido sostenida insistentemente por el ex-Presidente del Banco Central y hoy diputado Noel Ramírez y por el ex-Ministro de Educación y hoy rector de una universidad privada, Humberto Belli. Algunos, guiados por aquel principio según el cual en Nicaragua se pone más atención a quién lo dijo que a lo que dijo, se han apresurado a descartar esta posibilidad sin analizar sus pros y contras.
La primera ventaja que señalan los defensores de esta idea sería quitar la tajada del 6% de las manos de la cúpula del CNU, acusada recurrentemente de ser ineficiente, monopólica e integrada por una burocracia partidarizada y poco transparente. La segunda ventaja consistiría en obligar a que las universidades entraran a un juego de mercado libre competitivo, donde suponen que se activaría automáticamente una asignación más eficiente de los recursos. Aunque este modelo quizás funcione mejor que el importado de Estados Unidos, cabe hacer objeciones a sus dos ventajas. En el caso de quitarle la plata al CNU para dársela a la entidad que distribuiría las becas, el problema estaría en cómo hacer para que ese sistema no padeciera de la discrecionalidad, el clientelismo, el compadrazgo, las coimas, etc., vicios que permean toda la cultura institucional del país. Si los fondos del Instituto de Desarrollo Rural fueron entregados más con criterios de rentabilidad política que financiera, ¿no podríamos esperar otro tanto de los fondos del 6% entregado a este nuevo “instituto”? Para todos es claro que habría que empezar montando un sistema de monitoreo para que pague quien puede pagar y para que estudie quien esté dispuesto a estudiar y rinda académicamente. Pero ¿quién monitoreará a los monitoreadores? Quien monitoree a los monitoreadores buen monitoreador será... en una Nicaragua hoy por hoy aún imposible.
¿POR QUÉ NO “ESTUDIE HOY Y PAGUE HOY”?Por otro lado, la ventaja de la competencia no está totalmente garantizada y exenta de fisuras por las que se puede colar el oportunismo. Humberto Belli, supone que con una nueva masa de estudiantes de rendimiento académico adecuado, poseedora de millones de dólares, los centros de estudio superior realizarían un esfuerzo concienzudo por atraerlos y retenerlos. Precisamente ahí estriba el problema y la perversión de un sistema así: las universidades podrían hacer cualquier cosa para atraer y retener a los estudiantes. Y una vez que los estudiantes ya estuvieran en sus redes, podrían aflojar sus estándares de exigencia académica para conservarlos, para no arriesgarse a perder sus pagos de matrícula, como de hecho ocurre ya en prestigiosas universidades privadas asentadas en nuestro país. Rebajar la exigencia podría crear la ficción de una masiva generación de buenos estudiantes. He ahí los dilemas: ¿Conservar al cliente buena paga o al estudiante de mérito académico real? ¿Competir en base a calidad académica o a baja exigencia, fiestas semanales, paseos y otras faramallas?
En todo caso, esta propuesta, con sus innegables bondades, parte del principio de que una mejor educación requiere monumentales recursos financieros y que ese financiamiento tiene que provenir forzosamente del Estado. En este mar de contradicciones, nadie propone formas alternativas de financiamiento. El sistema de “estudie hoy y pague mañana” podría ser aplicado por las universidades aún sin recurrir a la plata estatal, becando a estudiantes a cambio del compromiso de que presten servicios -no enteramente gratuitos- en el futuro. Incluso podría hasta implementarse así también en el presente, bajo el principio de “estudie hoy y pague hoy”. Se trataría de un trueque de servicios: clases a cambio de mantenimiento de equipos, trabajo en la biblioteca, promoción de publicaciones, etc. Es una forma de implementar en la universidad el mecanismo de “mano vuelta” que los campesinos emplean en contextos de iliquidez intercambiando servicios diferidos en el tiempo. El dinero no tiene por qué ser el único y exclusivo medio para los intercambios.
TESIS 4: EL 6% ES MUY POCO Y/O ESTÁ MAL ADMINISTRADOEn el año 2002 se contabilizaron 99 mil 938 estudiantes universitarios, de los cuales 58 mil 158 estudiaban en universidades del CNU. Un promedio simple arroja que el costo anual por estudiante universitario fue de 798 dólares. Considerando que muchos estudiantes pagan total o parcialmente por sus estudios, el costo por estudiante para el Estado puede ser, por lo menos, un 25% superior a esa cifra, en cuyo caso ese costo, como declaró Tünnermann, fluctuaría entre 800 y mil dólares.
Estamos lejos de tener en Nicaragua altos costos por estudiante. En 1996, ese costo anual por estudiante era de 700 dólares. En ese mismo año muchos países tenían costos bastante superiores: 5 mil 800 en Brasil, 2 mil 260 en Argentina, 1 mil 770 en Venezuela, 1 mil 480 en Chile y 1 mil 150 en México, según cifras del Banco Mundial citadas por Tünnermann. Pero no falta quien justamente se pregunta si debemos tener tantos estudiantes universitarios: mediocremente formados y con escasas posibilidades de conseguir trabajo. No falta quien realistamente se pregunta si lo que debemos tener es más estudiantes en las carreras técnicas.
En el debate de este año, mientras el Presidente Bolaños señalaba que el costo por cada estudiante graduado es de 21 mil 400 dólares, Telémaco Talavera, Presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y Rector de la Universidad Nacional Agraria (UNA), aseguró que ese costo es de 7 mil 173 dólares, aunque advirtió que la cifra no incluye a los más de 15 mil becados a quienes se brinda alimentación y alojamiento. Y aunque Bolaños quiso comparar costos de las universidades del CNU con los de las universidades privadas, no mencionó que en Nicaragua ya hay universidades privadas donde el costo por estudiante graduado supera los 40 mil dólares.
El gobierno se escandaliza de que entre 1997 y 2003 la partida del CNU haya pasado de 25 a 49 millones de dólares. Pero parece olvidar, soslayar u ocultar el hecho de que no es lo mismo invertir en educación universitaria en un país rico, cuyas universidades ya están bien dotadas porque cuentan con el apoyo de una empresa privada pujante, que hacerlo en un país que por su pobreza tiene una población muy dependiente de los subsidios estatales y en el que todavía se están haciendo en las universidades inversiones en infraestructura elemental: edificios, laboratorios, pupitres, ventanas...
SEÑALES CLARAS DE INVERSIÓN INSUFICIENTE Y DE ADMINISTRACIÓN INEFICIENTEEn Nicaragua las universidades carecen todavía de servicios elementales. En ninguna de las universidades del CNU existe una biblioteca con literatura actualizada ni acceso a revistas relevantes para las clases que en ellas se imparten. Tampoco abundan los profesores que sepan identificar y sugerir dichas lecturas. Basta un paseo por la UNAN de Managua para darse cuenta de que allí existe un problema financiero: suciedad, pupitres desvencijados, aulas atiborradas de estudiantes, luces en mal estado... Naturalmente, un problema financiero puede ser tanto de escasez de fondos como de mala administración de los mismos. Todos estos datos, así como la baja calidad de los graduados, son síntomas tanto de una inversión insuficiente como de una administración ineficiente.
En este aspecto hay diferencias muy acusadas entre las distintas universidades del CNU que no han sido suficientemente exploradas y analizadas. Según el último informe estadístico del CNU, publicado en 2000 y con datos de 1997 y 1998, en 1998 había en el CNU desde universidades con 27 (UCA) y 25 (UNI y EAG-E) estudiantes por docente hasta universidades con 10 estudiantes por docente (UPOLI y URACCAN). Y universidades con 25 estudiantes por cada empleado no docente (UNAN-Managua) hasta universidades con 9 (UNA) y hasta menos de 4 estudiantes por cada no docente (Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería-Rivas). Todos estos datos deciden sobre la calidad de la educación, el total de egresos, las posibilidades de invertir en rubros no salariales, etc.
Es curioso comprobar cómo en la mayoría de las universidades del CNU la evolución del número de estudiantes no guarda proporción ni dirección con respecto al número de docentes y de no docentes. Entre 1997-98 la UNI matriculó 43 estudiantes menos, pero contrató a 15 docentes menos, cuando bastaba hacer un recorte de 2 docentes para mantener su promedio, el tercero del CNU en mayor número de docentes por estudiante. Sin embargo, incrementó en dos a su personal no docente. En ese mismo período la UPOLI inscribió a 401 estudiantes más y la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU) a 254 más, pero incrementaron su personal no docente en 39 y 30 nuevos contratados, cifras que hacen unos promedios de 10 y 8 estudiantes por no docente respectivamente, bastante por debajo del promedio del CNU.
Pero mientras la BICU elevó su número de docentes con 16 nuevos, la UPOLI lo hizo con 94 nuevos profesores. BICU mantuvo su promedio, la UPOLI lo redujo de 13 a 10 estudiantes por cada docente, siendo el número más bajo del CNU. Estos datos levantan muchas interrogantes sobre la racionalidad de las contrataciones y de sus fluctuaciones. Queda también pendiente en la agenda indagar sobre la estructura salarial para inferir si el deplorable estado en que algunas de las universidades se encuentran se debe a que algunos funcionarios actúan como auténticos embudos de egresos debido a la succión que en el presupuesto ejercen sus salarios... o sus megasalarios.
ALGO HUELE A PODRIDOExisten muchos otros indicios de que los fondos no están siendo bien administrados. Uno de los más estridentes afloró recientemente. Tres días después de que, tras las manifestaciones violentas de este mes, los diputados hicieron su oferta de respaldar un presupuesto de 721 millones para el CNU, con los ánimos todavía caldeados, estalló un escándalo en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), cuyo rector es el vicepresidente del CNU. Aldo Urbina, rector de la UNI, ha enfrentado ya siete juicios por los delitos de estelionato, falsificación de documentos públicos, usurpación de atribuciones, abuso de autoridad, injurias y calumnias, asociación e instigación para delinquir, apología del delito, hurto con abuso de confianza y otros. Uno de sus máximos detractores es el Vicerector Sergio Enrique Álvarez, a quien Urbina, exhibiendo un diagnóstico del Instituto de Medicina Legal, acusó de tener personalidad paranoide. En la Corte Suprema de Justicia hay un recurso de amparo para impedir la construcción no licitada de un edificio en la UNI y desde diciembre de 2001 hay en la Contraloría una denuncia por anomalías administrativas en esta universidad: ausencia de un presupuesto general de ingresos y egresos y manejo discrecional de los recursos financieros.
Mientras las autoridades universitarias se despedazan en los medios de comunicación para arañar cuotas de poder, los estudiantes reciben una educación mediocre. Sin duda, la mala administración hace que la asignación del 6% rinda menos y parezca aún más magra. Sin embargo, la mala administración de la UNI o del resto de universidades beneficiadas con el 6% no prueba nada a favor de la mayor bondad de las universidades privadas ni constit uye una demostración de que la administración pública es un forzoso desastre. Aunque sí demuestra que “algo huele a podrido más acá de Dinamarca” y que buscar mejores administradores es una tarea urgente.
TESIS 5: EL 6% ES DEMASIADA CANTIDAD DE DINEROEl CNU carece de visión de país. No inserta sus planteamientos en un proyecto de desarrollo nacional. La cúpula del CNU tiene una visión corporativista que jamás se cuestiona si destinar el 6% del presupuesto nacional a las universidades será demasiado para un país en las condiciones en las que está el nuestro.
Entre 1998-2002 el número de estudiantes en universidades del CNU aumentó en 6 mil 706, mientras el presupuesto lo hizo en 13.43 millones de dólares, es decir, en más de 2 mil dólares para cada nuevo estudiante. El aumento del monto no se corresponde al incremento en el número de beneficiarios.
En 1997, el 6% del presupuesto correspondía a 241.86 millones de córdobas (25.59 millones de dólares) y en este 2003 los 721 millones de córdobas (49 millones de dólares) peleados a morterazos en las calles significan un aumento del 91% en 6 años: a razón de 15.17% al año. Sin embargo, la población entre 15-29 años -por tomar un rango amplio de edad universitaria- crecerá, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, un 35.7% entre 1995-2005, a razón de 3.57% al año. El incremento en la partida del CNU no guarda proporción con el crecimiento de la población en edad de estudiar en las universidades.
Mientras entre 1997 y 2003 la asignación al CNU ha aumentado en un 91%, la partida del Ministerio de Educación sólo creció en un 88.6%. Del 2002 al 2003 el reducido incremento presupuestario del Ministerio de Educación, debido a la devaluación de la moneda, supone un descenso de 4 puntos porcentuales -decremento de 1.5 en el caso de la educación secundaria y de 10.5 en el de la educación primaria-, mientras el CNU, con los 721 millones de córdobas que reclama, recibirá casi 6 puntos porcentuales más. En 2003 el CNU recibirá 24.5% más que en el 2000, mientras que a la educación primaria se le está destinando 28% menos que en el año 2000.
En 2002 el CNU recibió más de tres veces el monto asignado a la educación secundaria. Se le concedió una cantidad equivalente al 72% del presupuesto para la educación primaria, 32 veces lo otorgado al sistema de prevención de desastres y casi 5 veces lo que se trasladó a las 152 alcaldías del país. Este año hubiera recibido, aun con el recorte a 670 millones de córdobas, 43 veces la asignación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 12 veces la partida del sistema nacional de prevención, mitigación y atención de desastres y más de cuatro veces lo que recibirán todas las alcaldías juntas, entidades que deben prestar una gran cantidad de servicios a los 5.5 millones de nicaragüenses.
Según el estudio, Gasto público en servicios básicos en América Latina y el Caribe (octubre 1999) de la CEPAL y el PNUD, el 6% que reciben las universidades en Nicaragua equivale al 33% del gasto total en educación y al 77% del promedio de los recursos destinados a la educación primaria del período 1995-1998.
El presupuesto del CNU se ha incrementado gracias a que en los ingresos gubernamentales se contabilizan los ingresos por privatización de empresas estatales. Así, las universidades del CNU se han beneficiado de los procesos de privatización, que han inflado nuestros presupuestos, empobreciendo al país y enriqueciendo a cúpulas partidarias. Resulta consolador saber que al menos este beneficio se extrae de un saqueo irrepetible en los próximos años. Pero, ¿no sería justo que de él también se hubieran beneficiado otros sectores?
¡MALDITA ESA UNIVERSIDAD!Para que se imponga una correcta visión de país, la meta no debería ser que todos los jóvenes vayan a la universidad. La meta debería ser que todos los niños cursen primaria y que accedan a los niveles superiores aquellos estudiantes que, independientemente de su nivel de ingresos, demuestren poseer las habilidades y la voluntad requeridas. La meta debería ser una inversión racional, bien distribuida por sectores y que garantice a los egresados de las universidades que el mercado laboral será capaz de absorberlos, ubicarlos en ocupaciones acordes a su capacitación y ofrecerles salarios decentes.
¿Dónde trabajarán los egresados de las universidades si hay tan escasa inversión en la pequeña y mediana empresa, si no hay caminos para trasladar la producción, si se reduce el sector público sin un incremento compensatorio del sector privado, si no se realizan tantas inversiones imprescindibles? ¿Qué cosa fuera la maza sin cantera? Sería el éxito de unos pocos en el hundimiento del país. De ahí la diatriba que lanzaba el ex-rector de la UCA, Xabier Gorostiaga, en una entrevista de octubre 1992: ¡Maldita la universidad que crea profesionales exitosos en una sociedad fracasada! A partir de entonces, se dedicó a insistir en la idea de que la Universidad no tiene sentido en sí misma, aislada de la sociedad.
No se trata de poner a competir a los distintos niveles educativos ni a la educación superior con otras inversiones, sino de racionalizar el uso de los recursos de acuerdo a las posibilidades del país. Se trata, en todo caso, de retomar la oferta que el CNU lanzó en el comunicado que emitió en agosto de 1992 tras obtener una “interpretación auténtica” del principio constitucional del 6%: El Consejo Nacional de Universidades reitera la flexibilidad con que se debe abordar este tema, dada la difícil situación económica del país, y nuestro propósito de no afectar ningún área vital de la sociedad en sus respectivos presupuestos.
TESIS 6: EL 6% NO ES INTOCABLENo estamos razonando sobre un problema meramente económico. El debate ideológico se monta sobre un número mítico, como acertadamente lo denominó el Ministro de Educación Silvio de Franco. Un número intocable. Un dígito tabú. Cuando la cifra es así, no importa ya la mayor o menor racionalidad de las demandas de simpatizantes y detractores, porque no se trata de construir un diálogo y de alcanzar un consenso donde prevalezca la fuerza de los mejores argumentos ni siquiera de los argumentos que hace unos años fueron hegemónicos.
El 6% es la ansiada válvula de escape, el termómetro del descontento, la oportunidad de lucirse. El mito del 6% quiere congelar para siempre la correlación de fuerzas que existió en un momento dado hace años, como si eternamente fuera razonable invertir ese porcentaje de los ingresos gubernamentales en la educación superior y como si jamás pudieran surgir otras inversiones priorizables por encima y aun a costa de ese 6%. Elevado a la condición de dogma, el 6% se vuelve infalible, infaltable e incuestionable. Está totalmente fuera de discusión.
Ahora, la correlación de fuerzas nacional es otra de la que era a comienzos de los 90, cuando 20 mil universitarios consiguieron, apoyados por toda la población, la “interpretación auténtica” del 6%. Pero algunos siguen parapetados tras el mito. Quizás lo convierten en tabú porque saben que ya mucha gente no está tan convencida de que la conquista del 6% sea intocable e insistentemente se cuestionan la sensatez de invertir parte de sus impuestos en fabricar abogados que más tarde los esquilmarán en los tribunales o succionarán los ahorros de su vida para legalizarles su finquita, en financiar sociólogos que una vez convertidos en directores de ONG y con salarios de 2 mil 500 dólares colgarán en su casa un retrato del Che Guevara al tiempo que los devorará la ansiedad por adquirir el último modelo de Volvo, en sufragar economistas metidos a consultores sobre el desarrollo y sin la más remota idea de cuánto vale un pasaje en bus para llegar a las zonas rurales donde nada se desarrolla.
Este “mito” es realmente un asunto de correlación de fuerzas con argumentos de clase e intereses de grupo no siempre conscientes ni explicitados. Muchos estudiantes universitarios buscan cómo engrosar la tecnocracia y escalar en los estratos sociales. La universidad es planteada, desde los primeros años, como la meta del sistema educativo. El título académico es un mecanismo de ascenso social y su atractivo es aún mayor en sociedades extremadamente desiguales como la nuestra. Si entre el salario de un administrador de empresas y el de un carpintero no hubiera una diferencia tan gigantesca, quizás la universidad no sería tan atractiva. Al menos no sería vista como el gran medio para catapultarse hacia la clase media o, con suerte, hasta la clase alta. Y aunque el sistema está fabricando administradores, médicos y abogados que ganan menos que mecánicos y taxistas, todos los universitarios apuestan a que serán profesionales exitosos que rápidamente coronarán su carrera laboral con un cargo suculentamente remunerado. Pero la realidad es que la estrecha cobija del ingreso nacional no da para cubrir a todos. Sin embargo, todos sabemos que es mucho más fácil luchar por el 6% universitario que por una mejora salarial del gremio de las enfermeras, de los obreros de la construcción o de los artesanos del calzado.
Otro hábil actor en este terreno mítico del 6% es el Frente Sandinista, que manipula las protestas universitarias cada vez más burdamente, y le echa leña a sus fuegos para demostrar que sigue siendo el dueño de las calles y que puede capitalizar en su favor el descontento y reclamo más persistente a lo largo de los últimos doce años: el de los jóvenes estudiantes. Tras el mito, los cabecillas de UNEN y del CNU intentan legitimar su liderazgo y conservar o incrementar los ingresos de las universidades que dirigen o en las que se desarrollan como futuros políticos.
CONFRONTACIÓN GENERACIONAL Y VERDADES IDEOLOGIZADASEste año, desde las páginas de opinión de los periódicos, los profesionales han atacado casi unánimemente el 6%. Un factor pocas veces explícito que motiva sus posiciones es el malestar frente a la masificación de la educación superior, que infla el mercado de profesionales y devalúa los títulos académicos. Y es que la selección en base al mérito académico por la que muchos apostamos no sólo está inspirada en el buen deseo de que el país invierta bien sus recursos y obtenga profesionales competentes. También la alimenta la incertidumbre creciente acerca de nuestra posición y nuestro futuro en el mercado laboral de profesionales. De ahí que los viejos profesionales insistan, sobre una base real, en la mediocridad de los nuevos profesionales, en los bajos rendimientos académicos y en la baja rentabilidad de la inversión estatal en las universidades, donde la deserción es superior al 30%. Cuando estos argumentos se emplean para sugerir una constricción del gasto en educación superior, el conflicto adquiere ribetes de confrontación generacional.
Sabiendo que en su condición de neófitos no pueden aspirar a puestos bien remunerados, muchos de los recién graduados con buenas e incluso mediocres calificaciones no buscan cómo insertarse de inmediato en el mercado laboral, sino cómo obtener una beca y estudiar una maestría que les permita subsanar la deficiente educación que recibieron y mejorar así sus credenciales ante la patronal pública y privada. De esta manera, la presión de los viejos profesionales surte efecto y consigue, al menos, diferir en el tiempo la entrada de los jóvenes al despiadado mercado profesional.
Por su parte, los periodistas al servicio de la ideologizada verdad de Banco Uno-La Prensa, destacan la corrupción en la UNI, pero no dicen nada sobre la corrupción e ineficiencia en las universidades privadas. Por ejemplo, no dieron una cobertura ni remotamente semejante a la escandalosa bancarrota de la Universidad de Mobile, transformada en Ave María College cuando cambió de nombre, de religión y de dueños. Los periodistas al servicio del capital cubren selectivamente los bochinches de las universidades públicas, donde no estudian ni trabajan los familiares de sus patrones.
ES URGENTE DESMITIFIFCAR EL 6%Muchos intereses no explicitados están en juego tras el 6%. Hay que identificarlos, describirlos y desenmascararlos para desmitificar el 6% y empezar un debate libre de sofismas y de tabúes, sin cartas bajo la mesa y con menores cuotas de presiones políticas. Sólo así podremos acercarnos un poco más a la meta de que los escasos recursos del Estado sean mejor distribuidos.
Hace ya 6 años, Juan Bautista Arrien, Coordinador en Nicaragua del PREAL (Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina) advertía con realismo el peligro de no tocar este mito: El conflicto en torno al 6%, tal como ha sido manejado, tanto por el gobierno como por un sector de universitarios, nos ha quitado a todos la posibilidad de conocer, de debatir, de tratar de resolver otros gravísimos problemas que hoy enfrenta la educación nacional. Nos ha quitado perspectiva. ¿Cuántos universitarios saben lo que está pasando hoy en nuestro sistema educativo? ¿Cuántos profesores universitarios conocen a fondo la situación de la educación en este país? Nos han empujado a concentrarnos de tal manera en sobrevivir que cada vez sabemos menos del riesgo vital por el que atraviesa nuestra educación.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica