Nicaragua
En la hora de la negociación
Después de diez meses
de protestas masivas, muerte, cárcel, dolor, resistencia…
Después de diez meses de negar la realidad y de reprimir con saña,
el 27 de febrero Ortega se vio forzado a sentarse
con una representación de la oposición azul y blanco.
A Ortega no le quedó más remedio
que ir a la mesa de negociación
con una economía estancada por la crisis que el mismo provocó
y amenazado por nuevas sanciones.
Equipo Envío
Ya no podemos hablar de que vamos a retornar a la situación anterior a abril. ¡Ya no, eso ya pasó!… Hay que instalar una mesa, un encuentro para abrir una nueva ruta que mejore las condiciones para que el país y el pueblo nicaragüense se pueda ir recuperando más rápidamente de los efectos del intento de golpe de abril…”
Con estas palabras Daniel Ortega tuvo que aceptar finalmente el 21 de febrero, en un evento oficial para recordar el 85 aniversario del asesinato del General Sandino, transmitido en cadena nacional, que tenía que negociar con la oposición azul y blanco. Ese mismo día fijó la fecha para instalar la mesa de negociación: 27 de febrero. Lo dijo en el último momento de su habitual inconexo discurso. Y se notaba cuánto le costaba decirlo.
PREPARANDO LA MESA
Desde que inició 2019 se sentía en el ambiente político que algo se estaba “cocinando”. Enero estuvo plagado de especulaciones.
La llegada a Managua el 23 de enero de una misión de eurodiputados presididos por el socialista español Ramón Jaúregui y de dos importantes funcionarios del Departamento de Estado, Michael McKinley y Julie Chung, él principal asesor del Secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y ella Subsecretaria adjunta en el Departamento para Asuntos del Hemisferio Occidental, encargada “del mayor programa de extradición del gobierno estadounidense en casos de para¬militares y narcotraficantes”, indicaban que “algo” iba a suceder.
En pocos días, el 13 de febrero, y a solicitud del régimen, llegó a Managua Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Luis Almagro. El paso de Koncke por el país, de tres días, fue en extremo cauteloso. Cuando abandonó Nicaragua, el régimen publicó una nota en la que dijo haber realizado con el enviado de la OEA “importantes conversaciones” a fin de “avanzar en ruta hacia las reformas electorales y hacia las elecciones presidenciales de 2021”.
El comunicado que publicó la OEA hablaba de otra cosa: “La delegación planteó la liberación de los presos políticos, la necesidad de contar con avances en el proceso político electoral y la importancia de considerar las recomendaciones del Sistema Interamericano”. Esas recomendaciones son las más de una docena que desde mayo de 2018 estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (poner fin a la represión, desarmar a los paramilitares…) y las que presentó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (organizar una fiscalía independiente para investigar los crímenes, reparar a las víctimas…)
¿SE ACERCA LA HORA?
Gonzalo Koncke se fue el viernes 15 de febrero. El sábado cinco empresarios (Pellas, Ortiz, Zamora, Sacasa, Baltodano) se reunieron con Ortega. Se hicieron acompañar de dos testigos: el cardenal Brenes y el nuncio Sommertag.
Los empresarios llegaron a decirle a la pareja gobernante lo que todos los economistas del país han reiterado desde hace meses: solucionar la severa crisis económica que atraviesa el país no pasa por medidas económicas, sino por encontrar una salida a la crisis política. Ortega llevaba diez meses aferrado a su versión, insistiendo en que el país estaba “volviendo a la normalidad”… sin dejar de usar armas y tribunales para imponerla. En cinco días Ortega admitió que hablaría con la oposición azul y blanco.
El primer mensaje de respaldo a la apertura de una negociación fue inmediato: venía del embajador de Estados Unidos Kevin Sullivan: “Las negociaciones -escribió- requerirán de esfuerzos de buena voluntad para al¬can¬zar soluciones reales en tiempo real para el pueblo de Nicaragua”.
A mediodía del domingo el cardenal Brenes dijo quiénes habían sido los cinco interlocutores de Ortega. Y al final de ese día, tratando de aclarar las especulaciones que colapsaban las redes sociales, los cinco empresarios publicaron un comunicado firmado por todos en el que aclaraban que le habían expresado a Ortega “la urgencia de una negociación incluyente, seria y franca con la sociedad civil”, mencionando en concreto a la Alianza Cívica.
Todas las fuerzas internacionales que siguen con preocupación, compromiso y expectativa la crisis de Nicaragua expresaron la necesidad de que este encuentro desemboque pronto en una salida negociada a la crisis.
¿POR QUÉ CEDIÓ?
¿Por qué aceptó Ortega iniciar una negociación? No le quedaba más remedio: la crisis (¿terminal?) de Maduro en Venezuela, el colapso económico en el país, la advertencia amenazante de nuevas sanciones estadounidenses y europeas… Cada vez más presión.
La crisis venezolana, con sus altibajos e incertidumbres, es el espejo en donde Ortega se mira varias veces al día. “Dependiendo de cómo termina Maduro, Ortega sabrá cuánto puede o no ceder acá”, dice el político liberal miembro del Frente Amplio, Eliseo Núñez.
Ortega sabe que no quedará inmunizado ante lo que allí pase. Y mientras allí pasa, aquí la economía está profundamente estancada: el presupuesto está desfinanciado, de la banca nacional se ha fugado el 30% de los depósitos: 1 mil 500 millones de dólares, los bonos que ha puesto a la venta el Banco Central para aliviar la crisis financiera no los compra nadie, la inversión nacional e internacional está congelada y la legitimidad de su gobierno y la de él mismo son irrecuperables...
Y aunque hasta hace unos meses nada parecía hacerlo ceder, en enero, cuando las sanciones de Estados Unidos tocaron su economía personal y familiar, terminó aceptando que algo debía de hacer... en serio o para ganar tiempo.
SANCIONES AL CORAZÓN
De todos es sabido que el corazón de la fortuna de Ortega se alimentó de los fondos de la cooperación petrolera venezolana, millonarios recursos que nunca pasaron por el presupuesto nacional y que cimentaron durante más de una década su “exitoso” modelo de gobierno.
Con esos fondos el régimen subsidió servicios públicos y financió algunos programas sociales para paliar la pobreza, mientras el grueso de los recursos los empleó para montar una serie de negocios que se agruparon en el consorcio de Albanisa (Alba de Nicaragua), subsidiaria de la petrolera estatal venezolana PDVSA, que tiene el 51% de las acciones del consorcio.
La importación y la compraventa de combustible y su distribución en todo el país, a través de la estatal Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP-Petronic), financiada desde 2009 con fondos de Albanisa, se convirtió en el más rentable negocio del régimen.
Es de justicia decir que la cooperación venezolana contribuyó a la posposición de una necesaria reforma tributaria, porque los fondos venezolanos cubrían necesidades sociales que deberían haber sido cubiertas con una carga tributaria más equitativa. Y es de justicia recordar que los más beneficiados con la posposición de una reforma tributaria equitativa fue la élite empresarial, la gran aliada de Ortega durante más de una década, que tributaba menos de lo que debía.
¿CRISIS DE ENERGÍA?
El 29 de enero las sanciones de Washington contra PDVSA, destinadas a asfixiar económicamente al régimen de Maduro, se extendieron a Albanisa, a DNP-Petronic y al Banco Corporativo (BANCORP), fundado por el régimen en 2016, que no ha tenido nunca corresponsalía con ningún banco internacional.
A partir de septiembre de 2017 el BANCORP vio crecer exponencialmente sus depósitos, porque el gobierno de Estados Unidos advirtió ya desde entonces a los bancos nicaragüenses que si tenían relaciones financieras con Albanisa podrían ser sancionados.
Desde entonces, todo el dinero de los negocios del consorcio Albanisa, que estaban depositados en tres bancos del país, pasaron a las arcas del BANCORP, que cambió aceleradamente su consejo directivo buscan
do desligarse de Albanisa, lo que no parece haber confundido a Washington, ya que lo ha sancionado ahora.
Por todo este conjunto de sanciones, una eventual crisis energética es otro flanco de la crisis económica nacional. Si según datos oficiales, en 2018 el 77% del combustible que compró y distribuyó DNP-Petronic provino de Texas, ¿no afectarán ese mercado las sanciones de Estados Unidos?
LA CARTA DEMOCRÁTICA
Además del golpe al corazón de los negocios familiares, Ortega estaba ya apremiado por nuevas sanciones políticas con consecuencias económicas, que de concretarse terminarían aislándolo totalmente en el mundo occidental y deteriorarían aún más la economía nacional.
Estaba abierta la posibilidad de que la OEA aplicara a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana, expulsando a nuestro país del organismo regional. El proceso de aplicación de la Carta inició el 11 de enero de 2019. Después venía la fase de las gestiones diplomáticas, momento en el que estamos, y en el que se inscribirían los resultados de la negociación… si los hay y según sean los que se logren.
Si no ha avanzado más rápido el proceso de aplicación de la Carta ha sido porque la OEA ha priorizado la crisis de Venezuela. ¿Dándole a Ortega una última oportunidad?
De aprobarse, la Carta traería el corte de todo apoyo crediticio del Banco Interamericano de Desarrollo, principal financiador de las inversiones públicas del gobierno. ¿Tal vez también el corte de los préstamos del Banco de Integración Centroamericana?
VIENEN MÁS SANCIONES
Otras sanciones estaban ya listas de parte de la Unión Europea. Una delegación de eurodiputados había comprobado de primera mano en su visita a Nicaragua en enero el trato inhumano a los presos políticos y la falta de libertades civiles. Y en contundentes declaraciones al salir del país exigió cambios.
La respuesta del régimen fue una golpiza contra las presas políticas que hablaron con los eurodiputados y la reiteración del trato inhumano con los prisioneros políticos y con los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, por quienes abogaron especialmente los eurodiputados. El Parlamento Europeo respondió anunciando que sancionaría a Ortega en marzo.
Además, los altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que visitaron a la pareja gobernante en enero les hicieron saber que se les daba una última oportunidad: estaban listas más sanciones Magnitsky, y también listas las sanciones personalizadas que ordena otra ley, la ya aprobada Ley Nica.
Señalados ya como autores de crímenes de lesa humanidad, y por tanto perseguibles por la justicia universal en cualquier tribunal del mundo, y con los ojos de todos los organismos regionales e internacionales de derechos humanos puestos sobre lo que sucede en Nicaragua, sabedor de la resistencia mayoritaria de la población, que lo repudia y demanda un cambio, Ortega y Murillo no tenían más remedio que iniciar una negociación.
LOS OBJETIVOS DE LA ALIANZA CÍVICA
¿Negociar qué…? Cuando el 21 de febrero Ortega anunció que el día 27 instalaría la “mesa” habló de paz, estabilidad y seguridad. En su discurso no aparecieron las palabras democracia, justicia y libertad.
Terminando de hablar Ortega, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunciaba ya en las redes sociales quiénes integrarían el equipo negociador azul y blanco. Y para crear confianza señaló que los objetivos de la negociación serían libertad, democracia y justicia.
En los días siguientes la sociedad fue llenando de contenido estas tres exigencias. Libertad: la de todos los presos políticos y la nulidad de todos los juicios que les han abierto por absoluta falta de garantías procesales en todos los casos. Democracia: la recuperación plena de los derechos constitucionales de expresión, movilización y el ejercicio de un voto libre con reformas electorales para celebrar elecciones cuanto antes. Y justicia, siguiendo las bases que sustentan los procesos de justicia transicional: saber la verdad, garantizar justicia, reparar a las víctimas y dar garantías de no repetición de los hechos de violencia.
No faltaron las desconfianzas. El hecho de que fueran empresarios los que gestionaran el que Ortega cediera, levantó el temor a un pacto del gran capital con el gobierno. Pero, ¿se irían a arriesgar los empresarios a que las sanciones de Estados Unidos los alcanzaran a ellos como cómplices?
Desconfianza porque nadie ignora la consigna orteguista “firmar me harás, cumplir jamás”. Pero, ¿tendrá capacidad Ortega, dada su pésima imagen actual de repetir en la práctica esta consigna?
La realidad es que sobraron las voces que llamaban a desconfiar, hasta a rechazar el diálogo, aunque esta vez, más que diálogo se trataba de hallar una salida negociada a la crisis del país, obviamente por el diálogo, pero negociando en condiciones diferentes a las que hubo en la primera etapa del diálogo (mayo-junio de 2018). También fueron muchas las voces que pidieron dar un voto de confianza a la Alianza y aprovechar la oportunidad.
LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS
El consenso internacional (Luis Al¬magro desde la OEA, Paulo Abrão desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Michele Bachelet desde la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Erika Guevara Rojas desde Amnistía Internacional, José Miguel Vivanco desde Human Rights Watch, Ramón Jáuregui a nombre de los parlamentarios europeos que visitaron Nicaragua…) fue de apoyo a la Alianza, esperando que la negociación iniciara con una muestra de buena voluntad: la liberación de todos los presos políticos.
Según el Comité de Presos Políticos, el 27 de febrero, cuando se instaló la mesa de negociación, había en las diversas cárceles del país 777 capturados y apresados por razones políticas (714 hombres, 60 mujeres y 3 mujeres trans) además de 20 menores de edad.
“NO HAN LIBERADO A NADIE”
Unas horas antes de que iniciara la negociación, en la mañana del miércoles 27 de febrero, el régimen comenzó a sacar de la cárcel a un centenar de presos, a algunos de los 138 ya condenados y de los 408 ya procesados, a otros sin juicio y sin acusación formal, todos capturados ilegalmente en su momento y encerrados desde hacía dos, tres, cuatro y hasta cinco meses y más, todos soportando condiciones infra-humanas durante su reclusión, algunos torturados con saña.
La modalidad de la “liberación” generó suspicacias. El régimen dejó que las familias de los que se esperaba saldrían -circuló desde la víspera una lista- pasaran esperando toda la noche a las puertas de las cárceles.
No fue hasta la mañana y a lo largo del día 27 que funcionarios del sistema penitenciario fueron a dejar a cada uno y a cada una hasta sus casas, dándoles a la mayoría “el beneficio” de la “convivencia familiar” o el del “arresto domiciliar” (casa por cárcel), lo que indicaba que los juicios no habían sido anulados.
Especialmente malintencionado resultó que el Ministerio de Gobernación publicara la lista de los “beneficiados”, adjuntando sus direcciones y hasta sus números de teléfono, facilitando más todavía a los simpatizantes de Ortega el asediarlos, amenazarlos o hasta ejercer violencia contra ellos. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, dijo que el operativo de excarcelación era “una burla”. “Aquí no se ha liberado a nadie -dijo-, es un engaño. Lo que tenemos es el cambio de la prisión a la casa por cárcel, pero ese cambio de medida cautelar no está soportado por los jueces, que no han emitido ningún documento judicial”.
SIN DOCUMENTOS JUDICIALES
La ausencia de documentos judiciales evidenció que, tanto el apresamiento como los juicios y la excarcelación, reflejaban la subordinación de los tribunales a la voluntad de Ortega y Murillo, tal como en enero había dicho en su carta de renuncia y denuncia el magistrado de la Corte Suprema Rafael Solís, cuando se refirió a que, con sus órdenes, la pareja gobernante “sustituyó a todo el Poder Judicial”.
Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que ha defendido a buen número de presos políticos y ha podido estar presente en algunos juicios, sostiene que todos los detenidos deben ser liberados y todos los juicios deben ser anulados por falta de investigación, por violaciones al debido proceso y por graves anomalías en los que ya se han realizado.
La CPDH conoce de 400 presos políticos que enfrentan aún procesos judiciales, 22 de los cuales fueron llevados a sus casas y más de 300 no enfrentan aún ninguna causa. “Ésos debían haber sido liberados inmediatamente”, dijo Montenegro.
RELATOS IMPACTANTES
¿Fue un signo de buena voluntad la excarcelación de presos políticos? Fuera lo que fuera, resultó alentador para quienes salieron de calabozos en que los han maltratado tanto. Fue también una alegría para sus familias, que sabiendo de sus sufrimientos no podían aliviarlos. Escenas emocionantes llenaron las redes a las mismas horas en que se instalaba la mesa de negociación. Daban cuenta de la llegada a sus casas y a sus comunidades de éste, de aquel, de aquella... Sin conocerlos directamente, muchos se han hecho conocidos, queridos y admirados: el incansable corredor de Managua Alex Vanegas, la monimboseña a punto de morir en la cárcel cuando se dañó su marcapasos Ruth Matute, el profesor de Ticuantepe José Antonio Guevara, la “tía Delmi” de Jinotepe, el “padre coraje” Carlos Valle…
Emocionante fue también escuchar a muchos de ellos hablar claramente y con valentía del maltrato y las torturas que recibieron en la cárcel, con solidaridad de su compromiso para lograr la liberación de todos sus compañeros de encierro, con cariño y respeto hacia ellos, con firmeza de la convicción de seguir en la lucha contra la dictadura…
GENEROSIDAD Y NECESIDAD
El acto “de generosidad” de la pareja gobernante puso en evidencia la falsedad repetida por Ortega a periodistas y a las bases del partido de gobierno: que en Nicaragua no había presos políticos sino delincuentes.
Este acto de “necesidad”, cuando Ortega atravesaba su peor momento, dejó claro que durante todos estos meses los policías no capturaban ni los fiscales acusaban ni los jueces sentenciaban a peligrosos “terroristas”, como se ha cansado de repetir la propaganda oficial, sino que fueron apresados en el primer momento para sofocar la rebelión, sin lograrlo. Y después los capturaban para convertirlos en rehenes de Ortega, fichas para ser negociadas en algún momento...
De hecho, los principales líderes de las protestas siguen presos y son seguramente las fichas de mayor valor en la negociación.
UN SEÑUELO AL EMPRESARIADO
Ortega trató de evitar hasta el último momento tener que aceptar una negociación que concluya en acuerdos políticos.
Advertido ya por los funcionarios estadounidenses y por los eurodiputados que visitaron Nicaragua sobre las nuevas sanciones que le esperaban, lanzó un último señuelo a la empresa privada para que aceptara una negociación sobre acuerdos económicos.
El 28 de enero envió al Parlamento, donde cuenta con mayoría absoluta, y con carácter de urgencia, una drástica reforma fiscal y una reforma a la seguridad social muy similar a la que provocó las primeras protestas de abril.
¿Pensaba que sentarse con la clase empresarial a discutir eso mejoraría su imagen y así ganaría tiempo para retrasar las sanciones políticas? Parecía así.
En ambos proyectos de reforma era tácito el reconocimiento de la debacle económica causada por los des-proporcionados niveles de represión con que el régimen respondió a las protestas ciudadanas, desoyendo el clamor por un cambio. Sin embargo, el Ministro de Hacienda, al explicar en el Parlamento la necesidad de las reformas achacó de nuevo la crisis económica al “intento golpista”.
Las reformas del 28 de enero fueron un último esfuerzo del régimen para lograr una negociación con la clase empresarial y una última señal (¿penúltima, antepenúltima?) de su empecinamiento en no aceptar una negociación política que cuestione su permanencia en el poder hasta 2021.
LA REFORMA A LA SEGURIDAD SOCIAL
El contenido de las reformas conmocionó a todos los agentes económicos del país. Y a todo el país, porque todo el mundo sería afectado.
La reforma a la Seguridad Social fue aprobada sin consulta ni discusión el 2 de febrero. La única diferencia con la de abril de 2018 es que no resta el 5% a la jubilación de los ancianos.
Al igual que la de abril, aumenta la cotización al seguro que pagarán empleados (del 6.25 al 7%) y los empleadores (del 19 al 22.5%), un golpe fuerte a la patronal.
Lo que la hace más severa que la de abril es que disminuye en un 30% y hasta en un 40% la fórmula para calcular las pensiones que recibirán quienes se jubilen a partir de ahora. “Si antes ya las pensiones eran de hambre, ahora serán de miseria”, dijo Juan Sebastián Chamorro, director del centro de pensamiento FUNIDES (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social).
La reforma incluyó medidas para reducir los desproporcionados gastos administrativos del INSS, pero no da cuenta de las turbias y riesgosas inversiones que ha hecho durante los últimos años el Seguro Social, sin ninguna transparencia y sin rendición de cuentas.
EN UN MOMENTO PEOR
“Cuando los gobernantes les dicen a los jóvenes trabajadores que por mucho que trabajen no van a lograr una pensión digna -declaró el exgerente de la Superintendencia de Pensiones Róger Murillo-, que quizás no logren ni jubilarse, les están diciendo que no coticen al Seguro Social, que se vayan del país a buscar un mejor futuro… Cuando en abril se aplicó aquella salvaje reforma, que costó tantos muertos, la economía de Nicaragua era mejor. Ahora se aplica una reforma peor, en condiciones económicas peores y con un INSS en mucha peor situación financiera que la de 2018”.
Hacía referencia Murillo al hecho de que entre abril y diciembre de 2018, y debido a la crisis política y económica, el INSS perdió a 142,760 trabajadores cotizantes.
LA REFORMA TRIBUTARIA
La reforma tributaria demuestra la desesperación recaudatoria del régimen. Todos los economistas coincidieron en eso y todos dijeron que en tiempos de recesión, como los que enfrenta Nicaragua desde hace cinco meses, era desaconsejable aumentar impuestos. “Eso en cualquier país del mundo se sabe”, dijo Mario Arana, al frente de la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense (AMCHAM).
La reforma pretende recaudar los más de 300 millones que hacen falta para llenar el hueco que tiene el presupuesto de 2019.
La reforma afecta lo menos posible los gastos del gobierno y golpea severamente a las empresas, aumentando el anticipo que pagan del impuesto sobre la renta del 1% al 2% y hasta al 3%. El 3% se aplica a las 400 empresas grandes del país y el 2% a las medianas. Se calcula que este impuesto es el que más efectos negativos y en cadena podría provocar al conjunto de la economía: más impuestos, menos producción, menos inversión, más desempleo, más alza de precios, menos consumo y al final menos recaudación…
La reforma aumentará el costo de la canasta básica imponiendo impuestos a alimentos y a productos de aseo básicos, hasta ahora no gravados. Positivo es el importante aumento que se impone a cigarrillos, bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas y casinos.
En un comunicado que tituló “Golpe de Estado a la economía”, el COSEP rechazó la reforma fiscal calificándola de “confiscatoria”. En comunicados propios, las cámaras empresariales del COSEP y otros gremios de productores y exportadores pasaron días explicando los desastres que provocaría el alza de impuestos.
“NO LLEGÓ NADIE”
Si el objetivo económico de ambas reformas, la tributaria y la del Seguro Social, era recaudar más, el objetivo político era intranquilizar especialmente a los contribuyentes de mayor nivel para animarlos a acercarse a Ortega y llegar a algún acuerdo.
Aprobada la reforma del seguro y puesta en vigencia, Ortega retuvo la tributaria durante bastantes días, haciéndole retoques superficiales y, sobre todo, esperando a la clase empresarial, para recuperar algo del modelo de “diálogo y consenso” que mantuvo con ellos durante una década, lo que seguramente pensaba mejoraría su situación.
“No se negocian impuestos mientras existan prisioneros políticos, medios de comunicación cerrados y violación de derechos. Las medidas pretendían hacernos negociar y nadie llegó”, dijo en un mensaje Juan Sebastián Chamorro.
Finalmente, como pasaban los días... y nadie llegaba, Ortega ordenó a sus diputados en el Parlamento que aprobaran la reforma tributaria a las mis¬mas horas en que se instalaba la mesa de negociación. ¿Mensaje de re¬pre¬salia o intento de demostrar fortaleza?
LA MESA DE LA NEGOCIACIÓN
El equipo que la Alianza Cívica llevó a la mesa de negociación el 27 de febrero está presidido por el educador de generaciones Carlos Tünnermann. Lo acompañan el experto constitucionalista liberal José Pallais, el presidente de AMCHAM Mario Arana, el presidente del COSEP José Adán Aguerri, el dirigente estudiantil Max Cortés y el director de FUNIDES Juan Sebastián Chamorro. Es un equipo de “grandes ligas”, que tiene en el “cuarto de al lado” a seis suplentes y a siete aseso¬res de la misma talla.
“Nos hemos preparado mucho para cuando llegara este momento, hemos escuchado las preocupaciones de nuestro pueblo y conocemos bien con quiénes nos vamos a sentar, conocemos bien a Ortega”, dijo el exrector de la Universidad Americana Ernesto Medina, uno de los asesores de la Alianza.
LA DELEGACIÓN DE ORTEGA
El régimen no informó quiénes integrarían su delegación hasta horas antes de que iniciara el primer encuentro. Lo dirigen el canciller Denis Moncada y el diputado Edwin Castro, acompañados del magistrado de la Corte Suprema Francisco Rosales, el diputado José Figueroa, y dos muy cuestionados personajes: el dirigente de los estudiantes orteguistas Luis Andino y el liberal Wilfredo Navarro, hoy diputado del partido de gobierno, epítome del más cínico transfuguismo político.
Participaron en la inauguración de la mesa de negociación, que tiene forma redonda, en calidad de testigos el cardenal arzobispo de Managua Leo¬poldo Brenes y el Nuncio del Vaticano Waldemar Sommertag. La negociación se desarrolla en terreno empresarial, el edificio del INCAE (Instituto Centroamericano de Estudios Empresariales).
LA HOJA DE RUTA
La Alianza Cívica quiso iniciar las discusiones consensuando con el régimen lo que llamó “hoja de ruta”: 16 acuerdos iniciales que son como las “reglas del juego” que deben garantizar que éste sea limpio. No fue fácil. Tardaron cinco sesiones de unas seis horas en lograr esos 16 acuerdos básicos. Son tan sencillos como el horario de trabajo o el tiempo para tomar la palabra (tres minutos máximo), más específicos como el acuerdo de que los seis titulares de cada delegación “trabajarán en privado y confidencialidad” o la fecha “tentativa” para concluir la negociación, 28 de marzo. Y más importantes, como quiénes serán los testigos y acompañantes nacionales de todo el proceso. Se acordó que fueran el cardenal Brenes, asesorado por dos obispos, y el pastor evangélico Jorge Ulises Rivera, asesorado por dos pastores. Testigo y acompañante internacional fue nombrado el nuncio Sommertag.
Las muchas horas dedicadas a consensuar puntos que serán las reglas del juego, crearon una enorme ansiedad social. Más ansiedad y preocupación provocan algunos de los puntos ya acordados.
Un solo ejemplo: respecto a “la política de comunicación” se acordó por consenso que “los participantes de la negociación sólo podrán dar declaraciones y divulgaciones sobre los temas ya aprobados”, lo que indicaría que la sociedad no conocería qué se debate ni dónde están las diferencias en el debate ni por qué se aprueban los temas de la agenda...
En general, la política de comunicación que hasta ahora ha llevado la Alianza Cívica deja mucho que desear, provoca suspicacias y rechazo y, por eso, contribuye a uno de los objetivos del régimen: sembrar desconfianza y dividir.
LOS GARANTES INTERNACIONALES
Un tema trascendental, el de los garantes internacionales del proceso y del cumplimiento de los acuerdos no logró consenso en las primeras sesiones. En la hoja de ruta se lee que los garantes se acordarán por consenso “una vez que se apruebe la agenda”: lo que va a ser objeto de la negociación. Así como la Alianza anunció que negociará libertad, democracia y justicia, el régimen no dijo lo que negociaría.
La Alianza ha propuesto como garantes internacionales a representantes de la OEA, de la ONU y de la Unión Europea.
Tanto el secretario general de la OEA, Luis Almagro, como Ramón Jáuregui, eurodiputado español que presidió la misión del Parlamento Europeo que visitó Nicaragua en enero, dijeron que ambas instituciones estaban dispuestas a jugar ese papel, no el de mediadores. Almagro ha declarado que los derechos (de expresión, de movilización, de organización, hoy conculcados) no se negocian.
El régimen ha argumentado, a través de sus voceros, que no son necesarios garantes internacionales por el manido argumento de que “los problemas de los nicaragüenses debemos resolverlos entre nicaragüenses”.
LOS “TRANQUES” DE LA NEGOCIACIÓN
En la primera etapa de lo que se llamó en su momento diálogo nacional (mayo-junio 2018), Ortega, aún sorprendido por las consecuencias que tendría para su régimen el estallido de abril, enfrentaba una correlación de fuerzas desfavorable: las calles de las principales ciudades del país acogían continuas movilizaciones masivas que pedían su renuncia, “y no hay nada que más tema Ortega que la calle”, dijo a Envío Víctor Hugo Tinoco.
El obstáculo para avanzar en aquel diálogo, televisado y con delegaciones numerosísimas, fueron los tranques, que impedían la circulación en media Nicaragua. Los tranques los levantó la población desde mayo a punta de rebelión y los derribó el régimen a punta de balas en junio y julio. Cuando terminó la “operación limpieza” y no quedó ni un tranque en todo el país, Ortega se sintió fortalecido.
Tal vez no midió un valioso y decisivo resultado de aquel diálogo, que lo debilitó más y más hasta llevarlo al momento actual: la llegada a Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo y la de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la OEA en junio. Seguramente Ortega y Murillo minimizaron el papel que jugarían estas organizaciones internacionales. Y han sido sus informes, conocidos en el mundo, lo que los tiene trancado hoy a ellos.
Los informes sobre las gravísimas violaciones de derechos humanos que han cometido, los crímenes de lesa humanidad que se les señalan, son tranques que él no puede derribar: lo han expuesto a sanciones internacionales, lo han hecho objeto del rechazo internacional y futuros reos de la justicia internacional.
A esta segunda etapa -ya no diálogo, sino negociación- Ortega llega en otra posición. Ya no hay movilizaciones en las calles, porque las ha reprimido a balazos y prohibido después. Pero la resistencia se ha mantenido y de muchas formas. En la primera línea la han mantenido los presos políticos.
EL MENSAJE DE UN PRESO POLÍTICO
Los presos políticos, héroes de la resistencia cívica, han hecho llegar en varias ocasiones mensajes escritos para que la población sepa de ellos, conozca lo que les hacen padecer en la cárcel, y siempre para dar fuerzas a quienes están libres, pero impedidos de expresarse y manifestarse. A veces los mensajes llegan escritos en papel higiénico, otras veces en pequeños trozos de papel que hay que leer casi con lupa…
A inicios de febrero atravesó los barrotes el mensaje del joven Lenín Antonio Salablanca Escobar, un chontaleño de 36 años, detenido en agosto de 2018 cuando, con la bandera nacional, iba a unirse a una marcha pacífica azul y blanco en Santo Tomás. Está encerrado en la cárcel Modelo de Tipitapa acusado, como tantos, por una lista de delitos: terrorismo, tenencia ilegal de armas, robo agravado y secuestro. En su mensaje dice que está dispuesto “a seguir enfrentando este proceso ilegal” porque espera que “un día Nicaragua será libre”.
EL ANÁLISIS DEL PRESO POLÍTICO
Escobar también analiza la realidad nacional. A once meses del alzamiento de abril afirma que Nicaragua es hoy, por obra y desgracia de Ortega, un país “de desterrados, encerrados, aterrados y enterrados”.
Desterrados, los más de 60 mil que se han visto forzados al exilio. Encerrados, los más de 700 que están en la cárcel “por denunciar la injusticia, por no callar y ejercer su libre expresión”. Aterrados, los miles y miles que “temen ser capturados o despedidos, vapuleados o amenazados por pensar diferente al gobierno”.
Y enterrados, los que fueron “víctimas de los buitres opresores al demostrar la fuerza del amor y la capacidad de tomar decisiones para ayudar a sus hermanos”.
Desterrados, encerrados, aterrados y enterrados…Escobar no habla de derrotados. Porque él está “dispuesto” a no serlo. Y porque sabe que la mayoría del pueblo de Nicaragua, al altísimo costo del exilio, la cárcel, el terror y la muerte, a quien ha derrotado es a Ortega. Y ya sólo falta que él lo reconozca en una mesa de negociación.
INCERTIDUMBRES, PREGUNTAS...
¿Se equivocará el análisis de Salablanca? ¿Qué saldrá de la negociación a la que se ha visto forzado Ortega? ¿La convertirá en una maniobra para ganar tiempo? Porque, aunque a Ortega no le quedó más remedio que negociar, no llega a la mesa de negociación “de buena fe”. ¿Cuántas maniobras no hará para dividir, desgastar, desesperar y desmoralizar a la delegación azul y blanco y a toda la sociedad, prolongando el tiempo de llegar a acuerdos sustantivos?
Pero, si por su sobrevivencia política y económica acude a la negociación con cierta capacidad de aceptar acuerdos serios, ¿qué cedería? Prolongarse en el gobierno hasta 2021 parece ser lo que no está dispuesto a ceder, si escuchamos a algunos de sus voceros y si recordamos la consigna “el Comandante se queda” que han repetido y cantado sus simpatizantes durante meses.
...Y MÁS PREGUNTAS
En vísperas de que Ortega anunciara que se sentaría en una mesa de negociación, el obispo de Estelí Abelardo Mata afirmó: “Ortega no puede llegar a 2021 porque los crímenes han sido atroces, la destrucción del estado de derecho evidente y los abusos de poder irrefutables”.
Pero, si decidiera quedarse y esto hubiera que aceptarlo en la negociación, ¿cuántos signos vitales tendría la economía nacional para esas fechas?
¿Aceptaría la OEA y la comunidad internacional que no se adelanten las elecciones, una exigencia que ha tenido consenso desde hace meses como la forma más civilizada de encontrar una salida a la crisis?
Si la agenda de la Alianza Cívica es la libertad de los presos políticos, el ce¬se de la represión y el respeto de las libertades ciudadanas, ¿aceptará alguno de los organismos internacionales que han acompañado el esfuerzo del pueblo azul y blanco ser garante de acuerdos en los que estos derechos sean negociados?
¿NEGOCIAR O MANIOBRAR?
“Si Ortega optó verdaderamente por negociar y no por maniobrar -dijo a Envío Víctor Hugo Tinoco- buscará un resultado en el que conserve el máximo posible de poder político y económico, para él, su familia y su grupo. El tema de la impunidad es sensible para él, pero ¿lo pegará al tema de los presos políticos o lo pegará al tema del adelanto de las elecciones? Lo que cederíamos nosotros habrá que irlo viendo sobre la marcha. Por eso, la importancia de la comunicación entre los negociadores y la sociedad para ver qué no es negociable y en qué ceder”.
¿Logrará Ortega retrasar las sanciones regionales, europeas y estadounidenses con sólo esta negociación? ¿Logrará incluso que no se le apliquen las sanciones?
¿VACÍO DE PODER?
¿Pesará en la actitud de la comunidad internacional el temor al vacío de poder post-Ortega, que el propio Ortega se ha ocupado de agrandar?
Sobre esto, Víctor Hugo Tinoco dijo a Envío: “Creo que esa preocupación era más clara al inicio de la rebelión de abril. Pero en estos diez meses los actores internacionales han ido viendo la cohesión de la sociedad antidictatorial y el fortalecimiento de la oposición antidictatorial. En los años previos a abril ya la oposición antiorteguista venía dedicando muchos esfuerzos a hablar, a ir creando confianza personal entre nosotros”.
“Y la confianza entre las personas es fundamental para poder avanzar. Esos esfuerzos han ayudado mucho ahora. Y eso lo han percibido los actores internacionales, y entienden ya que hay capacidades para evitar que haya un vacío de poder cuando Ortega se vaya”.
El poder que tiene la Alianza Cívica es el de levantarse de la mesa, han dicho varios, con la seguridad de que las fuerzas internacionales que lo tienen “trancado” creerían más a la Alianza que se levanta que al desprestigiado Ortega que maniobra… Pero, ¿cuándo levantarse?
Y MUCHAS MÁS PREGUNTAS
¿Tendrá la población, pendiente de los resultados de la negociación, capacidad para no dejarse llevar por planteamientos radicales y por las afirmaciones descalificadoras de unos contra otros? ¿Y si fracasara esta negociación…?
Poniendo punto final a este texto al mediodía del miércoles 7 de marzo se agolpan en millones de nicaragüenses éstas y otras muchas preguntas…
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica