Nicaragua
Medidas audaces para desactivar la guerra
Antes de la firma de los acuerdos de Esquipulas II,
Reagan declaró en el Plan que él lanzó unos días antes
que estaría de acuerdo con el arreglo al que llegaran
los centroamericanos. Pero cuando éstos llegaron a una arreglo, dijo que no era válido porque Nicaragua no lo cumpliría.
Equipo Envío
Brian Wilson, pacifista norteamericano, ex-combatiente en Vietnam, se colocó en una vía férrea en la que circulaba un vehículo que llevaba las armas con las que el gobierno norteamericano abastece a los contrarrevolucionarios y al ejército salvadoreño desde al base militar de Concord hasta el puerto de San Francisco. Era el 2 de septiembre. Para entonces, y en cumplimiento a los acuerdos de Esquipulas II, el gobierno de Nicaragua había creado la Comisión Nacional de Reconciliación. Adelantándose unilateralmente a las exigencias de los acuerdos, convocaría después a un diálogo nacional con los partidos de oposición, derogaría la "ley de ausentes", suprimiría la censura previa sobre los medios de comunicación social, permitiría la reapertura del diario "La Prensa" y de Radio Católica y liberación a 17 centroamericanos involucrados en actividades contrarrevolucionarias.
El tren de la guerra no se detuvo y arrolló a Wilson, cortándole las dos piernas. Mientras estaba en estado crítico en el hospital, funcionarios norteamericanos dijeron que Wilson se había querido suicidar. Como Wilson quedó vivo, dijeron que, aunque no era un suicida era él quien había provocado la situación. La víctima resultaba culpable. Meses antes, cuando los contrarrevolucionarios asesinaron al norteamericano Benjamín Linder en Nicaragua, la Administración lo hizo culpable por andar en zonas de guerra...
Antes de la firma de los acuerdos de Esquipulas II, Reagan declaró en el Plan que lanzó unos días antes de la Cumbre, que estaría de acuerdo con el arreglo al que llegaran los centroamericanos. Y cuando éstos llegaron a una arreglo, dijo que no era válido porque Nicaragua no lo cumpliría. Exigió entonces que hubiera libertad de expresión en Nicaragua. Cuando se reabrió "La Prensa" y Radio Católica, Reagan declaró que Estados Unidos tenía sus propios intereses en el conflicto y que los defendería. A la propuesta de Nicaragua de solucionar todo esto en un diálogo bilateral, Reagan se negó a él, una vez más, y anunció que solicitaría 270 millones de dólares más para los contrarrevolucionarios.
Al salir del hospital, con dos piernas artificiales, Brian Willson no se fue a su casa, sino que fue a plantarse de nuevo en la vía férrea por donde pasan los trenes de la guerra. "Nunca ha estado tan fuerte mi espíritu -declaró-. Son necesarias medidas audaces para frenar la guerra". Nicaragua ha cumplido esto al pie de la letra. Y a las medidas audaces lanzadas en agosto y en septiembre, añadió a fines de este mes, la más audaz: la del cese al fuego unilateral en tres zonas del país. En estas iniciativas se expresa un espíritu intacto tras siete anos de guerra impuesta por Reagan. A pesar de todo, Nicaragua, como Willson, está sobre la vía férrea, intentando frenar el tren de la guerra.
Iniciativas para la reconciliación: medidas del gobiernoEl 1 de septiembre, en cumplimiento de los acuerdos de Esquipulas II, el gobierno de Nicaragua publicó un decreto institucional la Comisión Nacional de Reconciliación. La Comisión tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de amnistía, cese del fuego, democratización y elecciones libres. También debe constatar la vigencia real del proceso de reconciliación nacional y el respeto irrestricto de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
El decreto señala que la Comisión estará presidida por el Cardenal Miguel Obando y Bravo representante de la Conferencia Episcopal. Los otros miembros titulares son: el vicepresidente de la República, Sergio Ramírez secretario general del opositor Partido Popular Socialcristiano, Mauricio Díaz y el presidente del Comité Evangélico Pro Ayuda al Desarrolllo (CEPAD), máximo organismo coordinador de las iglesia protestantes, Reverendo Gustavo Parajón. Pocos días después, el 8 de septiembre, la Comisión aprobó los mecanismos para su funcionamiento interno, entre los que destaca la decisión de que sus acuerdos se adapten por consenso y no por mayoría.
La Comisión fue invitada a hacerse presente y dar seguimiento al Diálogo Nacional entre el gobierno y los partidos políticos legalmente constituidos. El 13 de septiembre, el presidente Daniel Ortega anunció que, adelantándose a los acuerdos de Esquipulas II, instalaría dicho diálogo el 5 de octubre. A los partidos y grupos opositores les fue solicitada la designación de un delegado propietario y suplente, el nombramiento de hasta cinco asesores y los puntos de agenda que a su juicio debería abordar el diálogo nacional. A las reuniones del diálogo nacional podrán asistir también grupos contrarrevolucionarios siempre que, de acuerdo con Esquipulas II, se hayan acogido previamente a la amnistía. A finales de agosto, el gobierno de la República ratificó, la vigencia de la Ley de Amnistía -en vigor desde enero/85- para todos los nicaragüenses que, involucrados en las actividades contrarrevolucionarias de naturaleza armada, se entreguen o depongan sus armas ante las autoridades competentes.
Desde agosto, y con más fuerza en septiembre, se crearon y fortalecieron mecanismos para facilitar el que los contrarrevolucionarios se desalcen y se acojan a la amnistía. Actualmente existen más de 100 Comisiones de Paz locales, ubicadas generalmente en pequeños poblados de la faja central del país -la más afectada por la guerra-, que tienen como misión hacer llegar el mensaje de amnistía y paz a los alzados, facilitar su desalzamiento y garantizar el cumplimiento por parte de las autoridades en su acogida e incorporación a la comunidad. Las Comisiones están conformadas generalmente por sacerdotes, pastores evangélicos, miembros de la Cruz Roja, políticos opositores o ciudadanos notables del lugar y en algunos casos, hasta por ex-contras acogidos a la amnistía. La conformación de las Comisiones de Paz fortalece la seguridad personal del desalzado e incluso le hace innecesario el tener que presentarse a las autoridades del Ministerio del Interior. En locales de la Cruz Roja, capillas u otros lugares, las Comisiones llenan los trámites legales del desalzado, que son mínimos -entregarle un carnet y darle buenos consejos-, devolviéndolo inmediatamente a su familia.
Por iniciativa del Cardenal Obando, a partir del 23 de septiembre todas estas Comisiones de Paz locales, que habían nacido independientes, quedaron ligadas orgánicamente a la Comisión Nacional de Reconciliación, a la que deben informar de sus actividades. En este espíritu se han conformado Comisiones Regionales y Departamentales, que permiten la vinculación de la Comisión Nacional con las Comisiones locales más pequeñas. La sugerencias es que estas Comisiones Regionales estén conformadas de una manera similar a la Comisión Nacional de Reconciliación (obispo, delegado de la Presidencia, político opositor y ciudadano notable). Esta consolidación organizativa encontró ya creadas algunas Comisiones Regionales. En una de ellas han estado actuando desde el comienzo el Obispo de Jinotega, Pedro Lisímaco Vílchez quien se adentra en las montañas de su diócesis llevando el mensaje de paz y el llamado a la amnistía. El Obispo de Matagalpa, Carlos Santi, cuya diócesis también está ubicada en zona de guerra, presidía ya a principios de octubre la Comisión de Matagalpa. "Es una responsabilidad a la cual no puedo rehusarme, ya que existe un deseo unánime", declaró Mons. Santi. Por los miembros que las forman, las Comisiones de Paz se han convertido en signos de ecumenismo eclesial.
En la etapa actual estas Comisiones están llevando el mensaje de reconciliación a zonas de guerra, especialmente a los familiares de los contrarrevolucionarios. Garantizados por los miembros de las Comisiones y advirtiendo que los contrarrevolucionarios que se han acogido a la amnistía andan libres y no son molestados, muchos familiares han comenzado a pedir a sus familiares alzados que se desalcen. Les mandan este mensaje por medios públicos o privados. Las radios nicaragüenses que se escuchan en Honduras han transmitido en este mes ciento de mensajes. También se ha abierto en dos ocasiones, y se continuará haciendo en octubre, todos los sábados, el puesto de Las Manos, fronterizo con Honduras. Esta medida ha permitido el encuentro de familiares separados por frontera y por ideología y la difusión del mensaje de paz. Aunque el número de desalzados en el último mes se ha incrementado significativamente, sumando amnistiados y más propiamente repatriados -no habiendo aún cifras precisar-, el mayor impacto se espera para los próximos meses, cuando se logre superar la natural desconfianza de los alzados, azuzada por las radios contrarrevolucionarias. "La cuestión anda bien -dijo el Obispo Vilchez- pero esperemos. No pretendemos sacar el divieso antes de que madure".
La información de la Comisión Nacional de Reconciliación, el llamado a un diálogo con los grupos opositores y la ratificación del decreto de amnistía a los alzados en armas -con la colaboración de las Comisiones de Paz- son parte de las acciones que el gobierno nicaragüense ha desarrollado para impulsar la reconciliación nacional de acuerdo con el espíritu de Esquipulas II. En esa misma dirección puede comprenderse la derogación de la "Ley de los ausentes", que permitía al gobierno confiscar los bienes de grandes propietarios cuando éstos, sin ofrecer explicaciones, se ausentaran del país por un lapso mayor de seis meses. (Muchos de ellos aparecían después en el extranjero involucrados en actividades propagandísticas antinacionales , pretendiendo al mismo tiempo mantener el usufructo de sus propiedades en el país). De todas estas acciones en favor de la reconciliación nacional, únicamente la formación de la Comisión Nacional de Reconciliación era obligatoria para Nicaragua en los 90 días posteriores a la firma de la Declaración de Guatemala.
Obstáculos para la reconciliaciónEstos avances hacia la paz, enmarcados en Esquipulas II, encuentran dificultades por la postura belicista de la Administración Reagan. El proyecto Abrams, impulsado por el Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos en medio de muchas dificultades desde finales de agosto, busca terminar con los acuerdos centroamericanos. Por medio de él se pretende apoyar a la oposición política reaganista dentro de Nicaragua para dificultar la apertura democrática, boicotear la buena marcha de los avances entre los gobiernos centroamericanos presionando especialmente a Honduras -el eslabón más débil y así lograr, liquidando Esquipulas II, la aprobación de nuevos fondos para los contrarrevolucionarios, para que éstos continúen con la aventura bélica.
Dentro de Nicaragua, los grupos opositores afines son con el reaganismo han dado muestras de caminar en la dirección del proyecto Abrams. El 8 de septiembre, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que representa a uno de los sectores en que se encuentra dividida la empresa privada, realizó su asamblea anual. A diferencia de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), que aglutina al sector conocido como "empresarios patrióticos" y que apoya el proyecto sandinista de economía mixta, el COSEP representa al sector ultraconservador de la gran empresa privada. Su asamblea tuvo, en el centro del escenario, la fotografía del cafetalero y contrarrevolucionario Jorge Salazar, muerto en un enfrentamiento armado con la policía sandinista en 1980.
Enrique Bolaños Geyer fue reelecto como presidente del COSEP y en su discurso se autocalificó como abanderado de la lucha de liberación. Esta consiste -dijo- en "abolir el sistema sandinista". Bolaños señaló que los acuerdos de Esquipulas II era producto de la lucha de su organización y que si el gobierno no cumplía, "había que pedir el reemplazo del régimen sandinista". Y añadió: "Sabemos que hay quienes de sobra pueden ejecutar esa sentencia". Poco antes los diplomáticos de la embajada de Estados Unidos, presentes en la reunión, habían sido muy aplaudidos por los asambleístas. Días después, Bolaños participó en la celebración de los doscientos años de la promulgación de la Constitución estadounidense alabándola, entre otras cosas porque ayudaba a encontrar el nacionalismo que "tanta falta hace a los nicaragüenses".
En la asamblea del COSEP estuvo presente la Coordinadora Democrática Nicaragüense, expresión política de los empresarios reaganistas. A finales de mes, la misma Coordinadora estuvo presente en la celebración del 30 aniversario de uno de los partidos que la integran, el Partido Socialcristiano. En Nicaragua los demócratas-cristianos está divididos en dos sectores: el Popular Socialcristiano dirigido por Mauricio Díaz y el Socialcristiano que preside Erick Ramírez. El primero participó en las elecciones del 84 y cuenta con 5 diputados en la Asamblea Nacional, el segundo se abstuvo de participar y posteriormente se fraccionó. En la celebración del 30 aniversario del partido de Ramírez se expresaron, a su vez dos tendencias. Una de ellas es la posición de la Democracia Cristiana Internacional, que fue representada por el ex presidente venezolano y presidente de la Democracia Cristiana de América Latina, Luis Herrera Campins. En su intervención recordó que si bien es cierto él había criticado ciertas "tendencias totalitarias del sandinismo", fue un "error histórico" del Partido Socialcristiano el no haber concurrido a las elecciones de 1984 y que, en la coyuntura post-Esquipulas II, deberían "utilizar tácticas adecuadas y no poner en entredicho la posición del partido". Criticando a quienes "abren las manos para recibir monedas norteamericanas", Herrera Campins llamó a un nuevo alineamiento del partido. A pesar de estos mensajes, la tónica de los participantes en la celebración se acercaba más bien al reaganismo de la Coordinadora Democrática Nicaragüense y del Consejo Superior de la Empresa Privada. Esta es la otra tendencia en la democracia cristiana. "Si cumplen se van y si no también" fue una de las consignas preferidas. Y también: "Sin censura, se cae la dictadura", "No aguantarán", "Democracia sí, comunismo no", etc.
En contraposición a los pasos impulsados por el gobierno de Nicaragua hacia la reconciliación nacional, ciertos grupos han comenzado a dar muestras de querer aprovechar Esquipulas II, no para promover un pluralismo político opositor dentro de los márgenes constitucionales, dentro de los márgenes constitucionales, sino para impulsar el proyecto Abrams tendiente al derrrocamiento o doblegamiento del gobierno sandinista. Estos sectores tienen pocos seguidores; la celebraciones socialcristiana no excedió, por ejemplo, de los tres mil simpatizantes, que pidieron y obtuvieron autorización para manifestarse en la calle. Como contrapartida, la inmensa mayoría de los partidos de oposición legalmente inscritos buscan más bien fortalecer un proyecto político nacional, legal y legítimamente divergente del sandinismo, pero ubicado dentro del marco constitucional de Nicaragua. En el mes de octubre, con el diálogo nacional, se fortalecería el debate pluralista dentro de Nicaragua.
Además del inicio del diálogo nacional, otras dos medidas anunciadas en septiembre por el presidente Ortega van a contribuir a ello: la apertura del diario "La Prensa" y la vuelta al aire de Radio Católica". "La Prensa" había sido cerrada en junio de 1986 cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó 100 millones de dólares para impulsar la guerra contrarrevolucionaria. Radio Católica fue clausurada en enero del 86 cuando se negó a transmitir el mensaje presidencial de fin de año. Ambos medios no tendrán ahora ninguna restricción. El 22 de septiembre el Ministro del Interior, Comandante Tomás Borge, anunció el levantamiento de la censura previa a todos los medios de comunicación del país.
La respuesta del sandinismo al proyecto confrontativo de Abrams en asuntos de política interna ha sido incrementar los espacios democracia. El proceso de derrota general de la contrarrevolución es la base material que posibilita el lanzamiento y la implementación de todas estas medidas.
Los avances centroamericanos en el proceso de Esquipulas IILos intentos de la Administración Reagan, destinados a bloquear el proceso de Esquipulas II, no han conseguido hasta el momento detener una mayor apertura democrática en Nicaragua. Algo similar ha sucedido con la continuación del proceso negociador entre los gobiernos de Centroamérica. El proyecto Abrams pretende dificultar nuevos avances mediante presiones de diverso tipo a todos los gobiernos y especialmente a Honduras, el eslabón más débil de la cadena centroamericana. En el escenario del istmo han aparecido signos de esa voluntad de paz ha establecido hasta ahora sobre la voluntad de guerra.
El día 17 de reunió en Managua la Comisión Ejecutiva de Esquipulas II, integrada por los cancilleres de los cinco gobiernos de América Central. Simultáneamente, sesionaron también en Managua los vicecancilleres de los trece países latinoamericanos que, junto con los representantes de la OEA y la ONU, constituyen la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento. Ambos grupos se habían constituido como tales en San Salvador y Caracas respectivamente, en la segunda quincena del mes de agosto.
La reunión de Managua constituyó un avance hacia la paz. Sin embargo, según se desprende de declaraciones de los cancilleres, existieron algunos puntos de desacuerdo antes de llegar finalmente al acuerdo final. Honduras parece haber sido el país que más dificultades creó.
Las Comisiones Nacionales de Reconciliación El primer problema parece haber girado en torno a las Comisiones Nacionales de Reconciliación. La reunión de Managua se realizó cuando sólo Nicaragua, El Salvador y Guatemala habían formado su respectiva Comisión Nacional. Costa Rica había argumentado que en su país no era necesaria, por carecer de conflictos armados internos. Esta argumentación olvida que fuerzas contrarrevolucionarias han operado desde Costa Rica. Este punto había sido tan claro para el gobierno de Nicaragua que decidió demandar a Costa Rica en 1985 ante la Corte Internacional de la Haya. Pocas semanas antes de la reciente Cumbre presidencial en Guatemala, la búsqueda en Costa Rica de una avioneta particular que se estrello cerca de la frontera con Nicaragua, condujo al descubrimiento de varios aeropuertos clandestinos. El director de Aviación Civil costarricenses tuvo que declarar a la prensa que "descubrimos campos de aterrizaje que no están registrados, y que ahora sabemos operan sin nuestra autorización".
En el centro de este escándalo apareció el norteamericano John Hull. Hull es amigo personal del teniente coronel Oliver North, y aceptó públicamente haber recibido 50 mil dólares del dirigente de la FDN Adolfo Calero y aparece como sospechoso de traficar con drogas, según el servicio de aduanas de Estados Unidos. El Presidente Arias declaró que su Administración ha luchado por terminar con ese tipo de situaciones y el gobierno de Nicaragua ha creído en sus declaraciones. Pero no estaría de más que una Comisión Nacional de Reconciliación costarricense verifique el efectivo desmantelamiento de estas bases antes de que lo haga la Comisión Internacional. Al hacerlo así contribuiría a limpiar la imagen democrática de Costa Rica, enlodada pro el anterior presidente, Luis Alberto Monge -hoy acusado de enriquecimiento ilícito ante los tribunales constarricenses con base en declaraciones de su propia hija.
Poco antes de la reunión de Managua, el gobierno de Costa Rica cambió su posición y decidió formar la Comisión Nacional de Reconciliación. El mal ejemplo que estaba dando, al asumir que su democracia era tan perfecta que no necesitaba de ninguna Comisión, se había extendido a Honduras. Este país había declarado que al carecer de conflictos armados internos tampoco tenía necesidad de conformarla. El Canciller, Carlos López Contreras, nombrado como todo Canciller en ese país de entre una terna presentada por los militares, sostuvo estas posiciones en la reunión de Managua. No opinó igual la Conferencia Episcopal Hondureña, que ha reclamado la formación de la Comisión para vigilar los esfuerzos que el gobierno debe iniciar en orden a impedir la consuetudinaria violación de los derechos humanos de parte del ejército, de sus tropas especiales y de los órganos policiales de seguridad. Estas violaciones se concretan sobre todo en la continua y abusiva ampliación del Código Penal, cuando, en relación a los delitos de terrorismo, se acusa con gran frecuencia de "terroristas" a los grupos campesinos organizados que ocupan tierras baldías o nacionales, atribuyendo esta ocupación a "fines políticos" o "encontrando armas" entre los ocupantes.
Igualmente, existen los registros nocturnos de domicilios (prohibidos por la Constitución), las detenciones sin orden judicial, la burla continua del derecho de hábeas corpus y, en general, la deficiente vida democrática del país. El diario hondureño "El Tiempo" del 27 de agosto señala, por ejemplo, esta irregularidad en la "democracia": La violación al mandato constitucional de realizar elecciones municipales, en noviembre de este año". Honduras carga, desde los tiempos del General Alvarez, con un expediente de desaparecidos, cuya investigación es reivindicación de la Comisión de Derechos Humanos de Honduras. La Comisión Nacional de Reconciliación tendría que tomar en cuenta todos estos asuntos para avanzar en el proceso democratizador, sin mencionar el tema fundamental de la abierta presencia de contrarrevolucionarios en territorio hondureño, que tanto han perturbado la vida del país.
La Comisión Ejecutiva de Esquipulas II reunida en Managua no quiso, sin embargo, detener el proceso de paz ante este obstáculo. En su comunicado final señaló que los cancilleres de cada país se comprometen a informar a la Comisión Internacional d Verificación y Seguimiento "sobre el avance de los trabajos de las Comisiones Internas y sobre el cumplimiento de los acuerdos cada 15 días a partir del 1o. de octubre". La puerta ha quedado así abierta para Honduras.
Mientras tanto, los gobiernos de Guatemala y El Salvador han conformado su Comisión Nacional de Reconciliación. En ambos países, además, el gobierno ha accedido a dialogar, con la guerrilla. Las causas, sin embargo, no son las mismas. En Guatemala, el régimen de Cerezo parece buscar el fortalecimiento de la estrategia contrainsurgente del Ejército de ese país . La Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) recibió golpes militares estratégicos en el período 81-83 y los militares continuaron su ofensiva combatiendo también en el campo político, siendo ellos los que convocaron las elecciones en que resaltó elegido Cerezo. Eso puso a las fuerzas guerrilleras no sólo a la defensiva en términos militares sino también políticamente.
Aunque la URNG ha mostrado pequeños aunque sostenidos avances en su accionar militar en los últimos años, el diálogo aceptado por Cerezo se inscribe dentro de la ofensiva política contra los revolucionarios. La correlación de fuerzas internas de Guatemala hace difícil esperar avances significativos en el ejercicio del poder de los civiles sobre los militares con el fin de fortalecer la democracia, en la explicación de los miles de casos de desaparecidos -muchas veces asesinados tras atroces masacres- y reclamados por su familiares a través del Grupo Apoyo Mutuo (GAM),en la disolución efectiva de los escuadrones de la muerte o en el acceso de campesinos -especialmente indígenas- a la tierra para forjar un Estado menos injusto. Desde una lógica contrainsurgente, el gobierno guatemalteco sigue impulsando los acuerdo de Esquipulas II. El presidente Cerezo abogó vehementemente en esa dirección en su comparecencia ante las Naciones Unidas.
La realidad salvadoreña es distinta. A diferencia de Costa Rica Guatemala, que se han adherido a los Acuerdos de la Cumbre presidencial por razones estratégicas en relación a sus respectivos proyectos nacionales, el gobierno de El Salvador lo hizo por razones tácticas. El presidente Duarte se encontraba en una crisis política interna y su adhesión a Esquipulas II le permitiría, a su juicio, retomar la ofensiva política. Por eso, Duarte formó con relativa rapidez la Comisión Nacional de Reconciliación y otras comisiones internas. La realidad ha mostrado que con la firma de los acuerdos del FDR-FMLN. Por razones pre-electorales dentro del país, incluso los partidos mas ultraconservadores le pidieron un diálogo sin condiciones con la guerrilla. Internacionalmente, el Presidente Arias ha buscado mediar entre Duarte y los guerrilleros.
El poder militar del FMLN aparece como uno de los factores fundamentales que impiden su aislamiento. En consecuencia, superando "la letra" de Esquipulas II, según "el espíritu", se fijó una reunión de diálogo para el 4 de octubre, la tercera en 2 años. Al aceptar este diálogo, Duarte ha reconocido implícitamente, una vez más, la falsa simetría entre el FMLN y la contrarrevolución nicaragüense. A diferencia del FMLN, los contras son una fuerza en declive estratégico militar y político a punto de derrumbarse, dependen enteramente de recursos externos para sobrevivir carecen de un proyecto con raíces nacionales y no tienen reconocimientos internacionales de importancia.
El FDR, como grupo no armado, y con dirigentes como Rubén Zamora y Guillermo Manuel Ungo, tiene amplias posibilidades de incidencia en la lucha estrictamente sociopolítica de El Salvador. Duarte, sin embargo, sigue impulsando Esquipulas II para tratar de revertir con esto la difícil situación interna que enfrentaba antes de la firma de los Acuerdos.
La simultaneidad y el Parlamento CentroamericanoTeniendo en cuenta este contexto centroamericano es que puede comprenderse que en la reunión tenida en Managua por la Comisión Ejecutiva y de Verificación Internacional, el mayor problema fuera Honduras. Esto se hizo patente no sólo en el tema de la conformación de la Comisión Nacional de Reconciliación sino en el concepto que Honduras parece tener de lo que significa el cumplimiento simultáneo de los acuerdos contraidos. Como se sabe, Esquipulas II permite y recomienda a los gobiernos centroamericanos la realización de iniciativas pacificadoras pero sólo obliga si los compromisos, que "forman un todo armónico e indivisible", se cumplen simultáneamente, a partir de los 90 días después de la firma de los Acuerdos. La discusión de los Cancilleres en torno al mecanismo concreto para lograr la simultaneidad no trascendió al público. En el texto resolutivo acordaron "constituir una subcomisión de estudio sobre la simultaneidad". Eso implica en parte que no ha prosperado una propuesta -posiblemente obstruccionista- que El Salvador había planteado desde el mes pasado, aunque fue principalmente el Canciller hondureño López Contreras el que puso la nota discordante.
En declaraciones a la prensa, afirmó que su gobierno no permitiría que su territorio se use para agredir a otro país como exigen los Acuerdos, pero agregó que eso está simultáneamente concatenado con el cumplimiento de otras obligaciones. Se explicó diciendo que "en la medida que en otro país cese el fuego (léase Nicaragua), y se produzca una reconciliación, no habrá ninguna oposición armada que necesite buscar un santuario en otro territorio". El incumplimiento de las obligaciones así con su incumplimiento nivel internacional. Esquipulas II obliga a sacar de todos los países centroamericanos de fuerzas que desestabilizan a otro. El proyecto Abrams de la Administración Reagan no se equivocaba al considerar al gobierno de Honduras como el eslabón más débil, el más dócil a sus dictados.
A pesar de presiones y discordancias los centroamericanos no se han detenido en su impulso. Esperando que las presiones internacionales sobre Honduras le puedan hacer variar en su postura, los cancilleres centroamericanos decidieron que se crearía en Guatemala la Comisión de Simultaneidad los días 8 y 9 de octubre. En esa reunión se clarificará también el papel específico que jugarán en el proceso negociador la ONU y la OEA.
Hacia la creación del Parlamento CentroamericanoLos avances continuaron cuando el 11 de septiembre los vicepresidentes centroamericanos se reunieron en Tegucigalpa para avanzar ideas con visitas a la creación del Parlamento Centroamericano. Los acuerdos de Esquipulas II prevén elecciones en todos los países centroamericanos durante el primer semestre de 1988 con el fin de integrar el Parlamento. Los avances en Tegucigalpa permitieron prever que en la siguiente reunión de vicepresidentes, convocada para el 2 de octubre en Guatemala, se daría a conocer el Proyecto de Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Este se avizora como un mecanismo de unidad entre los Congresos del istmo. Contaría con 20 miembros (4 por cada país), directamente electos en cada nación. Año y medio ha transcurrido desde que el presidente guatemalteco Vinicio Cerezo lanzara la idea. Con el impulso dado por la Cumbre de Esquipulas II y los avances de este mes, la idea parece estar a punto de concretarse.
La Unión Soviética explicitó de forma bien concreta su apoyo actual proceso de paz centroamericano con ayuda material. El 7 de septiembre visitó a Nicaragua Vladimir Zagladin, miembro del Comité Central del Partido Comunista y Vice-Jefe de Relaciones Internacionales del PCUS. Zagladin entregó al Presidente Daniel Ortega una carta de Gorbachov, en la que éste expresa el apoyo de la URSS a los acuerdos de Esquipulas II y a la política interna y exterior de la revolución nicaragüense. En esta ocasión. la Unión Soviética respondió también a la demanda de petróleo lanzado por Nicaragua, entregando al país 100 mil toneladas de crudo, por sobre la cuota que tenía comprometida con las autoridades nicaragüenses. Con esto, los soviéticos están aportando más del 50% de las necesidades petroleras de Nicaragua. Poco antes de la visita de Zagladin, Cuba había aportado un extra de 40 mil toneladas. El déficit que sustituiría después de estas dos importantes donaciones, sería de 55 mil toneladas, que se espera sean aportada por países latinoamericanos, especialmente Perú y México. Este apoyo estratégico en el rubro petrolero contribuye al mantenimiento de la economía de subsistencia del país -que en los últimos meses, no ha sufrido ningún deterioro significativo- y, en definitiva, al proceso de paz, que requiere de una base material.
Al finalizar septiembre el proceso de pacificación y democratización centroamericana sigue su marcha. La Administración Reagan está contra la pared y contra reloj. Sus intentos de acusar a Nicaragua por incumplimiento en las obligaciones que contrajo se dificultan. Los sandinistas están avanzando más allá de sus obligaciones. Por otra parte, Honduras no logra frenar el nuevo proceso centroamericano. En consecuencia, pese a los fuertes ataques que Reagan lanzó varias veces en el mes contra Nicaragua, su política belicista, con los contrarrevolucionarios como punta lanza, está seriamente dañada. El tercer y más importante punto del proyecto Abrams -conseguir el apoyo financiero y político del Congreso estadounidense para los contrarrevolucionarios- encuentra serias dificultades para salir adelante.
Reagan y los contras están contra relojLa situación de la contrarrevolución armada en Nicaragua es crecientemente crítica en las dos regiones en donde tradicionalmente ha operado: la región atlántica y la faja central, comenzando en las montañas del norte.
En el mes de septiembre, la región atlántica recibió un nuevo y gran empuje hacia la pacificación y hacia la democratización cuando la Asamblea Nacional ratificó con pocos cambios el anteproyecto de ley de autonomía que las comunidades de la Costa Atlántica habían aprobado en abril en Puerto Cabezas. El Estatuto de Autonomía aprobado señala que la región se llamará desde ahora Atlántico Norte y Atlántico Sur, sustituyéndose la denominación anterior Zelaya Norte y Zelaya Sur. (Zelaya es el apellido del primer Presidente liberal de Nicaragua, que gobernó el país entre 1893 y 1910 y que aprendió la unificación de la Costa al país insistiendo sólo en el territorio, sin ninguna preocupación por la cultura o necesidades de sus habitantes). Cada una de las dos zonas de la Costa estarán regidas por un Consejo de 45 miembros que elegirá, de entre sus miembros, al Coordinador Regional. Los miembros del Consejo serán electos por los habitantes del lugar de manera directa y secreta. En cada Consejo y e la Junta Directiva del mismo deberán estar presentes todas las comunidades étnicas que habitan en la región correspondiente.
El Estatuto de Autonomía especifica también una serie de derechos económicos, sociales, políticos y culturales, que ya quedaron consagrados en la nueva Constitución de la República, y que han sido diseñados para recuperar y promover la identidad propia de cada comunidad y asegurar su igualdad real dentro de la nación. Entre esos derechos están el uso oficial de las lenguas de la Costa, la facultad de administrar los programas de salud, educación, cultura y otros, así como la de impulsar proyectos socioeconómicos propios de promover el uso racional, el goce y el disfrute de las aguas, bosques y el disfrute de las aguas, bosques y tierras comunales de la región.
La defensa armada de esas regiones de Nicaragua es responsabilidad del Ejército Popular Sandinista, pero los pobladores del Atlántico tendrán prioridad para participar en el derecho a defender la soberanía nacional en su regiones. Aunque el Estatuto no es una varita mágica, para solucionar fácilmente los problemas históricos de la zona, sí es una herramienta adecuada para ir logrando. En gran medida muchos problemas se han ido solucionando en los casi tres años que duró la discusión del Estatuto.
El mayor de esos problemas ha sido la guerra, enraizada precisamente en la falta de solución a los problemas históricos de las etnias. Con la discusión y aprobación del Estatuto de Autonomía, la revolución acoge las reivindicaciones legítimas que la contrarrevolución alzó como banderas con la finalidad de derrocar la revolución. Actualmente, la actividad armada de la contrarrevolución en el Atlántico se ha reducido al mínimo. Como parte del proceso de pacificación, el gobierno nicaragüense buscó el diálogo con diversos grupos alzados en armas en la región y para facilitar el entendimiento declaró en diversas ocasiones y zonas el cese al fuego. Los resultados de estas audaces medidas -puestas en práctica desde 1985, muchísimo antes de los acuerdos de Esquipulas- son palpables en la casi total pacificación del Atlántico.
En la región central del país es el ejército de Nicaragua con su actividad militar el que ha venido golpeando a la contrarrevolución. Actualmente, el Ejército Popular Sandinista desarrolla allí una fuerte ofensiva, llamada "Plan Campaña de Invierno", que tiene como meta acelerar la descomposición de la FDN. Los contrarrevolucionarios rehuyen los enfrentamientos, pero es táctica del ejército buscarlo y obligarlo al combate. En agosto, el EPS provocó 328 combate. En el mes de septiembre, fueron 408 estos enfrentamientos. La FDN tuvo 445 bajas en agosto y 460 en septiembre, de los que 416 fueron muertos.
Como consecuencia del declive estratégico que en todos los terrenos viene sufriendo la contrarrevolución, y en el marco de los acuerdos de Esquipulas II, el Presidente Daniel Ortega anunció el 30 de septiembre un cese al fuego unilateral. Este cese al fuego asume y readapta a una nueva situación y a otro marco geográfico la experiencia que ya había tenido en la Costa Atlántica. La decisión de Nicaragua del cese al fuego unilateral es una evidencia más, en sí misma, del estado de descomposición en que se encuentran las fuerzas contrarrevolucionarias dirigidas y financiadas por la Administración Reagan. El cese al fuego se llevará a cabo en una extensión de 1.450 kms. cuadrados de la región central del país (600 kms. cuadrados en la Región I, 450 en la VI y 450 en la V) y será efectivo desde el 7 de octubre al 7 de noviembre. Las tropas permanentes del ejército que estén operando dentro de esas zonas pasarán a ubicarse fuera de las mismas, reservándose el derecho de contraatacar si la contrarrevolución agrede a pobladores, cooperativas, asentamientos, etc., que habitan dentro de esas zonas. Las cooperativas y asentamientos conservarán su sistema armado de autodefensa -ciudadanos campesinos armados para hacer frente a eventuales ataques.
Al decretar el cese al fuego unilateral, el gobierno solicitó también a la Comisión Nacional de Reconciliación, a las Comisiones Regionales y Departamentales y a las Comisiones Locales de Paz, para que verifiquen en le terreno el cumplimiento de los compromisos gubernamentales. También se les invita a que, en coordinación con las autoridades correspondientes, establezcan los procedimientos para facilitar la comunicación con fuerzas contrarrevolucionarias que, en el terreno, manifiesten interés por ese diálogo. El gobierno de Nicaragua espera que, ante el proceso de descomposición de la contrarrevolución, muchos de los que se integraron a la FDN confundidos, engañados, resentidos, etc. se acojan a la amnistía y al proceso de paz. De hecho, tras firma de los acuerdos de Guatemala, se han desalzado, acogiéndose a la amnistía unos 320 contrarrevolucionarios en distintos lugares del país. El número de los desalzados tiende a acercarse por primera vez en la historia de la guerra al de las bajas que el ejército causa a la contrarrevolución. Como dijo el obispo Pedro Lisímaco Vílchez, presidente de la Comisión Regional de Jinotega, la situación "ya madurando".
Este proceso de victoria estratégico sobre las fuerzas de la FDN explica también las medidas tomadas por Nicaragua en el área de la democratización que hemos señalado antes. Siendo la guerra impuesta por Reagan el principal obstáculo para a vigencia plena de las libertades garantizadas en la nueva Constitución, cada vez más consolidada victoria de Nicaragua permite dar pasos adelante en esa dirección. Es precisamente esta realidad de victoria consolidada victoria de Nicaragua permite dar pasos adelante en esa dirección. Es precisamente esta realidad de victoria consolidada -resultado de siete años de confrontación entre la Administración Reagan y la Nicaragua sandinista - la que se expresó jurídicamente en los acuerdos de Esquipulas II y esta expresión jurídica es la que está acelerando la paz y dando el marco para todas estas medidas destinadas a desactivar definitivamente la guerra.
En la ofensiva política y militar que el gobierno de Nicaragua ha lanzado contra la Administración Reagan en esta recta final, hay dos puntos que los sadinistas se niegan reiteradamente a aceptar. Uno es el diálogo con la dirigencia de la contrarrevolución y otro es la amnistía general que saque de las cárceles a todos los guardias somocistas que fueron juzgados después del derrocamiento de la dictadura somocista. Los Acuerdos de Esquipulas II no exigen que el gobierno de Nicaragua dé ninguno de estos dos pasos.
El diálogo con la dirigencia contrarrevolucionaria ha sido condición tradicionalmente rechazada por el gobierno sandinista. Una de las razones principales por las que Reagan se distanciaba del Plan Arias era el que éste no contemplaba ese diálogo. Y no lo hacía, basándose para ello en lo que habían planteado las sucesivas Actas de Paz elaboradas por el Grupo de Contadora. El gobierno Nicaragüense se niega a dialogar con la dirigencia contrarrevolucionaria no por terquedad, sino porque los contras no son una fuerza autónoma capaz de decisiones propias sino que al estar dirigidas y financiados por la Administración Reagan, no podría llegar con ellos, realmente a una solución a la guerra. Es por esto que el diálogo eficaz sólo puede darse entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno que financia a la dirigencia contrarrevolucionaria.
Cuando Reagan exige un diálogo con esta dirigencia lo que está planteando no es más que un mecanismo para conseguir la rendición política del sandinismo a través de los puntos que la dirigencia contrarrevolucionaria incluiría en esa negociación. Por este mecanismo político, Reagan intenta conseguir lo mismo que ha buscado alcanzar por el mecanismo militar.
No se puede hablar de terquedad cuando el gobierno nicaragüense no ha tenido ni tiene inconveniente en dialogar con grupos armados que puedan tener posiciones autónomas. De hecho, los sandinistas han dialogado con alzados en armas de la Costa Atlántica y están dispuestos a hacerlo ahora, en el terreno, con ocasión del cese al fuego unilateral con otros grupos que estén en situación parecida. Desde esta lógica, la sugerencia del Presidente Arias de que el gobierno de Nicaragua dialogue con la cúpula contrarrevolucionaria para acordar el cese al fuego mediante un mediador -eventualmente, el Cardenal Obando carece de sentido. La presencia del mediador no cambiaría la esencia de este diálogo. La sugerencia de Arias, por otra parte, no es una propuesta original. Está ya contenida en el Plan Reagan-Wright con el que Estados Unidos, pretendió bloquear la Cumbre presidencial de Guatemala. El Secretario de Estado George Shultz la había explicitado ya anteriormente ante el Congreso norteamericano, señalando como posibles mediadores de ese diálogo al Cardenal Obando o Philip Habib. Por todo esto, Nicaragua ha insistido en que un diálogo efectivo sólo puede darse con los mismos Estados Unido.
El gobierno de Nicaragua se niega a una amnistía generalTambién el gobierno nicaragüense se ha negado a una amnistía general que favorezca a todos los guardias somocistas que están cumpliendo sentencias de prisión. Estos guardias, formados como un cuerpo armado durante la intervención norteamericana contra Nicaragua en los años 20, son los responsables directos de los 50 mil muertos que costó el derrocamiento de la dictadura militar somocista. La generosidad de la revolución no los condenó a muerte, quebrando así una tradición de justicia revolucionaria d otros movimientos armados alcanzar el poder. Ni siquiera los condenó cadena perpetua. La pena máxima en Nicaragua es de 30 años de cárcel. Hoy son los sectores más conservadores de Nicaragua -a los que se han sumado sectores de la jerarquía católica- los que están pidiendo esta amnistía total. En diversos momentos, muchas de las madres de jóvenes asesinados por estos guardias han manifestado su oposición a esta medida, recordándole a los obispos, entre otras cosas, que el propio Papa Juan Pablo II perdonó a quien intentó matarlo, pero no solicitó que fuera liberado de la cárcel.
El gobierno de Nicaragua, después de escuchar a diversos sectores sociales que se han expresado sobre este tema, declaró que ampliará los alcances de la actual ley de amnistía, de manera que cubra incluso a algunos guardias somocistas, pero no a quienes cometieron crímenes atroces durante la dictadura, señalando que una amnistía general sin el cese de la guerra, implicaría aumentar el número de los contrarrevolucionarios armados, por que sería lógico que estos guardias liberados se unieran a sus compañeros que dirigen la FDN.
Por su parte, el Presidente Reagan, además de poner obstáculos a la apertura democrática en Nicaragua y de dificultar los avances de los gobiernos centroamericanos, anunció en este mes que pedirá al Congreso 270 millones de dólares para los contrarrevolucionarios. Era ésta la pieza del Proyecto Abrams que faltaba. Pero la ofensiva política sandinista ha colocado ese proyecto y esa petición de más financiamiento en una posición muy difícil. La más evidente muestra de esto es que Reagan demora en decidir la fecha para hacer esa petición, consciente de que con toda probabilidad le sería denegada por el Congreso. La realidad es que después de la Cumbre de Esquipulas, Reagan no ha podido retomar la ofensiva. Los cuatro ataques virulentos que lanzó este contra Nicaragua, incluido su discurso en las Naciones Unidas, fueron respondidos por el gobierno sandinista no con palabras sino con hechos: anunciando nuevas y audaces medidas, que colocan al Presidente de Estados Unidos a la defensiva.
Contradicciones entre demócratas y republicanos y entre los republicanosLa ofensiva sandinista en el marco de Esquipulas II ha abierto contradicciones entre los mismos republicanos. Pero más aún entre demócratas y republicanos. Los demócratas más significados han apoyado los acuerdos de la Cumbre de los presidentes centroamericanos. Son conscientes de que la contrarrevolución es un proyecto sin mayores posibilidades, de que la intervención militar directa de Estados Unidos contra Nicaragua tendría un costos muy elevado y de que la solución negociada es la mejor alternativa. Los acuerdos de Esquipulas II, expresión de esas realidades salen a su encuentro y les calzan como anillo al dedo para sus planes. Hasta ahora los demócratas se habían mostrado como un partido incapaz de proponer soluciones alternativas y consistentes a la política Reagan para Centroamérica. El impulso latinoamericano de Contadora, aprovechado por Arias y aceptado en Guatemala, les brinda esta alternativa mientras se preparan para disputar el poder a los republicanos.
Tras los acuerdos de Esquipulas II, las legítimas preocupaciones de seguridad que Estados Unidos tiene frente a Nicaragua podrían ser arregladas en un diálogo directo con el gobierno sandinista. En un diálogo bilateral así podría negociarse un acuerdo que prohíba la existencia en Nicaragua de bases militares soviéticas, la importancia de armas sofisticadas o la presencia en Nicaragua de personal militar extranjero. Los sandinistas ya se ha mostrado interesados en discutir estos puntos y, dentro del proceso negociador de Contadora, anuentes a resolverlos positivamente, reclamando a cambio un respeto a la soberanía de Nicaragua, de acuerdo con las leyes internacionales.
Los compromisos personales del Presidente Reagan con fuerza ultraconservadoras de Estados Unidos y con la contrarrevolución le dificultan ahora el decidirse por esta opción. El próximo gobierno norteamericano -demócrata o republicano, liberado de esos condicionantes, podría impulsar ese diálogo bilateral y esa salida, digna para Nicaragua y digna para Estados Unidos. Queda por ver si esa salida pudiera darse antes del cambio de gobierno en la Casa Blanca. Queda por ver también si actual titular de la Casa Blanca será capaz, por la fuerza y en su recta final, de revertir la actual situación en que se está desactivando la guerra y acelerando la paz.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica