Sin puentes sobre aguas turbulentas

El escenario pre-electoral se ha enrarecido. Si las elecciones del 6 de noviembre se temían carentes de transparencia, ahora se aseguran sin competencia. ¿Hacia dónde conducen al país las decisiones de Daniel Ortega? Cancelada la vía electoral, rechazable, por tan dolorosas experiencias históricas, la vía armada y siendo siempre de largo aliento y de largo plazo la vía cívica, ¿hacia dónde llevan a Nicaragua estas peligrosas aguas turbulentas? ¿Qué puente nos permitirá atravesarlas?

Equipo Envío

No había pasado ni una semana de incertidumbre desde que Daniel Ortega llamara “sinvergüenzas” a los observadores electorales y decretara alterado “¡Aquí se acabó la observación! ¡Vayan a observar a otros países!”, cuando los magistrados del FSLN en la Corte Suprema de Justicia resolvieron un litigio, que mantuvieron intencionalmente congelado durante más de cinco años, para darle la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) a una de tres facciones que la reclamaban.

El PLI y sus aliados del MRS fueron la segunda fuerza política en las elecciones de 2011, con casi 800 mil votos en aquella ocasión, a pesar del fraude. Despojado así de “los sellos” y de una casilla en la boleta electoral, el PLI quedó imposibilitado de participar en las elecciones . Y como el PLI encabezaba la Coalición Nacional por la Democracia, una agrupación de nueve movimientos políticos, forjada desde hace un año, la única oposición con independencia y capacidad, decidida a disputarle el poder a Ortega, quedó también excluida.

UN TERREMOTO Y SUS RÉPLICAS

“Pensé que el NO del Comandante Ortega a la observación electoral era un terremoto y lo sigo viendo así, pero el fallo de la Corte Suprema es una réplica de las fuertes, que a veces son tanto o más devastadoras que el propio terremoto”, opinó el ex-Canciller liberal Francisco Aguirre Sacasa.

En su opinión encontramos una metáfora adecuada para describir la sensación que, aún después de un mes de la resolución de la Corte, prevalece en un buen sector de la sociedad, que se declara devastado y desconcertado.

Hasta el momento de ponerle punto final a este texto no han dejado de escucharse interpretaciones y especulaciones del por qué Ortega ha decidido deslegitimar de forma tan rampante el proceso electoral si todo le aseguraba que conseguiría volver a ser reelecto, incluso sin necesidad de repetir el fraude de hace cinco años. ¿O no tenía esa seguridad...? En páginas siguientes, Eliseo Núñez Morales, diputado del PLI, aporta su análisis para interpretar algunas explicaciones sobre lo que ha ocurrido.

“NO SON ELECCIONES,
ES UNA FARSA”
Inmediatamente después de ser sacada de la contienda electoral, la Coalición Nacional por la Democracia le puso a los comicios el nombre de “farsa”. Unos días después, los obispos de Nicaragua se reunieron y vieron en la decisión de la Corte el “intento de crear condiciones para la implantación de un régimen de partido único”. A lo ocurrido se le ha llamado simulacro, pantomima, estafa, show, burla… Desde el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez llamó al pueblo de Nicaragua a ejercer “el derecho a la rebelión”. Desde el diario digital “Confidencial”, su director, Carlos Fernando Chamorro, concluía que las actitudes de Ortega “están legitimando el derecho a la rebelión”.

El PLI, despojado de su bandera, se reconfiguró en movimiento político adoptando el nombre de Ciudadanos por la Libertad, anunciando que seguirían reclamando elecciones transparentes y que su fórmula a la candidatura presidencial, Luis Callejas / Violeta Granera, seguiría recorriendo el país para explicar lo ocurrido y para movilizar una oposición cívica contra los planes de Ortega. El MRS y los partidos y movimientos que integraban la Coalición comparten esta decisión.

ESTRUCTURAS ELECTORALES
EN MANOS DEL FSLN

La resolución de la Corte que le entregó los sellos, la personería jurídica y la representación legal del PLI a la facción que dirigía Pedro Reyes también le ordenó al Consejo Supremo Electoral (CSE) que modificara el calendario y flexibilizara las fechas para darle tiempo al “nuevo” PLI a presentar sus candidatos a dirigir los CED, los CER y los CEM, Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales, espacios en donde se cuentan los votos y se garantiza la transparencia o se documenta su falta en la jornada electoral.

Por ley, miembros del PLI, por haber sido segunda fuerza en las elecciones de 2011, debían dirigir la mitad de esos consejos y ser la segunda autoridad en el resto. El CSE no modificó ni un solo día el calendario electoral y a lo largo del mes de junio funcionarios del FSLN de Ortega o de sus partidos aliados acapararon todos los cargos que corresponderían al “nuevo” PLI. No hubo resistencia ni protesta ni crítica alguna de Pedro Reyes, quien dijo que eso no le preocupaba, porque lo que le interesaba era afiliar ciudadanos bajo su bandera. Anunció que para el 6 de noviembre esperaba tener ya a un millón de nuevos afiliados…

Al apoderarse el partido de gobierno de los cargos de los 15 consejos departamentales, de los 2 consejos regionales, de los 153 consejos municipales y, por eso, con el control de las 13,340 juntas receptoras de votos, Ortega tiene en sus manos todo el entramado electoral, ventaja absoluta con la que no contó en 2011.

NO CORRER NINGÚN RIESGO

La guillotina jurídica que cercenó al PLI actuó como una decisión política de Daniel Ortega para reforzar al PLC de Arnoldo Alemán.

Analizando sus encuestas internas, haciendo cuentas, sumando el número de indecisos y el de opositores, Ortega temió seguramente que no perdería la Presidencia, pero que tal vez tendría que gobernar con una Asamblea Nacional sin la mayoría absoluta que ha tenido estos cinco años. Eso lo obligaría a negociar y le crearía obstáculos cuando quisiera aprobar o reformar cualquier ley, o hacer cualquier nombramiento.

No quiso correr ese riesgo y seguro de que los “ciudadanos por la libertad” del PLI defenestrado y los activos militantes del MRS gritarían mucho, pero no harían nada más, decidió darle nuevo oxígeno a Arnoldo Alemán, su socio más probado y conocido y convertir al PLC en segunda fuerza. Se garantiza así a un opositor que no le trae problemas y abre un nuevo capí¬tulo del pacto FSLN-PLC de hace tres lustros, cuyo objetivo central siempre fue imponerle al país el biparti¬dis¬mo.

LA BOLETA ELECTORAL

Dada la extrema debilidad organizativa e ideológica y las incoherencias que ha expresado Pedro Reyes desde que lo hicieran dueño del “nuevo” PLI, anulada también, el 18 de junio, por otra decisión de la Corte la participación del Partido de Acción Ciudadana -minúsculo, pero opositor-, y sabiendo que ninguno de la otra docena de partidos que van a estas elecciones son reales, sino cascarones con siglas y bandera, que aparecen únicamente cuando hay elecciones como aliados o como satélites del partido de Ortega
-“zancudos” en lenguaje político nicaragüense-, va quedando claro que en los comicios del 6 de noviembre “competirán” únicamente el partido de Alemán y el partido de Ortega con resultados previsiblemente muy superiores a favor de Ortega, con más diputaciones para el PLC, al que en 2011 sólo le asignaron dos, y con algunos otros curules asignados a políticos de los partidos “zancudos”.

LA HORA
DE RECALENTAR EL PACTO

Hasta ponerle punto final a este recuento de acontecimientos negativos ningún liberal del PLI defenestrado había dado señales de querer cobijarse en la casilla donde corre el “nuevo” PLI.

Otro grupo de liberales, los agrupados en el Movimiento Unidad con Dignidad, después de ires y venires, decidieron no aliarse al PLC, al comprobar la intransigencia de sus dirigentes a tomar distancia de Alemán. Por fin, el MUD informó que no hará alianzas con ningún partido y que no participará en las elecciones porque no hay garantías y porque no consiguió la unidad del liberalismo.

El PLC quedará, pues, como único contrincante de Ortega. Lleva como candidato presidencial a Maximino Rodríguez, comandante en las filas de la Contra, que un mes antes había rechazado esa candidatura precisamente por las posiciones que observó en Alemán. “Debemos perdonarnos para morir libres”: así justificó las razones para cambiar de posición.

En este contexto, es previsible una masiva abstención provocada por apatía, desinterés, desconcierto, indignación. También es pre¬visible que quienes en zonas rurales de raíces liberales quieran, a pesar de todo, expresar su rechazo al FSLN y al modelo de Ortega voten por el PLC.

LAS EXPULSIONES DE JULIO

Si el terremoto y la réplica que han quitado toda credibilidad al proceso electoral (NO a la observación, NO a la oposición) no eran suficientes, antes de que pasara una semana de la decisión de la Corte, fueron expulsados del país, de forma inexplicablemente abrupta, tres funcionarios estadounidenses, capturaron y torturaron a un becario mexicano, persiguieron hasta hacerla huir del país a una politóloga mexicana y detuvieron y deportaron a seis ambientalistas de cuatro países después de que Ortega anunciara alarmado que habían cometido un grave delito. Un día después un ambientalista hondureño que vivía hace 20 años en Nicaragua fue acusado sin prueba ninguna de posesión de drogas y corrió la misma suerte...

Once extranjeros fueron expulsados con procedimientos violatorios de toda legalidad en junio. México, Estados Unidos y Costa Rica se vieron obligados a alertar a sus ciudadanos si piensan viajar a Nicaragua de los problemas que podrían enfrentar.

UNA ZOZOBRA SILENCIOSA

Es de destacar que, a pesar del terremoto y de las réplicas, en las filas de diputados y funcionarios gubernamentales no se escuchó ningún comentario. Funcionarios y voceros, periodistas y medios alineados con el régimen, y aliados del gobierno se escudan en la estrategia de hacerse los sordos, los ciegos y los mudos para evitar problemas o represalias y continúan hablando del proceso electoral como si no hubiera pasado nada, como si todo marchara con normalidad en camino a “la fiesta cívica”…

En el resto del país y entre diversos sectores económicos y sociales se percibe la preocupación. Indignación en las filas de la Coalición impedida de participar en el proceso electoral. Sentimientos de perplejidad, confusión e incertidumbre en amplios sectores de todas las clases sociales, tanto rurales como urbanos, que no se expresa en manifestaciones públicas, sino en una zozobra silenciosa...

¿POR QUÉ ACTÚA ASÍ ORTEGA?

A la decisión de deslegitimar impúdicamente el proceso electoral fue sumando Ortega otras medidas incomprensibles que llevan el sello de la irracionalidad o de una racionalidad que aún no logramos adivinar plenamente y que indican que el mandatario teme algo, que no sólo es el revés que pudiera causarle la debilitada y dispersa oposición política. ¿Cómo explicar, si no, el desproporcionado aparato de seguridad que lo protege en el entorno en donde vive y en sus cada vez más escasas apariciones públicas?

Entre las interpretaciones que buscan una explicación a las últimas medidas de Ortega, a pesar de que afectan, tanto nacional como internacional¬mente, su imagen, la de su gobierno y la del próximo proceso electoral, la que se ha escuchado más es la de “la conspiración”.

Los prolongados meses de una cada vez más aguda crisis venezolana, los cambios hacia la derecha ocurridos en Argentina y Brasil y la instalación de instancias dirigidas por la ONU y la OEA para poner algún freno a la corrupción, a la impunidad y al poder del narcotráfico y del crimen organizado en países vecinos -en Guatemala la CICIG y en Honduras la MACCIH- han convencido a Ortega de que se viene fraguando una conspiración organizada desde Estados Unidos para sacar del poder a gobiernos progresistas como el suyo...

La convicción de Ortega en la teoría de “la conspiración” se entrevé en el mensaje que envió a la Cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), celebrada en Honduras el 30 de junio, a la que Ortega no asistió, a pesar de que recibía ese día de manos de Honduras la presidencia pro-témpore del SICA para los próximos seis meses. Al describir la región en que ejercerá ese cargo, el mensaje de Ortega la describe como “una región atravesada por múltiples intentos de crear caos interesados para imponer o-tras voluntades y dividirnos”.

ORTEGA EN LA TRINCHERA

Para no ser alcanzado por esa conspiración temida Ortega se atrinchera. Ya a finales del año 2015 blindó su poder ordenando a sus diputados aprobar la Ley de Seguridad Soberana para enfrentar “enemigos internos” y afrontar “riesgos, amenazas y conflictos”. Las expulsiones de once extranjeros en el mes de junio serían señales de que esa ley la está aplicando ya con toda la prevista gama de arbitrariedades.

Blindado desde la trinchera ha comenzado a tomar decisiones que pueden revertirse contra él, pero con las que cree defenderse mostrando fortaleza. La incertidumbre lo obliga a prevenir antes que lamentar. Actúa a la defensiva y “mata el gato en puerta”, como se dice en argot popular.

Confirma así un arraigado vicio de las izquierdas: achacar a conspiraciones externas problemas internos que ni se nombran ni se reconocen ni mucho menos se enmiendan. Es lo que está haciendo hoy Nicolás Maduro en la convulsionada Venezuela. En el caso venezolano, Maduro no achaca la crisis económica y social a la pésima administración de un modelo cada vez más improductivo, sino a la “guerra económica” de la derecha.

En el caso de Daniel Ortega, en vez de aceptar que su modelo flaquea al faltarle los flujos millonarios, sustantivos e incondicionales de la cooperación venezolana, y en vez de entender que el modelo de exclusión y de control social que ha armado, ha causado hartazgo en buena parte de la población, prefiere atrincherarse, responsabilizar a conspiraciones de la derecha y no correr ningún riesgo aceptando someterse a unos comicios justos.

Otra hipótesis señala que, además de temer todo esto, conoce y sabe bien el mandatario, por encuestas internas que el cansancio, la decepción y el hartazgo, también han afectado a su militancia. Y lanzar bravuconadas retóricas contra el “injerencismo” y el “intervencionismo” extranjero, especialmente el de Estados Unidos, elevará el ánimo a sus seguidores.

COSEP: “UNA SITUACIÓN
REALMENTE GRAVE”

Muchas han sido las reacciones ante el enrarecido escenario político provocado por Daniel Ortega. Entre otras, son de destacar las de tres poderes con los que ha procurado tener las mejores relaciones desde que volvió al gobierno en 2007: el gran capital nacional, la jerarquía de la iglesia católica y el gobierno de Estados Unidos.

En respuesta a la cancelación de la posibilidad de la observación electoral proclamada de forma taxativa por Ortega el sábado 4 de junio, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que aglutina a los gremios de la élite empresarial, publicó un comunicado el lunes 6, en el que reconocían lo que todos saben: “No podemos ignorar que venimos de procesos electorales cuestionados de legitimidad que afortunadamente no desembocaron en crisis políticas severas e irreversibles, pero que afectaron la imagen electoral de nuestro país. Lo cual nos impone la obligación a todos los ciudadanos y Poderes del Estado de actuar con responsabilidad y bajo el marco de la Constitución y las leyes en el proceso electoral de noviembre próximo”.

Sobre la exclusión del PLI y de la Coalición de la contienda electoral, ya no sacó el COSEP ningún otro comunicado. Sólo varios de sus dirigentes hicieron declaraciones cautas, pero muy preocupadas. José Adán Aguerri, presidente del COSEP, no lograba ocultar su desconcierto: “Es una situación realmente grave, va a provocar inestabilidad. El clima de negocios requiere de estabilidad política, esto nos pone en una situación complicada”. Y aunque los magistrados que dictaron la sentencia dijeron que sacar al PLI de las elecciones era “un hecho consumado”, Aguerri, turbado, se atrevió a cuestionar así la decisión de la Corte: “Hay que entender -dijo- que la segunda fuerza política del país es el PLI que lidera Eduardo Montealegre”.

Si el desconcierto que Aguerri reflejó ante las decisiones electorales de Ortega fue notorio, mayor fue el que reflejaron sus declaraciones ante la decisión de expulsar del país a tres estadounidenses en los días siguientes a la resolución de la Corte.

LA EXPULSIÓN DE EVAN ELLIS

El 14 de junio fue expulsado, apenas doce horas después de haber llegado al país, el académico Evan Ellis, funcionario civil del gobierno de Estados Unidos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército. En Nicaragua pasaría una semana recabando información sobre el proyecto del Canal Interoceánico.

Ellis es experto en las relaciones de América Latina con China, Rusia, India e Irán y había concertado entrevistas sobre el proyecto canalero, también con funcionarios del gobierno. En la tarde del día 13, tercer aniversario de la concesión canalera, asistió a una exposición de fotos y videos que congregó en Managua a docenas de campesinos organizados en el movimiento anti-Canal y en la medianoche fue sacado del hotel en donde se hospedaba para escuchar que se le llevaría al aeropuerto de inmediato por no estar “autorizado” a buscar información sobre el Canal, a pesar de que había coordinado el viaje a través de la embajada y había declarado el objeto de su investigación desde que llegó al aeropuerto con pasaporte oficial. El gobierno de Nicaragua no dio ninguna explicación sobre el caso de Ellis.

“EL TIEMPO ES AHORA”

Evan Ellis había escrito en 2013 un breve texto que tituló con una pregunta “Canal de Nicaragua: realidad o utopía”. En ese texto afirmaba: “Teniendo en cuenta los problemas que presenta el proyecto, resulta particularmente sorprendente el nivel de esfuerzo y planificación dedicados a convencer a la comunidad internacional de que se trata de una realidad”. No se equivocaba su texto al pronosticar que para 2016, cuando se diera por terminada la fase preliminar del proyecto, “el nerviosismo de sus patrocinadores aumentará”.

Después del “nerviosismo” que provocó su expulsión de Nicaragua, Ellis, también profesor de Estudios Latinoamericanos, escribió en la revista digital “Latin Ame¬rica Goes GLOBAL” un texto en el que se refiere a lo que pudo captar de la evolución del proyecto canalero y en el que, basado en la arbitrariedad de la que fue objeto y en lo que ha ido conociendo de la situación de Nicaragua afirma: “Es en el interés estratégico de Estados Unidos adoptar una posición de principios tanto respecto a la erosión de la democracia en Nicaragua como respecto a las graves acusaciones que existen en relación con la actividad delictiva de sus líderes. Con respecto a acusaciones creíbles sobre estas actividades delictivas, Estados Unidos debe dejar claro que, tanto sus propios organismos legales, como otros organismos internacionales que están monitoreando esas actividades, relacionadas con el crimen organizado transnacional o con el enriquecimiento a costa del pueblo de Nicaragua, no les permitirán escapar de la justicia ni irse a disfrutar de sus ganancias malhabidas cuando dejen el gobierno”.

Y concluye: “El tiempo para evitar que la situación de Nicaragua degenere en un régimen autoritario al estilo de Venezuela es ahora, antes de que las organizaciones de la sociedad civil sean diezmadas y antes de que las instituciones del gobierno estén completamente sometidas por los sandinistas”.

LA EXPULSIÓN DE
DOS FUNCIONARIOS DE ADUANAS

Dos días después se supo que no fue sólo Ellis el deportado de forma abrupta. El 14 de junio el gobierno expulsó a dos funcionarios que también llegaron el día 13. Representan a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que trabajan para la Customs and Trade Partnership Against Terrorism (Alianza Aduanas – Sector Privado contra el Terrorismo), encargados de certificar que los productos de exportación nicaragüenses hacia Estados Unidos cumplen con todos los requisitos de seguridad, entre ellos los relacionados con leyes que previenen el tráfico de drogas, armas, venenos…

Revisados y certificados en Nicaragua, nuestros productos entran después sin revisión en las aduanas de Estados Unidos, lo que representa un ahorro de tiempo y de dinero y los hace más competitivos. “Nicaragua tenía una imagen de bajo riesgo, ahora habrá que establecer una imagen de seguridad transparente, clara, de que no hay nada escondido”, explicó muy preocupado José Ángel Buitrago, al frente de la asociación de exportadores de café.

Desde hace 15 años funcionarios de la agencia afectada por la expulsión llegaban rutinariamente al país y desarrollaban su tarea sin dificultad. Esta vez fueron deportados sólo a horas de su llegada. En este caso la embajada de Estados Unidos no facilitó el nombre de los dos expulsados y sí hubo reacciones, tanto de Washington como de Managua.

WASHINGTON:
“UNA DECISIÓN INJUSTIFICADA”

El 16 de junio, el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, que apenas un mes antes exhortaba al gobierno de Ortega a invitar a la observación internacional a participar en el proceso electoral, confirmó la expulsión de los dos funcionarios de aduanas, calificando la decisión de “injustificada e incompatible con la positiva y constructiva agenda que buscamos con el gobierno de Nicaragua” y afirmando que el “tratamiento que habían recibido tenía el potencial de impactar negativamente en las relaciones bilaterales, especialmente en el comercio”.

En Managua, la embajadora de Estados Unidos Laura Dogu se mostró¬ extrañada por la expulsión dando a entender que el gobierno había “cambiado las reglas”, pero no había compartido ese cambio ni con la embajada ni con Washington ni con las empresas privadas que certifican sus productos. “No queremos tener problemas y si hay reglas nuevas debiéramos entender cuáles son”, dijo.

Washington presentó formal protesta ante el embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Francisco Campbell. En la nota de justificación con que éste respondió, el gobierno de Ortega se refiere al “desafortunado incidente que nos obligó a retirar a dos funcionarios del gobierno norteamericano, que con pasaporte oficial, realizaban tareas de seguridad y certificación de Aduanas y Tránsito de Mercaderías, hacia los Estados Unidos, relacionadas con la lucha contra el terrorismo, actividad que se realizaba sin conocimiento y/o la debida coordinación con las autoridades nicaragüenses, lo cual, como debe comprenderse, es muy delicado y sensible”.

En la nota de prensa que leyó en Managua la Coordinadora de Comunicación del gobierno dijo que los expulsados realizaban “tareas propias de la competencia del gobierno de Ni¬ca¬ra¬gua”.

EXABRUPTOS POLÍTICOS CON
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

La “injustificada” -a criterio de Washington- decisión del gobierno de Ortega abrió un impasse que suspendió la certificación de todos los productos nicaragüenses que se exportan a Estados Unidos y, en consecuencia, provocó un estado de gran desazón en empresarios y productores, que por boca de varios de sus representantes gremiales han lamentado lo inesperado, incomprensible y perjudicial de la decisión y han insistido en que el gobierno debe revertir el error cometido cuanto antes.

A nombre del COSEP, José Adán Aguerri recordó algunas cifras para que el gobierno entienda que ahora que “la estrella” de Venezuela se ha apagado es más importante que nunca mantener las mejores relaciones con Estados Unidos. El 52% de las exportaciones de nuestro país van hacia allá. En promedio, la inversión estadounidense es la más relevante, con montos anuales en los últimos años de entre 290 y 410 millones de dólares. El 56% del total de remesas que ingresaron en 2015 a Nicaragua (666.5 millones de dólares) procedía de Estados Unidos. “Nuestra vinculación económica con Estados Unidos es equivalente al 35% de nuestro Producto Interno Bruto”, concluyó Aguerri.

¿Por qué Ortega cometió este desacierto? ¿Es una expresión más de su convicción de que puede ser víctima de una conspiración y ha decidido atrincherarse pagando cualquier costo político? ¿O, como afirman quienes lo conocen bien, actúa así porque no sabe pesar y medir las consecuencias económicas de largo plazo que pueden tener sus exabruptos políticos, que tienen efectos de más corto plazo?

En un medio de comunicación se escuchó de fuente habitualmente bien informada, que el principal empresario del país, Carlos Pellas, lo había llamado precisamente para que recapacitara sobre la gravedad de esas consecuencias de largo plazo y Ortega le había contestado que “con él no hablaría de política, sólo de negocios…”

UN “DELITO” EN EL DÍA
DE LAS VERIFICACIONES

En plena turbulencia de las aguas políticas se celebró el 25 y 26 de junio el habitual proceso de verificación previo a las elecciones: los votantes deben llegar a la junta donde habitualmente votan y verificar si están inscritos en esa junta.

La afluencia fue mínima, en algunas juntas no llegó ni al 10% de los inscritos. Las estructuras del partido de gobierno hicieron todo lo que pudieron, hasta visitas casa por casa, para conseguir que sus simpatizantes acudieran a verificarse para dar la impresión de una participación masiva. En un esfuerzo por demostrar que todo va bien, el presidente del Poder Electoral declaró: “Ha sido una jornada exitosa y por mi experiencia yo diría que la más exitosa que hemos tenido”.

Pero la “noticia” de esos días no fue ni la afluencia ni la apatía. La dio el propio Presidente Ortega cuando fue a verificarse con su familia. Anunció, mostrándose extremadamente preocupado, que en Nueva Guinea (Caribe Sur) la Policía había encontrado a un grupo de extranjeros y nicaragüenses “manipulando explosivos” y que estaban detenidos para ser investigados, insistiendo en el peligro que esa actividad representaba y en su responsabilidad de resguardar la paz conquistada en el país.

LA CARAVANA MESOAMERICANA
DEL BUEN VIVIR

Pronto se supo en las redes sociales lo que había ocurrido en Nueva Guinea. Seis integrantes de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir, un proyecto autogestionado por jóvenes voluntarios, que ya habían estado en otros municipios de Nicaragua enseñando a los campesinos técnicas ecológicas para proteger el medio¬ambiente, estaban enseñando en La Fonseca (Nueva Guinea) a campesinos de esa comunidad a construir ecofogones que reducen el consumo de leña. Durante la actividad, un campesino tiró un trapo encendido en una lata sin saber que había en ella restos de gasolina y se produjo una pequeña llama…

Este incidente minúsculo se convirtió en “un atentado contra la paz de Nicaragua”... Porque sucedió en La Fon¬seca, en donde vive Francisca Ramírez, la mujer que desde hace tres años ha organizado y estado al frente de decenas de marchas en las que miles de campesinos se expresan contra el proyecto del Canal Interoceánico y contra la ley de la concesión canalera. La Fonseca es la comarca más activa en esa lucha.

Después del pequeño fuego, decenas de policías fuertemente armados se la llevaron detenida a ella y a otros dirigentes del Consejo, mientras trasladaban a Managua a los jóvenes, cuatro mexicanos, un costarricense y una argentina.

Los campesinos fueron liberados después de interrogarlos durante dos horas. “Nos decían que era un caso grave, que estábamos vinculados con un grupo de Los Zetas mexicanos”, denunció Francisca Ramírez.

LO DIJO SANDINO

A los jóvenes, sin darles ninguna explicación, sin permitirles ningún contacto ni con sus familias ni con sus embajadas, los tuvieron encerrados durante dos días en una insalubre oficina de Migración donde fueron interrogados, intimidados y amenazados.

Sólo por la presión consular, la de la propia Francisca Ramírez -que se reveló una vez más como una auténtica dirigente-, por gestiones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y de otra organizaciones, fueron por fin liberados, pero de forma desconsiderada: los llevaron en la noche a dos de ellos hasta la frontera sur, dejándolos en Costa Rica, y a los mexicanos hasta la frontera norte, abandonándolos en Honduras, en donde les entregaron el bus de la Caravana desmantelado, saqueado, con graves destrucciones mecánicas, robadas sus herramientas de trabajo, todos sus papeles y objetos personales.

“Ningún latinoamericano es extranjero en Nicaragua”, le dijo San¬dino al periodista José Román, que así lo escribió en el libro “Maldito país”. Los seis latinoamericanos solidarios, atropellados en sus derechos por un gobierno que dice ser sandinista y también solidario, cristiano y socialista, difícilmente olvidarán lo que les ocurrió en nuestro país. Unos días después de este atropello el gobierno de México advirtió a sus ciudadanos tuvieran cuidado si pensaban visitar Nicaragua y la embajada de México en Managua pidió al de Nicaragua se les devolvieran a los jóvenes “todos los artículos faltantes”.

¿DE NUEVO CONTRA
“LOS TRES ÁNGELES”?

Desde que Ortega inició su segundo período de gobierno en 2011 nos hemos venido refiriendo, en estas mismas páginas, a la estrategia que le aconsejó uno de sus allegados después de la inesperada derrota que sufrió la Revolución, y la que experimentó el mismo Ortega personalmente, en las elecciones de 1990.

Para regresar al gobierno -le aconsejaron- debía neutralizar las “espadas desenvainadas de tres ángeles que le cerraban las puertas del paraíso del poder”, las de los tres más activos adversarios que tuvo en los años 80: la gran empresa privada, la jerarquía de la iglesia católica y el gobierno de Estados Unidos. En la trinchera desde la que se defiende ahora Ortega para enfrentar la conspiración que vislumbra o para apaciguar su incertidumbre, ¿ha decidido desechar esa estrategia conciliadora, arriesgándose así a que se desenvainen de nuevo las espadas, confiando en que ya perdieron filo? ¿A costa de que Nicaragua naufrague en aguas turbulentas?

AMCHAM: “NADIE TIENE
DERECHO A ARRIESGAR ESTO”

Nunca ha estado tan unánimemente insegura la gran empresa privada después de años de fluida y estrecha alianza con Ortega. Estamos “preocupados y ocupados”, ha dicho Aguerri. Preocupados por los errores y ocupados en deshacerlos porque la alianza con Estados Unidos es para el gran capital nacional mucho más importante que su alianza con Ortega.

“Si se ponen obstáculos -como lo ocurrido con los inspectores de aduanas de Estados Unidos que fueron expulsados-, si internacionalmente proyectamos una mala imagen fruto del proceso electoral, si no fortalecemos las instituciones del Estado y mejoramos los procesos del gobierno donde sabemos que estamos fallando, si no fomentamos un clima de libertad, de derecho y de confianza para todos los ciudadanos, todos saldremos perdiendo… Nadie tiene derecho a poner en riesgo la privilegiada relación que tenemos con nuestro primer socio comercial… No ha sido fácil mejorar la imagen-país de Nicaragua y no es posible que se venga a destruir lo que tanto nos ha costado…”, dijo muy preocupado Roberto Sansón, presidente de AmCham, Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense.

El “think tank” que es FUNIDES (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social) dejó oír también su preocupada voz: “Podemos perder el rumbo de estabilidad y progreso que se ha construido en los últimos 26 años y nos encaminaremos nuevamente a los ciclos recesivos o de violencia que caracterizan nuestra historia y que han sido causantes del profundo subdesarrollo y los niveles de pobreza que padece Nicaragua”.

ALERTA DE ESTADOS UNIDOS

El “ángel” estadounidense está muy ocupado con los muchos conflictos que se atan y desatan en un mundo cada vez más complejo y con el proceso hacia sus propias elecciones tras una campaña inusualmente tensa.

Aunque Nicaragua no está en el radar de Estados Unidos, Washington empieza a tomar medidas. Tras el incidente de la expulsión de sus tres funcionarios y el “cambio de las reglas” que ha anunciado el gobierno de Nicaragua para cualquier delegación, asistencial, académica, religiosa, sea de funcionarios o de privados, que llegue a Nicaragua, el Departamento de Estado anunció una “alerta de viaje” para todos sus ciudadanos si piensan visitar Nicaragua, advirtiéndoles que el gobierno “es sensible a los temas electorales, al del Canal y a cualquier otro tema crítico”.

Los acercamientos de Ortega a Rusia han ido llamando la atención de algunos legisladores. Y, a diferencia del representante de la Unión Europea en Managua, que dijo “respetar” la decisión de Ortega de negarse a la observación electoral, llamando “sinvergüenzas” a los observadores, el influyente Centro Carter emitió al día siguiente de esa bravuconada un comunicado lamentando lo dicho por el mandatario nicaragüense, considerándolo “un ataque a la comunidad internacional”.

Ya desde hace dos años el Centro Carter invitaba a la comunidad internacional “a no olvidar y a prestar atención al estado de la democracia en Nicaragua”.

OBISPOS: “PARTIDO ÚNICO,
NOCIVO PARA EL PAÍS”

Los atropellos de Ortega contra el proceso electoral han preocupado también al tercer “ángel” que debía ser neutralizado, los obispos católicos.

Durante la Cuaresma, se esperó con expectación la habitual carta pastoral que publica la Conferencia Episcopal en este tiempo de reflexión por lo que dirían sobre la situación política, mucho menos turbulenta que ahora. La carta no salió. “Se han dado diversos puntos de vista en cuanto a cuáles son los acentos y enfoques más adecuados a adoptar en el momento histórico que vive el país”: ésa fue la explicación que después dieron los obispos, pidiendo disculpas por no haber publicado su mensaje.

Una semana después de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia eliminando de la competencia electoral al PLI y a la Coalición Nacional por la Democracia, los obispos en pleno, muy significativamente acompañados por el Nuncio Fortunato Nwachukwu, leyeron un comunicado en el que aunaron sus diversos puntos de vista para expresar lo que consideramos central de su mensaje: “Todo intento por crear condiciones para la implantación de un régimen de partido único en donde desaparezca la pluralidad ideológica y de partidos políticos es nocivo para el país, desde el punto de vista social, económico y político”.

Recordaron también el importante documento que presentaron a Ortega hace ya dos años y al que el mandatario no le hizo ningún caso: “Para nosotros sigue siendo válido lo que en mayo del 2014 le pedimos al Señor Presidente: garantizar para este año 2016 un proceso electoral absolutamente transparente y honesto en el que brille, sin ningún tipo de duda, la voluntad popular”.

Los obispos exhortan a los nicaragüenses a “vivir este momento no con pesimismo ni mucho menos cediendo a la tentación de la violencia, sino con esperanza y con gran espíritu cívico”. Y concluyen haciendo suya la plegaria del Papa Francisco en su primera encíclica: “Rogamos al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo y la vida de los pobres”.

El mensaje de los obispos irritó al gobierno. La vocería crítica le correspondió, como en otras ocasiones, al magistrado orteguista de la Corte Suprema Francisco Rosales. Descalificó lo que dijeron los obispos afirmando que si hablaban de falta de credibilidad en el proceso electoral hablaban de “un problema ficticio” y demostraban que “son políticos”. Y desautorizó sus palabras afirmando que la institución “más antidemocrática del mundo es la iglesia católica”.

SIN PUENTES EN CONSTRUCCIÓN

¿Quién gana en las aguas turbulentas de este río que Daniel Ortega ha revuelto tan peligrosamente? Pareciera que ningún pescador saldrá ganancioso de esta crisis y de las crisis que aún están por venir.

Es un grave riesgo el que corre Daniel Ortega al cerrar de forma tan impúdica la vía electoral, la que puso fin a la guerra de los años 80, única salida para evitar las crisis por venir.

Aunque hay rearmados con motivaciones políticas en las montañas del Norte del país, como lo testimonian agentes de pastoral de la iglesia católica en esas zonas, la vía armada debe ser desestimulada. Conocemos de sobra las heridas que abre y sabemos que aún siguen sin cerrarse.

¿Y la vía cívica? Es popular y es prolongada. Abajo, requerirá de mucha gente saliendo de la pobreza, de mucha juventud recibiendo una mejor educación y de un esfuerzo de toda la sociedad por superar el individualismo y la tolerancia con la corrupción y la impunidad.

Arriba, requeriría de responsabilidad empresarial no sólo social, también ambiental, y de la decisión de exigirle a Ortega un diálogo real con todos y para el bien común.

Esos puentes cívicos que permitirían atravesar las aguas turbulentas de este incierto y oscuro mes de junio no los vemos aún en construcción.

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