México
Un "nuevo" ejército para millones de "enemigos"
La irrupción del EZLN en la realidad mexicana ha llevado a una reestructuración nunca antes vista del ejército y a una redefinición de los "enemigos" a los que debe combatir. En enemigo puede ser cualquier ciudadano, cada uno de los millones de mexicanos excluidos del modelo económico.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
A todo lo largo del mes septiembre continuaron apareciendo, cada vez con mayor claridad, indicadores de endurecimiento político y de autoritarismo en el proceder del gobierno. El repunte de la represión y el peligro de institucionalizar la violencia contra los derechos ciudadanos son los signos más serios y preocupantes de esta tendencia.
Inmovilizar política y militarmente al EZLNEn distintas regiones del estado de Chiapas, se está desarrollando una guerra disfrazada que los medios califican "de baja intensidad" y que está causando más víctimas que las que provocó el conflicto bélico en enero de 1994.
Durante todo el tiempo en que ha estado latente el conflicto chiapaneco han sido asesinados por civiles armados más campesinos e indígenas que durante los 12 primeros días de enero de 1994, cuando se iniciaron las hostilidades entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Ejército Federal.
En vísperas de las elecciones del 15 de octubre en Chiapas, el gobierno decidió impulsar un proceso "de recuperación política" de regiones en donde existe una gran simpatía por el EZLN y una amplia presencia del opositor PRD. Es un proceso basado en la represión y la militarización. La región norte de Chiapas y el sur de Tabasco están siendo convertidas en zonas de conflicto bélico por la incursión de efectivos militares. Paralelamente, grupos de choque del estatal PRI y fuerzas de la Seguridad Pública estatal han desatado una guerra sucia en contra de los militantes del opositor PRD. La ofensiva político militar en los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla y Salto del Agua cercanos al límite con el estado de Tabasco ha sembrado el terror entre la población indígena. También ha tenido efectos intimidatorios la base militar instalada en el municipio de Tenosique, ya en Tabasco, y el que allí se realicen movimientos de tropas.
La pretensión oficial de inmovilizar política y militarmente al EZLN es la piedra angular del esquema de contrainsurgencia que se está implementando en Chiapas. Durante septiembre, esta estrategia se expresó en un ataque directo contra quienes el gobierno juzga que son base social y política de los zapatistas. Todo esto debe tenerse en cuenta como telón de fondo de las actuales rondas de diálogo gobierno EZLN.
¿Paz o condiciones?La suspensión de hostilidades entre los zapatistas y el ejército, dentro de los límites estrechos de este diálogo no significa ni paz ni que la guerra esté desactivada. Por el contrario, la presencia militar en las comunidades está provocando graves daños a la vida social, económica, política y cultural de las etnias, favorece el enfrentamiento entre hermanos se ha denunciado que el ejército reparte armas a los campesinos "para que se defiendan de los zapatistas" y genera descomposición social hay testimonios de que los soldados llevan prostitutas y en ocasiones violan a mujeres de las comunidades y se han elevado los índices de alcoholismo .
Esta presencia militar aísla a los pueblos, convierte en un riesgo el salir a trabajar al campo cotidianamente y margina a los indígenas de la atención social, sin que las autoridades civiles responsables hagan nada. Enfermedades como el cólera y la llamada lepra de la selva se han hecho presentes en distintas zonas, mientras se calcula que el 60% de los niños no están vacunados contra ninguna enfermedad curable y una epidemia de sarampión avanza desde Guatemala.
En este contexto, ¿cómo justificar la expulsión del país de sacerdotes y religiosos extranjero que tienen una clara opción de servicio a las comunidades más empobrecidas? Lo que se trata es de desmantelar el trabajo pastoral de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y de erosionar aún más las frágiles bases del diálogo gobierno EZLN. Las órdenes de aprehensión y las deportaciones contra estos religiosos son un golpe dirigido a debilitar el papel de mediador en el conflicto armado del obispo Samuel Ruiz. Este conjunto de realidades hablan más de provocación y de endurecimiento que de distensión. Con estas acciones, el gobierno mexicano no parece estar preparando la pacificación en Chiapas, sino la imposición política y militar de sus condiciones.
Millones de "enemigos"De acuerdo con documentos confidenciales elaborados por la Secretaría de la Defensa Nacional, el ejército mexicano ha creado en Chiapas un cuerpo especial, llamado Fuerza de Tarea Arco Iris, compuesto aproximadamente por 10 mil hombres, que se mantienen alertas y preparados para una acción inmediata y decisiva.
Los hechos están mostrando que la irrupción zapatista en la realidad mexicana condujo a una profunda y nunca antes vista reestructuración del ejército mexicano. La meta de los cambios es: "nunca más" un episodio como el de la noche del 31 de diciembre de 1993 cuando el ejército fue sorprendido por el alzamiento zapatista ni en Chiapas ni en ningún otro rincón del país.
El "nuevo" ejército mexicano en marcha ha expresado ya que "basa su fuerza en los boinas verdes, los comandos, las fuerzas élite y las tropas de asalto". Con estos recursos busca anticipar, prever y estar preparado para responder al surgimiento de nuevas guerrillas. El objetivo más amplio es abortar cualquier posible acción de protesta y rebeldía antes de que salga a la luz pública.
Aquí está la clave para entender lo que sucede en el estado de Guerrero, donde existe un proceso de creciente militarización justificado como camino para enfrentar al crimen organizado y a posibles guerrilleros, y donde se ha comprobado una total impunidad ante los continuos hechos de violencia y asesinatos.
En el último medio año ha habido permanentes movilizaciones de tropas en las montañas de Guerrero. Oficialmente se ha dicho que llevan a cabo tareas de rutina o toman parte en una campaña para erradicar cultivos de drogas. Y aunque algunas versiones periodísticas dan cuenta de presuntos grupos alzados en armas, nada se ha confirmado nunca. Lo único cierto es que parte del programa que en Guerrero desarrolla el ejército prevé establecer allí un Grupo Aerotransportado de Fuerzas Especiales.
El proceso que en México se está viviendo invierte la lógica tradicional de la doctrina de seguridad nacional. No se trata de preservar la soberanía frente a un peligroso enemigo extranjero, sea éste real o imaginario. Ahora el enemigo está dentro, oculto en cualquier ciudadano. La mayor perversidad de esta concepción está en que el virtual "enemigo" es definido en función del interés político y económico oficial. Así, "enemigos" son los millones de excluidos de ese interés, los millones que viven en la pobreza y la miseria estructural que genera el actual modelo económico.
No es gratuito afirmar que la estrategia gubernamental en Guerrero no busca la resolución de los graves problemas allí existentes: violación de derechos humanos, pobreza, narcotráfico, cacicazgos locales, corrupción, conflictos de tierra y conflictos electorales. Busca aplicar esta versión de la "seguridad nacional".
Autoritarismo reforzadoComo el interés prioritario del gobierno no está en una política social que prevenga posibles estallidos de descontento causados por la crisis económica que en el actual modelo no tendrá solución ni en el corto ni en el mediano plazo se opta por tácticas policíacas y por la militarización de las instancias de seguridad pública.
Frente al deterioro institucional que padece el país, el gobierno no ha trabajado en serio por recomponer y adecuar los mecanismos políticos, económicos y sociales dando respuestas a los justos reclamos ciudadanos. Por el contrario, se aprecian claros síntomas de endurecimiento político y de reforzamiento del autoritarismo.
Las reformas penales de agosto de 1993, la creación de la Coordinación de Seguridad Nacional y ahora el proyecto de su institucionalización a través del Consejo de Seguridad Nacional, la adquisición de equipo sofisticado para garantizar el orden público y su asignación al ejército, el estrecho control de los medios de comunicación, el fortalecimiento y militarización de los aparatos de represión, la tendencia a la solución militar en el conflicto chiapaneco, la matanza de Coyuca como fórmula de contrainsurgencia, el hostigamiento contra defensores de los derechos humanos, el repunte de la represión ante demandas sociales de todo tipo, el ataque sistemático y encarnizado a los partidos políticos que representan una real oposición, el asesinato de cerca de 70 miembros del PRD en lo que va del sexenio son muestras de esta tendencia represiva y autoritaria.
Proyecto preocupanteEl proyecto de ley para la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Pública que hoy se está proponiendo es otro ejemplo. Pretende centralizar el control de la seguridad del Estado y el control de los ciudadanos.
El proyecto propone cosas válidas. Por ejemplo, la existencia de un registro nacional de personal policial y equipo y de un sistema de información y estadísticas policiales. Pero dos puntos del proyecto son sumamente graves: el omnímodo poder que se le concede al Secretario Ejecutivo que estará al frente del nuevo Consejo de Seguridad Pública y la asignación de tareas policíacas y de control social al Ejército y a la Marina.
El poder que se otorga al Secretario Ejecutivo es prácticamente ilimitado. Además, no queda definido quién nombra a ese Secretario, bajo qué criterios se elige ni cuál será su duración en el cargo. La presencia de los Secretarios de Defensa y de Marina en este nuevo órgano de seguridad pública es también inexplicable, si no es que existe la clara intención de militarizar la actividad policial. ¿Para qué se quiere en el Consejo a las fuerzas armadas? ¿Para realizar tareas de combate al narcotráfico? El artículo 129 de la Carta Magna preserva a las fuerzas armadas de cualquier involucramiento en asuntos civiles de seguridad pública y de policía "en tiempos de paz". ¿Es que México está en guerra? ¿Contra quién?
La ciudadanía aspira a una mayor seguridad cotidiana, a la prevención real del delito, a la administración de la justicia de manera transparente y oportuna. Desea la profesionalización y la eficacia de las policías. Pero también demanda el respeto a sus garantías individuales y a sus derechos humanos. También aspira a la paz.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica