Guatemala
Vísperas electorales: con violencia y sin programas
La mayor violencia de esta campaña electoral es la inconstitucional candidatura de Efraín Ríos Montt. Y lo más decepcionante y desconsolador es el vacío de programas y de propuestas serias de todos los candidatos.
Juan Hernández Pico, SJ
La campaña electoral en Guatemala es una de las más largas del mundo. Este año está siendo, además, una de las más violentas y una de las más vacías de programas. La duración de la campaña -más de cuatro meses- supone un gasto exorbitante, desproporcionado con las dimensiones del país, con su población y con la escasez de ideas. La violencia que la ha caracterizado -más de 20 militantes políticos impunemente asesinados- tiene hondas y nefastas raíces, que es necesario volver a desnudar. El vacío de programas y de debates sustantivos y la concentración en imágenes y en personajes hace muy difícil la participación responsable y el voto consciente, reclamados más que
nunca durante esta campaña por organizaciones laicas y religiosas de la sociedad civil.
UNA CANDIDATURA QUE OFENDE
La mayor violencia, a la memoria y a la dignidad, y no a la vida, que se da en esta campaña electoral es la que se ha hecho a las víctimas del conflicto armado interno y a sus sobrevivientes con la candidatura presidencial del general Efraín Ríos Montt. No interesa tanto denostar a un candidato por sus defectos personales sino ubicar su candidatura en la perspectiva de la recuperación de la memoria en Guatemala.
La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), creada por los Acuerdos de Paz, nació con la prohibición de atribuir a personas concretas “las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado”. Sin embargo, la CEH encontró una manera inteligente, necesariamente restringida, de evadir la prohibición de “individualizar responsabilidades” al tratarse
de los más altos responsables de los crímenes de lesa humanidad. Consistió en ubicar las atrocidades cometidas dentro de períodos claramente delimitados. De esta forma, rompió el anonimato de quienes podían quedar escondidos en la prolongada duración de 36 años de conflicto armado.
En uno de los párrafos más contundentes de las conclusiones de su informe “Memoria del Silencio”, el 126,
la CEH afirma: “De las violaciones de los derechos humanos y de las infracciones del Derecho Internacional Humanitario cometidas se deriva una ineludible responsabilidad del Estado de Guatemala. El Estado Mayor de la Defensa Nacional fue, dentro del Ejército, la máxima institución responsable de estas violaciones. Independientemente de las diversas personas que ocuparon dichos cargos, existe una responsabilidad política de
los sucesivos Gobiernos. Por ello, deben quedar sujetos al mismo criterio de responsabilidad el Presidente de la República, como Comandante General del Ejército y el Ministro de la Defensa Nacional, considerando que la elaboración de los objetivos nacionales, de conformidad con la Doctrina de Seguridad Nacional, fue realizada
al más alto nivel de Gobierno”.
EN LOS AÑOS DE RÍOS MONTTRíos Montt fue Jefe del Estado de Guatemala -no por ser Presidente electo sino por su participación en el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982- desde esa fecha hasta el 8 de agosto de 1983. La CEH establece en su informe que, entre 1981 y 1983, al menos en cuatro de las regiones que analizó, “agentes del Estado de Guatemala ejecutaron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya”. Establece también que “las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia atribuibles a actos del Estado se prolongaron en el tiempo de forma persistente, con especial gravedad del año 1978 al 1984”. Dentro de estas violaciones y hechos de violencia destaca la CEH “las múltiples operaciones de tierra arrasada” así como “de destrucción de bienes y trabajos colectivos de siembra y cosecha, lo cual fue consignado como objetivo específico en el Plan de Campaña Firmeza 83-1 del Ejército”.
“EXTREMA CRUELDAD” E “IMPENETRABLE IMPUNIDAD”Estamos hablando, según la CEH, de “626 masacres atribuibles a las fuerzas del Estado”, obviamente no todas en los 17 meses de gobierno de Ríos Montt. Y estamos hablando, en esas masacres, de “múltiples actos de ferocidad” antes, en y después de las muertes de las víctimas, que “constituyeron no sólo extrema crueldad sobre las víctimas, sino, además, un desquiciamiento que degradó moralmente a los victimarios y a quienes inspiraron, ordenaron o toleraron estas acciones”.
También establece la CEH que “las estimaciones sobre el número de desplazados van desde 500 mil hasta
un millón y medio de personas en el período álgido (1981-1983)”, e incluye entre ellas tanto a desplazados internos como a refugiados en otro país.
Finalmente, la CEH asevera que “la excusa de que los mandos subalternos actuaban con un amplio margen de autonomía y descentralización, que explicaría que se cometieran ‘excesos’ y ‘errores’ que no fueron ordenados por la superioridad, constituye un argumento sin sustentación”.
Y concluye que “el hecho notorio de que ningún jefe, oficial o mando medio del Ejército o de las fuerzas de seguridad del Estado fuera procesado ni condenado por sus acciones violatorias de los derechos humanos a lo largo de tantos años, refuerza la evidencia de que la mayor parte de tales violaciones fueron resultado de una política de orden institucional, que aseguró una impenetrable impunidad”.
RÍOS MONTT: “RÍOS DE SANGRE”En su artículo 186, la Constitución de Guatemala prohibe que pueda ser candidato a la Presidencia de la Republica quien encabezó un golpe de Estado o ejerció el cargo de Jefe de Estado en un régimen de facto.
La Corte de Constitucionalidad resolvió ordenar la inscripción de Ríos Montt como candidato a pesar de la jurisprudencia en contra, inconstitucionalmente. Mucho más grave aún es que sea candidato a la Presidencia una persona con las manos manchadas de tanta sangre. Que en Guatemala haya partidarios acérrimos de Ríos Montt es un hecho terrible, consecuencia, en parte, de que no pocos de esos partidarios estuvieron envueltos por su participación, por ejemplo, en las Patrullas de Autodefensa Civil, en los mismos crímenes de lesa humanidad que él inspiró, ordenó o al menos toleró.
Siendo esto terrible, más terrible es aún que la gran mayoría de los otros doce candidatos presidenciales se contenten con decir, en su campaña, que la inscripción de Ríos Montt es inconstitucional pero es políticamente buena porque así lo podrán derrotar en las urnas y acabar con su mito.
Sólo el candidato de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), Alvaro Colom,
en segundo lugar hasta ahora en las encuestas, suele afirmar que votar por Ríos Montt “es una ofensa a Dios”. Más claridad tienen los campesinos mayas achís de Rabinal, que lo apedrearon el 14 de junio cuando los provocó al irrumpir con un mitin político en medio de la inhumación de cientos de víctimas de las masacres.
Más claridad tienen también las mujeres mayas multilingües del Ixcán, cuando el 24 de septiembre, en el mitin del general en Playa Grande, se acercaron hasta la tarima donde hablaba con una gran manta que decía “Ríos de Sangre.
¡No al Genocidio en Ixcán!”, y con otra que llevaba esta inscripción en medio de muchas cruces: “Los muertos no olvidan”.
RAÍCES DE ESTA VIOLENCIAEvidentemente, la violencia en la campaña electoral de 2003 no se la saca de la bolsa ningún mago. Hunde sus raíces en un sector del pueblo de Guatemala que no ha saldado su deuda de sangre con su conciencia ni con sus compatriotas; en la cultura del miedo que se enquistó entre nosotros como consecuencia de la siembra del terror; en los intereses de los poderes ocultos, tanto los que se nutren del capital delincuencial como los que quieren restaurar el militarismo; en los funcionarios públicos de unas instituciones que, por insensibilidad, corrupción o compadrazgo, se han plegado a ese general a quien las mujeres de Ixcán apodaron “Ríos de Sangre”; y en una clase política que permaneció silenciosa cuando todas las atrocidades de las que habla el informe de la CEH estaban sucediendo y que hoy no parece poner entre sus prioridades lo que el asesinado Monseñor Gerardi eligió como título del otro informe de la verdad, la Recuperación de la Memoria Histórica o REMHI: “Guatemala, ¡nunca más!”.
PRÉDICA MORALIZANTE Mientras tanto, el general sigue con su prédica moralizante en su campaña, lo que no le impidió reconocer, hace 21 años, según dice Jennifer Schirmer en su investigación académica, 150 mil muertos como fruto de las ofensivas del Ejército, mientras hablaba domingo tras domingo de la necesidad de “extirpar quirúrgicamente el mal existente en Guatemala y ‘secar el mar humano en que nadan los peces de la guerrilla’”.
Las metáforas de la cirugía y del drenaje no pueden ocultar lo que la CEH llama “la extrema crueldad utilizada por el Estado como medio de disgregación social”. Por ejemplo, “el asesinato de niños y niñas indefensos, a quienes se dio muerte en muchas ocasiones golpeándolos contra paredes o tirándolos vivos a fosas sobre
las cuales se lanzaron más tarde los cadáveres de los adultos; la amputación o extracción traumática de miembros; los empalamientos; el asesinato de personas rociadas con gasolina y quemadas vivas; la extracción de vísceras de víctimas todavía vivas en presencia de otras; la reclusión de personas ya mortalmente torturadas, manteniéndolas durante días en estado agónico; la abertura de los vientres de mujeres embarazadas”...
CRITERIOS PARA EL VOTOEn su “Comunicado con ocasión del actual proceso electoral en Guatemala” del 26 de agosto, la Conferencia de obispos católicos se pronunció así: “No es lícito y debemos evitar como inmoral apoyar cualquier forma de violencia política o respaldar con el voto a ciudadanos que promuevan la violencia, fomenten autoritarismos y dictaduras, favorezcan la represión, la corrupción, el narcotráfico”.
Y aún con mayor claridad, el arzobispo de Los Altos, en un “Mensaje pastoral de justicia y solidaridad” de la Zona de Totonicapán, afirmó el 13 de julio que “para participar de manera consciente, responsable, madura, justa y proporcionada, el elector debe conocer a la persona (que se presenta a un puesto público electivo)..., su práctica democrática, su capacidad de diálogo, si tiene o no las manos limpias de sangre y de la vida de los propios hermanos”.
UN VACÍO DECEPCIONANTESobre programas electorales de candidatos y partidos políticos, la gran paradoja de esta campaña electoral es que casi la única propuesta seria es la hecha pública el 3 de septiembre por el PNUD de Guatemala en su Informe Nacional para el Desarrollo Humano 2003. Dejando de lado la tradición de cinco años de que el Informe anual diagnostique la situación nacional, en general o bajo un tópico determinado -el desarrollo rural, las exclusiones, la financiación del desarrollo y las mujeres en el desarrollo-, este año, el Informe, sin dejar de ser diagnóstico, se vuelve también una propuesta.
En contraste, los candidatos presidenciales de los partidos políticos han participado, siempre individualmente, en foros como el organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala, pero con la excepción de Rodrigo Asturias, de la URNG, han hablado sobre sus propósitos programáticos con un carácter de generalidad y de falta de priorización profundamente decepcionantes y desconsoladores. O, en el caso de algunos, con una demagogia exuberante, como la del candidato presidencial del PAN quien, para resolver el problema de las maras, promete sacar a la calle a la Policía y al Ejército a las 2 de la tarde del 14 enero, horas después de la toma de posesión del nuevo Presidente, para hacer grandes redadas en los barrios donde se esconden las pandillas juveniles.
En Prensa Libre del 30 de septiembre se afirma que el día 13 de octubre se dará a conocer una Agenda Nacional Compartida, construida con la colaboración de 20 partidos políticos y facilitada, sobre la base de la “Agenda para el Desarrollo Humano” del PNUD Guatemala, por el mismo PNUD en su programa de diálogo multipartidario y por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Veinte partidos políticos, todos menos dos de los inscritos en el Tribunal Supremo Electoral, habrían participado desde julio de 2002 en un debate para llegar al consenso que recogerá esta Agenda, que lleva las firmas del secretario general de cada partido y las del candidato presidencial, si lo tienen.
DOS ESCENARIOS OPTIMISTASEste acontecimiento es susceptible de varias interpretaciones, que pueden considerarse como posibles escenarios políticos en la Guatemala del próximo período presidencial y legislativo (2004-2007).
El escenario más optimista: un verdadero consenso entre la clase política en torno a que ni los Acuerdos de Paz ni cualquier otro programa político pueden comenzar a llevarse a la práctica en un próximo futuro sin una especie de gran alianza nacional concretada en un gobierno de unidad nacional o, al menos, en un pacto de gobernabilidad, del que no se excluya a una oposición constructiva a quienes resulten electos como gobernantes.
Ésta es la opinión de Eduardo Stein, candidato a Vicepresidente por la GANA.
El segundo escenario, menos optimista, es que este acuerdo no se concrete en un gobierno de unidad nacional ni siquiera en un pacto de gobernabilidad, sino solamente en una agenda legislativa mínima que responda tanto a una priorización de necesidades como a la convicción de que el encarrilamiento de Guatemala hacia el estado de derecho, hacia la seguridad ciudadana, hacia una economía más ágil, con mayor crecimiento, mayor empleo y más cualificado y mejor uso del gasto social, y hacia un mayor desarrollo humano, no es cosa de sólo un período presidencial y legislativo sino de un programa de Estado que se lleve a cabo a lo largo de varios períodos.
ESCENARIO PESIMISTAEl tercer escenario, claramente pesimista, es que el consenso partidario sobre la Agenda Nacional Compartida tenga la misma vigencia, es decir, ninguna, que el acuerdo ético firmado por los candidatos presidenciales al comienzo de esta campaña, y que los intereses partidarios cortoplacistas, los intereses personalistas de los presidentes del Ejecutivo y del Legislativo y de sus camarillas, y sobre todo, los tradicionales intereses del capital oligárquico y los poderosos intereses corruptos del capital delincuencial, contribuyan, cada cual por su cuenta, a minar cualquier consenso. Sin olvidar que los intereses comerciales de los Estados Unidos, irredentos como se demostró en la reunión de la OMC en Cancún, pueden arrasar con las posibilidades de crecimiento equitativo del pueblo de Guatemala, si se llega a firmar el TLC en las draconianas condiciones actuales.
QUÉ DICEN LAS ENCUESTASEn vísperas inminentes de las elecciones, las encuestas de opinión pública daban a Oscar Berger (GANA) entre 37% (Vox Latina) y 47% (Demoscopía S.A.) de la intención de voto. Alvaro Colom (UNE) ocupa el segundo lugar con 18% o 14% respectivamente. Y Efraín Ríos Montt (FRG) el tercero, con 11.4% o 13%. Descontando los que no vayan a votar, Demoscopía auguraba que Berger ganaría en primera vuelta, resultado que oteando en el ambiente de la calle parece poco probable.
En el voto para el Congreso se vislumbra un cuerpo legislativo profundamente dividido, donde, mediante alianzas, se podría llegar a una mayoría de oposición al Ejecutivo, sea quien sea el que gane, lo que le hará muy difícil gobernar. Se puede prever incluso un Congreso con los dos tercios necesarios para aprobar reformas a la Constitución, sometidas a referendo, o hasta para elegir una Asamblea Constituyente. Estas últimas posibilidades se insertarían en el escenario más pesimista. Un Congreso que no cuente con una bancada “aplanadora” pudiera representar una oportunidad de buen gobierno.
Diez de los doce candidatos presidenciales -todos menos Berger y Ríos Montt- han firmado un documento, que más se parece a un berrinche, reclamando que no se incluyan sus nombres o símbolos en las próximas encuestas, pues con ellos los medios estarían preparando un fraude electoral. Lo que temen estos candidatos -que no brindan a la ciudadanía los resultados de sus propias encuestas- es que, con las diferencias que marcan las encuestas entre la primera y la segunda opción, se cree en la opinión pública un efecto avalancha que mueva más votos hacia la primera opción, la de Berger.
Éste es el riesgo de cualquier encuesta. Su contrapartida es el derecho ciudadano a disponer de buena información sobre las tendencias del voto. En vísperas de los resultados electorales, el río de la campaña electoral guatemalteca está demasiado revuelto. Y reina la incertidumbre.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica