El Salvador
Plan "Mano Dura": violencia estatal contra las maras
El gobierno ha decidido enfrentar el problema social
que representan las pandillas juveniles
con la fuerza y la violencia.
Los objetivos son electorales
y el estilo no es otro que el autoritarismo represivo
del que es heredero el partido ARENA.
Equipo de "Proceso" UCA El Salvador
En un espectáculo para los medios, el Presidente Francisco Flores anunció el 22 de julio el Plan “Mano Dura” para combatir a las pandillas juveniles -conocidas como maras- que operan por todo el país. Similar al plan de su par hondureño, Ricardo Maduro, el plan salvadoreño consiste en un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y en trámite de aprobación, en reformas al código penal y al código procesal penal endureciendo las penas contra ciertos delitos y facilitando el juzgamiento y encarcelamiento de los jóvenes que sean detenidos -se pretende juzgar a menores de doce años como si fueran adultos- y en operativos para capturar pandilleros por todo el país. Antes de la aprobación de la iniciativa de ley, comenzaron a desarrollarse ya estos operativos de búsqueda y captura de pandilleros, en acciones conjuntas de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada.
UN ENFOQUE REPRESIVO PARA UN PROBLEMA SOCIAL
El partido ARENA respaldó totalmente el plan y sus voceros resucitaron su vieja cruzada pidiendo la instauración de la pena de muerte para quienes consideran “antisociales”. La izquierda fijó también su posición. Considera que la iniciativa tiene un corte populista y un obvio propósito electoral. Los líderes del FMLN critican el plan por no ofrecer una solución integral a la problemática de las pandillas juveniles, y porque renuncia a buscar la integración social de estos jóvenes, a la vez que se revive un esquema autoritario ya probado en el pasado y que dejó recuerdos tan amargos al país.
Sin dejar de reconocer el flagelo que las pandillas representan en los barrios y colonias más pobres del país, no hay duda de que el plan tiene un enfoque policíaco y represivo para enfrentar un problema de carácter eminentemente social. Dada la amplitud que ha alcanzado la delincuencia juvenil en El Salvador, difícilmente se podrá solucionar este problema sin un plan que involucre a muchas más instituciones que las que se prevén en el plan gubernamental. La idea de una ley especial de aplicación temporal para un tema tan serio despierta sospechas sobre las verdaderas intenciones del Presidente Flores.
El plan echa por tierra el precario esfuerzo que venían realizando, con pocos recursos humanos y materiales, algunas divisiones y programas de la PNC dirigidos a sectores juveniles de alto riesgo. Evidencia igualmente el fracaso gubernamental ante el problema de la delincuencia y de la violencia social. Múltiples discursos presidenciales sobre la urgencia de resolver la violencia reinante en el país no han aportado resultados. Los cuatro años de Flores han sido totalmente desaprovechados en este sentido, y la llamada Alianza por la Seguridad, uno de los pilares de sus propuestas de gobierno cuando recién iniciaba su mandato, no ha derivado más que en burda represión.
JUVENTUD MARGINAL: LA CANTERA DE LAS MARAS
El Plan “Mano Dura” pretende impulsar un proyecto de apartheid social en El Salvador. Y aunque no sorprende que los sectores afines al gobierno manifiesten su deseo de terminar con los excluidos encarcelándolos o exterminándolos, rozan lo absurdo cuando pretenden “considerar como asociación ilícita denominada mara o pandilla aquella agrupación de personas que actúen para alterar el orden público o atentar contra el decoro y las buenas costumbres o que se marquen el cuerpo con cicatrices o tatuajes”.
Esta propuesta estigmatiza a una categoría de salvadoreños: la juventud marginal. Y en una actitud que riñe con la legalidad constitucional, apuesta por exterminarla o encarcelarla. En sociedades tan desiguales como la salvadoreña, los grupos sociales marginales son siempre los que llevan la peor parte. Son los que tienen menos oportunidades económicas, educativas y culturales. Son los que viven en peores condiciones y los que desarrollan los hábitos morales más precarios. Pobreza material y pobreza moral: ésa es la realidad cotidiana de los marginados salvadoreños, una gran cantidad de ellos y de ellas gente joven. Entre la población joven de El Salvador hay un segmento que vive en condiciones de marginalidad extremas, no por decisión propia, sino en razón del modelo económico vigente. Ésta es la cantera de las maras.
CRIMINALIZADOS POR SU APARIENCIA
Los dirigentes de ARENA no se han tomado la mínima molestia en considerar las posibles fallas jurídicas de su plan. La idea de llevar a la cárcel a ciertas personas con argumentos basados tan sólo en su apariencia física -vestimenta, tatuajes- o en sus opciones culturales -estilos de vida, lenguaje- riñe con los principios más elementales de derechos humanos. El artículo 12 de la Constitución salvadoreña se sustenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
Las autoridades judiciales han dado una muestra de sensatez ante la trascendencia del tema. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, recalcó la necesidad de una discusión profunda con todos los actores de la sociedad para encontrar la mejor manera de enfrentar el problema de la delincuencia juvenil. Muchos jueces del país han advertido sobre el carácter ilegal de la iniciativa presidencial y del ilícito que cometen los policías al apresar sin fundamento alguno a ciudadanos salvadoreños a quienes se pretende criminalizar sólo por su forma de vestir, de hablar, de comportarse o de marcarse el cuerpo, siendo así que el cuerpo es la propiedad por excelencia de cada ser humano.
UN PROYECTO CON INTENCIONES ELECTORALES
Desde el primer momento, la oposición consideró que el plan tiene un carácter puramente electoral. Las acusaciones fueron rechazadas por miembros de ARENA y por el responsable gubernamental del Consejo Nacional de Seguridad, Salvador Samayoa. Reconociendo que el plan tenía algunos problemas, Samayoa consideró descabellado acusar al plan de maniobra política para captar votos e invitó a los legisladores del FMLN a una discusión profunda del problema.
Pero posteriormente, un documento interno del COENA, Comité Ejecutivo Nacional de ARENA, divulgado por la prensa demostró que el propósito es claramente electoral. En el documento, los dirigentes de ARENA invitan a sus funcionarios a ponerse en orden de combate para captar votos en base a las simpatías que aportará la lucha contra las maras. “La iniciativa Mano Dura -reza el documento- y su respaldo por el 95% de los votantes significa una oportunidad inmediata para que el partido se vincule con un tema ganador. El gran respaldo para esta iniciativa permitirá al Partido llegar en las mejores condiciones a los votantes de todos los partidos”.
Para aprovechar “esta oportunidad”, el documento pide que se involucren en esta lucha todas las instancias del partido, a las que se les imponen metas: “recolección de firmas ciudadanas, de personas residentes en los lugares en donde se ejecuta el Plan Mano Dura para agradecer al Presidente por el plan y solicitarle la permanencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía en esas comunidades y pedirle a la Asamblea Legislativa la aprobación de las reformas legales presentadas por el Presidente”. Todas estas acciones, para llegar en mejores condiciones a las próximas elecciones.
El texto arrojó importantes luces sobre las intenciones electorales del proyecto. No es extraño que ARENA haya ideado un plan para llamar la atención de la población y captar sus simpatías en el contexto pre-electoral tras los adversos resultados que tuvo en las elecciones municipales de marzo.
COSTOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO
Entre todas las consideraciones sociales, políticas y jurídicas en torno al plan, hay que reflexionar también sobre sus costos económicos, ya que será con el dinero que recauda el Estado de la ciudadanía que se dará vida a esta política.Los costos para desarrollar y volver efectivo el plan se incrementarán en tres rubros del presupuesto: el policial, el judicial y el penitenciario, ya que la ley tiene como objetivo final desarticular a todas las pandillas de las áreas rurales y urbanas y poner a todos sus integrantes en las cárceles. Entre capturar y poner en la cárcel se deberá hacer uso del sistema judicial, donde se juzgará, haciendo uso de la nueva ley, a los integrantes de pandillas.
Según datos oficiales, el número de pandilleros en El Salvador es de 20 mil. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha calculado que los recursos financieros que el gobierno salvadoreño destina a la actividad policial, al sistema judicial y al sistema penitenciario constituyen los mayores gastos en que incurre el Estado para responder al problema de la violencia en general. En 1995, se destinaron alrededor de 280 millones de dólares para estas tres actividades, lo que representó aproximadamente un 5% del PIB de ese año. Para hacer efectivo el plan anunciado serán necesarios nuevos agentes policiales, nuevos abogados y también mayores recursos para las Fuerzas Armadas, que también forman parte de la estrategia anti-maras. En materia de seguridad pública, el gobierno gastó entre 2000 y 2001, 146.5 millones de dólares. En esos años, la PNC realizó 35 mil 801 detenciones a nivel nacional, lo que implica que cada una de las detenciones costó unos 4 mil dólares, cifra bastante elevada.
En materia judicial, y para el caso de las maras, participarán en el plan tres instituciones del Estado durante el proceso de identificación, detención, enjuiciamiento y, si procede, encarcelamiento de los pandilleros. El Órgano Judicial, que será el que juzgará al individuo con el debido proceso. La Fiscalía General de la República, que participará como defensora de los intereses de la sociedad. Y tomando en cuenta que los jóvenes pandilleros son personas de escasos recursos, la Procuraduría General de la República tendrá el compromiso de darles asistencia legal. Un estimado tentativo permite calcular que todo el proceso judicial para cada detenido podría costar unos 2 mil 888 dólares.
Si el juzgado es considerado culpable, deberá ir a la cárcel. Es éste el propósito esencial de la ley antimaras. Para lograr un aproximado de los costos en que incurre el Estado en el mantenimiento de la población interna de los centros penales debe considerarse el monto que se destina al Ministerio de Gobernación para el confinamiento y readaptación y el total de personas internas. Entre 2001 y 2002, el Estado dedicó un total de 16.4 millones de dólares para una población interna de 10 mil 476 personas. El costo de mantener a un reo ronda los 1 mil 565 dólares anuales, aun teniendo en cuenta que viven hacinados en muy deficientes estructuras y tienen una pésima dieta. El sistema penitenciario recibe menos recursos que la seguridad pública y el sistema judicial.
En un cálculo muy general de los gastos que implica el plan en seguridad pública, en sistema judicial y en sistema penitenciario, podríamos cifrar el costo aproximado por pandillero en unos 8 mil 500 dólares anuales. Eso le costaría al Estado capturar, juzgar y encarcelar a cada uno. Siguiendo el cálculo, capturar, juzgar y encarcelar a 20 mil pandilleros le costará unos 170 millones de dólares. En términos macroeconómicos, si la ley se hubiera aprobado a fines de 2001 y hubiese entrado en vigencia en 2002, su aplicación hubiese demandado el 6.79% del total del presupuesto del Estado. En términos del PIB, esto hubiera representado el 1.19% del PIB de 2002. De salirse el gobierno con la suya, este drenaje de recursos afectará al presupuesto nacional durante los años siguientes. Y a medida que la guerra contra las maras se prolongara, en esa misma medida se incrementarán sus costos económicos, a expensas de la sociedad, a la que le tocará pagar por los desatinos gubernamentales.
UN PROBLEMA, UN CLAMOR Y VARIOS MITOS
Nadie pone en duda que el complejo fenómeno sociológico centroamericano de las pandillas juveniles constituye un problema serio en la vida cotidiana de El Salvador.
Una investigación realizada hace cinco años por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA encontró que poco más de la cuarta parte de la población adulta salvadoreña -los mayores de 18 años- considera que el problema de las maras es el más urgente a atender en el combate a la criminalidad en el país. Buena parte de los salvadoreños considera a las maras como un problema fundamental de delincuencia y reclama soluciones que tienen que ver con la represión. El gobierno de ARENA, en una campaña que bien puede insertarse en la tendencia latinoamericana del “populismo punitivo” ha respondido a ese “clamor”.
Hay varios mitos que se suelen presentar como causantes del multicausal problema de las pandillas, y por tanto, como justificantes de muchas de las disposiciones del Plan “Mano Dura”: la raíz del problema son los deportados; la falta de valores en la familia genera pandillas; la motivación original del joven al integrarse a una mara es delinquir; las leyes penales actuales favorecen las pandillas y deben endurecerse.
LAS MARAS NO SON UN PRODUCTO IMPORTADO
Uno de los argumentos que más se suele oir sobre el origen de las pandillas y su causa tiene que ver con su importación del sur de California. Se argumenta que el fenómeno de las pandillas es el resultado de la deportación y del regreso a El Salvador de miles de compatriotas jóvenes que se convirtieron en Estados Unidos en pandilleros y que, al retornar, trajeron consigo la violencia y la ejercen ahora en las calles salvadoreñas. Se presenta como prueba que las dos pandillas más grandes del país, las que dominan la dinámica pandilleril nacional, tienen sus raíces o sus orígenes en las calles del este de la ciudad de Los Ángeles y que buena parte de sus expresiones culturales surgen de la cultura sincrética de los hispanos que viven en Estados Unidos. Se afirma también que el fenómeno se instaló en el país después de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, precisamente cuando se incrementó el número de salvadoreños que retornaban del exterior.
Las investigaciones desmienten este mito y muestran que el fenómeno no depende o no debe su génesis a la repatriación de jóvenes salvadoreños. Ya en 1991, varios trabajos de investigación académica daban cuenta de la existencia de las pandillas como un problema nacional serio que databa de los años 70. Según estos trabajos, las pandillas estaban creciendo con rapidez y, por su naturaleza violenta, se estaban volviendo un peligro para todos los ciudadanos.
De acuerdo con lo registrado hace más de doce años, la dinámica la dominaban entonces muchas pandillas juveniles, con no más de 50 jóvenes por agrupación, y con un radio de acción limitado a ciertas zonas de la capital: el centro y los barrios más pobres. Pandillas como la Mara Chancleta, Mara AC/DC, Mara Nosedice, Mara Gallo y Morazán, eran las más populares entonces, cuando las características de violencia y solidaridad interna que hoy tienen estos grupos ya estaban muy presentes.
El problema de las pandillas juveniles ni es reciente ni es sorprendente. La magnitud que ha alcanzo en la actualidad se debe, en buena medida, a la negligencia de los anteriores gobiernos, incluido el actual, para atenderlo integralmente.
De acuerdo con los sondeos realizados entre pandilleros por el IUDOP, sólo aproximadamente el 11% de los jóvenes mareros que habitan en el Área Metropolitana de San Salvador se incorporó a pandillas en los Estados Unidos, y el porcentaje de jóvenes integrados a pandillas salvadoreñas que ha viajado a los Estados Unidos no supera el 17%.
Es poco probable que porque las pandillas que operan en El Salvador lleven el mismo nombre que las que se generaron en Los Ángeles se pueda atribuir la génesis de este
fenómeno a la importación
de los mareros.
CAMBIÓ EL ESTILO, NO LA DINÁMICA BÁSICA
En lo que sí ha habido un impacto significativo de esa repatriación es en la importación de los estilos pandilleros.
El retorno de jóvenes que habían participado en pandillas en el extranjero les otorgó liderazgo ante los pandilleros locales, quienes rápidamente adoptaron los usos y modas de los foráneos. Los que venían de fuera, reconocidos como líderes, establecieron un derrotero que los demás comenzaron a seguir, abandonando sus antiguas pandillas para integrar las reputadas del extranjero. Esto explica que la mayoría de las pandillas o maras que existían al principio de la década ya no existan.
A pesar de los cambios en las formas, en los nombres y en el tamaño de las pandillas, su dinámica básica, caracterizada por la vinculación territorial, la solidaridad grupal, las actividades violentas y el consumo de drogas, no sufrió alteraciones fundamentales. Lo que sí sucedió fue que, con la reducción del número de pandillas a dos -la Mara Salvatrucha y la Mara 18-, se crearon las condiciones para una polarización en las interacciones entre las pandillas. Al importar la identidad de estas pandillas, se importaron también los conflictos y los odios entre ellas, generándose así una escalada de violencia y una guerra sin cuartel en las calles de San Salvador.
Queda claro entonces que los “mareros” deportados y retornados lo que hicieron fue darle a las pandillas su expresión contemporánea, pero no son los responsables de originar el fenómeno en el país.
NO SON FRUTO DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR
Hay otro mito. Muchas veces se suele atribuir el fenómeno de las maras a los efectos de la desintegración familiar sobre sus miembros más jóvenes. Esta tesis, frecuentemente sostenida en los espacios de opinión de los medios salvadoreños se asocia a otra: la “pérdida de valores” en la sociedad contemporánea. Se vincula el surgimiento de las pandillas a la incapacidad de las familias desintegradas para transmitir los valores “adecuados” o “correctos” a los jóvenes. Se asume a menudo que las madres solteras no son capaces de transmitir valores adecuados a sus hijos o que la ausencia del padre es, en sí misma, un antivalor, sin tener en cuenta las cualidades que tenga o no ese padre.
Es posible que, dentro de los procesos de desintegración familiar, existan factores que puedan eventualmente conducir a algunos jóvenes a integrarse a las pandillas. Sin embargo, los estudios realizados no ofrecen evidencia de que una madre que cría a sus hijos sola transmita valores “erróneos”. Lo que las investigaciones subrayan es la importancia que tienen las interacciones personales al interior del hogar, mucho mayor que la presencia en el hogar de todos los miembros de una familia “ideal”. Lo más importante no es contar con la familia ideal sino que la madre o el padre o ambos o los encargados de los jóvenes mantengan una relación constante y saludable con ellos y un monitoreo constante de sus actividades.
Una familia debidamente integrada, en la que existen niveles extremos de violencia en contra de los hijos suele ser un predictor mucho más frecuente de jóvenes pandilleros que una madre o un padre solos que proveen afecto y comprensión dentro del hogar. Una investigación realizada por el IUDOP encontró que los jóvenes cuyos padres suelen ser negligentes, los que usualmente no saben dónde están sus hijos, lo que están haciendo y con quiénes están, suelen tener un comportamiento más violento en el entorno escolar y fuera de él que los jóvenes que están siendo y se saben monitoreados por sus padres.
¿Y CUANDO FALTA EL PADRE?
Una investigación realizada por una periodista canadiense sobre las pandillas salvadoreñas en Los Ángeles muestra que la necesidad de subsistencia entre los migrantes lleva a los responsables familiares a mantener dos o más trabajos simultáneamente, lo que significa abandonar el monitoreo parental sobre los hijos y/o ejercer sobre ellos un control basado en métodos de violencia y de represión. Los jóvenes son dejados a su libre albedrío y encuentran en la calle y en la pandilla la familia que no tienen en sus propios hogares, al tiempo que huyen de la violencia ejercida por quienes debían protegerlos. Muchos jóvenes -y esto es aún más verdad entre las muchachas pandilleras, numerosas en El Salvador- enfrentan ambientes tan extremadamente violentos en su propio hogar que eso los impulsa a buscar protección en las calles.
Lo que más cuenta es la calidad del tiempo que los tutores dedican a los jóvenes y la calidad de las interacciones personales entre las personas que forman una familia, tenga ésta la estructura que tenga. Esto explica por qué no todos los jóvenes que viven sólo con la madre, el padre o un responsable se vuelvan pandilleros y por qué más de la cuarta parte de los pandilleros salvadoreños viven efectivamente con ambos padres, sin que su presencia haya evitado su integración a la pandilla.
Esto no quiere decir que cierto tipo de consecuencias de la desintegración familiar, como el recargo de responsabilidades en una sola persona, condicione la integración de los jóvenes a las pandillas. Según un estudio de UNICEF, la ausencia repentina, o desde siempre, de un miembro de la familia como el padre, puede recargar las tareas parentales sobre la madre, quien debe encargarse en forma solitaria del sostenimiento del hogar. Esto implicará sacrificio del tiempo dedicado a las interacciones con sus hijos -sobre todo en términos de calidad-, dejándolos fuera de su monitoreo.
¿QUÉ OPCIONES TIENE LA JUVENTUD MARGINAL?
Obviamente, no todos los jóvenes en condiciones de marginalidad extrema -sea cual sea su causa- son integrantes de maras. Muchos de ellos sobreviven, sin violentar la legalidad prevaleciente, pero al borde de la misma. Otros muchos, sin tatuarse ni estar integrados en pandillas, hacen lo que pueden -dentro y fuera de la legalidad- para conseguir el sustento diario. Para otros, la mara es una opción de vida, con todos sus riesgos.
Ningún joven marginal está condenado irremediablemente a ser parte de una pandilla juvenil. Creer tal cosa es absurdo. También lo es no tomar en cuenta que la mara es una de las pocas opciones de vida que tiene quien se ha criado en barrios y colonias marginales, rodeado de miseria y sin esperanza alguna de que su futuro pueda cambiar. Si se repara en sus otras opciones, no son mejores: limpiar parabrisas, vender dulces en la calle, acarrear bultos en el mercado o esperar a que una persona de buena voluntad le ofrezca algún trabajo temporal de lo que sea.
Ofrecer a los jóvenes marginados social, económica y culturalmente, posibilidades de realización personal y grupal es un desafío de primera importancia, si lo que se pretende es resolver este problema de forma integral. Crear esas posibilidades no es sencillo ni barato. Es más rentable políticamente perseguirlos y encarcelarlos, es decir, hacerlos objeto de la violencia estatal.
MANO DURA CON RESULTADOS BLANDOS
Cuando la primera fase del plan antimaras se encontraba a mitad de su implementación -mediados de agosto-, habían sido ya detenidos casi 900 pandilleros. La cifra “soñada” por Francisco Flores -mil detenciones-, cerca ya de alcanzarse, debía transmitir a la población la imagen de la eficacia inmediata de la “mano dura”. Pero la complejidad del problema es mayor que lo que se quiere hacer creer. El único logro real hasta el momento -tras descomunales operativos que han movilizado a buena parte de los efectivos de la PNC, del Ejército y de la Fiscalía General de la República- es que algún municipio viviera al menos veinte días seguidos sin lamentar ningún homicidio.
Por otro lado, cuando los capturados han pasado de las bartolinas a las manos de la justicia, los jueces no han tenido más opción que absolverlos por falta de pruebas y dejarlos libres. La mayoría de los arrestados han sido detenidos ilegalmente, sólo por el simple hecho de “parecer sospechosos” a los ojos de las fuerzas de seguridad. Hasta el momento las cifras resultan alarmantes: de cada diez mareros detenidos, siete han tenido que ser puestos en libertad, lo que es una muestra de la ineficiente labor policial, en la que abunda más el voluntarismo político de sus altos dirigentes que el deseo de realizar una verdadera labor profesional, exigente y respetuosa con la Constitución y las leyes.
PLAN ANTIMARAS VS. PRESUPUESTO PARA ALCALDÍAS
Si de ganar las próximas elecciones presidenciales se trata -y siguiendo la línea de argumentación del comunicado girado por el COENA a los alcaldes y directivos departamentales de ARENA-, los dos principales partidos políticos salvadoreños han presentado ya sus respectivos “temas ganadores”. En la cruzada para retener la Presidencia de la República y con el miedo de ceder el poder, el Presidente Flores y ARENA eligieron el combate a las maras. ARENA ha contrapuesto su plan antimaras al conocido plan del FMLN y de algunas organizaciones de la sociedad civil que reclaman dotar de mayores capacidades financieras y administrativas a las 262 municipalidades del país. En el debate pre-electoral, ARENA sigue la lógica -perversa desde todo punto de vista-, de presentar a quien favorezca el justo incremento presupuestario a las alcaldías del país no sólo como tolerante con el operar criminal de las maras, sino también como cómplice de sus delitos.
Flores concluye su gestión jugando doblemente sucio. Por un lado, le ha tendido la trampa al FMLN para que aparezca ante la opinión pública -sobre todo ante los más ingenuos- como el factor que impide que se elimine uno de los “tumores” sociales más temidos por la población. Por otro, utiliza irresponsablemente el miedo de los salvadoreños a las maras para sacar réditos electorales. Defender en estos momentos la asignación del 8% del presupuesto a las alcaldías podría acarrearle al FMLN un costo político si la campaña sucia del gobierno surte los efectos previstos por sus creadores.
SALIR DE “LOS TEMAS GANADORES”
El hecho de que circulen como moneda de cambio electoral “lemas ganadores” y no programas serios, integrales y responsables empobrece la incipiente cultura democrática salvadoreña. ARENA demuestra su agotamiento y su crisis de legitimidad al ofrecer más de lo mismo. Su creatividad se ha estancado. Sus hombres y mujeres pensantes parecen haber emigrado del partido desde hace tiempo y se ha impuesto la fuerza bruta que los conduce a reafirmar su vocación autoritaria y excluyente. El autoanálisis arenero que siguió a las pasadas elecciones no ha sido suficiente para superar viejos esquemas enquistados tras largos años de práctica.
La izquierda tampoco ha estado a la altura. Todavía no ha aclarado su discurso y sus promesas se desdibujan en el mar de la ambigüedad. Bien harían los efemelenistas en superar el esquema arenero de los “lemas ganadores” y presentar un programa de gobierno lo suficientemente claro, serio y responsable. De lo contrario, caerán en la trampa tendida especialmente para ellos.
LA AÑORANZA AUTORITARIA Y UN MIEDO JUSTIFICADO
La cruzada arenera antimaras parece encontrar un terreno fértil: la añoranza autoritaria, sentimiento que ha aflorado siempre en momentos trascendentales de la vida nacional. Desde los tiempos en que se introdujo el café en El Salvador, a finales del siglo XIX, hasta los años anteriores a los Acuerdos de Paz, viene floreciendo bajo varios ropajes: control y limpieza social, persecución política, racial e ideológica, represión militar o policial y, más recientemente, endurecimiento de las leyes e instauración de la pena de muerte. Algo de esto se percibe claramente en la ley antimaras presentada por Flores, deudor de esta tradición autoritaria.
La represión estatal se encuentra alimentada por el miedo generalizado de los salvadoreños. El tema del combate a las maras -medida oportunista y desesperada- amenaza con ganarle la partida a la oposición. El miedo está justificado. Las pandillas juveniles han sembrado mucho miedo con acciones delictivas que han cobrado vidas, no sólo de sus miembros, sino las de cientos de personas inocentes. Sin lugar a dudas, la prensa de derecha ha contribuido a sobredimensionar un fenómeno que no es más que una arista del complejo problema de la delincuencia y la violencia en El Salvador. Reducir su complejidad al problema de las maras dice mucho de la miopía gubernamental y de su oportunismo político.
UNA SOCIEDAD CON MIEDO
¿Acaso son posibles todavía las soluciones integrales a un problema tan complejo como la marginalidad juvenil cristalizada en las maras? ¿Tiene sentido aún hablar de problemas estructurales y de soluciones sostenibles en el largo plazo? El discurso gubernamental y el de los sectores más conservadores rechaza cualquier solución integral. De ahí que se haya optado por perseguir durante 180 días a los pandilleros y capturar a quienes a discreción de las autoridades parezcan potenciales criminales, aún sin entrar en vigencia la ley. En el fondo, se trata del mismo esquema autoritario y excluyente que reclaman los grupos dominantes, máxime cuando tambalean sus privilegios ante la posibilidad de la alternancia política.
El miedo de las clases dominantes a perder sus privilegios y el miedo de los salvadoreños pobres, indefensos ante la delincuencia y la criminalidad, alimentan los sentimientos y la añoranza autoritaria. Para la gente “de buenas costumbres” la ley es una oportunidad de deshacerse de elementos que no pasan de ser molestos: los mareros no llegan a pintar grafittis a sus casas, resguardadas por altos muros; tampoco asaltan a sus hijos, quienes no frecuentan las populosas colonias en donde operan las maras. A los más pobres, la mayoría de las veces en convivencia con los mismos pandilleros, el miedo les lleva a sacrificar hasta a sus propios hijos, los hijos del miedo.
VIOLENCIA E IMPUNIDAD
“Ante el Plan “Mano dura”, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) de El Salvador expresa lo siguiente:
-Que la violencia e impunidad que ahogan a la sociedad salvadoreña, constituyen un fenómeno grave que desborda los límites de la tolerancia y coloca a sus víctimas en una situación de impotencia y frustración.
- Que la batalla real contra la delincuencia en todas sus manifestaciones requiere de un conjunto integral de medidas que incluye la represión del delito -con todo el peso de la ley- y el correcto funcionamiento institucional, pero también la prevención y la rehabilitación. Ése es el verdadero y único camino para superar la impunidad que desde hace años favorece todo tipo de violencia en nuestro país.
-Que para ello, la legislación nacional vigente -incluida la que específicamente protege los derechos humanos- brinda las herramientas necesarias. Por tanto, no se necesita crear otras leyes especiales y temporales.
-Que para volver más ágil y efectiva la persecución del delito se deben considerar medidas inmediatas como la revisión del funcionamiento institucional para sus necesarias correcciones, la protección de testigos y la reparación para las víctimas. Hasta se pueden discutir ciertas reformas a la normativa penal o procesal penal, incluso en lo relativo a las penas, siempre y cuando estén técnicamente fundamentadas y sean parte de una estrategia más amplia e integral.
-Que el “ataque frontal a las maras” impulsado por el órgano Ejecutivo, trata de esconder las notables deficiencias del plan gubernamental iniciado hace casi cuatro años, la llamada Alianza por la Seguridad, cuyos promotores, durante ese largo período, no quisieron o no pudieron enfrentar en serio los actos delincuenciales cometidos por integrantes de esos grupos.
UNA SALIDA POPULISTA Y COYUNTURAL
-Que el plan “Mano dura” no es una solución real del problema. Es más bien, una salida populista coyuntural para hacerle creer a la población -mediante una costosa campaña publicitaria y la realización de redadas espectaculares- que la aprobación y aplicación de la ley de maras propuesta por el órgano Ejecutivo asegurará la tranquilidad en las comunidades. Es, pues, un engaño, similar a otros anteriores, que más adelante descubrirán en toda su dimensión las mismas comunidades victimizadas. El verdadero objetivo que persigue este plan se menciona en un documento secreto del Partido ARENA, conocido por un error de sus autores, y que textualmente dice: “El gran respaldo a esta iniciativa permitirá al partido llegar en las mejores condiciones a los votantes de todos los partidos.
LA META: Posicionar a ARENA frente a la opinión pública nacional como el partido más duro contra la delincuencia“.
-Que en la normativa especial y temporal propuesta -llamada “Ley Anti Maras”- se incluyen como delitos algunas conductas ya contempladas en el Código Penal, tales como el robo y la extorsión, sólo que el órgano Ejecutivo las llama de otra manera y las sanciona con menos años de prisión. Esto desmiente la “dureza” de dicha ley.
-Que de manera irresponsable el gobierno omite mencionar que los altos niveles de violencia y criminalidad en el país no se deben sólo a la existencia de pandillas. En buena medida, esta situación tiene que ver con su falta de voluntad para atacar estos males desde su raíz: combatiendo en serio la impunidad y la corrupción, mediante el correcto funcionamiento de las instituciones en el marco de un verdadero Estado de Derecho que trabaja por el bien común.
¿Y EL CRIMEN DE “CUELLO BLANCO”?
-Que en la iniciativa del Presidente del órgano Ejecutivo, Francisco Flores, queda claro que no se pretende atacar al crimen organizado de “cuello blanco” o “ensangrentado”: el generado por los que violaron derechos humanos hasta hace unos años y por los que después de la guerra han cometido tantos y tan graves delitos, entre los cuales destacan las ejecuciones de Ramón Mauricio García Prieto, Lorena Saravia y los hermanos Carías, o las muertes producidas por jóvenes criminales con recursos económicos en sus “carreras de carros” y los robos millonarios al pueblo salvadoreño, realizados por funcionarios como Carlos Perla. A los delincuentes pobres se les golpea con “mano dura” y a los delincuentes con poder se les trata con “guante de seda”.
LA LEY DE AMNISTÍA FORTALECIÓ LA IMPUNIDAD
-Que la impunidad no fue superada con el fin de la guerra. Al contrario, se vio fortalecida con la Ley de Amnistía a la cual se refirió Francisco Flores como la “piedra angular de la paz”. Muchas conductas delictivas en la actualidad, tienen que ver con el alto nivel de tolerancia gubernamental hacia los criminales de guerra en nuestro pasado reciente. Esto último fue señalado hace unos días por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Según el Comité, la Ley de Amnistía “impide que se investígue y se sancione a todos los responsables de violaciones de derechos humanos, y que se proporcione reparación a las víctimas”.
DE UNA VEZ POR TODAS
-Que para hacer viable el país es necesario, de una vez por todas, enfrentar el problema de la impunidad con seriedad y firmeza: atacando decididamente las causas del delito, reprimiendo fuertemente sus efectos y aplicando la ley con toda su fuerza y sin importar la procedencia de los delincuentes, a quienes el Estado debe -por obligación constitucional- respetar sus derechos y propiciar
su rehabilitación.
-Que el IDHUCA, al expresar sus observaciones sobre el plan “Mano dura” y proponer acciones más serias y responsables para enfrentar el fenómeno de la delincuencia cometida por integrantes de pandillas, no está contra el beneficio de la población salvadoreña. Por el contrario, de esa forma está confirmando su compromiso con tantas víctimas salvadoreñas que -además de sufrir por la violencia en el pasado y en el presente- han sido castigadas también con la mentira. Ésa ha sido la trayectoria del IDHUCA desde que fue fundado hace dieciocho años por otra víctima, el Padre Segundo Montes: ser fiel a la verdad y trabajar en favor de la justicia plena y sin distinción”.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica