Guatemala
Arduos esfuerzos por la institucionalidad
Las actitudes del Presidente Portillo le restan credibilidad a diario.
Y en el país siguen pesando y actuando "los poderes ocultos"
Sin embargo, la gente no ha dejado de resistir y de luchar
por la legalidad y la institucionalidad.
Juan Hernández Pico, SJ
El mes de marzo estuvo lleno de acontecimientos que manifiestan la hondura y gravedad de la crisis de las instituciones políticas y de las más importantes fuerzas económicas de Guatemala.
Una cadena de hechos gravesLa Corte Suprema de Justicia declaró que había motivos para levantar la inmunidad de 24 diputados del FRG, incluido el Presidente del Congreso General Efraín Ríos Montt para que el Ministerio Público investigue sus presuntos delitos y los tribunales penales instruyan el proceso. La Corte de Constitucionalidad aceptó rovisionalmente el amparo contra el artículo de la Ley de Régimen Interno del Congreso que suprime el "antejuicio" -el levantamiento de la inmunidad parlamentaria o desaforo- como causal para que los diputados "antejuiciados" abandonen los puestos que ocupan en la directiva del Congreso. Los cinco diputados de la directiva "antejuiciados" se negaron a hacerlo. La Corte de Constitucionalidad debe dirimir la cuestión. El Presidente y el Vicepresidente de la República acudieron al Congreso para solidarizarse con los diputados "antejuiciados".
Con mayor transparencia, pero con variable imparcialidad y acierto, fue electa la nueva Corte de Constitucionalidad, que ejercerá por un período de cinco años. La Superintendencia de Bancos intervino los Bancos Promotor y Metropolitano, cuyo accionista mayoritario es amigo del Presidente Portillo y financista de su campaña, de su casa y de su carro. En muy probable relación con tal intervención, presentó su renuncia el Ministro de Finanzas, siendo sustituido por el Ministro de Economía.
En Senahú (Alta Verapaz) fue linchado el Juez de Paz, mientras continuaban por todo el país los asesinatos de mujeres y los asaltos a bancos y blindados con valores. El tercer director de la Policía Nacional Civil en los 14 meses de la actual Presidencia renunció a su cargo. Y, después de varias intimidaciones y atentados a jueces de varias cortes y tribunales, comenzó el debate oral en el proceso por el asesinato del obispo Juan Gerardi. Ha sido un marzo muy denso.
Decisión histórica de la Corte SupremaEl 5 de marzo, y después de siete meses, la Corte Suprema de Justicia, declaró con lugar el "antejuicio" a 24 diputados del partido mayoritario del Congreso, el FRG, con el Presidente del Congreso y Secretario General del partido, General Ríos Montt, a la cabeza. La Corte tomó la decisión por doce votos contra uno después de once horas de debate. El magistrado que razonó su voto negativo había sido electo recientemente por el Congreso para cubrir una vacante y se le atribuyen simpatías eferregistas. La decisión fue comunicada a la prensa al filo de la medianoche. Con ella concluía el primer capítulo de la crisis surgida por la alteración clandestina de la Ley de Impuestos a las Bebidas Alcohólicas, el famoso "Guarogate".
Durante la mañana del 5 de marzo, día para el que había sido anunciada la decisión de la Corte, grupos del Movimiento Ciudadano organizaron un plantón más frente a la escalinata del edificio de la Corte. Por primera vez se vio a varios diputados de oposición integrarse a un acto cívico de este tipo, un índice de hasta qué punto el debate está impedido en el Parlamento. Una gran tortuga de cartón, símbolo de la lentitud de la justicia, fue ofrecida al funcionario de la Corte que, en nombre de los magistrados, pedía a los manifestantes bajar el volumen de la música. Por la tarde los magistrados discutieron con más quietud.
Trascendió que lo que les impedía llegar a una conclusión rápida fue la inclusión o no en el antejuicio del poderoso Ríos Montt. Sobre los otros 23 diputados no había dudas, pues sus firmas calzaban el "fondo de revisión" para modificar la ley, que nunca fue votado en sesión plenaria del Congreso. Pero el día que se aprobó la Ley luego tergiversada, el General Ríos Montt había abierto la sesión del Congreso retirándose diez minutos más tarde sin regresar después. El magistrado que votó contra la resolución mayoritaria argumentó que no se podía probar que el General hubiera tenido conocimiento, participación, influencia o vinculación en la comisión del delito. Finalmente, la Corte incluyó a Ríos Montt porque, como Presidente del Congreso, firmó la Ley tergiversada que fue publicada en la gaceta oficial.
La Corte no decidió si los diputados "antejuiciados" son o no culpables. Solamente decidió investigar las circunstancias en que fueron cometidos los delitos denunciados y la posible participación de los diputados. A los diputados ahora desaforados se los procesará por los delitos de falsedad material (2 a 6 años de cárcel), falsedad ideológica (2 a 6 años), violación de la Constitución (3 a 10 años), abuso de autoridad (1 a 3 años), incumplimiento de deberes (1 a 3 años) y ocultación y destrucción de pruebas (1 a 3 años). Las penas pueden sumarse, dando un total de entre 10-31 años de prisión. Todos estos delitos son excarcelables. Los 24 diputados, hasta ese día "ciudadanos fuera de toda sospecha", comenzaron a ser "honorables sospechosos".
Si hubiera ética...Todo este asunto podría haberse liquidado mucho más fácil y rápidamente si estos diputados tuvieran esa responsabilidad ética y esa honorabilidad que debe ser requisito para representar al pueblo en el Parlamento. Bastaría con que estos diputados se retiraran provisionalmente del Congreso y dejaran sus escaños a sus suplentes, exigiendo que el proceso discurra con la rapidez debida. Y si saben que lo que hicieron no tiene defensa legal y están convencidos de que abusaron de su autoridad, deberían renunciar definitivamente a sus escaños y dejarlos a sus suplentes. Así lo han hecho muchos políticos en otros países. Por ejemplo, el ex-canciller alemán Helmut Kohl, tantas veces electo por la gente, cuando se le descubrieron desviaciones ilegales de fondos para ayudar a las campañas de su partido. Así han tenido que hacerlo numerosos diputados y ministros de Estado en las más antiguas democracias occidentales y en Japón. Así tuvieron que hacerlo en América Latina el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, el brasileño Fernando Color de Mello y el peruano Alberto Fujimori. Los retrasos en hacerlo, las tozudas e irresponsables posturas de aferramiento a sus cargos, una vez surgida la sospecha con fuerte fundamento, sólo trajeron adversidades a las sociedades de sus países.
El "respeto a la ley " de Ríos MonttNo parece que vaya a ser este camino de dejarse doblegar por el peso de la responsabilidad ética el camino que vayan a seguir los diputados guatemaltecos sospechosos de delito. Hace ya varios meses que el Presidente del Congreso General Ríos Montt afirmó que no iba a repetir la "quijotada" de abandonar su puesto, como lo hizo cuando fue acusado en 1994. Después del fallo de la Corte Suprema, afirmó que, como organismo legislativo "estamos muy complacidos" por la resolución. Porque magnificaba dos aspectos: la independencia de poderes y el fortalecimiento de la democracia. "Si nosotros mentimos, si nosotros cometimos un abuso y una imprudencia, tendremos que ir a la cárcel," declaró, para añadir inmediatamente, contestando a otras preguntas: "¿Por qué dice usted que yo estoy implicado? A mí me implicaron, pero no estoy implicado, que es diferente."
Esta postura de "respeto a la ley" de Ríos Montt está minada desde hace mucho. Desde que, como Jefe de Estado Mayor en 1973, reprimió duramente y sin dialogar la rebelión por problemas de tierra de la comunidad indígena de Santa María en Jalapa. Desde que aceptó ser embajador en España en 1974 de manos del mismo gobierno que le despojaba ilegalmente, con fraude, de su triunfo electoral. O desde que en 1982-83, siendo Jefe de Estado de facto, instauró tribunales de fuero especial en los que, contra todo derecho, los reos no podían ver a sus juzgadores; y codiseñó, o al menos gobernó, con la estrategia de "fusiles y frijoles", que implicaba masacres brutales de población civil inerme, no por bombardeos sino cara a cara, sin juicio alguno y a veces por el solo hecho de vivir en territorio en el que la guerrilla accionaba, tal como ha sido documentado fehacientemente.
Los antecedentes de una persona influyen normalmente en cualquier proceso sobre su presunta actuación en un delito. Quien pudo asumir en su concepto de legalidad -en el mejor de los casos, aun si él mismo no lo ordenó-, que sus generales y oficiales de tropa mataran a mansalva y a veces con espantosa crueldad a numerosos grupos de guatemaltecos, no está lejos de poder asumir en su concepto de legalidad el procedimiento administrativo de corroborar con su firma la alteración de una ley fiscal hecha por los diputados de su partido.
Es sólo "una falta", es un caso "politizado"Quien fuera Vicepresidente del Congreso en el momento de la alteración de la ley de impuestos a las bebidas alcohólicas, Leonel Soto Arango, hoy secretario de la junta directiva del Congreso y vocero de ella, dio declaraciones a la prensa al día siguiente del fallo de la Corte, quejándose de que un medio de comunicación abusara de la libertad de expresión publicando 35 primeras planas sobre el caso, convirtiéndolo así "de jurídico en político". El periodista le preguntó: "¿Por qué es un abuso?". Soto Arango respondió: "Que se haya sobredimensionado un problema que no es de trascendencia nacional y no afecta a los intereses nacionales, nos hace creer que hay algún grupo interesado en crear un problema político cuando sólo llega a ser una falta", respuesta en la que dejó claro la falta de sensibilidad ética en el manejo del poder. En un país abrumado por la corrupción y la impunidad, este diputado considera que alterar una ley clandestinamente, sin someter su modificación al foro público del Congreso sino sumergiéndola inconsultamente en la gacetaoficial, es sólo "una falta."
El honorable diputado continuó negando que hubiera habido alteración. Y precisó: "En todo caso no se afectó ni al Estado ni a la ciudadanía con el hecho de honrar lo que se discutía en el Pacto Fiscal". Con estas palabras sí tocó el diputado uno de los fondos de la cuestión: en las discusiones sobre el seguimiento del Pacto Fiscal se hizo sentir la presión de los productores monopólicos de la cerveza y los licores para modificar la ley. En términos "brutos", la modificación de la ley iba a suponer más de 100 millones de quetzales menos de recaudación de impuestos por este rubro. En la mayoría de los países "avanzados" algunos de los impuestos más elevados son los que se aplican a los licores y al tabaco.
Puede ser que los diputados envueltos en este escándalo tengan que someterse a juicio. Eso dependerá de si el Ministerio Público hace un trabajo imparcial y rápido con la "investigación de las circunstancias en que fueron cometidos" los presuntos delitos. Se nombró ya al fiscal especial. Y ha sido ya sorteado electrónicamente, sin intervención de la Corte Suprema, a qué juez le corresponderá llevar el proceso. El juez elegido declaró que su juzgado tiene capacidad para llevar adelante el proceso y que no aceptará ninguna clase de presiones.
Una visita insólita e inconstitucionalAnte la inminencia y probabilidad de un fallo de la Corte Suprema contrario a su defensa, los diputados del FRG volvieron a legislar casuísticamente a favor de sus líderes en el Congreso. Habían concertado con los jefes de los diversos bloques legislativos la necesidad de reformar la Ley de Régimen Interno del Congreso en forma integral y global. Pero el 27 de febrero, en vísperas del temido fallo, introdujeron una enmienda para modificar el artículo 16 de dicha Ley. La enmienda suprimía como causal de vacante en un cargo de la directiva, y por consiguiente de nueva elección, el "antejuicio declarado con lugar". El objetivo era proteger a cinco diputados de la directiva actual del Congreso, incluido el general Ríos Montt, implicados en el "Guarogate", quienes, con esta enmienda no tendrían que renunciar a su cargo en caso de que les fuera adverso el fallo de la Corte. La oposición luchó por diez horas tratando de posponer la votación, con la expectativa de que el fallo de la Corte ocurriera antes de la aprobación de la enmienda. Finalmente, la aplanadora del FRG impuso la votación y se aprobó la enmienda. Cuando el fallo de la Corte sobrevino el 5 de marzo, a pesar del clamor de muchas organizaciones y personalidades de la sociedad civil para que los presuntos reos renunciaran a sus cargos en la directiva, ellos se aferraron a sus puestos "legalmente".
La Corte de Constitucionalidad tuvo que conocer del caso, tras una compleja batalla legal. En medio de esta crisis, el 22 de marzo aconteció algo insólito. El Congreso fue custodiado por la polícia, que prohibió la entrada a quien no fuera personal administrativo o legislador. El vocero de la Junta Directiva, diputado Soto Arango, informó que se quería evitar la ocupación del Congreso y protegerlo para una visita presidencial. El Movimiento Ciudadano se vio así impedido de entregar a los directivos "acogidos a la enmienda" una carta solicitándoles su renuncia. A mediodía llegaron al Congreso el Presidente y el Vicepresidente de la República y convocaron una conferencia de prensa con el Presidente del Congreso Ríos Montt. Éste abrió la Conferencia diciendo una vez más: "No estamos violando ninguna ley. Nos hemos sujetado a lo que la Ley de Régimen Interior establece y nos mantenemos dentro del concepto de un Estado constitucional de Derecho." Ríos Montt no volvió a hablar durante la conferencia.
"Mi visita aquí -expresó el Presidente Portillo- es para manifestar mi solidaridad al Presidente del Congreso, a la Junta Directiva y a los diputados de la bancada de nuestro partido por los momentos que se están viviendo... No tenemos por qué alarmarnos. Lo que vivimos no es más que la consolidación del Estado de Derecho y de la democracia." La visita de Portillo y sus palabras fueron señales de la falta de independencia de los poderes del Estado, y constituyeron una ruptura pública con la Corte de Constitucionalidad. Contrariaron también la Constitución, que veda al Presidente y al Vicepresidente favorecer a partido político alguno. Cuando le preguntaron sobre si su visita estaría violando la Constitución, Portillo respondió: "Que sean los tribunales los que decidan, no yo."
Un atentado reveladorLa visita del Presidente y del Vicepresidente al Congreso embrolló mucho más las cosas y constituyó una doble autoherida a la ya vacilante credibilidad de ambos políticos. El 23 de marzo la Presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Concepción Mazariegos, sufrió un atentado en su propia vivienda, baleada repetidas veces a pesar de la seguridad que existe en el condominio en que vive. El Presidente de la República había viajado a México para visitar a su hija mayor. No regresó inmediatamente. Asombrosamente, no fue el Vicepresidente de la República quien visitó a la Presidenta de la Corte para expresarle su solidaridad, sino simplemente el vocero presidencial. Era evidente que quienes atentaron en forma intimidatoria contra la residencia de Mazariegos, asumieron que la visita de solidaridad del Presidente y Vicepresidente al Presidente del Congreso y a la Junta Directiva había dejado en claro de parte de quiénes estaban.
En un lenguaje violentamente simbólico, el de las balas, sólo estaban reafirmando tal parcialidad, aprovechándose de la confusión introducida en el país por gobernantes dotados de imprudencia al más alto de los niveles.
Corte de Constitucionalidad: positivo expedienteEl atentado contra la Presidenta de la Corte de Constitucionalidad puso de relieve lo que estaba en juego en la elección de la nueva Corte. Cuando uno va analizando la actuación de la Corte de Constitucionalidad en estos últimos diez años, no es difícil llegar a la conclusión de la importancia que ha ido cobrando esta suprema institución del Estado de Derecho en Guatemala durante el período de la transición democrática. El Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría de los Derechos Humanos, y la Corte de Constitucionalidad fueron, en mayo de 1993, las instituciones del Estado que, por vez primera, se atrevieron a oponerse a un golpe de estado -el "serranazo"- que aparecía bendecido por el Ejército. La Corte de Constitucionalidad se negó a aceptar su suspensión por decreto presidencial y tomó la iniciativa de declarar inconstitucional las acciones del Presidente Serrano y nulos todos sus actos, declarándolo incluso sin derecho a su cargo. Naturalmente, la Corte actuó en un contexto en que el rechazo inequívoco y drásticamente efectivo al "serranazo" por parte de los Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional ya se había producido. Pero esto no quita valor a su actuación, sobre todo cuando se analiza en contraste con la de la Corte Suprema de Justicia, que aceptó su disolución y permitió la juramentación de una nueva Corte "serranista", mientras el Presidente de la Corte disuelta, ya depuesto, abandonaba el país.
Elección de nuevos MagistradosEl Movimiento Pro Justicia, liderado por Helen Mack, Ana María de Klein, Eleonora Muralles, entre otros, quiso lograr que las candidaturas para la nueva Corte se hicieran públicas antes de la elección, para que así se pudiera apoyar desde la sociedad civil a candidatas y candidatos con la mayor honorabilidad, profesionalismo e imparcialidad política posibles, así como cabildear en su favor y en contra de otras candidaturas dudosas, y para que todo el proceso adquiriera una transparencia institucional que contribuyera a disipar cualquier sombra de corrupción. Se temía que el gobierno y el FRG pretendieran una Corte parcializada a su favor, buscando así detener el importante control sobre el Estado que la Corte garantiza.
A lo largo del mes de marzo fueron siendo electos los miembros de la nueva Corte. La primera en elegir fue la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Fueron electos, como titular, el Subprocurador General de la Nación, Juan Francisco Flores, quien fue también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Carlos, y como suplente Carlos Enrique Luna, que ha trabajado en el Tribunal Supremo Electoral, en el Registro de la Propiedad y ha sido decano de la facultad de Derecho de la Universidad Landívar. En el Movimiento Pro Justicia hubo satisfacción por la elección y también por la derrota del candidato Enrique Franco, a quien se le conocía partidismo por el FRG y que organizó una gran feria de votos.
A continuación, eligió el Consejo Superior Universitario de la San Carlos. Como titular eligió, por 23 votos contra 18, a Cipriano Soto Tobar, ex-decano de la Facultad de Derecho de la USAC y actual director de su Bufete Popular. Para el Movimiento pro Justicia fue un golpe. Había denuncias serias de que Soto Tobar vendía exámenes y ponía precio a la entrega de certificados de servicio social. Pruebas de esto son difíciles de obtener pues quien las diera puede perder el título mal habido. Como suplente, fue electa Gloria Melgar de Díaz, asesora jurídica de la USAC. El candidato de Pro Justicia, Wilfredo Valenzuela, ya de edad, quedó muy atrás en la votación.
Eligió después la Corte Suprema de Justicia. Por 9 votos contra 4 eligió como titular a Rodolfo Rohrmoser, diplomático, y como suplente, por 8 contra 5, a Carlos Reynoso, ex-Ministro de Gobernación. El Movimiento Pro Justicia se mostró satisfecho con esta elección.
A continuación eligió el Congreso, es decir el FRG y los tres partidos que lo apoyan y que tienen un diputado cada uno, entre ellos el socialcristiano y ex-Presidente, Vinicio Cerezo. La oposición mayoritaria (PAN, Unionistas, Unidad Nacional de la Esperanza de Alvaro Colom, y la ANN) no participó en la elección en señal de rechazo a la negativa de la Junta Directiva de renunciar a sus puestos. El Congreso eligió como titular al poco conocido Nery Dighero, juez de instancia civil, y como suplente al abogado Francisco Palomo, uno de los abogados defensores de los 24 diputados del FRG desaforados.
Finalmente, el Presidente de la República, habiendo consultado a sus ministros, eligió como titular a Guillermo Ruiz Wong, ex-juez y ex-Ministro de Gobernación en los siete primeros meses del gobierno de Portillo, y como suplente a Romeo Alvarado Polanco, ex-decano de Derecho de la USAC y ex-magistrado de la Corte Suprema de Justicia que claudicó en el "serranazo."
La aritmética de la nueva Corte de ConstitucionalidadUna aritmética que puede no decirlo todo, permite pensar que entre los miembros titulares hay dos que pueden ser más independientes (Rohrmoser y Flores) y tres que pueden serlo menos (Soto, Ruiz y Dighero), mientras que entre los suplentes la cuenta podría ser al revés: tres más independientes (Luna, Melgar y Reynoso) y dos menos (Palomo y Alvarado). Palomo afirma que se excusará de conocer los casos en que se vea involucrado el FRG.
El Movimiento Pro Justicia se siente satisfecho de haber logrado sus objetivos más estructurales de dar publicidad a las candidaturas, exponer los currículos de vida y reclamar transparencia en la elección. Pero evidentemente, siente que aunque luchó una buena batalla no obtuvo un triunfo con las personas electas. Sin embargo, no da por perdidos sus esfuerzos, porque considera su papel como de continua vigilancia sobre las instituciones y en particular sobre la Corte de Constitucionalidad.
"Los bancos gemelos" del amigo presidencial De casi tanta importancia como los acontecimientos legales y jurídicos en torno al Congreso y al Poder Judicial, fue la intervención, en marzo, del Banco Promotor y del Banco Metropolitano, los llamados "bancos gemelos", porque en ambos es accionista mayoritario Francisco Alvarado MacDonald, amigo y financista del Presidente Portillo. Aparentemente, estos bancos venían presentando problemas semejantes a los que causaron su intervención en 1998, durante el gobierno de Alvaro Arzú. Haberlos dejado gastando dinero del Estado, que es dinero de los contribuyentes, sólo ha hecho que el problema alcanzara dimensiones muy considerables para un presupuesto y unas reservas del reducido tamaño de las de Guatemala.
Desde febrero de 1999 hasta enero del 2000 el estatal Banco de Guatemala (Banguat) había prestado a los "bancos gemelos" 240 millones de quetzales. Entre enero y marzo del 2000 les prestó 454.4 millones. Y en bancos con tan graves problemas diversas dependencias del Estado depositaron desde enero del 2000, 700 millones de quetzales. El Viceministro de Vivienda contrató con estos bancos dos fideicomisos, cada uno de 200 millones de quetzales, y lo hizo ilegalmente porque sólo el Ministro puede realizar un contrato así. La Presidencia de la República depositó en los dos bancos 145 millones. Hubo también depósitos del Ministerio Público, del Instituto Guatemalteco, del Seguro Social, del Fondo de Inversión Social, de la Superintendencia de Administración Tributaria, y hasta del Instituto de Fomento Municipal. Y a pesar de tantas evidencias, los contralores del sistema financiero esperaron todavía doce meses más hasta decidir la intervención.
"Había que pagar una factura"El mismo Contralor de la República, Marco Tulio Abadío, afirmó, según "Siglo XXI", que el retraso en la intervención se explicaba porque "había que pagar una factura". ¿Se referiría a los desembolsos de Alvarado MacDonald para la campaña electoral de Portillo? El Contralor dijo también que no era mayor problema que la Presidencia hubiera invertido en estos dos bancos, que todo era un escándalo político sin sentido, y que nadie hubiera dicho nada si hubiera invertido en el Banco Industrial o en el Granai & Townson, por ejemplo. La única diferencia es que los dueños de estos bancos no son amigos del Presidente Portillo ni sus bancos están en problemas de ninguna clase.
Préstamos y regalos para delincuentesLa Junta Monetaria definió como "graves irregularidades administrativas y financieras" las causas que provocaron la decisión de intervenir los "bancos gemelos". El problema más importante parece ser que Alvarado MacDonald usó los fondos con los que el banco de Guatemala apuntaló a sus maltrechos bancos para prestarlos a otras empresas suyas y realizar pingües negocios. Entre ellos, la compra de varias empresas de importación y distribución de vehículos y repuestos Mercedes Benz. Los interventores lo acusan de "estafa mediante informaciones contables". "Los bancos gemelos" se excedieron en lo que se llama "sobregiros", préstamos de gran volumen sin garantías seguras pero a un plazo de muy pocos días, a veces sólo de 24 horas. También se excedieron en préstamos "vinculados", los que se hacen a los mismos accionistas o a sus empresas. Como consecuencia, los "bancos gemelos" vieron deteriorarse sus carteras -renegociando, prorrogando y refinanciando los mismos créditos una y otra vez- y disminuir su propia rentabilidad. Finalmente, y en repetidas veces, quedaron en déficit de encaje legal con el Banguat. A última hora, la gota que hizo rebalsar el vaso fue precisamente el encaje.
El Presidente del Banguat y de la Junta Monetaria que ordenó la intervención en base al informe de la Superintendencia de Bancos, aclaró en entrevista a la prensa varios puntos: informó de lo que se había decidido al Presidente Portillo, quien respetó la independencia de la Junta Monetaria; reveló que los "bancos gemelos" habían puesto en peligro la estabilidad del Crédito Hipotecario Nacional -estatal- que les "fondeó" 160 millones de quetzales el 1 de marzo, víspera de la intervención; confirmó que los dos bancos nunca cumplieron los programas de reestructuración impuestos por el Banguat como condición de sus préstamos de ayuda; y confirmó las informaciones de la prensa, sobre todo la investigación de "Siglo XXI", que documentó que el 90% de su cartera de préstamos estaba vinculada, "lo que significa que los recursos del público y los 700 millones que el Estado puso en estas entidades fueron prestados a los mismos accionistas y administradores".
Un rescate muy costosoLa solución de la Junta Monetaria ha sido muy controvertida. Mucha gente afirma que la intervención es, en el fondo, un premio a la picardía de los banqueros de estos bancos. Que a la larga la quiebra habría sido mejor que la defensa de los cuentahabientes. Otros, entre ellos peritos como el economista Pablo Rodas, destacan el efecto que esta intervención seudofinanciada va a tener en la tasa de inflación, pues los 900 millones inyectados por el Estado para rescatar los bancos gemelos al mismo tiempo que eran intervenidos para responder así a los cuentahabientes -después fueron más de 1,200-, son un dinero inorgánico sin respaldo.
Además, el Banguat perderá capacidad de manejar la política cambiaria, monetaria y crediticia. "Más sano habría sido si el dinero hubiera procedido de los impuestos", que son dinero real.
La ley sigue siendo desigualEl Ministerio Público se movió rápidamente en el caso de la intervención del Banco Empresarial, dos de cuyos propietarios o directores están ya en prisión. No actuó así en el caso de los "bancos gemelos", donde no hay todavía más que orden de arraigo para impedir la salida del país de los posibles acusados. Están arraigados, entre otros, Alvarado MacDonald, sus dos hijos, su hermano, y una persona de apellidos tan conocidos en Guatemala y El Salvador como Rodolfo Neutze Aycinena. El Grupo Política y Poderes de "Prensa Libre" informó que el 1 de marzo el Presidente del Banguat y el Superintendente de Bancos se reunieron en Casa Presidencial con Francisco Alvarado MacDonald, sus dos hijos -que son funcionarios de la Presidencia-, el hijo del Vicepresidente de Guatemala y representante del Congreso en la Junta Monetaria, y los Ministros de Finanzas y Economía. Se trató de buscar salidas a la crisis bancaria y se llegó a la convicción de que era inevitable la intervención. Inmediatamente después de la intervención, el 2 de marzo, el Presidente Portillo declaró que todo eran "cosas del saneamiento". Se hizo evidente una vez más que los medios están haciendo en Guatemala un notable trabajo de periodismo de investigación, dificultando la mentira pública.
Un gabinete sacudido El 1 de marzo, un día antes de la intervención, el Ministro de Finanzas Manuel Maza Castellanos presentó su renuncia y fue rápidamente sustituido por el Ministro de Economía Eduardo Weymann. Maza, funcionario público desde los tiempos de Ríos Montt, ha sido vinculado con generales retirados como Callejas, que ejercieron un dominio proverbial de muy dudosa honradez sobre las aduanas del país y que nadie se extrañaría de encontrar entre "los poderes ocultos" que gobiernan Guatemala si se pudiera hacer una investigación a fondo sobre ellos. Probablemente, de él ha dependido el mal manejo oficial del Pacto Fiscal, así como las decisiones o al menos los planteamientos sobre las colocaciones de fondos del Estado en los "bancos gemelos". Es evidente que su poder quedó minado con la intervención de éstos.
"La brecha entre ricos y pobres es obscena"Eduardo Weymann es un economista respetado, a quien se le atribuyen los mejores intentos del Presidente Portillo -por desgracia no llevados hasta el final- de luchar contra los monopolios. Entrevistado por "Siglo XXI" horas antes de asumir el Ministerio de Finanzas a propósito de la reducción arancelaria, expresó su objetivo de "forzar a los monopolios y oligopolios a competir". Manifestó su convicción de tener "un mandato popular" y dijo que "la gente está cansada de los monopolios que han hecho del Estado su sirviente y lo han debilitado". "El ministerio tiene 56 años -dijo- y por él han pasado 51 ministros, porque cuando había lucha de poderes económicos se pedía que cambiaran al ministro". Y caracterizó así la realidad y su metas: "Antes los ministros iban a las oficinas de los empresarios para ver qué hacían, hoy los empresarios vienen a preguntar cómo se ajustan a nuestras decisiones. No estamos al servicio de nadie."
Indicó que no tiene pruebas para acusar al sector empresarial de estar detrás de los rumores de golpe de Estado, aunque no lo descarta, porque "esto tiene lógica en un país de anticompetencia y antipago de impuestos". Finalmente, insistió en que hay que proteger al consumidor. "La distribución de ingresos -añadió- es una pirámide muy afilada en Guatemala y la brecha entre ricos y pobres es grotesca, obscena, diría yo. Aquí existe una oligarquía que ha hecho de este país algo peor que una finca." Palabras realmente insólitas en un ministro en Guatemala.
Un nuevo movimiento de alianzaMientras el gabinete de Portillo se ha visto sacudido, lo que no necesariamente no sería negativo para el equipo del Presidente Portillo si él mismo se decidiera a gobernar sin pagar facturas a nadie más que al pueblo de Guatemala, se está gestando un movimiento de alianza entre el Movimiento Ciudadano, grupos pro derechos humanos, otros grupos populares, el CACIF empresarial y diputados de la oposición. Sus exigencias son subrayadas con ritos de luto por la democracia.
El primer objetivo es lograr que el FRG en el Congreso se someta a la ley y admita la necesidad de dialogar sus posiciones. Las metas y las actuaciones recuerdan las de la Instancia Nacional de Consenso que tomó cuerpo durante el "serranazo", pero que no tuvo después una organización duradera, en parte porque al CACIF dejó de interesarle. Es importante considerar que al inicio de la crisis surgida alrededor de la alteración de la Ley de Bebidas Alcohólicas, los monopolios empresariales exigieron impuestos menores a la cerveza y los licores y el CACIF amagó con retirarse de las discusiones sobre el Pacto Fiscal. Sin embargo, esta posición no debe significar excluir a los empresarios de la alianza y del diálogo actual. Sí significa tomar las cosas en serio, ser conscientes de las diferencias y estar dispuestos a negociar sin muchas ilusiones, aunque con prioridades articuladas para que al final no se acabe negociando sobre nada.
Se abre el debate oral por el asesinato del obispo Gerardi El día 23 de marzo comenzó al fin el debate oral en el proceso sobre el asesinato del obispo Juan Gerardi. Está acusado de asesinato el sacerdote Mario Orantes y de ejecución extrajudicial el Coronel retirado Byron Disraeli Lima Estrada, ex-director de Inteligencia Militar en los 80, su hijo el Capitán de Estado Mayor Presidencial, Byron Miguel Lima Oliva, y el especialista militar, ex-guardaespaldas del Presidente Arzú, Obdulio Villanueva. La cocinera del obispo, Margarita López, está acusada de encubrimiento.
Varios jueces encargados de este proceso han ido renunciando después de haber sido amenazados. El fiscal Ardón fue tan reclamado por su parcialidad en no querer investigar la motivación política del crimen, que tuvo que renunciar. Su sucesor Galindo avanzó mucho en la motivación política, pero tuvo que exiliarse por amenazas contra su vida.
Seis de los mendigos que durmieron en el Parque de San Sebastián, frente a la vivienda de Gerardi donde se cometió el crimen, han sido asesinados. Otro de ellos, Rubén Chanax Chontay, testigo principal, se exilió en los Estados Unidos después de haber dejado su declaración como prueba adelantada.
Diversos tribunales han tenido que conocer recursos de amparo, recusaciones de jueces y fiscales, y otra serie de procedimientos que, en muchas ocasiones, sólo pretendían retrasar el proceso. Por ello, han sido rechazadas por los tribunales como "frívolas e impertinentes".
En una entrevista con "El Periódico" el 11 de marzo, Lima Oliva declaró que harían lo posible para que el debate oral no se celebrara coincidiendo con el tercer aniversario del asesinato de Monseñor Gerardi, el 26 de abril, intención que parece inviable porque el debate no puede terminar antes del mes de mayo. Lima Oliva dio a entender que cree ser "chivo expiatorio" y a ratos parecía reclamarle por ello al Ejército en forma bastante clara.
Intimidaciones, amenazas y resistenciaTres jueces componen el Tribunal Tercero de Sentencia: el presidente Eduardo Cojulún, y las vocales Amanda Guzmán e Iris Jazmín Barrios. La jueza Barrios tiene en su currículum la condena a muerte de cinco integrantes de una banda de secuestradores por secuestro con asesinato, la condena a prisión de altos funcionarios del gobierno de Ramiro de León por el homicidio de un estudiante universitario, y a su cargo está también el expediente contra tres altos militares acusados de la autoría intelectual del asesinato de Myrna Mack. Barrios sufrió una intimidación cuando dos jóvenes atléticos con cabeza rapada se introdujeron en el jardín de su casa la noche del 19 de marzo, huyendo cuando pasó por delante de la casa una radiopatrulla policial.
El 21 de marzo elementos desconocidos arrojaron dos granadas al patio trasero de su casa a la hora de la cena con notable susto para su familia. "Estoy molesta e indignada porque en Guatemala se sigan tomando estas medidas intimidatorias que sólo nos hacen retroceder a una cultura de violencia", dijo Barrios, que afirmó que continuará en el caso Gerardi siempre y cuando las autoridades le garanticen su integridad física y la de su familia. Por su parte, el juez Cojulún recibió una esquela anónima que decía: "Y dijo el Señor: Volveré y os llevaré conmigo para que estéis donde yo esté." El Fiscal Leopoldo Zeissig ha recibido también numerosas amenazas contra su vida. La Asociación de Jueces y Magistrados suspendió sus labores, juicios incluidos, por 20 minutos el 23 de marzo. Sus miembros vistieron de luto en solidaridad con sus colegas amenazados.
Al debate oral han sido llamados como testigos más de cien personas. Entre ellas, el ex-Presidente Arzú, el ex-Ministro de la Defensa Espinoza, el ex-Jefe de Estado Mayor Presidencial de Arzú General Rudy Pozuelos, el ex-Canciller de la curia arzobispal Monseñor Efraín Hernández y su sobrina Lucía Escobar -ambos acusados por los militares reos de haber participado en el crimen-, Helen Mack, etc., etc. envío escribirá ampliamente sobre las incidencias de este juicio.
El peso de una herencia El reconocido sociólogo guatemalteco Edelberto Torres Rivas completó acertadamente el análisis de la cadena de hechos críticos de este mes de marzo, señalando que "el sentido común de la gente la lleva a creer que todas las situaciones que se desencadenaron en los últimos días son partes de un solo problema: el mal gobierno del Presidente Portillo, pero en realidad, algunos problemas son heredados. "¿Cuál es esa herencia, que tanto pesa aún? "Los últimos gobiernos vienen de sectores muy conservadores, con una visión limitada, y es por eso que la democracia no se desarrolla."
|
Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica