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Nicaragua
Privatizar: ¿a favor de quién?
Está claro que la privatización de las empresas estatales será pieza clave del programa económico del gobierno UNO.
Tan clave como lo es en los programas de ajuste impuestos por el FMI a los países latinoamericanos. La privatización es una de las condiciones de Estados Unidos para facilitar ayuda económica al nuevo gobierno.
Equipo Envío
Ya en mayo, el gobierno chamorrista emitió el decreto 11-90 primer paso del proceso de privatización en el que se establecían los procedimientos para devolver a sus antiguos dueños propiedades que les hubieran sido confiscadas por el gobierno revolucionario. De inmediato, los trabajadores que han dedicado 10 anos de su vida a hacer productivas muchas de estas propiedades se organizaron para reclamar que fueran privatizadas, pero a su favor, que pasaran a ser de su propiedad. Como argumento a favor de este reclamo presentaron sus miles de horas y días de trabajo voluntario de fondo, sentía sobre todo, la necesidad de mantener los beneficios sociales que obtuvieron trabajando en la propiedad estatal revolucionaria.
Las luchas variaron de empresa a empresa, pero se ha mantenido una estrecha unidad para presentar propuestas comunes. Recientemente, la Central sandinista de trabajadores (CST) anunció su decisión de reclamar una privatización plena en favor de los trabajadores de 82 de las empresas estatales urbanas. En algunas empresas estatales los trabajadores luchan solo por una parte de la empresa y e otras, los sindicatos pro gobiernistas han llevado adelante la batalla para que las empresas sean devueltas a sus antiguos dueños.
El tema de la privatización a favor de los trabajadores desata un candente debate ideológico en torno a las consecuencias y a las contradicciones que generaría la transformación de los obreros en empresarios. En Nicaragua este debate teórico aborto muy pronto por las exigencias concretas que planteaba el concreto momento histórico que estaba dejando a los trabajadores una sola alternativa luchar por preservar los derechos conseguidos con la revolución.
¡A la toma de empresas!A comienzos de agosto/90 las juntas directivas de 7 fábricas de las que se rumoraba serían privatizadas, presentaron al gobierno una posición común frente a la privatización y frente al decreto 11-90. Como no recibieron respuesta, elaboraron otro documento, detallando las condiciones en que habían recibido las fábricas de sus antiguos dueños en el momento en que estas fueron confiscadas, la contribución hecha por los obreros durante los anos revolucionarios para reconstruirlas y mantenerlas y el estado actual de las industrias.
La única respuesta del gobierno fue el anuncio hecho el 16 de septiembre de que 16 empresas estatales serían devueltas a sus antiguos dueños. Entre ellas estaban 4 de las que habían sido estudiadas en ese informe. Después de tomar y anunciar su decisión el gobierno ha devuelto o intentado devolver otras fábricas pero de forma mas discreta a la par que postergaba el anuncio de devolución de otras 300 propiedades urbanas o rurales, esperado para enero/91. El retraso ha sido una clara respuesta a la lucha que llevan adelante los trabajadores desde hace meses. Según Leonidas Pulido, Secretario de la federación alimenticia de la CST de Managua, las 82 empresas estatales urbanas que demandan los trabajadores sean privatizadas a su favor fueron seleccionadas sobre un total de mas de 400 en base a que sus condiciones reales desde el punto de vista político organizativo y económico permitían a los trabajadores luchar por ellas con verdaderas perspectivas.
Entre 11 empresas estatales privadas y mixtas integradas en su federación Pulido señala que la lucha por una total privatización a favor de los trabajadores cuenta con el apoyo abrumador del 95% de los trabajadores en 3 empresas estatales todas económicamente viables. En una de las empresas mixtas los trabajadores decidieron luchar por el 30% de la propiedad.
En varias de las 16 empresas que se anunció serían devueltas y en otras que están amenazadas por el decreto 11-90 los trabajadores participan activamente para impedir su devolución y en 5 de ellas se mantiene ocupando las instalaciones. Entre ellas, la industria El Caracol (café y cereales) una de las integradas en la federación alimenticia es el mejor caso para estudiar esta conflictiva situación. El laboratorio, como dice Pulido.
Todos los ojos puestos en El CaracolUna vez dentro de las instalaciones de El Caracol que abre sus puertas únicamente a los que tienen un permiso especial se percibe un ambiente entusiasta y amistoso, a pesar de los evidentes problemas económicos que la industria esta enfrentando. Desde el 25 de septiembre los trabajadores esta e guerra abierta con la antigua dueña Magelda Campos. Ese día llego ella a la fabrica a reclamarla, basándose en la decisión hecha publica por el gobierno nueve días antes. Según Pulido los trabajadores la invitaron a entrar y la escucharon, pero le dijeron que abandonara sus intenciones. Estaban a la espera de obtener respuesta a los documentos que habían presentado al gobierno el antiguo director de la empresa y otros ocho trabajadores apoyaron a Campos y se fueron de la fabrica con ella.
Desde el 26 de septiembre El Caracol quedo bajo control de los obreros que se ha turnado día y noche para vigilar la fabrica mientras continuaban produciendo. En seguida los obreros crearon una junta directiva para resolver los problemas que se fueran presentando y para elaborar la tácticas y la estrategia. La junta esta integrada por representantes sindicales un asesor legal un asesor económico y los administradores que se pusieron de parte de los trabajadores. En octubre, esta junta directiva, unida a las de otras cinco fábricas solicito y obtuvo un recurso de amparo que detenía la decisión gubernamental a la espera de una decisión de la corte suprema de justicia. Hasta que la corte se pronuncie, Campos no tiene aun derechos sobre su antigua fabrica.
Pero la antigua dueña de El Caracol ha llevado adelante una organizada campaña contra los trabajadores. Con una copia de la resolución gubernamental en sus manos, corto la línea telefónica de la fabrica congelo sus cuentas bancarias que eran de unos 85 mil dólares corto la energía eléctrica de la empresa la que fue restablecida 24 horas después por los trabajadores con el recurso de amparo e intento que los insumos comprados en mayo cuando ella no tenía aun ningún reclamo legal sobre la empresa no fueran entregados a la fabrica en el mes de octubre.
Cuando los trabajadores de el caracol llegaron a la aduana para transportar estos insumos provenientes de Costa Rica, Campos había sacado ya, a su propio nombre, los suministros, pero en el momento en que los cinco camiones salían de almacén, los obreros saltaron dentro de los vehículos dirigiendo hacia El Caracol a los conductores de los camiones, algunos de los cuales ya habían trasladado insumos a la fabrica en años anteriores. Cuando Campos se dio cuenta de lo que estaba pasando coloco su vehículo frente a los dos últimos camiones tratando de impedirles el tránsito por la carretera.
Por fin, cuando los cinco camiones lograron llegar a la fabrica los obreros volvieron a la aduana para legalizar el envío mostrando el recurso de amparo. Mientras, Campos los había denunciado a la policía exagerando burdamente lo ocurrido y los obreros fueron apresados acusados de haber asesinado a los camioneros. Fueron liberados esa misma noche después de una conversación directa con el Ministro de gobernación, Carlos Hurtado.
La siguiente estrategia de Campos fue boicotear la empresa intentando convencer a los abastecedores para que no vendieran materia prima a El Caracol y a los compradores para que no adquirieran sus productos. Un importante cliente extranjero fue convencido por ella y bloqueo el pago de 20 mil dólares que tenía pendiente por compras anteriores negándose a hacer nuevos pedidos hasta que el problema laboral fuera resuelto.
Una de las principales estrategias de los trabajadores ha sido la solidaridad. Las cinco empresas tomadas por los trabajadores se han mantenido en estrecho y continuo contacto intercambiando experiencias y dándose una a la otra el máximo apoyo posible. El 26 de enero los trabajadores el Caracol se trasladaron a Granada para apoyar a los trabajadores de la jabonería Prego, después de que la policía les dio orden de desalojar la fabrica. Unos días después, los sindicalistas de la Prego visitaron café el mejor también tomado por los obreros para contar lo que había ocurrido y compartir información.
Además todas las empresas en conflicto ha mantenido estrecho contacto con otros sectores sociales de la ciudad que les apoyan y con la cooperativas agrícolas cercanas. Los trabajadores de el caracol se ha acercado a unas 228 familias que viven e u extenso terreno de Managua que perteneció a la familia Campos y que fue confiscado por el gobierno revolucionario. Estas familias saben que si el caracol pierde su batalla, ellos también la perderán. Los lideres sindicales no esperan que este conflicto se resuelva en los tribunales que tenían un plazo de 17 días para tomar una decisión y que tres meses después no habían tocado el asunto. Ramiro Alvarez, nuevo director de el caracol, elegido por los trabajadores, dice que los tribunales no quieren tocarlo porque preferirían que se llegara a una solución negociada. Una decisión a nuestro favor, dice, seria una puñalada al decreto 11-90 y una decisión a favor de la dueña significaría u enfrentamiento muy fuerte.
La junta directiva de la empresa no esta convencida de que el 100% de esta quede como propiedad de los trabajadores y esta dispuesto a negociar. Solo reclaman que el gobierno reconozca los derechos adquiridos por los trabajadores sus 72 mil horas de trabajo voluntario y los tres meses sin pago que los trabajadores pusieron en 1981, las deudas que la antigua dueña tiene con ellos y el valor de la nueva maquinaria que se fue adquiriendo a lo largo de estos anos y que permitió que la fabrica duplicara la producción sobre los niveles que tenía al momento de su confiscación.
Ellos alegan que Campos abandono el país llevándose cientos de miles de dólares destinados a reactivar la fábrica después del triunfo revolucionario y que se llevo también vehículos materias primas y otras propiedades de el caracol. La junta que dirige actualmente la empresa ha tenido tres rondas de negociación con funcionarios del gobierno. Estos insistieron en jugar un papel de mediación entre Campos y ellos, cuando lo que reclamaban los trabajadores era una negociación directa con el gobierno. En una de las ocasiones, la representantes de los trabajadores abandonaron la reunión porque el gobierno trato de imponer la participación en las negociaciones de sindicalistas de la CUS uno de los sindicatos por UNO que financia la ALFLD brazo internacional de la AFL-CIO.
La Central Sandinista rechazo esta participación argumentando que mientras ellos tienen el apoyo de 116 trabajadores la CUS solo cuenta con el de 8 que apoya la estrategia de la antigua dueña de el caracol. Según la junta directiva la CUS ha tratado de reforzar su posición reclutando a otros 10 antiguos trabajadores, retirados hace tiempo de la empresa.
El día 29 de enero, en una reunión entre Lucio Jiménez dirigente del Frente Nacional de los Trabajadores del que es parte la CST y el Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo este finalmente acepto la demanda de abrir negociaciones directas entre el gobierno y trabajadores acerca de futuro de 6 empresas que están bajo el recurso de amparo. Algunos lideres sindicales interpretaron estas posición del gobierno como u importante primer paso, por Dámaso Vargas, secretario general de la CST en Managua y diputado en la Asamblea Nacional cree que no es mas que otra maniobra sin importancia real para ganar tiempo e ir quitándole fuerza a la lucha de los trabajadores.
En El Caracol, las amenazas y las estrategias de Campos no han debilitado la lucha laboral y ha fortalecido la determinación de los obreros y su convicción de que van a triunfar. Aunque seria fácil para ellos caer en la falsa ilusión de que ser propietarios significara mejores salarios y mas beneficios y ventajas, hasta casi llegar a ser tan ricos como los antiguos propietarios y aunque algunos de los que lucha lo hacen solo por lograr un mejor salario la mayoría de los trabajadores están claros de que la actual batalla es solo un mecanismo para no empeorar su situación y que o se enriquecerán de la noche a la mañana. Pero el caracol es un caso especial, incluso con sus cuentas bancarias congeladas, con el teléfono cortado y con el organizado boicot de Campos,, Pulido dice que la fabrica es solvente financieramente aunque o hay ganancias.
Marina Largaespada, una trabajadora de el caracol afirma que si la empresa es privatizada a favor de ellos, las cosas cambiaran porque será nuestra, cambiara porque ya ellos no serán mas ricos y nosotros mas pobres, en general, el mayor temor de los trabajadores ante el regreso de los antiguos dueños es la perdida de los beneficios sociales que habían conseguido y especialmente la perdida de su empleo, en primer lugar, la privatización a su favor, significa para ellos la garantía de que conservaran estos beneficios y el puesto de trabajo. Para la mayoría el desempleo es la peor de las alternativas, aun cuando el mismo FNT reconoce que en muchas industrias estatales hay supernumerarios y que algunas cuotas de desempleo serán necesarias para su sobrevivencia económica
Texnicsa: un caso diferentela empresa textil Texnicsa no esta en la lista de la 82 empresas priorizadas en los reclamos de la CST. En general la industria textil nicaragüense - y Texnicsa en particular - han enfrentado una severa crisis financiera desde hace mucho tiempo llegando a julio ha un momento critico a causa de las medidas económicas del nuevo gobierno, en opinión del secretario general del sindicato sandinista, Antonio Aguilar. Entre estas medidas esta la rebaja de los aranceles a los productos importados, lo que ha causado una invasión de productos extranjeros mas baratos que los nacionales. Al mismo tiempo, el incremento de los precios de la gasolina, la electricidad y las materias primas aumentó los costos de producción de Texnicsa, hasta llegar a 0.75 centavos la yarda de tela, muy por encima del promedio centroamericano, que es de 0.45 centavos.
Desde agosto, la Central Sandinista y la CAUS - sindicato fuerte en la rama textil, afiliado al Partido Comunista, uno de los que integran la UNO - han trabajado juntas en la elaboración de propuestas constructivas que representen una alternativas al cierre de las fábricas, que es lo que propone el gobierno. Los dos sindicatos rechazan el mecanismo de huelga y ocupación de instalaciones, para así mantener la unidad de los trabajadores y evitar la crisis que esto podría generar, dado que las ventas de telas y de otros de los productos que salen de la fabrica son mas voluminosas pero mucho menos frecuentes que, por ejemplo, las de productos alimenticios, con lo que resultan mas frágiles los márgenes de sobrevivencia. El gobierno ha rechazado todas las propuestas de los trabajadores.
A fines del mes de enero se anunció que Texnicsa seria cerrada indefinidamente y que se pagaría a todos los trabajadores durante 5 meses el 25% del salario que tenían. Con u desempleo nacional del 40% de la fuerza de trabajo, muchos de estos nuevos 900 desempleados ocuparan las calles uniéndose a la multitud de vendedores informales sin ninguna esperanza de conseguir u trabajo fijo.
En el caso de Texnicsa los sindicatos sandinistas dieron un interesante giro. Los que ha seguido de cerca este conflicto afirman que el cierre de la fabrica es parte de un plan mas amplio para crear un monopolio en la rama textil, que seria controlado por los antiguos dueños de Fanatex y otros inversionistas privados incluyendo entre ellos al menos a un sandinista, Federico Cerda. Cerda es actualmente director de la Corporación Industrial del Pueblo (COIP), organismo estatal que controla todas las industrias de propiedad estatal y estuvo directamente involucrado en las negociaciones sobre el futuro de Texnicsa. Cuando el mismo Cerda propuso que la mejor maquinaria de Texnicsa fuera trasladada a Fanatex, los dirigentes sindicales vieron confirmada la afirmación que manejaban como sospecha.
En las negociaciones mantenidas con el gobierno, la CST y la CAUS lograron que se incrementara el subsidio de desempleo, del 25 al 100% durante 5 meses y que se incluyeran tres meses de provisión de alimentos. Fue una ganancia pero aun así el total que van a recibir los trabajadores peor pagados será solo de 120 dólares en total durante los 5 meses. Mientras la CAUS firmo u acuerdo con el apoyo de solo 180 trabajadores, la CST representando a mas de 700 ha seguido luchando por mas reivindicaciones.
La Central Sandinista demanda que durante los 5 meses se incluya el pago en moneda de las sumas de transporte y de almuerzo que siempre fueron costeadas por la fabrica. El gobierno ha aceptado que el cierre de Texnicsa fuera solo temporal por 5 meses y no indefinido, como se había planteado, que no se privatizara la fabrica durante esos meses, y que se respetaran los contratos con los trabajadores de tal manera que todos pueden volver a sus empleos cuando Texnicsa se reabra. Al cierre de envío nada había
sido firmado todavía.
Como el gobierno ha demostrado un habito de o cumplir los acuerdos que firma con los trabajadores estos no van a esperar sentados la reapertura de la fabrica, según declara Aguilar. Mantendrá presencia para vigilar la empresa, intentaran hacer un reclamo ante la Asamblea Nacional y presionarán al gobierno para que cumpla con su compromiso moral de reabrir Texnicsa. La democracia dice Aguilar no es hacer concertaciones platicar y dialogar. La democracia es cumplir con los acuerdos que se contraen, aunque el FNT piensa que una privatización a favor de los trabajadores no es económicamente viable en el caso de la industria textil los sindicalistas si están considerando asumir la lucha por esta privatización si Texnicsa es reabierta haciéndolo a partir de su reapertura.
Los dirigentes sindicales sandinistas están convencidos de que la actuación de Cerda en este conflicto ha estado basada únicamente en la defensa de sus intereses personales tratando de consolidar su propio negocio y de conservar su puesto dentro del gobierno y creen que aunque su actuación no representa la posición del FSLN que parece haber abandonado a la clase trabajadora para defender sus propios intereses de clase empresarial en un cogobierno con la UNO. Algunos dirigentes sindicales esperan el congreso del FSLN en julio para que haya una condena oficial de estos miembros del partido que vendieron sus principios revolucionarios por un puesto en el gobierno.
La situación en algunas empresas devueltasLa mayoría de los trabajadores de Camas Luna y de Kikatex (textiles) apoyan la devolución de estas empresas a sus antiguos dueños. Muchos lo hacen por el temor a que pudieran quebrar sin las inversiones de capital que garantizarían los propietarios
privados de las mismas, algunos de estos trabajadores piensan así porque ha sido influenciados por la política de los ex dueños, que les han ofrecido algunos beneficios para ponerlos de su parte.
Algunos, sin embargo, lo hacen por oposición a cualquier alternativa que les huela a sandinismo. Para otros, se trata de optar por un cambio con la esperanza de que esto mejore su situación. Los trabajadores que apoya que Café El Mejor sea devuelto a sus antiguos dueños a lo que se opone la mayoría, dicen que están cansados de la política y que sienten amenazados sus empleos por los sandinistas, porque quieren correrlos cuando lo único que ellos quieren es trabajar. Aunque no son idealistas respecto a los beneficios que obtendrían con la vuelta de los antiguos dueños si creen que con un propietario privado la empresa mejoraría su situación económica.
Los dirigentes de la CST han informado que después de la devolución de Camas Luna, el antiguo dueño despidió a los que habían apoyado a los sandinistas e incluso a una mujer que encabezo la lucha por la devolución y que termino pidiendo trabajo en El Caracol. Por otro lado, Rigoberto Aguirre, secretario general de la CUS en Camas Luna afirma que los trabajadores tienen u colectivo nuevo y mejor que el anterior que lucha por llegar a un acuerdo y que rechaza a los de la CST, porque parecen estar siendo manipulados por el FSLN, su opinión sobre una privatizacion a favor de los trabajadores es simple. Eso no puede darse, nunca ha existido aquí eso y yo nuca diré que esta fabrica es mía.
La CAUS promovió activamente la devolución de Kikatex a su antiguo dueño en una posición servil en la que dejaron de lado los propios intereses de los trabajadores, un dirigente de la CAUS admite que la familia dueña despide a quien no esta de acuerdo con ellos y trata con un total irrespeto a la dirigencia sindical a quien ni siquiera recibe e sus oficinas.
¿Por que privatizar a favor de los trabajadores?Privatizar a favor de los trabajadores es la actual crisis económica particularmente en la que afecta a la industria nacional no es una situación ideal. La combinación de un mercado interno contraído de una maquinaria industrial obsoleta y de una falta de inversión de capital ha llevado a la mayoría de las industrias a una situación de mera sobrevivencia. El dirigente del COSEP, Gilberto Cuadra que se opone a la privatizacion a favor de los trabajadores afirma: "Si yo fuera un mal nicaragüense, diría: entreguénselas hoy mismo y denles prestamos para que quiebren pasado mañana y se acabe ya esa situación."
Claramente el gobierno esta intentando sabotear algunas industrias para llevarlas a la bancarrota y poder venderlas después a inversionistas privados. Incluso algunos sandinistas creen que sin mucho esfuerzos estas empresas quebrarían. Pero sin una empresa es privatizada a favor de los trabajadores y después quiebra esto traería graves consecuencias para la lucha de los trabajadores a largo plazo. El FNT tiene en cuenta esto, en un informe sobre su posición respecto a la privatización a favor de los trabajadores afirma, hay que luchar por las que realmente tengan viabilidad económica. Y su demanda por el 100% de las 82 industrias urbanas no es mas que una posición para iniciar negociaciones aunque en el comienzo fuera alguno mas que esto.
Según Dámaso Vargas, la federación ha aceptado la realidad económica de que la privatización a favor de los trabajadores trae estabilidad a corto plazo, pero que a la larga requiere de inversiones de las que los trabajadores no disponen, es en base a un análisis de la realidad económica que determinaran cuales de las empresas urbanas y rurales habrá que reclamar para bien de los trabajadores y de las empresas.
Dice el informe del FNT. Por una salida política y global es que demandamos al gobierno u esquema tripartito de la propiedad (trabajadores - gobierno- empresarios) o bipartito (trabajadores, gobierno), donde los trabajadores nos quedemos con un porcentaje. Esto seria afianzar el esquema de economía mixta y además resolver la complejidad de determinar y negociar la cuantía de los derechos adquiridos a la vez que podría ayudar a conseguir recursos de capital de trabajo y mediatizar las políticas oficiales respectivas. Un importante aspecto a cubrir por una empresa mixta es detener al gobierno y a los intereses empresariales en sus intentos por conducir a las empresas a la bancarrota.
La privatización a favor de los trabajadores despierta también discusiones político ideológicas sobre las ventajas o riesgos de que los trabajadores se conviertan en propietarios y en patrones. Edgardo García, secretario general de la ATC, declaro al semanario del MAP El Pueblo, que este era únicamente un riesgo ideológico para todos aquellos que piensan que solo existen burgueses y obreros... Tenemos conciencia de que la sociedad es mas grande que dos clases sociales. Edgardo García dijo también a Envío que la privatización no es ninguna etapa hacia el socialismo sino hacia la sobrevivencia. Es así como este tema esta siendo abordado por los sindicatos. Añade Dámaso Vargas. La idea de la privatización surge de los mismos beneficios que el trabajador obtuvo cuando la propiedad era estatal que van desde los derechos políticos hasta los económicos y materiales. Una empresa donde teníamos mayor margen de decisión era una empresa donde podíamos alcanzar mayores beneficios en todos los sentidos.
Vargas señala que la fase de la privatización es solamente u mecanismo para fortalecer la lucha de los trabajadores. Cree incluso que si obtienen el 30% de la propiedad estarán añadiéndole armas materiales y de participación a la fortaleza que ya tienen los sindicatos, además de la protección de los derechos laborales en las empresas privadas, el FNT cree que un sector de industrias propiedad de los trabajadores seria la base para preservar estratégicamente la revolución. Afirma: en Nicaragua tenemos grupos de empresarios bastante duros que se comportan como enemigos reales de los derechos democráticos alcanzados.
Frente a esto un grupo de empresas propiedad de los trabajadores proporcionaría un nivel de movilización y organización que posibilitaría el enfrentarlos. Algunos sandinistas creen que seria mejor que el antiguo dueño regresara a la fabrica para luchar contra el en la defensa de los derechos de los trabajadores con formas mas tradicionales y conocidas. Pero en el contexto internacional con sindicatos pro gubernamentales tan fuertemente financiados como el movimiento del solidarismo, destinado a debilitar a los sindicatos populares de Centroamérica, es real que empresas total o parcialmente propiedad de los obreros podrían ofrecer una importante base desde la que enfrentar los intereses de la derecha.
Quedan por resolverse asuntos bien concretos, que acciones de la empresa se dividirían como los trabajadores individuales podrían prevenir la venta de sus acciones a intereses privados como u obrero propietario de una industria generaría capital... Los dirigentes sindicales afirman que estas cuestiones podrán aclararse cuando se sepa en cada caso, el porcentaje de acciones que quedaría en manos de los trabajadores. Sea cual sea la dirección que tomen los sindicatos en la defensa de los derechos de los trabajadores con o sin la propiedad total o parcial de las empresas la importancia de toda esta lucha es evidente para la vigencia de los principios revolucionarios en Nicaragua.
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