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Universidad Centroamericana - UCA |
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Número 276 | Marzo 2005 |
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Nicaragua
Noticias del mes
NOTICIAS SANGRIENTO DESALOJOEl 23 de febrero, un grupo de precaristas se tomó 15 manzanas de tierra en las afueras de Chinandega. Al ser desalojados por la Policía, resultaron varios policías y decenas de tomatierras heridos y lesionados. Tres precaristas murieron: el dirigente de la toma -militante del FSLN-, una mujer y un joven. Daniel Ortega culpó de ordenar directamente las “ejecuciones” -así las llamó- al Presidente Bolaños, al Ministro de Gobernación y a la Policía Nacional. El Comisionado de la Policía Edwin Cordero calificó a Ortega de “irresponsable” por estas declaraciones. La Presidencia de la República responsabilizó a grupos políticos -en clara alusión al FSLN- de estar fomentando la invasión de tierras privadas. La investigación llevada a cabo por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) demostró que la Policía abusó desproporcionadamente de la fuerza. Los problemas de propiedad en Nicaragua -motivados por las confiscaciones de los años 80, las indemnizaciones de los 90 y las promesas incumplidas a ex-militares del Ejército y de la Resistencia- están mayoritariamente sin resolver. Días después del desalojo, todos los gremios agropecuarios del país -sandinistas y no sandinistas- solicitaron a la Policía que defendiera, dentro del marco de la ley, la propiedad privada, que sienten amenazada, reconociendo que las raíces del problema las nutren las profundas desigualdades sociales del país.
COHETES SAM-7: PRESIÓN USA A finales de febrero, Rose Likins, subsecretaria adjunta interina para asuntos político-militares del Departamento de Estado de EEUU visitó Nicaragua presionando al Ejército de Nicaragua para que destruya los más de 1 mil 100 misiles portátiles tierra-aire Sam-7 de fabricación soviética que aún posee en sus arsenales. EEUU argumenta que estas armas podrían caer en manos de terroristas y pondrían en peligro la aviación civil en todo el mundo. En Nicaragua, el Ejército los conserva bajo estrictas medidas de seguridad. En su visita, Likins confirmó la promesa unilateral que el Presidente Bolaños hizo al Presidente Bush de destruir todos los misiles. En 2003 se destruyeron 1,200, la mitad de los que tenía el Ejército, que considera que unos 400 deben quedar en el país para asegurar su capacidad defensiva. En diciembre, los diputados del FSLN-PLC aprobaron una nueva Ley de Armas que, entre otras disposiciones, establece que la destrucción de los misiles debe contar con el aval de 56 de los 91 diputados. El Presidente Bolaños vetó la ley, pero en febrero los diputados del FSLN-PLC rechazaron el veto. Este “candado” legal es el que EEUU busca deshacer con cabildeos con el PLC y con presiones al Ejército.
DORA MARÍA TÉLLEZA mediados de febrero, el Departamento de Estado de EEUU negó la visa de entrada a ese país a la dirigente sandinista y presidenta del MRS, Dora María Téllez, por no ser admisible en el territorio estadounidense. Alegaron la Sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EEUU que tipifica las actividades terroristas. Téllez había solicitado visa de ingreso a EEUU para ocupar la cátedra de Profesora Visitante de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Dora María Téllez denunció los hechos y pidió protección legal nacional e internacional, considerando que la acusación de EEUU atenta contra sus derechos humanos y pone en peligro su seguridad y su integridad, y solicitó el acompañamiento del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) en las acciones legales que decidió emprender hasta conseguir que el gobierno de EEUU se retracte de sus acusaciones. Nicaragua es el primer país de América Latina donde una ciudadana es señalada, sin ninguna prueba, de actividades terroristas.
OBISPOS: “SEIS GÉNEROS” La Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades en beneficio de las mujeres, que lleva cinco años en continuos altibajos en su redacción, sufrió un nuevo retraso al recibir un rechazo más de la Conferencia de Obispos de Nicaragua. Oponiéndose a su discusión y eventual aprobación en marzo en el Parlamento, los obispos criticaron específicamente en la Ley el establecimiento de cuotas para las mujeres en empleos y cargos de decisión y el acceso de las mujeres a servicios que garanticen sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Según los obispos, la ley “está diseñada para imponer la ideología radical de género promovida por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales” y lo que busca, sin decirlo, es promover el aborto y el lesbianismo. Exhibiendo su ignorancia, los obispos afirman que solamente existen dos géneros, y que el término género empleado en la Ley “desnaturaliza la esencia del hombre y de la mujer, negando las diferencias naturales existentes entre los sexos, y sustituyendo a los géneros masculino y femenino por seis géneros: el heterosexual, el homosexual, el bisexual, el transexual, el transgenérico y el indiferenciado”.
MRS TOMA DISTANCIAEl 8 de marzo, el Movimiento Renovador Sandinista, que participa de la alianza con el FSLN en la Convergencia Nacional, emitió un comunicado en el que se distancian de las actuaciones del FSLN en el caso Lewites al expresar su rechazo a “la actuación manifiestamente partidista y no profesional de algunas instituciones del Estado”. El MRS considera que “la resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE) de limitar de manera exclusiva a los partidos políticos el derecho de la movilización política de los ciudadanos y ciudadanas viola la Constitución de la República, que establece el pluralismo político, no el pluripartidismo, como esencia del sistema político nicaragüense”. El MRS demanda al CSE rectificar su resolución. Consideran también que “el Tribunal de Apelaciones de Managua, Sala Civil, excedió sus atribuciones y funciones, atentando gravemente contra la libertad de movilización y expresión ciudadana, al dejar prácticamente suspendida la facultad de la Policía Nacional de autorizar cualquier tipo de actividad pública en el país. El Tribunal debe rectificar su decisión”. De la Contraloría, dicen que “debe estar alejada de influencias partidarias y no contribuye a la confianza en esa institución su utilización por un partido político para intentar deslegitimar adversarios políticos”. El MRS aclara que “no comparte” la declaración que Agustín Jarquín leyó en el Congreso del FSLN para avalar la candidatura de Daniel Ortega.
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