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Universidad Centroamericana - UCA |
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Número 116 | Junio 1991 |
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Nicaragua
Noticias del mes
Equipo Nitlápan-Envío
QUINTA CONFERENCIA DE PAÍSES DONANTES
Los días 16 y 17 de mayo Nicaragua acudió a la V Conferencia de Países Donantes, que se celebro en París y en la que participaron representantes de 21 países y de 9 organismos internacionales. El objetivo central de Nicaragua era obtener los 360 millones de dólares que necesita para cancelar la deuda que el país tiene pendiente desde hace mas de 5 a$os con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que le permitirá recibir créditos de estas instituciones. Este objetivo se consiguió. Venezuela, España, México y Colombia contribuyeron con un préstamo puente de 225 millones, que Nicaragua deberá cancelar al momento de recibir los primeros créditos que a fines de año le otorgara el BM y el BID. El resto, 135 millones, los recibió Nicaragua en concepto de donaciones de Estados Unidos, Holanda, Suiza, Suecia, Canadá, Noruega, Francia, Corea del Sur, Dinamarca y Finlandia. Alemania y Japón apoyaran al crédito de recuperación económica previsto por el BM y Austria apoyara la balanza de pagos. Nicaragua cancelara la deuda pendiente en el próximo mes de agosto.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SE PRONUNCIA SOBRE EL DECRETO 11-90
El 17 de mayo la Corte Suprema de Justicia, integrada por 9 magistrados (5 afines a la UNO y 4 al sandinismo) aprobó por unanimidad la inconstitucionalidad de los artículos 7 y 11 del polémico decreto 11-90, emitido por la presidenta Chamorro en los primeros días de su gobierno. Por este decreto se creo la comisión revisora de confiscaciones, destinada a devolver a sus antiguos dueños propiedades que les fueron confiscadas durante el gobierno sandinista. Los dos artículos cuestionados por la Corte eran los esenciales del decreto: daban valor definitivo y perentorio a lo que decidiera unilateralmente la Comisión y le permitían a esta reclamar el apoyo de la fuerza publica para la ejecución de sus decisiones. La corte considero que estas atribuciones colocaban a la comisión por encima del Poder Judicial.
Hasta el 31 de diciembre de 1990 se habían presentado a la Comisión 6 mil solicitudes de devolución, de las que habían sido ya falladas unas mil, aunque la resistencia de sectores obreros o campesinos ha impedido en bastantes casos que la propiedad vuelva a su antiguo dueño. La presidenta Chamorro acepto el fallo de la Corte y emitió el decreto 23-91, en que introduce el concepto de indemnización a los que fueron injustamente confiscados.
TERMINA LA HUELGA DE MAESTROS
Después de 50 días de huelgas y paros en los que participaron en total, gradualmente y de diversas formas, unos 20 mil maestros y después de 65 horas de negociación, algunas de ellas muy tensas, termino la huelga mas prolongada que ha tenido que enfrentar el gobierno de la UNO. Los maestros alcanzaron un aumento salarial de un 25% y la aplicación de las reglamentación de la Ley de Carrera Docente en enero/92. Desde los tiempos mas duros del somocismo el magisterio nacional no había logrado tanta movilización y organización.
POBREZA Y DESEMPLEO CRECIENTE
En el foro de la Concertación, que inicio el 22 de mayo su segunda fase, el FNT presentó estos datos: El 50% de la población económicamente activa de las ciudades no tiene empleo. (En el campo, es el 77%). El 30.6% de los nicaragüenses vive en la pobreza, el 22.7% en la extrema pobreza y el 16% en la indigencia. El salario ha perdido un 30% de su valor adquisitivo desde los ajustes monetarios iniciados en marzo.
PROBLEMAS DE LA PROPIEDAD
En su comparecencia ante la Comisión de la Asamblea Nacional que estudia el problema de la propiedad en Nicaragua y que fue creada a raíz del proyecto de ley de una facción conservadora que propone derogar las leyes 85 y 86, el Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, ofreció estos datos: la tierra agrícola afectada por la revolución -por medio de confiscaciones- fue el 29.4% del total de tierras agrícolas, ganaderas y de bosques que posee Nicaragua. Se trata de 2 millones 350 mil manzanas, que fueron entregadas, la mitad a cooperativas, 200 mil a productores individuales y 650 mil a corporaciones estatales. Durante el período de transición (febrero-abril/90) el gobierno sandinista reforzó la propiedad de cooperativas y productores individuales con 300 mil manzanas de tierras estatales. Lacayo reafirmo el compromiso de su gobierno de no devolver propiedades a los somocistas confiscados, respetando así los decretos 3 y 38 emitidos al comienzo de la revolución. Reconoció también la validez de las leyes 85 y 86.
La ley 85, sobre la que existe una gran polémica, hizo dueños legítimos a todos los que habitan casas que fueron confiscadas, expropiadas, afectadas y ocupadas entre el 19 de julio de 1979 y el 25 de febrero de 1990 aun cuando no posean aun el titulo o el registro de esa propiedad. Se calcula que en Managua están beneficiadas por esa ley 15 mil casa de las que 13.500 corresponden a viviendas pobres de familias pobres. La ley 86 hizo dueños legítimos a todos los que recibieron por asignación del Estado lotes de terreno urbano para construir sus casas entre julio/79 y febrero/90, aun cuando estas personas no posean todavía los títulos de dominio de esos lotes. La ley 86 legalizo en todo el país la propiedad de 50 mil lotes, beneficiando a 50 mil familias, prácticamente todas de los
sectores pobres.
El 22 de mayo pobladores urbanos y campesinos que sienten amenazadas las propiedades que les dio la revolución, marcharon en la primera demostración masiva del Frente de Lucha Popular. La marcha por la paz, el techo, la tierra y el empleo congrego a unas 10 mil personas. El FLP integra a las siguientes organizaciones revolucionarias: Movimiento Comunal, todos los
sindicatos agrupados en el Frente Nacional de los Trabajadores (CST, ATC, ANDEN, CONAPRO, UPN, FETSALUD Y UNE), mujeres de AMNLAE, Juventud Sandinista, docentes universitarios, Movimiento de Combatientes Histéricos y oficiales en retiro del EPS y el MINT. La coordinación del FLP corresponde al movimiento comunal. El padre Miguel D'Escoto es el coordinador nacional del movimiento comunal y del FLP.
Al término de la marcha del FLP el padre Miguel D'Escoto leyó una "Declaración del inicio de la lucha cívica escalonada y sin tregua hasta que el gobierno respete las leyes, los acuerdos y ponga fin a su política antipueblo y de desestabilización". Este fragmento es parte del texto de esa Declaración: "Esta mas que claro que el gobierno de Chamorro ha mantenido una política de agresión sin tregua contra el pueblo y los intereses nacionales. Todos sabemos por experiencia que las dictaduras, cuando no se saben frenar a tiempo, terminan por provocar enfrentamientos del tipo que no queremos volver a vivir. Pero nos preocupa que eso pueda suceder si no logramos ahora extirpar el mal de la injusticia, de la ilegalidad, del irrespeto a los derechos de la vivienda, a la tierra, a la educación, a la salud y al salario justo.
El Frente de Lucha Popular fundamenta su programa en la creencia de que aun estamos a tiempo de evitar que el pueblo entero se vea obligado nuevamente a defender sus derechos con las armas. El comportamiento del gobierno no nos permite seguir creyendo en su buena voluntad. Por el contrario, su mala fe o debilidad ante presiones de los mas recalcitrantes de la UNO y presiones también del imperio esta mas que demostrada. Es por eso que ya no podemos seguir esperando que este gobierno cambie. Lo vamos hacer cambiar aunque no quiera".
FRICCIONES AL INTERIOR DE LA UNO
En los últimos días de mayo se produjo un nuevo motivo de fricción al interior de la coalición UNO cuando el Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, contrató los servicios del abogado norteamericano Paul Reichler, para que representara al gobierno de Nicaragua en Estados Unidos impulsando una solución negociada para el conflicto salvadoreño. Reichler trabajó para el gobierno sandinista durante muchos años. Lacayo argumentó que la persona contratada para esta misión debía ser confiable para el FMLN -y éste era el caso de Reichler-, ya que las relaciones con el gobierno salvadoreño ya están establecidas confiablemente a a través de la Cancillería nicaragüense.
NICARAGUA ABANDONA EL FALLO DE LA CORTE DE LA HAYA
El 5 de junio, con el voto de 50 a 53 de los diputados de la UNO y el voto en contra de un diputado suplente, fue derogada la Ley 92, que impedía al Ejecutivo negociar unilateralmente o renunciar a la compensación económica fue el gobierno de Estados Unidos debe a Nicaragua... guerra, según el fallo de la Corte Internacional de Justicia de junio/86. Después de encendidas discusiones, todos los diputados sandinistas abandonaron la Asamblea Nacional absteniéndose de participar en la votación. El ex-presidente Daniel Ortega censuró duramente la actuación de la UNO ante "este fallo histórico, que es un Patrimonio Nacional, un Patrimonio de los países del Tercer Mundo y un Patrimonio del Derecho Internacional".
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