Nicaragua
Conflicto Honduras-Nicaragua: claves necesarias
El 4 de febrero se inició en la Corte Internacional de Justicia de La Haya
el proceso judicial iniciado por Nicaragua contra Honduras.
Será un proceso costoso y largo, que durará de tres a cinco años.
¿Cuál es la posición de Nicaragua?
Explica sus claves quien fuera pieza esencial en el proceso que, ante la Corte,
culminó con el triunfo de Nicaragua contra Estados Unidos en 1986.
Augusto Zamora
El 30 de noviembre de 1999, de forma fulminante y secreta, Honduras ratificó el tratado suscrito con Colombia el 2 de agosto de 1986, por el cual ambos países pretenden dividirse extensas áreas marinas y submarinas de Nicaragua. La situación provocada por Honduras ha modificado hondamente la realidad centroamericana. Porque Honduras ha roto la dinámica de integración regional, relanzada en 1990, tras la derrota electoral de la revolución sandinista. Y porque ha dado a Colombia un protagonismo inusitado en las cuestiones centroamericanas, abriendo una brecha por la que ya la región está pagando una alta factura, como revela la crisis en que se encuentra la Corte Centroamericana de Justicia.
Lo ocurrido es un triunfo de las tesis expansionistas colombianas en el mar Caribe, en detrimento de los esfuerzos de unión centroamericana. Es también una secuela más de la política estadounidense de los años 80, bajo cuya sombra suscribieron Honduras y Colombia el tratado de 1986. Aquel año la agresión contra Nicaragua alcanzó un momento pico y el tratado ahora ratificado por Honduras fue firmado sólo dos meses después de que los Grupos de Contadora y Apoyo entregaran el último proyecto de Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica, rechazado como los anteriores. Para entender el conflicto actual hace falta, como siempre, hacer historia, remontarse a los antecedentes.
Colombia: un expansionismo basado en superioridad militarDesde hace varias décadas, Colombia aspira a dominar el corazón del Caribe central, a partir de su dominio sobre dos pequeñas islas situadas frente a las costas de Nicaragua: San Andrés y Providencia. Estas islas, disputadas entre Nicaragua y Colombia desde el siglo XIX, fueron reconocidas por Nicaragua como formalmente colombianas en 1928, tras la imposición por Estados Unidos de un tratado ilegal, lesivo e inconstitucional. En aquel año, Nicaragua estaba ocupada por el ejército norteamericano y la intervención era combatida por la guerrilla del General Augusto C. Sandino. Con el tratado de 1928 -conocido como Bárcenas-Esguerra por los apellidos de sus firmantes- Estados Unidos quería indemnizar a Colombia por la pérdida de Panamá, provincia colombiana que Estados Unidos le había arrebatado al Estado colombiano en 1903. La ocupada Nicaragua fue una simple moneda de cambio en aquella transacción imperial.
En vinculación con el tratado Bárcenas-Esguerra, Estados Unidos y Colombia firmaron ese mismo año 1928 el llamado pacto Olaya-Kellog, por el que Estados Unidos le entregaba a Colombia -sin llegar a reconocerle soberanía- los cayos y bancos de Roncador, Serrana y Quitasueño, pasando por encima de los derechos que la geografía le da a Nicaragua sobre esos cayos y bancos, que forman parte de su plataforma continental.
A partir de entonces, Colombia inició una política de imposiciones, que se traducirá en expansionismo marítimo con el nacimiento del nuevo Derecho del Mar en los años 60. La actitud colombiana puede resumirse así: apoyada en su superioridad militar, pretende imponer a Nicaragua como frontera marítima el meridiano 82, reservándose como colombianos todos los territorios situados al este de este meridiano. Para sostener su pretensión, ha convertido la isla de San Andrés en una gran base militar, desde donde desplaza sus buques de guerra para impedir que barcos nicaragüenses crucen la línea impuesta. A la vez, la Fuerza Aérea sobrevuela la zona para detectar cualquier presencia "intrusa" -es decir, nicaragüense- en las aguas prohibidas.
Objetivo: red envolvente sobre el territorio de NicaraguaNicaragua nunca renunció a sus derechos sobre la plataforma continental, el mar territorial y lo que hoy es la zona económica exclusiva. Ha mantenido un reclamo permanente y constante. Momentos decisivos en esta resistencia fueron la promulgación, el 15 de diciembre de 1979, de la Ley sobre Plataforma Continental y Mar Adyacente, y la declaración, el 4 de febrero de 1980, de la nulidad e invalidez del "tratado" de 1928. Con esos actos, Nicaragua reconfirmaba sus derechos sobre sus dominios insulares, marinos y submarinos en el mar Caribe.
El tratado de 1986 ahora ratificado por Honduras daba continuidad a la política colombiana de suscripción de acuerdos de delimitación marítima con los que intenta obtener reconocimiento a sus pretensiones expansionistas en el Caribe, para imponerle a Nicaragua una situación de hechos consumados. En lo que afecta a Centroamérica, Colombia tiene suscritos tratados con Panamá, de 20 de noviembre de 1976, en vigor desde el 30 de noviembre de 1977; y con Costa Rica, firmado el 17 de marzo de 1977 -tratado protestado por Nicaragua-, que no ha entrado en vigor por la negativa del Congreso costarricense a proceder a su ratificación. Estos acuerdos buscan formar una red envolvente sobre el territorio nicaragüense, con el objetivo último de imponer una situación de hecho. El ex-Presidente Alfonso López Michelsen expresó la satisfacción colombiana por la firma de estos tratados: "Hemos recobrado y delimitado una superficie marina tan extensa como la superficie territorial que recibimos el 7 de agosto de 1974". Era una forma de expresar que las ambiciones expansionistas de Colombia en el Caribe estaban debidamente reconocidas en los tratados firmados.
Alianza Colombia - HondurasA partir de 1982, año en que Naciones Unidas aprobó la Convención sobre Derecho del Mar, Honduras elabora su propia estrategia de expansión marítima. El afán irredentista de Honduras -irredentismo es la búsqueda de nuevos territorios más allá del propio- queda plasmado en el artículo 10 de la Constitución hondureña, aprobada ese mismo año 82. El irredentismo hondureño llevará a este país, paulatinamente, a coincidir con el modus operandi de Colombia en un punto: el de pretender imponer fronteras unilaterales.
En el caso Colombia-Honduras, se trataba de obligar a Nicaragua a reconocer como frontera marítima el paralelo 15. Según la versión oficial hondureña, ese paralelo constituye la "línea divisoria tradicional" aceptada por Nicaragua. De hecho, la figura de "línea tradicional" data de principios de los años 80, y su formulación fue resultado de la política de expansión marítima elaborada por los territorialistas hondureños entre 1980 y 1982. A partir de esa concepción unilateral e impositiva, era casi inevitable que Colombia y Honduras juntaran sus ambiciones, buscando, a través del apoyo mutuo, presentar a Nicaragua un fait accompli. Este fue el origen, la causa y la razón del tratado de 1986.
1986: repartiéndose los mares de NicaraguaEn agosto de 1986, de forma sorpresiva, el Presidente de Colombia Belisario Betancur, y el recién electo Presidente de Honduras José Azcona, suscribieron en la isla de San Andrés el Tratado de Delimitación Marítima. Por medio de él se dividían -como las potencias europeas se dividieron Africa- la mayor parte de las áreas insulares, marinas y submarinas de Nicaragua, y también áreas que podrían corresponder a Jamaica. En cuanto a letras escritas se refiere, el tratado no dice nada. Negociado en el más estricto secreto, está lleno de latitudes y longitudes, de grados, minutos y segundos. Dibujado en un mapa, éste es su contenido:
- Colombia le reconoce a Honduras como frontera marítima con Nicaragua el paralelo 15, y reconoce como hondureñas todas las áreas situadas al norte de este paralelo, con excepción del banco de Serranilla, que queda en poder de Colombia.
- Honduras le reconoce a Colombia su frontera marítima con Nicaragua en el meridiano 82 y reconoce como colombianos todos los territorios situados al sur del paralelo 15 y al este del meridiano 82.
El tratado es un reconocimiento mutuo del máximo de pretensiones territoriales de los dos países firmantes, sin considerar los derechos de terceros Estados, o más exactamente, atropellando los derechos de terceros, particularmente los de Nicaragua. Las áreas insulares, marinas y submarinas de Nicaragua quedan reducidas en este tratado a su mínima expresión.
La conducta de los firmantes parecía inspirada en el voluntarismo rooseveltiano de principios de siglo, queriendo imitar el I took Panamá. La posición de Colombia no sorprendía. No así la de Honduras, que pasaba a asumir una posición anti-nicaragüense, favorecedora del expansionismo colombiano.
Estados Unidos: poderoso aliento al Tratado Según el ex-Canciller hondureño Edgardo Paz Barnica, la negociación del Tratado de Delimitación Marítima se inició en los primeros meses de 1983, a invitación del gobierno de Colombia, fiel a su "perseverante política" -según la califica el propio Paz Barnica- de expansión en el mar Caribe. El comunicado oficial hondureño, dando a conocer el tratado, afirmaba que las conversaciones preliminares databan de 1975. Otras noticias indican que los primeros contactos entre los dos países se dieron en 1969 y 1970.
La hostilidad de Estados Unidos hacia la revolución sandinista parece haber actuado como aliciente en los gobiernos de Honduras y Colombia, animándolos a entrar de lleno en negociaciones, seguros de que el apoyo de Estados Unidos les facilitaría el imponerle a Nicaragua un fait accompli, con criterios similares a los ya utilizados para conseguir la ratificación del tratado Saccio-Vázquez de 1972 y antes, en 1928, el "tratado" Bárcenas-Esguerra y el acuerdo Olaya-Kellog.
Entre los argumentos que menciona Paz Barnica para justificar la firma del tratado vale rescatar algunos. Según el ex-Ministro hondureño, una de las razones para actuar así era el temor de que la "perseverante política de Colombia... hubiera dado oportunidad para que Colombia fuera concluyendo otros acuerdos con otros Estados del Caribe que tienen pretensiones similares, lo cual podría haber producido un asfixiamiento de nuestro país en esa zona y tornaría débil nuestra posición al prolongarse, aún más, la controversia en perjuicio de nuestra plena soberanía y jurisdicción en el banco Rosalinda".
El bloqueo a la Nicaragua sandinistaHay otro argumento que debe destacarse, pues en él Paz Barnica presenta como propias consideraciones que, posiblemente, fueron inspiradas por los estrategas norteamericanos que le asesoraron en sus funciones de Ministro: "Y hay algo más que podría alegarse en apoyo de la suscripción, en agosto de este año, del Tratado de Delimitación Marítima con Colombia, lo cual adquiere trascendencia en la actual coyuntura político-estratégica que vive la región centroamericana, aunque no se trate de argumentaciones jurídicas, pero sí de la salvaguarda de valores políticos del Estado hondureño. Nos referimos a los conflictos ideológicos con Nicaragua, que tienen ramificaciones en Cuba, isla del Caribe, en la acción expansionista de establecer sistemas políticos de gobierno siguiendo el patrón prevaleciente en Cuba y Nicaragua, países que para su comunicación recíproca tendrían que atravesar las zonas de delimitación correspondientes a Honduras y Colombia".
En Honduras pensarían -por iniciativa propia o inducidos por sus protectores- que, debiendo "atravesar (Cuba y Nicaragua) las zonas de delimitación correspondientes a Honduras y Colombia", Estados Unidos bendeciría el reparto. Como la única forma de interrumpir las comunicaciones marítimas era con medios navales de envergadura, de los que carecían los firmantes, éstos debían ser puestos por Estados Unidos. La idea de un bloqueo naval a Nicaragua había sido defendida en 1981 por el Secretario de Estado norteamericano, el General Alexander Haig, pero no habría prosperado por la oposición del Director de la CIA, William Casey. La idea de un bloqueo también había sido defendida por el presidente colombiano, Turbay Ayala, en marzo de 1982, cuando propuso la creación de una "fuerza naval interamericana para bloquear la transferencia de armas de Cuba y Nicaragua a El Salvador". Independientemente de estos planes, entre julio y septiembre de 1983 Estados Unidos ejecutó las primeras maniobras militares en aguas de los océanos Atlántico y Pacífico, cuyo objetivo era un bloqueo naval en Centroamérica.
Debate en HondurasEl 28 de julio de 1986 Nicaragua había presentado una demanda contra Honduras ante la Corte Internacional de Justicia (Caso Concerniente a Acciones Armadas Fronterizas y Transfronterizas), por la implicación y complicidad de Honduras en la guerra de agresión contra Nicaragua. Se insinuó que la firma del Tratado de Delimitación Marítima se había debido a esta demanda. Sin descartar que la demanda haya podido influir en los ánimos de los gobernantes hondureños, los hechos demuestran que, a lo sumo, sólo aceleró una firma que ya estaba decidida. En julio de 1986 las negociaciones secretas entre Colombia y Honduras estaban concluidas y el tratado redactado.
El Tratado de Delimitación provocó un gran revuelo en Honduras, pues reconocía como colombiano el cayo Serranilla, que el artículo 10 de la Constitución hondureña hacía de Honduras. Se denunció también en Honduras que la firma del tratado había estado influenciada por la política de Estados Unidos hacia Nicaragua, coincidiendo con las presiones norteamericanas para establecer estaciones de radar en el área, específicamente en la isla de San Andrés. Un diputado del PINU denunció que "detrás de la firma del tratado con Colombia se encuentran intereses extraños que no son precisamente los hondureños". Y el publicista Paz Aguilar expresó que el proyecto de tratado "constituye una victoria diplomática para Colombia (que) afirma sus derechos territoriales en una zona alejada (más de 800 kms. de tierra firme), sobre la cual no tiene derechos históricos, solamente ocupación militar pacífica". En Honduras, el debate político y jurídico se hizo tan amplio y se generó tanta oposición interna que el tratado no fue sometido a la ratificación del Congreso.
Los temores hondureños Nicaragua presentó enérgicas protestas a los gobiernos de Colombia y Honduras en septiembre de 1986, reiterando la posición mantenida desde décadas atrás y, particularmente, la posición hecha pública en febrero de 1980. El gobierno hondureño, o cuando menos, sus asesores técnicos, estaban tan inseguros de sus planes de reparto territorial que, en un documento interno firmado el 23 de agosto de 1985 por el Presidente de la Sección Nacional de la Comisión Mixta de Límites Honduras-El Salvador, Mario Carías, se hacía esta recomendación: "Otro problema que sí es necesario prever es que Nicaragua tiene lazos de jurisdicción con Honduras respecto de la Corte Internacional de Justicia y que, por consiguiente, para obviar una demanda nicaragüense, a la que podrían verse tentados más que todo por razones políticas, habría que convencerles por pláticas directas de lo bien fundado del párrafo anterior (de que el paralelo 15 era indiscutible) o, alternativamente, cambiar de urgencia los términos de la cláusula hondureña de sometimiento a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia".
Un elemental sentido común debió hacerles comprender a los hondureños que intentar convencer a Nicaragua era un absurdo. Por ello optaron por la segunda recomendación. El cambio de la cláusula hondureña se hizo, efectivamente, de urgencia. El 6 de junio de 1986 el gobierno de Honduras comunicó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que modificaba la declaración por la cual aceptaba la jurisdicción obligatoria del tribunal internacional.
La nueva declaración excluía de dicha jurisdicción las controversias que trataran sobre "cuestiones territoriales concernientes a la soberanía sobre las islas, los bancos y los cayos; las aguas interiores, los golfos y el mar territorial, su estatuto y sus límites". Dicha declaración también excluía "todos los derechos de soberanía o de jurisdicción concernientes a la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, sus estatutos y sus límites", así como lo referente al espacio aéreo suprayacente. Pero las causas de la modificación de la declaración no eran exclusivamente territoriales. También querían impedir una demanda nicaragüense por el involucramiento de Honduras en la guerra de agresión contra Nicaragua.
Nicaragua demanda a HondurasLa modificación de la declaración ante la CIJ no bastaba para librar al gobierno hondureño de una eventual demanda. En 1950 Honduras había ratificado el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, conocido como Pacto de Bogotá, sin reserva alguna. Según el artículo XXXI del pacto, todos los Estados parte reconocen, con relación a los demás Estados parte y por el tiempo que dure el tratado, como obligatoria, ipso facto y sin condición alguna, la jurisdicción obligatoria de la CIJ. Intentando modificar esta situación, el gobierno hondureño dirigió una nota a la Organización de Estados Americanos, en la cual informaba "sobre las modificaciones introducidas a la aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, en vista de que los términos de dicha declaración modificatoria son igualmente aplicables al artículo XXXI del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas".
El propósito de librarse de la jurisdicción obligatoria de la CIJ no tuvo éxito. Honduras quiso hacer valer sus reservas ante la demanda presentada por Nicaragua en 1986. Pero, por sentencia del 20 de diciembre de 1988, la CIJ decidió que era competente para conocer de esa demanda, con base en el artículo XXXI del Pacto de Bogotá.
1990: todo por nadaLa derrota electoral sandinista, en febrero de 1990, puso fin a una época. El nuevo gobierno de Nicaragua inició una política de normalización con los países vecinos. Honduras envió una misión a Nicaragua para pedirle el retiro de la demanda incoada en 1986 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Hubiera cabido esperar que el nuevo gobierno de Nicaragua condicionara el retiro de esa demanda a que Honduras rechazara el tratado firmado con Colombia. No fue así. La torpeza con que se manejó el tema fue tal que en Nicaragua se conformaron con promesas verbales. El resultado era previsible. Nicaragua canceló el juicio contra Honduras, librándola así de una segura condena por sus responsabilidades en la guerra de agresión. Honduras, en cambio, no cumplió ninguna de sus promesas. Al contrario, una vez libre de la demanda, relanzó sus vínculos con Colombia.
En junio de 1993, el Presidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas, visitó la isla de San Andrés. Esto generó un incidente diplomático con el gobierno de Nicaragua, que envió una nota de protesta en la que señalaba: "Coincido con Vuestra Excelencia cuando afirma que la frontera marítima entre Honduras y Nicaragua no ha sido jurídicamente delimitada".
Integración centroamericana en crisisEl proceso de integración centroamericana que se puso en marcha en los años 90 no logró cambiar los parámetros. En 1995 los países centroamericanos firmaron el Tratado Marco de Seguridad Democrática, extenso y minucioso acuerdo que, entre sus muchos temas, recogía también la cuestión territorial. En virtud de ese acuerdo, los países centroamericanos se comprometían a resolver sus controversias territoriales dentro del ámbito regional y a salvaguardar el territorio centroamericano, independientemente de quién resultara, entre ellos, el soberano territorial. Previamente, en 1991, se había creado el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), y en diciembre de 1992 se había aprobado el Estatuto de la reconstituida Corte Centroamericana de Justicia (CCAJ). La Corte entró en funciones en febrero de 1994 únicamente para tres países: El Salvador, Honduras y Nicaragua, ya que Guatemala y Costa Rica han rehusado ratificar los acuerdos sobre la Corte. Al menos en los instrumentos internacionales, los países del área se mostraban decididamente comprometidos con la integración regional.
Ahora, la ratificación por Honduras del tratado de 1986 con Colombia, decisión inesperada y en un momento de excelentes relaciones entre los gobiernos nicaragüense y hondureño, sacudirá el proceso regional y le sumirá en una crisis profunda. Entre otras causas, por la inexplicable actitud de Honduras, aún hoy insuficientemente aclarada, sobre los motivos que la llevaron a ratificar, precipitadamente, un tratado que tenía trece años durmiendo en los archivos del Ministerio de Exteriores.
La oscuridad de los motivos es tanto mayor si se recuerda el rechazo generalizado que el tratado provocó en 1986. La Constitución hondureña no ha sido modificada, manteniéndose invariables las causas que llevaron a negar la ratificación del tratado hace trece años. Tampoco existía urgencia alguna para hacerlo, pues Nicaragua no había realizado ningún movimiento ni suscrito acuerdos con terceros países que presionaran por la ratificación del tratado entre Honduras y Colombia.
La reacción de NicaraguaLa indignada respuesta de Nicaragua fue contundente. Por una parte, incoó el 8 de diciembre un procedimiento judicial ante la Corte Internacional de Justicia, solicitando al tribunal la delimitación de los espacios marinos con Honduras. Por otra, abrió juicio ante la Corte Centroamericana por violación del Tratado de Seguridad Democrática. Otras dos medidas completaron la reacción: la imposición de un impuesto especial del 35% a los productos de origen hondureño y colombiano -"impuesto de la soberanía"- y la expulsión de la flota pesquera hondureña que faenaba en aguas nicaragüenses.
Honduras resintió las medidas y para mitigar los golpes procedió a profundizar sus relaciones con Colombia, con la que firmó un acuerdo preferencial de exportaciones. A cambio, recibía de Colombia permiso para pescar en aguas colombianas, las que realmente son aguas nicaragüenses ocupadas por Colombia. No obstante, la realidad geográfica hace inviable ambas medidas. Colombia está demasiado lejos para resultar rentable a las endebles exportaciones hondureñas y la flota hondureña es casi totalmente de bajura, por lo que no puede adentrarse en las aguas "colombianas". Es claro que las ofertas de Colombia son de orden esencialmente político, sin incidencia práctica ni en lo comercial ni en lo pesquero.
Tensión en la Corte Centroamericana y en las fronterasA principios de diciembre, la Corte Centroamericana de Justicia ordenó a Honduras suspender el proceso de ratificación del tratado con Colombia. El gobierno hondureño hizo caso omiso de la orden, incurriendo en desacato ante el tribunal centroamericano. Conducta contradictoria porque Honduras, a su vez, había presentado, también en diciembre, una demanda contra Nicaragua por haber decretado el "impuesto de la soberanía". La Corte Centroamericana acogió la petición hondureña para que se suspendiera cautelarmente el impuesto del 35%, y así lo ordenó a Nicaragua. La situación era insólita: ambas partes eran demandantes y demandadas.
Resultó notoria la actitud de Honduras, exigiendo a Nicaragua el cumplimiento de la orden de la CCAJ al tiempo que anunciaba su decisión de incumplir con la orden de suspender el tratado con Colombia. El 18 de enero, la Corte declaró oficialmente que Honduras había incumplido la medida cautelar de suspender la ratificación del tratado con Colombia. La situación ha dejado al tribunal regional en una grave disyuntiva. Si acepta el desacato de Honduras, su autoridad jurídica se verá mermada. Si sólo exige el cumplimiento a Nicaragua, incurrirá en un tratamiento desigual, en perjuicio de la parte que ha sido víctima de una acción lesiva a sus derechos y violatoria de los acuerdos de integración regional.
También hubo tensionamientos en la frontera terrestre. Honduras ordenó la movilización de tropas y declaró la alerta militar, lo que fue respondido por Nicaragua con similares medidas. El riesgo de choques armados movilizó a la Organización de Estados Americanos, que se reunió de urgencia en Washington y nombró a un delegado especial, el diplomático norteamericano Luigi Einaudi, para que mediara entre ambos países y facilitara una normalización de la situación política y militar.
A finales de diciembre se realizaron en Miami reuniones tripartitas y a mediados de enero en Washington, buscando desactivar la crisis. Aunque no se alcanzaron muchos resultados concretos, las reuniones permitieron tranquilizar las aguas y desactivar los focos de tensión. En febrero, en El Salvador, se concretó la propuesta de desmilitarización de la extensa zona marítima en disputa con Honduras, unos 30 mil kilómetros cuadrados. Por ser la mayor área de riesgo, conviene a los intereses de la paz mantenerla sin presencia armada, hasta el momento en que el Tribunal de La Haya dicte su sentencia.
Aunque la situación se ha normalizado, no hay garantías de que no puedan brotar nuevos focos de tensión. Lo que sí han descartado tanto Nicaragua como Honduras es un conflicto armado. Los dos Estados más pobres del continente no pueden incurrir en un error que sería el suicidio de sus economías y pueblos y la demolición de Centroamérica.
El nudo gordianoDe la noche a la mañana, Honduras provocó una crisis que puede desembocar en la liquidación del proceso de integración regional. El gobierno hondureño parece haber olvidado un dato elemental: Nicaragua y Honduras han sido, son y seguirán siendo vecinos que comparten una frontera terrestre de cerca de 700 kilómetros y tienen una compleja situación pendiente de resolver en el Golfo de Fonseca, donde la llave más importante está en manos de Nicaragua. Por más tratados que suscriba con Colombia repartiéndose lo que no le pertenece, Colombia estará lejos de Honduras y Nicaragua al lado. Una elemental lógica geográfica, política, económica e histórica indica que el acuerdo y el entendimiento deben buscarlo los hondureños con Nicaragua, no con un lejano país del sur del continente.
La integración centroamericana debe cimentarse en bases de solidaridad y apoyo mutuo, particularmente frente a las pretensiones de terceros, lesivas a cualquiera de las otrora Provincias Unidas del Centro de América. Si no existen estos principios, las bases de la integración estarán minadas en su raíz. Este es el nudo gordiano que debe deshacer Honduras. Y en este conflicto no cabe utilizar la espada.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica