Guatemala
¿Por qué el NO en la Consulta Popular?
¿Cómo fue planteada la Consulta Popular para que la ciudadanía aprobara o rechazara importantes reformas a la Constitución? ¿Qué se jugaba en la Consulta? ¿Por qué ganó el NO? ¿Cómo afecta el NO a los Acuerdos de paz? ¿Qué camino hay hacia el futuro? Las respuestas a todas estas preguntas deben pesar mucho en este año electoral.
Juan Hernández Pico, SJ
El domingo 16 de mayo de 1999 la población guatemalteca fue convocada a consulta popular para aprobar o rechazar las reformas a la Constitución con las que se pretendía dar cumplimiento a varios de los más importantes acuerdos de paz firmados el 29 de diciembre de 1996. Menos de uno de cada cinco inscritos en el padrón electoral acudió a las urnas. El 18.5% de la población empadronada asistió a votar: 757 mil 978 personas, sobre 4 millones 58 mil 832 empadronados, suponiendo que el padrón quedó depurado de los fallecidos. Quedó claro que el gran ganador de la jornada fue el abstencionismo.
NO: legal y no representativoDespués de un reparo presentado ante la Corte de Constitucionalidad por el hecho de que se pidiera responder a la población votante SÍ o NO a unas 50 modificaciones a la Constitución, se llegó a un acuerdo legislativo por el que los votantes debían responder solamente a cuatro preguntas. La primera, sobre Nación y derechos sociales, que abarcaba 7 artículos constitucionales y 3 transitorios. La segunda, sobre el Organismo Legislativo (7 artículos constitucionales y uno transitorio). La tercera tocaba al Organismo Ejecutivo (9 artículos constitucionales y uno transitorio). La cuarta, sobre el Organismo Judicial y la administración de justicia (16 artículos constitucionales y 3 transitorios).
En las cuatro preguntas el NO resultó mayoritario, aunque no en iguales proporciones. En la pregunta 1, que incluía la definición de la nación guatemalteca como una y solidaria y a la vez multicultural, plurilingüe y multiétnica, el NO obtuvo el 9.03% de los empadronados y el SÍ el 8.08%. En la pregunta 4, referida al aumento de fondos para la Corte Suprema de Justicia (del 2% al 6% del presupuesto anual del Estado) y a la profesionalización de la carrera judicial, respondiendo así a la preocupación ciudadana por la seguridad y el mejor funcionamiento de la justicia, el NO logró un 9.19% de los empadronados y el SÍ un 7.80%. En la pregunta 3, que incluía el recorte de funciones del Ejército -se ocuparía en el futuro de la seguridad interna del país sólo en circunstancias especiales y por decisión presidencial sometida al visto bueno del Congreso- y la posibilidad de que un civil estuviera al frente del Ministerio de la Defensa, el NO obtuvo un 9.66% del total de empadronados y el SÍ un 7.26%. En la pregunta 2, donde, además de una serie de temas relacionados con el número de diputados, atribuciones del Congreso y el acceso de la ciudadanía a los procedimientos legislativos, se tocaba la vigilancia de los sistemas de inteligencia nacional por el Congreso, el NO logró un 9.92% del total de los empadronados y el SÍ un 7.01%.
En cada una de estas cuatro preguntas, casi un poco más de un 1.5% de los empadronados votó nulo o en blanco. De esta forma, el NO triunfante no llega a representar en ninguna de las cuestiones ni siquiera a una de cada diez personas empadronadas en Guatemala. Es un NO legal, pero muy poco representativo. Igualmente lo hubiera sido el SÍ si hubiera triunfado en proporciones similares.
Mapa del SÍ y el NOEn los resultados, el mapa de Guatemala quedó perfectamente partido en dos mitades. En trece departamentos del Norte, el Oriente, el Centro y el Sur, ganó el NO. La mayoría de ellos, con predominio de población ladina, con excepción de Quetzaltenango, Suchitepéquez y Sacatepéquez (donde se encuentra Antigua Guatemala) y el propio departamento de Guatemala -con la capital-, por los grandes desplazamientos migratorios de indígenas en los años 80. En nueve departamentos del Occidente y el Norte ganó el SÍ. Todos con fuerte predominio indígena, menos El Petén. Fue en los departamentos donde ganó el SÍ donde la guerra estuvo más presente y fue más dura durante los años 80 y 90. En los departamentos donde ganó el NO la guerra se hizo más presente en la década de los 60.
Los departamentos del altiplano noroccidental con predominio indígena son los más densamente poblados de Guatemala, si exceptuamos el altiplano central ocupado principalmente por la ciudad capital. Mirando en su conjunto las escasas diferencias entre el NO y el SÍ, queda claro que fue la enorme diferencia entre el NO y el SÍ en la capital la que inclinó la balanza nacional a favor del NO.
El triunfo del NO fue una gran sorpresa. Tal vez fue una caricatura de Prensa Libre la que lo captó mejor. Al abrir una urna-caja de sorpresas, de ésas de resorte, salta un tremendo NO que deja con la boca abierta y una cara de asombro horrorizado a varios protagonistas de los Acuerdos de Paz: el Presidente Arzú, Rodrigo Asturias (Gaspar Ilom), y Arnoldo Noriega, representante de la URNG en la Comisión de Acompañamiento. Al fondo, el candidato presidencial del PAN Oscar Berger.
No sólo fueron ellos. La sorpresa por la victoria del NO fue generalizada. El abstencionismo esperado resultó un poco menor que el registrado en la consulta popular de 1994 sobre reformas constitucionales para depurar al Congreso, acusado entonces de gran corrupción. En 1994 sólo el 15% de los empadronados asistió a las urnas.
Procedimiento largo y confusoEn el mismo planteamiento de la Consulta Popular hay que buscar una de las causas del gran abstencionismo. Para poder entrar en un proceso de cumplimiento, los Acuerdos de Paz requerían de un determinado número de reformas electorales, que podían concretarse modificando de 10 a 13 artículos constitucionales, y en cualquier caso nunca más de 20. El proyecto que el Ejecutivo presentó al Congreso para su aprobación pedía la modificación de 13 artículos constitucionales.
La Constitución establece que para la aprobación de cualquier reforma constitucional en el Congreso se necesita de una mayoría calificada: dos tercios de los diputados. Sólo con esa mayoría puede la reforma ser propuesta luego a consulta popular. En el larguísimo procedimiento para obtener esta mayoría calificada -desde mediados de 1997 a octubre de 1998-, el proyecto del Ejecutivo fue complicado con una montaña de reformas que, al final, representaron la modificación de casi 50 artículos de la Constitución. Todo este largo procedimiento tuvo lugar en una plataforma multipartidaria que, aparentemente, tenía como objetivo superar el secretismo de cúpulas y la falta de participación que caracterizaron los Acuerdos de Paz. Sin embargo, los partidos políticos presentes en el Congreso aprovecharon la ocasión y canjearon su voto favorable a las reformas exigidas por los Acuerdos de Paz por otras reformas que pudieran presentar en la campaña electoral como pruebas de su preocupación por el pueblo. También, por reformas al papel del Congreso, sospechosas de ser sólo favorables a los diputados. Con todas estas características, al final el paquete de reformas constitucionales resultó un ladrillo muy difícil de comunicar a la población.
Formalismos, polémicas estériles
Tanto el PAN como el FRG -partidos que dominan el Congreso- cumplieron con todas las formalidades necesarias para proponer a la población los cambios constitucionales necesarios para acelerar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Pero se quedaron ahí, en los formalismos, sin empeñarse con todas sus fuerzas en movilizar a la población para que asumiera esos cambios o en conseguir el presupuesto necesario para una campaña inteligente de educación popular, sobre todo radial, que llegara a las mayorías analfabetas. Ninguno de los partidos ofreció a las mayorías rurales -ni tampoco a las mayorías pobres urbanas- transporte y comida gratuitos para que compensaran el tiempo y los jornales perdidos hasta llegar a los lejanos centros municipales de emisión de voto. Estos "esfuerzos" los hacen los partidos sólo en elecciones presidenciales, legislativas o municipales, cuando están en juego cargos.
No los hicieron en la consulta popular.Sobre todo, los partidos se enredaron en discusiones interminables sobre las reformas a la ley electoral -también pactadas en los Acuerdos de Paz-, no llegando a ningún acuerdo sobre techos para los gastos de financiamiento de las campañas -rechazando que sea el Estado el que pague el transporte a los centros de votación y bloqueando el cambio a un nuevo sistema de ubicación residencial de urnas-. En el sistema actual sólo se puede votar en las cabeceras municipales y no en las aldeas. Y en las grandes ciudades, los centros de votación no reúnen a los empadronados por barrios.
Por todas estas razones, es legítima la sospecha de que los interesados por sacar adelante las reformas constitucionales fueron solamente las cúpulas del gobierno y las de la URNG, que se confiaron en su capacidad de promover el SÍ. A última hora, las cúpulas del FRG cambiaron su discurso de oposición y, temerosos de que se les pudiera tildar de opositores, no sólo al gobierno sino al proceso de paz, se hicieron presentes en 40 municipios del país para animar a la población a responder SÍ.
Papel de católicos y evangélicosEn no pocos departamentos del altiplano occidental indígena y en El Petén, la Iglesia Católica intentó movilizar a la gente a favor del SÍ, sobre todo por la importancia que veía en la desmilitarización del país y en la modernización del Ejército, en el reconocimiento -al menos jurídico- de la complejidad cultural, étnica y lingüística de la nación, y en el intento de enfrentar la corrupción en los tribunales y de favorecer la profesionalización de la carrera judicial. Sin embargo, la Iglesia Católica perdió la oportunidad de animar al voto por el SÍ en la ciudad capital, aprovechando la enorme convocatoria conseguida en la misa campal celebrada en el aniversario del asesinato de Monseñor Gerardi.
No pocas de las Iglesias Evangélicas pentecostales y neopentecostales convocaron a la gente a votar por el NO. En un municipio del altiplano occidental indígena, de mayoría evangélica, los pastores comunicaban estas consignas: "Si usted vota por el SÍ se tiene que hacer católico", "Si usted vota por el SÍ tiene que ir a venerar a los montes", "Si usted vota por el SÍ tiene que ir a encender candelas y prender pom (incienso) en los templos". En otros lugares, las consignas de ciertos pastores evangélicos fueron: "Si usted vota SÍ es guerrillero", "Si usted vota SÍ nos van a aumentar los impuestos", "Si usted vota SÍ nos van a quitar las tierras".
El "fuego sagrado" de la derechaApostando al peso de los votos de la capital, y en ella de la gente con educación formal, en el mes y medio anterior a la Consulta, el debate entre el SÍ y el NO se concentró en la prensa escrita. Se fueron haciendo más frecuentes los anuncios de página entera en los que Francisco Bianchi, el precandidato presidencial de ARDE (Acción Reconciliadora Democrática) llamó a votar NO. Bianchi, miembro -al igual que el General retirado Efraín Ríos Montt- de la Iglesia del Verbo, fue hace 17 años el secretario del General, Jefe de Estado de facto. Estuvo detrás de la campaña que extorsionaba a los indígenas para que se convirtieran al evangelismo y así mostraran que no estaban con la subversión. The New York Times lo entrevistó en aquel entonces y publicó sus declaraciones: había que matar a los indígenas, aunque fueran civiles, si apoyaban a los subversivos. Hoy, Bianchi niega haber dado nunca estas declaraciones. Tras el intento del FRG de Ríos Montt de desplazarse de la derecha hacia el centro, Bianchi fundó ARDE para mantener el "fuego sagrado". Sus anuncios en los diarios decían que había que votar NO "porque aceptar las reformas es contribuir a una mayor división del país y no asistir, además de dejar que otros decidan por usted, pondría en peligro nuestra precaria Democracia".
Aunque no lo hayan pretendido así, los dirigentes del FRG parecían jugar a dos manos: a favor del SÍ a través de sus dirigentes, y a favor del NO a través de su testaferro, Francisco Bianchi.
Tres diarios en debateLos columnistas de las páginas editoriales de los principales periódicos externaron también sus opiniones. En Prensa Libre, el diario de mayor circulación en el país, las opiniones se distribuían con bastante equidad entre el SÍ y el NO. El diario se pronunció editorialmente por el SÍ, aunque con ciertas reservas. En El Periódico -probablemente el diario de más y mejor periodismo de investigación- hubo más editoriales a favor del SÍ, aunque no faltaron los promotores del NO. El diario anunció en aviso a página entera que impugnaría uno de los artículos reformados, ya que pretendía legalizar el espionaje telefónico, lo que al día siguiente refutó -con las explicaciones pertinentes- el mismo jefe de redacción del diario.
Siglo XXI -que pasa por ser el órgano oficioso del pensamiento militar- se pronunció editorialmente por el NO, y aunque sus columnistas mostraron mayor inclinación a recomendar el NO, algunos abogaron por el SÍ.
El racismo de los ladinos En este debate de prensa, resaltaron fundamentalmente dos puntos. Uno, el temor de un importante sector de la población ladina de que las reformas constitucionales alteraron la balanza de poder en Guatemala, iniciándose un peligroso movimiento al reconocerse el peso mayoritario de la población maya con sus valores culturales, su espiritualidad, su derecho consuetudinario y sus lenguas.
Debajo de este temor se oculta el racismo que siempre ha prevalecido en la cultura de los ladinos y los criollos guatemaltecos. Un racismo que nunca fue tan radical como para proscribir el mestizaje, y que no fue inscrito en leyes discriminatorias o segregacionistas del tipo "apartheid", pero que sí se encuentra inscrito en nuestros textos constitucionales y jurídicos, generalmente por omisión. Por ejemplo, se omite el derecho de una persona de identidad maya a expresarse en su lengua cuando tenga que litigar o defenderse en juicio.
Principalmente, este racismo se encuentra inscrito en la lengua del ladino y del criollo: "la indiada" es la multitud del pueblo indio, cuyo predominio amenazante en número no se reconoce en censos pero se conoce y se teme; "el indito o la indita", son quienes resultan admitidos condescendientemente, sólo si guardan su lugar; en el "vos, indio shuco" (maloliente y sucio), "vos, india shute" (entrometida), "vos, indio haragán", no se puede reconocer a quienes han hecho desde hace siglos los trabajos materiales más duros. Y como éstas, tantas otras expresiones.
Se trata de un racismo inconfesable, pero omnipresente si no se hacen esfuerzos conscientes para superarlo y rechazarlo. En el debate que acompañó la Consulta Popular, este racismo aparecía cuando se afirmaba que las reformas "nos van a dividir", que no se pueden "dar privilegios" en la Constitución a unas etnias sin dárselos a otras, siendo así que, en la práctica, cualquier ladino, incluso el más pobre, ha considerado siempre que podía mirar de arriba a abajo a cualquier indígena. Aparecía cuando se afirmaba que nombrar especialmente a las etnias mayas en la Constitución sería quebrar el reconocimiento de "la igualdad de todos ante la ley", mientras en la vida diaria se mantiene la varias veces centenaria "mayor igualdad" de algunas etnias, clases, grupos y conglomerados.
Un temor justificadoEl otro punto que resaltó el debate periodístico era bastante legítimo. Era el temor de que, a través de un decreto legislativo y de una consulta popular con muy poca asistencia, se siga cambiando la Constitución, cuando todas estas reformas necesarias le correspondería hacerlas a una Asamblea Constituyente en la que se delegaría la representación popular con tiempo y espacios para reflexionar y formular mejor los cambios.
El temor estaba fundamentado en el planteamiento que al fin eligió el Congreso para proponer las reformas: 50 reformas, muchas de ellas sin conexión temática entre sí, realmente difíciles de asimilar. Fue muy difícil opinar sobre su conveniencia o inconveniencia, fue muy difícil comunicarlas a la población, a la que se le presentaron con procedimientos de información obsoletos -reducidos a la simple lectura-, obviando otras metodologías masivas, radiales y visuales, u otros foros con debates cara a cara.
Faltó informaciónNo puede interpretarse ni el abstencionismo ni el "triunfo" del NO diciendo que a la gente le fue indiferente el contenido de las reformas o que la gente carece de capacidad política. Al revés. Lo que la gente "dijo" es que le hacía falta información. La empresa encuestadora Borge y Asociados, de Costa Rica, realiza, en este año electoral, varias encuestas en el país. Son interesantes los resultados de su segunda encuesta, realizada después de la Consulta Popular. Se preguntó a la gente "¿Por qué cree que ganó el NO? La respuesta más mayoritaria, con un 30.3%, fue: Por falta de información. A esta respuesta hay que sumar, muy probablemente, la del 35.9% agrupado en "no sabe o no responde", por estar privada de información. Sólo un 9.2% escogió la respuesta "dura": el NO ganó "porque el pueblo no quiere cambio". Un 7.1% respondió que "por falta de credibilidad". Se supone que le faltaron al gobierno y a la URNG, que propusieron las reformas. Otro 4.5% dio una respuesta equivalente a "las leyes son a favor del gobierno", lo que quiere decir que la gente no es "babosa".
Continuar con "la paz"La ligereza y superficialidad con que se planteó la Consulta Popular sobre las reformas constitucionales hizo que la gente se ausentara de las urnas. Si tenemos en cuenta que a las votaciones de la primera vuelta de las elecciones para elegir entre Arzú (PAN) y Portillo (FRG) en 1995 acudió el 45% de los empadronados, es posible imaginar que, con mejor información, el 18.5% que acudió a las urnas en la Consulta Popular hubiera podido llegar hasta un 30-35%. Pero ese esfuerzo de información significaba un compromiso con el cambio mucho más claro y decidido por parte de los partidos políticos principales, y una capacidad de convocatoria mucho mayor de la URNG o de sus aliados en la Alianza para una Nueva Nación (ANN).
A pesar de todo, el NO no significa un no mayoritario de la población al proceso de paz. En la misma encuesta se hizo esta pregunta: "¿Cree usted que el próximo gobierno debe continuar con el proceso de paz?" Un 83.9% de la población respondió que sí, un 6.4% contestó que no y sólo un 9.7% dijo no saber o no respondió. Este resultado es una afirmación rotunda a favor de algo que se llama paz. No es sencillo hacer equivalente el proceso de paz con los Acuerdos de Paz, porque los acuerdos de paz necesitan de un proceso de comunicación popular que informe de sus contenidos. Tampoco es fácil alegar que la gente quiere la paz aunque no quiera muchos de los contenidos de los acuerdos de paz.
Falta educación popularEn este año electoral resulta muy peligroso para cualquier candidato presidencial relegar a un lugar poco importante de su programa el proceso de cumplimiento de los acuerdos de paz. Pero, si esto es verdad, también lo es que los acuerdos de paz no tienen un gran peso en la conciencia de la mayoría de la población. Evidentemente, la paz sí lo tiene, en cuanto que es ausencia de guerra y aumento de seguridad en la vida de las personas y de las familias. Pero pasar de este mínimo contenido de paz al máximo contenido que se diseña en los Acuerdos de Paz es aún tarea de mucha educación popular, donde se vincule la nación nueva y más moderna en sus instituciones con la vieja lucha por la vida que consume a la mayoría de los guatemaltecos.
Cada vez más abstenciónPrimera conclusión de la Consulta Popular. En el proceso de transición hacia la democracia, iniciado en Guatemala por segunda vez en su historia moderna en 1984 -la primera vez fue el período "revolucionario" de 1944-54, frustrado por la intervención de Estados Unidos-, la participación de la población empadronada en los eventos electorales ha sido decreciente. Un 78% acudió a las urnas para elegir a los constituyentes en 1984. Un 69% asistió en 1985 a las votaciones en que se eligió como primer presidente civil desde 1966 a Vinicio Cerezo. En 1990 sólo el 56.4% de los empadronados acudió a la elección presidencial en primera vuelta. Con una participación menor fue electo en segunda vuelta Jorge Serrano, primer presidente constitucional evangélico del país, derrocado en 1993 tras un autogolpe fallido, el "serranazo". En 1995 sólo un 45% de la gente empadronada acudió a votar en las elecciones que ganó Alvaro Arzú. Arzú fue electo en segunda vuelta en enero de 1996 con poco más de un 12% de la gente empadronada.
El declive es constante e impactante: en once años la participación bajó del 78% al 45%. En la consulta popular de 1994 acudió a las urnas el 15% de los empadronados y en la consulta popular de 1999 el 18.5%.
Falta de confianza políticaLa confianza en los procedimientos electorales de la democracia es descendente. La gente valora el proceso de paz, pero no cree que avanzamos en derechos humanos ni en un acceso más equitativo a la educación, a la salud, al ingreso y al empleo. La gente no siente que vamos avanzando en la transición a la democracia, aunque no mencione el difícil concepto de transición. Un 73% de la gente cree que los diputados cumplen mal su trabajo. Un 69.7% piensa que los partidos políticos cumplen mal su trabajo. Un 66.4% cree que los tribunales cumplen mal su trabajo. Y un 54.4% piensa que el gobierno cumple mal su trabajo.
Temores en "la patria del criollo"Segunda conclusión de la Consulta Popular. Para explicar el triunfo del NO, lo más cercano que tenemos a una indagación objetiva sobre las razones o motivos de este resultado a nivel nacional es la encuesta de Borge y Asociados. Un 30% indicó que la falta de información fue causante del NO y un 36% dijo no saber o no respondió.
Si la falta de información fue determinante, es claro lo muy determinante que fue el peso de los votos de la capital en el resultado final. En la capital, el NO casi triplicó al SÍ. En la capital vive el 26% del electorado nacional, en la capital casi el 20% de la gente empadronada acudió a votar.
No es irracional considerar que el racismo latente en mucha de la campaña de prensa a favor del NO influyó en los resultados capitalinos. Tampoco es irracional ponderar que el miedo a quedarse sin un Ejército, cuya misión habitual es garantizar la seguridad interna "del país", sesgó el voto de los capitalinos, temerosos del crecimiento del influjo de la población indígena.
Para no poca gente de clase media, y para la mayoría de la clase alta, la seguridad interna "del país" coincide con la seguridad interna de "la patria del criollo". Entre esta población capitalina, acostumbrada al nacionalismo de fachada, tuvieron efecto los alegatos de tantos columnistas de prensa que afirmaban que las reformas constitucionales eran el precio exigido por los organismos internacionales (MINUGUA y otros) y por los Estados Unidos y la Unión Europea para financiar el proceso de paz.
El peso de los votos a favor del SÍ en el altiplano noroccidental indígena no fue suficiente para contrarrestar el peso de los temores y prejuicios de la población capitalina. En departamentos indígenas como Sololá (30% de asistencia a las urnas) y Alta Verapaz (27%) fue donde el promedio nacional del 18.5% se superó con creces.
Guerra: haberla sentido o noTercera conclusión. No puede afirmarse que el país se escindió de acuerdo a líneas étnicas en esta votación. Quetzaltenango, Sacatepéquez y Suchitepéquez, tres departamentos con mayoría maya, votaron por el NO, mientras que El Petén, con mayoría ladina, votó por el SÍ. Dos departamentos, uno de mayoría indígena (Totonicapán) y otro de mayoría ladina (Jalapa), dividieron su voto en la consulta según las diferentes preguntas, votando SÍ por algunas y NO por otras.
En la realidad, el país se escindió, pero según otra línea: haber sentido o no cercanos la guerra y sus devastadores efectos. Por esto, no es ni razonable ni responsable tocar campanas a rebato, con previsiones catastróficas de una reanudación del conflicto armado a corto plazo, según líneas étnicas.
Pero tampoco es razonable ignorar el potencial de desencanto y aun de cólera que existe en la mayoría indígena, que una vez más se ve ignorada y hasta negada en sus legítimos derechos.
La globalización, la nacionalidad con superación de las soberanías absolutas, pero con respeto a las identidades locales de carácter cultural, étnicas, lingüísticas o religiosas, deben estar en la agenda del presente, si no queremos seguir alimentando conflictos que puedan acabar en tragedias como la de los Grandes Lagos en Africa o la de los Balkanes en Europa.
En Guatemala, no podemos ignorar que seis de cada diez personas son de origen maya, aunque a la hora de responder encuestas no se identifiquen siempre como tales. No lo hacen precisamente por el racismo latente e inconfesable que constituye la densa atmósfera social en la que viven.
Cambios necesariosNo es probable que durante el actual gobierno haya un nuevo intento de encauzar a través de legislación ordinaria el cumplimiento de los acuerdos de paz, aunque sería viable. Definiendo, por ejemplo, en una ley ordinaria de qué se trata cuando se habla de seguridad interna, o aumentando el presupuesto del organismo de justicia desde el Ejecutivo. No es, en cambio, improbable, que cualquiera que sea el nuevo gobierno trate de convocar a una Asamblea Constituyente que realice cambios en el perfil jurídico constitucional del Estado guatemalteco. Estos cambios son necesarios para que Guatemala entre con rasgos más modernos en la corriente universal de globalización. No puede quedarse al margen sin pagar por este rezago un precio muy alto.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica