Honduras
La sociedad civil contra las fuerzas armadas
El asesinato del empresario Eduardo Piña Van Tuyl
hubiera podido ser uno más de una larga serie de crímenes violentos que han ocurrido en San Pedro Sula durante los últimos ocho meses. Pero esta vez, las cosas no ocurrieron como de costumbre.
Mario Posas
A las 7:30 de la mañana del 29 de enero de 1993, Eduardo Piña Van Tuyl, gerente de ventas de una empresa comercializadora de acero de San Pedro Sula - la principal ciudad industrial del país - fue asesinado a mansalva cuando sacaba su automóvil de su casa de para dirigirse a su oficina. El cuerpo de Piña Van Tuyl, con cinco proyectiles de un arma pesada de uso restringido al ejército hondureño, quedó volcado en el asiento delantero de su auto mientras el asesino corría hacia una motocicleta de color rojo que lo esperaba a pocos metros.
Por casualidad, cuando el asesino corría hacia la motocicleta pasó por el lugar el periodista José Eduardo Coto, quien posteriormente declaró haber estado a unos siete metros del asesino y haberlo identificado personalmente. Mientras el asesino corría hacia la motocicleta, Coto ordenó a su camarógrafo que enfocara a los que huían. A las 8:10 de la mañana de ese mismo día, Coto pasó esas tomas en su programa noticioso. Por la tarde, en un comunicado a la prensa hablada y escrita, un supuesto comando urbano "Herminio Deras García", del guerrillero Frente Patriótico Morazanista, reivindicó el asesinato de Piña Van Tuyl con el argumento de que se trataba de un "miembro activo del batallón 3-16, organismo que en el pasado y el presente es responsable de la muerte de dirigentes populares". Los líderes del Frente Patriótico Morazanista - que actualmente se encuentran enfrascados en lograr el reconocimiento de su organización como partido político - negaron enseguida ser los autores del atentado.
Las secuelas de un asesinatoEl asesinato de Piña Van Tuyl hubiera podido ser uno más de una larga serie de crímenes violentos que han ocurrido en San Pedro Sula durante los últimos ocho meses. Pero esta vez, las cosas no ocurrieron como siempre: los asesinos decidieron acabar también con la vida de Coto. Esa misma noche, unos desconocidos persiguieron y cercaron al periodista y a una joven que le acompañaba. Ambos buscaron refugio en las instalaciones del diario Tiempo, desde donde solicitaron protección al Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH) que preside Ramón Custodio. Con el apoyo de Amnistía Internacional y del gobierno español, Coto y la joven que lo acompañaba viajaron a España, donde aún permanecen.
Antes de viajar, Coto redactó un testimonio narrando las peripecias que pasó para salvar su vida cuando los asesinos lo buscaban. En la parte final de su extenso testimonio, el periodista declara: "Mi vida corre peligro porque mis presunciones son fundamentadas de que en la muerte del señor Piña Van Tuyl tiene intervención una parte o un grupo especial de las Fuerzas Armadas de Honduras". Como represalia por haber protegido a Coto, los asesinos lanzaron, en la madrugada del 4 de febrero una bomba sobre la casa de Yani Rosenthal, director administrativo del diario Tiempo. La bomba fue lanzada desde una motocicleta, presumiblemente la misma que fue empleada en el asesinato del joven Piña Van Tuyl. En respuesta a este nuevo atentado, el Tiempo - que pertenece al conocido empresario y político hondureño Jaime Rosenthal - publicó por primera vez el testimonio completo de Coto.
Estos hechos coincidieron con el desmantelamiento de una numerosa y bien organizada banda de ladrones de automóviles de lujo que, según algunos de los detenidos, jefeaba Wilfredo Leva, un coronel en servicio activo, quien tuvo que comparecer ante el juez y fue remitido a la penitenciaría nacional donde guarda prisión. Para hacer aún más precaria la situación de los militares hondureños, el 7 de febrero se publicó una traducción del informe del Departamento de Estado norteamericano sobre la situación de Honduras, donde se acusa a los uniformados de violar los derechos humanos y de cometer delitos que permanecen impunes a causa de una política institucional que protege a los oficiales que son acusados de abusos contra la población civil y a la falta de una clara delimitación en la jurisdicción de los tribunales civiles y militares.
Cuestionamientos a las Fuerzas ArmadasCon el testimonio de Coto y con informaciones confiables sobre el involucramiento del Coronel Leva en el robo de automóviles y sobre la participación de algunos militares en el negocio del narcotráfico, Ramón Custodio acusó a los militares de "narcotraficantes, robacarros y asesinos por encargo". Acusó también a los miembros del fatídico Batallón 3-16 de haber asesinado por encargo a Piña Van Tuyl, de quien se especuló estaría relacionado con la agencia antidrogas de los Estados Unidos DEA y habría descubierto la relación de algunos militares hondureños con el narcotráfico. Custodio hizo un llamado enérgico a los militares para que dejen de asesinar hondureños en las calles de San Pedro Sula y en el resto del país.
En respuesta, el alto mando militar exigió a Custodio que presentara pruebas de sus afirmaciones. Tres retratos hablados de los militares que habían participado en el asesinato y en la persecución y asedio a Coto con sus correspondientes nombres y apellidos fueron presentados por Custodio. Los retratos hablados fueron ampliamente difundidos por la prensa escrita del país. Dos corresponden a dos militares que participaron directamente en el asesinato de Piña Van Tuyl, uno como conductor de la motocicleta roja y el otro como ejecutor directo. El tercero es de un mayor del ejército que, vestido de médico, había estado en la sala en la que se velaba a Piña Van Tuyl, a donde había llegado Coto buscando protección durante la persecución de la que fue víctima. El CODEH ha insistido en que los asesinos de Piña son miembros del Batallón 3-16, que funciona en un cuartel de San Pedro Sula y que fue el escuadrón encargado de desaparecer y asesinar a dirigentes populares durante los 80. El alto mando del ejército sostiene que el escuadrón fue disuelto a finales de esa década, pero el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) ha denunciado que la mayoría de los altos oficiales que dirigen actualmente las Fuerzas Armadas hondureñas estuvieron ligados de una u otra manera al tristemente célebre 3-16.
El alto mando militar presentó ante el juzgado civil a dos de los militares señalados por el CODEH. El tercero - el que fue sindicado como ejecutor del asesinato de Piña - no fue presentado, aduciendo que no era miembro del ejército nacional y que se desconocía su paradero. En cualquier caso, el juzgado dejó a los dos en libertad "por falta de méritos". En todo momento, el alto mando militar insistió en la inocencia de los militares acusados por el CODEH y restó toda credibilidad al testimonio de Coto, de quien se dijo que por problemas personales había armado aquella trama para así salir del país. El vocero de la Presidencia de la República llegó incluso a insinuar que Coto habría inventado la historia para irse de vacaciones con la joven que lo acompañaba - que sería su amante -, pero el Presidente Callejas desautorizó las declaraciones de su vocero.
Sociedad civil en agitación El testimonio de Coto y la valiente y documentada denuncia de Ramón Custodio generaron una situación propicia para que varias organizaciones representativas de la sociedad civil plantearan una vez más sus reclamos contra las Fuerzas Armadas. Una de sus principales exigencias fue la sujeción del poder militar al poder civil. Haciéndose eco de esta demanda, el líder demócratacristiano Efraín Díaz Arrivillaga llamó a los militares hondureños a contribuir "al fortalecimiento de la sociedad civil aceptando la sujeción al poder civil y su papel tradicional de defensa de la soberanía nacional" y a reflexionar acerca del "tipo y tamaño de las Fuerzas Armadas que el país necesita de cara a los desafíos de una economía más competitiva, con recursos externos que tienden a disminuir y donde se requiere destinar los recursos públicos a atender prioritariamente el desarrollo social: salud, educación, seguridad social, vivienda".
Por diferentes mecanismos y vías, también el gobierno de los Estados Unidos está enviando señales de que está interesado en ese objetivo. Durante una reciente visita a Honduras, el Jefe del Comando Sur, Comandante George A. Goulwan manifestó que "las Fuerzas Armadas deben respetar el poder civil al cual deben subordinarse y respetar los derechos humanos de los ciudadanos". Y desde hace varias semanas se vienen transmitiendo desde Washington vía satélite, unas conferencias que forman parte de un ciclo denominado "cívico-militar", donde se debaten las relaciones entre los civiles y los militares y se defiende la subordinación de los militares a los gobiernos civiles legalmente constituidos.
El embajador estadounidense en Honduras, Crescencio Arcos, y altos funcionarios del gobierno de Washington han abogado también por la reducción del ejército hondureño, objetivo que está implícito en la drástica reducción de la ayuda militar norteamericana. Las cifras son elocuentes. En 1981, la ayuda militar de los Estados Unidos a Honduras fue de 9 millones 100 mil dólares. En 1986, que fue el punto más alto de la curva, alcanzó la cifra de 81 millones 140 mil dólares. En 1990, la ayuda militar norteamericana fue de 21 millones 140 mil dólares. Ya en 1991 la ayuda había descendido a 16 millones 270 mil dólares. Y en 1992 cayó a sólo 12 millones 700 mil dólares.
Policía militarizadaVarios sectores de la sociedad demandan también que los militares devuelvan la policía al poder civil. La Policía Nacional es controlada por los militares desde el golpe de Estado de 1963 que derribó al Presidente Ramón Villeda Morales. El embajador Crescencio Arcos ha apoyado también esta demanda afirmando que "en los países democráticos, la policía está en manos de civiles". Abundando en esta idea, el diputado Jerónimo Sandoval declaró que los militares deben devolver la policía, la Dirección General de Migración y otras instituciones estatales que mantienen bajo su control y que administran con criterios de "seguridad nacional". "Los gobiernos civiles - señaló Sandoval - no han tenido todo el poder. Los militares han seguido compartiendo el poder y, por lo tanto, nuestros gobiernos civiles han sido bicéfalos. Y eso es parte del problema del día de hoy". Para romper esta situación de un poder estatal compartido, el demócratacristiano Díaz Arrivillaga propuso eliminar la autonomía de gestión que desde 1957 disfrutan las Fuerzas Armadas hondureñas.
Las declaraciones de Coto y las documentadas denuncias del CODEH llevaron a algunos sectores de la sociedad civil hondureña a pedir la depuración de las Fuerzas Armadas. Por su parte, los que han venido clamando en contra de la impunidad que disfrutan los militares también dejaron oir su voz. Entre ellos, el CODEH, el COFADEH, el Comité de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla" y los jóvenes estudiantes de secundaria, que esperan con impaciencia el castigo para los militares que violaron y mataron a Riccy Mabel Martínez Sevilla, una normalista que estaba a punto de concluir sus estudios para ser maestra de educación primaria.
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Empresarios vs. Militares
Un aspecto del conflicto es el creciente involucramiento de los militares, de forma corporativa, en la actividad empresarial. La Asociación Nacional de Industrias (ANDI) y algunos de los principales líderes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), son los más destacados opositores a la actividad empresarial del ejército. La ANDI ha insistido en que los militares deben dedicarse exclusivamente a las funciones que les encomienda la Constitución, que "deben abstenerse de invadir campos que no son de su competencia".El caso de Honduras es notable. A través del Instituto de Previsión Militar (IPM), los militares se han convertido en propietarios de un banco, de una compañía aseguradora, de una de las dos fábricas de cemento que existen en el país, de una empresa que fabrica ropa, zapatos y artículos de lona, de una funeraria y de una radioemisora. Ahora aspiran a quedarse con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), cuya privatización fue anunciada por el Presidente Callejas a finales de enero. Los empresarios hondureños se oponen a que HONDUTEL pase a manos de los militares, pero éstos defienden a capa y espada su derecho a poseer, como entidad corporativa, todas las empresas que puedan crear o absorber. Hasta una organización de maestros de educación primaria declaró recientemente que "es ilegal la existencia de una burguesía armada que se apodera de industrias", en apoyo a la lucha de los empresarios.
Nueva ronda de querellas contra el EjércitoEn diciembre/92 el Presidente Callejas nombró al abogado Leo Valladares Lanza como Comisionado Nacional para la Protección de los Derechos Humanos. Al principio, esta nueva institución fue considerada un organismo gubernamental paralelo destinado a hacerle competencia deshonesta al CODEH de Ramón Custodio. Pero esta interpretación duró poco, porque Valladares Lanza - un notable catedrático universitario - se encargó muy pronto de transformar esta imagen.
Desde inicios del año, Valladares Lanza comenzó a visitar los juzgados del país para verificar el estado de los juicios que se ventilan en relación al asesinato de varios dirigentes populares. Después, inició contactos con el CODEH de Custodio López para presionar juntos y lograr el aceleramiento de los juicios que se siguen contra los involucrados en delitos contra los derechos humanos. En su condición de Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Valladares Lanza estableció contacto con el CODEH y con las personas que tenían a su cargo la custodia y protección de Coto, para colaborar activamente con ellas. El abogado demostró un gran margen de autonomía frente a otras instituciones gubernamentales, que trataron de negar la veracidad de las imputaciones del informe del Departamento de Estado Norteamericano sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, reconociendo que el informe tenía "muchísimas cosas ciertas". "No podemos ocultar el sol con un dedo", reconoció Valladares.
El 18 de febrero, el Comisionado informó que estaba protegiendo a un desertor de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI). Según Valladares Lanza, el desertor es un joven, Josué Elí Zúniga Martínez, que estuvo adscrito a las oficinas de la DNI en San Pedro Sula durante ocho meses y a quien recogió en las oficinas del diario Tiempo, cuyos propietarios se habían comprometido a brindarle protección hasta que pudiera rendir testimonio de lo que sabía sobre el involucramiento de la DNI y de militares en la realización de algunos de los crímenes que han conmocionado al país en los últimos ocho meses. Un sentimiento primario de rechazo ante la corrupción imperante en la DNI llevó al ex-agente Zúniga Martínez a desertar y a buscar la protección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Sus coterraneos de Olancho consideraron la decisión del ex-agente de la DNI como una actitud viril y lo saludaron como a un héroe. Los brutales métodos de investigación policial de la DNI han sido rechazados y denunciados sistemáticamente a lo largo y ancho del país.
En sus declaraciones, Zúniga Martínez sostuvo que en la DNI había "un atajo de corruptos, ladrones con placas para robar y pistolas para matar" y acusó a varios agentes de la DNI y del Batallón 3-16 de ser los autores de la mayoría de los asesinatos ocurridos en el litoral norte en los últimos ocho meses. Reveló que los militares adscritos al Batallón 3-16 utilizaban la motocicleta roja que participó en el asesinato de Piña para ejecutar sus acciones y que fueron militares adscritos al 3-16 los que asesinaron el año pasado al líder de la seccional norteña del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Rigoberto Borjas. Aseguró también que el Batallón 3-16 funciona adscrito a la Brigada 105 con asiento en San Pedro Sula.
El alto mando militar, poseído de un febril espíritu de cuerpo, rechazó las imputaciones del ex-agente y las definió como parte de una "campaña tendenciosa" que han venido instrumentando en contra de las Fuerzas Armadas "determinados sectores" de la sociedad hondureña desde enero. Pero nunca identificaron a estos "sectores". A pesar de que trataron por varios medios de desacreditar a Zúniga Martínez y de restar credibilidad a sus declaraciones, tuvieron que atenerse al procedimiento judicial establecido y presentar ante los juzgados correspondientes a las personas sindicadas como responsables de los delitos denunciados.
Los militares y los agentes de la DNI sindicados fueron llevados ante el juez y, después de rendir declaración, fueron conducidos hasta las instalaciones del Tercer Batallón de Infantería en donde fueron confinados en calidad de "depósito" - para utilizar la jerga castrense -. Amparándose en la existencia de un fuero de excepción, no se permitió que fueran al centro penitenciario de la ciudad de San Pedro Sula. Con una celeridad poco acostumbrada, la jueza encargada del caso declaró la libertad provisional de todos por falta de méritos.
Esta liberación de militares y agentes produjo un profundo sentimiento de frustración en la gran mayoría de los hondureños y ha puesto al poder judicial del país en el centro de un intenso debate. No sólo por el temor de los jueces a fallar contra los militares y los cuerpos de seguridad, sino también por la carencia de una fiscalía del Estado que pueda aportar las pruebas que se requieren para encausar a los culpables, sobre todo, cuando son parte de los cuerpos de seguridad del Estado. En su condición de Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Valladares Lanza demandó recientemente la urgente creación de una fiscalía independiente para enfrentar estos casos. El sistema judicial en su conjunto fue también seriamente cuestionado por el informe del Departamento de Estado norteamericano.
Más cuestionamientos El clamor más generalizado y compartido por los diferentes sectores de la sociedad se centró en la depuración de las Fuerzas Armadas. En él coinciden personalidades tan diferentes como los líderes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Nacionales de Honduras (FESITRANH), las más altas autoridades de la Iglesia Católica y dirigentes del conservador Partido Nacional como el abogado Oswaldo Ramos Soto, candidato a la presidencia, y Celín Discua, del mismo partido y hermano del actual jefe de las Fuerzas Armadas.
Un núcleo de oficiales de las Fuerzas Armadas también tomó partido. En un documento que hicieron llegar hasta El Heraldo el 21 de febrero, el autodenominado Frente de Oficiales Subalternos (FRENOS) se pronunció por la necesidad de que se nombre una "comisión creíble" para investigar las denuncias formuladas en contra de la policía y de las Fuerzas Armadas en general. Los oficiales manifestaron "coincidir con el criterio de la empresa privada y de algunos personajes relacionados con la misma en que se debe limitar la injerencia del IPM en este campo". Finalmente, deploraron lo que denominan la "actitud pacífica y tolerante del señor Presidente de la República, la actitud servil de algunos miembros del Poder Legislativo, así como el acomodamiento y sumisión del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas". En éste como en un documento anterior, el Frente de Oficiales Subalternos (FRENOS) dejó plasmado su profundo descontento con la reelección - aprobada por el Congreso en octubre/92 - del General Luis Alonso Discua como jefe de las Fuerzas Armadas por un segundo período.
En medio de esta efervescencia causó profundo impacto un editorial difundido en el programa "Buenos Días América" de la Voz de los Estados Unidos de América el 2 de marzo en el que se afirmó que "Honduras es un ejército con un país y no un país con un ejército". La VOA llamó "empresa" a las Fuerzas Armadas hondureñas por su activo involucramiento en la actividad empresarial.
El Presidente Callejas ordenó a su Ministro de Relaciones Exteriores presentar una formal protesta por este editorial. En tono de disculpa, el embajador Arcos declaró que no reflejaba la posición oficial del gobierno de Estados Unidos, pero que sí podía entender las preocupaciones del sector privado hondureño, pues a su juicio los militares "en cualquier país del mundo sólo debían tener una misión: apoyar y defender su gobierno".
El alto mando militar perdió la cabeza y ordenó un aparatoso despliegue militar en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que fue interpretado por los observadores como un inútil y desproporcionado acto de desesperada prepotencia disuasiva. El Presidente Callejas trató de justificar esta decisión del alto mando militar insinuando que se trataba de un operativo contra la violencia criminal ordenado por él mismo en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, tratando con esto - como en otras ocasiones - de limar las aristas de la confrontación entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas.
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Ciudadanos con uniforme
El espectro de quienes están enfrentando a las Fuerzas Armadas hondureñas es bastante amplio. Tratando de identificar a sus portavoces y contenidos, el editorialista de un periódico capitalino dejó anotado lo siguiente: "Muchos dirigentes políticos, sectores de la producción y de los servicios, profesores universitarios, escritores y periodistas ven en este proceso la necesidad de que los militares efectivamente retornen a sus cuarteles, reduzcan su inmenso aparato político-militar, entreguen la policía a la autoridad civil correspondiente y den paso a una profilaxis interna que termine con los grados de corrupción, castiguen a los responsables y que efectivamente sean ciudadanos con uniforme, reconquistando el respeto y la consideración pública". Hay organizaciones que han ido más allá y proponen la reestructuración total y/o la redefinición del papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad hondureña.
Una comisión Ad-hocEl 1 de marzo, el Presidente Callejas, después de haber debatido en una reunión conjunta con el alto mando militar, miembros de su gabinete de gobierno, representantes de los partidos legalmente inscritos y de los medios de comunicación del país, anunció la creación de una Comisión Ad-hoc para plantear al gobierno en un plazo de 30 días un conjunto de medidas para determinar qué hacer con la DNI, con los cuerpos de policía y con el Poder Judicial para garantizar la efectiva aplicación de la ley. Esta decisión fue facilitada por la tomada previamente por los militares de devolver en forma gradual la DNI y la policía de hacienda a los civiles.
La Comisión quedó integrada por representantes del Poder Ejecutivo, entre los que Callejas incluyó a funcionarios gubernamentales y a miembros del alto mando militar, por representantes de los partidos políticos legalmente inscritos, de los medios de comunicación y por un representante de la Iglesia católica, el arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor Oscar Andrés Rodríguez, quien fue designado como presidente de la Comisión.
El 3 de marzo la Comisión tuvo su primera reunión, en la que hizo un amplio inventario de las opiniones de sus miembros sobre la DNI. En los días siguientes, la Comisión inició una ronda de consultas con las organizaciones representativas de la sociedad civil, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), las centrales sindicales del país - que llevaron consigo a representantes de las organizaciones campesinas que están agrupadas en su seno- , la Confederación Hondureña de Cooperativas (CHC), el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH), el Comité de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla" y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH).
Estas reuniones se convirtieron en una nueva ronda de quejas contra la DNI en particular y contra las Fuerzas Armadas en general. Las organizaciones repudiaron los procedimientos de investigación de la DNI y el involucramiento de algunos de sus miembros en actividades delictivas. El abanico de posiciones en torno a la DNI fue desde la moderación de los representantes de la empresa privada - que pidieron su reestructuración - hasta la más radicalización de los organismos defensores de los derechos humanos, que exigieron su total eliminación. Hubo acuerdo en que en cualquier decisión que se adopte en relación a la DNI, los cuerpos de investigación del Estado deberán mantenerse lejos de los denominados "políticos de oficio", que corrompen la justicia en el país. También coincidieron en que es necesario crear un organismo serio y profesional capaz de inspirar confianza a la ciudadanía.
El 19 de marzo la Comisión ad-hoc decidió solicitar al Presidente de la República que mientras se proponen soluciones definitivas para la cuestión de la DNI, es necesario intervenir su funcionamiento a través de una junta nombrada ex-profeso, que debería encargarse de evaluar el personal de la institución policial, vigilar que no se apliquen torturas y tratos infamantes a los detenidos y recomendar acciones salariales, de previsión social o de otro tipo que garanticen que en institución ingresen y se estabilicen personas idóneas. La Comisión ad-hoc propuso también que los miembros de la DNI responsables de delitos sean puestos a las órdenes de los tribunales cuando haya indicios razonables en su contra.
El Presidente Callejas aceptó la petición y nombró a los miembros de la junta interventora:el abogado Rodolfo Rosales Abella, ex-ministro de Trabajo de Callejas, el líder democristiano Alfredo Landaverde y el Coronel Heliodoro Zamora, que ha estado relacionado con los cuerpos policiales del Estado. El 22 de marzo los integrantes de la junta interventora de la DNI iniciaron su tarea y se espera tengan un éxito relativo, que sus recomendaciones hagan que la justicia - como dijo el embajador Arcos - "no solo muerda a los descalzos" y que logre reducir el nivel de impunidad que han disfrutado tradicionalmente en el país los que tienen las armas, el poder económico y político, sus amigos y los amigos de sus amigos.
A pesar de todo esto, hay que tener en cuenta que muchas de las querellas que la sociedad civil hondureña ha planteado a las Fuerzas Armadas no han encontrado todavía un mecanismo institucionalizado para discutirse y resolverse. No se visualiza todavía un foro de discusión en el que la empresa privada pueda resolver su disputa con los militares por su creciente involucramiento en la actividad empresarial. Menos aún, otro foro en el que diferentes sectores de la sociedad civil puedan plantear y resolver las quejas que provocan los deseos acaparadores de muchos militares a títulos individual. O el foro que sirva para discutir lo que algunos llaman la desmilitarización del Estado: devolución al poder civil de la Dirección de Política Migratoria, la Dirección General de Aeronáutica Civil, el Instituto Geográfico Nacional y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL). No se visualiza tampoco que el gobierno central y el Congreso Nacional tengan voluntad política para llevar adelante la reducción del presupuesto y de los efectivos de las Fuerzas Armadas ni su depuración interna. Estas cuestiones seguirán pendientes en la sociedad hondureña no se sabe por cuánto tiempo más.
Pero a pesar de tantas tareas pendientes, los últimos meses han representado un momento heroico y estelar de la sociedad civil en su asedio a las fortificaciones de las siempre todopoderosas Fuerzas Armadas. La sociedad civil hondureña ha perdido el miedo y esto permite esperar en el cercano futuro nuevas situaciones que conduzcan a la desmilitarización de la sociedad.
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El embajador Arcos
Por su activo involucramiento en las discordias que han enfrentado a la sociedad civil hondureña y a sus Fuerzas Armadas, el embajador norteamericano Crescencio Arcos ha sido objeto de ataques anónimos. En un afiche atribuido al guerrillero Frente Patriótico Morazanista, se acusa a Arcos de "metido", de "creador y apoyador de la contra", de "criminal del pueblo nicaragüense", de "creador de los escuadrones de la muerte en Honduras" y de "violador de la soberanía de los pueblos". El diario Tiempo sugirió que el afiche procedía de "militares descontentos por los esfuerzos del diplomático en favor de la justicia". Sorpresas de la historia: los que ayer aplaudían la estrategia norteamericana en Centroamérica porque les era beneficiosa, hoy la repudian porque creen que les perjudica.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica