Nicaragua
S.O.S por Bosawás
Bosawás es el pulmón de Nicaragua.
Es la reserva forestal y de recursos naturales mejor conservada de Nicaragua
y de toda Centroamérica.
La reserva, de 7,500 kilómetros cuadrados, está en grave peligro.
La falta de una política agraria lo puede destruir.
Marvin Ortega
Bosawás es el pulmón de Nicaragua. Es la reserva forestal y de recursos naturales -bosque tropical húmedo y bosque de nebliselva- mejor conservada de Nicaragua y de toda Centroamérica. La reserva, de 7,500 kilómetros cuadrados, toca los municipios de Matiguás, Wiwilí, Río Blanco, Waslala, Siuna, Bonanza, donde se juntan el río Bocay, el cerro Saslaya y el río Waspuk (de ahí se origina su nombre). Bosawás es el territorio ancestral del pueblo sumu, viviendo en esta reserva el 90% de esta etnia (32 comunidades) unas ... personas. El resto de los habitantes de Bosawás, mestizos, totalizan unos 10 mil habitantes. Declarada Reserva Nacional por la presión de grupos ecologistas nicaragüenses e internacionales, Bosawás es una de las pocas zonas de bosques vírgenes que sobrevivieron al "desarrollo" de la década de los 50.
Avance inexorable sobre el bosqueEn la últimas mitad del siglo que se acaba, las regiones boscosas de la Costa Atlántica del centro y del norte de Nicaragua han sido utilizadas como la alternativa ideal para descompresionar la demanda por la tierra. Y esto, sin la menor preocupación por el daño que la migración incontrolada de millares de campesinos, desplazados del trópico seco e intermedio al trópico húmedo, ocasiona a nuestros recursos naturales. La verdad de la historia es que la expansión de la frontera agrícola a costa del bosque, ha servido para defender la propiedad terrateniente del Pacífico. Detrás de todo esto está la concepción del país como un artículo descartable: se toma, se usa y se bota. Ni más ni menos que una lata de cerveza.
A principios de los 50, el somocismo desató un salvaje proceso de expropiación de tierras campesinas, para expandir la producción capitalista de algodón, café y banano para la exportación. Millares de familias campesinas del Pacífico fueron empujadas hacia Nueva Guinea y Río San Juan, hacia el norte de Jinotega y Matagalpa y en dirección central, hacia Río Blanco y las Minas: Siuna, Rosita y Bonanza.
Entre 1952 y 1979 el área en fincas de Nicaragua pasó de un poco más de 3 millones de manzanas a 8 millones. Un crecimiento del 6.2% anual, el doble de lo que fue la tasa de crecimiento poblacional en los mismos años. De la misma forma y según OEDEC - organismo gubernamental que precedió a INEC en el manejo de la información estadística oficial -, mientras todas las regiones del país mostraron descensos de la población rural entre 1952 y 1971, la población rural de las zonas de frontera agrícola creció en esos años a un ritmo del 7% anual.
En sus primeros años, la revolución sandinista evitó que se abrieran nuevas áreas de frontera agrícola. Millares de campesinos vieron cumplida su histórica reivindicación de acceder a la propiedad de tierra. La gran propiedad terrateniente agroexportadora, cuestionada como modelo de desarrollo, se vino al suelo arrollada por el movimiento popular.
Pero en sus últimos años, la revolución, acosada por la guerra y en un desesperado intento por sostener el modelo de empresas estatales - en las que se veía pintada la concepción de desarrollo económico que privaba en el gobierno sandinista -, planteó nuevamente la apertura de la frontera agrícola para seguir respondiendo a la aún insatisfecha demanda de tierras. Al perder las elecciones en febrero de 1990, el gobierno del FSLN no había tenido tiempo de realizar esta nueva apertura.
El gobierno Chamorro coincidió con la idea de reabrir la frontera agrícola, pero no para preservar las empresas estatales, sino para devolver sus tierras a sus antiguos dueños y así reconstruir el antiguo modelo de explotación terrateniente que había debilitado el sandinismo. Hoy, con el auge del neoliberalismo se atribuye a este modelo una eficiencia capaz de lograr la recuperación de la economía nacional, a pesar de su fracaso durante el somocismo.
La alternativa para responder a la demanda de tierras de millares de campesinos repatriados, desplazados internos, desmovilizados de la Resistencia, del Ejército y de la Policía, fue una vez más abrir la frontera agrícola.
¿Destruyendo o Distribuyendo tierras?En junio/92, el gobierno Chamorro recordaba con gran despliegue propagandístico que en 2 años de gestión había entregado a los ex-contras de la Resistencia 400 mil manzanas de tierras, beneficiando así a 11 mil familias. Esas tierras se encontraban fundamentalmente en la frontera agrícola, en el borde de las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur, de Río San Juan, Matagalpa y Jinotega, avanzando así sobre tierras vírgenes en el borde de la Reserva de Bosawás y en lo que queda de bosque en el centro y Atlántico del país.
Mapa
Los registros oficiales hablan de más de 11 mil familias beneficiadas y de más de 16 mil demandantes, entre repatriados y desmovilizados que aún no han recibido. En estos cálculos no se está tomando en cuenta a millares de desplazados internos y ex-militares a los que no se les ha entregado nada. Según cálculos oficiales, éstos podrían superar las 400 mil personas. (El programa de Reconciliación y Rehabilitación Nacional calcula en 600 mil personas la población desa-rraigada.
En esta cantidad se incluyen por lo menos 10,744 repatriados y desmovilizados en la regiín I, V y VI, cuyas alternativas para conseguir tierras apuntan hacial las últimas reservas de bosques.
El mapa adjunto ilustra con flechas las tendencias migratorias de estos demandantes de tierras y la cantidad de desplazados y repatriados en los municipios cercano a Bosawás.
La migración hacia el Este es muy riesgosa, pues no existe infraestructura productiva, de comercialización o social, lo que hace particularmente dura la construcción de fincas en esos lugares.
En cambio, hacia el Norte y hacia el Sur, las carreteras de Jinotega-Wiwilí, Jinotega-Cuá-Bocay, Matagalpa- Waslala, Siuna, Matagalpa-Río Blanco-Siuna- Siuna-Rosita- Puerto Cabezas, ofrecen mejores perspectivas y una infraestructura mínima permite el asentamiento de quienes buscan tierras en condiciones más fáciles.
La situación es alarmante. Nicaragua tiene más de 40 años de descapitalización sostenida de sus recursos naturales. Con ello se ha subsidiado la acumulación de los terratenientes y comerciantes capitalistas que han controlado el país desde la colonia y que hoy, después de 10 años de esfuerzos no victoriosos por crear una alternativa nacional y popular de desarrollo independiente, están nueva- mente en el poder.
Ha sido y es aún tan fuerte la descapitalización de nuestros recursos naturales, que muchas de las actividades económicas con las que se formaron los grandes capitales a partir de los 50 ya no son sostenibles y se han derrumbado y estrepitosamente. La ya improductiva y devastada región algodonera de Occidente es el mejor ejemplo. Fuentes oficiales aseguran que durante 1991 la deforestación en Nicaragua fue de 150 mil hectáreas anuales y que de continuar a este ritmo en 20 a 25 años Nicaragua será un desolado desierto.
Desde hace varios años han existido corrientes migratorias hacia territorios de bosques, que se asentaron ya sobre el bosque virgen y que ya lo destruyeron. Nuevas corrientes avanzan aceleradamente en esa dirección desde 1990.
Sólo tomando en cuenta los municipios colindantes con las Reservas protegidas por el Estado en la región VI - y no los más apartados-, encontramos que a partir de 1990 se han asentado en ellos, 12,716 desmovilizados y repatriados, de los cuales 3,128 fueron beneficiados con tierras y el resto -9,588 - deambulan buscando un lugar donde trabajar.
Estos y otros demandantes de tierras son los que avanzan sobre la frontera agrícola. Para contenerlos se han promulgado moratorias a la actividad maderera, órdenes que prohiben la tala del bosque y hasta un decreto presidencial estableciendo los territorios de Reservas Naturales. Hasta ahí ha llegado la acción del Estado.
De forma paralela, y con la fuerza de los hechos -mayor que la del papel-, el Estado lanza a las mismas zonas que protege por la Ley a millares de campesinos, que para vivir no tienen otra alternativa que destruir. El Instituto de Recursos Naturales y del Ambiente (IRENA) y el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), que tienen la responsabilidad de proteger los recursos naturales, son como una etiqueta pegada a un frasco vacío en los lugares donde se destruye el bosque.
No sólo se encuentran impotentes para actuar, por la reducción del gasto público que ordena el programa de ajuste estructural, sino que el cumplimiento de su mandato resulta contradictorio con una economía de libre mercado donde los casos inversores necesitan espacio para operar sin que nadie intervenga en sus decisiones.
Falta conciencia y sobran intereses económicosAlgunos ejemplos de cómo la migración avanza sobre Bosawás y otras zonas boscosas de la RAAN muestran que los Ministerios no actúan. Exactamente en la punta Sur de Bosawás, en dirección a las cabeceras del río Iyas, se encuentran asentadas por lo menos 400 familias, en una zona conocida como La Esperanza Iyas. Todo indica que en los dos últimos años este poblamiento creció con migrantes estimulados por los madereros, que buscan cómo consolidar sus posiciones atrayendo gente hacia la zona y exagerando ante los organismos gubernamentales las dimensiones reales del asentamiento.
Algo parecido, de menores dimensiones en términos poblacionales pero con iguales intereses económicos, sucede en Casas Viejas, entre Bonanza y Siuna, donde un antiguo piloto de la contra alega ser propietario de 35 manzanas en el mismo corazón de Bosawás, en las tierras de la comunidad sumu de El Paloma. Todo indica que en Esperanza-Iyas y Casas Viejas se estimula un fuerte proceso migratorio, difícil de contener en un territorio donde hay un marcado vacío de poder gubernamental, muy limitadas capacidades institucionales y sensible debilidad política.
Por otra parte, en Caño El Coco se han radicado varias familias autorizadas por el mismo INRA, que prometio derechos de propiedad "al que se le mirara interés y trabajo", es decir, a quien construyera una finca. En la realidad, destruir una parecerla significa construir una finca. Vecinos de Casa Pintada y Danlí, al oeste de Siuna, aseguran que una cien familias han entrado en dirección al Caño en los dos últimos años. Pero otros flujos migratorios son potencialmente una mayor amenaza para la Reserva de Bosawás.
Es tan fuerte la migración sobre las tierras que bordean la carretera Mulukukú-Siuna, que poblados como Sarawás, Santa Rita o Puente Labú eran a principio de 1992 caseríos que no superaban las 40 casas y en junio todos ellos superaban con creces las 100. Según los camandantes de la Resistencia, en Río Blanco, en dirección a Siuna, se han asentado con tierras entregadas por el INRA 297 familias de desmovilizados. Se calcula que en Río Blanco quedaron sin respuesta gubernamental 1,751 familias de desmovilizados, cuya única alternativa es buscar tierras en la áreas nacionales de los bosques.
En dirección Este de Siuna el INRA entregó 15 mil manzanas de tierras vírgenes a 300 demovilizados de la Resistencia, que ya encontraron otras familias campesinas viviendo en la zona. En el municipio de Rosita la incidencia de la población migrante es menor, aún cuando el INRA reconoce 907 familias desplazadas de guerra que regresaron a 32 comunidades.
Centenares de familias se han ubicados en Wasminona y sus alrededores, en los antiguos asentamientos de Tasba Pri y en las vegas del río Prinzapolka y sus afluentes, invadiendo territorios de los mískitos. En ninguna parte existe un censo ni nada parecido del movimientos de migrantes. Sukawala -la organización de los sumus - ha denunciado corrientes migrantes de mestizos que invaden sus territorios en dirección a Musawás, dentro de la reserva forestal.
Hacia el desiertoA finales de la década del 70 se consideraba que la zona de las Minas tenía el 40% de su área cubierta por bosques latifoliados, ricos en caoba, cedro maría, querosín, laurel, etc. Un estudio realizado en la década del 80 estimaba que existían en la zona entre 100 y 180 metros cúbicos de madera aprovechable por hectárea. La explotación maderera, que en Nicaragua no es una actividad productiva sino una actividad depredadora, ha devastado esta riqueza. La madera ha sido siempre vista como una alternativa rentable y viable para enfrentar los problemas del desarrollo económico en la Costa Atlántica y ha servido para el enriquecimiento fácil y rápido de algunos madereros.
En verano, antes que el invierno se regularice, llegan los camiones a las Minas a recoger la madera cortada, pagando a los campesinos una miseria y dejando el área sin reforestar. Los precios que pagan son ridículos: por una tuca que venden en Managua a mil córdobas dan sólo unos 70 pesos. En febrero, marzo, abril y mayo del 92 entraron por lo menos 80 camiones a Prinzapolka y Kukalaya.
En la mayoría de las zonas boscosas, en donde se han asentado campesinos desmovilizados, desplazados o repatriados, los madereros ofrecen construir carreteras balastradas y con alcantarillas a cambio de la madera.
Las ofertas son variadas y estiman el costo de la carretera de 30 kilómetros entre 150 mil y 400 mil dólares. Mientras, el precio que pagan por la tuca de madera, continúa por debajo de los 100 córdobas. En otras palabras, los campesinos tendrían que pagar por tal carretera con una cantidad que oscila entre los 7,500 y los 20 mil árboles.
Sentado en una tuca y mirando un árbol inmenso ya colocado sobre una rastra, técnico agropecuario desempleado, metido ahora a comerciante, comentaba: “Así como hay límites para cortar un árbol por lo delgado, debería haber otro que prohibiera corta los que son demasiados grandes. Esos ya son patrimonio de la humanidad”.
Pero no se prohibe nada. En la confluencia del río Dly con el Wany, donde comienza el Prinzapolka, es frecuente ver bajar sobre el río las tucas de madera provenientes de la Reserva de Bosawás. En la pista de Siuna hay dos sierras portátiles instaladas y caminones cargados de caoba esperando salir de Managua.
También el fuegoEn los meses de abril y mayo, cuando se entra a la zona viniendo de Río Blanco, el viajero se topa con un permanente incendio a los dos lados de la carretera. Las llamas van arrasando lentamente el bosque. Hacer un cálculo del área quemada todos los años es muy difícil. En la década de los 80 se calculaba que se quemaban anualmente en la zona cerca de 2,500 manzanas en la siembra de primera. En aquel tiempo, el Banco financiaba todos los años a unos 400 productores con más de 2,200 manzanas para granos básicos y otras tantas para mantenimiento de pastos. En la actualidad, el Banco ha desaparecido de Rosita y de Bonanza y en Siuna mantiene una presencia marginal en el financiamiento agropecuario.
La destrucción del bosque por quema, como alternativa para sembrar, es también un fenómeno alarmante. Cálculos rápidos estiman que un campesino necesita quemar de 3 a 4 manzanas anuales en la siembra de maíz y arroz de primera. Son cifras conservadoras. Pero el fuego no sabe de intenciones. la velocidad del viento y las sequías prolongadas convierten las quemas campesinas en verdaderos incendios que se extienden más allá de las 3 ó 4 manzanas que se pensó quemar originalmente.
En La Rampla y en mayo/92, los nuevos campesinos asentados consideraban que ya habían quemado por lo menos 500 manzanas de las 15 mil que les habían entregado. Un estudio realizado por IRENA en Esperanza-Iyas encontró que 88 familias que tenían dos ciclos de vivir en la zona, habían hecho `mejoras', lo que significa que ya habían quemado 728 manzanas, un promedio de 4.1 manzanas por familia al año. Una familia con 25 años de vivir en Los Cocos ha destruido 150 manzanas, en las que ya no existe un solo árbol y solamente se ven rastrojos altos.
El fenómeno de las quemas anuales del bosque, explicable pero no justificable, se realiza con una absoluta falta de conciencia campesina de lo que significa esta destrucción y también con la ausencia de una política gubernamental que dé atención a las necesidades de la producción campesina. "La conciencia está tan perdida, que los niños juegan encendiendo el monte para verlo quemar", afirma Sandra Price, religiosa de la zona.
En el cerro La Virgen, a unos diez kilómetros al norte de Siuna, un pequeño ganadero con más de 40 años de estar en esa finca y que en el momento de la entrevista le estaba pegando fuego al cerro "para ampliar unos potreros", nos contó que se le estaban secando las fuentes de agua cercanas a su casa. Las fuentes estaban ya totalmente despaladas, con excepción de dos o tres palitos alrededor del lugar donde manaba agua. Según él, los había dejado para protegerla. Las comunidades indígenas no queman, o lo hacen muy poco. Algunas sí están sacando madera en tablones sobre los ríos, cortadas con sierras manuales, aunque parece que ya están utilizando motosierras.
¿Diálogo de sordos?Ante toda esta agresión a la naturaleza y a los recursos naturales, el gobierno, entre ignorante e ingenuo, no tiene una alternativa que no sea teórica. Sus recomendaciones y mandatos reflejan más la buena intención de los técnicos que trabajan el área de protección del medio ambiente que la voluntad gubernamental.
Esta se puede identificar con toda claridad en la experiencia vivida por los campesinos ubicados en La Rampla, beneficiados al desmovilizarse de la RN con 15 mil manzanas de tierras vírgenes para construir un Polo de Desarrollo, sin que nadie les sepa precisar cuáles son los límites de su área. Nadie la ha medido y nadie tiene interés en medirla.
Lo que queda claro es que el gobierno les dio esas 15 mil manzanas, más para quitarse de encima una presión que pensando en dar una solución permanente a su problema.
Cuando tomaron posesión de las tierras, se encontraron con el dilema de tantos otros campesinos: necesitan trabajar, no tienen otro recurso que la tierra y saben que es urgente evitar que esos bosques sean destruidos. En mayo 92, en una reunión efectuada en las oficinas de IRENA en Siuna, entre campesinos de La Rampla y funcionarios de IRENA-Managua, se discutieron estos problemas.
Un resumen de las ideas expuestas en esa ocasión por los funcionarios: los campesinos no reforestan porque no tiene recursos, por eso no se deben limitar a proyectos sólo ganaderos y agrícolas. Deben producir bosque, eso es rentable. Deben hacer proyectos de abejas, cuajipales, frijol y maíz con árboles, cacao, café y musáceas. Deben promover ganadería agro-silvopastoril. No corten la madera sin permiso, sean disciplinados. No deben sembrar en la vega de los ríos, después IRENA les reclama...
IRENA dejó sin aclarar cómo y con qué recursos los campesinos podrían hacer todo esto.
Uno de los campesinos argumentó: "Trabajamos frijoles a la orilla del río. Sólo la vega sirve. Pero si dejamos la vega sin trabajar no producimos". El funcionario fue inclemente en la defensa de las vegas: "Hay que sembrar a un kilómetro de los ríos", sentenció. Otro campesino preguntó: "¿Cómo hacemos eso si no cortamos la madera?" Nadie le respondió. Un tercer campesino insistió: "Nos preocupa cómo se va a desarrollar el Polo. No podemos cumplir sin despalar. Tenemos problemas con las vías de comunicación. ¿Cómo vamos a construir viviendas? ¿Cómo se va a hacer cada finca? ¿Cómo se regula la explotación del bosque?". El funcionario reconoció que "el problema está en que el Polo se implantó donde técnicamente no es viable". Finalmente, concluyó con más ingenuidad que mala fe: "De todas formas, no despalen sin la orientación de la institución (IRENA)".
La reunión terminó y cada cual se fue por su lado. Los funcionarios, a seguir tratando de convencer a otros campesinos que no destruyan el bosque. Y los campesinos a ver qué hacen, sin alternativas de producción, necesitando quemar y sembrar en las vegas de los ríos para poder sobrevivir aunque sea unos días más.
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