Nicaragua
¿Es hora del cogobierno?
La ultraderecha perdió espacio político y el FSLN lo ganó.
¿Significa eso estabilidad?
Equipo Envío
A primera vista, no pudiera haber sido mayor el contraste entre las últimas semanas de 1992 y las primeras del nuevo año. En diciembre, la ruptura y la confrontación entre el sandinismo y el gobierno fueron de lo más intensas, pero en enero todo era diferente, hasta tal punto que Daniel Ortega reconocía el "co-gobierno en el plano político, en la Asamblea Nacional" y la revista Time anunciaba que los sandinistas "nuevamente y de facto tienen el control sobre Nicaragua".
En diciembre llegó a su punto culminante la ofensiva lanzada por el movimiento sindical alrededor principalmente de los temas de la privatización y del empleo. Las protestas se combinaban con propuestas en la mesa de negociaciones. El gobierno las rechazaba y que acudía a la represión policial.
Choques en las calles y guerra verbal entre gobierno y FSLN. Cada parte acusaba a la otra de propiciar la violencia. En medio de la ascendente tensión, fue asesinado a fines de noviembre Arges Sequeira, dirigente del COSEP y estalló una bomba en las oficinas de ese organismo empresarial. Aunque el FNT repudió el asesinato, aseguró que no contendría a los trabajadores y que continuaría escalando la lucha hasta que el gobierno no se sentara a negociar seriamente.
Diciembre fue una cadena de huelgas y paros: hospitales, aduanas, INE, ingenios, las bananeras... El eje de las protestas, que amenazaban con desembocar en una huelga general a nivel nacional continuaba siendo en el fondo el tema de la propiedad - todavía sin resolución definitiva - en el que sindicatos y pobladores, gente del campo y la ciudad, demandaban el cumplimiento de las legalizaciones prometidas desde hacía meses por el gobierno.
Cobraron especial relevancia la prolongada huelga de hambre de ex-militares que demandaban el cumplimiento de las promesas que se les hicieron antes de su retiro, la larga huelga de los trabajadores de la salud, que demandaban mejor abastecimiento para los hospitales y mejores salarios. Noviembre y diciembre fueron meses en los que todas las corrientes fuerzas políticas midieron fuerzas.
El gobierno desplegó sus músculos con mayor seguridad, interpretando el cambio de gobierno en Estados Unidos como una luz verde para romper con la ultraderecha y enfrentar al sandinismo en la mesa de negociaciones. Y recurrió con mayor decisión a despliegues policiales y del ejército para neutralizar las protestas populares.
El sandinismo demostró mayor coherencia y capacidad de movilización, aunque la autonomía con que actuaron los organismos populares no dejó de indicar algunas fisuras o dinámicas no siempre coincidentes entre cúpulas y bases. Los partidos políticos más recalcitrantes de la UNO hicieron el mayor de sus esfuerzos desde su principal bastión de influencia, la Asamblea Legislativa. La crisis institucional fue la más grave de todas las vividas desde el cambio de gobierno. El Ejecutivo fue el blanco del FSLN y de los movimientos populares. Los partidos políticos de ultraderecha tuvieron el mismo blanco. El resultado de esta doble tensión produjo una especie de doble parálisis. La vida económica padecía de anormalidades y el órgano legislativo, sin la presencia de la bancada sandinista, avanzaba, a través de la promulgación de leyes "ilegales", en la definición de una Nicaragua sin sandinismo y sin moderados.
Respuesta de fuerzaEl gobierno respondió, a derecha e izquierda, con el uso de la fuerza. Recurriendo a la "nueva" policía y con el apoyo del ejército, los trabajadores fueron intimidados en sus manifestaciones en Managua, hasta llegar al absurdo de desplazar tanques y unidades anti-aéreas en las calles de la capital durante algunas manifestaciones para "resguardar propiedades".
También la Asamblea Nacional sufrió la intervención militar. Al concluir el último período de sesiones del año, el Ejecutivo ordenó la presencia de tropas en el edificio de la Asamblea para impedir cualquier sabotaje de los políticos ultraderechistas de la UNO al plan de la nueva mayoría legislativa (bancada sandinista + algunos diputados de la UNO, ahora de centro) de retomar el control de la Asamblea en la primera sesión del año, el 9 de enero.
¿Nuevo discurso o nueva política social?Concluido el pleito de la Asamblea, el discurso del gobierno pareció dar un giro al anunciar para 1993 un programa de "reactivación solidaria" en el que el sector social tendrá mayor importancia, particularmente en la generación de empleo.
Evidentemente, el gobierno preparó retóricamente la cama en diciembre para el nuevo golpe económico de enero. Algunos ya habían querido ver un cambio de rumbo en la política económica gubernamental a partir de un discurso del Ministro de la Presidencia ante la comunidad de donantes, reunida en Managua a inicios de diciembre. En esta ocasión, Lacayo criticó el neoliberalismo y se preguntó si no era neCésario un mayor grado de intervención estatal en la economía para frenar la pobreza. Lacayo pidió a los organismos financieros revisar "muy cuidadosamente" sus recomendaciones de ajuste estructural para estabilizar el país, porque "todo el sacrificio ha recaído inmisericordemente sobre el pueblo". Era esto precisamente lo que los trabajadores venían repitiendo de manera más apremiante en las calles.
¿Nueva influencia del sandinismo? ¿La puesta en práctica del llamado hecho por el General Humberto Ortega a establecer un "pacto contra la pobreza"? ¿O expresión de la "nueva sensibilidad" de los organismos financieros internacionales, que después de haber estrangulado a los pobres, anuncian ahora otro cuento de hadas para que la América Latina "estabilizada" asegure crecimiento "con equidad"?
En cualquiera de los casos, el gobierno anunció en enero la creación de un nuevo "super-ministerio" para ejecutar programas sociales. Al frente de él estará William Báez, un nicaragüense ex-funcionario de la AID. Lo más importante es la persona allí colocada y no la estructura creada o la intención social que haya detrás. Los donantes extranjeros habían amenazado con suspender los desembolsos para proyectos sociales a raíz de la confusión burocrática reinante y de los enormes desfalcos ocurridos en esa área - su máxima expresión, el caso del Viceministro Antonio Ibarra -.
Una de cal, una de arenaPor otra parte, el gobierno, empujado por los sandinistas, se comprometía a establecer negociaciones amplias con los sectores productivos, incluyendo a los sindicatos y a pequeños y medianos empresarios, privilegiando a la CST y a la UNAG. En este terreno, el reto del sandinismo es no permitir que los criterios de "productividad" y "competitividad", en los que tanto insisten los organismos internacionales, opaquen a sectores populares que, aunque carezcan de plena competitividad en una economía de mercado, no por eso carecen de derechos.
Como contrapartida, el gobierno anunció la devaluación del córdoba en un 20%, faltando a la insistente promesa pública de no-devaluación que desde hacía más de un año venía proclamando. Sólo los grandes exportadores se regocijaron con la devaluación. El sector asalariado no tuvo ningún ajuste salarial y los precios de la mayoría de los productos básicos - por no mencionarlos importados - aumentaron en más del 20% previsto.
Alguien podría haber pensado que esta pérdida del valor adquisitivo del córdoba iba a servir de detonante en una situación tan crítica. Fue lo contrario. La crisis económica en ascenso incrementó la apatía y el sarcasmo con los que la mayoría de la población contemplaban el triste espectáculo de los pleitos políticos en la Asamblea. Con un 60% de la población desempleada y subempleada, con la ayuda externa en descenso y con una situación económica más difícil que nunca antes, muchos políticos aparecen ante el pueblo como ridículos personajes de una novela de tercera.
De casos de corrupción se habla a diario en todos los medios. La Contraloría de la República, guardián de la ética en el sector público, fue cuestionada éticamente. La Corte Suprema de Justicia anuló las decisiones y legislación elaboradas durante cuatro meses por la Asamblea presidida por Alfredo César. Los parlamentarios de la UNO declararon "ilegítima" la distribución de cargos en la nueva directiva de la Asamblea, denunciando que se trata de una re-edición de la "chanchera" - parlamento somocista -. El Contralor de la República, vinculado a Alfredo César, "ordenó" la destitución del Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo. Y acto seguido, la Presidenta pidió a la nueva Asamblea la destitución del Contralor, lo que consiguió enseguida con la nueva mayoría parlamentaria...
Para completar este confuso y nada alentador panorama, el partido derrotado en las elecciones de 1990 asumió una nueva cuota de poder, tanto en el órgano legislativo como en el mismo gobierno central, con algunas caras sandinistas invitadas a formar parte del nuevo gabinete y de otras dependencias de la burocracia. La impresión del co-gobierno es casi evidencia, aunque Daniel Ortega declaró que la "convergencia o co-gobierno" se da únicamente en la Asamblea Legislativa.
El nuevo sujeto económico sindicalA finales de enero quedó prácticamente concluida la negociación-confrontación entre el gobierno y la Central Sandinista alrededor de la privatización de un conjunto de empresas estatales a favor de los trabajadores. ¿Indicaba esto que el "co-gobierno" tendría frutos concretos para los de abajo? La CST declaró haber logrado un 80% de sus demandas y los funcionarios gubernamentales y los dirigentes sindicales que protagonizaron la negociación describieron los resultados como una "alianza" con los "nuevos sujetos económicos" sindicales para "reactivar" la actividad empresarial.
No obstante estos primeros réditos del co-gobierno para los sectores populares, no cabe el triunfalismo. Hasta el último momento de la negociación, el gobierno regateó en cada empresa y en cada sector, en un proceso de estira y encoge que acompañó en ocasiones de represión. Tampoco han quedado suficientemente establecidas las garantías para la obtención de créditos o la flexibilidad que habrá en los pagos para que los nuevos "obreros-empresarios" administren sus empresas y aseguren su sobrevivencia.
Porque el gobierno - o mejor el "mercado" - continúan dictando sus estrechas reglas de juego, dividiendo a los sectores populares, estableciendo diferencias entre empleados-empresarios y no empresarios y fortaleciendo el mismo proceso de privatización, que en última instancia está orientado a fortalecer al viejo sujeto económico burgués. Al haber concedido a la CST algunas de sus principales demandas, el gobierno no queda ya con las manos libres para privatizar otras empresas públicas - luz, agua, telecomunicaciones -, cuyos trabajadores están resueltamente empeñados en enfrentar esta posibilidad.
¿El FSLN es corresponsable?Después de dos meses de huelga, también FETSALUD, sindicato de los trabajadores de la salud, firmó un acuerdo con el gobierno. Pero a diferencia del suscrito por la CST en relación a la privatización de empresas industriales, los logros de FETSALUD casi ni se vieron, escuchándose protestas de todos, desde las trabajadoras de limpieza hasta los médicos, cuyos salarios raquíticos fueron ajustados en cantidades irrisorias. Había quedado claro para el FSLN y quizás también para los dirigentes de FETSALUD que la huelga de casi dos meses en los servicios hospitalarios tuvo un alto costo político entre la opinión pública. Los efectos del cambio del Ministro de Salud y de nuevas promesas de cooperación con los trabajadores de la salud - aunque siempre dentro del marco de un presupuesto reducido - estarán a prueba en los próximos meses.
Las nuevas medidas económicas nada dijeron de la crisis de las cooperativas, de los pequeños y medianos productores, ni de la población rural sin tierra o sin títulos o sin créditos. En este sentido, los anunciados programas de empleos temporales no son alternativa real, tanto por su carácter efímero como por ser esencialmente urbanos. Picos, palas y escobas pueden ser algún alivio para los desempleados de la ciudad, pero en el campo lo fundamental es el acceso a la tierra y al crédito y nada de esto quedó claro. Para muchos sandinistas resulta difícil desvincular las nuevas medidas económicas de la "toma" de la Asamblea por el Ejecutivo-FSLN-Centro y de la aparición de algunos sandinistas en el nuevo gabinete. Y ven al FSLN como corresponsable de este reciente paquete económico.
La apuesta de los sandinistas¿El fortalecimiento del co-gobierno equivale a fortalecer los intereses de los grandes empresarios? El mismo Lacayo señaló que las medidas habían sido pedidas por la UNAG y el FNT, como sujetos económicos interesados en la reactivación de sus propias empresas y propiedades. Pero la realidad es que como el acceso al crédito no está siendo democrático - lo que discrimina al pequeño y mediano productor -, también discriminará probablemente a los nuevos propietarios-obreros de las empresas privatizadas a su favor. Así, aunque la extrema derecha se beneficia políticamente de medidas económicas tan impopulares, es el sandinismo quien está pagando su precio político.
El FSLN considera que todo lo ocurrido es un medio y no un fin en sí mismo para estabilizar al país. La respuesta oficial de la dirección del FSLN a las nuevas medidas, tan neoliberales como todas las anteriores, fue únicamente señalar sus aspectos negativos, pero no las atacó en su fondo. Hacerlo hubiera sido desestabilizar al gobierno. Pero muy diversos sectores populares, particularmente los no propietarios y los desempleados, en poco se benefician de esa estabilidad. ¿Estaremos entrando en una "etapa superior", la que los salvadoreños llaman "bonsai", en la que la izquierda queda reducida a asumir un papel pequeño y decorativo en la sociedad política "pluralista"?
Con o sin sandinistas en el gobierno, eficaces o decorativos esos funcionarios, las reivindicaciones populares y las protestas continuarán. El conflicto social de las mayorías no desaparece con esta tregua negociada entre FSLN y Gobierno. Aún cuando la extrema derecha desapareciera del mapa político -lo que está lejano -, las contradicciones objetivas que provoca la "estabilidad" económica normada por el gobierno continuará desestabilizando la vida diaria de los pobres.
¿Cuál es la alternativa económica que ofrece el FSLN? La realidad es que para lograr la estabilidad económico-social del país, incluyendo la de los sectores populares, el FSLN y el gobierno no puedan trabajar por separado. Está también demostrado que no será desde el terreno de los partidos políticos desde donde se iniciará la distensión. Después de tres años, tanto el gobierno como el FSLN han llegado a la conclusión de que solamente a partir de un entendimiento mínimo entre los sectores productivos - incluyendo en ellos a los trabajadores-propietarios - se podrá alcanzar la estabilidad.
En la misma línea del FMLN en El Salvador, el FSLN parece estar apostando a acuerdos patrióticos que aíslen, tanto en el campo político como en el económico, a la extrema derecha y que refuercen al gobierno en su captación de mayores niveles de ayuda externa sin los que el país no logrará despegar.
Estados Unidos: el Gran Ausente presentePero no todo depende de la neutralización de la ultraderecha con un arreglo Ejecutivo-FSLN. En Nicaragua juega un desproporcionado papel lo externo, y en particular la política de los Estados Unidos. El cambio en Washington juega más a favor del gobierno que del FSLN, y de eso debe estar claro el FSLN. El gobierno decidió aprovechar al máximo el período de transición y la actual etapa de indefinición norteamericana hacia Centroamérica, para que las fuerzas políticas nacionales asumieran sus correspondientes lugares en la estructura del poder, comenzando por relegar a la extrema derecha a su verdadera y minoritaria dimensión y siguiendo por darle al FSLN su estatus de principal fuerza organizada de la nación.
Sin duda, el giro y los recambios políticos de enero han ampliado, al menos temporalmente, el margen de maniobra del gobierno Chamorro para redefinir sus alianzas, contando aparentemente con el visto bueno del nuevo equipo de Clinton que le habría asegurado que el congelamiento de desembolsos era ya cosa del pasado. De hecho, la profundización de la crisis política en los últimos meses de 1992 - que culminó con el conflicto de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo - fue en gran parte fruto del estímulo recibido por la extrema derecha nicaragüense al retener Bush la ayuda a Nicaragua.
Los más optimistas ante la era Clinton han pronosticado menores niveles de condicionamiento político y económico por parte de la Agencia Internacional para el Desarrollo. Aunque no tantos como para que la AID aplauda la privatización a favor de los trabajadores o la ampliación y facilidades de crédito para los pequeños productores. En todo caso, los montos de ayuda, con retrasos o sin ellos, con condiciones o sin ellas, van en picada. Tampoco existe ningún indicio de que con el cambio de administración en Estados Unidos varíe la suspicacia de la Agencia Central de Inteligencia hacia el Ejército de Nicaragua.
La ultraderecha pasa a la "oposición"El 11 de enero, la Unión Nacional Opositora - o los partidos que quedan en la alianza UNO - proclamaron que se constituían en opositores del gobierno con el objetivo de reemplazarlo a la mayor brevedad posible. La UNO declaró "ilegal" la nueva junta directiva de la Asamblea (diputados sandinistas + diputados ex-UNO de centro), considerando que su constitución era resultado de un "golpe de estado" dado por la Presidenta Chamorro contra el Poder Legislativo.
La extrema derecha sufrió un golpe muy serio en la Asamblea y ha sido en balde su batalla por controlar cualquier otro poder del Estado. Y aunque muchos piensan que el Ejecutivo y el FSLN tendrán que negociar con los aliados políticos de la UNO una repartición distinta de la actual de los cargos directivos de la Asamblea, no puede menospreciarse la capacidad de la ultraderecha, aún fragmentada, de atentar contra todo pacto político, económico o social que se produzca entre gobierno y sandinismo. Es grande también su poder e influencia en varios medios de comunicación, a veces con mensajes más coherentes que los de los sandinistas.
Continúa sobre el gobierno esa espada de Damocles que son los reclamos de ex-propietarios confiscados que se hicieron ciudadanos estadounidenses. Durante su comparecencia ante el Senado para su confirmación en el cargo, el nuevo Secretario de Estado, Warren Christopher, tuvo que responder a un número inusitado de preguntas sobre Nicaragua, formuladas por el influyente Senador Jesse Helms. Christopher esquivó la mayoría de esas preguntas, pero no pudo dejar de registrar la preocupación por el tema de las propiedades reclamadas por ciudadanos norteamericanos. Sin embargo, Helms ha perdido poder al perder Bush, y no pudo impedir que en diciembre se descongelaran 50 de los 104 millones de dólares de ayuda a Nicaragua retenidos por el gobierno Bush. Impotente, se limitó a acusar a Violeta de Chamorro de "brutal, corrupta, ladrona y supeditada a la influencia sandinista".
Pero la extrema derecha y las fuerzas empresariales congregadas en el COSEP no se limitan a esa presión económica que es su negativa a invertir en Nicaragua de manera significativa y con fondos propios desde hace años. Tratan de obstaculizar políticamente el que lleguen fondos del exterior, buscando cómo empañar cualquier imagen de consenso social y político que el gobierno pretenda ávidamente vender ante los posibles donantes. Proyectan permanentemente la imagen de una Nicaragua en "inestabilidad", recurriendo no sólo a shows o infantilismos parlamentarios - como los iniciados el pasado septiembre -, sino que usan también métodos más peligrosos, que desbordan lo cívico.
¿La Re-Contra?Acciones armadas llevadas a cabo por realzados - principalmente ex-miembros de la Resistencia, los recontras - han sido permanentes en las montañas de la zona norte y central del país. Las razones que impulsan a la lucha armada son diversas y complejas, pero han ido despertando mayor preocupación en la medida en que pasaban de acciones de presión y de propaganda armada, de tomas de carreteras y de tierras, a acciones vandálicas y crímenes atroces contra la población civil como los que se dieron en diciembre y enero.
Los políticos ultraderechistas, tanto en Washington como en Managua, han usado propagandísticamente las amenazas del ejército y el del gobierno contra estos grupos armados con una confirmación de la tesis del co-gobierno. Según ellos, existe una persecusión sistemática del co-gobierno contra toda oposición cívica o armada, incluyendo la de los "combatientes de la libertad" que junto a los partidos de la UNO lograron la "victoria" sobre el sandinismo. Según la ultraderecha, estos "combatientes de la libertad" demandan como ellos - o debían demandar - la reestructuración de las Fuerzas Armadas, la eliminación del ejército, la devolución de las propiedades expropiadas, la renuncia de la Presidenta Chamorrro en favor del Vicepresidente Godoy, la convocatoria a un plebiscito sobre la actual marcha del gobierno y la activa intervención de Naciones Unidas para pacificar el país.
Con crecientes confrontaciones armadas y con la propagación de falsos rumores sobre "una guerra inminente" y la "reinstalación del servicio militar obligatorio", como expresiones de la "nueva dictadura", la ultraderecha vuelve a la carga buscando mejorar su debilitada posición negociadora, tras la derrota de Bush en Washington y la de César en la Asamblea. Los esfuerzos se centran ahora en vincular el descontento campesino con el descontento político, arrógandose los políticos la representación del contrincante militar campesino en el nuevo "frente de guerra".
¿Un frente municipal?Entre el frente de los partidos políticos y el frente militar, está el frente de las municipalidades. En las elecciones de 1990, la UNO ganó 99 de las 143 alcaldías del país. Los partidos más recalcitrantes de la UNO no abandonan la esperanza de poder convocar a sus partidarios a "insurrecciones municipales, pues en muchos de los casos las alcaldías, particularmente las de áreas conflictivas, están en comunicación directa con los alzados, cuando no es el caso de que éstos han pasado a formar parte de la policía local.
Alfredo César continuó explicando eso en Washington durante su última visita: que no se trata ya de un co-gobierno sino de un gobierno usurpado por el sandinismo. "Lo único que nos queda son las municipalidades", declara. Se trata entonces de que las alcaldías -al igual que los políticos de la UNO- pasen "oficialmente" a la oposición valiéndose de sus derechos autónomos y de sus redes políticas locales. Entre todos los alcaldes sobresale el de Managua, Arnoldo Alemán, cuyos ingresos millonarios por recaudación de impuestos y por ayudas externas que él controla, le permiten ir construyéndole bases políticas a su partido liberal (PLC) para las próximas elecciones.
Arma de doble filoCon excepción de la alcaldía de Managua, la convocatoria ultraderechista en las otras alcaldías de la UNO - donde los alcaldes son miembros del movimiento "Salvemos la democracia"-, visitadas casi religiosamente los domingos por los políticos de extrema derecha, parece cada vez más raquítica, con la excepción de alcaldías de Chontales y Boaco donde están los concejales más excitados políticamente. Al fin y al cabo, ningún funcionario municipal ignora que los proyectos y financiamientos los maneja el Ejecutivo y no las diminutas facciones políticas parlamentarias de la UNO. Hay alcaldías pequeñas que no recaudan ni lo suficiente para pagar el salario del propio alcalde. Esta precaria situación explicaría el interés de la AID y de otras fundaciones derechistas de fortalecer el poder municipal y de suministrar a las alcaldías recursos de manera directa.
No obstante, estos eventuales recursos económicos son n arma de doble filo. Porque al asumir ahora un papel abiertamente opositor, la UNO perfila su estrategia orientándola a capitalizar políticamente el creciente descontento de la población haciéndole crecer que la crisis económica es el resultado del entendimiento político del Ejecutivo con el sandinismo. Si en las alcaldías hubiera mejoría económica, esta estrategia empezaría a tambalearse.
Sandinismo y neoliberalismoEmpujando aparentemente por la marea política de las circunstancia y las oportunidades, más que por una estrategia deliberada, el FSLN ha asumido el costo político del cogobierno sin ninguna garantía de obtener con esto alguna ganancia política. Si fracasan los "programas sociales" del gobierno, el FSLN podría ser considerado corresponsable, pero si tiene éxito el gobierno el crédito no será compartido. En todo caso, la probabilidad de éxito es mínima. Después de dos años de neoliberalismo puro, ni la inversión extranjera ni la reactivación aparecen en el horizonte y no hay señas de que esto vaya a cambiar con las últimas medidas.
Para nadie es fácil asimilar lo que plantean los dirigentes sandinistas: la corresponsabilidad, el "cogobierno" se da únicamente en lo político y no en lo económico. Políticos de derecha y de izquierda se preguntan quién se ha vendido a quién y a cambio de qué. Ciertamente, la extrema derecha ha perdido en enero un espacio político y aparentemente, el FSLN-partido lo ha ganado.
Pero esta convergencia FSLN-gobierno no inaugura una época de estabilidad. Nadie ignora que en la Asamblea, la nueva mayoría articulada a favor del gobierno pende de un hilo o de los hilos de dinero con que alguno de los diputados de "centro" podría ser atraído nuevamente a la bancada extremista de la UNO, con lo que el sandinismo y el Ejecutivo volverían a quedar en minoría en el Legislativo.
Aun concediéndole el beneficio de la duda y aun considerado permanente la nueva "mayoría" legislativa, está por verse qué ganarán con ella los sectores populares. Evidentemente, haber contenido el ataque ultraderechista contra los logros de la revolución y el ejército. Pero esto no se traduce en soluciones al profundo problema social y económico. Y es que eso no depende tanto del Legislativo como del Ejecutivo y de las negociaciones que haga éste con el FSLN. Está por verse cuál será el contenido y orientación social de la futura legislación que salga de la Asamblea, así como el que tenga las políticas específicas del gobierno.
Falsa disyuntiva¿Hay posibilidad de reconciliación o de convergencia entre la política económica neoliberal y su férrea ejecución bajo los dictados de la banca internacional con objetivos de transformación social? El sandinismo apuesta a que a partir del espacio político ganado pueda irse fortaleciendo un espacio económico popular como proyecto de los trabajadores que los beneficie no sólo a ellos, sino a todos los desfavorecidos, y que esa base material y a un plazo más largo permita montar todo un proyecto social y político.
Es de presumir que este nuevo sujeto económico, vinculado a la nueva propiedad privatizada a favor de los trabajadores y a las propiedades de los pequeños productores, encontraría su normal cause político-organizativo más en el marco de un mercado hacia el socialismo que en el de un mercado capitalista.
Sin duda, Lacayo lo piensa también así y ha apostado a esta experiencia, buscando fraccionar al movimiento popular por conflictos entre intereses económicos divergentes. En cualquiera de las hipótesis e interpretaciones, innegable que el entendimiento práctico del gobierno con el partido sandinista iniciado en 1991 y reforzado visiblemente al iniciarse 1993, en aras de la reactivación nacional y la estabilidad política, le ha dado al gobierno los espacios para que impulse aspectos claves del ajuste estructural, aún cuando en otros aspectos no logre el gobierno avanzar a la velocidad y en la dirección que demandan los sectores más recalcitrantes de la derecha.
Cogobierno no equivale a capitulación ideológica. Las clases sociales no ha desaparecido con el cogobierno. Y en todos los países del mundo se dan pactos políticos. Pero en Nicaragua, donde el espacio de maniobra está severamente reducido por la dimensión del estancamiento económico, las coincidencias sólo pueden y sólo deben ser temporales.
Quizás lo fundamental es esta etapa que se inicia es evitar caer en la disyuntiva de: o sandinistizar el neoliberalismo o de neoliberalizar al sandinismo. De todas manera, esto no dependerá únicamente del partido-FSLN sino del sandinismo en su conjunto, que más que como suma de organismos o instituciones se perfila como la suma de las luchas que se hacen para enfrentar una situación tan adversa para los pobres.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica