Guatemala
Gobierno-URNG: un diálogo interminable
Pareciera que las cosas no cambian en Guatemala.
El presidente Jorge Serrano, después de intentar durante su primer año fortalecer el poder civil, parece haber renunciado completamente a este propósito.
Equipo Envío
Aparentemente, Serrano aprendió más rápido que su predecesor, Vinicio Cerezo - quien sufrió varios intentos de golpe de estado -, que seria más conveniente, saludable y hasta divertido, dejar el país en las manos de los que realmente mandan: los militares. Serrano ha dejado de hablar de los derechos humanos y otros asuntos espinosos para dedicarse a viajar a diferentes países, acompañado de un cortejo de amigos y familiares, comprar fincas en el norte del país, y tomar como nueva bandera la promoción de la crianza y carreras de caballos.
Mientras el Presidente se divierte, una de las guerras de contrainsurgencia más largas y sucias de América Latina sigue adelante. Algunos guatemaltecos comentan en broma que los asesores militares norteamericanos, israelíes y chilenos, no vienen a Guatemala a enseñar, sino a aprender. Sin embargo, también aprenden que hasta la máquina más sofisticada de represión no puede detener a un pueblo que está pasando de la parálisis por terror a la acción en su propia defensa.
Es muy pronto para decir que el pueblo guatemalteco se levanta. El movimiento popular todavía no se recupera de la violencia masiva de principios de los 80 y sigue debilitado y dividido. Sin embargo, en varios sectores importantes hay señales de resistencia, aunque sean esfuerzos dispersos, espontáneos y coyunturales.
Contradicciones en el tema de derechos humanosA principios de agosto, después de seis meses de estancamiento, el gobierno guatemalteco y la URNG llegaron a un acuerdo parcial sobre las patrullas de autodefensa civil. El gobierno acordó no promover su creación porque fomentan la violación de los derechos humanos y la militarización del campo. Sin embargo, el vocero del ejército, Capitán Julio Alberto Yon Rivera, dijo que si los insurgentes siguen atacando a la población civil, ésta estará en su pleno derecho de organizar una patrulla para su protección, insinuando que la organización de estos cuerpos continuará.
El 11 de agosto, después de firmar el acuerdo, el ejército reiteró esta posición al publicar un comunicado señalando que "el Ejército de Guatemala respetará plenamente lo acordado en la reunión recién concluida en México. No se crearán más Comités Voluntarios de Defensa Civil (Patrullas de autodefensa civil), siempre y cuando los enemigos de la paz, la libertad y la democracia no hagan lo contrario. La dignidad de un pueblo se construye y se defiende".
La URNG había demandado la desintegración total de estos cuerpos paramilitares. El movimiento popular guatemalteco y las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales también habían insistido por mucho tiempo en que el gobierno las eliminara. El punto de las patrullas ha sido uno de los más difíciles de negociar, por lo que el acuerdo fue visto como un pequeño avance, a pesar de su debilidad.
Sin embargo, no se ha logrado firmar aún un acuerdo general sobre los derechos humanos, como se esperaba en septiembre. El obispo mediador, Quezada Toruño, suspendió las pláticas el 23 de agosto debido a diferencias profundas entre las dos partes en cuanto a la aplicación del derecho humanitario internacional y a una comisión "de la verdad" para investigar los abusos a los derechos humanos cometidos en el pasado. El gobierno argumenta que la comisión debería de incluir sólo a guatemaltecos y empezar a trabajar después de que se firme un acuerdo general de paz. La URNG insiste en la participación internacional de personalidades destacadas como en el caso de El Salvador y que la comisión se integre inmediatamente.
Quezada Toruño anunció que las pláticas se reanudarían el 11 de septiembre. Sin embargo, no se reanudaron y el 12 de septiembre la URNG publicó un campo pagado denunciando la campaña de "infamia y mentiras" llevada a cabo por el gobierno guatemalteco y el ejército en su contra. Hasta finales de septiembre, no se sabía aún cuando se reanudaría el diálogo para firmar un acuerdo sobre el espinoso tema de los derechos humanos.
Y la guerra sigueEl 15 de agosto los insurgentes atacaron un destacamento militar en El Chajul, El Quiché y también dicen haber matado a 14 soldados en un ataque a la finca presidencial "Santo Tomás", el 10 de septiembre, según la prensa guatemalteca. Por su lado, el 13 de septiembre el ejército también presentó en la televisión los cadáveres de tres guerrilleros muertos en combate cerca de Palín, al sur de la capital.
Mientras tanto, el ejército guatemalteco continúa la guerra psicológica para desacreditar a la URNG y fomentar un clima de terror. La estrategia de esta campaña es atacar el flanco más fuerte de la guerrilla: la ofensiva político-diplomática en contra de los abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad.
Esta campaña incluye como blancos a las organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, a las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), que son grupos de refugiados internos que se han estado escondiendo en la montaña y la selva por una década y a los aproximadamente 50 mil refugiados en México, que están planificando iniciar un retorno masivo a finales del año. Durante agosto y septiembre, el ejército presentó una serie de "desertores" de la guerrilla a la prensa. Varios hicieron declaraciones que los vinculan con las CPR, los refugiados, organizaciones del movimiento popular y organizaciones extranjeras.
¿Atrayendo insectos?El secuestro de la ex-estudiante de Historia en la Universidad de San Carlos, Maritza Urrutia, a finales de julio, fue una de las primeras "deserciones" dentro de esta campaña. Urrutia fue secuestrada en plena calle mientras llevaba a su hijo a la escuela. Después de que se levantó una campaña nacional e internacional para exigir su liberación, se distribuyó a los canales de televisión un video en el que Urrutia declaraba que había desertado de las filas de la URNG voluntariamente y que estaba escondida. La URNG confirmó que era un miembro de sus filas, pero también denunció que había sido secuestrada por la temida G-2, el cuerpo de inteligencia del ejército y exigió que fuera tratada como prisionera de guerra y entregada al Procurador de los Derechos Humanos.
Urrutia reapareció el Primero de agosto para solicitar una amnistía en el Ministerio Público. Durante una conferencia de prensa repitió lo dicho en el video y añadió que no tenía por qué salir del país porque el gobierno la podría proteger. Inmediatamente después de esta conferencia, se refugió en la oficina de Derechos Humanos del arzobispado de Guatemala, de donde salió el 8 de agosto a exiliarse en los Estados Unidos, acompañada de sus familiares.
El caso provocó una crisis "menor" entre la embajada estadounidense en Guatemala y el presidente Serrano, según la misma embajada. Primero, cuatro senadores norteamericanos escribieron una carta al gobierno exigiendo la liberación de Urrutia. Después, funcionarios de la embajada dijeron a Serrano que sabían que el ejército había secuestrado a Urrutia, lo cual fue un tanto embarazoso para el Presidente, dado que él no sabía quién la tenía. Serrano por su parte, se enojó porque Urrutia consiguió una visa de la embajada para irse a los Estados Unidos y declaró que el funcionario responsable, George Chester, tendría que irse del país. Al final, se acordó que Chester se iría en tres meses.
La oficina de derechos humanos del arzobispado también fue instrumentalizada para conseguir la liberación de Urrutia y ayudarla a salir del país. Investigadores de esta oficina descubrieron que el vehículo en que Urrutia fue secuestrada pertenecía a la Guardia Presidencial, según las placas que fueron tomadas por testigos. Como desquite, Serrano amenazó con expulsar del país a un abogado norteamericano, Dan Saxon, quien trabaja en esta oficina. El arzobispo metropolitano Próspero Penados se reunió con Serrano y Saxon pudo quedarse. La "deserción" no fue un gran éxito para la guerra propagandística del ejército. No obstante, a pesar de la torpeza con que fue realizada, analistas guatemaltecos consideran que el ejército logró varios objetivos.
Primero, demostró a la URNG que el ejército conoce la estructura urbana de la guerrilla y quiénes son sus cuadros intermedios. Además, el hecho de que Urrutia haya declarado ser guerrillera podría atemorizar a todos los grupos populares que levantaron una campaña en su favor. Estos grupos estarían renuentes a involucrarse en la defensa de futuras víctimas por su asociación con la URNG.
Otros analistas piensan que el secuestro podría haber tenido otro propósito más siniestro: utilizar a Urrutia "como una bombilla para atraer a los insectos". En la campaña que se organizó en su defensa, el ejército pudo identificar a simpatizantes de la guerrilla y a otros potenciales líderes del movimiento popular, llevándoles con el señuelo desde la secretividad y el silencio a la luz pública, con ocasión del secuestro.
¿Guerrilleros de plomo?A pesar de todos los esfuerzos del ejército de montar más "shows", los otros desertores que han seguido a Urrutia en los últimos dos meses han sido poco coherentes en sus declaraciones a los medios de comunicación.
El 26 de agosto, Jaime Agustín Recinos, conocido como "William" en la guerrilla, fue uno de los "desertores" de la URNG presentados a la prensa. Dijo que había estado viviendo en un campamento de refugiados en Campeche, México, cuando fue reclutado por la guerrilla, pero la agencia noticiosa mexicana Notimex, en un cable de la misma fecha, señaló lo siguiente: "El subteniente "William" nunca supo decir el nombre del campamento de refugiados en Campeche, donde aseguró que estuvo 18 meses antes de enrolarse en la guerrilla, ni quiénes lo proveían de alimentos o cuáles son las vías para retornar a Guatemala... Aseguró que 45 miembros de las Comunidades de Población en Resistencia se incorporaron a la guerrilla en 1991, pero nunca supo de qué poblados y etnias eran éstos". Notimex añade que el otro desertor, "Carlos", cuando desarmó un fusil AK-47 para la prensa, le costó trabajo volverlo a armar.
Otra desertora, María Angela Simón Misa, presentada el 21 de agosto, dijo haber sido operadora de radio en la URNG por 10 años. Sin embargo, no pudo explicar a la prensa cómo enviar un mensaje. El 10 de septiembre, otro desertor del departamento de El Quiché dijo a los medios que su función en la URNG fue ser un vínculo entre la guerrilla y el movimiento popular para mantener la solidaridad internacional. El 12 de septiembre varias organizaciones del movimiento popular negaron públicamente el vínculo y añadieron que el ejército sería responsable por cualquier represalia en contra de ellos.
Objetivo: las Comunidades de Población en Resistencia"El brazo político y étnico que permite a los grupos insurgentes subsistir, está constituido por las Comunidades de Poblaciones en Resistencia", dijo el ministro de defensa, General José Domingo García Samayoa en agosto. "Son el sombrero que se ponen y quitan los grupos insurgentes cuando se les da la gana".
Entre los días 20 y 22 de agosto, una comisión multisectorial de observadores internacionales de derechos humanos, representantes de la Iglesia y organismos de desarrollo, y la Procuraduría de Derechos Humanos del gobierno guatemalteco, visitaron las CPR en las regiones de Ixil e Ixcán en El Quiché. La comisión fue a investigar denuncias de bombardeo por la Fuerza Aérea Guatemalteca hechas por estas comunidades. La comisión confirmó que una persona había muerto y otra estaba herida por la explosión de una bomba de 40 milímetros.
En conferencia de prensa el 22 de agosto, la comisión declaró que "esta comisión pudo confirmar que las Comunidades de Población en Resistencia no son otra cosa que "poblaciones que viven en condiciones infrahumanas, que se están muriendo de hambre". El procurador adjunto de derechos humanos, César Alvarez Guadamuz, quien encabezó la comisión, denunció en la televisión la campaña de bombardeo del ejército, pero fue cortado de la pantalla en mitad de su declaración.
Desde la llegada de esta comisión, la campaña del ejército se ha centrado en las CPR. El 4 de septiembre, el ejército presentó a dos miembros de las CPR a la prensa supuestamente un mes después de haberse entregado al ejército pidiendo protección. Los dos dijeron que la guerrilla hostiga constantemente sus comunidades y les obliga a tomar las armas.
Gringos "non gratos"En los últimos dos meses, el ministro de defensa García Samayoa ha hecho una serie de denuncias en la prensa local sobre la "injerencia extranjera" en los casos de derechos humanos. El papel que jugó el abogado estadounidense del arzobispado en el exilio de Maritza Urrutia y la visita de la comisión multisectorial a las CPR, parecieron ser el colmo para el ministro, quien ha amenazado a los extranjeros que vienen a Guatemala a "soliviantar los ánimos y a interferir en la política administrativa del gobierno". El ministro no identificó a grupos o individuos particulares, pero dijo que los ofensores están respaldados por "ciertas organizaciones abusivas e irrespetuosas" hacia las fuerzas armadas.
El 7 de septiembre, el muy indignado ministro anunció que el ejército tomará acción legal en contra de los individuos y grupos internacionales de derechos humanos que han acusado al ejército de ser responsable de masacres. Específicamente, García Samayoa nombró al arqueólogo estadounidense Clyde Snow, quien encabezó un equipo de forenses latinos y estadounidenses que descubrió 20 osamentas en un cementerio clandestino en El Quiché en agosto. Snow se hizo famoso por sus excavaciones de las víctimas de la represión en Argentina. El descubrimiento fue el primero del año y las pruebas encontradas por Snow, confirman las denuncias de las viudas de las víctimas, quienes afirman que sus familiares fueron asesinados por miembros de la patrulla civil local en 1982.
El pueblo reaccionaLas organizaciones populares están mostrando cada vez más beligerancia para exigir su participación en el diálogo entre el gobierno y la URNG. Recientemente se creó la Coordinadora de las Organizaciones Civiles con representantes del sector maya, organismos nacionales de desarrollo, grupos de derechos humanos, la Iglesia, los sindicatos y el movimiento popular.
La Coordinadora asistió a las pláticas en agosto, presentando una propuesta para su participación. La discusión de esta participación fue pospuesta hasta que se firme un acuerdo general de derechos humanos. Según analistas, la poderosa organización empresarial, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y el ejército, han presionado al gobierno para evitar la participación de este sector. A pesar de no haber logrado todavía participar en el diálogo, la campaña de presión ha servido para unir más a estas organizaciones y hacerse escuchar.
También han surgido protestas espontáneas en pueblos rurales en contra de las patrullas civiles. El 10 de agosto, un grupo de campesinos encabezados por sus autoridades municipales de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, hicieron la petición al Presidente y al Ministerio de Defensa de desarmar a la patrulla civil de la aldea cercana de Guineales. "Los llamados Comités Voluntarios de Defensa Civil, como el gobierno los llama eufemísticamente, no han beneficiado a la comunidad, sino que han violado los derechos ciudadanos constantemente, causando descontento entre la población", dijeron a la prensa local.
Como en muchos pueblos de Guatemala, el problema con las patrullas en Santa Catarina y Guineales está mezclado con conflictos políticos y de tierra. Algunos pobladores de Santa Catarina tienen tierras en Guineales y tienen miedo de trabajarlas, por los patrulleros. La situación se volvió violenta cuando unos 45 patrulleros de Guineales entraron a Santa Catarina el 10 de agosto, armados de pistolas y granadas. El ejército tuvo que intervenir y escoltar a los patrulleros fuera del pueblo. El alcalde de Santa Catarina exigió que el Ministerio de Defensa procese al jefe de la patrulla y al comisionado militar local.
El 18 de agosto el ministerio declaró que cualquier crimen cometido por los patrulleros tendría que ser procesado por los canales legales normales, ignorando la demanda de los pobladores. Una semana después, los pobladores de Santa Catarina se tomaron las calles masivamente en protesta, y advirtieron que si el ejército no desarma a unos 800 patrulleros en la zona, movilizarán a todos sus 40 mil habitantes para desarmarlos ellos mismos.
La lucha por la tierraDespués de dos meses, los campesinos de Cajolá continúan acampados en la Universidad de San Carlos en la capital, para exigir sus tierras, en una lucha que podría ser un ejemplo para miles de campesinos sin tierras. Los 500 campesinos (incluyendo 125 niños) están esperando que el gobierno cumpla con sus promesas para remedir las tierras de la finca Pampas del Horizonte y establecer quiénes son los verdaderos dueños.
El 22 de julio, los cajoleños fueron desalojados violentamente de la plaza central por los antimotines mientras protestaban pacíficamente y con autorización. El resultado fue de 20 manifestantes hospitalizados, incluyendo un bebé de 12 meses. Las escenas fueron televisadas, lo que provocó una ola de protesta nacional por la brutalidad policial. Parece que las órdenes de atacar a los indígenas vino directamente del entonces Presidente en funciones, el Vicepresidente Gustavo Espina - Serrano estaba en las Olimpíadas -. Espina es primo hermano del dueño de la finca en conflicto.
Después del escándalo que provocó la saña demostrada por las fuerzas de seguridad, el gobierno prometió remedir la finca y desde entonces los cajoleños esperan. El 31 de agosto solicitaron apoyo material a la comunidad internacional para seguir con su lucha en la capital. En septiembre el gobierno empezó a presionar a las autoridades de la universidad para que sacaran a los cajoleños mediante negociaciones sobre el presupuesto universitario. A finales de septiembre, los cajoleños seguían en la universidad y los estudiantes empezaron a organizarse para proveerles de alimentos.
¿Habrá justicia en el caso de Myrna Mack?En la historia guatemalteca, los héroes y heroínas normalmente están muertos o en el exilio, pero parece que esto también cambia. En los últimos dos años, Helen Mack, la hermana de la antropóloga asesinada, Myrna Mack, está llevando a cabo una lucha en los tribunales para llevar a los asesinos de su hermana a la justicia o, por lo menos, dejar bien claro al mundo que el sistema judicial en Guatemala no es más que una broma muy triste. Myrna Mack fue asesinada el 11 de septiembre de 1990 por miembros de las fuerzas de seguridad, según las conclusiones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del gobierno. Mack era una pionera en la investigación sobre la población desplazada y las Comunidades de la Población en Resistencia, grupos que el ejército considera como "subversivos". El juicio es histórico, porque es la primera vez que altos oficiales militares e incluso un ex-Presidente, han tenido que dar testimonio.
Helen Mack, quien nunca tuvo mayor interés en la política e incluso desconocía el trabajo de su hermana antes de su muerte, no ha desistido en su lucha como acusadora a pesar de obstáculos increíbles. El juicio ya lleva 12 jueces, y el último está buscando cómo conseguir un traslado o renunciar, lo que ya hicieron otros por miedo.
Testigos principales no se presentan e incluso se van al exilio. Reporteros guatemaltecos reciben amenazas o sus jefes les dicen que "mejor no trabajar tan duro" en este caso. El principal investigador de la policía, José Mérida Escobar, quien nombró a Beteta como uno de los asesinos en su informe y calificó el crimen de "político", fue asesinado a balazos frente al cuartel central de policía en 1991.
El principal acusado es un ex-especialista del ejército, Noel Beteta Alvarez, quien trabajaba para el Estado Mayor Presidencial cuando ocurrió el asesinato. Beteta llega al tribunal vestido con trajes de lujo, mostrando anillos de oro y una confianza que se desborda en grandes sonrisas y palmadas a sus amigos cuando sale del interrogatorio. La prensa guatemalteca dice en broma que es el "Escobar Gaviria" de Guatemala, gozando de privilegios especiales dentro de la prisión.
El juez, Oscar Alcides Sagastume, se enoja con Mack y la insulta. Un día rechaza 72 de las 75 preguntas del interrogatorio preparado; otro día, de 41 preguntas sólo admite 3. Pero con paciencia y sin alterarse, ella sigue adelante, interrogando a ex-ministros de defensa y a los ex-jefes de Beteta, a pesar de que parecen padecer de amnesia colectiva. No pide la pena de muerte para el acusado, sino 30 años de cárcel. "Mis principios no permiten pedir la pena de muerte. Lo que buscamos es justicia, no venganza. Beteta es sólo una parte del engranaje y queremos llegar a los autores intelectuales de este crimen", explicó Mack.
Carta de los obispos: un "mea culpa"El 27 de agosto, la Conferencia Episcopal publicó su primera carta pastoral del año, "500 años sembrando el Evangelio", en la que pidió perdón por todos los errores y atrocidades cometidos en contra del pueblo indígena por la Iglesia Católica desde la Conquista.
El documento también hizo un llamado al desarrollo de "una Iglesia indígena, con su propia cara, corazón, filosofía, agentes pastorales y organismos", reconociendo así un fenómeno que ya se ha hecho realidad en algunos pueblos de Guatemala mediante la mezcla del catolicismo con las tradiciones mayas. Esta carta pastoral fue publicada con ocasión del aniversario de la Conquista de América en octubre.
El documento también incluyó unas citas dirigidas al gobierno de Serrano que no dejaron de causar cierto disgusto al mandatario. "Una sociedad donde se dan privilegios, necesita crear esclavos para mantener el sistema. Las condiciones de salud, vivienda, vías de comunicación, en que se obliga a vivir a tantos guatemaltecos, son la expresión evidente de una marginación que nos avergüenza y nos llama a la reflexión y al cambio...
La mayoría de la población vive en pobreza extrema y hay deshonestidad, fraude, corrupción en la administración pública y privada... Las políticas económicas llevadas a cabo por los dos últimos gobiernos que los expertos consideran exitosas - desde el punto de vista de la macroeconomía - han traído ventajas sólo para aquellos que tienen el poder económico, sin que eso se traduzca en una mayor inversión social en el desarrollo económico...
La brecha entre ricos y pobres es cada vez más profunda. El sentimiento del pueblo es de desengaño, desilusión y frustración, cuyas consecuencias se pueden vislumbrar..."
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica