Nicaragua
Los trabajadores agrícolas luchan por ser propietarios
Privatizadas las tierras ganaderas de Hatonic se recrudece la lucha por las tierras estatales cafetaleras y algodoneras.
Se trata de una lucha compleja, que aún después de ganada,
plantea enormes desafíos a los trabajadores.
Equipo Envío
A la par que el gobierno Chamorro trataba de conquistar el corazón de los organismos financieros internacionales implementando medidas de ajuste tipo shock, lo hacia también tratando de activar un acelerado programa para privatizar las más de 400 empresas estatales que existen en el campo y la ciudad. Mientras que algunas industrias de la ciudad han tenido que cerrar o han vuelto a manos de sus antiguos dueños, los primeros movimientos hacia una masiva privatización han tenido lugar en las áreas rurales. Al igual que los trabajadores urbanos, los trabajadores agrícolas han desafiado los planes gubernamentales de devolver las tierras confiscadas a los antiguos hacendados o de subastarlas al mejor postor y han exigido la privatización, pero a favor de los trabajadores. A mediados de febrero, con la distribución de las empresas y tierras ganaderas de Hatonic - la mayor corporación de empresas de propiedad estatal -, estos esfuerzos empezaron a dar sus frutos.
592 mil manzanas de la tierra agrícola nicaragüense son de propiedad estatal. Estas tierras, junto con las empresas agroindustriales constituyen el 60% del valor de toda la propiedad del Estado. En contraste con la situación cercana a la bancarrota de las industrias estatales urbanas, el sector agropecuario y agroindustrial estatal incluye las más productivas y rentables haciendas y beneficios de procesamiento industrial. Por un lado, esto las hace más atractivas para los empresarios privados y por otro, más viables para sacarlas adelante si los trabajadores llegaran a ser sus dueños, lo que no sucede con muchas de las industrias urbanas, que poseen maquinaria obsoleta y son muy dependientes de materias primas e insumos importados muy costosos. Mientras que, como exportadores los productores de café, algodón y carne se benefician de las recientes medidas de ajuste - orientadas a fomentar la agroexportación -, las industrias de la ciudad que producen especialmente para el consumo interno han visto profundizada la aguda recesión que padecen.
Todos estos factores vaticinan una prolongada y difícil lucha para los trabajadores agrícolas que aspiran a ser los dueños de las empresas estatales rurales. La Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) tiene ciertas ventajas en esta lucha. Una de ellas es que esta organización tiene muy poca competencia en los sindicatos pro-gubernamentales, que si son fuertes en algunas industrias urbanas y que en ellas han hecho campaña para una privatización a favor de los antiguos dueños que fueron confiscados por la revolución, con lo que han logrado dividir a los trabajadores. El voto de los trabajadores agrícolas - que vieron mejorar de forma patente su vida durante los años de revolución - fue mayoritariamente para el FSLN en las elecciones de 1990 y este sector tiene bastante solidez y cohesión para ofrecer resistencia a cualquier esfuerzo por imponer los antiguos esquemas patronales de los terratenientes.
El primer roundEl primer round de esta lucha comenzó muy poco después de que Violeta Chamorro empezara a gobernar, cuando los trabajadores ocuparon haciendas que iban a ser devueltas a sus antiguos dueños, primeramente al amparo del decreto 10-90 emitido por la Presidenta en mayo/90, y después por las decisiones definitivas de la Comisión para la Revisión de Confiscaciones que estableció el decreto 11-90, de las mismas fechas. Al calor de las luchas que libraban los trabajadores estatales y en abril/90, por ejemplo, 70 trabajadores agrícolas se tomaron la hacienda estatal Los Tololos cerca de Masaya cuando el nuevo gobierno intentó devolverla a su antiguo dueño. Los ocupantes plantaron en las tierras de la hacienda sorgo y ajonjolí a pesar de la falta de financiamiento estatal. Por los acuerdos que pusieron fin a la huelga general de julio del mismo año los ocupantes consiguieron un triunfo temporal al impedir que la finca fuera devuelta.
En los meses siguientes y enfrentando la insistencia del gobierno en implementar el decreto 11-90, los trabajadores agrícolas se tomaron otras fincas. "No siempre se espera la coordinación", dijo refiriéndose a estas tomas el principal dirigente de la ATC, Edgardo García, enfatizando que aunque existía el apoyo y la coordinación de la ATC, también había "algo más" en la decisión de los trabajadores: audacia, conciencia, decisión... En más de una ocasión las tomas terminaron en violencia. Cuando Alejandro Salazar, antiguo dueño de la finca La Cumplida de Matagalpa trato de entrar por la fuerza en su ex-propiedad ocupada por los trabajadores, y uno de sus guardaespaldas hirió a la madre de uno de ellos, éstos quemaron su carro y Salazar tuvo que salir corriendo por entre los cafetales.
No sólo han sido los obreros agrícolas. Ex-contras sin tierra y soldados sandinistas dados de baja han protagonizado también tomas de tierras estatales. Un grupo de 80 ex-militares sandinistas invadieron La Cumplida en febrero declarando que querían compartir esas tierras con los trabajadores de la ATC. Los dirigentes de la ATC reconocieron que en algunos casos estas tomas de tierras se planificaban con el conocimiento del sindicato.
No fue hasta octubre, y cuando se firmaron los Acuerdos de Concertación , que el gobierno reconoció formalmente el derecho de los trabajadores a optar a ser propietarios de las empresas estatales que fueran privatizadas. A diferencia de lo que ocurre en las ciudades, donde los trabajadores dan batallas aisladas en ciertas industrias, en el campo cada negociación incluye todas las fincas e industrias procesadoras que son propiedad de la corporación estatal que se encarga de cada rubro agrícola: ganado, café, algodón, arroz, tabaco, etc.
La privatización de HatonicHatonic, una corporación de 16 empresas agropecuarias estatales distribuidas por todo el país, que incluye varios cientos de fincas individuales y 370 mil manzanas - el 62% de todas las tierras estatales - fue la primera propiedad en ser negociada. Desde el punto de vista gubernamental, las extensas y no suficientemente desarrolladas tierras ganaderas de la frontera agrícola ofrecían una buena oportunidad con la que bajar la presión por tierras que hacían trabajadores agrícolas, ex-contras y soldados desempleados del EPS. A la vez, la privatización rápida y total de Hatonic podía ofrecer una prueba contundente del compromiso del gobierno de Nicaragua con una masiva política de privatización, con lo que se podría convencer a la banca y organismos internacionales a que ayudaran al país.
La ATC desarrolló discusiones finca por finca para determinar el nivel de compromiso de los trabajadores en luchar por hacerse con la propiedad de las mismas y para estudiar la viabilidad económica de cada unidad. Sobre los resultados de este estudio, la dirigencia sindical de los trabajadores agrícolas llegó a algunas decisiones sobre las fincas que había que defender y sobre como coordinar las negociaciones con el gobierno, que comenzaron en diciembre/90.
En la mayoría, si no en todos los casos, el equipo de administradores de las empresas respaldaron la lucha por una privatización a favor de los trabajadores. En la Empresa Camilo Ortega de Masaya, 67 de los 70 empleados administrativos se colocaron del lado de los trabajadores. El director de la empresa fue uno de ellos, a pesar de que un trabajador tuvo sus dudas y advirtió: "No sabemos si más adelante se le bajara el gas..." Cuando comenzaron las negociaciones, todas las haciendas ganaderas estatales - así como muchas otras fincas del Estado - estaban tomadas por los trabajadores con el apoyo o no de otros grupos. La producción se llevaba adelante, aunque con muchas limitaciones.
La crisis económica y la falta de créditos había llevado cerca de la bancarrota a muchas de estas empresas y la administración controlada por los trabajadores se había visto forzada a despedir a miles de trabajadores permanentes y a cerrar los centros infantiles y los de salud por falta de fondos. En febrero, después de siete meses de estar tomada, la Empresa Camilo Ortega tenía 2 mil manzanas ociosas y había reducido su fuerza de trabajo de 1,500 a 300 trabajadores. Los despedidos recibieron una indemnización de hasta 6 meses de salario y se les prometió volver a emplearlos cuando la empresa se recuperara. Además, pudieron mantener sus parcelas de subsistencia. "Ya sabemos que luchar no es comer cajeta", repetía Isabel Suazo, un trabajador de Los Tololos.
Los problemas económicos se combinaban en algunos casos con crisis internas y con conflictos con las comunidades cercanas. En La Cumplida, finca de ganado, y de café, algunos trabajadores no apoyaron la lucha sino que trataron de congraciarse con el antiguo dueño. "Era un buen patrón, siempre fue bueno con sus mozos", decía un antiguo empleado de Salazar. En Los Tololos, unos campesinos de la zona se pusieron del lado del antiguo terrateniente, aspirando, en opinión de los trabajadores, a apropiarse de parte de sus tierras.
A mediados de febrero se llego por fin a un acuerdo para la distribución de 309 mil de las manzanas propiedad de Hatonic. Los trabajadores agrícolas recibieron un 32.1% de las mismas, sus antiguos dueños un 26%, los ex-contras el 22.8% y los ex-oficiales y soldados del EPS un 19.1%. Cada una de estas porciones estaba compuesta por muchas fincas individuales. Correspondieron a los trabajadores 56 fincas, que pasaron a ser propiedad de 1,200 de sus trabajadores, técnicos y empleados administrativos. Los beneficiados pagaran por los implementos y maquinaria que había en esas fincas, pero no por la tierra. El pago lo harán en un período de 10 años con tasas de interés favorables. Se establecieron comisiones para evaluar los bienes de cada finca.
El acuerdo final incluye cláusulas para proteger los derechos de los antiguos trabajadores de Hatonic en las fincas que fueron asignadas a empresarios privados. A estos trabajadores - aun cuando estén actualmente desempleados -se les garantiza el seguir habitando sus casas y cultivando sus parcelas de subsistencia, siempre que tengan al menos tres años de vivir allí. Los empresarios privados deberán respetar los convenios y beneficios que estos trabajadores obtuvieron durante el gobierno revolucionario.
Conflictos no resueltosNo se logro acuerdo sobre el futuro de unas 15 fincas. En Los Tololos, los trabajadores rechazaron la decisión de la ATC, que cedí" a las presiones del gobierno para devolver la finca a su antiguo dueño. "Tenemos derecho sobrado para reclamar estas tierras", declaro Luis Oporto, al frente del colectivo que ocupa la finca.
El líder local de la ATC, Alfonso Rosales, subraya que Los Tololos y otras dos fincas de la Empresa Camilo Ortega que están siendo reclamadas por sus antiguos dueños sólo serán cedidas por la ATC si el gobierno garantiza la propiedad de los trabajadores en otras fincas que forman parte también de esta Empresa. Cree que a los trabajadores les ofrecerán otras tierras como forma de hacerlos desistir de su lucha. "Si estamos en tensión constante, ¿cómo vamos a poder producir?" dice. Pero, "si los trabajadores no salimos de estas tierras, seguro no nos van a dar créditos y sin créditos ¿para que queremos la tierra?".
Sin embargo, Rosales añade que el sindicato seguirá apoyando a los trabajadores si eligen continuar luchando: "Respetamos su derecho a resistir". Hay también muchos disgustos por el lado de la derecha. Algunos grandes propietarios se lamentan de que sus reclamos legales sobre tierras ganaderas, hechos al amparo del decreto 11-90, fueron ignorados por los negociadores gubernamentales. "Lo que esta haciendo Hatonic es ilegal y violatorio de toda ley, porque no puede vender, repartir ni entregar a nadie lo que no le pertenece legalmente", dice Rosendo Díaz Bendaña, que representa en UPANIC a los productores agropecuarios agrupados en el COSEP. El dirigente del COSEP, Gilberto Cuadra, lamenta que "los usurpadores tengan más derechos sobre la propiedad que sus legítimos dueños".
Un mes después de anunciado el acuerdo al que se había llegado en el caso de Hatonic, un grupo de ganaderos de Estelí formaron una "asociación de propietarios confiscados" y demandaron que se consolidaran las atribuciones de la Comisión de Revisión de Confiscaciones establecida por el decreto 11-90. La nueva asociación, en la que se agruparon otros 150 productores, propuso que todos los injustamente confiscados durante los años sandinistas se organizaran para defender sus derechos. Porque, mientras las propiedades de Hatonic ya están esencialmente disueltas y repartidas, las ricas tierras algodoneras y cafetaleras están aun en la mira de estos empresarios.
Capitalismo con maticesA medida que la lucha por la privatización que llevaban a cabo los trabajadores agrícolas avanzaba, la ATC comenzaba a definir su concepción de como deben funcionar las nuevas empresas propiedad de los trabajadores. Los dirigentes sindicales afirman que quieren "producir como capitalistas y distribuir como socialistas". Varias de las propiedades de los trabajadores se unirán para formar corporaciones, distribuyéndose las acciones entre los trabajadores permanentes, según su antigüedad y su calificación. Las decisiones sobre los planes productivos las harán los accionistas, que también escogerán al director de la empresa en una reunión anual. Después de decidido lo que se dedicara a inversiones y a otros gastos, todos los beneficios se repartirán igualitariamente entre los accionistas.
"Tenemos que ser eficientes y productivos para hacer reales y esto no va a se fácil", opina Rosales, el dirigente sindical de la Camilo Ortega. Ser eficientes significara modernizar las operaciones utilizando a menos trabajadores permanentes que los que antes trabajaban en estas empresas. Rosales y otros dirigentes de la ATC opinan que las cooperativas, por su inexperiencia técnica y su falta de disciplina laboral, no llegaron a desarrollarse bien durante el sandinismo. Ellos enfatizan la necesidad de un equipo administrativo que garantice el apoyo técnico y el seguimiento de los planes productivos. "No queremos improvisar", afirman.
Dada la tradición de una dirección separada de los trabajadores y dadas las nuevas presiones de la competencia para que se incremente la productividad y los beneficios, a costa de las condiciones de los trabajadores , es claro que seguirá siendo válido el papel de los sindicatos dentro de estas nuevas empresas propiedad de los trabajadores. La ATC representara tanto a los trabajadores permanentes cómo a los temporales en las negociaciones de los convenios colectivos. Los trabajadores - accionistas o no - determinaran juntos como distribuir el monto del que disponen entre salarios, salud, educación y otros beneficios sociales.
ControversiasMientras la visión predominante en la ATC tiende a reproducir la estructura y la organización que estas empresas tuvieron en el pasado, cuando eran propiedad del Estado sandinista, algunos trabajadores empiezan a tener nuevas perspectivas. En Los Tololos se han organizado en un colectivo que tiene más semejanzas con una cooperativa que con una corporación. "No queremos seguir siendo asalariados de un patrón, queremos que con lo que tenemos se beneficie todo el colectivo", dice el secretario de producción, Gabriel Jarquín.
En La Cumplida, los miembros del sindicato hablan de eliminar el cargo de director y de elegir una dirección colectiva. En ambas fincas, los trabajadores tuvieron problemas con los directores puestos por el gobierno sandinista, porque sentían que no representaban sus intereses. Los sindicalistas dicen que el actual director de La Cumplida hizo fracasar el primer intento de los trabajadores de tomarse la empresa. "El dice que es sandinista, pero no sabemos como será por dentro", afirma el trabajador Daniel Santos.
La idea de que los que están más capacitados y ya tienen mejores salarios tengan derecho a más acciones esta siendo también cuestionada por algunos trabajadores, que proponen que los que ganan menos sean los que reciban más acciones, para así impedir el surgimiento de una nueva élite. "No queremos que los grandes se traguen a los pequeños", dice un dirigente sindical local que propone que la disciplina laboral sea un criterio para la distribución de las acciones.
Algunas críticas - tanto dentro como fuera del movimiento sindical - tienen que ver con un cuestionamiento no de la forma pero si del concepto mismo de la privatización a favor de los trabajadores. Los críticos subrayan la necesidad de fortalecer el movimiento sindical como un todo y advierten del peligro de que los trabajadores se dividan, como consecuencia del actual proceso de privatización , entre propietarios y no-propietarios. Temen que los trabajadores - nuevos - propietarios se desclasen y olviden su origen y sus raíces proletarias. "Uno no piensa igual en una casa chiquita que en una casa grande con todas las condiciones", recuerda Rosales, a pesar de que es decidido defensor de la privatización a favor de los trabajadores. Finalmente, algunos temen la posibilidad de que los intereses financieros puedan adueñarse de las empresas de los trabajadores comprando sus acciones o cuando, al no poder pagar los préstamos, la propiedad quede hipotecado por el banco.
Los dirigentes nacionales de la ATC ven las cosas de forma diferente. "Los obreros no podemos seguir siendo solamente una variable salarial. Tenemos que avanzar y poder discutir otras cosas: precios, mercadeo, tasas de interés... Para mí, esta realidad de ahora es como una nueva escuela de capacitación", opina Edgardo García. Según el punto de vista de la dirigencia de la ATC, las empresas propiedad de los trabajadores agrícolas fortalecerán al movimiento sindical en su conjunto al establecer nuevas pautas sobre salarios, beneficios sociales y condiciones laborales de los obreros. Los precedentes que ahora creen los obreros agrícolas podrán ser después asumidos en otras áreas más débiles o complejas para el movimiento sindical revolucionario.
Ante el peligro de que la propiedad obrera vuelva a caer en manos capitalistas, algunos dirigentes de la ATC hablan de reglamentos que protejan la venta de acciones y así impedir que se pueda negociar individualmente con ellas. Otros hablan de que la única protección para evitar este peligro es un trabajo político que convenza a los obreros de lo que significa el actuar de esta manera. Pero incluso así - dice García - es probable que las empresas tengan que buscar capital donde esta éste, en manos de los capitalistas. Cree también que éste es un riesgo que hay que correr: "La realidad es que estamos en un capitalismo, no es que estemos creando el socialismo. Esto es capitalismo, pero un capitalismo más moderno y abierto que el otro, que era totalmente oligárquico y conservador".
Los peligros de enfrentar la competencia en un mercado libre y en tiempos de crisis económica y con la posibilidad de que un gobierno enemigo corte a estas empresas el acceso al crédito, es también un desafió que tendrán que enfrentar las empresas de los trabajadores. Pero, en fin de cuentas - dicen los dirigentes de la ATC - se trata de un asunto practico y no ideológico. "No tenemos otro camino par conservar estas empresas que ser sus propietarios, tenemos que probar".
El camino que aun falta por recorrerAl escribir este articulo, las negociaciones sobre la privatización de fincas algodoneras y cafetaleras daba signos de estar en un impasse. En estas propiedades están en juego intereses mayores que los que había cuando se privatizaron las propiedades de Hatonic. Ambos rubros tienen un nivel mucho mayor de inversiones y de rentabilidad potencial, particularmente en lo que se refiere al procesamiento industrial de las cosechas. Quizás por esta razón, una gran cantidad de los antiguos propietarios de estas tierras ésta reclamando con mayor beligerancia sus derechos.
El cultivo intensivo del algodón y del café y la gran cantidad de obreros por manzana que ocupan estos dos rubros significa que queda menos espacio de maniobra en las negociaciones. Además, mientras las empresas cafetaleras pueden ser divididas en fincas individuales para su distribución, los funcionarios del gobierno insisten en que esto es imposible en el caso del algodón, donde el cultivo a gran escala es más rentable.
Los trabajadores de los dos sectores tienen acumulada una amarga historia de explotación durante el somocismo y protagonizaron durante el sandinismo continuas luchas en la defensa de sus derechos. Con un mayor numero de obreros agrícolas concentrados en cada finca que los que tienen las fincas ganaderas, estos trabajadores adquirieron más experiencia de participación obrera y tienen expectativas mucho más avanzadas que sus compañeros del rubro de la ganadería.
En el café, la ATC reclama el 65% de las tierras. La propuesta del gobierno es ofrecerles un 26% y entregar un 45% al sector privado. Lo que resta sería asignado a los ex-contras y a los ex-miembros del EPS. En el algodón, los sindicatos proponen ser propietarios del 50% de las tierras, mientras que el gobierno sólo les ofrece un 20% dejando el 70% para el sector privado. Las instalaciones de procesamiento y el transporte están también en disputa.
Los trabajadores de la empresa Agroexco, la corporación algodonera estatal, le han dado al gobierno un ultimátum: o responde a sus demandas o tendrá que enfrentar una ola indiscriminada de tomas de tierras. Pero no son sólo los trabajadores agrícolas los que toman parte en estas tomas.
"Es seguro que si entregan Santa Carlota a su antiguo dueño, los pobres de Rancherías, de San José del Obraje y de Mocorón no dudaran en meterse en esas áreas, que han estado en su mira, pero que hasta ahora las han respetado porque eran de los trabajadores", dice Apolonio Cano, un trabajador del algodón del norte de Chinandega. Un sindicalista opina que la amenaza de una masiva devolución de tierras a la burguesía encontrará unidos a los trabajadores agrícolas, a los campesinos pobres, a los ex- oficiales y ex-soldados sandinistas y a los ex-contras.
El gobierno enfrenta presiones de todos lados. Del lado de la derecha los que más gritan son sin duda los propietarios que fueron "víctimas" de las confiscaciones sandinistas. El negociador del gobierno, Ricardo Barrios, ha declarado que el gobierno de Nicaragua también recibe presiones de los organismos financieros internaciones a favor de la privatización, pero añade: "Son presiones que nosotros compartimos". Es obvio que la clase de privatización que el Banco Mundial y el FMI tienen en mente no incluye el que un amplio sector de empresas estatales pasen a ser propiedad de los trabajadores.
Del otro lado, del lado popular, el gobierno enfrenta una potencial y masiva huelga de los trabajadores agrícolas o tomas de tierras masivas en el momento en que se inicia el ciclo agrícola, particularmente en el algodón. Los protagonistas de estas acciones serán muy diversos: se unirán los campesinos sin tierra con los pobres y con los desmovilizados y con trabajadores agrícolas como Daniel Santos, que declara con firmeza: "Trabajarle a un burgués es muy duro, te pagan lo que ellos quieren, te dan sólo arroz y frijoles y corren a los que reclaman. Ya que nos quitamos el yugo no nos lo queremos volver a poner".
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