El Salvador
¿Negociar sobre qué? La propuesta del FMLN
Exactamente dos meses antes de que el FMLN lanzara su ofensiva político-militar, el 11 de septiembre, en México, el FMLN lanzó a la mesa de negociaciones una audaz propuesta negociadora "para lograr la democratización, el cese de hostilidades y la paz justa y duradera en El Salvador".
Equipo Envío
En esa propuesta, el FMLN proponía una negociación en tres fases:
1) cese al fuego concertado en base a una serie de puntos,
2) pasos iniciales para la incorporación del FMLN a la vida política,
3) negociación para el cese de las hostilidades y la integración total del FMLN a la vida política.
Primero, se detenía la guerra en base a una negociación. Después, el FMLN como partido en la vida política. Y finalmente, se terminaba la guerra, quedando el FMLN dentro de la vida política luchando por su propio proyecto. El gobierno de ARENA, dominado por los militares, no aceptó discutir esta propuesta.
Un mes después, en Costa Rica, el FMLN detalló mas su propuesta global con documentos explicativos de cada uno de los puntos sobre los que proponía construir la primera fase de las negociaciones y llegar a un cese al fuego concertado. El gobierno de ARENA, dominado por los militares, no aceptó discutir ninguno de estos puntos. Su única propuesta era la rendición incondicional del FMLN.
Envío ofrece el texto de estos importantes documentos, en los que se expresa la voluntad negociadora del FMLN y en los que se explican con claridad las metas que busca la actual ofensiva político-militar, lanzada para llegar a una mesa de negociaciones de la que verdaderamente surja la paz. En primer lugar, los puntos sobre los que debe concertarse el cese al fuego, los puntos a negociar para detener la guerra. Después, el detalle textual de lo que el FMLN propone discutir y negociar más en concreto de estos 5 puntos esenciales. Para entender las raíces del conflicto salvadoreño, es particular interés la fundamentación histórica que aparece en el punto "Reformas a la Constitución".
Texto de la propuesta"1) Inicio de un proceso de reformas al sistema judicial, nombrando una Corte Supremo de Justicia y un Fiscal General de la República de consenso entre el Gobierno y los Partidos de Oposición.
2) Acuerdo sobre un conjunto de medidas que aseguren el cese de toda forma de represión y la vigencia plena de las libertades democráticas. Estas medidas deberán ser verificadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
3) Acuerdo para proseguir un proceso judicial honesto que garantice el esclarecimiento de responsabilidades y las sentencias a los culpables del asesinato de Monseñor Romero y a todos los involucrados en los Escuadrones de la Muerte.
Mientras se realiza el juicio, los funcionarios implicados deberán ser suspendidos de sus cargos.
4) Acuerdo para desactivar la base económica de la confrontación política y social, a partir del mantenimiento de las reformas impulsadas por el Gobierno anterior. Suspensión de la devolución a sus antiguos propietarios de las tierras afectadas por la reforma agraria y remoción de obstáculos legales para la implementación de la Fase II de la reforma agraria. Suspensión de medidas que generan alza en el costo de la vida, especialmente en los precios de productos básicos de consumo popular.
5) Acuerdo sobre medidas de autodepuración y profesionalización de las Fuerzas Armadas que permitan abrir espacios reales a la democratización del país.
6) Compromiso de que el Gobierno someta a aprobación de la Asamblea Legislativa los acuerdos de reforma a la Constitución que resulte de la negociación.
7) Acuerdo para adelantar las elecciones legislativas y municipales de 1991, con el objeto de viabilizar al mas corto plazo la reforma constitucional y acercar el fin de la guerra y el logro de la paz justa y duradera en nuestro país.
8) Mutuas garantías operacionales y de asentamiento de las fuerzas que aseguren la efectiva vigencia del cese de fuego, sin que esto implique ruptura de la integridad del territorio nacional.
UNA NUEVA CORTE SUPREMA Y UN NUEVO FISCAL GENERAL
Inicio de las reformas al sistema judicialEl FMLN ha planteado una sola demanda para el inicio de un proceso de reformas al sistema judicial: esta es la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia y de un nuevo Fiscal General de la República por consenso entre el gobierno y los partidos de oposición.
Para implementar este cambio proponemos que la Comisión de diálogo del gobierno solicite a la Corte Suprema de Justicia la convocatoria a los partidos políticos y al Fiscal General a una reunión conjunta en San Salvador a más tardar el 24 de octubre del año en curso.
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Medidas que aseguren cesar toda forma de represión y vigencia plena de libertades democráticas y derechos humanos1. Cese inmediato de todas las capturas por razones de tipo político o gremial.
2. Derogación de todas las leyes represivas.
3. Levantamiento de cercos a locales sindicales, gremiales, universidades y de organizaciones populares y cese de toda forma de intimación a éstas.
4. Liberación inmediata de todos los presos políticos.
5. Cese de todas las medidas represivas y de los cercos sobre las repoblaciones y dar plena libertad para que las nuevas repoblaciones puedan hacerse de inmediato y donde la gente lo desea, sin temor a ningún tipo de represión.
6. Respeto de los reglamentos y convenios de los organismos internacionales de ayuda humanitaria en el sentido de que las organizaciones sociales puedan recibir directamente la ayuda sin que ésta sea bloqueada y capitalizada por el gobierno.
7. Disolución del actual Departamento Nacional de Inteligencia, que es quien diseña toda la política represiva de asesinatos y desaparecimientos y de las estructuras de inteligencia que funcionan como escuadrones de la muerte en los cuerpos de seguridad y las unidades del ejército.
8. Garantías para el ejercicio de la libertad de expresión por parte de todas las fuerzas políticas y sociales, cesando los despidos de periodistas, las medidas intimidatorias sobre éstos y las presiones económicas sobre los medios de difusión. Para la garantía de estas libertades proponemos se apruebe una ley de protección a la libertad de expresión, a la profesión del periodismo y a los medios de difusión. Dicha ley debe elaborarse con el consenso del gremio de periodistas y de las organizaciones políticas y sociales.
9. Destitución y castigo para los funcionarios que impidan al ejercicio de la libertad de organización y movilización popular.
10. Garantizar la destitución inmediata y apertura de procesos judiciales a los jefes y subalternos que apliquen la tortura y maltratos físicos o psicológicos a los presos.
11. Destitución y procesamiento judicial inmediato de los jefes y subalternos que cometan asesinatos, incluyendo los últimos casos que se encuentran en los tribunales.
12. Destitución y procesamiento judicial inmediato de los jefes y subalternos que cometan asesinatos, incluyendo en los últimos casos que se encuentran en los tribunales.
13. Acuerdo especial para garantizar que el procesamiento judicial, en término de condena o absolución de aquellos jefes y subalternos que violen los derechos humanos y los acuerdos sobre cese de represión, se realice en un plazo no mayor de tres meses, garantizando información pública sobre todos los procesos.
14. Creación de una comisión de vigilancia del respeto a los derechos humanos con participación de representantes de las fuerzas políticas, sociales, Iglesias, observadores de la OEA, la ONU y representantes de la Fuerza Armada, el gobierno y el FMLN. Dicha comisión debe crear una estructura nacional con organismo que le permitan mantener presencia permanente en todo el país e incluso en algunos cuarteles. Deberá tener fácil y ágil acceso a las instalaciones oficiales o clandestinas de todos los cuerpos militares y de seguridad del país para constatar el respeto a los derechos humanos y libertades políticas. Entre las funciones de dicha comisión estaba el esclarecimiento de la suerte de miles de desaparecidos. Para ello buscara apoyarse en organismos humanitarios nacionales e internacionales e Iglesia que tienen información sobre este punto.
15. En tanto no se llegue al cese total de las hostilidades, la comisión de vigilancia deberá constatar la conducta de las fuerzas del FMLN en todo lo relativo a derechos humanos.
16. Teniendo en cuenta que estos acuerdos y la comisión propuesta tienen un carácter temporal, proponemos la aprobación de una ley de defensa y garantía de los derechos humanos que tenga como propósito proteger, de manera permanente, a la sociedad de los abusos de poder y autoridad del Estado. Con ese propósito el FMLN, basándose en una anteproyecto de ley elaborado en 1988 por un grupo de abogados del país preocupados por ese tema lo integra a su propuesta de negociación. (Se incluye íntegro el texto de este anteproyecto).
MEDIDAS ECONOMICAS BASICAS Y UN NUEVO PACTO ECONOMICO
Acuerdo para desactivar la base económica de la confrontación política y socialManteniendo las reformas impulsadas a partir de la proclama de la juventud militar del 15 de octubre de 1979, debe suspenderse la devolución a sus antiguos propietarios de las tierras afectadas por la reforma agraria y removerse los obstáculos legales para la implementación de la Fase II de la reforma agraria; suspenderse las medidas que generan alza en el costo de la vida, especialmente en los precios de productos básicos de consumo popular.
Consideramos que puede iniciarse la implementación de nuestra propuesta dando los siguientes pasos:
1. Anulación de los fallos de la Corte Suprema de Justicia que han establecido la devolución de tierras afectadas por la reforma agraria a sus antiguos propietarios y suspensión de todas las acciones de desalojo y de procesos judiciales que tengan como propósito la devolución de tierras afectadas por la reforma agraria.
2. Teniendo en cuenta que la política económica del actual gobierno es unilateral y exclusivista, proponemos dar paso a la concertación de un pacto económico social con la participación de todas las fuerzas sociales del país para establecer y adquirir los compromisos mutuos y las medidas que nos permitan salir de la crisis con el sacrificio y el aporte de todos los sectores de la sociedad y no sólo de los trabajadores. En ese pacto se determinarían salarios, precios, empleo y situación en que quedarían las reformas.
AUTODEPURACION Y PROFESIONALIZACION DE LA FUERZA ARMADASobre este punto consideramos que el principal problema a resolver es el de la existencia de grupos hegemónicos en la Fuerza Armada que han desarrollado grandes intereses económicos y políticos alrededor de la guerra, a partir de lo cual bloquean la posibilidad de lograr un acuerdo negociado que lleve a la paz. A su vez, estos grupos constituyen el peligro mas grande para el desarrollo de una verdadera democracia, ya que son el verdadero poder político del país, los que sobredeterminan todo el quehacer del Estado, convirtiendo a la Fuerza Armada en juez supremo e inquisidor omnipotente.
Por lo tanto, la autodeterminación necesita como paso previo, la desarticulación del actual grupo hegemónico dentro de la Fuerza Armada y debe continuarse con la adopción de una serie de medidas que impidan que ese fenómeno de la existencia de grupos o tandas hegemónicas sigan prevaleciendo e imponiéndose como mecanismo de control sobre la Fuerza Armada y el conjunto de los órganos del Estado. Estas medidas, a su vez, deben propiciar que los miembros de la Fuerza Armada desempeñen sus cargos y funciones con estricto apego a normas de profesionalización y respeto al régimen democrático.
En razón de todo lo antes mencionado:1. Para crear condiciones propicias a la auto-depuración de la Fuerza Armada es indispensable pasen a retiro todos los jefes y oficiales que se encuentran de alta pertenecientes a la 35a. Promoción de la Escuela Militar, egresados en 1966. (Nota de envío: Se trata de 33 coroneles, que integran la llamada "Tandona". El FMLN entregó la lista con el nombre y el cargo de todos ellos).
Casi la totalidad de estos oficiales deberían estar ya en retiro. Sin embargo, ostenta en este momento la inmensa mayoría de los cargos del Alto Mando de la Fuerza Armada, las comandancias de todas las brigadas, todas las jefaturas de cuerpos y otros puestos estratégicos. La mayoría de estos oficiales han acumulado grandes intereses económicos a partir de la corrupción que les ha posibilitado el acaparamiento del poder político y militar; además, en su inmensa mayoría están involucrados o directamente comprometidos en actos de represión y de criminalidad.
2. A causa de las mismas razones, deben pasar a retiro los generales Rafael Humberto Larios, Ministro de la Defensa y el general Juan Rafael Bustillo, comandante de la Fuerza Aérea.
3. Para impedir la creación de nuevos grupos hegemonistas y monopolizadores del poder al interior de la Fuerza Armada y volver a ésta obediente del poder civil, se debe colocar en los cargos de Ministro y Vice-Ministros de Defensa y Seguridad Pública y en la dirección de los cuerpos de seguridad, a civiles, cuyo nombramiento, en esta ocasión, deberá contar con el consenso de todos las fuerzas políticas del país.
4. Una vez dado este paso, la oficialidad del ejército podrá realizar la depuración de la Fuerza Armada, haciendo uso del mecanismo democrático de asamblea general ya utilizado en otras ocasiones, para elegir no menos de quince oficiales, sin diferenciación por razones de rango, grado o cargo y que éstos integren un Tribunal de Honor de la Fuerza Armada. Este asumiría la responsabilidad de adoptar las medidas correctivas y auto-depurativas que aseguren que la institución respete las leyes de la República y los derechos humanos, políticos y sociales de todos los ciudadanos. Esta medida es indispensable debido a la falta de credibilidad ante el pueblo y el mundo que hoy tiene la Fuerza Armada.
Cumplidos los pasos planteados, se hace necesario incluir otras medidas que aseguren la profesionalización y vocación democrática de la Fuerza Armada, como las siguientes:
1. Tanto la asamblea general de oficiales como el Tribunal Superior de Honor de la Fuerza Armada podrían convertirse en organismos permanentes para evitar la formación de grupos hegemónicos que pongan en peligro la democracia.
2. Emitir una ley o un articulado especial dentro de las leyes ya existentes que rigen la carrera militar y la asignación de cargos dentro de los organismos de dirección de la Fuerza Armada (Estado Mayor Conjunto, Comandante de Brigada y Destacamento), deben participar miembros de al menos cuatro promociones de la Escuela Militar y ninguna de las cuales podrá tener mas de un 30% de dichos cargos. Esto se hace indispensable para asegurar en todo momento la supresión del espíritu de casta o clan que ha venido caracterizando la conducción del mando militar.
3. Convertir la actual Escuela Militar en una Universidad Militar en la cual sus estudiantes cadetes, paralelamente a sus estudios militares, cursen una carrera científica, técnica o humanística. Para desarrollar ese centro de estudios se puede contar con la cooperación de las universidades y centros de enseñanza superior del país, de tal forma que se eleve también la sensibilidad social de los futuros oficiales. A su vez, esto asegurara que todo oficial de la Fuerza Armada, después de su incorporación a la institución, se gradúe en el desempeño de profesiones no militares y que por lo tanto, una vez dados de baja o colocados en situación de retiro, puedan desempeñar actividades científico-técnicas en otros sectores de la sociedad.
Un plan acelerado de este tipo debe aplicarse para la necesaria desmovilización de oficiales de la Fuerza Armada al reducirse sus efectivos.
REFORMAS A LA CONSTITUCION
Fundamentación históricaLa democratización de El Salvador existe la desmilitarización de la sociedad y otros cambios políticos que requieren reformas a la constitución de 1983.
Nuestra propuesta de paz del 11 de septiembre tiene como propósito central la instauración de la democracia y la justicia social reales, como premisa para traer la paz duradera. Sin democracia y justicia social jamas habrá paz en nuestro país.
Instaurara la democracia en El Salvador significa poner fin a la dictadura militar que casi cumple sesenta años de existencia, a lo largo de los cuales el principio de que "la soberanía reside en el pueblo", reconocido por todos las constituciones republicanas -artículo 83 de la actual- como fundamento de la democracia y del Estado de Derecho, ha sido burlado y ha carecido de todo valor real.
La dictadura militar se consolidó ahogando en la sangre de muchos miles de salvadoreños una insurrección de campesinos indígenas, víctimas del despojo de sus tierras durante medio siglo y trabajadores agobiados por una despiadada e inveterada explotación a la que se sumó el desempleo y el hambre acarreados por la devastación crisis económica mundial. El detonante de la insurrección del 22 de enero de 1932 había sido el cínico desconocimiento de las victorias populares en las elecciones de Diputados y Alcaldes del 4 de enero, a las que el pueblo acudió, poniendo en ellas máximas esperanzas de solución política.
A lo largo de su existencia de casi sesenta años, la dictadura militar, surgida con el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1931, ha adoptado fundamentales tres modalidades.
En su primera etapa, bajo el sanguinario General Marximiliano Hernández Martínez, la dictadura se estructuró en base a la supeditación absoluta de todo el aparato estatal a la autoridad personal del dictador y el grupo de jefes del ejército que, junto a el, envejecían monopolizando de manera total e indefinida el poder. Para perpetuarse, el tirano no permitió la movilidad alguna hacia el gobierno a la casi totalidad del cuerpo de oficiales de la Fuerza Armada, la cual sin embargo, era la principal y decisivo sostén de la dictadura; mando a elaborar su propia Constitución y contó para ello con la complicidad del llamado "poder judicial". En verdad no había mas en el puño del tirano; el Estado republicano estructurado en tres poderes independientes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) era una mentira evidente.
Las heroicas jornadas insurreccionales de abril, mayo y diciembre de 1994, fueron enormes de esfuerzos del pueblo salvadoreño, desgraciadamente frustrados, por rescatar la soberanía que le pertenece e instaurar la democracia.
El breve gobierno sanguinario del Coronel Osmín Aguirre y el gobierno del General Salvador Castañeda Castro, impuesto sobre la derrota de la insurrección popular, intentaron prolongar indefinidamente este modelo de dictadura militar autocrática. Aunque no triunfaron aquellas grandes y heroicas luchas insurreccionales por la democracia, en los que participó y pereció junto a cientos de patriotas civiles lo mejor de la juventud militar, su continuación en las intensas movilizaciones políticas y huelguísticas de 1946 a 1948 debilitaron profundamente este modelo de dictadura, mantuvieron encendida la antorcha libertaria y, aun dentro del propio ejército, se volvió insostenible la autocracia. El cuerpo de oficiales aspiraba a asegurarse un mecanismo de acceso y relevo en el mando político y le puso fin a ese esquema el 14 de diciembre de 1948, con el llamado "Golpe de los mayores". El fundamento para tal mecanismo quedó desde entonces consagrado en el principio constitucional de la "alternatibilidad" en la Presidencia de la República, cuya violación es sancionada por la obligación de la Fuerza Armada de deponer al Gobierno.
Así quedó claro que aquella aspiración de los jóvenes oficiales llevaba implícita su voluntad de que la Fuerza Armada continuar siendo el poder decisivo del sistema político, y su determinación de retenerlo indefinidamente. La "democracia representativa" se constituyó así en el mecanismo que aseguraba el relevo en el gobierno de sucesivas camarillas militares, encabezadas por el Coronel o General escogido por la cúpula militar para que fuera por cinco años, Presidente de la República y a la vez Comandante General de la Fuerza Armada. El fraude electoral se convirtió por eso en una necesidad estructural para garantizar el nuevo modelo de la dictadura militar, en el cual el Presidente y Comandante General debía ser invariablemente quien había designado la jefatura castrense.
La cobertura de falsa "democracia representativa" empezó a rasgarse en 1960 con el enorme movimiento popular que demandaba democratización y limpieza del sistema electoral y se transformó en franca sublevación civil frente a la brutal represión de que fue objeto, propiciando con ella el derrumbe del gobierno del Coronel José María Lemus (26 de octubre de 1960), en una acción combinada con el sector de militares demócratas.
El contra-golpe del Estado del 25 de enero de 1961 derrocó a la Junta de Gobierno democrática y aseguró la continuidad de este segundo modelo de la dictadura militar; pero en los años setenta se precipitó en la crisis como resultado de que las fuerzas democráticas unidas ganaron las elecciones presidenciales de 1972 y 1977 y les fueron descaradamente robadas mientras se extendía la lucha reivindicativa y política en las ciudades y un combativo movimiento campesino por la tierra y surgía una lucha armada revolucionaria.
El 25 de marzo de 1972 un grupo de militares demócratas se alzó y combatió en defensa de la voluntad popular defraudada en las elecciones presidenciales de febrero, pero no triunfo. El 28 de febrero de 1977 fue masacrada en la Plaza Libertad la multitud que protestaba contra el mayúsculo fraude que le arrebató al pueblo la victoria en las elecciones presidenciales de una semana antes.
El 15 de octubre de 1979 el segundo modelo de la dictadura militar colapsó con el golpe de Estado de la Juventud Militar de octubre de 1979.
La nación se había dividido y polarizado, la inminencia de la guerra civil era palpable y el Movimiento de la Juventud Militar quiso evitarla deponiendo al gobierno represivo del General Carlos Humberto Romero, depurando la Fuerza Armada, llamando a integrarse a un gobierno de participación pluralista a diversas fuerzas políticas, desde la izquierda hasta el centro-derecha y promoviendo un programa de reformas económico-sociales (reforma agraria, nacionalización de la banca y de las exportaciones de café y azúcar). Más de cuarenta oficiales de alta graduación fueron expulsados de las filas militares y se constituyó el Consejo Permanente de la Fuerza Armada (COPEFA), integrado por oficiales electos democráticamente en los cuarteles.
Fue el COPEFA quien lanzó la Proclama conteniendo esta plataforma programática, organizo aquel gobierno pluralista y realizó la depuración de las filas castrenses. Pero aquel esfuerzo fue frustrado por la acción deliberada de jefes de elevado rango que escapaban a la depuración, gracias a las manipulaciones y presiones de la Embajada de Estados Unidos en San Salvador. Esos jefes (Carranza, García, Bustillo, Vides Casanova, Morán, Abdul Gutiérrez y otros de alta). D'Aubuisson, Flores Lima y otros que en aquel momento quedaron de baja emprendieron una sucesión de salvajes matanzas en las calles contra las manifestaciones populares, activaron los escuadrones de la muerte, elevaron el promedio de sus asesinatos a 28 cada día, el COPEFA fue anulado y después disuelto, la Junta de Gobierno pluralista fue llevada al colapso, menos de tres meses después de creadas (fines de diciembre/89), la lucha armada revolucionaria se incrementó y la cúpula militar, totalmente dominada por los escuadrones de genocidas, pactó con la dirigencia demócrata cristiana la integración de una nueva junta sin pluralismo, que realizó las reformas socioeconómicas con sentido contrainsurgente, sin la consecuencia ni la profundidad demandada por el pueblo, mientras la represión genocida se extendía e intensificaba, cobrando miles de vidas, incluso la de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y la de los dirigentes del FDR.
Esa fórmula de represión y reformas inconsecuentes e inconclusas consumó la división de la nación, precipitó el despliegue de la guerra civil, logró el involucramiento del gobierno de Estados Unidos y configuró el tercer modelo de la dictadura militar, cuyas características terminaron de cristalizar con las elecciones de Asamblea Constituyente de 1982 y el nombramiento por ésta, bajo directa presión de la cúpula castrense y de la administración Reagan, de un gobierno provisional "civil".
La Constitución de 1983 se elaboró por aquella Asamblea Constituyente surgida en unas elecciones que se realizaron en una nación dividida y enfrentada, cuando no podían participar cientos de miles de personas que estaban siendo desplazadas forzosamente de sus tierras, viviendas y áreas de vida, mientras salían del país centenares de miles de refugiados emigrantes ilegales y eran asesinadas decenas de miles por los escuadrones de la Fuerza Armada y de sus escuadrones de la muerte. Esta Constitución, a la par que proclama derechos humanos, libertades y garantías democráticas y favorece una apertura electoral limita aún más las reformas socio-económicas de 1980, consolidada la supremacía del poder militar sobre las autoridades surgidas del sufragio y se constituye en recurso legitimador de la guerra contrainsurgente, para continuarla de manera indefinida, como fuente de enriquecimiento para la jefatura militar.
Así, el tercer modelo de la dictadura militar integró los siguientes elementos:a) Multiplicación del tamaño, los recursos y el peso político y económico de la Fuerza Armada.
b) La Fuerza Armada se convierte en el conducto para entregar la soberanía nacional y acrecentar descomunalmente la dependencia militar, económica y política de El Salvador respecto del gobierno de los Estados Unidos.
La Fuerza Armada se vuelve más un instrumento del gobierno norteamericano que de la oligarquía salvadoreña.
La dependencia del país y del ejército es tan aplastante, que el partido de la oligarquía (ARENA), que desde su fundación se declaró agudamente "nacionalista", condenando la injerencia norteamericana como causa de la incapacidad para derrotar al FMLN y de la crisis económica (achacada al reformismos inducido por los yanquis), una vez llegado al gobierno sucumbió en el pantano de la dependencia, la continuación de la guerra dentro de la estrategia y con el financiamiento de Estados Unidos y el silencio de sus bravatas nacionalistas.
c) Dentro de la dependencia de Estados Unidos la Fuerza Armada es ahora un poder economico, es el empresario mas grande del país; cuenta con un poderío militar multiplicado en cinco veces cuantitativamente y en muchos mas por su volumen de fugo y cualificación; y su poderío es tal que no necesita poseer directamente el gobierno para gobernar y ha podido por eso aceptar el esquema de permitir que se elija un gobierno civil con relativa limpieza de las elecciones.
La jefatura militar no necesita ahora, tanto como antes, del fraude electoral para retener el poder. El principal fraude histórico consiste hoy en que no mandan los que son electos, sino los jefes militares que nunca han sido elegidos por el pueblo. No importa cuan bien organizadas y "limpias" aparenten ser las elecciones, ni quien sea el elegido, porque en realidad no gobernará en todo aquello que sea decisivo para el país. La cúpula militar, que no es elegida por el voto popular, tiene en sus manos los NO y los SI, fundamentales para definir la política del gobierno, especialmente sobre la guerra y la paz que es ahora el asunto mas vital para el país. A su vez, los NO y los SI de los jefes militares están determinados por la "ayuda " de Estados Unidos.
e) De este modo se cambian el gobierno civil, la disminución del fraude electoral y los relativos espacios políticos con la autoritarismo militar mas represivo y sanguinario. Cuando se alegó que hay mas democracia es cuando mas profunda es la estafa: mandan y opinan mas los que no han sido electos y sus amos norteamericanos, mientras aquellos que han sido electos en votaciones mas "limpias" que las del pasado en verdad no deciden ni manda en todo lo que es fundamental y vital para el país.
Así, aunque más sofisticado, la dictadura militar bajo este tercer modelo es mas anti-democrática y mas anti-nacional que nunca antes, pero también está más desafiada y asediada política y militarmente. El pueblo salvadoreño ha desarrollado la capacidad de desestabilizarla e impedirle gobernar.
El logro de la paz debe pasar ineludiblemente por la reunificación nacional para que sea sólida y duradera; la reunificación nacional pasa ineludiblemente por la concertación de un nuevo consenso nacional basado en la instauración de la democracia, la justicia social y el rescate de la soberanía. Sin soberanía no puede haber democracia ni justicia social y sin estas jamas habrá paz duradera. Tal es la rigurosa lógica histórica actual en El Salvador.
A lo largo de sus casi sesenta años de existencia, la dictadura militar genero una amalgama de ejército, cuerpo de seguridad y sistema judicial, subordinada de derecho o de hecho a la Jefatura castrense en todos los niveles. Esto generó un método de gobernar cada vez mas sustentado en la represión, la tortura, los desaparecimientos, los escuadrones de la muerte. La impunidad garantiza la existencia de un sistema judicial sumiso. Esta es la estructura que debe romperse, desligarse y depurarse, para que pueda haber ejercicio de la soberanía y democracia en nuestro país.
El desatamiento positivo y constructivo de este nudo es el propósito central de nuestra propuesta de paz del 11 de septiembre pasado.
El nuevo consenso nacional para instaurar e institucionalizar la democracia consiste en:a) La supeditación incondicional de la Fuerza Armada al gobierno libremente electo por el pueblo, para lo cual es indispensable:
-Depurarla, reducirla al mínimo indispensable, asegurar los derechos políticos de sus miembros en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía.
-Disolver los actuales cuerpos de seguridad, comprometidos y curtidos hasta el tuétano con la violación de los derechos humanos y el genocidio; crear un solo cuerpo profesional de Policía Civil y apartarla totalmente de la autoridad militar.
-Indenpendizar, sanear y modernizar el sistema judicial, convirtiéndolo en instrumento eficaz para dar seguridad a la ciudadanía contra el abuso de autoridad y la delincuencia.
b) Democratizar y sanear el sistema electoral.
c) Afirmar el pluralismo y la representatividad de la Asamblea Legislativa, incrementando el numero de Diputados.
d) Apartar los obstáculos legales y de hecho que impiden realizar las reformas economicas sociales que son indispensables para asegurar el pluralismo económico, la justicia social y el desarrollo del país.
e) Poner en marcha un proceso de desmilitarización de la sociedad salvadoreña. Estos cambios requieren acuerdos concertados entre las partes que estamos enfrentadas en la guerra -el gobierno y el FMLN- y el aporte y apoyo a esos acuerdos por los diferentes sectores nacionales y su institucionalización mediante la reforma constitucional.
REFORMAS PROPUESTASEl FMLN propone reformar la Constitución en base al procedimiento que la misma Constitución establece. Para ello debe hacer un acuerdo político con el gobierno de El Salvador sobre los puntos en que la Constitución debe reformarse. Posteriormente debe presentarse el proyecto de reformas a la Asamblea Legislativa. Esta debe aprobar por mayoría simple las reformas y la siguiente Asamblea debe ratificarlas por mayoría de dos tercios. Los puntos fundamentales que propone el FMLN para la reforma de la Constitución son los siguientes:
1. REFORMA AGRARIA
a.- La Constitución de 1983 bloqueó la Fase II de la reforma agraria. De esta manera quedó obstruida la posibilidad de reformas fundamentales que abran camino a una paz justa y duradera. Por tal razón los limites de la propiedad de la tierra no deben fijarse en la Constitución sino en la Ley de Reforma Agraria, de forma que los salvadoreños tengamos opciones flexibles para resolver el mas importante de nuestros problemas económicos y sociales.
b.- Debe legislarse asimismo la participación de los campesinos beneficiarios en los mecanismos de conducción y control de la reforma agraria.
c.- Para subsanar el problema -actualmente irresoluble- de la deuda agraria debe haber disposiciones transitorias para la condonación de la misma y debe establecerse la transferencia gratuita de las tierras adjudicadas por la reforma agraria. En todos los casos, el Estado debe asumir la indemnización a los antiguos propietarios.
2. FUERZA ARMADALas reformas que propone el FMLN sobre la Fuerza Armada están orientadas a:
a.- Garantizar la subordinación efectiva de la Fuerza Armada a las autoridades civiles elegidas democráticamente.
b.- Garantizar el estricto respeto a los derechos humanos, la honestidad, la tecnificación, la profesionalización y el ejercicio y la defensa de la democracia por parte de la Fuerza Armada.
c.- Sustituir los actuales cuerpos de seguridad por una Policía Civil Profesional, no subordinada a las jefaturas del ejército.
d.- Otorgar al Presidente de la República el mando efectivo -no sólo formal- de la Fuerza Armada, y al Consejo de Ministros la atribución de determinar el numero de efectivos permanentes del Ejército y de la Policía civil.
e.- Prohibir la pertenencia de la Fuerza Armada de El Salvador a bloques o tratados militares regionales o internacionales.
f.- Asegurar de manera gradual la desmilitarización total de la sociedad salvadoreña.
3. ELECCIONESEl actual sistema electoral del país es rígido y no permite respuestas políticas adecuadas y ágiles a las situaciones cambiantes y a las crisis sociales.
Por tal motivo, las reformas a la Constitución que propone el FMLN en materia electoral están orientadas a:
a.- Flexibilizar la convocatoria a elecciones presidenciales, legislativas y municipales, recogiendo la experiencia de algunos de los sistemas democráticos mas desarrollados y modernos.
b.- Asegurar el pluralismo políticos, ampliando el criterio constitucional para la conformación del Consejo Central de Elecciones.
4. OTRAS MEDIDAS PARA ASEGURAR EL PLURALISMO POLITICOa.- Elevar el número de diputados que integren la Asamblea Legislativa, estableciendo la representatividad de un diputado por cada 40.000 habitantes o fracción mayor de 20.000 habitantes.
b.- Establecer como atribución de la Asamblea Legislativa la elección de gobernadores.
(El FMLN incluyó la formulación exacta de todas estas reformas)
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