Nicaragua

“Unimos nuestras voces para rechazar categóricamente la reforma oficialista”

El 22 de abril los dos bloques de oposición, Alianza Ciudadana y Coalición Nacional, presentaron a la nación un pronunciamiento conjunto sobre las reformas a la Ley Electoral del Ejecutivo. Fue firmado por 50 organizaciones, movimientos y partidos políticos, por los gremios de la empresa privada y por organizaciones de la diáspora nicaragüense. Es el primer paso en el camino a una alianza electoral unificada.

Para que nuestra Patria supere pacíficamente la profunda crisis nacional, agravada desde 2018 por la escalada represiva del régimen, es fundamental la implementación de una reforma electoral que incorpore las transformaciones legales e institucionales necesarias para brindar a los ciudadanos y organizaciones políticas las garantías necesarias que permitan la realización de elecciones libres, transparentes, justas, competitivas y observadas, como primer paso para reconstruir el sistema democrático e instaurar un Estado de Derecho que garantice libertad, paz y prosperidad a todos los nicaragüenses.


El proceso iniciado recientemente en la Asamblea Nacional para la elección de Magistrados del Consejo Supremo Electoral y la tramitación de la iniciativa de ley de reforma a la Ley Electoral presentada el lunes 12 de abril por la bancada del FSLN, no contribuyen en forma al guna al logro de ese objetivo, que demandamos la mayoría de los nicaragüenses con el respaldo de la comunidad internacional.


Un proceso electoral libre, justo y transparente que garantice el voto popular supone la elección de un nuevo Consejo Supremo Electoral, capaz de devolver la credibilidad y transparencia al sistema electoral. Por tal razón, instamos a los Diputados de la Asamblea Nacional que asuman con sentido de Nación su responsabilidad histórica de elegir magistrados electorales idóneos y probos que respeten la voluntad ciudadana y contribuyan dignamente a una salida cívica y pacífica a la crisis nacional.


La Iniciativa de reforma a la Ley Electoral presentada por la bancada del oficialismo no responde a la demanda nacional e internacional de elecciones con atributos democráticos porque no incorpora las reformas legales necesarias para que en los próximos comicios nacionales se respete el voto ciudadano, sino que, por el contrario, la casi totalidad de las propuestas profundizan la actual crisis de transparencia y credibilidad de las instituciones electorales.


Entre los múltiples aspectos lesivos contenido en esta iniciativa, observamos que establece nuevas restricciones a las libertades políticas, mantiene intacta la conformación bipartidista de los órganos electorales, traslada al ámbito electoral el Estado Policial imperante, no establece la auditoría y depuración del padrón electoral, elimina la publicidad del padrón y el proceso de verificación ciudadana, mantiene la inconstitucional división entre padrón activo y pasivo, e impone nuevos obstáculos y restricciones a los partidos políticos.


La pretendida reforma no contempla la posibilidad de recursos legales que brinde seguridad jurídica, sino que aumenta las facultades discrecionales del Poder Electoral, no establece la normativa legal para la observación electoral nacional e internacional, no regula el voto de los nicaragüenses residentes en el exterior, y vulnera la voluntad popular al permitirle al Poder Electoral sustituir, incluso de oficio, a funcionarios electos. Asimismo, la pretendida reforma incorpora a la legislación electoral las inconstitucionales causas de inhibición a candidatos opositores contenidas en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.


Las organizaciones firmantes hemos demandado sistemáticamente al régimen de Daniel Ortega la aplicación de las reformas electorales necesarias para que se respete el voto ciudadano, en concordancia con el acuerdo sobre restitución de los derechos ciudadanos suscrito por el gobierno de Nicaragua el 29 de marzo de 2019 por el gobierno y la inmediata liberación de todos los presos políticos.


Hoy, ante este nuevo intento de seguir impidiendo que los nicaragüenses ejerzamos libremente nuestro derecho a elegir mediante el voto, las organizaciones firmantes UNIMOS NUESTRAS VOCES para RECHAZAR categóricamente esta iniciativa de reforma a la Ley Electoral y EXIGIR la implementación de reformas acordes con las planteadas por la Asamblea General de la OEA en su Resolución del 21 de octubre de 2020.

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