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| Universidad Centroamericana - UCA |
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Número 468 | Marzo 2021 |
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Nicaragua
Noticias Nicaragua
UN AÑO DE PANDEMIA
El 18 de marzo se cumplió un año del primer caso de coronavirus detectado en Nicaragua. A lo largo del año la información oficial ha ocultado de forma irresponsable y persistente la verdad sobre el desarrollo de la enfermedad en el país, pretendiendo dar la imagen de un sistema de salud muy preparado y eficiente y de una normalidad lograda sin exigir confinamientos, aunque sin dar ningún tipo de ayuda económica. El primer brote de la enfermedad, de marzo a agosto, fue crítico. A finales de diciembre inició un nuevo brote con altibajos. En el primer año de pandemia el Ministerio de Salud reconoció solamente 6,582 casos y sólo 176 muertes. Tampoco ha dado a conocer el número de pruebas realizadas. Cifras más verosímiles sobre contagios y fallecimientos las ha brindado el Observatorio Ciudadano sobre el Covid-19, que desde el inicio de la pandemia convocó a profesionales de diversas disciplinas para informar de manera independiente. El Observatorio ha llevado semanalmente un monitoreo de casos. En el primer año, documentó 13,237 casos sospechosos de contagio, 884 de ellos entre el personal de salud (“sospechosos” porque el gobierno prohíbe poner en las actas de defunción que la muerte se debió al Covid-19). En el primer año de pandemia, el Observatorio acumula 3,008 muertes, 116 de ellas entre el personal de salud. Informar a la población para que responsablemente se defienda del virus ha sido tarea del Comité Científico Multidisciplinario, que agrupa a médicos y a otros profesionales, que han atendido permanentemente las consultas de los contagiados, de sus familias y de la población, y han brindado información diaria por los medios sobre los peligros de algunas prácticas y sobre las medidas de prevención. Sin el esfuerzo del Observatorio y del Comité, la población habría enfrentado a ciegas y con mucho mayor temor esta crisis sanitaria.
PANDEMIA – MUERTES
Estudios realizados analizando los certificados de defunción en el país durante 15 años, desde 2005 hasta 2019, muestran lo que se conoce como una “sobremortalidad” ocurrida en Nicaragua en los primeros seis meses de 2020, en el primer brote de la pandemia (marzo-agosto). En ese período el ritmo de mortalidad aumentó sensiblemente hasta ser de 120 muertes por cada 100 mil habitantes, cuando lo habitual en los años precedentes era de 25.5 a 29 muertes por cada 100 mil. La cifra comenzó a dispararse en marzo, al inicio de la pandemia, y sólo la pandemia puede explicar el fenómeno. Muertes por distintos tipos de neumonía, diabetes, infarto de miocardio, hipertensión y otras patologías crónicas incrementadas en esos seis meses deben achacarse al Covid-19, aunque así no lo reconozca el gobierno y el Ministerio de Salud en sus informes. Según el médico salubrista Carlos Hernández, quien estuvo al frente del estudio y quien con un amplio grupo de médicos y profesionales integra el Comité Científico Multidisciplinario (CCM) creado en ocasión de la pandemia “hasta el 31 de agosto de 2020 hay un subregistro de 7,800 muertes que son atribuibles al Covid-19. Por cada muerte que informó el Ministerio de Salud en esos meses, en realidad hubo 49 muertes. Teniendo en cuenta la sobremortalidad, el subregistro es del 98%”. Sin embargo, el régimen intenta dar la impresión de que la enfermedad ya está controlada y, para reforzarla, viene difundiendo desde el 13 de octubre de 2020 en su informe semanal la insólita cifra de una única muerte semanal.
PANDEMIA – VACUNAS
El 23 de febrero llegó a Nicaragua el primer lote de vacunas Sputnik V, una donación de 6 mil dosis procedente de Rusia. En marzo se recibieron 200 mil dosis de la vacuna Covishield, donación del laboratorio AztraZeneca de la India; y 135 mil del mecanismo COVAX, iniciativa de la OMS y de la OPS, como donación a los países pobres. El 2 de marzo inició en Nicaragua la vacunación. Hasta finales de marzo la única información concreta era que se priorizaría a los enfermos con insuficiencia renal crónica y después a los que padecían cáncer y problemas cardiológicos. No se priorizó al personal de salud y al magisterio. Tampoco se explicó a toda la población cómo sería el plan de vacunación según edades o territorios, ni se presentó de forma accesible y en todos los medios cómo, dónde y en qué tiempo podría cualquier persona acceder a la vacuna. El médico Carlos Hernández, especialista en salud pública indicó que un plan de vacunación debe informar permanentemente a la población sobre cómo avanza la vacunación y cuáles serán sus fases. “Solicitamos -dijo-no politizar la vacunación, porque es un asunto de vida o muerte. Con la politización que se ha hecho de la pandemia hay mucha desconfianza y eso crea barreras al acceso a la vacunación”.
PRESOS POLÍTICOS
Por las cárceles de Nicaragua, y según el último informe de Amnistía Internacional, han pasado ya 1,614 presos políticos desde la rebelión de abril de 2018, con distintos períodos de tiempo en los calabozos. En 2019 fueron excarcelados 409 de los que llevaban más tiempo tras las rejas. A ninguno se le anuló su expediente. Al terminar marzo de 2021, quedaban aún en prisión 123 presos políticos o presos de conciencia, 113 de ellos capturados a raíz de la rebelión de abril de 2018 y 10 en prisión desde años antes. En ocasión de la Semana Santa, el régimen indultó el 25 de marzo a 800 reos comunes (747 hombres y 53 mujeres). Entre ellos iban 2 presos políticos. Entre septiembre de 2020 y marzo de 2021 han sido excarcelados, con el beneficio de “convivencia familiar”, más de 22 mil presos comunes, algunos de ellos autores de asesinatos y delitos graves.
TRES AÑOS DE REPRESIÓN
Al acercarse el tercer aniversario de la rebelión cívica de Abril, Amnistía Internacional (AI) para las Américas publicó un informe haciendo un recuento numérico de la crisis de derechos humanos en Nicaragua. AI hace este saldo: 328 muertes, 2 mil personas heridas, más de 100 mil forzadas a dejar el país, más de 100 en presión, 1,614 privadas de libertad arbitrariamente a lo largo de estos tres años, 150 estudiantes universitarios expulsados de sus centros de estudio, más de 87 medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 90 periodistas y comunicadores en el exilio y más de 400 profesionales de la salud despedidos por razones políticas. El informe señala tres tácticas centrales de la represión: detenciones arbitraras con cargos falsos y cárcel, leyes para acallar las críticas y el disenso y “muerte civil” contra muchas de las 104 personas excarceladas en 2019, a las que se les impide trabajar, movilizarse, y son víctimas de asedio. El informe enuncia también algunas tácticas represivas: campañas de desprestigio y estigmatización; hostigamiento e intimidación a opositores y a sus familias; detenciones arbitraria; falsos cargos por motivación política, juicios sin oportunidad de defensa; malos tratos y falta de condiciones en las cárceles; recapturas y reencarcelamiento; agresiones contra periodistas.
CONFESIONES DE UN POLICÍA
El 21 de febrero el diario “La Prensa” publicó una extensa entrevista con Julio Espinoza, quien perteneció a la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP, policías antimotines). Espinoza recibió una pedrada en la cabeza el 19 de abril de 2018 en Masaya, lo que causó su baja en la DOEP por tres meses, tiempo en el que reflexionó y decidió abandonar el cuerpo armado, por lo que fue procesado y tuvo que salir al exilio. Espinoza fue policía desde 2012, con 22 años, pasando pronto a la DOEP. En la entrevista, señala que, a partir de 2014, por las protestas del Movimiento Campesino contra el Canal Interoceánico, se intensificó la represión del régimen. Confirma que siempre cualquier movilización opositora era “infiltrada” por policías vestidos de civil. Y explica que desde abril de 2018 a quienes pedían la baja por no estar de acuerdo con la represión armada contra los manifestantes, los castigaban de distintas formas e incluso los mataban. Espinoza da el nombre de dos de los que él conoce, asesinados al pedir la baja: Douglas Mendiola y José Abraham Martínez. Y afirma: “La mayoría de los policías ejecutados eran los que habían metido la baja. La mayoría de los policías que están muertos ellos mismos los ejecutaron”. Espinoza reconoce “arrepentirse” de haber golpeado a la gente en algunas manifestaciones antes de Abril, pero afirma: “No maté, ni le di un balazo a nadie”. Considera que hoy “toda la Policía está manchada de sangre”, que “tiene que ser cambiada completamente” y que el Ejército participó en la represión. Volver a ser miembro de una nueva Policía es su aspiración.
CRUZ ROJA EN CÁRCELES
Del 15 al 19 de febrero una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), dirigida por María Noel Rodríguez Tochetti, asesora para México y Centroamérica, visitó los principales centros penitenciarios de Nicaragua, en Managua y Granada, para conocer la situación de los privados de libertad y capacitar en derechos humanos y dar asesoría técnica a los funcionarios que trabajan en las cárceles. El régimen dio amplia publicidad a la visita, aprovechando que el CICR, institución que se declara “neutral, imparcial e independiente”, sólo se relaciona con las autoridades del país, manteniendo en estricta confidencialidad sus informes y hallazgos.
LEY DE AGENTES EXTRANJEROS
Al entrar en vigor la Ley contra Agentes Extranjeros, dos organizaciones nacionales, PEN Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro cerraron sus operaciones en el país, no sometiéndose a inscribirse como “agentes extranjeros”, como exige la ley. PEN Nicaragua es la filial nicaragüense de PEN Internacional. Gioconda Belli, la más conocida internacionalmente de sus miembros, explicó que desde 2018 el Ministerio de Gobernación se negó a extenderles la certificación para continuar operando como ONG y así “perdimos la posibilidad de optar a proyectos y nuestra cuenta bancaria fue cancelada”. Pese a eso, con “esfuerzo voluntario” siguieron impulsando actividades. Belli explicó que los “infinitos requisitos” que exige la ley de agentes extranjeros “requerirían de un personal del que carecemos” y eso les impedía seguir funcionando. En el caso de la Fundación, dedicada desde 1998 a trabajar en defensa de la libertad de expresión, el acceso de la información pública y la existencia de un periodismo independiente fortaleciendo las capacidades de medios y de comunicadores, quien fuera su presidenta, Cristiana Chamorro, leyó un comunicado en el que afirman que no se someterán a una ley que califican de “monstruosa” e “inconstitucional”. El cierre de la Fundación afecta a más de 15 medios de comunicación surgidos a lo largo de estos más de veinte años de trabajo.
SELLO A LAS CONFISCACIONES
A lo largo de febrero y marzo el régimen puso su definitivo sello a las confiscaciones que realizó a dos medios de comunicación y a cinco ONG a los que les anuló su personería jurídica en diciembre de 2018. En esa fecha ocupó militarmente sus instalaciones, confiscó sus cuentas bancarias y robó todos sus equipos. Medios y ONG pusieron recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, pero nunca los falló. Casi tres años después, en febrero de 2021, culminó la ilegalidad convirtiendo las instalaciones de todas estas organizaciones en instituciones estatales. Los edificios de Confidencial, de 100%Noticias, del CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos), de CISAS (Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud), del IPADE (Instituto para el Desarrollo y la Democracia) y de Popol Na, ubicados en Managua, fueron remodelados, pintados del color rosado que es símbolo de la Vicepresidenta y entregados al Ministerio de Salud. El de Confidencial y el de CISAS para casas maternas, el del CENIDH y el de Popol Na para centros de salud. El de 100% Noticias para rehabilitación de alcohólicos y drogadictos y el de IPADE para diabéticos. El Instituto de Liderazgo de Las Segovias, ubicado en Mozonte, al norte del país, se entregó a la Universidad pública. El artículo 44 de la Constitución de Nicaragua prohíbe las confiscaciones. En los edificios confiscados se colocaron a la entrada grandes fotos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El objetivo de las remodelaciones es propagandístico: transformar las confiscaciones en triunfos políticos sobre medios y organizaciones “golpistas” destinando sus instalaciones a proyectos sociales para “los pobres”, algo que es pura imagen: una investigación periodística de “Confidencial” mostró el escaso uso social que están teniendo estos edificios.
EN DEFENSA DE PERIODISTAS
El 1 de marzo, Día Nacional del Periodista Nicaragüense, 470 periodistas de América Latina y de otros puntos del mundo, convocados por la Fundación Gabriel García Márquez (Fundación Gabo) firmaron un documento en el que expresan su “preocupación e indignación ante el proceso de despojo de dos derechos elementales, del cual son víctimas los ciudadanos de Nicaragua: la libertad de expresión y el acceso oportuno a una información veraz e independiente”. Los periodistas enumeran los más graves hechos represivos contra el periodismo nicaragüense desde abril de 2018 hasta llegar en febrero de 2021 a “la confiscación de instalaciones donde operaban medios independientes”, refiriéndose a que “sin orden judicial, ese gobierno consumó la usurpación ilegal de las oficinas de los medios Confidencial y 100% Noticias, e inauguró en ellas dependencias de fachada del Ministerio de Salud”. Los periodistas denuncian que el régimen “ha buscado por distintas vías la asfixia de toda forma de crítica a sus políticas y conflictos de interés que deterioran la calidad de vida de los ciudadanos de ese país, agravada por el oscuro manejo de la pandemia de covid-19”. Y señalan: “La creciente opacidad sobre las operaciones financieras del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto con la minimización de la pandemia, vuelven aún más urgente el periodismo independiente, para que pueda informar de lo que verdaderamente ocurre en el país”. Y afirman: “El 7 de noviembre próximo Nicaragua deberá enfrentar un decisivo proceso electoral que no cuenta con ninguna garantía democrática. Sin periodismo independiente no puede haber elecciones libres y limpias, ni democracia”. Los periodistas piden “a los gobiernos democráticos del mundo que exhorten y presionen al presidente Daniel Ortega para que cese de inmediato su política represiva contra los medios y los periodistas independientes”, demandan al régimen que ingresen a nuestro país la CIDH, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional”. Invitan también “a los colegas periodistas y a los medios del continente a retomar como tema importante para sus agendas informativas la crisis de derechos humanos y el futuro de Nicaragua”. Concluyen afirmando: “Nos proponemos no dejar solos a los periodistas nicaragüenses en un momento crítico de su valiente historia de denuncias contra la represión en su país”.
100 MIL REGRESAN POR DESEMPLEO
Según cifras del Ministerio de Gobernación, en doce meses, entre el 11 de marzo de 2020 -cuando la OMS declaró pandemia mundial al coronavirus-, y el 11 de febrero de 2021, regresaron a Nicaragua 99 mil 567 nicaragüenses de diferentes países del continente y del mundo, la mayoría por haber perdido sus trabajos a causa de la crisis económica provocada por la pandemia.
SIN VISAS DE EEUU
El 26 de febrero, una nota de prensa del Departamento de Estado de EEUU anunció que restringirá la visa de entrada a EEUU a personas de cualquier país del mundo que “en nombre de un gobierno extranjero” repriman, acosen, vigilen, amenacen o dañen a periodistas, activistas o a otras personas por considerarlas opositoras, cuando lo que hacen es “ejercer sus libertades fundamentales”. En Nicaragua, esta medida será aplicable a funcionarios de distintos niveles del régimen Ortega-Murillo que vienen ejerciendo estas formas de represión desde abril de 2018 o incluso antes.
LEY DE “DEFENSA DE LOS SANCIONADOS”
Después de que se aprobara en Nicaragua la reforma a la Ley 842, Ley de Defensa de los Consumidores, conocida popularmente como de “defensa de los sancionados”, que expone a los bancos nacionales a perder sus corresponsalías con la banca mundial si, obedeciendo normas internacionales, se negaran a prestar servicios bancarios o a abrir cuentas a familiares de nicaragüenses sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, el senador demócrata Ben Cardin y el senador republicano Roger Wicker propusieron una reforma a la Ley Global Magnitsky para extender las sanciones a los parientes más cercanos de los sancionados y así “evitar que los ocupen para evadir la sanción”. En Nicaragua, la OFAC ha sancionado a 27 altos funcionarios del gobierno nicaragüense y a la esposa y a tres hijos de Ortega. Hasta finales de marzo la reforma a la ley que amenaza al sistema bancario, no ha sido aplicada. Ortega la mantiene como una espada de Damocles que utilizaría contra los banqueros según avance el proceso electoral, amenazándolos, por ejemplo, para que no financien a organizaciones políticas o a candidatos.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica