Centroamérica
Centroamérica antes, durante... ¿y después de la pandemia...?
La pandemia
ha afectado de manera desproporcionada
a las poblaciones y comunidades centroamericanas
que carecen de agua potable, saneamiento y servicios de salud.
La reactivación económica de la región no se avizora
como una etapa de corto plazo.
¿Y cómo se ve el futuro…?
La pandemia no ha sido un paréntesis.
Ha sido una encrucijada civilizatoria,
que demanda un nuevo modelo económico y de bienestar,
un nuevo acuerdo ambiental global y una gobernanza mundial.
Programa Regional de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente
Las implicaciones de la pandemia y las respuestas frete a ella han estado moldeadas en todos los países del mundo por las condiciones previas que existían en esos países.
En el caso de Centroamérica, la región ya estaba atravesando por una serie de cambios trascendentales económicos, ambientales y políticos. Y todos venían profundizando las condiciones de exclusión y de vulnerabilidad de la población, especialmente la de los territorios rurales.
Antes de la pandemia, la situación de Centroamérica se inscribía ya en un escenario internacional caracterizado por el aumento de las desigualdades, el agotamiento de las formas tradicionales de representación política, los crecientes impactos del cambio climático y la crisis del multilateralismo.
CENTROAMÉRICA ANTES DEL COVID-19
Las condiciones regionales y las dinámicas internacionales se han ido combinando, dando como resultado un entramado conflictivo en diversos territorios rurales de Centroamérica. Antes de la pandemia había ya en Centroamérica procesos y tendencias que venían configurando escenarios de competencia y de conflicto entre diferentes actores, que permanecen hasta hoy.
– La presión por el control de los territorios y de sus recursos es cada vez más violenta y agresiva. Ya sea que se trate de inversiones en infraestructura vial o energética, de extracción de recursos naturales o de cultivos agroindustriales, estos proyectos avanzan sin salvaguardas socioambientales, a pesar de la resistencia de las comunidades locales.
– Las estrategias económicas del sector privado se han diversificado, regionalizado y globalizado, abarcando cada vez más nuevos territorios y adoptando formas cada vez más sofisticadas de control de los recursos que hay en esos territorios.
– Los impactos del cambio climático hacen de Centroamérica una de las regiones más vulnerables. La frecuencia e intensidad cada vez mayor de eventos extremos de exceso de lluvia o sequía, el aumento de la temperatura promedio y del nivel del mar, agudizan la degradación ambiental en las zonas rurales y profundizan la exclusión de sus poblaciones.
– Por su posición geográfica, los países centroamericanos son aprovechados para el tráfico de droga y de personas. En los últimos años ha habido un incremento de inversiones que expanden el control territorial de quienes participan en eso, diversificando sus actividades y penetrando en nuevos nichos de mercado, lícitos e ilícitos.
– Ante este contexto adverso, son cada vez más quienes optan por la migración como estrategia para mejorar sus condiciones y hasta para salvaguardar su vida. La magnitud de este fenómeno es tal que se ha vuelto un elemento estructural de los territorios de origen, destino y tránsito de los migrantes.
– Las comunidades, pueblos indígenas y afrodescendientes que habitan en los territorios rurales en disputa no han estado pasivos. Reaccionan movilizándose y resistiendo. Han adoptado nuevas formas de organización comunitaria y territorial y han formado movimientos sociales para defender sus derechos y sus recursos naturales.
ESTADOS NACIONALES: “ESTADOS FALLIDOS”
En Centroamérica existe un abierto cuestionamiento a los Estados nacionales, descritos a veces como “Estados fallidos” por la débil presencia de las instituciones estatales en los territorios rurales, y por su corrupción e incapacidad para frenar las violaciones a los derechos humanos y atender las demandas de toda la población.
Las debilidades y contradicciones de los aparatos estatales de la región son resultado de las fuerzas que moldearon y siguen moldeando sus prioridades. Las tendencias autoritarias observadas en la última década en Centroamérica complican aún más los escenarios de la gobernanza territorial.
El caso de Nicaragua es el más conocido, debido a la represión desatada en contra de las protestas del año 2018, que dejó cientos de asesinatos y miles de personas en el exilio.¬
En Honduras, las violaciones a los derechos humanos de líderes y comunidades rurales han tenido un incremento sistemático, haciendo de ese país uno de los más peligrosos para los defensores ambientales, según Global Witness. En Guatemala, se están desmantelando los mecanismos institucionales que en años previos permitieron avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad. En El Salvador se observa una mayor presencia militar en la vida social y política del país, en medio de una creciente polarización política, que en 2020 derivó en una tentativa de disolución de la Asamblea Legislativa.
Todas estas tendencias han marcado las respuestas de los gobiernos centroamericanos a la pandemia del Covid-19.
CÓMO FUE LA LLEGADA DEL COVID-19
Es en este contexto, ya bastante desafiante, que Centroamérica ha tenido que enfrentar la pandemia del Covid-19. La crisis sanitaria provocada por el virus puso en evidencia y complejizó aún más los problemas crónicos de desigualdad, vulnerabilidad e inseguridad y los sistemas democráticos débiles que han caracterizado históricamente a la región.
Al principio, la amenaza sanitaria fue percibida por los gobiernos centroamericanos como una epidemia lejana, tal como lo hicieron muchos otros gobiernos del mundo. Hasta el momento en que se reportaron los primeros casos en la región, marzo de 2020, los países centroamericanos habían tomado pocas medidas de prevención y de preparación para enfrentar la pandemia y contaban con sistemas de salud y de protección social muy débiles.
A partir de marzo, y en mayor o menor medida, los gobiernos fueron adoptando medidas de contención para aplanar prontamente la curva de contagio, principalmente cuarentenas domiciliares a nivel nacional, con la expectativa de que la crisis sanitaria fuera de corta duración. Las medidas de distanciamiento físico permitieron cierta ralentización del avance del virus.
Pasados los primeros meses de pandemia, y dada la baja capacidad de los países de la región para realizar pruebas masivas, combinada con la evidente falta de transparencia de los datos oficiales en varios países, debemos asumir que las cifras oficiales podrían ser mucho más altas.
LA PANDEMIA Y LAS ÁREAS RURALES
Como gran parte de la población centroamericana depende de la economía informal para generar ingresos, las cuarentenas y el distanciamiento físico fueron cada vez menos sostenibles social y económicamente.
Los gobiernos empezaron entonces a diseñar e implementar planes de reapertura económica aun cuando la curva de contagio no se había aplanado. Al terminar 2020, la región aún está buscando la manera de “convivir” con el virus, a la espera de una cura o de una vacuna.
Los planes de reapertura económica, si bien se establecieron en plazos escalonados, se enfrentan hoy a los dilemas de una enfermedad de evolución muy incierta. Así, todos los gobiernos y las sociedades centroamericanas actúan en medio de muchas incógnitas. Una de ellas, cómo se desarrollará la enfermedad en las zonas rurales.
Durante los primeros meses de la pandemia, la gran mayoría de casos se concentró en las ciudades. Pero es de esperar que vaya aumentando el número de personas afectadas en las áreas rurales, aunque de forma lenta debido a la menor densidad de la población. En algunos territorios rurales hay condiciones que relativizan ya la ventaja de la menor densidad poblacional por su cercanía a las ciudades. Se han reportado brotes en empacadoras de frutas y hortalizas y en sitios de extracción minera. En otros lugares se intenta prevenir contagios asociados a la temporada de cosechas estacionales, como la del café, que ocurre a finales del año.
Aunque la enfermedad siga propagándose a un ritmo relativamente menor entre la población rural, la falta de cobertura del sistema de salud en esas zonas complicará las cosas. La realidad es que en Centroamérica la pandemia ha afectado de manera desproporcionada a las poblaciones y comunidades tradicionalmente marginadas, a las que carecen de acceso a agua potable, saneamiento básico y servicios de salud.
RESPUESTAS DE LOS GOBIERNOS:
MEDIDAS SIN PRECEDENTES
Los Estados centroamericanos tienen un diseño presidencialista y centralizado, que concentra los recursos y la capacidad de intervención en los gobiernos centrales.
Las respuestas de los gobiernos se dirigieron, en un primer momento, a evitar la transmisión del virus. Con distintos énfasis, la mayoría de los gobiernos centroamericanos tomaron medidas sin precedentes para limitar la movilidad de las personas. Adicionalmente, canalizaron recursos para reforzar capacidades hospitalarias y tomaron medidas de protección social ofreciendo líneas de crédito y subsidios de apoyo o de estímulo a las empresas.
Retrasos e incongruencias en la implementación de esas medidas hicieron más visibles las debilidades estructurales de los gobiernos: ausencia de planes estratégicos, falta de capacidades técnicas, débiles sistemas de salud y de protección social. También, escándalos de corrupción. Además, al amparo de los planes extraordinarios, gobiernos y cuerpos de seguridad han hecho un uso discrecional de medidas coercitivas, acentuando los rasgos autoritarios ya conocidos.
Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá suspendieron garantías constitucionales, como la libertad de tránsito y de reunión para garantizar confinamientos obligatorios. Suspendieron también el transporte público, aunque permitiendo circular a trabajadores de sectores considerados prioritarios.
En Costa Rica, el gobierno no aplicó confinamientos obligatorios. Tampoco prohibió la circulación del transporte público, aunque sí restringió la circulación de vehículos particulares y aplicó cierres de negocios de acuerdo a una zonificación sanitaria.
Nicaragua ha sido un caso muy diferente. Allí el gobierno negó que el país corriera riesgos por la pandemia y evitó implementar cualquier confinamiento o limitación de actividades económicas, educativas, incluso festivas.
En los sistemas de salud de los países se evidenciaron importantes brechas en la capacidad de respuesta a la crisis sanitaria. Al inicio de la pandemia, sólo Costa Rica tenía un sistema de control epidemiológico para contenerla. Sin embargo, al avanzar los contagios, la capacidad sanitaria de ese país se vio sobrepasada.
Los demás países no tuvieron capacidad de hacer una búsqueda activa de casos, volcando sus esfuerzos a reforzar la red hospitalaria mediante la compra de insumos y equipos médicos, y levantando hospitales temporales. O, como lo hizo El Salvador, de manera permanente.
LOS COSTOS DE LOS CIERRES DE LAS ECONOMÍAS
Las medidas de contención también incluyeron el cierre de empresas y de establecimientos comerciales, cierres con diferentes alcances en cada país. Pero esas restricciones no han podido sostenerse por su impacto en los ingresos de familias y empresas, llegando a generar en Honduras protestas sociales, y en El Salvador y Costa Rica el rechazo de las gremiales empresariales.
A principios de agosto, todos los gobiernos ya estaban flexibilizando o levantando las medidas que por meses limitaron la actividad económica.
Ante el aumento del desempleo, todos los países, con la excepción de Nicaragua, pusieron en marcha medidas para auxiliar a las familias que perdieron ingresos: diferir el pago de servicios de agua, luz e Internet, postergar deudas bancarias o reducir impuestos. En Guatemala, El Salvador y Costa Rica también se implementaron transferencias monetarias, con diferentes capacidades estatales para diseñarlas y distribuirlas.
Guatemala y Costa Rica diseñaron la entrega de un “bono” mensual a hogares en pobreza o desempleo, mientras que en El Salvador se distribuyó un único bono monetario a hogares seleccionados, lo que fue sustituido después por la entrega de bolsas de alimentos. Guatemala y Honduras también crearon o ampliaron programas gubernamentales de distribución de alimentos.
Todas estas medidas significaron un alivio real, aunque breve, para millones de personas en inseguridad alimentaria. Hay que decir que estas acciones no dejaron de tener una lógica clientelar con fines políticos.
FALTA DINERO, NO ALIMENTOS
Siendo los países centroamericanos altamente dependientes de la importación de productos de la canasta básica -según cifras de la FAO, Guatemala importa el 100% del arroz que consume y Costa Rica el 80% del maíz blanco y el frijol-, hubo temor por la posibilidad de un desabastecimiento de estos alimentos básicos.
El gobierno de El Salvador eliminó temporalmente los aranceles de importación de harina, arroz y frijoles, y también realizó compras directas de alimentos en mercados internacionales para incluir en los paquetes distribuidos por la Presidencia. Gremiales de agricultores salvadoreños criticaron la importación de maíz, en lugar de apoyar a los productores locales, cuya cosecha era suficiente para cubrir la demanda en 2020.
Actualmente, el mercado internacional cuenta con reservas suficientes de alimentos para abastecer la demanda latinoamericana en los próximos meses. A corto plazo, el principal riesgo no es el desabastecimiento de alimentos, sino la falta de dinero de gran cantidad de población para comprarlos.
PRÁCTICAS AUTORITARIAS
Y PROFUNDIZACIÓN DEL PRESIDENCIALISMO
La limitación de garantías constitucionales -derechos de circulación y reunión-generó preocupación en varios países de la región porque ya se venían observando prácticas autoritarias en distintos países.
En Guatemala, Honduras y El Salvador las medidas tomadas para frenar la pandemia sirvieron también para disuadir o reprimir protestas sociales. El papel del ejército se vio ampliado en estos tres países.
En Honduras, los militares asumieron la administración de los hospitales temporales levantados en varias zonas del país.
En El Salvador, las fuerzas armadas adquirieron más protagonismo al involucrarlas en la mayoría de las intervenciones del Estado: distribución de alimentos, control de plagas, rescate de damnificados por las tormentas tropicales que coincidieron con el avance de la pandemia.
Las prácticas autoritarias también se han traducido en la profundización de un presidencialismo que afirma su poder sobre los otros poderes del Estado y debilita las instancias de fiscalización y regulación. Esta tendencia se reforzó en Honduras y en Nicaragua. Se está configurando también en El Salvador, en donde el paisaje institucional del país ya estaba marcado antes de la pandemia por la relación conflictiva de la Presidencia con la Asamblea Legislativa y su rechazo al arbitraje de la Sala de lo Constitucional de la Corte de Justicia.
¿RESPUESTAS MUNICIPALES?
En todos los países de la región, las autoridades locales cuentan legalmente con autonomía respecto al Poder Ejecutivo y tienen un conjunto de competencias que las habilitan para implementar acciones para proteger la salud, garantizar la seguridad alimentaria o fomentar actividades económicas. Sin embargo, en todos los países resultan insuficientes los recursos humanos, técnicos y financieros con que cuentan para ejercer su autonomía.
Frente a la pandemia, una minoría de municipios de la región realizó acciones innovadoras, como el despliegue de promotores para detectar personas contagiadas. Otros municipios, principalmente los de corte urbano, respondieron con acciones habituales: reforzar la limpieza de calles con desinfectantes, implementar protocolos de seguridad en los mercados y/o regular el comercio informal en espacios públicos.
La mayoría de los gobiernos municipales centroamericanos no parece haber tomado medidas especiales para responder a la pandemia.
RESPUESTAS DE LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS INTERNACIONALES
Entre marzo y junio de 2020, el FMI aprobó préstamos por un monto global de 2,145 millones de dólares para los gobiernos de Centroamérica, con excepción del de Belice y el de Nicaragua. Los préstamos fueron para fortalecer los sistemas de salud y para catalizar apoyos financieros adicionales de otros cooperantes.
Entre abril y junio de 2020, el Banco Mundial aprobó préstamos para Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá (20 millones de dólares a cada país) para fortalecer los sistemas nacionales de salud pública.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) puso en marcha un programa para que apoyar los esfuerzos de prevención y contención de la emergencia sanitaria en los países miembros. Los recursos disponibles sobrepasan los 1,950 millones de dólares. Incluyen financia-miento a operaciones del sector público (600 millones), créditos para apoyar la liquidez de los Bancos Centrales (1,000 millones) y apoyo a la banca (350 millones) para que financie la reactivación económica y fortalezca el tejido empresarial a través de productos financieros para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de la región.
Entre marzo y julio de 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó más de veinte operaciones de financiamiento para apoyar a Centroamérica ante la pandemia, con un monto global mayor a los 2,000 millones de dólares. Entre estas operaciones hay préstamos de apoyo a la sostenibilidad macroeconómica y fiscal con montos que van desde 76 millones para Honduras hasta 400 millones para Panamá; préstamos para apoyar al sector salud y a la protección de ingresos, empleo y recuperación económica, sobre todo la de la micro y pequeña empresa.
ESTADOS UNIDOS Y EUROPA:
RESPUESTAS CONTRASTANTES
En la cooperación bilateral, sobresale la tenue presencia de Estados Unidos a través de la USAID, que no modificó sus prioridades previas, que siguen enfocadas en reducir la migración irregular hacia Estados Unidos con proyectos para Centroamérica orientados a reducir las tasas de criminalidad y la percepción de inseguridad, incrementar inversiones, generar empleos e incrementar la recaudación fiscal, mejorar la confianza en las instituciones públicas y a la lucha contra la corrupción.
La posición de Estados Unidos contrasta con la visión de la Unión Europea, que ha planteado la necesidad de responder de manera coordinada a la crisis, resaltando la importancia de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo, iniciativas que serían los principales marcos de la cooperación de la UE con América Latina y el Caribe.
RESPUESTAS DE LA ONU Y DE LA CEPAL
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) están planteando recomendaciones de políticas para evitar que la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia se convierta en una crisis alimentaria.
Enfatizan, además, que la salida de la crisis debe basarse en el principio de “reconstruir mejor” y en reforzar la resiliencia y la inclusión social. Los diagnósticos y propuestas de la CEPAL en torno a la pandemia resaltan la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo para América Latina y el Caribe, con énfasis en las respuestas al desafío de la sostenibilidad y al desafío de la desigualdad.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
TRES ENCRUCIJADAS
Aunque todas las aportaciones de la cooperación internacional son coyunturales y están destinadas a Centroamérica, reflejan tres encrucijadas fundamentales por las que atraviesa hoy la cooperación internacional a escala global.
La primera: ¿Debe considerarse al Covid-19 como un factor que cambie las relaciones internacionales, incluida la cooperación para el desarrollo, o por el contrario, acelerará las tendencias preexistentes? La segunda: ¿La pandemia está conduciendo a una mejora del multilateralismo y de la cooperación internacional, o por el contrario, reforzará la cooperación bilateral y la conformación de bloques entre países afines? La tercera: ¿El rol de la cooperación internacional será determinante en la gestión de una “recuperación rápida” o de una “recuperación inteligente”?
RESPUESTAS
DE LOS SECTORES EMPRESARIALES
Las respuestas de los sectores empresariales de Centroamérica ante la crisis sanitaria han sido variadas, dependiendo de las implicaciones que han tenido para sus inversiones.
La industria farmacéutica, las cadenas de supermercados, las empresas de servicios logísticos, las telecomunicaciones y el comercio en línea han resultado favorecidos. El turismo ha resultado severamente afectado.
A pesar de las diferencias del impacto en los distintos rubros, se comienzan ya a perfilar nuevas estrategias en los grupos empresariales. En algunos casos han reorientado sus actividades para brindar bienes y servicios necesarios para enfrentar la pandemia. El sector hotelero ha alquilado sus instalaciones para servir a ciudadanos provenientes del extranjero que tienen que guardar cuarentena. Algunas industrias han reorientado su producción para elaborar material de seguridad sanitaria, aprovechando las relaciones de sus directivos con funcionarios del Estado para obtener contratos públicos que, por la emergencia sanitaria, se realizan sin licitación pública, lo que ha evidenciado casos de corrupción en varios países.
De forma paralela a las estrategias para adaptarse al nuevo contexto, las gremiales empresariales y los “tanques de pensamiento” asociados al sector privado también han incidido en la gestión de la emergencia sanitaria y en la reactivación económica. Presionaron por limitar los alcances temporales, sectoriales y territoriales de las medidas de confinamiento. Y también presionaron por la flexibilización de los compromisos y contratos laborales y demandaron subsidios que les permitieran mantener empleos y actividades productivas.
En El Salvador, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) criticó las medidas de cuarentena estricta y, en conjunto con otras organizaciones sociales, propuso planes de reactivación económica mucho antes de que el gobierno decidiera la reapertura de la economía. En Costa Rica, si bien la coordinación entre los grupos empresariales y el Estado fue muy buena al inicio de la emergencia sanitaria, en un segundo momento surgieron conflictos por las decisiones sanitarias del gobierno, muy criticadas por el sector empresarial.
Las estrategias de reactivación económica propuestas por las gremiales empresariales de varios países van desde la promoción del consumo de productos nacionales -lo promueve una campaña digital del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)-, hasta la atracción de inversión nacional y extranjera en sectores prioritarios como infraestructura y turismo.
Los sectores empresariales también se han sumado a señalar la necesidad de un replanteamiento del rol del Estado, orientado a mejorar las condiciones de salud y educación, vitales para mejorar los mercados laborales. Proponen también seguros de desempleo para evitar caídas bruscas en la demanda y el consumo.
RESPUESTAS DE LOS ACTORES ILÍCITOS:
NARCOS, MARAS...
Ante el cierre de fronteras y las cuarentenas, los actores ilícitos que se mueven en la región han transformado sus estrategias y su modus operandi.
Algunas estrategias son el incremento de los precios de la droga y el de los cobros de los “coyotes” en el caso del tráfico de personas. En el caso del narcomenudeo, las nuevas vías de distribución de la droga han involucrado a personas con autorización de circular durante la cuarentena. Eso ocurrió con los encargados de servicios de entrega a domicilio y mensajería.
Los actores ilícitos también están diversificando su portafolio de actividades: robo y hurto de suministros médicos y estafas más sofisticadas a través de comunicaciones electrónicas fraudulentas. El Instituto Hondureño de Seguridad Social reportó el hurto de mascarillas N95 y de filtros de protección P-100. En Costa Rica se reportó la circulación de una aplicación que proporciona mapas interactivos de la propagación del virus, reteniendo los dispositivos de los usuarios y exigiendo pagos por medio de la criptomoneda bitcoin. En Oaxaca, México se reportó el robo de veinte equipos médicos destinados a pacientes con Covid-19.
Las maras están aprovechando la emergencia para fortalecer su control en los territorios, consolidando los lazos con las comunidades o con mecanismos de intimidación. En Ciudad de Guatemala las dos pandillas más grandes de la Zona 18 anunciaron que renunciaban temporalmente al cobro de extorsiones a causa de la emergencia sanitaria.
Las maras salvadoreñas hicieron cumplir la estricta cuarentena nacional impuesta por el gobierno, amenazando con golpear a quienes no la cumplieran, acción que implicó una coordinación entre maras, que funcionó a nivel nacional para evitar la incursión de la fuerza pública en los territorios que controlan.
RESPUESTAS DE LAS COMUNIDADES RURALES
Las comunidades rurales y los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido sensiblemente impactados por la pandemia por las precarias condiciones en las que sobreviven.
La situación de emergencia sanitaria tuvo implicaciones directas en sus actividades: producción agrícola, elaboración de artesanías, turismo rural, pesca… Las restricciones a la comercialización de sus productos por el cierre de caminos y de fronteras, los cordones epidemiológicos, la falta de transporte público, el cierre de mercados, de ferias locales y restaurantes, los afectó significativamente.
Todas las medidas impuestas provocaron el desperdicio de grandes cantidades de alimentos, afectaron los ingresos y redujeron los puestos de trabajo. En Chimaltenango, Guatemala, los agricultores se vieron obligados a enterrar productos¬ porque no los cosecharon a tiempo y se les pudrieron. Tampoco tenían los fondos necesarios para pagar los jornales. En algunas zonas rurales proliferaron banderas blancas como señales de hambre. Ambas realidades fueron clara señal de que los sistemas alimentarios no responden a las necesidades de los grupos más vulnerables.
Para asegurar el abastecimiento de alimentos, algunas organizaciones distribuyeron bolsas de alimentos básicos. Surgieron también acciones con un enfoque de soberanía alimentaria. En varios casos, con la interrupción del comercio se recurrió al trueque entre las comunidades. Experiencias como la de CONFRAS en El Salvador se orientaron a fortalecer las capacidades de producción de alimentos entregando paquetes agroecológicos a cooperativas, comités de mujeres y de jóvenes para aumentar la resiliencia climática, la soberanía alimentaria, la mejora de la fertilidad de los suelos, la captura de carbono y la cosecha de agua. Esta acción se realizó casi al mismo tiempo que la entrega de los paquetes agrícolas que hacía el gobierno, que sigue promoviendo el uso de agroquímicos.
Llama la atención la respuesta de algunas experiencias de turismo comunitario, cuya articulación con los sistemas alimentarios de la agricultura familiar se convirtió en una importante fortaleza. Si bien las instalaciones turísticas han sido afectadas económicamente, tienen la ventaja de estar vinculadas a actividades agrícolas, apícolas o pesqueras, lo que ha permitido que algunos emprendimientos puedan convertirse en proveedores de alimentos. Es el caso de la Cámara de Desarrolladores de Turismo Rural Comunitario Chirripó en la zona de Pérez Zeledón, Costa Rica, que lanzó la iniciativa “Conectándonos con la tierra para cultivar esperanza en medio del Covid-19”, consistente en aprovechar los patios de las casas para sembrar hortalizas y legumbres para consumo del hogar y comunitario.
RESPUESTAS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Y AFRODESCENDIENTES
La pandemia llegó a los territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes caracterizados ya por el abandono, el riesgo de la inseguridad alimentaria y la prevalencia de otras enfermedades -dengue, malaria, tuberculosis-, lo que supone mayores riesgos de contagio, morbilidad y mortalidad, especialmente entre los adultos mayores, depositarios del saber ancestral de muchas comunidades.
Muchos de estos pueblos viven en zonas remotas, con mala conectividad y deficiente comunicación, con limitado acceso a información adecuada y en sus lenguas, lo que dificulta la difusión de medidas de prevención. A pesar de todo esto, las comunidades demostraron capacidad de organización y de resiliencia con soluciones locales para controlar la propagación del virus.
En los primeros meses de la pandemia, muchas comunidades suspendieron por varios días la entrada y salida de personas de sus territorios, establecieron controles sanitarios y sistemas de vigilancia, en coordinación con autoridades locales y entidades de salud pública. En territorios indígenas y afrodescendientes, las campañas de información incluyeron la comunicación en sus lenguas a través de radios comunitarias y la promoción de la medicina tradicional preventiva. La Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques puso a funcionar la Red de Comunicadores Comunitarios, que resultó clave para canalizar información y educar a la población sobre las medidas a tomar ante la pandemia.
LA PANDEMIA
NO FRENÓ LAS LUCHAS COMUNITARIAS
Las organizaciones comunitarias tuvieron que continuar en sus luchas contra los megaproyectos y la expansión de monocultivos, exponiéndose al contagio porque sus movilizaciones se dan en los espacios públicos.
En El Salvador, los pobladores de la comunidad indígena de Nahuizalco se manifestaron, en conjunto con movimientos ambientalistas, en contra de la reactivación del proyecto de la cuarta represa en el río Sensunapán. Este proyecto, además de producir daños a la biodiversidad, limitaría el acceso a recursos importantes para sus medios de vida, basados en la agricultura y la artesanía.
En Guatemala, la Asociación de Comunidades Forestales de Petén se encuentra ante una amenaza por la eventual aprobación de iniciativas de ley en el Congreso de Estados Unidos y en Guatemala para crear un “resort turístico ecológico” en la Reserva de la Biosfera Maya. La iniciativa atenta contra los medios de vida de las comunidades que viven en esa área protegida y que han conservado los bosques a través de la forestería comunitaria por más de dos décadas.
En Honduras han aumentado las amenazas y ataques a miembros de COPINH y OFRANEH, organizaciones de los pueblos lenca y garífuna. Estas dos organizaciones tienen una larga lucha en defensa de los derechos de sus comunidades contra proyectos hidroeléctricos y mineros y contra el monocultivo de palma africana. Durante la pandemia, ambas han estado asumiendo un rol protagónico respondiendo a la insuficiente respuesta estatal en los territorios.
EL PASO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Las medidas sanitarias que impulsan los gobiernos para atender la emergencia causada por el Covid-19 han generado un mayor gasto fiscal, una menor actividad económica y una caída en los ingresos fiscales durante una crisis global sin precedentes, que tiene una duración, profundidad y desenlace inciertos, con impactos que podrían ser incluso mayores a los causados por la recesión global de 2008-09 y de magnitud comparable a la gran depresión mundial de 1930.
En estas circunstancias, la reactivación económica no se avizora como una etapa ni clara ni de corto plazo. De hecho, los intentos de reapertura de las actividades económicas han tenido que adaptarse a una evolución de los contagios que obliga a posponer, y en algunos casos, a revertir los intentos de volver a la normalidad.
¿QUÉ ESPERA EL BANCO MUNDIAL?
El Banco Mundial alerta sobre un riesgo aún mayor al señalar que podría darse una situación de bancarrotas en cadena. Las consecuencias económicas podrían amplificarse a las instituciones financieras, las cuales podrían correr riesgos a medida que se incremente la morosidad de las deudas. Los hogares podrían perder la confianza y reducir gastos. Incluso, las empresas con solvencia podrían suspender sus inversiones. Así, un congelamiento temporal de la economía para desacelerar la propagación de la epidemia podría convertirse en un shock permanente.
Según el Banco Mundial, en lugar de una recuperación rápida, la economía podría sucumbir a una recesión prolongada, por lo que es necesario una visión de largo plazo donde los países recuperen su agenda de desarrollo, con el empleo y la transformación económica como pilares fundamentales.
¿CÓMO LO VE LA CEPAL?
La CEPAL va más allá en su enfoque de recuperación post Covid-19, resaltando que la manera de recuperarse importa tanto como la recuperación misma. Según la CEPAL, la pandemia ha puesto al descubierto una coyuntura crítica en la cual no se pueden solo registrar efectos e impactos coyunturales de corto plazo sin tener en cuenta los asuntos estructurales que se han revelado y que requieren de transformaciones profundas.
La CEPAL ve la pandemia no como un accidente o un paréntesis, sino como la expresión de una situación límite, como un punto de inflexión o encrucijada civilizatoria, que demanda un nuevo régimen de acumulación, un régimen de bienestar y protección social distintos al actual, un nuevo acuerdo ambiental global y una gobernanza mundial.
DOS VISIONES DEL FUTURO
En Centroamérica, la pandemia ha dejado claros tres elementos fundamentales. Primero, el rol primordial que los Estados nacionales juegan para enfrentar amenazas de esta magnitud, y a la vez las profundas debilidades estructurales de los Estados nacionales para proveer servicios básicos y asegurar la protección social. Segundo, la profundización que la emergencia ha causado en la vulnerabilidad de los territorios por las condiciones de pobreza y exclusión. Y tercero, las inevitables acciones de reactivación económica que deberán impulsar los sectores empresariales, los gobiernos, y también las comunidades rurales.
Tomando en cuenta estos tres elementos ¿cuáles son los escenarios y las agendas de desarrollo que se perfilan para el futuro de Centroamérica y cuáles serán sus consecuencias en los territorios?
Existen dos grandes planteamientos sobre la etapa de recuperación post Covid-19. Por una parte, está el de la continuación del modelo actual de desarrollo, enfocado en una pronta recuperación del crecimiento económico. Por otra parte, aparecen diversos planteamientos orientados a la transformación y al cambio del modelo de desarrollo, que van desde el enfoque reformista promovido por organizaciones de desarrollo que proponen el emergente avance de la economía verde, hasta las propuestas de los movimientos sociales, que promueven paradigmas como la soberanía alimentaria, la agroecología y la economía solidaria, entre un conjunto de visiones alternativas.
QUE TODO SIGA IGUAL:
MÁS MEGAPROYECTOS, MÁS EXTRACTIVISMO...
El primer planteamiento deja intactas las estructuras que generan los patrones de exclusión, desigualdad y degradación ambiental.
En este escenario, la prioridad de los gobiernos, todavía más endeudados para enfrentar la pandemia, es elevar las tasas de crecimiento económico, apostando a la expansión de actividades extractivas, a más exportaciones de cultivos agroindustriales y otros bienes primarios, así como a la construcción de grandes obras de infraestructura. Para todo eso, proponen nuevos incentivos fiscales, eliminar o flexibilizar las salvaguardas ambientales y la precarización de las condiciones laborales. Algunos países centroamericanos podrían apostar a la minería de oro, actividad que puede proveer ingresos fiscales en el corto plazo gracias a que el oro es un refugio en tiempos de crisis y su precio y demanda están en aumento.
Entre las propuestas para promover la reactivación están campañas para la atracción de inversiones, adopción de medidas para facilitar el reinicio de operaciones de empresas y la creación de nuevas empresas, y el fortalecimiento de capacidades para mejorar el nivel de competitividad de los países.
Con gobiernos más preocupados por volverse atractivos para las inversiones que por atender las vulnerabilidades ambientales y sociales en los territorios, pierden relevancia las políticas públicas. También la pierden la agenda ambiental, la agenda climática y la protección social. Con gobiernos en busca de inversiones pierden vigencia los mecanismos de consentimiento local para proyectos de inversión en comunidades rurales y territorios indígenas y afrodescendientes, que en contextos de asimetría política y económica ya eran procedimientos formales y burocráticos en algunos casos, y en otros, eran espacios para negociar algunas medidas de compensación o mitigación entre las empresas y las comunidades.
...Y MÁS AUTORITARISMO ESTATAL
¿Qué tipo de Estado se vislumbra en este escenario? Ya antes de la pandemia se observaban tendencias preocupantes, como la erosión de los mecanismos para evitar el uso patrimonialista del Estado o como un mayor protagonismo de las fuerzas militares y policiales.
Es sabido que emplear personal militar en áreas distintas a la defensa y a la seguridad pública provoca el secretismo en la gestión pública. Y que el peligro de la militarización de la vida política es dejar las puertas abiertas a prácticas abiertamente autoritarias o dictatoriales cuando los gobiernos entran en crisis de legitimidad.
Por ahora, distintos gobiernos buscan cimentar su base social apoyándose en prácticas clientelistas, discursos que convocan a la “unidad nacional” y a la descalificación sistemática de críticos y opositores. Todo esto ya está en marcha y no sólo favorece la corrupción en los grandes proyectos de inversión pública o privada. También supone un contexto favorable a la criminalización y represión de movimientos sociales y líderes comunitarios y territoriales que se oponen a esos proyectos. La pandemia sumó a estos rasgos ya existentes una cierta normalización de los mecanismos de control social, legitimando discursos y prácticas autoritarias.
Si se da continuidad al modelo pre-pandemia, la autonomía y la capacidad de negociación de comunidades y la de gobiernos locales y territoriales sufrirían retrocesos y sería mayor la precarización de las economías campesinas, indígenas y afrodescendientes, el despojo de tierras comunitarias y la criminalización de sus movilizaciones y de sus líderes. El resultado sería una ampliación de la pobreza rural.
UN DESARROLLO “SIN DEJAR A NADIE ATRÁS”
Quienes abogan por un cambio en el modelo de desarrollo argumentan que la pandemia ha puesto al descubierto las grandes fallas estructurales del modelo vigente y, por esto, consideran necesario avanzar hacia un modelo distinto, basado en el desarrollo sostenible.
Éstos son los planteamientos agrupados bajo la bandera de la Agenda 2030, que propone los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Consideran que hablar de “la nueva normalidad” es un concepto muy limitado. Consideran la pandemia como un parteaguas que abre la posibilidad de repensar el desarrollo desde la idea de bienestar “sin dejar a nadie atrás” con una perspectiva de derechos que responda a “las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado”, como afirma la CEPAL.
Desde este enfoque de la CEPAL, la reactivación post Covid-19 supone recuperar la idea del Estado de Bienestar, y también implica fortalecer la capacidad de planificación, contar con recursos públicos e instrumentos de política para la promoción de capacidades productivas, al mismo tiempo que implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos.
EL AVANCE DE LA ECONOMÍA VERDE
En el ámbito productivo se propone el avance de la economía verde, en la que los actores económicos adaptan sus modelos de negocios a las exigencias ambientales. Hacerlo sería un motor para una recuperación económica que incluya los desafíos de desarrollo sostenible.
Antes de la pandemia, en Centroamérica ya se venía dando la incursión de sectores campesinos, indígenas y afrodescendientes en nichos de mercados sostenibles generados a partir de diferentes certificaciones como el Forest Stewardship Council, en el caso de la madera, o los sellos de “comercio justo” para el café o el cacao.
Más recientemente, se observa también la incursión de sectores agroindustriales y de generación de energía en estas tendencias. Sin embargo, son tendencias no exentas de contradicciones, pues existe el riesgo de que el camino hacia la sostenibilidad descanse, sobre todo en mejoras tecnológicas, en vez de en transformaciones sociales. Ejemplo: la producción de caña de azúcar, que modernizando sus procesos requiere de cada vez menos mano de obra.
Otro caso es el del indudable éxito de varias iniciativas comunitarias que se han conectado con la economía verde, como la forestería comunitaria en México y Guatemala o el turismo indígena y comunitario de Panamá, que siguen siendo muy dependientes de los mercados de los países desarrollados, enfrentados hoy a la incertidumbre de la recuperación.
Aunque sin mencionarlo explícitamente, la propuesta del cambio de modelo supone una reforma del Estado, que implicaría el desmontaje de la institucionalidad neoliberal, abriendo nuevas oportunidades para los territorios rurales en una Centroamérica ya muy vulnerable en términos sociales y ambientales.
Tanto la FAO como la CEPAL hablan de reactivación económica y social con un enfoque de resiliencia, a partir de la promoción de políticas que permitirían transitar hacia sistemas de producción más sostenibles y contar con más capacidades para enfrentar de mejor manera los riesgos futuros.
HAY QUE IR MÁS ALLÁ:
CUESTIONAR LAS RELACIONES DE PODER
La agenda de cambio de los movimientos sociales tiene un fuerte contenido político que apunta a ir más allá de hacer ajustes al modelo de desarrollo. Para ir más allá será necesario hallar puntos de encuentro con modelos de producción sustentable, políticas inclusivas y combate a la pobreza, que siempre provocarán disputas por el contenido y alcance de los cambios.
Antes de la pandemia ya era evidente la diversidad de iniciativas y actores que estaban impulsando sistemas alimentarios alternativos y prácticas agroecológicas, principalmente iniciativas comunitarias de cooperativas, organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes y asociaciones de consumidores. Estaban enfocadas en garantizar el sustento y responder a necesidades locales formando alianzas con cooperantes, municipalidades y programas gubernamentales de compra de alimentos.
También la empresa privada, incluyendo transnacionales, han estado promoviendo técnicas provenientes de la agroecología en cultivos agroindustriales, vinculándose a redes de comercio justo y participando en programas de certificación. Sin embargo, todo esto puede quedar sólo en la adopción de herramientas tecnológicas para ajustar la agroindustria a los desafíos de la sostenibilidad ambiental y el cambio climático, mientras que las relaciones de poder existentes siguen sin ser cuestionadas.
Las visiones y perspectivas que replantean para quién y para qué son los territorios rurales, poniendo en el centro de las respuestas a las familias campesinas, a los pueblos indígenas y afrodescendientes quieren ir mucho más allá.
URGE FORTALECER A LAS COMUNIDADES
Las agendas de los Estados nacionales en Centroamérica responden a diversos intereses. Las contradicciones entre políticas públicas de inclusión, derechos humanos y desarrollo sostenible y políticas públicas que promueven cultivos agroindustriales, minería o proyectos de infraestructura que amenazan derechos y medios de vida de comunidades rurales son continuas.
Estas contradicciones no sólo seguirán estando presentes. Podrían verse fortalecidas si lo que se busca es la rápida recuperación económica y si es creciente la presencia y el control de actores ilícitos en los territorios rurales.
Frente a la posibilidad, bastante real, de que la reactivación económica post-Covid-19 agudice las tendencias que han generado degradación ambiental, la exclusión y las desigualdades, se vuelve urgente fortalecer las estructuras comunitarias y sistemas territoriales de gobernanza para promover mejores condiciones de vida para la población rural.
Para lograrlo, es necesario contar con organizaciones comunitarias fortalecidas, en particular en sus estrategias de vida y de desarrollo, basadas en la relación estrecha que tienen con sus territorios y sus recursos naturales.
La pandemia demostró que es necesario seguir robusteciendo las estrategias de autoabastecimiento de alimentos, agua, energía y medicina, porque incrementan las capacidades de resiliencia y ayudan a garantizar la autonomía de procesos comunitarios en momentos en que las ayudas humanitarias tienden a implementarse de manera clientelista.
ES EL MOMENTO DE ALIANZAS
CON LAS COMUNIDADES
Ante las asimetrías de recursos y de poder, es importante cultivar alianzas con otros sectores, también interesados en revertir las condiciones de degradación y de exclusión. Hay que articular lo rural con lo urbano, lo local con lo global, a productores con consumidores.
Los sistemas de gobernanza de los territorios rurales, quienes los habitan y sus agendas están demostrando ser un importante contrapeso a las tendencias autoritarias, al extractivismo y a las actividades ilícitas. Ahora, como lo ha evidenciado la pandemia, también enfrentan el desafío de construir resiliencia frente a crisis como ésta, repentinas y globales.
Es el momento de canalizar sus capacidades y de fortalecer sus planteamientos. Con sus formas de organización, las comunidades locales, los pueblos indígenas y afrodescendientes pueden orientar una agenda de cambio.
RESUMEN Y EDICIÓN DE ENVÍO DEL DOCUMENTO
DE PRISMA (PROGRAMA REGIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE) TITULADO “COVID 19: RESPUESTAS DE ACTORES Y ESCENARIOS PARA LA GOBERNANZA TERRITORIAL”.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica