Nicaragua
¿Cuál es la ruta…?
¿Cómo alcanza Nicaragua la paz con justicia, con democracia y libertad?
¿Cómo sale del estancamiento económico?
¿Cómo logra visualizar la sociedad nicaragüense
un nuevo horizonte de futuro al que podamos caminar todos?
La salida violenta ha sido descartada por la mayoría de la población,
que decidió optar por una lucha cívica y se mantiene en resistencia ciudadana.
Dos meses y medio de “negociación” han demostrado
que Ortega se sentó en la mesa sin voluntad y no de buena fe.
Y la salida electoral,
que también debe ser negociada con Ortega,
aún se percibe envuelta en una incierta nebulosa.
Equipo Envío
Nicaragua no ha vuelto ni un solo día a la “normalidad” previa a abril de 2018. La economía, estancada y sin visos de recuperación, sufre a diario una nueva estocada: más personas sin empleo, más deudores morosos, más empresas cerradas, productos básicos cada vez más caros… Llegada ya la temporada de lluvias, el ciclo agrícola está afectado por la falta de crédito. Y en las zonas cafetaleras la crisis es dramática por la caída del precio internacional del café. A la recesión económica se suma la represión policial, que no cesa y que suma diariamente a nuevos capturados…
“¡¿Cuál es la ruta?!” fue una de las consignas que con más determinación se coreó en las multitudinarias marchas de 2018. La respuesta era “¡Que se vaya el…!” Un año después de abril, con las cárceles aún llenas y las calles vacías, nos seguimos preguntando cuál es la ruta para que Nicaragua encuentre una salida que le asegure futuro. La pregunta resuena en los callejones sin salida de las instituciones totalmente controladas por Ortega, las que los sostienen y le permiten perpetuarse en el poder.
A PESAR DE LAS EVIDENCIAS
La ruta de la negociación con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia la aceptó Ortega el 21 de febrero. Mirándose en el espejo venezolano, quiso escudarse ante la inminente caída de Maduro, a la que algunos hasta le pusieron fecha: 23 de febrero... Pero a medida en que Ortega ha visto a Maduro resistir presiones de tanta envergadura sin caer, decidió seguir en la mesa de negociación, sin ceder en nada sustantivo y firmando acuerdos que después no cumple. La mesa comenzó a tambalearse desde los primeros días, la negociación está estancada desde el 3 de abril y cuando ponemos punto final a este texto (8 de mayo) está ya “en pronóstico reservado” o “en agonía”.
A pesar de las evidencias que indicaban que Ortega no estaba dispuesto a negociar su salida, sino que sólo urgía de oxígeno para mejorar su imagen y evitar más sanciones internacionales, la negociación despertó alivio en algunos sectores nacionales. El país llevaba 283 días sin que “nada pasara” y quizás la negociación era la ruta… Los más nerviosos por las pérdidas económicas diarias anunciaron que en solo un mes, el 27 de marzo, ambas partes llegarían a un acuerdo final.
UN CONTINUO TIRA Y AFLOJA
El 27 de marzo no concluyó la negociación. Pero ese día ambas partes firmaron un primer acuerdo, que pareció alentador: el relativo a la liberación de centenares de presos políticos en un plazo no mayor a 90 días. Se acordó también que la libertad iría acompañada de la anulación de los juicios a los que ya habían pasado por los tribunales y a los que ya habían recibido condenas.
Para cumplir este acuerdo ambas partes acordaron también como garante al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Su primera tarea al reforzar su presencia en Nicaragua con más personal fue “conciliar” las listas de presos políticos que tenía el gobierno con las que tenía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con las del Comité de Presas y Presos Políticos, que calculaba que a inicios de marzo había 777 personas presas por razones políticas.
El CICR llegó a una primera cifra conciliada el 4 de abril: 232 personas aparecian en todas las listas. A partir de entonces inició un continuo tira y afloja entre el régimen y la Alianza, que no ha terminado. Y que se explica porque las capturas masivas e ilegales efectuadas durante meses auguraban que los capturados serían rehenes usados como fichas de cambio cuando llegara una eventual negociación. El tiempo lo demostró.
EXCARCELADOS SIN DERECHOS
El régimen ha actuado con sus “rehenes” a su arbitrio, sin tener en cuenta nada de lo acordado. Primero, excarceló como “gesto de buena voluntad” a unas primeras 236 personas capturadas por razones políticas. Lo hizo en dos momentos (27 febrero, 15 marzo) antes de estampar su firma en el acuerdo. El 5 de abril, ya en vigor el acuerdo, decidió la tercera excarcelación de un grupo menos numeroso, pero sin contar con el CICR y sin informar a la Alianza.
Y al llegar la semana santa, cuando se esperaba una excarcelación significativa por tratarse de días religiosos, sacaron de la cárcel a más de 630 presos comunes, entre los que había apenas una docena de reos políticos, un modo de actuar que no significa cumplimiento, sino demostración de control y poder.
Todas estas excarcelaciones, que el régimen presenta como muestras “de buena voluntad” las ha hecho sin someterse al protocolo acordado y sin respetar la supervisión internacional del CICR. Y, sobre todo, sin garantizar a las personas excarceladas sus derechos, pues prácticamente todos los que salen reciben la medida de “casa por cárcel” y después son asediados en sus casas, ellos o sus familias, por fanáticos del partido de gobierno, policías o para¬militares, mientras que a algunos se les ha vuelto a apresar, acusándolos de delitos comunes.
Tampoco ha cumplido el gobierno con el compromiso de dejar de practicar con los que quedan encarcelados tratos inhumanos, crueles y degradantes y diversas formas de tortura, manteniendo a muchos aislados en mazmorras, negándoles el aire, el agua, la posibilidad de poder caminar y de tomar el sol… Y aunque el CICR ha podido realizar visitas a las tres cárceles centrales del país y declaró haber solicitado al gobierno mejorar las condiciones carcelarias, esto no ha sucedido.
ACUERDO VIOLENTADO A DIARIO
La Alianza Cívica anunció el 29 de marzo la firma de otro acuerdo que también resultaba alentador. El régimen se comprometía al restablecimiento pleno e inmediato de más de una docena de derechos y garantías ciudadanas conculcados desde hacía meses por la dictadura: libertad de movilización, de organización, de reunión, de expresión… En sí, el acuerdo resultaría insólito en cualquier país democrático, ya que se trata de derechos constitucionales que se garantizan a toda la ciudadanía. En 2019 en Nicaragua Ortega se comprometía a cumplir la Constitución…
Este acuerdo fue violentado en menos de 24 horas de haber sido firmado, cuando un grupo de antimotines atacó y dispersó el 30 de marzo a un centenar de ciudadanos que protestaban con la bandera nacional en el parqueo de un centro comercial. El 17 de abril, en vísperas del aniversario de la rebelión cívica, un desproporcionado número de antimotines cercó con armas de guerra el inicio de lo que sería la marcha “Todos somos Abril”, impidiéndola y capturando a 62 personas. Entre esas dos fechas, y hasta el día en que ponemos punto final a este texto (8 de mayo), el acuerdo no se ha cumplido en ninguno de sus puntos y se ha violentado todos los días.
CAPTURAS EXPRESS DIARIAS
Para Ortega no parece haber salida “por las buenas”. No hay más ruta que la de “ya todo pasó” y “yo me quedo”. Ya el 30 de mayo de 2018, poco antes de que sus francotiradores atacaran a tiros la Marcha de las Madres matando a más de una docena de jóvenes, había dicho a sus seguidores: “¡Aquí nos quedamos todos!”, una de las primeras expresiones que mostraron que su única estrategia sería “quedarse” imponiéndose “por las malas”.
Poco después vinieron la canción y las pintas con la consigna “El comandante se queda”. Al instalarse la mesa de negociación, surgió otra más concreta: “Daniel 2021” en gorras, autobuses y afiches de todo tamaño. Ése es el futuro que ofrece: quedarse hasta las elecciones de 2021 como candidato y con algún previo maquillaje al destruido sistema electoral. Y cinco años más…
¿Es posible esto? Es la sensación que el régimen trata de imponer. “Y lo va logrando”, dicen algunos. “¿Qué podemos hacer…?”, dicen otros. Hoy apuesta a que el temor, el cansancio, el asedio, las amenazas, vayan haciendo su efecto. Inyecta una dosis diaria de “sequedismo”.
Lo hace en la mesa de negociación empleando la agotadora táctica del “firmar me harás cumplir jamás”, manteniendo a la Alianza procurando infructuosamente protocolos claros de cumplimiento, que nunca consigue, y emitiendo a diario comunicados engañosos en los que afirma estar buscando el “entendimiento” y cumpliendo con todo lo acordado…
Fuera de la mesa, mantiene en todo el país a la omnipresente policía, reforzada con centenares de nuevos agentes, y equipada con decenas de nuevas patrullas. El nuevo patrón represivo inaugurado a la par de la negociación son las “capturas express”. En la semana santa, por ejemplo, la Unidad Azul y Blanco dio cuenta de más de 162 personas capturadas en sus casas o en las calles y retenidas por la Policía durante horas o durante días: las atrapan, las detienen, las insultan, las golpean, les roban sus cosas, las interrogan, las amedrentan… y en unas horas o algunos días las liberan.
Algunas de las personas maltratadas así temen más represalias y se resguardan y callan, mientras otras se indignan aún más y continúan resistiendo de otras formas. En ambos casos, la apuesta es esta guerra de desgaste ganando tiempo para “quedarse” hasta 2021… Cada día la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) recibe entre cinco y diez denuncias de este tipo de secuestro o de otras formas de abuso policial.
Pero el desgaste no genera normalidad… “Ciertos señores de la Policía dicen que ya controlaron el 90 por ciento de la gente que se ha sublevado. Eso es falso. No porque echan a la cárcel y algunos callan en sus casas, ya se apagó el asunto. Al contrario, esta es una olla de presión que va a es¬tallar…”, advierte el obispo de Estelí, Abelardo Mata.
LO REVELÓ LA NEGOCIACIÓN
Si el desproporcionado uso de fuerza letal contra las protestas de abril 2018 le reveló, tanto al pueblo nicaragüense como a la comunidad internacional, el rostro criminal del régimen orteguista, todo lo que ha venido sucediendo en la mesa de negociación instalada el 27 de febrero, ha revelado, dentro y fuera del país, la mala fe de Ortega y su determinación a no aceptar ninguna ruta de salida por “las buenas”. O como lo grafica el periodista Fabián Medina: Ortega “sólo ofrece dos opciones: o la paz del sometimiento o “sáquenme por la fuerza si pueden”.
Desde que la Alianza Cívica interrumpió las negociaciones el 3 de abril, la OEA tomó nota de que la mesa de negociación se tambaleaba. Ya desde finales de diciembre el secretario general de la OEA Luis Almagro había anunciado que el organismo regional iniciaba el proceso de aplicación a Nicaragua de la Carta Democrática. De llegar a término este proceso significaría la suspensión de nuestro país de la OEA, con consecuencias políticas y económicas.
La OEA y la comunidad internacional han propugnado reiteradamente por una salida negociada, que concluya en un proceso electoral transparente. Igualmente, han exigido que la salida sea precedida por la libertad de todos los presos políticos y por el regreso al país de los organismos de derechos ¬humanos que Ortega expulsó en 2018: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
“NI UN MILÍMETRO”
Cuatro han sido los puntos a negociar entre el gobierno y la Alianza, los cuatro refrendados por el respaldo unánime de la comunidad internacional: libertad (de todos los presos políticos), libertad (de la ciudadanía para ejercer derechos constitucionales), democracia (reformas electorales para desembocar en elecciones adelantadas) y justicia (verdad, reparación y no repetición).
Ante los incumplimientos del régimen, la OEA decidió reactivar el proceso de aplicación de la Carta Democrática. El 5 de abril el Consejo Permanente de la OEA celebró una reunión extraordinaria para evaluar cómo se desarrollaba la “ruta” negociadora en Nicaragua. Lo más significativo del encuentro fueron las muy breves palabras de Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de Almagro a Nicaragua y presente en la mesa de negociación como “testigo y acompañante” junto al Nuncio Waldemar Sommertag, que no ha hecho nada por disimular que se le perciba cercano a las posiciones del gobierno.
Rosadilla informó en el Consejo de la OEA sobre lo alcanzado en los dos primeros puntos, hasta entonces firmados, en acuerdos incumplidos totalmente (libertades ciudadanas) o cumplidos no según lo acordado (libertad de presos políticos). Y añadió que en los otros dos puntos, democracia y justicia, “no ha sido posible avanzar en la mesa ni un milímetro”.
EL ESPEJO DE VENEZUELA
Ningún milímetro más se avanzó en ningún punto desde el 3 de abril, seguramente porque el espejo de Venezuela, donde Ortega se mira varias veces al día, le devolvía una imagen alentadora: a pesar de que la comunidad internacional de Occidente apoyaba unánimemente a Guaidó y Estados Unidos no dejaba de anunciar la opción militar, Maduro aguantaba con éxito contra esos vientos diplomáticos y esas mareas amenazantes. El aguante de Maduro envalentona a Ortega.
Todos los análisis coinciden en que la ruta de Ortega (“quedarse”) dependerá en gran medida de lo que ocurra en Venezuela. Dependerá también de la presión nacional: la que pueda ejercer la Alianza en la mesa y la que provoque la profunda crisis económica, que podría generar nuevos estallidos de protesta, en los que se mezclarían razones políticas con demandas económicas y con el acumulado de la indignación ciudadana. Dependerá también, en gran medida, de que la presión internacional desgaste más y más a Ortega con la herramienta de las sanciones.
En páginas siguientes, el economista y político liberal Eliseo Núñez reflexiona sobre la complejidad de una salida por la ruta de la negociación, el riesgo que tiene una salida por la ruta de la ruptura y las posibilidades de mantenerse en la ruta de la resistencia cívica, por la que apuesta la Unidad Azul y Blanco.
EUROPA: “SERIAS DUDAS” SOBRE LA NEGOCIACIÓN
A mediados de abril la ruta de la negociación estaba ya en cuestión dentro y fuera de Nicaragua como salida a la crisis. Sólo creían en ella sus organizadores.
El 16 de abril, en vísperas de cumplirse el aniversario de la rebelión de abril, once eurodiputados de seis grupos políticos del Parlamento Europeo, declararon tener “serias dudas” sobre el proceso negociador, denunciaron que Ortega lo estaba “bloqueando” y como veían que la represión continuaba, solicitaron a la responsable de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, que solicitara a los gobiernos de la UE imponer sanciones personalizadas a funcionarios nicaragüenses responsables de la represión, prohibiéndoles su ingreso a Europa y congelando sus activos financieros en bancos europeos. También solicitaban estudiar si activaban la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre Centroamérica y Europa, lo que sacaría a Nicaragua de este tratado comercial.
El proceso para que se hagan efectivas las sanciones europeas será muy lento. Le corresponde a Mogherini presentar una propuesta a cada uno de los 28 países miembros de la UE, que deberán analizarla y después someterla a votación de los 28 ministros de relaciones exteriores de la UE. Debe ser aprobada por unanimidad para que después cada país aplique las sanciones que considere.
LA SANCIÓN AL BANCORP
Ante el estancamiento de la ruta negociadora, Estados Unidos, país patrocinador de esa vía, reaccionó también. Y el 17 de abril, por Orden Ejecutiva, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió dos sanciones: contra el Banco Corporativo (Bancorp) y contra Laureano Ortega Murillo.
Ya en febrero, el Bancorp, en funcionamiento desde 2015, estaba en la mira de la OFAC por sus vínculos con Albanisa, consorcio empresarial, ya sancionado porque el 51% de sus acciones eran de la ya sancionada petrolera estatal venezolana PDVSA.
En febrero, aunque todos sabían que el Bancorp era el banco del ALBA, su directivo negó cualquier relación con Albanisa, lo que resultaba una inútil treta retórica. Un mes después, Ortega decidió otra treta más costosa: ordenó al Estado emitir bonos para comprar el Bancorp por 23 millones de dólares, convirtiéndolo en el Banco Nacional
.
Ahora, el Bancorp ha muerto y el Banco Nacional es una entidad nona¬ta.¬ La OFAC señala que el Bancorp es sancionado por haber sido “utilizado por el régimen de Ortega para lavar y ocultar dinero de Albanisa y del Frente Sandinista de Liberación Nacional”. El trasiego de millones de dólares a través de este banco le generó ganancias en ascenso año con año. Incluso en 2018: mientras la banca nacional veía caer sus utilidades en un 38% por la crisis política, en el Bancorp las utilidades crecieron en un 59% respecto a las de 2017. El 22 de abril el Bancorp solicitó a la Superintendencia de Bancos su disolución, sin que la Superintendencia brindara alguna información sobre las “razones”, trayectoria y funcionamiento del banco.
Siguiendo orientaciones del Departamento del Tesoro, ya desde 2017 la banca privada de Nicaragua había cerrado todas las cuentas de los negocios del consorcio de empresas vinculadas a Albanisa. Todo ese dinero se depositó entonces en el Bancorp, que se convirtió en “la retaguardia financiera” del régimen. Con la disolución del Bancorp por la sanción de la OFAC, el régimen pierde esa retaguardia y ahora -dijeron varios economistas- sólo les quedan dos opciones: o ir con el dinero en maletas o trasladarlo a centros financieros internacionales para que se les pierda la pista a recursos que tienen una ilegitimidad de origen.
LA SANCIÓN A LAUREANO
Al anunciar las sanciones al Bancorp, el asesor de seguridad del gobierno de Trump, John Bolton dijo: “Vamos por los bolsillos de la familia Ortega, que sigue viviendo a costa de la miseria del pueblo de Nicaragua”.
Por esa razón -los bolsillos- también fue sancionado Laureano Ortega Murillo, de quien Bolton dijo “ha sido entrenado para ser un sucesor del régimen de Ortega”.
Laureano, 36 años, es el séptimo de los nueve hijos que ha tenido Murillo y el tercero de los cinco que tiene con Ortega. La sanción no se le impone por su filiación, sino por haber presidido o representado durante años a la agencia estatal promotora de inversiones ProNicaragua. Desde ese cargo, la OFAC lo hace responsable de “estar involucrado en una vasta red de corrupción y lavado de dinero”, y afirma que Laureano ha actuado “como una extensión del Presidente Ortega y de la Vicepresidente Murillo, supervisando las pro-puestas y proyectos de inversión”. Menciona también su involucramiento en “negocios corruptos en los que inversionistas extranjeros pagaban por un acceso preferencial a la economía nicaragüense”.
EL PROYECTO DEL CANAL
Como asesor de inversiones de su padre, Laureano Ortega fue quien captó al empresario chino Wang Jing para la construcción del Canal Interoceánico. El periodista independiente Peter Costantini lo relató así en Envío: “Durante un viaje a China, en 2012, Laureano Ortega Murillo, encontró a Wang Jing, un empresario de las telecomunicaciones. Aunque el hijo del Presidente de Nicaragua y el millonario chino no tenían ninguna experiencia en construcción de infraestructuras, algunas informaciones indican que en ese encuentro Wang lanzó la idea de que él haría posible que finalmente Nicaragua tuviera un canal que uniera el Océano Pacífico con el Mar Caribe. Y ése fue el mensaje que Laureano le transmitió su padre”.
Este fantasioso proyecto ha quedado en nada, aunque la ley 840, la que concesionó el proyecto a Wang, ha permitido al régimen hacer negocios con tierras ubicadas en la ruta por donde pasaría el canal. La OFAC señala que el proyecto canalero fue usado por el régimen “para lavar dinero”.
EL PRINCIPIO DE LA NO INDIFERENCIA
En la mañana del 26 de abril la crisis nicaragüense volvió a ser tema de dos reuniones extraordinarias, una a continuación de la otra, en el Consejo Permanente de la OEA, a solicitud de las delegaciones de Canadá y Argentina, y de la de Estados Unidos, país que desde el 1 de abril y durante seis meses ocupará la presidencia del Consejo.
Las dos reuniones fueron para una “apreciación colectiva” del rompimiento del orden democrático en Nicaragua. Ambas se inscriben en los preámbulos diplomáticos que deben preceder a la aplicación a Nicaragua de la Carta Democrática demostrando que en Nicaragua se ha producido esa ruptura.
En la primera de las dos sesiones, habló José Pallais, uno de los seis miembros de la Alianza Cívica en la mesa de negociación. Detalló la falta de avances por los reiterados incumplimientos del gobierno.
Habló el argentino Rubén Perina, profesor adjunto de la Universidad George Washington. Afirmó que actualmente “los Es¬ta¬dos son sujetos del escrutinio internacional” y si han firmado tratados internacionales “ceden soberanía absoluta”. Se refirió también al nuevo concepto de “intervencionismo humanitario”, afirmando que “el principio de la no intervención ha sido superado por el principio de la no indiferencia”, que obliga a los Estados miembros a no ser indiferentes ante la violación de los derechos humanos en cualquier país de la región.
“UN ESTADO DELICUENCIAL”
Habló el boliviano Jaime Aparicio, ex-jefe de la misión de observación electoral en Nicaragua del Centro Carter en 2006. Narró cómo Ortega fue convirtiendo al Estado de Nicaragua en un “Estado delincuencial”.
Y habló el nicaragüense Harold Rocha, director del Centro Nicaragüense-Americano por la Democracia y profesor en la Universidad de Iowa, quien enlistó las fechas fundamentales en el “proceso de perversión democrática” protagonizado por Ortega, iniciado con el pacto Ortega-Alemán del año 2000.
Después de exponer esta cronología, Rocha propuso que se le aplique al gobierno de Ortega la Carta Democrática por la “ilegitimidad de origen” de su gobierno en 2011, cuando instrumentalizó el Poder Judicial para reformar la Constitución y garantizarse la reelección, incluso indefinida; y de nuevo en 2016, cuando continuó reeligiéndose y violentó la ley contra el nepotismo al elegir como fórmula para la Vicepresidencia a su esposa. “No existe un derecho humano a la reelección”, sentenció Rocha. Y añadió que la “ilegitimidad de origen” que carga Ortega “amerita una renuncia inmediata o un adelanto de elecciones”.
Finalmente, con palabras precisas y emotivas, a nombre del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco, habló Haydée Castillo, del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, uno de los organismos a los que la represión orteguista les canceló su personalidad jurídica apropiándose de sus bienes. En represalia, y una semana después, una finca de su familia en Dipilto, fue incendiada, según todos los indicios por afines al régimen.
ORTEGA ES USURPADOR
La sesión del 26 de abril en la OEA fue significativa por varias razones. Por primera vez hablaban ante el Consejo Permanente representantes de la Alianza Cívica y de la Unidad Azul y Blanco, recibiendo ambas expresiones de la oposición un espaldarazo.
También por primera vez Nicaragua recibió en el Consejo el respaldo de Venezuela, en la voz de Gustavo Tarré, nombrado por Juan Guaidó como embajador ante la OEA. Tarré señaló que debía aplicarse a Nicaragua la Carta Democrática, precisamente por la “ilegitimidad de origen” de Ortega en la Presidencia.
Es ésa la razón por la que se considera hoy a Nicolás Maduro “usurpador” del cargo de Presidente, considerando la irregularidad de las elecciones en que se reeligió en 2017. Hasta ahora, la OEA se había centrado más en la “ilegitimidad de ejercicio” de Ortega por las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas bajo su mando, incluidos crímenes de lesa humanidad. Ahora se ha sumado a su expediente la “ilegitimidad de origen”, que no sólo constituye un aspecto fundamental de la ruptura del orden constitucional en Nicaragua.
También abre el camino para considerarlo un “usurpador” del mandato presidencial, lo que permitiría el desconocimiento internacional de su gobierno. Significativamente, “usurpador” lo han venido llamando últimamente varios dirigentes azul y blanco.
A PESAR DE LA MALA FE
A pesar de la mala fe con la que “negocia” el régimen, que firma y no cumple, o que aún peor, presenta una “propuesta” para que los miles de exiliados regresen sin darles ninguna garantía, o que en el tema de justicia presenta la “propuesta” de instalar una comisión que estaría integrada por la Policía y por las mismas instituciones que provocaron la represión..., a pesar de todo eso, la ruta por la que todavía parece apostar una mayoría de la comunidad internacional continúa siendo el diálogo y la negociación.
Por eso Ortega sigue en la mesa. Y por eso, la Alianza ha decidido no romper la negociación, pero no volver a negociar nada mientras no haya cumplimiento de lo ya acordado, ya que así se evidencia ante Nicaragua y ante la comunidad internacional la mala fe de Ortega. En esa tensión que oscurece la ruta de salida transcurrió todo el mes de abril.
LA INCIERTA RUTA ELECTORAL
El 10 de abril la Alianza Cívica emplazó al gobierno para que presentara qué propone en el tema de la democracia y sobre las reformas electorales. El 22 de abril volvió a emplazarlo. El 24 de abril, Cristóbal Fernández, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, presentó a la Alianza y al gobierno el proyecto de reformas electorales. En la reunión recibió de ambas partes aval para buscar financiamiento para una tarea que incluiría contratar expertos nacionales e internacionales y que calcula la OEA estaría lista en seis meses y costará unos 2 millones de dólares.
Pero desde ese día el tema electoral quedó en suspenso. Por informaciones que dio la Alianza se sabe que el régimen pretendió una negociación bilateral con la OEA y sobre el memorándum de entendimiento de 2017, previo a los acontecimientos de abril, lo que no consiguió. Por información de los negociadores del régimen, las elecciones no se adelantarán.
Por otra parte, la OEA se ha comprometido sólo a un acompañamiento técnico, señalando que todos los aspectos políticos que implicarían las reformas (composición de un nuevo Consejo Supremo Electoral, fecha adelantada o no de las elecciones, aprobación en el Legislativo que controla Ortega de las reformas que se le hagan a la Ley Electoral…) deberán ser negociadas en la mesa. Todo esto llena de brumas la ruta electoral como salida a la crisis.
CONDICIÓN DE ÚLTIMA HORA
Abriéndose este serio interrogante sobre cómo logrará negociarse la ruta electoral en las condiciones en que Ortega viene actuando, el Nuncio Sommertag y el delegado de la OEA Rosadilla consiguieron negociar con el régimen el 29 de abril una propuesta de cronograma para el cumplimiento de los dos acuerdos firmados.
Sin embargo, después de varias horas afinando el consenso sobre ese cronograma, y a punto de hacerlo público Ortega y Murillo se desdijeron de todo lo que habían acordado con Sommertag y Rosadilla y condicionaron cualquier cumplimiento de todo lo firmado a que la Alianza pida de inmediato que se le suspendan las sanciones a Nicaragua…
SÓLO CON SANCIONES
El análisis elaborado a fines de abril por The Economist Intelligence Unit acertó afirmando que Ortega “no muestra ninguna voluntad” de una solución negociada. Considerando “débil” a la oposición, a la que sólo conoce a distancia, la publicación británica señalaba que sólo las sanciones podrían ejercer presión sobre el régimen.
En noviembre de 2018, las sanciones impuestas por la OFAC a Rosario Murillo y a Néstor Moncada Lau, operador del régimen en acciones encubiertas, aunque tenían consecuencias económicas para ambos, mostraron un objetivo político: el que señaló el analista estadounidense Richard Feinberg, quien consideró le enviaban un “mensaje excepcional” a Ortega: “Estas sanciones tocan a la persona que ellos ven como la más difícil, la opuesta a un arreglo político”. Tocándola a ella le dan al FSLN y a Daniel Ortega la señal de que ella no es la solución, sino el problema, que ella es el pasado y no el futuro. Y al hacerlo, apelan al pragmatismo que ha mostrado Daniel Ortega en otras ocasiones, incentivándolo para dejarla a ella a un lado y decidirse a negociar”.
El tiempo transcurrido desde entonces debe haberle demostrado a Feinberg y al establishment de Washington que Ortega no es pragmático, que le han atribuido erradamente capacidades que nunca tuvo, ya que las negociaciones que pusieron fin a la guerra civil de los años 80 no las dirigió él, sino un equipo de políticos con capacidad estratégica que hace mucho ya no apoyan a Ortega.
“CONVERSAMOS
CON ESAS MISERIAS HUMANAS”
El 30 de abril, Ortega mismo ratificó que lo que más lo presiona son las sanciones.
Después de un prolongado silencio, salpicado sólo con los diarios “comunicados líricos” -así los llama la Alianza Cívica- sobre el entendimiento, la armonía y la paz que el gobierno busca “conversando”-no negociando-, en la mesa de negociación, el mandatario apareció en un acto alusivo al Primero de Mayo, rodeado de algunos funcionarios y de la Juventud Sandinista.
Esa noche demostró lo mucho que le preocupan y le alteran las sanciones por la cantidad de epítetos que dedicó a quienes dijo “andan de rodillas pidiendo sanciones contra sus pueblos y se alegran cada vez que sancionan a sus pueblos”.
Son -dijo- “lo más abyecto que puede existir sobre la tierra, sobre nuestro planeta, lo más abyecto que puede haber en Nicaragua”. Tienen “el comportamiento de “judas y caínes...”
“No tienen ni alma ni corazón, lo que tienen es veneno, nacieron marcados por el veneno, lo que los convierte en miserables. Son una expresión de la miseria humana…” Todo esto para concluir que él sigue “batallando” por la paz y que “no podemos renunciar, como no hemos renunciado, a buscar cómo conversar y buscar acuerdos con esas miserias humanas...”
Y refiriéndose veladamente al empresariado que en abril, y hasta hoy, lo abandonó, rompiendo el “modelo de consenso”, y al que no ha podido doblegar, se lamentó: “No he escuchado un solo pronunciamiento, un solo comunicado de parte de los que promovieron y practicaron el dolor, la muerte, cuando el país estaba en paz y mejor que nunca”.
CUÁLES SON LAS SANCIONES
El régimen insiste a la Alianza en que haga un llamado a la comunidad internacional para que cesen las sanciones.
El argumento de que están afectando a “los pobres, a los más vulnerables” es sólo parcialmente cierto, ya que, aún sin sanciones desde abril de 2018 se le han congelado a Nicaragua los préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que al afectar severamente la inversión pública influye en agravar más la ya estancada economía nacional.
De todas formas, habría que distinguir entre ese congelamiento, que no se debe a ninguna sanción específica, de las sanciones de la OFAC contra una institución como era el Bancorp, y de las siete sanciones personalizadas que ha emitido Washington, dirigidas todas al círculo del poder de Ortega, por violaciones a los derechos humanos y por actos de corrupción.
Algunas han sido impuestas por Orden Ejecutiva y otras en aplicación de la Ley Global Magnitsky. La Nica Act (que en su última versión incluye tanto sanciones personalizadas como sanciones económicas que afectarán la economía), aunque fue aprobada en diciembre de 2018 no se ha comenzado aún a aplicar hasta que el Departamento de Estado analice en junio los avances que haya o no habido en las razones que la originaron.
EL TRANQUE DE LAS SANCIONES
La insistencia ofensiva con que la delegación gubernamental pide que la Alianza actúe para que se cancelen las sanciones no expresa únicamente lo que las sanciones los afectan. Es también una manera de ponerle “un tranque” a la negociación. Así como en el diálogo de mayo-junio de 2018 el insistir en que la Alianza ordenara el levantamiento de los tranques y barricadas -sabiendo que eso no era posible porque la rebelión era fundamentalmente de grupos autoconvocados que no obedecían órdenes- fue el pretexto para no avanzar ni un milímetro en la negociación, ahora será el levantamiento de las sanciones la nueva excusa para boicotearla para responsabilizar de eso a la contraparte.
ES FALTA DE CONFIANZA
Las sanciones no son responsables del estancamiento de la economía nacional, que está afectando a todos, principalmente a los más pobres. El desplome de la inversión internacional se debe a la falta de confianza en Nicaragua que provocan sus gobernantes, señalados como responsables de violaciones masivas de derechos humanos y empeñados en conservar el poder y no devolver a la población libertades y democracia.
El congelamiento de préstamos de las instituciones financieras internacionales y el corte de la cooperación que han decidido ya varios países se debe a lo mismo: ven una severa crisis sociopolítica en la que el régimen ni acepta responsabilidad alguna ni quiere resolver de forma negociada.
Por otra parte, ningún llamado puede anular las sanciones persona¬li¬za¬¬das que ya ha decidido Washington. Y dudosamente, impedirán las que vendrán.
ES “MUERTE FINANCIERA”
Los siete nicaragüenses sancionados ya por la OFAC verán afectada su propia economía, no la del país. La sanción es una “muerte financiera”: les quita acceso al sistema financiero de Estados Unidos y, en consecuencia, al sistema financiero occidental, ya que todos los bancos tienen corresponsalía con los bancos estadounidenses. Y pueden enfrentar otras consecuencias, como la de no ser admitidos en territorio estadounidense ni en aerolíneas estadounidenses. También, que esas mismas consecuencias se extiendan a sus familiares.
Las leyes de Estados Unidos permiten a las personas sancionadas por la OFAC librarse de esas sanciones presentando reclamos a esta dependencia del Departamento del Tesoro para que reconsidere las razones por las que emitieron la sanción o presentando evidencias para que las retire, e incluso pueden presentar una demanda contra la misma OFAC.
EL DESTIERRO DEL OBISPO SILVIO BÁEZ
En este incierto escenario llegó Nicaragua al primer aniversario de los días en que inició la rebelión de abril, que este año coincidieron exactamente con el jueves y el viernes santo, conmemorados en todo el país recordando con viacrucis, procesiones, misas y cultos el sacrificio de quienes murieron asesinados y el calvario de quienes permanecen torturados en las cárceles, pidiendo para ellos la libertad.
Pocos días antes de que iniciara la semana santa, en una decisión que el mismo afectado calificó de “dolorosa e incomprensible”, el Papa Francisco pidió al obispo auxiliar de Managua Silvio Báez que abandonara Nicaragua. “Yo no lo he pedido”, insistió Báez una y otra vez desde que el 10 de abril anunció en rueda de prensa que se iría.
Desde hace años, y especialmente desde abril de 2018, Báez era la voz más incómoda para el régimen en el episcopado por sus homilías y declaraciones y también por su activa presencia en las redes sociales.
Una mayoría de la población, no sólo católica, lamentó la decisión vaticana y lo despidió rodeándolo de cariño. “No permitamos vivir en un sepulcro social. Nicaragua es un pueblo crucificado. Y un pueblo crucificado resucita siempre”, fueron sus últimos mensajes antes de salir del país el 23 de abril.
“NO TENEMOS FUTURO”
Una semana después de irse el obispo Báez, cuando parecía que su ausencia significaría un repliegue al silencio de la Conferencia Episcopal, los obispos de Nicaragua hicieron público un Mensaje valiente, como los que han alimentado la reflexión y la esperanza desde de Abril.
Ante la normalidad que el gobierno pretende imponer, recuerdan la dura realidad que hoy abruma a nuestro país: “Constatamos con dolor cómo continúa el sufrimiento de la familia nicaragüense. Los presos políticos, la falta de respeto a los derechos constitucionales, los exiliados, los refugiados, los asilados, la pobreza, el desempleo, la inseguridad, el conflicto por tierras y sus correspondientes consecuencias por el desplazamiento de familias del Occidente a la Costa Caribe del país invadiendo las tierras fértiles que han poseído históricamente los pueblos indígenas y aquellas reservas nacionales como Indio Maíz y Bosawás, evidencian que sin la Presencia del Dios que ha puesto su tienda entre nosotros, no tenemos futuro”.
UNA NICARAGUA “DE TODOS”
A partir de esta descripción de la realidad que vive hoy la mayoría de los nicaragüenses y que el régimen niega, los obispos mencionan cómo debería construirse el futuro de Nicaragua.
Debe ser una Nicaragua de todos, anteponiendo “los intereses de los otros y los de la nación a los propios”. Una Nicaragua que respete la dignidad humana, donde se haga “imperativo que no existan acciones de represión y persecución, propiciando un clima de irrestricta libertad y confianza. De ahí que toda persona pueda ejercer sus derechos y libertades públicas fundamentales al amparo de la Constitución política... La libertad de la persona -añaden en clara referencia a la negociación de la liberación de los presos políticos- no admite plazos, ni condiciones, ni excusas burocráticas”.
Debe ser una Nicaragua democrática, que “debe inspirarse en la idea de fortalecer las instituciones y los principios que fundamentan el estado de derecho: supremacía de la ley, división de poderes y respeto a los derechos humanos”.
Una Nicaragua con libertad de expresión, la que “encarna el poder del pueblo de pronunciarse, denunciar, acceder a la información y nutrirse del infinito intercambio de ideas, opiniones y posiciones… Sin libertad de expresión -dicen- todas las demás libertades se marchitan y terminan por fenecer”.
Debe ser una Nicaragua donde “la paz sea fruto de la justicia, lo que exige contemplar la verdad sobre los hechos, la no impunidad de los culpables, la reparación y reinserción de las víctimas y sus familiares, así como garantías de no repetición. Es lo único que puede darles verdadera seguridad a los ciudadanos y sólo así puede construirse moralmente un país”.
“¡FUERON ELLOS!”
A partir del 29 de abril Ortega parece decidido a no hacer nada por construir esa Nicaragua y a hacer añicos la mesa de negociación.
Ese día comenzó a condicionar el cumplimiento de lo ya acordado y firmado a que la Alianza Cívica haga un llamado internacional a eliminar las sanciones que ya han recibido el país e importantes figuras de su círculo más cercano. Después, el 6 de mayo, dejó a un lado los diarios “comunicados líricos” hablando de “entendimiento y armonía” y sus delegados en la negociación presentaron un texto en el que vuelve al gastado e inverosímil argumento del fracasado golpe de Estado, en el que -dice- “se cometieron las mayores tropelías, incluyendo muerte, quemas, secuestros, torturas, perversión y ritos satánicos, demonistas, en el mejor estilo de la Inquisición, invocando, además, prácticas exorcistas...”
De toda esta maldad hace el régimen responsables a los miembros negociadores de la Alianza a quienes “seguimos denunciando por todas las Prácticas Perversas, de humillación, crueldad, degradación, racismo e infamia terrorista que conocimos, padecimos, y derrotamos... Estas prácticas golpistas fueron dirigidas, financiadas, y coordinadas con aplicadísima vigilancia por quienes hoy desde la Mesa pretenden seguir imponiendo sus vicios, olvidándose de que Nicaragua ven¬ció, y la Razón y la Verdad, seguirán venciendo”.
Al día siguiente de esta inesperada verborrea, se conoció que Ortega estaría estudiando la posibilidad de presentar una demanda contra el gobierno de Estados Unidos ante la Corte Internacional de La Haya por las sanciones que ha impuesto al país, a su familia y a sus funcionarios.
¿LA “RUTA” DE ORTEGA?
¿Qué pretende Ortega haciendo colapsar la negociación condicionando cualquier avance al tema de las sanciones? Parece apuntar a moralizar a sus bases, reducidas hoy y muy molestas porque ven salir de la cárcel a “golpistas” y a “terroristas” y aunque dirán, porque les amputaron su pensamiento crítico, que “el comandante sabe lo que hace”, les desconcierta lo que está ocurriendo…
¿A qué ruta apunta Ortega? ¿A otro esquema de negociación? ¿Con otros interlocutores? También hay que tener en cuenta que la severa crisis económica ya ha provocado fisuras en el entorno de Ortega. Hay grupos empresariales sandinistas y sectores del Ejército que apuestan por una salida negociada… ¿Qué harán si la negociación colapsa? ¿Se transformarán esas fisuras en verdaderas fracturas en el partido de gobierno? ¿Qué hará el Ejército de Nicaragua? ¿Querrá verse sometido a fracturas internas como las que hemos visto en Venezuela?
“Nicaragua vive un momento crucial en el cual tendrá que definir las bases de su futuro como país y su destino como nación”, concluyen los obispos su Mensaje. Señalando cuáles deben ser las bases para un buen futuro, afirman que nuestro país encontrará “nuevos horizontes”, recordando con estas dos palabras el título del histórico documento que presentaron al gobierno en 2014, sin obtener ninguna respuesta.
El balance de este mes, plagado de incertidumbres, no es nada favorable a Ortega. Porque no logró silenciar a los obispos. Porque no logra sofocar la resistencia ciudadana. Por la legitimación internacional que vienen logrando, tanto la Alianza Cívica como la Unidad Azul y Blanco. Y porque su ilegitimidad de ejercicio y de origen, por las que está siendo sancionado, lo limitan para imponer sus condiciones en la ruta de su salida…
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica