Nicaragua

“Aun con el mejor acuerdo la economía no se recupera hasta 2023"

José Vélez Morgan, economista, analista en Inteligencia Económica y en temas de cooperación, compartió con Envío datos y reflexiones sobre la grave crisis económica por la que atraviesa Nicaragua, en una charla con Envío que transcribimos.

José Vélez Morgan

No traigo buenas noticias y probablemente con lo que comparta con ustedes abonaré a la percepción de que en Nicaragua las cosas están mucho peor de lo que se imaginaban. Pretendo reflexionar a partir de un par de cifras que escuchábamos antes de abril de 2018, resumir hechos y cifras de la etapa que va desde abril a diciembre de ese año. Y desde ahí, proyectarme hasta el horizonte del año 2023. Trataré de demostrarles que, si en diciembre de 2018 ya habíamos visto todo lo malo que le sucedió a la economía de Nicaragua como consecuencia de la crisis política, es a partir de diciembre que a la economía le está sucediendo lo peor.

Antes de abril de 2018 nos vendieron a diario la idea de que todo iba bien en la economía nacional, a pesar de que seguíamos teniendo el Producto Interno Bruto más pequeño de Centroamérica: mientras nuestro PIB era de 13 mil millones de dólares, el de Guatemala era de 75 mil millones y Nicaragua sólo aportaba el 7% al PIB de toda la región, aun siendo el país más grande de Centroamérica.

Y nos repitieron una mentira que venimos escuchando desde hace décadas y durante cuatro gobiernos seguidos sobre nuestro PIB per cápita, que para 2017 era supuestamente de 2,190 dólares. Este dato se establece dividiendo el producto interno bruto del país entre el número de habitantes. Siempre es una estadística artificial porque esa suma no se distribuye equitativamente entre toda la gente, pero en nuestro caso además de artificial es una mentira, porque se basa en la afirmación de que en Nicaragua somos 6 millones 200 mil habitantes, lo que no puede ser cierto. ¿Por qué? Porque el último censo que se hizo en este país es de 1995, de hace más de veinte años. Durante el gobierno del ingeniero Bolaños se hizo en 2005 “algo” a lo que ni los mismos técnicos que lo implementaron le reconocieron validez porque se perdió un porcentaje altísimo de las boletas y muchas de las que se entregaron no estaban bien llenadas.

La cifra del PIB per cápita nicaragüense no se puede tomar como cierta, porque nos basamos en números de 1995 y porque a esos números sólo les hemos aplicado una tasa de crecimiento del 1.2% más o menos, una tasa similar a la que tienen Noruega o Suecia. No puede ser cierto eso cuando sabemos que vivimos en un país donde la tasa de embarazos prematuros es una de las más altas de América Latina. Alguien miente: o la tasa de crecimiento no es correcta o las estadísticas de las adolescentes embarazadas no lo son… y yo sé a cuál de esas dos realidades creer. Así que no hay forma de que los nicaragüenses seamos 6 millones 200 mil y que ese PIB per cápita sea cierto. Creo que en este país, uno de los más pobres del mundo, vivimos muchas más personas…y por eso no sé qué PIB per cápita tenemos…Así de “bien” estábamos antes de abril, con estadísticas como ésta, que no reflejan la realidad.

¿Qué pasó después de abril, qué pasó entre abril y diciembre de 2018? Hubo una cadena de efectos negativos en la economía, que nos ha colocado a todos en la situación dificilísima en la que estamos hoy.

La política es más complicada, la economía tiene una lógica que no falla y todo en la economía funciona en cadena. Lo primero que pasó en la economía cuando empezaron los disturbios sociopolíticos fue que la gente que tenía dinero depositado en los bancos lo sacó del país. Muy pronto empezó la fuga de capitales y esa sangría no se ha detenido. Yo calculo que eso no va a cambiar y que al 30 de junio de este 2019 el 40% de todos los depósitos se habrá fugado. No hay un sistema financiero que aguante ese porcentaje.

Y no sólo fueron los grandes los que sacaron su capital. También sacaron su dinero ahorrantes que tenían 8 o 10 mil dólares. Los trasladaron a una cuenta en Costa Rica o en Estados Unidos, donde tenían parientes. Esta importante fuga de capitales no tiene otra razón que la falta de confianza en la política y en la economía del país y la necesidad de proteger lo propio en un lugar más seguro. Creo que este fenómeno nos va a acompañar en los próximos diez años, porque en el mercado internacional cualquier cliente es bienvenido y las condiciones que algunos bancos extranjeros dan a los ahorrantes son mucho mejores que las que aquí había. Antes de abril ya teníamos los bancos más caros de Centroamérica y con las tasas de interés más altas. Mucha de la plata que se fue ya no va a regresar.

¿Qué siguió pasando? Al quedarse sin liquidez, la primera medida que toma un banco es la de dejar de dar créditos. Y cuando los bancos dejan de dar créditos la gente puede comprar en la pulpería la leche o el pico que se va a comer, pero no puede comprar ni una casa ni un carro ni una moto. Enseguida se produce una baja en las ventas de los bienes mayores. Y la economía empieza a sentirlo. Y aunque bajan los precios de esos bienes, no se logran vender. Y aumentan los clientes morosos que no pueden pagar el crédito que recibieron para comprar una casa o un carro… y cuando devuelven esos bienes al banco, aún tienen que seguir pagando parte de su deuda. Así empiezan las burbujas inmobiliarias…

Desde 2018 vivimos en un mercado en recesión, donde no hay créditos y hay deflación. Estas tragedias llegaron acompañadas del cierre de muchas empresas. A eso siguió un desempleo masivo y despidos masivos. A veces se dice que el que fue despedido no está desempleado porque puede insertarse a trabajar en la economía informal, pero la economía informal ya estaba tan extendida en Nicaragua antes de la crisis, que ahora ya son veinte las personas que se “insertan” a vender nacatamales en la misma esquina…

Después de las recientes crisis económicas mundiales del año 2009 se reunieron en Basilea, Suiza, los banqueros de todo el mundo y decidieron compartir informaciones precisas y verdaderas de cómo estaban funcionando sus bancos para que el sistema financiero internacional no se viera sacudido por ninguna sorpresa, como había sucedido. Todos decidieron que era indispensable compartir su propia información sobre valores inmobiliarios y sobre riesgos crediticios. Y con los años fueron elaborando los acuerdos de Basilea 1, de Basilea 2, de Basilea 3... Los acuerdos de Basilea buscan que todos los bancos del mundo compartan su información. El objetivo es que ningún banco esté ocultando, por ejemplo, que el 8% de sus clientes no le están pagando. Porque todos los bancos del sistema mundial están relacionados. Llegaron a ese acuerdo, lo están modificando permanentemente y hoy saben si hay un banco que ya pasó la línea roja y tiene un nivel de mora superior al debido. Todos deben tener la misma información para que todos tengan la misma capacidad de reaccionar.

Esta coordinación es ya una característica de todo el sistema financiero mundial y les permite ser más precisos en la información que dan a los inversionistas. Los acuerdos de Basilea establecen ciertos términos de control y cumplimiento. En ellos se les pide a los bancos que después de ciertos plazos, sean 60 días, 90 días, 120 días, aumenten los niveles de alarma por deudas de clientes que no pueden pagar. En Nicaragua, con los disturbios de abril, cuando comenzó la fuga de capitales y crecía la cantidad de clientes en mora que no podían pagar, la Superintendencia de Bancos envió un memorándum a un mes de la crisis a los bancos del país permitiéndoles que flexibilizaran sus políticas de riesgo y cumplimiento establecidas en los acuerdos de Basilea. Así empezó la reestructuración de miles de deudas. Esa extraña palabra, “reestructuración”, está muy presente hoy en muchos hogares, en muchas familias. Para no provocar pánico, la Superintendencia suavizó la norma internacional y hoy ya no sabemos exactamente cuál es la situación real de los bancos, porque las estadísticas que conocemos están “flexibilizadas”… aunque en algún momento nos vamos a dar cuenta. Algún día tendrán que decir la verdad.

¿Qué van a hacer los bancos con el montón de casas y de vehículos que la gente no pudo pagarles? La situación se complica porque el banco recibe la casa del que no la puede pagar, pero no tiene a quién vendérsela porque no da créditos a nadie para que pueda comprarla…En una economía donde todo está normal, el banco sale ganando con los morosos, incluso hace un buen negocio, porque le quita la casa al deudor y sabe que va a encontrar a quién vendérsela. Pero con la falta de liquidez, los bancos no pueden dar créditos a potenciales compradores… ¿Qué hacer con tantas casas y tantos vehículos? Ésa es una pregunta que se hacen los bancos de Nicaragua todos los días.

Veamos otro importante agujero negro en la economía nacional. En Nicaragua hemos vivido siempre de los proyectos de la cooperación internacional. Son muchos los nicaragüenses que han trabajado en proyectos de cooperación y en distintas instituciones de la cooperación internacional. Durante todos estos años nuestro gobierno recibió dos distintas formas de cooperación: la cooperación tradicional de las instituciones financieras multilaterales y la cooperación venezolana.

El 11 de enero de 2007, al día siguiente de tomar posesión, el señor Presidente integró a Nicaragua a la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, al ALBA, una decisión que ya tuvo, tiene y tendrá consecuencias para todos los ciudadanos de este país.

El centro de esa cooperación, que inició entonces, era el acuerdo petrolero: le comprábamos petróleo a Venezuela a precios preferenciales. La mitad se le pagaba en efectivo en 90 días y la otra mitad era un crédito a pagar en 25 años, que quedaba en Nicaragua, que era cooperación y que se dedicaría a proyectos de desarrollo y a proyectos sociales.

Además de la cooperación venezolana, Nicaragua seguía recibiendo todos estos años cooperación multilateral, fundamentalmente del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Banco Mundial ha cooperado durante muchos años con Nicaragua en un censo y titulación de tierras. Ha invertido en proyectos de salud y educación. Tenía proyectos en los 66 municipios más pobres del país, la mayoría en la Costa Caribe, para erradicar la desnutrición infantil y para garantizar la seguridad alimentaria. También ha financiado proyectos para construir carreteras y caminos rurales. En la cooperación del Banco Mundial un 70% es crédito y el resto es cooperación. La cooperación del BID ha sido en transporte, en caminos rurales, en carreteras para unir el Caribe con el Pacífico y las zonas rurales más alejadas con las ciudades. También han tenido proyectos en electrificación, en proyectos de energía limpia para que el país deje de depender de la que se produce por combustibles. También el BID hace cooperación facilitándole créditos al sector privado, especialmente a las medianas, pequeñas y microempresas, las mypimes.

La cooperación venezolana se destinó a varios proyectos. Uno de ellos, el que se llamó “restablecimiento de los derechos de los trabajadores del Estado”, algo que suena importante, pero que fue simplemente la entrega de un “bono solidario” de 500 córdobas a cada empleado público. Se destinó también a subsidiar el transporte público de Managua y la energía eléctrica a los consumidores de bajo consumo, y a programas sociales como el Plan Techo, Usura Cero o Hambre Cero.

Como ven, son dos estilos de cooperación y en ambas circulan miles de millones de dólares. ¿Qué le queda al país de esas dos formas de cooperación? De la cooperación multilateral queda una carretera, un puente, un colegio… Y quedan los impuestos que paga la gente por el combustible que usa para circular por las carreteras. La infraestructura del transporte genera tributación y así se van amortizando los créditos de este modelo de cooperación. En el modelo de la cooperación venezolana, ¿qué compra el empleado del Estado con el bono solidario? Una coca cola y cigarros, por ejemplo, que también generan impuestos, aunque menores. Y queda el agradecimiento al Estado por la ayuda que representan los programas sociales.

Después de que entramos en el ALBA y que inició la cooperación venezolana, pasamos muchos años especulando cuánta cantidad de dinero le estaba quedando al país por el petróleo que vendía el Estado en la red de gasolineras de la estatal Petronic y que no se le pagaba en efectivo a Venezuela…Hoy ya tenemos los datos del Banco Central, que los publicó presionado por instituciones internacionales.

Una primera alerta sobre el uso que nuestro gobierno estaba dando a la cooperación venezolana en Nicaragua la dio el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2012. La alarma la encendió Hillary Clinton, entonces Secretaria de Estado del gobierno de Barack Obama. El que ella comenzara a encender la luz roja explica también por qué al votar las sanciones del Nica Act los votos de los demócratas fueron unánimes para aprobar esta legislación. El Nica Act no fue un invento de los republicanos.

El segundo llamado de atención lo dio en 2015 el Consejo Directivo del BID, cuando declaró que tenían evidencias de que los fondos de la cooperación venezolana no se estaban manejando de forma transparente. ¿Y por qué le importaría al Departamento de Estado y al BID que la cooperación venezolana no se estuviera empleando transparentemente? Porque ellos dicen: Nosotros estamos brindando cooperación a ese gobierno, que tiene ahora abundantes flujos de capital de la cooperación venezolana. Entonces, si disponen de tanto dinero de Venezuela, ¿por qué el gobierno de Nicaragua no dedica esos recursos a mejorar las zonas rurales?

En Estados Unidos se puede hacer casi cualquier cosa, menos evadir impuestos. Recuerden a Al Capone. No cayó por todo lo que hizo, sino por evadir impuestos. Tampoco se puede malgastar el dinero de los impuestos.

Fue desde entonces, ya hace varios años, que el gobierno de Estados Unidos empezó a cuestionar la falta de transparencia en el uso de los fondos de la cooperación petrolera. Y ya desde entonces, y aun antes de la revuelta de abril, empezaron a preparar sanciones por falta de transparencia y por corrupción en el uso de esos fondos.

¿A cuánto ascendían los fondos de la cooperación venezolana, que estaban siendo cuestionados hace años por la falta de transparencia? Según datos del Banco Central, en 2008 fueron 457 millones de dólares. Iban aumentando, llegando a ser 729 millones en 2012, cuando empezaron paulatinamente a descender. En 2016 fueron 248 millones y en 2017 sólo 102 millones. En el primer semestre de 2018 el Banco Central sólo registró 9.2 millones de dólares de la cooperación venezolana.

Mientras la cooperación venezolana iba disminuyendo, el Nica Act se redactaba ya desde el año 2016. Por los cambios anuales en los períodos del Congreso quedó engavetado, hasta que fue finalmente aprobado en diciembre de 2018. Con la aprobación, entró en vigencia automáticamente. Esa ley es una sanción. Y la sanción va dirigida directamente a cortarle los flujos de la cooperación multilateral a Nicaragua. El mensaje es: Si ustedes tienen recursos y no los usan transparentemente, los recursos multilaterales no llegarán. A esta ley se le sumaron en 2018 sanciones por otras razones: por violaciones a los derechos humanos y por falta de democracia. Y por eso, en la elaboración del Nica Act trabajaron tanto el Departamento del Tesoro como el Departamento de Estado. Y en su ejecución trabajan también ambos.

Si todo lo que hemos visto sucederle a la economía nacional desde abril a diciembre de 2018, como consecuencia de la crisis política, fue realmente muy malo, a partir de diciembre llegó lo peor. Porque ya Nicaragua fue borrada de la cooperación multilateral. El Nica Act le prohíbe al Banco Mundial y al BID dar asistencia técnica y financiera al gobierno de Nicaragua. Sólo un ejemplo: un proyecto importante que tenía el BID para la erradicación de la malaria en el país, especialmente en el Caribe, se ha cerrado. Y Nicaragua ya no entrará a la lista de los países que habrán erradicado la malaria en 2020. Era un proyecto importante: hace unos tres meses ya había 10 mil casos de malaria y hubo muertes por malaria.

Hasta noviembre de 2018 el gobierno tenía financiados proyectos de inversión pública del Banco Mundial y del BID por unos 1,724 millones de dólares. El Banco y el BID estuvieron esperando, esperando…a ver qué pasaba, pero cuando el Nica Act se aprobó en diciembre, cancelaron estas inversiones y ya no han desembolsado a Nicaragua ni un centavo. El Nica Act es una ley, es una prohibición y cualquier funcionario de Estados Unidos lo sabe y sabe que tiene consecuencias si no la cumple.

A partir de ahora, del cumplimiento de esa ley se encargan el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro. El del Tesoro ya dio la orden a los directivos del Banco Mundial, del BID y del Fondo Monetario para una aplicación automática. Ahora, hay 180 días para rendir informes de qué fue exactamente lo que se bloqueó y de lo que no se va a ejecutar. El Departamento de Estado, que trata temas distintos, de derechos humanos y de democracia, tiene 180 días para rendir informes de cómo ha evolucionado en Nicaragua la democracia y el respeto a los derechos humanos.

Lo que podremos ver todavía en algunos lugares del país y durante un tiempo es la ejecución de proyectos de cooperación que no están vinculados a las sanciones del Nica Act. Son proyectos, por ejemplo, como los del Banco Alemán KFW, que en su momento también serán suspendidos por el mandato del Nica Act, porque Estados Unidos hará uso de sus derechos y de sus influencias. Los proyectos grandes que venían del BID ya se suspendieron, pero, si por ejemplo, el proyecto era una carretera de 78 kilómetros y van por el kilómetro 32 hasta ahí llegó la carretera, a no ser que el contratista tenga fondos para 6 kilómetros más y los construya…y hasta ahí llegó la obra. O si una empresa constructora nacional agarró una licitación para una obra de agua potable y alcantarillado y aún tiene fondos, va desembolsándolos y va terminando la obra.

Con el Nica Act no sólo se fueron de Nicaragua el Banco Mundial y el BID. Se va también alguien más, lo que es aún más peligroso para la economía del país. Se va el Fondo Monetario Internacional, al que también se le prohíbe darle asistencia técnica y financiera a Nicaragua. No hay que olvidar que con la fuga de capitales también se han debilitado las reservas en dólares del Banco Central. Actualmente no hay publicación alguna que nos indique cómo se han reducido las reservas en divisas del Banco Central: cuántas hay, cómo van a influir en el valor real del córdoba, si hay suficientes para poder pagar deudas, etcétera, etcétera. En Argentina, en una reciente crisis financiera, tan grande como la nuestra, el Fondo Monetario inyectó 57 mil millones de dólares para que sobrevivieran a la crisis. Aquí no podemos contar con ninguna inyección.

El último reporte del Banco Central fue del 31 de diciembre de 2018. A partir de entonces sólo hay incertidumbre. Pero en la economía la información la dan los datos y también la da la incertidumbre. La incertidumbre es también información: si el Banco Central no nos quiere decir cómo están las reservas de divisas que tiene, yo puedo estar seguro de que si su último dato es que hay 2,180 millones de dólares en reservas, ahora esa suma ya es menor.

Esa suma, 2,180 millones de dólares garantizaban dos meses y medio de solidez bancaria para importaciones y para pago de deudas. Y desde ese último dato oficial ya pasaron tres meses. Pues bien, si mañana nos informaran que el nivel de reservas cruzó la línea roja, el Fondo Monetario, diseñado como un equipo de salvamento de países en crisis no vendrá a salvarnos… porque no puede. No sé qué es más grave, si haber perdido prácticamente la cooperación venezolana, si haber perdido la cooperación multilateral para la inversión pública o si haber perdido el salvamento financiero del FMI. Lo que sabemos es que esta situación de extrema gravedad es la que ha decidido al gobierno a sentarse en una mesa de negociación.

Además de todo esto, el Presupuesto General de la República para 2019, con lo que se paga el salario a los 253 mil empleados del Estado no está financiado. Gran parte del presupuesto nacional sale de lo que pagamos en impuestos, pero con el desempleo y con las empresas cerrando, la recaudación está disminuyendo. Otra parte del presupuesto se financia con la venta de bonos del Estado. Si el gobierno no tiene dinero para cubrir su presupuesto, que es lo más normal en cualquier país del mundo, saca a la venta bonos y con eso cubre el déficit.

El gobierno ha sacado al mercado internacional bonos, pero nadie se los compra, no logra venderlos. ¿Por qué? En noviembre de 2018 nos llegó una información que pasó relativamente desapercibida: las tres más importantes empresas calificadoras del mundo, Moody´s, Fitch Ratings y Standard and Poor, las que les dicen a los inversionistas si pueden comprar o no bonos a un país y a qué riesgos se tienen que atener, colocaron a Nicaragua en una calificación muy negativa. Antes de abril de 2018 las tres empresas calificaban a Nicaragua como un país de riesgo, pero nos metían en el grupo en el que colocan a Grecia y a Costa Rica. No aparecíamos junto a Suecia y a Noruega, pero el puesto en que nos colocaban indicaba que aquí había oportunidades y que los inversores se podían arriesgar porque las tasas de interés estaban muy buenas. En noviembre de 2018, las tres calificadoras, de forma paralela, nos dieron calificaciones que nos ubicaban en el mismo grupo de Irán, Pakistán y Líbano. A este nivel de país de riesgo y en conflicto caímos.

Si un gobierno no tiene financiado su presupuesto y no le puede dar crédito ninguna institución multilateral, ¿quién le comprará bonos? El gobierno quiso probar y en noviembre emitió bonos en euros y a un interés del 8.25%. A cualquier europeo le tenían que resultar atractivos: en su moneda y a esa tasa de interés. Pero todo inversor consulta a su banco y el banco le dice: No, mejor invierta en otro país… Nadie compra los bonos porque nadie cree que nuestro gobierno vaya a poder pagar después esos bonos. Se ha perdido la confianza en el país y en su gobierno. Los analistas de las tres empresas calificadoras no han incluido aún los efectos del Nica Act en su análisis sobre Nicaragua, porque hicieron la última clasificación en noviembre y el Nica Act se aprobó en diciembre. Cuando hagan sus próximas evaluaciones técnicas estaremos más abajo, a la par de Mozambique y Venezuela.

El Nica Act es lo peor que se pudo haber imaginado el gobierno. Porque le quita toda la capacidad de tener presupuesto para la inversión pública. Además, porque le quita al Fondo Monetario, con el que tenía una buena relación. El FMI es como “el primo rico”: si uno se porta bien y cumple con sus consejos, es el que le sirve de garante a la hora de emitir bonos o de solicitar un préstamo, y en casos de emergencia, hasta deposita dinero en una cuenta para el gobierno bien portado.

Después de ver las sanciones impuestas al gobierno, veamos ahora las sanciones que ha impuesto el gobierno a los sectores económicos y a todos los ciudadanos. Y lo digo así porque la reforma tributaria y la reforma a la Seguridad Social que impuso en enero el gobierno sancionan a toda la sociedad. Con el aumento de impuestos a buena cantidad de productos, el sector privado hizo el cálculo, bastante bien ajustado, y concluyó que antes de abril en un hogar nicaragüense tenían que trabajar dos personas para alcanzar a cubrir la canasta básica. Ahora, con los nuevos impuestos, tendrían que trabajar tres personas en cada casa. Pero, ¿qué familia hoy en el país tiene a tres de sus miembros trabajando?

Las sanciones del gobierno castigan también nuestras exportaciones. Las exportaciones de Nicaragua representan unos 5 mil millones de dólares. Una mitad de las exportaciones las producen maquilas transnacionales que exportan productos manufacturados, principalmente textiles. Y la otra mitad las producen empresas nacionales que exportan materias primas, especialmente del sector agropecuario. Hoy, estos dos grandes sectores de la economía exportadora están sufriendo las sanciones del gobierno.

Cada uno de estos sectores tiene encima una sanción específica. La reforma de la Seguridad Social afecta a todos, pero especialmente a las zonas francas. Porque la cuota patronal que la empresa debe entregar al seguro subió mucho. Y con ese aumento de costos, las maquilas, al ver que se alteran las condiciones por las que eligieron Nicaragua para instalarse, pueden decidir irse a cualquier otro país donde los costos sean menores. Se irán paulatinamente. En el Ecuador, hace unos dos meses, ya se están ampliando plantas para producir los pantalones Lewis que se estaban produciendo en Nicaragua.

Para los exportadores agropecuarios la sanción que les ha impuesto el gobierno es, sobre todo, la reforma tributaria. La reforma elimina las exoneraciones al alquiler de la tierra, a los agroquímicos, a los fertilizantes…Todo lo que los productores emplean para producir se ha encarecido. Cada año, al llegar en abril el ciclo agrícola, todo productor hace los cálculos de los costos que tendrá la producción por manzana de tierra.

¿Qué ha pasado este año? Que el productor no tiene crédito porque los bancos no dan crédito, y además, que tiene un aumento de impuestos con la reforma tributaria y probablemente tendrá que lidiar con un montón de retrasos tramitológicos para evitar algunos impuestos… si es que lo logra. Entonces dice: No voy a sembrar. Eso significa más personas en el desempleo. Los productores del sector agrícola y ganadero han advertido en marzo al gobierno que con la reforma tributaria está en peligro el ciclo agrícola.
Todo lo que toquemos en la economía nos lleva a una situación peor. Más desempleos se van a producir por la movilidad de los capitales de las zonas francas. Y más desempleos se producirán por las manos caídas de los productores que no van a sembrar. Algunos tal vez sembrarán para cumplir sus compromisos con compradores fijos. Quien, por ejemplo, le vendía una cantidad de quintales de maní a un cliente habitual, los sembrará para cumplirle. Pero ningún productor de café va a ir al mercado internacional a vender café diciendo que el quintal de café de Nicaragua es más caro porque en Nicaragua hay más impuestos… ¿Quién le va a comprar ese café?

Si nuestro gobierno ha pedido en la mesa de negociación que se solicite a la comunidad internacional que le eliminen las sanciones impuestas por Estados Unidos debería de eliminar primero las sanciones que ha impuesto a todo el país con la reforma a la Seguridad Social y con la reforma tributaria. Porque esas reformas tienen los efectos de sanciones económicas.

Algunos se preguntan por qué en medio de esta crisis el dólar no se ha devaluado, por qué el precio del dólar no ha variado sustancialmente. En el mercado, el precio de cualquier producto depende de la demanda que tenga ese producto. También el precio del dólar depende de la demanda que tenga. Preguntémonos por qué alguien querría tener hoy dólares. La primera razón para comprarlos es para importar productos que va a vender después en Nicaragua. Pero sabemos del derrumbe de las importaciones, desde la de vehículos pesados y livianos, hasta la de una gran cantidad de productos importados que consumimos en el país y que no producimos aquí. Gran número de empresas importadoras ya cerraron operaciones en Nicaragua.

Otra razón para comprar dólares es ahorrar. En Nicaragua la gente ahorra en dólares. Pero, ¿quiénes pueden ahorrar en estos momentos, si la gente se está comiendo sus ahorros? Todos los que ahorraban en dólares los sacaron del país y el desempleo masivo impide comprar bienes importados y la falta de crédito limita las compras. No sube el precio del dólar porque no hay capacidad ni muchas razones para comprarlos. Es la única explicaciónque encuentro.

Hasta aquí hemos dicho casi todo lo que ya todos conocemos. Pero quisiera actuar como un siquiatra: recostarlos imaginariamente en un sofá y decirles: Ustedes tienen problemas, son éstos y éstos, pero mi responsabilidad es decirles que no son los únicos, que hay otro problema más grave… Y ese otro problema tiene que ver con las sanciones del gobierno de Estados Unidos a Venezuela.

Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la petrolera venezolana PDVSA en enero de 2019 se extendieron más recientemente a las finanzas venezolanas, sancionando en marzo al BANDES (Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela). Con estas sanciones Estados Unidos ha sancionado todo lo que fue el sistema del ALBA, sus empresas y sus finanzas en todos los países del ALBA (Bolivia, Cuba,Nicaragua) y otros (Ecuador, Uruguay) y seguramente en muchas otras empresas relacionadas con el ALBA a lo largo y ancho de América Latina.

Durante estos últimos años el gobierno de Estados Unidos había venido aplicando sanciones a funcionarios venezolanos incluidos en una llamada “lista Clinton”. Creo que ninguno de los que estaban en esa lista se imaginó nunca que el gobierno de Estados Unidos iba a aplicar una sanción directamente a PDVSA, porque la petrolera estatal venezolana tiene 500 gasolineras y 3 refinerías en 30 estados de Estados Unidos, con su firma CITGO y eso afectaría el precio del petróleo en Estados Unidos. Sin embargo, una cantidad de petroleras estadounidenses respaldaron la decisión de Washington de sancionar a PDVSA. Con la sanción, todo el dinero que entre por la venta del petróleo venezolano en cualquier lugar del mundo queda a disposición del presidente encargado Juan Guaidó, reconocido por el gobierno de Estados Unidos y por otros 50 gobiernos como presidente legítimo de Venezuela. Como consecuencia, hoy hay cientos de buques petroleros venezolanos dando vueltas en el mar sin saber a dónde vender petróleo.

Las sanciones al BANDES afectan a todo el sistema financiero vinculado a negocios del gobierno venezolano. Si el escándalo de la firma Odebrecht invadió a toda América Latina y todavía sigue pidiendo cabezas de funcionarios y de empresarios en todo el continente, lo que viene con estas sanciones puede durar probablemente hasta 2024, hasta que vayan saliendo todos los fondos relacionados o correlacionados, de forma directa o indirecta, con el BANDES, y con otros bancos estatales de Venezuela: el Bicentenario del Pueblo, el de la Clase Obrera, el Banco Universal, el Banco de Venezuela y más allá de Venezuela, con el Banco Prodem de Bolivia y con el Bandes en Uruguay… Las sanciones a PDVSA y al BANDES van a arrastrar a bancos de toda América Latina y muy seguramente a muchos bancos del mundo.

En Nicaragua, las sanciones a PDVSA alcanzaron a Albanisa, socia de PDVSA, y a todas las empresas que nuestro gobierno creó en el consorcio Albanisa con los recursos de la cooperación venezolana. Esas empresas se financiaban en gran parte con el dinero de la cooperación venezolana y se ejecutaban en gran parte con proyectos de inversión pública del Banco Mundial y del BID, que ganaban en licitaciones de resultados previsibles. Pero como esas licitaciones ya no existen, porque los grandes financiadores de la inversión pública, el Banco Mundial y el BID ya se fueron, las empresas de Albanisa no tienen razón de existir, aunque continúan moviendo recursos…

Por las sanciones a PDVSA y al BANDES quedó también sancionado el Bancorp (Banco Corporativo), el banco creado por el actual gobierno en 2014 para manejar los recursos venezolanos. La cooperación bolivariana venezolana llegó a sumar unos 4 mil millones de dólares, según los datos del Banco Central. Es una suma grande. Esa suma es el doble de lo que dice tener hoy el Banco Central en sus reservas. Es la cantidad total de depósitos que tenía el sistema financiero nacional antes de la fuga de capitales. Esa suma se destinó en parte a programas sociales. Y desde hace años se sabía que buena parte se había manejado con poca transparencia en empresas privadas o paraestatales.

En el momento de las sanciones al Bancorp, este banco tenía el registro contable de unos 2,500 millones en forma de fideicomiso de los 4 mil millones de los recursos venezolanos. El 9 de febrero el Departamento del Tesoro anunció que Bancorp estaba sancionado y el 7 de marzo nuestro gobierno vendió el Bancorp al Estado de Nicaragua por una suma en córdobas equivalente a 23 millones de dólares. El Bancorp se compró con bonos que emitió el mismo Estado, la operación se hizo automáticamente y a toda velocidad. Se operó de facto. Operar de facto es una característica de nuestro gobierno, lo que en el caso del Bancorp significaba “no hay tiempo que perder”.

Por esta operación el Bancorp se convirtió en el Banco Nacional… ¿Una operación para evadir las sanciones? Quienes sancionaron al BANDES van a seguirle la pista al dinero de todos los bancos relacionados con el banco venezolano, y al dinero de todos sus socios, incluido naturalmente al dinero del Bancorp. Cuando el Departamento del Tesoro aplica una sanción es porque la puede ejecutar y al aplicarla sabe de antemano dónde están las corrientes financieras sancionables. Sabiendo eso, ¿qué eficiente para evadir sanciones puede haber sido el movimiento que hizo el gobierno de Nicaragua vendiéndole al Estado de Nicaragua el Bancorp y convirtiéndolo en el Banco Nacional…? Parece una picardía hecha por un niño de doce años…

La sanción de Estados Unidos seguirá a todos los bancos ligados al BANDES y a todos los bancos del mundo en los que el BANDES tiene depósitos o relaciones. ¿Se imaginan la cantidad de bancos que serán investigados y sancionados? Emitida la ley en contra del BANDES ya estaban preparados todos los bancos de Estados Unidos para hacer sesiones de emergencia de riesgo y cumplimiento para saber si algún funcionario de algún gobierno depositó o trasladó dinero de Venezuela, no con su nombre y apellido, sino a través de una empresa de papel… Lo que sí saben es que ese funcionario tiene que pagar una multa por estar vinculado a esos clientes. Ya hay un banco en Nicaragua que desde hace unos días está anulando cuentas y pidiéndoles a esos cuentahabientes que retiren su dinero…La multa no perdona a ningún banco y el sistema financiero va por todos…

¿Dónde están los 2,500 millones de dólares que guardaba el Bancorp? Una suma de ese tamaño no creo que esté físicamente en las bóvedas del banco. La única forma de acceder a esa enorme suma de millones de dólares es tener acceso físico a esa cantidad del dinero físico. Porque en cuanto todo ese dinero entre al laberinto del sistema financiero internacional esas cuentas se bloquearán automáticamente. No sabemos dónde está ese dinero. Pero sí sabremos que habrá bancos sancionados en todo el mundo…¿Qué papel jugará el nuevo Banco Nacional creado por la venta acelerada del Bancorp? En la ley creadora de este nuevo banco se le dan todas las características de un banco comercial. Uno puede hacer depósitos en ese banco (No me imagino que alguien quiera depositar ahí su dinero…), y ese banco puede dar créditos (No me imagino que ese banco le vaya a dar un crédito a alguien…). Entonces, ¿por qué o para qué nació ese Banco Nacional? Hay una razón y tengo una hipótesis. La razón, que ya la sabemos, es “aliviar las incomodidades que podían traer las sanciones de Estados Unidos”, empleando un lenguaje diplomático…

La hipótesis la encontré en la literatura financiera. A finales del siglo 19 se produjo en Argentina lo que se llamó “el Pánico de 1890”, una crisis sociopolítica que derivó en una depresión y en una crisis financiera, que provocó “la revolución del parque”, que causó la renuncia del Presidente de la República y la asunción al gobierno del Vicepresidente. Todo esto causó un problema bancario de dimensiones internacionales…Cuando el Vicepresidente Carlos Pellegrini vio que los bancos argentinos iban a quebrar, fundó el Banco de la Nación, un banco que todavía existe. El nuevo Banco empezó a absorber a todos los bancos privados…Y ésa es mi hipótesis, aunque no sé si algún asesor de nuestro gobierno leyó esta historia…Recordemos que de la crisis bancaria que ya existe hoy, de la debilidad de nuestro sistema financiero, quien más información tiene de cómo están los bancos, es nuestro gobierno. Con la información real que tienen de los bancos, y que no nos dan a los ciudadanos, y sin violar los principios del acuerdo de Basilea, perfectamente pueden sentarse a esperar qué banco cae primero, y con la misma velocidad con la que absorbieron al Bancorp pueden ir absorbiendo uno por uno a todos los bancos privados de Nicaragua. Mi hipótesis más optimista es que ese Banco Nacional captará las carteras en mora y las propiedades en garantía por créditos que no se pudieron pagar, con lo que tendrá una enorme cantidad de activos en toda clase de bienes.

Hay quienes dicen que en este panorama tan negativo, la economía mejora algo con las remesas familiares, que han aumentado con la cantidad de gente que ha tenido que exiliarse huyendo para salvar la vida o buscando oportunidades en otros países. Pero los datos que tenemos no justifican esa idea. Las remesas de nuestros emigrantes en el año 2018 fueron 1,500 millones de dólares, incrementándose en 118 millones respecto del 2017. Ese incremento equivale a unos 30 mil salarios mínimos durante trece meses. Pero, ¿esos 30 mil salarios mínimos compensan los 300 mil salarios que se han perdido en la economía por el desempleo? No hay forma de compensar con el aumento de las remesas las pérdidas de ingresos que ha tenido la economía con el desempleo masivo.

El otro riesgo que hoy enfrentan las remesas tiene que ver con la afectación que tienen las sanciones financieras contra Venezuela y, de rebote, contra Nicaragua. Esas sanciones afectan las corresponsalías que existen entre los bancos. Los bancos nacionales van a ir perdiendo corresponsalías con bancos extranjeros por estar contaminados con las sanciones contra Albanisa y el Bancorp. Ya sabemos, por ejemplo, que Wells Fargo y el Bank of America están retirando sus corresponsalías con bancos nicaragüenses. ¿Cómo van a mandar los nicaragüenses dinero a sus familiares si no hay bancos en Nicaragua que puedan recibirlo por estar contaminados con las sanciones?

Y todavía más: hay otro problema en el panorama. Ahora, barril de petróleo que Nicaragua compra, barril que Nicaragua paga al contado. Antes teníamos que pagar el 50% del petróleo comprado a Venezuela, que tampoco se le pagaba con dinero en efectivo, sino con alimentos y sobre todo con ganado en pie, con vacas muchas veces sobrevaluadas, hasta que PDVSA dijo que no valía así… Ahora ya no hay prácticamente importación de petróleo de Venezuela y se lo estamos comprando a Estados Unidos, el país que ya nos aplicó el Nica Act, el que ha sancionado a varios de nuestros funcionarios, el que ha sancionado a las empresas de Albanisa y a su banco…

¿Cuál es el problema en el panorama? Que un alto porcentaje de la energía eléctrica de Nicaragua se genera con derivados del petróleo, con bunker. Ahora, con escasez de divisas, la crisis energética está próxima…En el momento en que no podamos pagar por el petróleo, empezaremos a apagar las luces…o más bien se apagarán solas. Nuestro gobierno no controla todo el mercado energético, pero la distribuidora de energía puede tener vínculos financieros con la cooperación venezolana y hoy ya la distribuidora no está pagando a tiempo a las generadoras, que requieren de divisas para comprar y pagar petróleo en los plazos del mercado.

Todas las economías se van construyendo con tomas de decisiones. Si enmarcamos las decisiones de los actores económicos al estallar la crisis de abril, vemos que los ahorrantes decidieron sacar su dinero de los bancos por miedo a perderlo. Que la decisión de los bancos de no dar créditos está basada en la necesidad: están perdiendo liquidez y tienen una mora importante y seguramente irrecuperable. La decisión de las empresas de despedir gente está basada en la obligación.
¿Y el gobierno? Tomó la decisión de imponer dos reformas para recaudar impuestos, para conseguir dinero, pero en medio de la crisis ambas reformas son auténticas sanciones. ¿Por qué lo hizo el gobierno? Porque está en una situación cada vez más complicada y se ha acostumbrado a tomar medidas y medidas y medidas para salir del agujero en el que está, pero son medidas que lo hunden más.

Ciertamente, recortó gastos, pero fue un recorte limitado. ¿Por qué no recortó más empleados estatales? Porque son su base social. Basándome en la cantidad de empresas que surgieron para ejecutar los millones de la cooperación venezolana, calculo que 70 mil personas fueron empleadas en esas empresas o tal vez fueron más. Si en 2008 teníamos unos 183 mil trabajadores en el Estado y el número creció a 253 mil, el extra es de las personas contratadas para trabajar en las empresas nacidas de la cooperación venezolana.

¿Por qué no despiden a toda esa gente para que regresen a dedicarse a lo que hacían antes de que Nicaragua entrara al ALBA? No lo hacen por razones políticas. Entonces, está claro que todos los actores económicos decidieron por temor, por necesidad, por obligación, por responsabilidad. Y que el gobierno lo hizo por razones políticas. Y cuando en un gobierno las decisiones son políticas, los economistas no tienen nada que hacer…

Terminemos con una proyección que vincule todo esto a lo que está sucediendo en el escenario político…Supongamos que las partes en la mesa de negociación llegan a un buen acuerdo. ¿Se compondrá con eso nuestra crisis económica? Los ahorrantes que sacaron sus ahorros de los bancos, ¿los van a regresar? Los bancos, ¿van a empezar a dar créditos con tanta cantidad de morosos y sin liquidez? ¿Estados Unidos va a levantar sus sanciones? Quién sabe… ¿Las empresas que cerraron va a empezar a operar y a recontratar gente?

Es de tal dimensión esta crisis que aun si vemos libres a todos esos muchachos inocentes, si se restituyen con todas las buenas intenciones los derechos que nos quitaron, si regresan cantando todos los exiliados, si se anuncian elecciones adelantadas y transparentes, será a partir del 2023 que empezaremos a ver que la economía empieza a recuperarse

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