Nicaragua
¿Participar o no participar? ¿Es ésa la cuestión…?
Mientras el gobierno Ortega-Murillo
continúa bajo presión y sigue ganando tiempo
esperando más claras señales de Washington,
los grupos de oposición que Ortega dejó fuera de las elecciones del 6-N,
los que llamaron activamente a la abstención
para no legitimar la “farsa” que se representó ese día,
sostienen posiciones divergentes
sobre su participación en las próximas elecciones municipales del 5-N.
Equipo Envío
Después de tres meses de la administración Trump la política hacia América Latina sigue sin definirse. Los congresistas interesados en reavivar la “Nica Act” están decididos a revivirla. Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, concentra sus energías en Venezuela.
“DESCIFRANDO” A DONALD TRUMP
A la espera de que esta brumosa espera comience a despejarse, el gobierno Ortega-Murillo decidió decir “algo” en Washington. El 20 de marzo, el embajador Francisco Campbell habló en el Instituto de Estudios Exteriores del Departamento de Estado.
Sin nombrar al Presidente Trump, se refirió a su gobierno como de “transición”, señalando que ha generado “muchas incógnitas e interrogantes y numerosos esfuerzos por descifrar sus intenciones en política exterior”. Por eso, sugirió que Estados Unidos “privilegiara una disposición constructiva y pragmática ante los casos y situaciones en donde no se han logrado avances y que requieren de madurez política, pero sobre todo, que prevalezca el pleno respeto a la soberanía nacional de cada país sin importar su tamaño geográfico, riqueza o nivel de desarrollo”.
Aunque pretendía asumir una visión continental, ya que su comparecencia llevaba el pomposo título “Percepciones de la diplomacia norteamericana vista desde Latinoamérica”, era claro que Campbell hablaba de Nicaragua.
El gobierno que representa -dijo- “desde un inicio ha planteado la imperiosa necesidad de que se pongan de lado los prejuicios ideológicos existentes”, añadiendo que, en el caso de Nicaragua, “una relación madura y constructiva es el desarrollo de una agenda práctica”, e identificó tres “pilares” en los que ambas naciones deberían cooperar: seguridad, comercio e inversiones, energía renovable y desarrollo sostenible. A continuación, enumeró los avances que Nicaragua viene consiguiendo en esos pilares.
LOS “PILARES” DE ORTEGA Y LOS DE LA “NICA ACT”
A pesar de lo cuidadosas, las palabras del embajador traslucieron la preocupación que existe en el círculo del poder de Managua por lo que pueda hacer la nueva administración de la Casa Blanca. El mensaje elude los temas de fondo que dieron lugar a la “Nica Act” y ni siquiera menciona la negociación con la OEA.
Los “pilares” sobre los que se levantó la “Nica Act” -que propone suspender los préstamos que las instituciones financieras internacionales hacen a Nicaragua si Ortega no celebra elecciones libres- hacen referencia a otros temas: elecciones, democracia, derechos civiles y políticos, derechos humanos, transparencia…
Desde que apareció la “Nica Act” y desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca, dos ex-embajadores de Nicaragua, liberales ambos, Francisco Aguirre Sacasa y Bosco Matamoros, no han dejado de advertirle a Ortega que existe una decidida voluntad en un bien organizado grupo de congresistas cubano-americanos para que esa legislación vaya adelante, sea en su versión original o añadiéndole condicionantes que pongan aún más presión sobre Ortega y sus allegados.
Insisten en que está en manos del Presidente atajar su aprobación. Y señalan que los acuerdos de Ortega con la OEA no serán suficientes para detenerla. Sobre lo limitado de estos acuerdos reflexiona ampliamente en páginas siguientes el politólogo José Antonio Peraza.
ACTUANDO CON CAUTELA
Algunos análisis afirman que, después del emplazamiento de la OEA contra el Presidente de Venezuela, no están lejos el turno de apretarle las tuercas al Presidente de Nicaragua…
El gobierno Ortega-Murillo lo sabe. A veces se manifiesta cauteloso y prefiere ni pestañear ante la OEA. En marzo, al 161 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la OEA, no envió a ningún representante a la audiencia que iba a tratar sobre la situación de la libertad de prensa y los derechos humanos en Nicaragua.
Después de escuchar a representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y a Carlos Fernando Chamorro, en representación del Centro de Investigaciones de la Comunicación, hablar ante los comisionados sobre lo que sucede en el país, el relator especial de la CIDH para el tema de la libertad de prensa, Edison Lanzas, comentó con punto de ironía: “Cuesta entender que un gobierno que gana las elecciones con el 72% se niega a discutir sobre libertad de expresión”.
ACTUANDO CON BELIGERANCIA
Aunque el gobierno Ortega-Murillo sabe del peligro, a veces se manifiesta belicoso y decide confrontarse con la OEA. Sólo unos días después de no acudir a la CIDH, participó activamente en la sesión del Consejo Permanente de la OEA que analizaría el informe de Almagro que pone una suerte de ultimátum a Nicolás Maduro. En combinación con el de Bolivia, el representante de Nicaragua ante el Consejo trabajó activamente para boicotear la aprobación de la agenda de la sesión.
Finalmente, 20 de los 34 países la aprobaron y pidieron a la OEA que diseñe una “hoja de ruta” para restaurar la democracia en Venezuela, un resultado más limitado que el que esperaba Almagro, pero que tampoco fue un triunfo para Maduro, quien inmediatamente después ordenó al Tribunal Supremo de Justicia que se adueñara de las funciones del Poder Legislativo e inmediatamente después tuvo que dar marcha atrás.
Vayan más lentas o más aceleradas, las iniciativas de la OEA en el caso de Venezuela, no dejan en el aire “incógnitas” o “interrogantes”, como las que señalaba el embajador Campbell: la administración Trump las respalda.
GUARDANDO SILENCIO
Con prudencia, a la espera de conocer mejor los propósitos del Presidente Trump, el gobierno Ortega-Murillo no ha dicho nada del principal tratado comercial con Estados Unidos en el que participa Nicaragua, el DR-CAFTA (República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos).
Mientras el resto de los gobiernos regionales integrados en ese TLC vienen expresando la necesidad de revisarlo, por el temor de que en 2017, al cumplirse los diez años de la firma del tratado, los productos importados de Estados Unidos entren por sus fronteras totalmente desgravados, con lo que harían una competencia desigual a los productos agrícolas de sus países, el gobierno de Nicaragua ha preferido guardar silencio.
El entorno del Presidente Trump ha anunciado una orden ejecutiva para revisar todos los acuerdos comerciales que tiene Estados Unidos con otros países. Son 14 en total. El que más en la mira tiene Trump es el NAFTA, con México y Canadá, porque en el intercambio con México Estados Unidos tiene un déficit de 60 mil millones de dólares. Es distinta la balanza en el caso del DR-CAFTA, donde Estados Unidos tiene un superávit de más de 5 mil millones de dólares, aunque no en el caso específico de Nicaragua, único país de ese TLC con superávit a su favor en el intercambio comercial con Estados Unidos: en 2016 era de casi 2 mil millones de dólares, una cantidad mínima si se la compara con los superávits que tienen China, Europa y México con Estados Unidos.
Siendo la voluntad expresada por Trump revisar todos los tratados multilaterales para transformarlos en bilaterales y, en nombre de la consigna “América first” eliminar los que no le son favorables, ¿no afectaría eso a Nicaragua?
Aguirre Sacasa lo advierte: “Teniendo en cuenta el clima anti-Ortega que hay en el Congreso americano, si la administración Trump negociara el CAFTA país por país Nicaragua podría verse afectada. El Presidente Ortega debe tenerlo en cuenta”.
“LA TAREA MÁS IMPORTANTE”
Presionan al gobierno Ortega-Murillo las incertidumbres del contexto externo. También las del contexto interno.
Aunque nunca sabremos ni las cifras precisas ni las motivaciones exactas que cuentan y explican la abstención con que la fórmula presidencial Ortega-Murillo inició su nuevo período de gobierno, el resultado que les ha dejado esa masiva decisión de la gente no es otro que la incertidumbre. Ya saben del desgaste que ha experimentado el modelo que le han impuesto al país. Y ya dudan del control que ejercen, no sólo sobre la población, también sobre las bases de su maquinaria política.
Esa incertidumbre se acentúa con las pugnas y contradicciones internas que crecen en el círculo del poder. Este mes volvió sobre el tema Edmundo Jarquín, en entrevista televisada con el periodista Jaime Arellano. Se refirió a la saña que el gobierno Ortega-Murillo tiene contra el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y a la política de apartar a los “los históricos” del FSLN -Jarquín pertenece a ambos grupos-, y afirmó que ambas exclusiones tienen la misma “parentela política”, una misma dinámica, la que impone “el murillismo” dentro del Frente Sandinista. Jarquín destacó la importancia de la opinión del General Humberto Ortega cuando reclamó el debate, la dirección colectiva y la crítica en vez del dominio del Frente Sandinista por “una sola persona”.
Para el general en retiro Hugo Torres, las tensiones internas se han trasladado al Ejército, donde la contradicción se da entre los “institucionales”, los históricos dentro del ejército, y los “leales” al proyecto dinástico hoy en marcha.
Afirma Jarquín: “La revolución liberal de 1893 dio origen a un nuevo sujeto social y político, el liberalismo, que dominó prácticamente todo el siglo 20. La revolución sandinista de 1979 dio origen a un nuevo sujeto social e histórico, que va a tener una enorme importancia a lo largo del siglo 21, el sandinismo. Pero el liberalismo del siglo 20 y el sandinismo del siglo 21 han sido sometidos a un proceso de priva¬tización. Lo hizo Somoza en el siglo 20 con el liberalismo y eso condujo a la revolución de 1979. Y lo estamos viendo actualmente en el sandinismo, privatizado hoy por el murillismo. Contener ese proceso de privatización, que conduce a una sucesión dinástica, es la tarea más importante que tiene hoy la democracia en Nicaragua”.
ALMAGRO: “PRÓXIMAMENTE…”
Son otras las “tareas” que se ha planteado la OEA, aunque aún no se concretan claramente. El 16 de marzo, mientras Luis Almagro concentraba todas sus energías en el caso Venezuela, dedicó al caso Nicaragua dos minutos de su tiempo para resaltar la importancia del acuerdo alcanzado con Ortega. En un mensaje en video, Almagro no anunció nada novedoso, sólo reiteró el contenido del memorándum del 28 de febrero al anunciar que “próximamente” definirán objetivos, áreas de responsabilidad, actividades, plan de trabajo, presupuesto y método de monitoreo y evaluación de la misión de cooperación que la OEA instalará en Nicaragua para “perfeccionar” la democracia…
A la espera del “próximo” anuncio, lo único concreto del acuerdo con Ortega es que una misión de la OEA estará presente “antes, durante y después” de las elecciones municipales del 5 de noviembre, aplicando “las normas y estándares de la OEA para la observación electoral”. Si esto se cumple, seis meses antes de la jornada electoral municipal, el 5 de mayo, debe el Consejo Supremo Electoral (CSE) convocar a las elecciones, anunciando qué partidos o alianzas participarán y presentando el calendario para estos seis meses.
A la espera de esa señal, los dos grupos de oposición a los que Ortega temió como competidores en las elecciones del 6 de noviembre de 2016, impidiéndoles participar, han sentado ya su posición: Ciudadanos por la Libertad (CxL) quiere participar en las municipales. Y el Frente Amplio por la Democracia (FAD) no lo hará.
DOS GRUPOS: CXL Y FAD
Cuando en junio de 2016 la Coalición Nacional por la Democracia, una alianza de diez organizaciones, quedó excluida del proceso electoral por decisión de Ortega, y cuando en agosto Eduardo Montealegre, su coordinador y representante legal de la organización más numerosa en esa alianza electoral, el PLI, anunció que se retiraba de la política, se produjo una fractura entre los excluidos.
Ilegalizada la coalición electoral, la asistente de Montealegre desde sus tiempos en la banca, Kitty Monterrey, decidió mantenerse al frente de los liberales fieles a Montealegre y sólo con ellos. Poco después anunció que pedirían al CSE personería jurídica para su nuevo partido, un partido liberal llamado Ciudadanos por la Libertad.
Mientras eso ocurría, los excluidos por Monterrey se comenzaron a agrupar en el Frente Amplio por la Democracia (FAD), una nueva alianza política, no electoral, en la que han ido convergiendo dirigentes y bases de distintas vertientes políticas: liberales que pertenecieron al PLC y al PLI, conservadores, ex-miembros de la Resistencia, el MRS, el PAC y descontentos que nunca han tenido afiliación partidaria.
CXL ENTRA EN ESCENA
Los “Ce por Ele” (CxL), así se llaman y así los llaman, cumplieron con los requisitos que impone la ley electoral para formar un nuevo partido y, están listos para participar en las elecciones municipales.
Esos requisitos son “extenuantes”, a juicio del directivo de CxL, Pedro Joaquín Chamorro, ya que el partido debe haber elegido a 765 miembros de 153 directivas, tantas como los municipios del país; a 119 miembros de las directivas de los 15 departamentos y a 9 directivos nacionales, en actividades que tienen que ser verificadas in situ y certificadas por el CSE.
En marzo, como presidenta de la directiva nacional de CxL, fue electa Kitty Monterrey, 67 años, quien ha trabajado con Eduardo Montealegre desde 1992 y lo ha seguido lealmente durante los once años de su actividad partidaria, no en la visibilidad de un liderazgo, sino en la eficacia de una administración, en los tres esfuerzos políticos de Montealegre: en 2005 cuando fundó ALN y fue candidato presidencial en 2006; en 2008 cuando despojado de ALN por Ortega fundó el movimiento “Vamos con Eduardo” y en alianza con el PLC fue candidato a la alcaldía de Managua; y en 2012 cuando emigró con sus seguidores desde ese movimiento al histórico Partido Liberal Independiente (PLI).
Monterrey se estrena como dirigente política con la bendición a distancia de Montealegre, quien, en trueque porque CxL participe en las elecciones y así legitime la viciada reelección de Ortega en 2016, se sintió aliviado al ver cómo los tribunales volvían a engavetar el caso que hay contra él por la emisión, siendo Ministro de Hacienda, de los certificados negociables de inversión (CENI), en un claro conflicto de intereses, ya que era también banquero.
Vio también que los tribunales le concedían a su hermano Álvaro el privilegio de tener casa por cárcel, después de recibir una sentencia de 22 años por una estafa cometida contra un numeroso grupo de conciudadanos de su misma clase social. Tampoco se le embargaron sus bienes para compensar a los estafados. La sentencia contra Álvaro fue obviamente desproporcionada porque se buscaba con eso mantener como rehén político a Mon¬te¬alegre.
LA OEA “ES GARANTÍA”
Aunque no ha habido absolutamente ningún cambio en la dirección del CSE -gerenciadora de fraudes electorales desde 2006-, tampoco en la restrictiva y promotora del bipartidismo ley electoral, y tampoco en la logística electoral, ni se observa voluntad política alguna que muestre que Ortega hará esos cambios, la sola presencia de la OEA observando las elecciones municipales es considerada por Monterrey y por los CxL como suficiente garantía para participar.
Según Monterrey, la estrategia adecuada no es la continuamente invocada “unidad de la oposición” a nivel nacional. Conscientes de que una elección nacional es totalmente distinta a unas elecciones municipales, porque en cada uno de los 153 municipios del país compiten liderazgos diferentes, hay contextos distintos y distintas correlaciones de fuerzas, la estrategia de CxL ante 153 disímiles elecciones será la unidad territorial: llevar al mejor candidato local para lograr que quienes se abstuvieron de votar en las elecciones generales del 6-N voten. Para conseguir la unidad local CxL dejará en libertad a sus afiliados en cada municipio para que elijan a los mejores candidatos que conozcan entre los liderazgos locales, “vengan de donde vengan”, con el único requisito de que aseguren la derrota de los candidatos de Ortega.
“ALERGIA DIFÍCIL DE EXPLICAR”
Desde que Monterrey excluyó de la coalición electoral a quienes no eran seguidores de Montealegre, no ha dejado de insistir en la distancia de CxL del MRS, señalando la incompatibilidad de la ideología liberal con “la ideología socialista de izquierda extrema” con la que ella caracteriza al MRS, haciendo así eco a la saña descalificadora que emplean los voceros políticos y empresariales del gobierno.
No sólo tergiversa Monterrey la ideología del MRS, también la estrategia: reivindica que CxL plantea una “salida cívica” para derrotar a Ortega, mientras afirma que la propuesta del MRS es “volver a la destrucción de la década de los 80”.
Durante un tiempo -dice- al PLI lo unía con el MRS el interés de sacar a Ortega del poder, “pero a estas alturas yo tengo mis dudas de si ése es realmente el objetivo del MRS, porque el lenguaje populista de ellos es idéntico al lenguaje populista del Frente Sandinista y en este país primero está la estabilidad y no un lenguaje que incita a la violencia y a destruir lo poco que hemos construido”.
Estar aliados con el MRS le traía al PLI, dice también, “enormes problemas” con la empresa privada y con la iglesia católica.
Tras estas afirmaciones hay un retrato del MRS desmentido por la realidad y por el propio discurso del MRS. Es por eso que las contradicciones que señala insistentemente Monterrey resultan “una alergia difícil de explicar” para el ex-Ministro de Educación Humberto Belli, una persona tan crítica del gobierno de Ortega y tan vinculada tanto a la empresa privada como a la iglesia católica.
“NO ACEPTAMOS CONDICIONES, NO SOMOS CÓMPLICES”
Esa alergia es compartida por el gobierno. A finales de marzo, el coordinador del FAD, el jurista liberal José Pallais, informó a los medios que un enviado del gobierno de Ortega lo había visitado en su oficina en León para ofrecerle al FAD la personería jurídica de partido político a condición de que sacaran al MRS de esa alianza política.¬
“Dígale a su jefe que no aceptamos condiciones porque si las aceptamos pasamos a convertirnos en sus cómplices”, contó Pallais que le respondió al emisario. Para Pallais, esa proposición tiene que ver “con la historia del Frente, que ha sido excluyente y que no permite que tenga futuro ninguna fuerza de origen sandinista”. Para Henry Zelaya, ex-directivo de la Resistencia y también dirigente del FAD, Ortega se opone a todo el que vea firmemente opuesto a él.
MRS: 1995 – 2017
En sus 22 años de historia el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) tuvo su momento estelar cuando desafió abiertamente a Daniel Ortega en las elecciones de 2006, encabezando una alianza que llevaba como candidato al ex-alcalde de Managua Herty Lewites, expulsado del FSLN cuando anunció que aspiraba a la Presidencia de la República.
Con su carismática personalidad, Lewites logró convocar a varios grupos dispersos del sandinismo y demostró su popularidad más allá de los rojinegros. Con ningún activo político tan importante había contado nunca antes el MRS, pero la repentina y extraña muerte de Herty, justo antes de iniciar la campaña electoral, lo descompuso todo.
A pesar de todo, aquel año el MRS obtuvo 300 mil votos, con Edmundo Jarquín como candidato. El MRS había empezado a mostrar músculo, y es a partir de entonces que Ortega, ya en el gobierno desde 2007, y teniendo en sus manos el control de las instituciones, empezó a desatar su saña contra el MRS.
En junio de 2008, en vísperas de las elecciones municipales de noviembre de noviembre, de forma arbitraria, el CSE despojó al MRS de su personalidad jurídica, un caso de violación a derechos políticos que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua se ha negado a resolver desde esa fecha.
Sin personalidad jurídica, el MRS siguió demostrando personalidad política. Y desde 2006 participó en alianzas electorales con los liberales de Montealegre. “Hoy -dice su fundadora, Dora María Téllez- quienes pertenecimos al Frente Sandinista somos sólo algunos dirigentes. Ahora, la mayoría en el partido son jóvenes que nacieron un poco antes de la Revolución o algo después y que vienen de distintas procedencias políticas”.
“LA OEA NO PUEDE NI VERLO NI EVITARLO”
En el FAD, tanto el MRS, como los liberales, los conservadores y los ex-contras que lo integran han decidido no participar en las elecciones.
Una de sus dirigentes, Violeta Granera, quien fuera candidata a la Vicepresidencia de la República por la Coalición Nacional anulada por Ortega en junio de 2016, dice que si las elecciones del 6-N fueron “una farsa”, las municipales de este año serán “una farsita”. Sin embargo, se muestra abierta al diálogo con Monterrey y con CxL “para acercar visiones”.
Argumentan los del FAD que participar, basados en la garantía que da la presencia de la OEA no garantiza nada, porque también la OEA observó las elecciones de 2011 -más sencillas de observar-, y culminaron en un enorme fraude, cuyas irregularidades señaló la OEA sin que cambiara nada en el país.
Advierten que la OEA no tiene capacidad para tener presencia en todos los 153 municipios, que aun presentes seis meses en el país ese tiempo es insuficiente para captar y detectar todas las fallas del sistema electoral. Consideran que todos los partidos que hoy son legales lo son por voluntad de Ortega y por eso son sus “subordinados políticos”.
Señalan que a los “fiscales” de esos partidos, de escasa membresía, es la maquinaria de Daniel Ortega la que los pone en las mesas de votación y que también es Ortega el que selecciona con su maquinaria a la mayoría de los funcionarios que dirigen las estructuras departamentales, municipales y juntas de votación de todo el país… y “la OEA no puede ni evitar eso ni controlar eso”.
“EN ESE PROYECTO JAMÁS VAMOS A PARTICIPAR”
En su análisis político, el FAD considera que Ortega salió tan deslegitimado de la jornada electoral del 6-N, en elecciones con masiva abstención y consideradas viciadas por el resto del mundo, que necesita con urgencia algo de legitimación y nada como la participación de los excluidos por él mismo para legitimarlo. Afirman que eso es lo que busca dándole a CxL su persone¬ría jurídica: algo de legitimidad y que su proyecto de poder sobreviva cinco años más sin hacer ningún cambio de fondo.
“El proyecto orteguista, un partido hegemónico con partidos cómplices de su plan dictatorial, se puede llamar de cualquier forma, pero no se puede llamar democracia. Y en ese proyecto el FAD jamás va a participar”, reitera con firmeza el jurista liberal José Pa¬llais, quien considera que “el principal escudo de Ortega en su estrategia frente a la presión internacional es CxL”.
UN ESCUDO DÉBIL PERO REFORZADO
Dejando a un lado la animadversión de CxL contra el MRS y a otro lado las sospechas del FAD de que los CxL participan en las elecciones esperando ganar algunas alcaldías que Ortega ya les debe haber asignado y poniéndoles condiciones que ellos ya aceptaron, el escenario político nacional ha cambiado sensiblemente en el inicio de la era Trump.
Ortega no cuenta ya con la cooperación venezolana. Sin ella no hubiera llegado hasta donde está hoy. Pronto no existirá ya la Venezuela de Chávez y el derroche, la generosidad asistencialista y la acumulación llegarán a su fin. Hoy está enredado en una negociación con la OEA de la que no le será fácil escapar, un escenario que no quiso pero tuvo que aceptar a la espera de que la “Nica Act” caiga o no sobre la economía nacional… o sobre las cabezas de sus allegados.
En este adverso contexto, las elecciones municipales parecen ser un débil escudo frente a la presión internacional. Lo que refuerza ese escudo es la fragmentación y debilitamiento de la oposición, sueño de todo gobernante autoritario y objetivo que Daniel Ortega comenzó a diseñar desde hace dos décadas con las más perversas y hábiles maniobras, un objetivo en el que hasta ahora ha tenido éxito.
UNA OPOSICIÓN FRAGMENTADA
Frente a este mandatario en serios problemas hay dos grupos de oposición organizados, fruto de la fragmentación de años y debilitados por el cansancio de una sociedad que sobrevive a diario rebuscando lo básico y que no parece interesada en saber mucho o en participar activamente en la solución del conflicto político nacional.
Por un lado está Ciudadanos por la Libertad, un proyecto político con una ideología definida, que aspira a recuperar el espacio de segunda fuerza política del país. En su visión de largo plazo considera que hay que ir a las elecciones municipales para aprovechar los espacios que se puedan conseguir y así ir acumulando fuerzas hasta 2021, cuando vuelva a haber elecciones presidenciales. En ese camino, ¿se aliarán con otras fuerzas a las que Ortega no ha querido, hasta ahora, darles personería jurídica, los liberales del MUD o los evangélicos del PANAC?
Por otro lado, está el FAD, que piensa que la persistencia es el único camino para restaurar la democracia y, por eso, persiste en reclamar elecciones libres y con cambios sustantivos en el sistema. Con una visión también de largo plazo aspiran a unir distintas ideologías en un proyecto político común, que de cuajar sería novedoso en el país. Descartan centrarse en lo electoral y están dedicados a articular fuerzas locales que mantengan como prioridad el reclamo de que se le devuelva a la gente el derecho a elegir.
HACER DE LA HENDIJA UN BOQUETE
Eliseo Núñez Morales, diputado liberal cercano a Montealegre, integrado al FAD, que reúne hoy a tres bloques de políticos y bases liberales , describe así la estrategia: “Con la OEA se nos ha abierto una pequeñísima hendija en la pared. Nuestra estrategia no es sentarnos a esperar mejores condiciones. Es golpear esa pared para que esa hendija se convierta en un boquete por el que entre aire fresco y por el que podamos entrar todos. Y no sólo abrirlo para las elecciones. Ortega ha desmontado piedra a piedra toda la institucionalidad democrática y estamos construyendo una estructura opositora no para procesos electorales sino para una lucha de largo plazo”.
EN EL RADAR DE WASHINGTON
Mientras la crisis en Venezuela llegaba a un punto culminante, el Departamento de Estado de Estados Unidos cerró el mes de marzo con un tercer informe sobre la situación en Nicaragua, en esta ocasión sobre el control de drogas. Los dos anteriores informes, de inicios de marzo, se centraron, también críticamente, en los derechos humanos y en el lavado de dinero.
Este tercer informe señala la corrupción en la institución policial, la falta de independencia de los tribunales de justicia y la falta de transparencia en la asignación de los bienes incautados al narcotráfico, lo que propicia la corrupción. Se refiere también a la falta de “estadísticas confiables” sobre el consumo de drogas en el país, el que a vista de cualquier observador viene creciendo por todas partes.
El gobierno Ortega-Murillo sigue bajo presión. No sale del radar de Washington. La llegada de la OEA a Nicaragua como observadora de las elecciones municipales marca a la oposición organizada una frontera que hoy la divide: unos decididos a participar y otros decididos a no hacerlo.
¿ES ÉSA LA CUESTIÓN...?
¿Participar o no participar? ¿Será ésa la cuestión…? Este mes la embajadora del país que nos tiene en el radar, Laura Dogu, puso la frontera en otro lugar, el del diálogo: “Si el proceso electoral no es aceptado por todos los sectores de la sociedad nicaragüense -dijo-, ese proceso no tendrá éxito. Por eso, creo que es muy importante, para la OEA y para el gobierno de Nicaragua, escuchar todas las voces de Nicaragua para construir un sistema de democracia que sea abierto, transparente y justo para todos los nicaragüenses”.
La frontera que señala Dogu no es la de la participación electoral. Es la que separa la desconfianza de la confianza, la acogida de la intolerancia. Esa frontera sólo se borraría con un diálogo incluyente, que acepte, escuche y cuente “con todas las voces”.
La cuestión es ésa: que hasta ahora en quienes tienen el poder político y el poder económico del país no se ve ninguna señal de decidirse a hacer realidad ese diálogo.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica