Nicaragua
Un gobierno bajo presión y ganando tiempo
El gobierno Ortega-Murillo buscó
en la negociación con la OEA
la vía para ganar tiempo.
¿Hasta saber en qué queda la Ley Nica
y cuáles serán los planes de Donald Trump con Nicaragua?
¿Hasta cuándo podrá mantener Ortega esa táctica con el escaso margen de maniobra con que cuenta?
Equipo Envío
El peso que sigue teniendo la ilegítima reelección de Daniel Ortega el 6 de noviembre de 2016, el haber colocado él mismo la crisis política y electoral del país en el radar estadounidense y en la pantalla internacional, que sigue atenta lo que sucede en Nicaragua, mantienen al gobierno Ortega-Murillo bajo presión.
La concepción del poder que le han impuesto al país, que no les deja ceder, y la falta de una presión interna suficientemente organizada y movilizada, les permite dedicarse a ganar tiempo no haciendo nada y esperando que no pase nada… “Ahorita sólo hay que estar observando, nadie sabe por dónde van a ir las medidas de Trump ni cuáles van a ser las consecuencias”, así lo confirmó Bayardo Arce, asesor de Ortega en temas económicos y su enlace con los grandes empresarios agremiados en el COSEP, que también parecen apostar a la táctica de ganar tiempo…
SIN MARGEN DE MANIOBRA
El margen de maniobra que tiene hoy Daniel Ortega es muy pequeño y no le permite ensayar otras tácticas. En la misma están sus padrinos venezolanos. Sólo el oxígeno financiero que le da China, sostiene a Nicolás Maduro. La apuesta geopolítica que hizo Ortega con el Canal Interoceánico, buscando el padrinazgo chino, ya se volatilizó.
Tal vez Ortega, que sigue viviendo mentalmente en la década revolucionaria de los años 80, pudo pensar que China jugaría el papel que la URSS jugó en aquellos años. Pero, ¿qué le ofrecía Ortega a China con el fantasioso proyecto del Canal…? Apadrinar a Venezuela es rentable, las reservas de petróleo venezolanas son consideradas las mayores del mundo. Tal vez olvidó también Ortega que, aunque en los años de la Revolución la URSS apoyó a Nicaragua, nunca decidió jugársela por nuestro país. O no cayó en la cuenta de que en Centroamérica la mira de China está ya puesta en Costa Rica. Otra carta que parece tener en la manga Ortega es que la Rusia de Putin le sirva de escudo frente a las furias de Trump. Vana ilusión: además de que Vladimir Putin difícilmente va a jugárselas por Nicaragua, la marea anti-Rusia que se está viviendo en Estados Unidos hace trizas ese escudo.
Así que el gobierno de Ortega está no sólo bajo presión, sino aislado internacionalmente. Sus únicos aliados son los empresarios locales y su última esperanza en “la soledad del corredor de fondo” en la que se encuentra no es otra que la que comparte con Cuba y con Venezuela, la que también tiene Rusia: que vuelvan a subir los precios del petróleo…
EL INFORME DE 2016
El 20 de febrero, al cumplir un mes de continuar gobernando el país por tercer quinquenio consecutivo, Daniel Ortega se presentó ante los diputados a presentar el informe de la gestión de su gobierno en 2016. En diez años, sólo una vez, en 2008, había acudido personalmente a cumplir con este deber constitucional. En los años siguientes, lo que hizo fue enviar a la Asamblea Legislativa un informe por escrito.
Este año, después del revés político que le infringió la abstención del 6-N necesitaba darle un mayor relieve al papel del Legislativo. Por eso llegó en persona, aunque no hasta el hemiciclo, sino a otro recinto que le resultó más confiable. La Policía se encargó de impedir la entrada al lugar a periodistas de medios no oficiales. No se dio espacio a ninguna pregunta de ningún diputado. Y las palabras de Ortega fueron lo menos parecidas a las de un informe o siquiera a las de un guión de informe. Así que el realce que quiso darle a la Asamblea resultó bastante menguado…
INFORME SIN SUSTANCIA
Siguiendo el guión habitual de la política de comunicación mantenida por el Ejecutivo durante una década, consistente en sólo anunciar lo bueno que se está haciendo o lo que se va a hacer y nunca referirse a temas espinosos o controvertidos que muestren las profundas contradicciones del país y de la sociedad, las palabras del mandatario no hicieron alguna referencia a las grandes inquietudes del momento que nos permitieran percibir qué piensa hacer, cómo ve las cosas, por qué rumbo vamos…
No habló de la negociación con la OEA. Tampoco hizo algún comentario dirigido a sus compatriotas nicaragüenses que viven hoy en zozobra en Estados Unidos porque se verían afectados por la política anti-inmigrantes de Donald Trump. No hubo alusión alguna al nuevo Presidente de Estados Unidos ni tampoco a Venezuela, hoy tan claramente “asediada por el imperio”. No aludió a lo que sucedería si Trump exigiera una renegociación del TLC con Estados Unidos.
Nada dijo de la violencia que azota a la Costa Caribe. Mucho menos se refirió a problemas acuciantes del día a día de tanta gente, como las alzas de la energía o la escasez de agua que, a la espera de las primeras lluvias, vuelven a experimentar sectores rurales y urbanos…
“¡AQUÍ SÓLO HAY PLAN A!”
Todas las incertidumbres nacionales, agudizadas hoy en la era Trump, y el problema que tal vez más teme él mismo, la probabilidad de que el Congreso de Estados Unidos retome la “Nica Act”, que condiciona los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua a que Ortega celebre elecciones como deben ser, pareció que las abordaba con estas superficiales y confusas palabras: “Creo que lo más importante para los nicaragüenses, para las instituciones del Estado nicaragüense, para el gobierno, es no estar haciendo políticas económicas a partir de especulaciones. Porque el mundo está lleno de especulaciones. Siempre ha estado lleno de especulaciones. Y de repente esas especulaciones se convierten en tragedias globales cuando se presentan grandes crisis económicas a nivel mundial que arrastran a todo el planeta, que al final siempre ha resurgido nuevamente”.
Tras lanzar el concepto de “soberanía planetaria”, por el que piensa trabajar, y de hacer referencia al Arca de Noé como una iniciativa que nos debe hacer ver con optimismo el futuro, concluyó con retórica triunfalista: “¡En Nicaragua nosotros tenemos bien claro que aquí ni hay plan B ni plan C ni plan D! Hay plan A nada más: ¡Adelante, adelante, por nuevas victorias!”
PLAN TECHO: PLAN R
A pesar del plan A, Ortega y su equipo saben que, aunque la economía sigue un curso bastante estable, con tierras baratas y una mano de obra barata que continúa atrayendo inversión extranjera, y aunque no se ven señales de una crisis inminente, el amplio margen de maniobra económica, política y social que les daba la cooperación petrolera venezolana ha llegado a su fin.
Con la generosa cooperación venezolana el grupo en el poder acumuló capital, repartió prebendas a los allegados y programas que aliviaban la pobreza a los marginados. La crisis terminal que vive Venezuela, que ha provocado la drástica reducción de la cooperación de Caracas, obliga al gobierno a un plan R.
Al Plan Techo, tal vez el programa social más visible y promocionado por el gobierno, ha tenido que aplicársele un plan R: reducción.
A partir de ahora, quien quiera techar su casa no esperará ya que le entreguen gratuitamente, en un acto proselitista y publicitario, las láminas de zinc en su barrio o comarca. Tendrá que comprar las diez láminas y la bolsa de clavos pagando 50 dólares en las ferreterías con las que el gobierno haya hecho convenios y llevando el aval que le tienen que dar previamente los dirigentes del partido de gobierno en su barrio o comarca.
Teniendo en cuenta el precio real del paquete en el que consiste el Plan Techo, éste continúa siendo subsidiado parcialmente, pero ya se le ha tenido que aplicar el Plan R: reducción. Y también R de rectificación, porque desde el principio debió haberse evitado la total gratuidad, lo que hubiera disminuido la corrupción que ha rodeado este sensible programa social.
HABLA EL PARLAMENTO EUROPEO
El gobierno Ortega-Murillo no está solamente bajo la presión económica que le causa el declive de la cooperación venezolana. Las presiones políticas no cesan. Este mes llegó una bastante firme desde el viejo continente.
El 16 de febrero, en sesión plenaria, el Parlamento Europeo emitió una resolución señalando con claridad el deterioro que experimenta en Nicaragua la salvaguarda de los derechos humanos.
El texto se refiere específicamente a los derechos de quienes defienden derechos humanos, a los de los periodistas y a los de los pueblos indígenas. El Parlamento pide al gobierno que cumpla sus compromisos internacionales con los pueblos indígenas, teniendo en cuenta la violencia que azota la Costa Caribe, de la que directivos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) hablan en este número en páginas siguientes.
Particularmente, el Parlamento Europeo insta al gobierno a dejar de “acosar y recurrir a actos de represalia” contra la reconocida líder Francisca Ramírez, coordinadora del movimiento campesino que se opone a la construcción del Canal Interoceánico y exige la derogación de la ley canalera.
La resolución aborda otros temas del deterioro político. Se refiere a “la corrupción en el sector público, incluidos los familiares del Presidente” y a los cambios constitucionales que impuso Ortega para garantizarse la reelección, “evitando la ley”.
“VIGILEN DE CERCA LA SITUACIÓN EN NICARAGUA”
En 2012 los 28 países de la Unión Europea (UE) y los países de Centro¬américa firmaron un Acuerdo de Asociación que incluye compromisos comerciales y también compromisos políticos.
Aludiendo a este acuerdo, el Parlamento Europeo recuerda en su resolución al gobierno de Ortega “la necesidad de respetar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos”. Y en nombre del acuerdo, “insta a la Unión Europea a vigilar de cerca la situación en Nicaragua y, si fuere necesario, a sopesar las medidas que se podrían tomar”.
¿Cuáles medidas podrían ser...? Probablemente, económicas. El Parlamento Europeo aprueba el presupuesto que la UE dedica a la cooperación internacional con los países con los que tiene relaciones. En 2008, después del primer fraude llevado a cabo por el Poder Electoral, ya controlado por Ortega, en las elecciones municipales de aquel año, la UE canceló la cooperación que le daba al gobierno de Nicaragua en la modalidad de apoyo presupuestario para garantizar diferentes programas. La canceló por “la creciente preocupación por la evolución política del país”, que especificaban ya en aquellas fechas no se refería únicamente al tema electoral.
El “agujero” que dejó en el presupuesto de 2009 la decisión de la UE fue el equivalente a 109 millones de dólares (40 millones en préstamos y 69 en donaciones). Fuera del apoyo al presupuesto, la UE y los países europeos siguieron cooperando con Nicaragua, aunque desde entonces la cooperación internacional en general se ha ido reduciendo con los años. En lo programado hasta 2020 se calcula que la cooperación de la UE supera en algo los 200 millones de euros.
El efecto, pues, de medidas de reducción económica no sería tan drástico. Sin embargo, el efecto político de esta declaración es innegable. La posición tan crítica de los parlamentarios europeos podría robustecer la de los congresistas que en Estados Unidos coinciden en un análisis similar sobre el deterioro político de Nicaragua.
“MEXICANOS” SOMOS TODOS
Las primeras señales del gobierno de Trump en su política hacia América Latina han “tocado” hasta ahora a México y a Venezuela. Aunque no nos nombre, en ambos casos está presente Nicaragua.
Cuando Trump se lanza contra los inmigrantes mexicanos, amenaza con gravar sus remesas y con deportarlos, cuando los menosprecia como delincuentes, está hablando también de nosotros los centroamericanos. Las diferencias entre unos y otros no se tienen en cuenta en Estados Unidos. “Mexicanos” son para Trump, para quienes votaron por él, para quienes le apoyan y para quienes cumplen sus órdenes, también los nicaragüenses.
De igual modo, en las declaraciones de Trump sobre la Venezuela de Maduro está presente la Nicaragua de Ortega. Porque la crisis de Venezuela es el espejo en donde miran la crisis de Nicaragua los congresistas de Estados Unidos que están confrontando cada vez con más dureza a Maduro y exigiéndole al Presidente Trump que sea más firme con el gobierno de Caracas.
LA ACUSACIÓN CONTRA TARECK EL AISAMI
Por todo esto es muy significativo lo ocurrido este mes: Tareck El Aisami, recién nombrado en enero de 2017 Vicepresidente de Venezuela y durante años Ministro del Interior y de Justicia de ese país, fue acusado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de “jugar un papel significativo en el tráfico internacional de drogas”. En consecuencia, se le embargaron todos sus bienes fuera de Venezuela y se le ordenó a todas las empresas estadounidenses no tener ninguna relación comercial con él.
El gobierno de Estados Unidos dijo que la acusación por narcotráfico y lavado de dinero contra El Aisami responde a una investigación de varios años y se basa en la Ley de Designación de Capos de Narcotráfico Extranjeros. Por los mismos delitos fue acusado y sancionado el testaferro de El Aisami en territorio estadounidense, el venezolano Samarck López Bello.
“ES UN CLARO MENSAJE”
La Casa Blanca afirmó que esta acusación, la más grave entre las que ya ha habido contra allegados de Nicolás Maduro, “es un claro mensaje al pueblo de Venezuela de que Estados Unidos está con ellos”.
¿Hay algún mensaje para el gobierno de Nicaragua en esta acusación? El ex-canciller liberal Francisco Aguirre Sacasa lo descifra así: “Esta sanción constituye una escalada en contra del gobierno de Maduro. A pesar de la confusión que ha mostrado el gobierno de Trump en sus primeras semanas, el grupo de senadores y congresistas cubano-americanos sí está organizado y es beligerante. Los mismos legisladores que impulsaron la “Nica Act”, entre ellos Bob Menéndez e Ileana Ross Lehtinen, se unieron para impulsar la acción contra Maduro, lo que demuestra su influencia en la política que tendrá el gobierno de Trump hacia América Latina. Los gobernantes de Nicaragua están en la mira de todos esos legisladores”.
VENEZUELA ES EL ESPEJO
¿Decidirán esos legisladores impulsar una acción similar en contra de algún allegado de Daniel Ortega? No hay que olvidar que el texto de la “Nica Act” que fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos en septiembre de 2016 trasciende el tema de la democracia electoral. Y que en la audiencia del 15 de septiembre de 2016, preámbulo de la aprobación de esa ley una semana después, los congresistas mostraron especial interés porque la legislación se ocupara de otros temas: corrupción, transparencia, lavado de dinero, vínculos con el narcotráfico…
Días después, y siguiendo la “teoría del espejo” venezolano en donde estos legisladores miran a Nicaragua, el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad una resolución extremadamente firme manifestando su “profunda preocupación” por la crisis política, económica, social y humanitaria que vive Venezuela. La resolución fue patrocinada, entre otros por republicanos como Marco Rubio y por demócratas como Bob Menéndez, ambos de los organizados y beligerantes congresistas cubano-americanos.
“HASTA ESE MOMENTO...”
Dejando a un lado el “espejo” venezolano, y sin que se resucite todavía la “Nica Act”, el gobierno de Nicaragua sigue bajo la presión de Washington, aun cuando la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, reconociera, a finales de febrero que “hasta este momento el Presidente Trump y su equipo no han mencionado a Nicaragua”.
Sin nombrar a nuestro país directamente, el Departamento de Estado -en textos que seguramente dejó elaborados el equipo de Obama, pero que traen ya la firma de Rex Tillersen, el Secretario de Estado de Trump-, hizo públicos, con diferencia de 24 horas, dos de sus habituales informes anuales: uno sobre derechos humanos y otro sobre lavado de dinero.
2 DE MARZO: INFORME SOBRE LAVADO DE DINERO
El 2 de marzo apareció el informe sobre “Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales”. En él Nicaragua aparece entre otros 88 países en los que Washington considera se lava dinero ilícito. A pesar de reconocer algunos avances hechos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) al introducir algunas nuevas regulaciones, el informe señala la debilidad institucional, el incumplimiento de las leyes y la corrupción “en todos los niveles” como vías que hacen a Nicaragua un país susceptible al lavado de dinero.
La facilidad con que los ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua pueden cruzar las fronteras de los cuatro países que firmaron el acuerdo CA-4 es considerada una vía que facilita el contrabando y otras actividades que el crimen organizado, tan activo en los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, emplea para lavar dinero. Entre otras, compras de tierras, tráfico de ganado vacuno, tráfico de vehículos en autolotes, empresas de fachada… Se refiere el informe a “múltiples negocios no transparentes con vínculos con el partido de gobierno que gestionan grandes transacciones en efectivo”.
La inclusión por el gobierno de Estados Unidos, durante la administración Obama, de la familia Rosenthal, dueños del Grupo Continental de Honduras en la lista de la OFAC -la que ha acusado a El Aisami- como lava¬dores de dinero de grupos del narcotráfico a través del Banco Continental, encendió alarmas en toda Centro¬américa, también en Nicaragua, de las que muy poco se habló públicamente.
¿Será el contenido de este informe materia prima para fortalecer a los “grupos latinoamericanistas” que en el Congreso de Estados Unidos mantienen a Nicaragua en su radar?
3 DE MARZO: INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS
Al día siguiente del informe sobre blanqueo de capitales, el 3 de marzo, el Departamento de Estado hizo público otro informe, el que anualmente publica refiriéndose a la vigencia de los derechos humanos en todo el mundo.
El texto inicia así: “Nicaragua es, constitucionalmente, una república multipartidista. Pero las acciones del FSLN han resultado en la concentración de un poder de facto en un solo partido, con un Poder Ejecutivo autoritario ejerciendo un control significativo sobre las funciones legislativas, judiciales y electorales”.
En este informe el gobierno de Ortega es calificado como “autoritario”. Se habla de su reelección el pasado 6 de noviembre en “comicios seriamente viciados”. Se señala la “corrupción generalizada” que existe en el Poder Electoral, en el Poder Judicial y en la Policía Nacional.
La presidenta del CENIDH, Vilma Núñez, dijo a Envío: “Lamentablemente, todo lo que el informe señala, y hay que decir que no lo señala todo, se ajusta fielmente a la realidad. No es subjetivo ni tendencioso. Es contundente y se ve que es producto de una investigación que ha llevado a cabo directamente el equipo de la embajada”.
No hay que olvidar que entre los contenidos más significativos de la “Nica Act” los congresistas que la aprobaron daban una orden: “a más tardar 120 días después de la fecha de la promulgación de la ley el Secretario de Estado, en consulta con la comunidad de inteligencia, debe presentar al Congreso un informe sobre la participación de altos funcionarios del gobierno de Nicaragua, incluyendo los miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el Poder Judicial en actos de corrupción pública o en violaciones de los derechos humanos”.
¿Alentará este informe el resurgir de la “Nica Act” y se mantendrá la orden de elaborar esa lista?
“HABLO POR EL SANDINISMO HISTÓRICO”
También hay pugnas internas en lo que queda del FSLN, que mantienen bajo presión al gobierno Ortega-Murillo. Son innegables, vienen arrastrándose desde hace tiempo, se expresaron en el abstencionismo masivo en las elecciones del 6-N y con seguridad se agudizarán en las elecciones municipales de este próximo noviembre.
Por eso volvió a hablar el General en retiro y ex-Jefe del Ejército Humberto Ortega el 26 de febrero, en entrevista televisada con Jaime Arellano. Habló porque -dijo- “me siento con autoridad moral y con una obligación ética de reclamar por el sandinismo histórico por el que luchó Carlos Fonseca, por el que lucharon Daniel Ortega, Lenín Cerna, Edén Pastora, Sergio Ramírez, Dora María Téllez, Ernesto Cardenal… Luchamos todos para hacer realidad el triunfo de 1979 y después para enfrentar la situación crítica de 1990, cuando entramos en profundas contradicciones como consecuencia de la guerra”.
Hablar de “sandinismo histórico” es hablar de estas pugnas, ya que un buen número de “históricos” han sido relegados y humillados en estos años por el círculo Ortega-Murillo.
“LA SOCIEDAD ESTÁ ENFERMA”
Humberto Ortega negó que hubiera “divisiones” en el partido de gobierno, aunque sí reconoció “contradicciones”. Habló de las “destacadas y connotadas figuras” que hay en el Movimiento Renovador Sandinista.
Y dijo haber sido “insistente” en decirles a su hermano Daniel y a otros dirigentes que “deben darle al Frente Sandinista una estructura para que dependa menos del peso de un individuo… Para Nicaragua es importantísimo que el Frente Sandinista se siga desarrollando como un partido democrático cada vez más coherente, donde pesen más el debate y la discusión del colectivo que el individuo, por muy brillante que ese individuo sea”.
Reconociendo que la sociedad nicaragüense está hoy “enferma”, que “la crisis más seria que existe hoy se da en el campo político-institucional” y que la Policía “tiene un problema más serio que el Ejército”, el general puso el mayor énfasis en lo que conoce más de cerca, el Ejército que dirigió y que logró institucionalizar, al afirmar con inocultable preocupación: “Si en estos vaivenes el Ejército se pone en crisis y comienza a aceptar de nuevo la bandera rojinegra en sus cuarteles y comienza a estarse bandeando con ese partido que dirige ahora Daniel Ortega, podríamos estar poniendo en grave peligro lo que ha sido una conquista histórica: un Ejército de la nación”.
AMBIGUO, FRÁGIL, ABSTRACTO
Para dos días después de la entrevista con Humberto Ortega esperábamos que se hiciera público el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno y la OEA, que daría continuidad al primer informe del 20 de enero, que resultó tan ambiguo.
El general Ortega dijo que esperaba del memorándum “una hoja de ruta para tres años con pasos bien claros”. Era lo que esperaba todo el mundo. Pero continuó la ambigüedad.
No fue un único documento, sino tres. En uno el secretario general de la OEA, Luis Almagro, firma con Roberto Rivas, como presidente del Consejo Supremo Electoral -una forma de legitimarlo y de decirnos que permanecerá en su cargo-, el compromiso de “acompañar” -el texto especifica que será “observar”- las elecciones municipales del 5 de noviembre de 2017, antes, durante y después de las votaciones.
En un segundo documento se acuerdan los “privilegios e inmunidades” de los que gozarán los miembros que integren la misión de la OEA que venga a realizar la observación.
El tercer documento, del que se esperaba la hoja de ruta, un crono¬grama con fechas y tareas concretas, resultó el más abstracto. Se refiere a la instalación en nuestro país de una “misión de cooperación”. Esa misión debe hacer una “propuesta de proyecto” que definirá los “objetivos”, identificará las “áreas de trabajo” y describirá “las actividades” a hacer, faltando todavía consensuar “el contenido” de la misión…
ESPERANDO EN DICIEMBRE, EN ENERO, EN FEBRERO Y...
Fue el liberal José Pallais, coordinador del Frente Amplio por la Democracia (FAD), quien mejor describió el insípido resultado de esta negociación: “En diciembre nos dijeron que en ene¬ro¬ tendríamos un documento con el acuerdo. En enero salió un acuerdo que decía que en febrero tendríamos un memorándum que concretaría el acuerdo. Y ahora el memorándum nos dice que tendremos una misión que elaborará otro documento, que no sabemos cuándo concretará no sabemos qué acuerdos…”
Para aumentar su insignificancia, el memorándum especifica que cualquiera de las partes, gobierno y secretaría general de la OEA, podrá dar por terminado el memorándum avisándolo con sólo treinta días de antelación.
HABRÁ ELECCIONES MUNICIPALES OBSERVADAS
Lo más concreto en el memorándum es la observación que la OEA se ha comprometido a realizar en las elecciones municipales.
Aunque habrá que ver cómo evoluciona el escenario político, este anuncio marcó enseguida la frontera que hoy separa a Ciudadanos por la Libertad (CxL) del FAD, los dos grupos en que se convirtió la Coalición Nacional por la Democracia a la que Ortega impidió competir con él en las elecciones del pasado 6 de noviembre.
CxL declaró que la observación de la OEA que garantiza el memorándum es otro paso “positivo” y, aunque insiste en que espera se den “condiciones” -sin decir cuáles- para decidir si participan en las elecciones municipales es evidente que participarán. El FAD considera que las “soluciones técnicas que para el problema político de Nicaragua” da el memorándum son totalmente insuficientes y aun no queda clara cuál será su estrategia para las municipales.
Según la ley, ya el 5 de mayo -seis meses antes de esos comicios- sabremos quiénes competirán en las elecciones observadas por la OEA.
¿TAMBIÉN QUIERE ALMAGRO GANAR TIEMPO?
Todo mundo coincide en que Daniel Ortega aceptó negociar con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, urgido por salvarse de la “Nica Act”, que de aprobarse afectaría una de las bases de su modelo: la alianza con la élite empresarial nacional.
También hay coincidencia en pensar que con esta negociación, de resultados mínimos, Ortega gana tiempo hasta ver qué piensa hacer o no hacer Trump con él y con su gobierno y hasta ver si el Congreso le quita o no esa espada de Damocles que es la Ley Nica que tiene encima.
Lo amorfo del memorándum, sus imprecisiones, la fragilidad del acuerdo, que podrían cancelar el gobierno y Almagro en cualquier momento, ¿no será también expresión de que el secretario general de la OEA quiere tener señales más claras del plan de Washington para la Nicaragua de Ortega, como ya las tiene para la Venezuela de Maduro? En el caso de Venezuela ya tiene una estrategia de corto plazo. ¿Será de mediano plazo en el caso de Nicaragua?
“UN COMPORTAMIENTO DELINCUENCIAL”
Roberto Courtney, director del organismo de observación electoral Ética y Transparencia, hablando con Envío el 29 de noviembre, bastante antes de que conociéramos el acuerdo del 20 de enero y el memorándum del 28 de febrero, acertó en cuál sería la oferta de la OEA y en cuáles serían algunas de sus limitaciones.
Ese día valoró como positivo que la OEA haya entrado al escenario político de nuestro país por esta razón: “El comportamiento delincuencial del aparato electoral de Nicaragua ha venido calando internacionalmente hasta generar finalmente respuestas”.
Señaló una de las limitaciones de esa respuesta que ha sido esta negociación: “Aquí no está actuando la OEA, ese inoperante régimen de los cancilleres. Tampoco está actuando la Asamblea General de la OEA. Está actuando solamente la Secretaría General de la OEA, la persona de su secretario general, Luis Alma¬gro”.
En este sentido, hay que recordar que los pequeños países del Caribe, beneficiarios por el convenio de Petrocaribe de precios preferenciales del petróleo venezolano, influyen en la correlación de fuerzas que existe hoy en la Asamblea General de la OEA, lo que afecta cualquier resolución tanto sobre Venezuela, como sobre Nicaragua.
“ES ALGO MUY COSTOSO”
Courtney imaginó qué haría la OEA, dada la complejidad del desafío con que se topaba en Nicaragua y adivinó la “misión” de la que habla ahora el memorándum: “El gobierno tratará de ceder lo menos posible. Pero la OEA, por razones propias de su sobrevivencia y de su importancia como institución, buscará hacer algo. Y así como en 1990 capitalizó lo que se llamó “observación electoral” en las elecciones nicaragüenses de aquel año, algo que tenía un único precedente similar en los años 50 cuando la división de las dos Coreas, inventará ahora un nuevo modelo para países como el nuestro, en los cuales el aparato electoral es deficiente, no brinda garantías y necesita contrapesos. ¿Qué modelo? No una observación del último tramo del proceso electoral, sino un acompañamiento más permanente, con una misión fija instalada en el país. El problema es quién financiará algo tan costoso”.
Y eso enfatizó Courtney: la enorme dificultad de conseguir financiamiento para que esa “misión fija” sea eficiente, al advertir que “el financiamiento para la observación electoral está cada vez menos disponible en el mundo”.
UN LARGUÍSIMO PLAZO
Tal como vemos en estos momentos el contexto internacional, el venezolano y el nicaragüense, imaginar qué habrá pasado en Nicaragua en los próximos tres años, el plazo de la misión de la OEA, resulta una empresa muy difícil desde los horizontes presentes.
¿Qué pasará en el larguísimo plazo que significan esos tres años? Lo único que sí parece cierto, posible y probable es que el gobierno continuará bajo presión. Y que será la gente más pobre la que pagará los costos del no ceder.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica