Nicaragua
¿Votar…o no votar? Ésa es la cuestión
Con todo lo que ha hecho Daniel Ortega
para deslegitimar su próxima reelección presidencial
ha crecido la preocupación internacional por lo que ocurre en Nicaragua.
Y todo lo que ha hecho el mandatario a partir de junio
ha provocado que, a menos de dos meses de la fecha electoral,
aquella existencial cuestión
del famoso soliloquio del Hamlet de Shakespeare,“ser o no ser”,
transformada en Nicaragua en “votar o no votar”,
ocupe cada vez más espacio en el coloquio colectivo nacional.
Equipo Envío
Votar o no votar, abstenerse o anular el voto, son dilemas que avanzan hoy entre la población nicaragüense. La disyuntiva de acudir o no a las urnas tiene mucha más presencia que la de “por quién votar”, pregunta central en cualquier elección competitiva en cualquier país del mundo.
El descrédito que ha ido adquiriendo el esquema que Ortega y su grupo le han impuesto a estas elecciones explica lo extendida que se va haciendo la pregunta de si acudir o no a las urnas el domingo 6 de noviembre.
LA DISYUNTIVA… ¿DE CUÁNTOS?
¿De cuántos, de cuántas, es la disyuntiva de si votar o no votar? ¿Cuántos titubean, cuántos no la asumen aún, cuántos ya la han resuelto…?
Hay razones de peso que se han acumulado en el tiempo y que alientan las dudas de los “hamlets” nicas. Nicaragua va a elecciones con las mismas autoridades electorales que han sido máximas responsables de dos elecciones nacionales de resultados polémicos (2006) y fraudulentos (2011). Va con un padrón de votantes no depurado y con reiterados sesgos partidarios en la entrega de cédulas de votación. Va con un tendido electoral copado íntegramente por activistas y funcionarios del partido de gobierno, sin observadores electorales y sin ningún partido de oposición creíble. Va después de que las autoridades electorales, siguiendo órdenes del Ejecutivo, despojó de sus escaños parlamentarios a los 28 diputados de oposición. Va con una boleta que Ortega comparte con otros cinco partidos seleccionados por él para que jueguen el papel de opositores, cuatro de ellos minúsculos y otro, el PLC, controlado por Arnoldo Alemán, su socio en el pacto que trastocó todo el sistema político que hoy tiene el país. Y va, sobre todo, con resultados previsibles. La única leve duda que puede existir es el número exacto de diputados que habrá decidido asignarse Ortega, probablemente una cifra superior a los 63 que consiguió por el fraude en los comicios de 2011.
LA SEGURIDAD… ¿DE CUÁNTOS?
Sin dudarlo y seguros de que sí irán a votar y de que votarán en la casilla 2 por la fórmula Ortega-Murillo está también una parte de la población: el “voto duro” del FSLN, más los que no son de los “duros” pero han visto con buenos ojos el gobierno Ortega en estos años, más los que han sido beneficiados con programas sociales, más los empleados públicos... ¿Cuántos suman…?
Aunque las encuestas realizadas en los últimos meses indican siempre un apoyo abrumador a Ortega, rayano a veces en el 70%, la más reciente encuesta de la empresa costarricense Borge y Asociados, realizada entre el 18 y el 31 de mayo, antes de que Ortega iniciara la cadena de arbitrariedades con las que él mismo ha desprestigiado el proceso electoral, revelaba otro escenario. En esas fechas el voto por Ortega era el 44%.
Borge y Asociados tiene en Nicaragua un sello de garantía: fue la única encuestadora que hizo el cálculo exacto del resultado que tuvieron las elecciones de 1990, cuando Ortega perdió, a pesar de que en todas las demás encuestas aparecía como seguro triunfador.
UNA ENCUESTA REVELADORA
La cifra que en mayo mostró Borge es consistente con la historia electoral del FSLN y con el apoyo que ha recibido el único candidato presidencial que ha tenido. Demostraría que Ortega mantiene su techo histórico y que lo ha aumentado, pero no en las proporciones que presentan otras encuestas.
Según el “catálogo estadístico” publicado en agosto de 2012 por el IPADE (Instituto para el Desarrollo y la Democracia), Daniel Ortega ha mantenido, año tras año, un promedio de votos que oscila entre el 38% y el 40%. Consiguió el 40.82% en 1990. Perdió con 37.83% en 1996. Volvió a perder con 42.28% en 2001. Ganó en 2006 cuando obtuvo el 38.04%.
En las elecciones nacionales de 2011, las previas a éstas, ese porcentaje se disparó al 62.46%. Es posible que Ortega ganara ese año la Presidencia con una cifra cercana o algo superior al 44%, pero resulta imposible que hubiera llegado al porcentaje con que se coronó triunfador. Ese porcentaje no creíble, producto de un sinfín de irregularidades, llevó a las misiones de observación internacional que estuvieron en el país a cuestionar severamente los resultados de los comicios. Y fue entonces cuando observadores nacionales declararon que el sistema electoral nicaragüense había “colapsado”.
LA LÓGICA DEL CANDIDATO ORTEGA
La encuesta de Borge y Asociados es reveladora porque, con un porcentaje del 44% de votos, o rondando esa cifra, en elecciones competitivas y con mínimas garantías de transparencia, Ortega tal vez hubiera ganado la Presidencia, pero no de forma aplastante. Lo que no hubiera ganado es la mayoría absoluta parlamentaria que se asignó en 2011, la que le ha resultado estratégica para establecer el control que hoy ejerce sobre todas las instituciones civiles y también sobre las militares. Reveladora es, por eso, la encuesta. Ayuda a comprender que todas las decisiones que el gobernante Ortega ha tomado desde el 4 de junio, cuando negó la observación internacional, llamando “sinvergüenzas” a los observadores, no son “locuras inexplicables” de este candidato, sino expresiones de una lógica racional para consolidar su proyecto.
Todo lo que ha hecho a partir de esa fecha es consistente con el futuro adverso que prevé -fin de la cooperación venezolana, crisis de la izquierda latinoamericana y cambio de gobierno en Estados Unidos-, sumado todo a su determinación de que sea su esposa quien lo suceda. En este contexto y desde esa lógica su único objetivo era no arriesgar ni un gramo de poder, no arriesgarse a competir con nadie.
“ES NOCIVO UN PARTIDO ÚNICO”
En la encuesta de mayo de Borge y Asociados, cercana en el tiempo pero bastante desactualizada por todo lo ocurrido a partir del 4 de junio, el 26.3% de los encuestados afirmaba que no votaría por nadie y el 21.9% decía que no sabía o no quería responder. ¿Ese 48% será el de los potenciales abstencionistas…?
A la espera de una nueva encuesta de esta empresa, el debate sobre qué hacer el 6 de noviembre ha ido creciendo. Precedido por decenas de comentarios escritos, hablados y televisados y por pláticas generalizadas sobre las ventajas y desventajas, los sentidos o los sinsentidos del votar o no votar en una contienda que la oposición, despojada del derecho a participar y de sus escaños parlamentarios, califica como una “farsa electoral”, el mensaje que los obispos anunciaron emitirían sobre las elecciones creó expectativas.
Las alentó el que en esos mismos días Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, con su característica franqueza, había dicho que las elecciones eran “un desastre”. Y Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, le hizo eco: “Comparto y apoyo plenamente la opinión de mi hermano”. Y Monseñor Abelardo Mata, obispo de Estelí, los secundó: “Va a haber una asignación, hay tremenda desconfianza en el proceso electoral”.
También estimuló la expectativa el mensaje con el que en junio reaccionaron los obispos a la eliminación de la competencia en las elecciones. Dijeron entonces: “Todo intento por crear condiciones para la implantación de un régimen de partido único en donde desaparezca la pluralidad ideológica y de partidos políticos es nocivo para el país, desde el punto de vista social, económico y político”. Y como desde entonces nada había mejorado, más bien el panorama se enrareció más con el anuncio de quién será la fórmula presidencial de Ortega, lo que advierte de algo aún más nocivo, un régimen familiar, la curiosidad sobre la opinión de los obispos se acrecentó.
DECIDAN “EN CONCIENCIA”
Por fin, el 22 de agosto los obispos hicieron público un muy breve mensaje en el que califican el momento electoral de “histórico” y exhortan a no perder la esperanza, “sobre todo en los momentos oscuros y adversos”.
Evitan referirse a las decisiones tomadas por el mandatario desde su último comunicado y centran su palabra en el dilema de votar o no votar.
Dicen: “Votar es un derecho. La decisión de votar o no votar o la de votar por determinada opción debe ser tomada por cada persona desde el interior de su conciencia. A la luz del evangelio y de la doctrina social de la Iglesia, un católico debe decidir consciente de si con la opción que elija está colaborando a la construcción de una sociedad más justa, favoreciendo al bien común de toda la población y abonando al fortalecimiento de un sistema político democrático y pluralista en el país”.
Es la primera vez que, en vísperas de un proceso electoral, la Conferencia Episcopal, voz de los diez obispos del país, no invita ni exhorta a participar en los comicios. Esta vez no llaman a votar. Es la primera vez que ponen a la par la posibilidad de votar y la de no votar, considerando que ambas son decisiones que cada nicaragüense debe tomar “en conciencia”.
Y en una sociedad como la que ha consolidado Ortega, que no es “más justa” sino cada vez más desigual; donde el bien común no abarca a “toda la población” sino a quienes el modelo privilegia; y con un gobierno que ha ido demoliendo las instituciones que garantizan un “sistema democrático y pluralista”, los obispos contribuyen, implícitamente, a contrastar el ideal que proponen con esta realidad. Al hacerlo, iluminan también la opción a tomar en la jornada electoral.
NO IR A VOTAR…
Quienes integraron la Coalición Nacional por la Democracia, a la que Ortega le impidió participar en las elecciones, ordenando para ello una resolución de la Corte Suprema de Justicia, proponen una “abstención activa” el 6 de noviembre, alentando a la creatividad de cómo hacerla efectivamente “activa” ese día. Y desde ahora organizan movilizaciones que denuncien “la farsa”. La primera se realizó en Masaya el 27 de agosto con la participación de unas mil personas en las calles y la simpatía que les expresaba la población en casas y aceras.
Insisten en que no ir a votar no debe significar quedarse en la casa o ir a la playa, sino hacer ese día algo visible que demuestre el rechazo, algo que aún no definen. Consideran que lo que el gobierno quiere ese día es “la foto”: mostrar una participación masiva, largas filas esperando votar, como ha sido tradición en Nicaragua.
Su propuesta es la misma que la de los movimientos sociales más activos, aunque el más importante, masivo y decidido, el movimiento campesino anti-Canal, no se pronuncia ni por votar ni por no votar, para respetar la pluralidad ideológica de su gente. Lo que sí siguen expresando es su repudio a Ortega por la concesión canalera. El 31 de agosto mostraron su fuerza y organización cuando unos 24 mil campesinos y campesinas, acuerpados por otros nicaragüenses realizaron marchas, plantones y piquetes simultáneamente en 20 puntos del país, algunos fuera de lo que sería la zanja canalera. “¡Basta ya, Ortega, Nicaragua no es tu finca!” fue una de las nuevas consignas que lanzaron ese día.
Abstención es también lo que propone el Grupo de los 27, intelectuales y personalidades agrupadas desde mayo bajo la misma consigna que en 1974 proclamó “No hay por quién votar”, cuando Somoza Debayle buscaba su reelección. Sobre el sentido “activo” que tiene la abstención y lo que vendría después habla en páginas siguientes el Comandante de la Revolución Henry Ruiz.
… O ANULAR EL VOTO
Entre quienes rechazan la farsa electoral hay otro segmento que considera que acudir a los centros de votación y anular el voto, escribiendo en la boleta algún mensaje crítico o manchándola, sería una señal de repudio de mayor fuerza que la abstención porque, aunque no se conocieran los datos reales de los votos así anulados, el poder sí sabría cuántos fueron y recibiría un mensaje contundente.
Proponen esa forma de repudio considerando también que una alta abstención contribuiría a aumentarle a Ortega el porcentaje con que aparecería ganando. Y porque, sabiendo que el partido de gobierno presionará a los empleados públicos y a beneficiarios de programas sociales para que asistan a votar, muchos pueden tener miedo a evidenciar su oposición no acudiendo a los centros de votación.
Los más escépticos, o los aún menos activos en el debate, tal vez por considerarlo hamletiano, argumentan que éste no es un dilema matemático, porque nunca sabremos los resultados verdaderos, ni los porcentajes de la abstención ni la cantidad de votos nulos -de los que el Poder Electoral no brinda números desde el año 2004-, ya que esconder cifras o presentarlas alteradas se ha convertido en práctica habitual de los magistrados electorales.
UN ELECTORADO QUE VOTA
En general, la población nicaragüense ha participado masivamente en los procesos electorales. Según el catálogo estadístico del IPADE, en las tres elecciones presidenciales que perdió Ortega, en las que hubo una clara polarización entre él y la candidata Violeta de Chamorro (1990), entre él y el candidato Arnoldo Alemán (1996) y entre él y el candidato Enrique Bolaños (2001), la participación fue del 86.23%, del 76.39% y del 73.19% respectivamente.
Según datos de IDEA (Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Internacional), en 2006, cuando ganó Ortega ante una oposición liberal dividida y sin que el Poder Electoral publicara el 8% de los votos, lo que hubiera forzado una segunda vuelta; y en 2011, cuando fueron incontables las irregularidades, participó el 61.23% y el 79.09%, porcentajes que pueden ser inexactos porque para entonces el padrón de la población en edad de votar llevaba años sin haber sido depurado.
En cualquier caso, la realidad de las cuatro últimas décadas indica que la población nicaragüense tiene “fe electoral”, valora grandemente el derecho al voto y lo ejerce masivamente desde que en 1990 experimentó que los votos pueden cambiar la realidad y hasta detener una guerra.
¿NUEVAS ELECCIONES…?
La oposición que fue impedida de participar en la contienda apuesta a que una abstención masiva y un mayoritario desconocimiento internacional del resultado de los viciados comicios del 6 de noviembre -pues la información sobre estos vicios se ha conocido ampliamente fuera de Nicaragua-, puedan obligar a Ortega a realizar nuevas elecciones.
Víctor Hugo Tinoco, vicepresidente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), aliado del Partido Liberal Independiente, las dos fuerzas políticas de mayor importancia en la Coalición impedida de participar en las elecciones, se manifestaba optimista a fines de julio: “Si logramos forzarlo a hacer nuevas elecciones libres a corto plazo tenemos la posibilidad de derrotarlo o, por lo menos, de establecer un equilibrio muy diferente al que hoy tiene en el Parlamento. Para abrir la vía electoral se necesita una fuerza de oposición dispuesta a enfrentarlo y a sacarlo del gobierno. Esa fuerza ya la tenemos, se mantiene viva y, aunque haya habido algunas bajas, no se deslegitimó. Y no perdió su legitimidad porque no pactó con Ortega, aunque él lo intentó una y otgra vez”.
No expresaba un optimismo similar Sergio Ramírez, Vicepresidente de la República con Ortega (1984-1990) y fundador en 1995 del MRS. Aunque admite que “será un problema serio para los gobiernos democráticos de América Latina y Europa conceder legitimidad a las elecciones nicaragüenses” tal como se han organizado, considera que Ortega “no tiene retroceso” y no rectificará. Según Ramírez, con la ilegalización total de la oposición, “hemos entrado en una nueva fase política” y aceptar nuevas elecciones sería para Ortega retroceder.
PUERTAS CERRADAS
El optimismo de Tinoco incluye otra convicción. En plática con “Envío” nos dijo que el MRS tiene la capacidad de enrumbar al PLI y a los otros grupos liberales que integraban la Coalición “hacia una propuesta económico-social progresista”, pues “con algunas excepciones, esos liberales son todos de la clase media de lo que hemos llamado siempre derecha. El gran capital de esa derecha con quien está aliado es con Ortega”.
La extracción y el perfil de clase de la alianza PLI-MRS, con ocho años de andadura, parece atemorizar a Ortega. Es lógico. El modelo orteguista de alianza de clases, que ha privilegiado al gran capital financiero y agroexportador, que ha respondido a la mayoritaria pobreza de los nicaragüenses con programas de asistencia social, que ha empobrecido a las clases medias profesionales y ha promovido a un sector de clases medias populares leales al Estado-partido, aumentando de 40 mil en 2006 -cuando Ortega llegó al gobierno-, hasta 105 mil los empleados públicos del gobierno central, sin incluir en esta cifra a los miembros del Ejército y la Policía, es claramente contrario a un modelo de clases medias que una a profesionales urbanos con productores y finqueros rurales dispuestos a impulsar esa “propuesta económico-social progre¬sis¬ta”.
La preocupación de Ortega porque se consolide una alianza liberal-sandinista de clase media pareció confirmarla el político liberal Pedro Reyes -favorecido por la resolución de la Corte del 8 de junio-, quien no ha tenido pudor en declarar: “El Frente Sandinista nos usa a nosotros y nosotros los usamos a ellos”. En una entrevista en Radio Universidad fue más específico: “El Frente quería deshacerse de los MRS y yo encontré la fórmula”.
Tinoco comenta que, por razón de la alianza entre liberales y sandinistas de clases medias, los gremios empresariales agrupados en el COSEP “llegaron a vernos a los del MRS como el demonio y nos cortaron el habla”. En 2010 -nos contó- fue “la última vez que nos reunimos con ellos. Nos cerraron las puertas. Y también nos las cerró el FMI. Durante un tiempo nos reuníamos con el FMI, pero desde entonces no aceptaron volver a reunirse con nosotros”.
INCERTIDUMBRE EMPRESARIAL
La gran empresa privada aliada de Ortega no halla justificación a las razones por las que Ortega ha trastocado el panorama político del país tan radical, innecesaria y peligrosamente. Evitan referirse a cualquiera de las decisiones tomadas por el mandatario desde el 4 de junio, especialmente a la candidata que eligió para la Vicepresidencia. Los empresarios han solicitado a Ortega una reunión para entender la lógica de estas decisiones políticas, que sopesan con perplejidad, pero no los ha recibido.
La incertidumbre empresarial comienza a medirse. El segundo informe de coyuntura económica para 2016, presentado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) el 8 de agosto, incluye una encuesta realizada en julio a un centenar de gerentes, dueños y administradores de las principales empresas del país. El sondeo refleja preocupación e incertidumbre: los empresarios que están considerando invertir en el país se redujeron del 32% en abril al 22% en julio y quienes dijeron que no van a invertir se elevaron del 68% al 78% en ese período. El balance entre quienes opinan que el entorno económico es positivo y quienes no lo ven así retrocedió un 26%.
Al presentar su informe ante la clase empresarial nacional, la presidenta de FUNIDES, Aurora Gurdián, reconoció: “Desafortunadamente, hemos visto con gran preocupación cómo el proceso electoral ha sido afectado por decisiones que desvirtúan seriamente su legitimidad y confiabilidad”.
“MOMENTO DEFINITORIO”
Aunque con voz poco entusiasta, el COSEP llama a participar en las elecciones, promueve el ir a votar, y el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), “brazo social” de la gran empresa privada, lanzó la campaña VotoNica promoviendo el voto entre jóvenes de 15 a 29 años, un buen sector del electorado.
Humberto Belli, ex-Ministro de Educación y uno de los ideólogos y académicos más respetados en ambientes empresariales, criticó en “La Prensa” del 15 de agosto estos llamados y esta iniciativa, emplazando al gran capital agremiado en el COSEP. “El COSEP -escribe- enfrenta un momento definitorio… Antes de que Ortega terminara de sacar las uñas podía ser más o menos tolerable que callara ante sus desafueros y se concentrara exclusivamente en los aspectos económicos. Pero ahora ya no es posible continuar la actitud “gallo-gallina” sin dañar seriamente su prestigio y dignidad. Es cierto que atemoriza hacerlo ante un dictador. Pero no hacerlo expone a COSEP a serios riesgos: ser percibido como cómplice de un autócrata sin escrúpulos, empeñado en restablecer una absurda dinastía; perder peso en negociaciones internacionales y que le cierren puertas, como ya efectivamente ha ocurrido; y alimentar deseos de revancha en sectores que eventualmente podrían llegar al poder porque Ortega no es eterno y su reinado podría terminar antes de lo esperado… Si fue legítimo conspirar contra Somoza, por dictador y continuista, ¿por qué no hacerlo con su moderna réplica? COSEP puede ganar más siendo valiente”.
HECHOS CONSUMADOS
Otras voces cercanas al gran capital insisten en ver las decisiones de Ortega para deslegitimar las elecciones como “errores”, como “medidas absurdas”, incluso como “locuras”, y no como pasos congruentes con su lógica de no arriesgar el poder.
Reconociendo el malestar que esas decisiones han causado en Washington y temiendo que la política del nuevo gobierno de Estados Unidos no acepte este proceso electoral, abogan porque, después de haber pagado importantes costos políticos a nivel internacional por hechos ya consumados e irreversibles, Ortega evite un conflicto mayor abriendo algún espacio de diálogo a quienes confiscó la opción de competir en las elecciones. Consideran que no correría ningún riesgo porque en cualquier escenario tiene todas las de ganar…
Según Sergio Ramírez, lo que Ortega le ofrecerá a sus aliados del gran capital después de las elecciones de noviembre es “un proyecto de partido único con economía de mercado”. Y no duda que prevalecerán sus intereses y lo aceptarán.
EL CONSEJO DE TOMÁS BORGE
Mientras el debate sobre si votar o no votar continúa, activistas del partido de gobierno han recibido la orden de visitar casa por casa con un mensaje como éste: Salgan a votar, voten por el Comandante y por la Compañera o por cualquiera o anulen el voto si quieren, pero salgan a votar”, demostrando así el temor a que la gente no salga el 6 de noviembre.
El gobernante-candidato es quien no sale a hacer campaña y da muestras de haber optado por atrincherarse cada vez más, siguiendo aquel consejo que en 2009 le dio su colega ya fallecido, Tomás Borge: “Podemos pagar cualquier precio, lo único que no podemos es perder el poder. Digan lo que digan, hagamos lo que tengamos que hacer. El precio más elevado sería perder el poder”.
CENSURA: HUBO QUE RETROCEDER
Después de anunciar Ortega el 2 de agosto que su esposa sería su fórmula presidencial, otra decisión pre-electoral (“digan lo que digan”) crispó a buen número de sectores nacionales cuando a inicios de agosto se conoció que desde el 21 de julio el Poder Electoral había publicado en el diario oficial La Gaceta un reglamento de ética electoral estableciendo que los mensajes referidos al proceso electoral que emitieran medios escritos, hablados y televisivos, comunicadores y presentadores o que aparecieran en sitios web y redes sociales serían “regulados” por las autoridades electorales, evidentemente para censurar todas las informaciones no convenientes al partido de gobierno, entre otras los llamados a la abstención.
Durante varios días la presión de medios y periodistas, de empresarios y de las más diversas voces -reveladoramente, ninguna voz de los políticos que dicen ser oposición a Ortega-, unida al creciente desconcierto internacional ante el rumbo político de Nicaragua, parece haber forzado al Ejecutivo a no cometer tan grave error y ordenó al Poder Electoral que dejara “sin efecto legal” la potencial censura que encerraba el reglamento.
NUEVOS MUROS DE CONTENCIÓN
El mandatario atrincherado también está cerrando también el país con lo que la propaganda oficial llama “muros de contención”. Hasta hoy Ortega presentaba a Nicaragua en sus discursos como “muro de contención” del narcotráfico, mientras en la voz de sus funcionarios la “marca-país” era la del país “más seguro de Centroamérica”.
Algo parece haber fallado en esa “seguridad” porque después de que en los últimos meses fueron expulsados del país, uno a uno, funcionarios estadounidenses, académicos, ambientalistas, periodistas, diputados venezolanos de oposición, Ortega comienza a levantar otros “muros de contención”.
Ha impuesto nuevas medidas de control migratorio -“control paranoico” lo calificó un pastor- a misioneros y pastores evangélicos, mexicanos, centroamericanos y estadounidenses -los que con más frecuencia visitan el país- aduciendo que el crimen organizado infiltra estos grupos para incursionar en Nicaragua y dañar su seguridad.
Los controles también han afectado a otros “grupos”, a peregrinos católicos laicos y hasta a un grupo de baile folklórico de Costa Rica. Otras medidas que está tomando el gobierno son el retrasar, sin argumentos, o el negar la residencia en Nicaragua a extranjeros que trabajan en ONG o en instancias de las que el gobierno desconfía.
Los “muros” se levantan también para el cuerpo diplomático. El 1 de septiembre el Ejecutivo creó una nueva “dirección de atención” a los diplomáticos acreditados en Nicaragua en el Ministerio de Gobernación, que se encargará de tramitar visas diplomáticas y permisos para quienes trabajan en agencias de cooperación y en ONG. También se hará cargo “de recibir, clasificar, distribuir y resguardar la correspondencia recibida en la valija diplomática”.
Autoridades evangélicas y jerarcas católicos fueron convocados por las autoridades para notificarles de las nuevas normas impuestas por el Ejecutivo, justificadas en la Ley de Seguridad Soberana. Los obispos las aceptaron. Los dirigentes evangélicos que respaldan al gobierno las justifican y hasta las aplauden, mientras pastores de distintas denominaciones han reclamado en varios encuentros a las autoridades “volver a la normalidad anterior a la normativa”.
Algunos señalan la influencia negativa que en un año electoral podría tener esto en el 40% de la población, que es evangélica. Al término de este texto el cuerpo diplomático no había reaccionado al control político con que el gobierno pretende tratarlos.
DE NUEVO EN EL RADAR
Esta insólita campaña electoral, en la que el no votar tiene un peso político tan importante, y en la que el candidato ganador ha decidido desprestigiar el proceso que lo reelegirá antes que arriesgar cuotas de poder, ha llamado la atención del mundo después de muchísimo tiempo en el que lo que ocurría en Nicaragua era irrelevante o poco interesante, dada la compleja geopolítica mundial.
Hubo un tiempo, que sentimos ya muy lejano, en el que Nicaragua parecía el centro del mundo por el volumen de información que generó la lucha popular contra Somoza, el experimento revolucionario, la guerra de los años 80 y las disputadas elecciones de 1990. Pero después de aquella fecha y durante muchos de los años que siguieron Nicaragua desapareció del radar internacional y poco le preocupó al mundo lo que aquí pasaba.
Así las cosas, cuando Ortega regresó al gobierno en 2007 casi nada se conocía de la involución sufrida por el Frente Sandinista y los resultados de sus casi diez años de gobierno apenas llamaron la atención. En algunos lugares las “izquierdas” acríticas siguieron creyendo que, si Ortega estaba al frente del país, en Nicaragua había una “revolución” o un “socialismo del siglo 21”. Mientras, los capitales empresariales de países vecinos estrechaban lazos económicos con Ortega, comprando tierras aquí, trasladando inversiones aquí y participando aquí con él en lucrativos negocios…
Hoy, después de tantos años de olvido, Nicaragua vuelve a despertar preocupación en medios internacionales, gobiernos e instituciones globales.
NICARAGUA DA QUE HABLAR
La situación de Nicaragua y el rumbo hacia las elecciones ha sido objeto de análisis televisivos, radiales y escritos en medios de toda América Latina. Editoriales y comentarios en Venezuela, Bolivia, México, Argentina, España, Uruguay, Costa Rica, Colombia, Dominicana, Guatemala, El Salvador, Chile, Estados Unidos….
Los planes “dictatoriales” y “dinásticos” de Ortega comentados en la BBC y analizados por Carmen Ariste¬gui en la CNN… Declaraciones de políticos e intelectuales, comunicados del Departamento de Estado, de la Unión Europea, del Partido Socialista Francés, de la Comisión Interamericana de Dere¬chos Humanos, de la Federación Inter¬nacional de Derechos Humanos reunida en Johannesburgo…
Todas las expresiones coinciden en la preocupación por el ataque a la democracia representativa y al pluralismo. El primer lugar en llamar la atención lo ganó el despojo de sus escaños parlamentarios de 28 diputados hasta que la mayor crítica la concitó el nombramiento de la fórmula de Ortega para la Vicepresidencia (“Todo queda en familia”, dijo Univisión y “Dinastías peligrosas” fue el título del análisis del periodista de “The New York Times”, Stephen Kinzer, buen conocedor de Nicaragua). Algunos comentarios caracterizan la decisión de Ortega de despojar a los diputados de sus escaños como un golpe de Estado. Otros reclaman a Estados Unidos actuar (“El sandinista se convierte en dictador ante la indiferencia de Estados Unidos”, tituló “The Wall Street Journal”).
Las declaraciones institucionales destacan la importancia de respetar la democracia representativa. Algunas recuerdan años pasados (“El Presidente Daniel Ortega no debe dar la espalda a las aspiraciones democráticas de un pueblo que se benefició del apoyo de las fuerzas progresistas del mundo entero”, dicen los socialistas franceses). Otros comentarios evocan un pasado más lejano (“Dicen que la historia se repite y en ninguna parte parece más cierto que en la actual Nicaragua”, afirma un editorial de “The Washington Post” que compara a Ortega con Somoza por su decisión de instaurar una dictadura familiar).
SE ABRE EL DEBATE EN LA OEA
Representantes de la Coalición excluida de las elecciones visitaron a mediados de julio la sede de la OEA para solicitar a su Secretario General, Luis Almagro, atención a lo que sucede en Nicaragua y apoyo. La reunión entre Almagro y los hoy ex-diputados del PLI-MRS duró tres horas y fue muy cordial. A la espera del informe sobre la situación política de Nicaragua que se comprometió a elaborar, Almagro expresó entonces en tres mensajes en twitter su respaldo a “elecciones transparentes y competitivas”.
Un mes después de ese encuentro, el 11 de agosto, fue la delegación de México la que tomó la palabra, en la reunión ordinaria semanal del Consejo Permanente de la OEA. Por primera vez se hablaba de la situación política de Nicaragua en la sede del organismo regional. A pesar de las cuidadosas palabras del embajador mexicano (“En el marco del respeto a la soberanía de Nicaragua, y sin pronunciarnos sobre la legalidad o no de dichas decisiones, expresamos nuestra preocupación por el impacto que esas medidas tienen, al debilitar y prácticamente neutralizar a la oposición en un momento en el que el país está inmerso en un proceso electoral muy importante”), la reacción del representante de Nicaragua fue airada. Le reclamó al mexicano “con qué autoridad hablaba”, le dijo que “primero debía arreglar su casa” y lo descalificó por estar “siendo usado por las fuerzas injeren¬cis¬tas de Estados Unidos”.
Ningún otro país presente intervino. Dada la conocida como muy estrecha relación entre Enrique Peña Nieto y Daniel Ortega la posición mexicana causó sorpresa en Managua.
EL LIBRO BLANCO
La sorpresa de Managua ante lo ocurrido en la OEA parece haber llevado al gobierno a elaborar un “libro blanco” sobre el próximo proceso electoral. El 22 de agosto lo presentó en Managua al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país.
Chocante fue la formalidad de esta actividad, ya que el libro no lo presentó, como correspondía, el Canciller de la República, sino los tres operadores políticos del golpe institucional a la oposición: Roberto Rivas, Rafael Solís y Edwin Castro, en re¬presentación del Poder Electoral, de la Corte de Justicia y del Parlamento. Muy poco convincente el contenido del libro blanco, que abunda en explicaciones legales débilmente hiladas y se excede en críticar “la arrogancia” de Eduardo Montealegre para justificar lo ocurrido.
La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, no estuvo presente en esta actividad, a la que envió a un representante. Y cuando le preguntaron si “le convencía” el libro blanco sólo dijo: “He dicho que estamos preocupados por la situación de la democracia… y todavía lo estamos”.
CAMPAÑA INCOLORA E INSÍPIDA
El 20 de agosto dio inicio oficialmente la campaña electoral que debe culminar el domingo 6 de noviembre. Como se le cercenó a los comicios lo esencial, la competencia, eliminando a quienes tenían más posibilidad de desafiar con éxito a Daniel Ortega y como Daniel Ortega no quiso arriesgar el poder, el inicio de las campañas de los partidos que aparecerán en la boleta fue incoloro e insípido.
Igualmente, la campaña de la fórmula Ortega-Murillo, que no llevan adelante ni él ni ella, sino activistas del partido de gobierno, no parece llamar la atención, pues se basa en la reiteración de consignas devaluadas, en actividades festivas rutinarias y en visitas casa por casa que realizan funcionarios desmotivados.
¿EL DÍA DESPUÉS...?
¿Qué pasará después del 6 de noviembre? Con las cartas ya marcadas y los dados cargados ya en el aire podemos avizorar dos escenarios.
En uno prevalece el pragmatismo resignado de todos los actores. Estados Unidos se resigna a los hechos consumados en nombre de conservar estabilidad en Nicaragua para mantener una más controlable geopolítica regional. Aliviados, los representantes del gran capital aceptan el modelo de “partido único con economía de mercado” que Ortega les ofrece. La oposición no logra organizarse para presentar un frente de indignación suficientemente retador. Y Daniel Ortega se da una ducha de legitimidad siguiendo el consejo de su hermano Humberto, quien le propuso en un extenso escrito que publicó el 2 de septiembre “asumir un proceso de concertación nacional con la dirigencia económica-política-social-espiritual-académica para concretar un Plan Humanista de Nación”.
En otro escenario la abstención masiva en las urnas va acompañada de una movilización importante de la población, que deslegitima nacional e internacionalmente las elecciones. En Estados Unidos asume el mando Hillary Clinton y con aquel Plan que ya ha¬bía presentado en enero de 2012, sien¬¬do Secretaria de Estado, cuando conoció y asumió las severas críticas de los informes de la OEA y de la Unión Europea sobre las elecciones que llevaron a Ortega a un segundo período de gobierno.
En esa ocasión, Clinton anunció que, debido al cúmulo de irregularidades, Estados Unidos ejercería un “escrutinio severo” a los fondos de proyectos brindados por el BID y el Banco Mundial a Nicaragua. Aunque después ese plan no se concretó, podría reverdecer al llegar Clinton y su equipo a la Casa Blanca. Esto alteraría la complacencia y complicidad con que el gran capital ha tolerado los desmanes de Ortega y provocaría una cadena de otras reacciones…
En uno o en otro escenario futuro abundarán nuevos dilemas, otras disyuntivas, acuciantes cuestiones que ya no serán el “votar o no votar” que domina hoy… Y, darianos y “sin rumbo cierto”, los hamlets nicas, seguiremos preguntándonos como el de Shakespeare: “¿Cuál es la más digna acción? ¿Será sufrir resignadamente las descargas penetrantes de la injusticia? ¿O será oponerse a este mar de calamidades hasta ponerle fin?”
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica