Una sed histórica: crédito para los pobres rurales

Es en las zonas rurales en donde la pobreza es mayor en Nicaragua. ¿Cómo sobreviven los pobres rurales? ¿Cómo ha cambiado el mundo rural? ¿Cuál es la historia del crédito rural? ¿Cuál es la actual oferta de crédito de bancos y microfinancieras para los más pobres del campo?

Lucía Hernández Moraga

A pesar de que la pobreza en Nicaragua está concentrada en las zonas rurales, y a que año con año escuchamos el clamor de los productores preocupados por si las lluvias llegarán o no, en nuestro país no existe un plan nacional que contribuya al desarrollo rural que incluya a todos los sectores.

La falta de crédito para los más pobres de las zonas rurales es tan sólo una señal de la ausencia de ese plan nacional. La desprotección del Estado y la lógica urbana del modelo económico privilegia a los sectores exportadores, mientras el cambio climático ya está haciendo su parte… Con menos crédito hay menos inversión y más pobreza y los pobres tienen que apostar por actividades no agrícolas para sobrevivir. El resultado es una muy acelerada des-ruralización del sector. A mediano plazo, esto pone en peligro la seguridad alimentaria del país, la economía local y las fuentes de empleo de sectores de servicios que dependen de la cadena productiva rural.

MAÍZ Y FRIJOLES: LO BÁSICO

En Nicaragua trabajan unos 300 mil pequeños y medianos productores rurales, 60 mil son mujeres. Aunque la mayoría no es visible en los censos agropecuarios, es de las manos de esta gente de quienes depende la seguridad alimentaria del país. Y son ellos y ellas quienes dinamizan las economías locales. Maíz y frijoles son los cultivos básicos de esta población. Maíz y frijoles son sus alimentos básicos, su plato diario. Maíz y frijoles son la alimentación básica del pueblo de Nicaragua: le garantizan el 48% de las calorías.

En Nicaragua se producen unos 4 millones y medio de quintales de frijol al año y se exportan casi 1 millón de quintales. Cada manzana produce entre 8 y 13 quintales. Microproductores y pequeños productores utilizan métodos tradicionales, no cuentan con tecnología apropiada y dependen totalmente de las lluvias. Hay zonas frijoleras en el Norte, el Centro y Las Segovias, que tienen tres cosechas: primera (mayo-julio), postrera (agosto-octubre) y apante (noviembre-diciembre). La producción de frijol es de bajo costo, lo que permite que varios segmentos rurales se dediquen a este rubro. En su estudio sobre el frijol y la seguridad alimentaria en Nicaragua, la FAO identificó tres tipos de productores. Los muy pequeños venden anualmente unos 17 quintales, ya que consumen la mayoría de su producción. Los pequeños venden entre 18 y 30 quintales. Los medianos venden de 33 a 200 quintales. Pequeños y medianos están más especializados y tienen tierra propia. Por ser tan diversos y no estar organizados, los productores de frijol tienen escasa capacidad de negociación, a diferencia de cafetaleros y ganaderos.

En toda Nicaragua se cultiva también el maíz. El 68% del total en Jinotega, Matagalpa, Boaco, Chontales y el Caribe Sur. La mayoría del maíz producido es para consumo de las familias que lo producen.

También hay ganadería y café en los sectores rurales más pobres. Venden a nivel local. Un 40% de los productores cafetaleros son pobres y siembran también maíz y frijol. Y hay campesinos pobres que mezclan las actividades agrícolas con una ganadería de pequeña escala.

CAMPESINOS MIGRANTES

En el campo nicaragüense existe hoy una ruralidad modificada o una acelerada des-ruralización del sector, provocada por la falta de oportunidades. Para sobrevivir, la población rural más pobre ha ido buscando otras vías de sobrevivencia: actividades comerciales, trabajos asalariados, migración... Todo esto se ve ya en zonas de la Nicaragua profunda, en las que tradicionalmente sólo veíamos actividades agropecuarias.

La migración está jugando un papel muy importante para diversificar los ingresos de los sectores rurales más pobres. De hecho, las remesas de quienes emigran están financiando la agricultura. En 2013-2014 la Universidad Libre de Bruselas realizó 50 estudios de casos en León, Nandaime, El Viejo, Estelí, Bocay y Pantasma, comprobando que la mayoría de las personas entrevistadas dedicadas a la agricultura también eran migrantes y la migración era su más importante fuente de ingresos.

Existen zonas, como La Chipopa en Nandaime, una antigua cooperativa agrícola, donde la mayoría de los hombres se van a Costa Rica de noviembre a marzo y regresan a Nicaragua para las siembras de primera y postrera, dejando a las mujeres al frente de la familia durante meses. Estos migrantes no envían las remesas por el sistema formal, sino con amigos y conocidos. El dinero ahorrado en Costa Rica se invierte en agricultura. También les sirve para pagar créditos informales.

CAMPESINAS EN EL PEQUEÑO COMERCIO

El cambio climático llegó ya a Nicaragua para quedarse. Y ha movido a la población rural pobre a incursionar en cultivos más resistentes, como la flor de Jamaica y la chía, y a dedicarse a actividades inusuales que rompen con el paradigma campesinista, que coloca la agricultura en la base de la economía campesina.

En los 50 estudios de casos realizados por la Universidad Libre de Bruselas se identificaron actividades comerciales de pequeña escala, especialmente en zonas rurales del Pacífico: venta de pan, de nacatamales y de rosquillas, de ropa y de cosméticos… Hay comunidades donde las mujeres intercambian ropa y bisutería con productos agrícolas, las dejan al crédito y cobran durante las cosechas. También encontramos a mujeres y hombres del sector rural más pobre trabajando como obreros agrícolas, como trabajadoras de la maquila y como empleadas domésticas.

Un calvario viven algunos de estos pequeños productores, convertidos hoy en obreros agrícolas y migrantes. Un ejemplo lo tenemos en quienes trabajan en el ingenio azucarero CASUR de Rivas en la época baja y en la temporada alta se van a Costa Rica a trabajar en la caña o en otras plantaciones, y cuando se enferman de los riñones, ni en Costa Rica ni en Nicaragua les dan trabajo ni se quieren responsabilizar por garantizarles salud.

LA DESIGUALDAD EN EL CAMPO

Las enormes brechas de desigualdad que está experimentando Nicaragua con el actual modelo económico son notables en las zonas rurales y entre los pobres rurales. La desigualdad es más profunda en donde hay rubros de exportación como la carne y el azúcar.

En León y Chinandega viven muchos como don José, campesinos pobres sin tierra que siembran maíz y ajonjolí, compitiendo por el alquiler de tierras con el ingenio Pantaleón y el Santa Rosa, empresas que con el afán de expandir la siembra de caña de azúcar ofrecen alquilar a un valor mucho más alto. En la península de Cosigüina encontramos a muchos como don Ramón, campesinos pobres que fueron miembros de cooperativas durante la Revolución, vendieron sus tierras a bajo precio al ingenio Pantaleón y ahora viven a la orilla de los caminos alquilando para sembrar su comida. En el Centro y Norte del país encontramos a ganaderos exportadores que pagan a muchos como don Felipe, para que se internen en la montaña y despalen extensiones de bosque para después entrar ellos y convertir la zona deforestada en pasto para más ganado.

En la zona costera de playas de Rivas los pequeños productores han dejado la agricultura y son asalariados en centros turísticos. Muchos como don Pancho vendieron su propiedad a extranjeros o a empresarios del turismo a un precio irrisorio, de “guate mojado”, y cambiaron sus machetes por rastrillos o herramientas y son hoy jardineros o ayudantes de albañilería. Muchas, como doña Tencha, dejaron de criar cerdos y gallinas, son cocineras y lavanderas y sus hijas sirven de camareras en las nuevas empresas del turismo.

GANADO Y AZÚCAR:
LO QUE PRIVILEGIA EL CRÉDITO

La ganadería y la caña de azúcar son los rubros agrícolas más beneficiados y capitalizados del sector agropecuario, tanto por las exoneraciones de impuestos como por el crédito que reciben.

En el gobierno de Enrique Bolaños (2001-2006) se hicieron grandes inversiones en ganadería y se abrieron las puertas a las exoneraciones. La ganadería fue considerada uno de los “clusters” que atraerían inversiones. Muchos de los programas de crédito privado y estatal se dedicaron a promover centros de acopio, pastos mejorados y transformaciones en el hato ganadero y se abrieron caminos y carreteras para facilitar la salida de la leche y la carne. La ganadería se concibió como un importante motor para el crecimiento del país.

El actual gobierno tiene una visión similar. Empresas extranjeras, como las mexicanas Sukarne y Lala, han llegado al país a crear mataderos y a acopiar leche. Para 2015 el gobierno anunció un plan dirigido a fortalecer y modernizar el sector pecuario con la meta de duplicar al 26% las exportaciones de carne y leche.

Ganadería y caña de azúcar son actividades depredadoras del ambiente. En el país, la ganadería sigue siendo extensiva: se deforestan grandes superficies de bosque para sembrar pastos. Y el monocultivo que promueven los ingenios azucareros utiliza gran cantidad de pesticidas, agota los suelos y compromete la salud de los obreros de la caña. A pesar del daño ambiental, ganadería y caña de azúcar se incrementan sin cesar, están mayoritariamente en manos de grandes empresarios y no contribuyen a la seguridad alimentaria del país.

GRUPOS ECONÓMICOS EN EL SOMOCISMO

En Nicaragua se pueden distinguir tres grandes etapas en los mercados financieros rurales. La primera inicia con la consolidación del modelo agroexportador en los años 50 y se extiende hasta la caída de Somoza en 1979. La segunda es la década de los años 80. La tercera inicia con los ajustes estructurales iniciados en 1990 y ha llegado hasta hoy.

En los años 50 el financiamiento público y el privado promovían las exportaciones (café, algodón, caña de azúcar, tabaco, banano, ganadería). Los bancos privados nacieron con fondos del sector agroexportador. En aquellos años se identificaban tres grupos económicos. Uno giraba alrededor del BANIC (Banco Nicaragüense) y sus principales socios eran algodoneros de la zona de Occidente, que financiaban principalmente el algodón en León y Chinandega. Accionistas del banco eran familias dedicadas a la agroindustria algodonera: Montealegre, Callejas, Reyes Cardenal, Guerrero, Gurdián, Blandón. A mediados de los años 60 el BANIC, uno de los grupos más poderosos del país, se orientó hacia los bienes raíces y la construcción de viviendas. Favoreció su crecimiento el auge que en esos años tuvo la Alianza para el Progreso y la conformación del Mercado Común Centroamericano.

Otro grupo económico giraba en torno al BANAMERICA (Banco de América), que nació en 1952, representando los intereses de sectores de Oriente y del Sur ligados a la ganadería y a la comercialización del azúcar y del ron. Sus fundadores fueron Pellas, Chamorro, Benard, Baltodano, Hollman. Este grupo creció fusionando inversiones en el campo de los seguros, la construcción y la industria. Antes era una entidad bancaria tradicional, que captaba recursos y financiaba actividades agropecuarias. La expansión de este grupo la facilitó el pacto entre Somoza y los conservadores. Otro de los bancos privados importantes de la época fue el Caley Dagnall, que tuvo hegemonía en la producción cafetalera.

El tercer grupo económico era el de la familia Somoza. Tenía inversiones en casi todos los rubros importantes, aunque su fortuna la resguardaban en bancos internacionales. Su patrimonio se estimó en unos 400 millones de dólares. El capital de los Somoza creó sus propias empresas incluyendo un banco, el Banco Centroamericano, aunque en la práctica, Somoza hizo uso del Banco Nacional para hacerse préstamos a sí mismos.

CÓMO SE ASIGNABA EL CRÉDITO RURAL
EN EL SOMOCISMO

El crédito agropecuario lo brindaban la banca privada y el Banco Nacional de Nicaragua (BNN), nacido en 1912. Según algunos de sus antiguos directivos, logró atender a unos 40 mil productores a través de sus 69 agencias, recuperando el 95% del crédito. Brindaba también asistencia técnica.

En 1968 el BID declaró el programa de crédito rural nicaragüense como uno de los mejores en América Latina. El Banco Nacional también fue utilizado por Somoza como herramienta política. Eran famosos los saldos insolutos de los productores algodoneros y los medios con los que Somoza lograba votos con refinanciamientos en tiempos de crisis.

En 1975 se hicieron cambios en la política crediticia para incorporar a los segmentos más pobres del campesinado. Se creó el Instituto de Bienestar Campesino denominado INVIERNO, que introdujo cambios en los programas de crédito rural. Existían sedes del programa en diferentes puntos del país. Además del personal administrativo, contaba con agrónomos y sociólogos. El crédito se concebía para llegar directamente a la comunidad y existía seguimiento y capacitación. Se crearon tiendas campesinas, se promovían alianzas con instituciones estatales para reparar caminos y a los productores se les entregaban semillas. El crédito se entregaba bajo una línea de crédito durante cinco años y los productores hacían uso de la línea durante las cosechas.

El instituto INVIERNO financió entre 5 mil y 8 mil familias y unas 16,395 manzanas de maíz y frijol. En documentos del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) se la consideró una experiencia exitosa en comparación con otras de América Latina. En 1976 la producción de frijol ocupaba entre el 50 y el 60% del área cultivada del país y sólo recibía el 10% del crédito institucional, que beneficiaba apenas a un 10-15% de las familias campesinas. La inmensa mayoría de pequeños y medianos productores agropecuarios quedaban fuera del crédito institucional. Algunos de los recursos del instituto INVIERNO fueron desviados a otros sectores de la economía y en 1978, de los 27 millones de córdobas que le entregó la AID, 22 habían sido desviados hacia la banca privada, a la que tenían acceso los grandes empresarios.

Los hacendados con acceso a crédito formal establecían relaciones desiguales de mediaría con sus mozos y con campesinos con tierra: les alquilaban tierras a cambio de que les entregaran buena parte de la cosecha. También les hacían préstamos personales a tasas de interés altas. Existían también colonatos o préstamos de tierra a cambio de beneficios personales. Todo esto encarecía el costo del crédito para el sector rural pobre.

EL CRÉDITO DURANTE LA REVOLUCIÓN

En la década de la Revolución, el gobierno sandinista cambió el nombre al Banco Nacional y lo llamó Banco Nacional de Desarrollo (BANADES). Masificó la experiencia del crédito rural y los programas de asistencia técnica. Los recursos los intermediaban las cooperativas de ahorro y crédito y las empresas de lo que se llamó APP (Área Propiedad del Pueblo). Con los créditos que recibían pequeños y medianos productores la producción de granos básicos experimentó en 1981 un incremento respecto a los dos años previos: 29% el maíz y 51% el frijol. El BANADES llegó a tener 80 mil clientes en el sector agropecuario.

Fueron años de reforma agraria, de intervención estatal y de un cambio en la cultura de pago de las poblaciones rurales. Las irreales tasas de interés eran un incentivo para el endeudamiento. Para elevar la producción, las tasas de interés nominales para préstamos a los sectores agrícolas y agroindustriales se mantuvieron entre el 8% y el 22% entre 1980 y 1985. Las tasas para préstamos a largo plazo eran inferiores a las de corto plazo para estimular la inversión agrícola, pero la inflación pasó de un 35% en 1980 a un 334% en 1985.

Desde 1983 el Banco Central admitió que las tasas de interés activas eran negativas y que un préstamo hecho en enero de 1984 padecería una depreciación en términos reales de más del 50% en diciembre de ese mismo año. En estas condiciones, la inexistencia de una indexación del dólar a los montos prestados en córdobas derivaba en que un crédito para comprar un tractor se pagaba años después con un valor en dólares apenas suficiente para comprar un cerdo.

Por mandato constitucional, la banca pública fue extremadamente generosa en la concesión de crédito a los sectores productivos. “La producción física es más importante que el dinero”, decían los funcionarios estatales. Y como el objetivo era levantar la producción, se hacía caso omiso de las conclusiones y sugerencias de los analistas de crédito. Así, los productores cayeron en el círculo vicioso del endeudamiento.

En 1985, agudizado el conflicto militar y deteriorada gravemente la economía, el crédito público se convirtió en un subsidio para evitar el colapso. En cada aniversario de la Revolución se anunciaba una nueva condonación. Esto terminó de socavar por completo el sistema financiero y la cultura crediticia.

¿Logró la Revolución democratizar el crédito agropecuario? Varios autores señalan que también en esta etapa el crédito estuvo concentrado en las grandes empresas privadas y estatales, que recibían el 65% del total del crédito. Otros señalan que a nivel local los sectores más acomodados y con mayor influencia política fueron los que más crédito captaron y los que menos pagaron y que estos sectores aprovecharon más que los campesinos pobres los subsidios otorgados por el gobierno a través del crédito.

LOS CAMBIOS DE LOS AÑOS 90

En 1990, con el fin de la Revolución, terminó el monopolio del Estado sobre las actividades financieras. Eso alteró una vez más la política de crédito. La banca privada reapareció en 1991 y ese año se creó la Superintendencia de Bancos (SIBOIF), como instancia estatal reguladora y supervisora de las actividades de los bancos comerciales, tanto estatales como privados.

A final del gobierno de Violeta de Chamorro, se cerró el BANADES. Se menciona que sus principales directivos, entre ellos el Ministro de Agricultura, Roberto Rondón, lo quebraron, y que el Ministro utilizó fondos del banco para financiar sus empresas agropecuarias ubicadas en el centro del país. Nunca salió la lista de los principales morosos del BANADES, institución que dejó en el abandono a muchos productores rurales. De los 80 mil productores que atendía en 1990 tenía menos de 7 mil en 1997, cuando se cerró definitivamente.

El gobierno liberal apostó a su “reencarnación”, lo que no le pareció bien a la banca multilateral, que conocía la crisis previa. Para sustituirlo nació el Fondo de Crédito Rural, con recursos y cobertura muy limitados. El Fondo se mantuvo así durante el gobierno de Enrique Bolaños.

La llegada al gobierno de Arnoldo Alemán en 1997 fue pródiga en promesas de recursos al agro. Entre otras muchas, estuvieron las de financiar la siembra de maíz y frijoles a más de 34 mil familias; el Programa de Certificados Agropecuarios (Certiagro) de Bancentro, y el compromiso de que la banca privada dirigiría 900 millones de córdobas en créditos al sector agropecuario. Todo esto, sin contar la promesa mayor, el eje de la campaña electoral de Alemán: convertir de nuevo a Nicaragua en “el granero de Centroamérica”.

1990: NACEN LAS MICROFINANCIERAS

En 1990 nació en Nicaragua una nueva alternativa de créditos, las microfinancieras, basadas en experiencias exitosas que ya existían en varios países latinoamericanos, entre ellos Bolivia y Perú, que replicaban la experiencia del Grameen Bank de Bangladesh.

El objetivo era capitalizar a las microempresas urbanas y rurales para incluir a los tradicionalmente excluidos del sistema financiero formal. Entre sus innovaciones estaba, por ejemplo, el crédito grupal, que reconoce que los pobres rurales no tienen garantías y la que se les pide para recibir un crédito es la solidaridad del grupo. Algunas de las microfinancieras fueron innovadoras: desarrollaron bancos comunitarios con ahorros, otorgaron créditos medioambientales para el sector ganadero y priorizaron la inclusión de mujeres rurales.

En la actualidad existen en Nicaragua 24 microfinancieras afiliadas a la Asociación de Microfinanzas (ASOMIF), reguladas por la Comisión Nacional de Micro finanzas (CONAMI), mientras que en el sector privado existen 11 bancos y financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos y Financieras (SIBOIF).

HOY SE REPITE LA HISTORIA

Con distintos paradigmas, hoy la historia parece repetirse. Las estadísticas lo demuestran.

A finales de 2007, ya de nuevo en el gobierno el FSLN, de los 2,183.1 millones de dólares que tenían los bancos del sistema financiero nacional (SFN), sólo el 13.6% se invertía en el sector agropecuario, concentrando esta cartera en productos de exportación: caña de azúcar, maní, ganadería… Y de los 218.7 millones de la cartera de las microfinancieras, el 47.5% se invertía en el sector agropecuario, dedicándose sólo el 13.3% de ese porcentaje al crédito agrícola. Para esas fechas, quienes estaban cubriendo la demanda del sector agropecuario eran las microfinancieras, aunque dedicadas principalmente a la ganadería. Tenían 74,576 clientes agropecuarios. De ellos, menos de la mitad, 28,959 eran clientes agrícolas.

Siete años después, al finalizar 2014, la situación había empeorado. La banca formal había disminuido en un 3.6% su apoyo al sector agropecuario. Y también lo habían reducido las microfinancieras: sólo le destinaban el 27.3% de su cartera, lo que equivale a casi 12 millones de dólares menos. También hubo una reducción de la clientela agropecuaria, que pasó a 56,998 clientes. De ellos 23 mil eran agrícolas, pero con una cartera superior, lo que significa que estaban atendiendo a clientes agrícolas más capitalizados: a cafetaleros y plataneros, no a maiceros y frijoleros.

Tres meses después, en marzo de 2015 se mantenían estas tendencias. La cartera comercial, tanto la de los bancos como la de las microfinancieras, había aumentado en un 12%, señal de que el crédito se estaba trasladando a los centros urbanos. Y los bancos seguían siendo los grandes ausentes en el crédito al sector agropecuario, a pesar de la liquidez con que cuentan, incrementada casi en un 70% respecto a la cantidad de la que disponían en 2007.

EL CRÉDITO CARO DE LAS MICROFINANCIERAS

En el congreso sobre microfinanzas realizado en 2015, el asesor del Presidente Ortega para temas económicos, Bayardo Arce, mencionó que el crédito que dan las microfinancieras sigue siendo caro, volviendo a un debate de nunca acabar y sabiendo que al productor rural le sale mucho más caro no tener acceso a crédito.

Una microfinanciera puede cobrar tasas de interés anual del 30%, hasta del 36%. Entre el 14% y el 20% de lo que ingresa por tasas se les va en gastos operativos: condiciones para tramitar el crédito, oficinas, personal, movilización y pago del crédito. Porque las microfinancieras son intermediarias financieras: reciben préstamos para ofrecer préstamos y ese costo es de un 8-10%. En los centros urbanos los bancos cobran mucho menos: tienen tasas de entre 10% y 14% o aún menores, ya que los clientes están en lugares accesibles con mayor oferta de crédito y trabajan con su propio capital.

Los imprevistos y adversidades con los que conviven los productores rurales -sequías, inundaciones, plagas, costo de insumos, malos caminos…- acrecientan el riesgo de no recuperar el crédito y potencian el miedo a colocar créditos en ese sector.

Otro obstáculo para que los bancos no entren al sector rural son las normas de la SIBOIF, una institución pensada con lógica urbana y con la lógica de la banca internacional, que no se adapta a las necesidades específicas que tiene el crédito rural. El gran sector privado del país, al que parece no importarle invertir en actividades importantes para Nicaragua, le deja la tarea de apoyar a los productores rurales a las microfinancieras, que se exponen al riesgo, aunque trabajando con tasas mucho más altas.

LOS “NO PAGO” Y EL RECELO DE ORTEGA

Aunque las microfinancieras han demostrado que los pobres rurales pagan y que el sector rural es rentable, el surgimiento del “movimiento de los No Pago” en 2008 revivió en Nicaragua la cultura del no pago, otro obstáculo para que el crédito al sector rural se mire con ojos nada amigables.

Este movimiento fue alentado por el Presidente Daniel Ortega, quien imprudentemente convocó a los clientes de las microfinancieras a manifestarse ante sus oficinas amenazando con no pagar. Las microfinancieras vieron afectada su cartera -algunas nunca lograron recuperarse- y desde entonces todas miran con recelo a los productores manipulables políticamente.

Los “No Pago” afectaron a las microfinancieras y al país y deterioraron la imagen de buena paga del sector rural pobre, siendo así que quienes lideraron ese movimiento fueron medianos productores del Centro y de Las Segovias, que se habían sobre-endeudado y, que al regresar Ortega al gobierno, reavivaron sus expectativas de condonaciones de deudas a las que les había habituado el extinto BANADES en los años 80.

Otra de las hipótesis sobre las causas del surgimiento del movimiento “No Pago” es que el gobierno de Ortega vio con recelo a las microfinancieras, un amplio movimiento con muchos clientes y con muchos recursos, no dependiente ni política ni económicamente, del gobierno. El extenso e independiente tendido de las microfinancieras fue visto por Daniel Ortega como un obstáculo para su proyecto de clientelismo rural.

LOS PROGRAMAS RURALES
DEL ACTUAL GOBIERNO

¿Qué ha hecho el gobierno actual, que mantiene un discurso “cristiano, socialista y solidario” en relación al crédito rural?

Para atender al sector rural, entrega desde 2007 a mujeres rurales que tengan parcela propia el Bono Productivo Alimentario dentro del programa Hambre Cero. Desde 2011 inauguró el programa CRISOL (Cristiano Socialista Solidario) para pequeños productores de diferentes rubros. Y desde 2010 mantiene abierto el Banco Produzcamos, hoy en fase de privatizar el 60% de sus activos. Estas iniciativas no han logrado cubrir la demanda del sector: en el año 2012 sólo el 10% de los pobres rurales tenían acceso al crédito.

El Banco Produzcamos, fundado por el gobierno en 2010, absorbiendo el Fondo de Crédito Rural y otros programas rurales implementados por los gobiernos de Alemán y de Bolaños, se creó para atender a los pequeños y medianos productores rurales, pero ha venido colocando su cartera en los sectores más capitalizados del campo.

En 2014, y según la poca información que aparece en su página web, colocó 44 millones de dólares en el sector agropecuario. De ellos, y a través del programa CRISOL, 6.9 millones para siembra de frijol, rubro que está casi totalmente en manos de pequeños productores. Eso indica que el 74% de la cartera crediticia del Produzcamos se destina a los sectores más capitalizados del sector rural, lo que se deduce desde los requisitos que el banco solicita para otorgar crédito -garantías prendarias e hipotecarias-, que excluyen a los más pobres, que no cuentan con tierras ni con garantías reales. Hoy, las microfinancieras dan más crédito al sector rural que el Banco Produzcamos.

EL PROGRAMA CRISOL

En 2011 el gobierno inició el programa CRISOL para atender a pequeños productores rurales de diferentes rubros.

Desde entonces, los productores pobres que recibieron crédito a través de este programa, que depende del ahora en prolongada reestructuración Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), son incentivados a sembrar frijol negro en vez de frijol rojo y a vender su producción a los centros de acopio estatales para exportarlo a Venezuela. Nicaragua paga con productos el petróleo que llega de Caracas. Si bien es cierto que el frijol negro es más nutritivo, es resistente a la sequía y es de mayor productividad, no es muy aceptado en la dieta de los nicaragüenses.

En 2013, el programa CRISOL dijo haber atendido a 50 mil pequeños productores. En 2014 dijo que habían sido 30 mil. Y en 2015 habló de 26 mil. Los clientes parecen disminuir a medida que los años pasan. La realidad es que el programa, aunque brinda un crédito barato, deja metas sin cumplir, tal como han indicado algunos informes, pues no cuenta con suficiente capacidad de ejecución, aunque abunda en discursos, como sucede con el Bono Productivo Alimentario del programa insignia Hambre Cero.

El crédito que brinda CRISOL es también un anzuelo político, por lo que las posibilidades de recuperación son de un 50%. Esto fomenta la cultura del no pago y no contribuye a una cartera sólida, mucho menos al desarrollo, porque abona a la idea de “comemos hoy aunque tengamos hambre mañana”… Y esto, naturalmente, está incidiendo en la reducción de los créditos.

PARA QUE LAS COSAS CAMBIEN

Según datos del Censo Nacional Agropecuario de 2012, el 14.73% de la población de zonas rurales manifestó haber recibido crédito en algún momento de aquel año. Entre la población dedicada a la ganadería, sólo el 12% lo recibió. Entre la dedicada a la agricultura, sólo el 10.74%. Esto significa que sólo unos 38,680 de los 360 mil hombres y mujeres que hacen producir la tierra, y que son invisibles en estadísticas y censos al no ser dueños de tierras, recibió algún crédito.

Según cifras del gobierno y de las microfinancieras, en 2014 el número de beneficiados con crédito aumentó: fueron 53 mil los productores atendidos. Pero, dada la escasa y poco confiable información que brinda CRISOL, y la inclusión en el programa de productores de café y de plátano -sectores más capitalizados-, podemos afirmar que son unos 35 mil los productores que atienden el gobierno y las microfinancieras. Es una cifra dramática. Y es un reto: apenas un 9.7% de la población rural pobre de nuestro país accede al crédito. Modificar esa cifra es crucial para que las cosas cambien en Nicaragua.

Nicaragua necesita una banca para el desarrollo rural que sea inclusiva. Necesita que la banca privada atienda al sector rural en sus diferentes actividades. La población rural necesita créditos innovadores de las microfinancieras: crédito grupal, créditos ambientales y créditos para compra de tierra. Necesita asistencia técnica para adaptarse al cambio climático, educación financiera y seguimiento a sus inversiones. Y también necesita que el sector rural sea visto como un potencial fundamental para el desarrollo y no sólo como clientela política, tal como ha sido visto históricamente.

SOCIÓLOGA, ESPECIALISTA EN DESARROLLO RURAL Y MICROFINANZAS.

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