Nicaragua

“El Canal pone en riesgo nuestra capacidad de adaptación al cambio climático”

Víctor M. Campos Cubas, ingeniero y subdirector del Centro Humboldt, compartió reflexiones sobre los efectos del cambio climático en Nicaragua y sobre las negociaciones climáticas globales, en una charla con Envío que transcribimos.

Victor M. Campos Cubas

El calentamiento global es el aumento de la temperatura media del clima de la Tierra. Ese cambio climático es provocado por las emisiones de dióxido de carbono (CO2), los llamados gases de efecto invernadero, que proceden de la quema de combustibles, de la deforestación, de un conjunto de actividades humanas. El cambio climático es un tema cada vez más actual y preocupante y a estas alturas ya todos tenemos alguna percepción de lo que es, de lo que está pasando.

Recientemente, en su quinto informe, y por fin, el Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) -que no hace investigaciones propias, sino que recopila los estudios de científicos independientes de todo el mundo- afirmó con claridad, categóricamente, que el cambio climático es resultado de las actividades humanas. Voces vinculadas a las corporaciones y a la ideología mercantil negaron durante mucho tiempo que el calentamiento global fuera resultado de los gases que llegan a la atmósfera por el desarrollo intensivo de actividades humanas cada vez más contaminantes y depredadoras. A estas alturas ya no quedan dudas.

El secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon afirma: “El cambio climático es el problema geopolítico y económico más importante del siglo 21. Es un problema que reescribe la ecuación mundial del desarrollo, la paz y la seguridad”. Son palabras que reflejan la trascendencia de este fenómeno al que se enfrenta hoy la Humanidad.

El cambio climático es un problema global. Los gases de efecto invernadero tienen la propiedad de que se distribuyen de manera homogénea sobre todo el planeta, cubren totalmente la atmósfera de la Tierra, no respetan fronteras. Es un problema global, y también es regional, es nacional y es local. Afecta a todo el planeta, a todos los países, a todos los rincones de la Tierra. Es un problema de Centroamérica y también de Nicaragua. En el mapa sobre índice de riesgos por el cambio climático, elaborado por GermanWatch, que cubre el período 1991–2010, tres países centroamericanos, Honduras, Nicaragua y Guatemala, junto a Haití, estamos en los diez primeros lugares de países más vulnerables a los efectos del cambio climático. En los últimos dos mapas elaborados por este observatorio, tomando en cuenta la cantidad de eventos climáticos que han sufrido los países y la cantidad de gente damnificada por esos eventos, seguimos estando desafortunadamente en los primeros lugares.

Los principales efectos del cambio climático se manifiestan en un exceso o en una escasez de agua. Se aprecia, en general, que se prolonga la estación seca, que hay más calor y menos lluvias. Y a la vez, hay más inundaciones y huracanes más potentes. El 86% de los eventos registrados por el cambio climático, los más recurrentes, son inundaciones, tormentas, deslizamientos y aluviones, seguidos por sequías.

El cambio climático ha modificado el patrón de los ciclones tropicales. Los huracanes del Caribe tienden a desplazarse hacia el norte. Y aunque no ha habido un incremento en la frecuencia de huracanes, sí en su intensidad. Según algunos científicos, la intensidad máxima que alcanzó el huracán Mitch sobre Centroamérica en 1998 fue una consecuencia del cambio climático. De todas formas, es difícil atribuir exclusivamente al cambio climático un fenómeno específico.

Porque antes del cambio climático siempre existieron expresiones de variabilidad climática. La corriente de El Niño, en las costas del Pacífico, siempre ha existido. Lo que puede estar sucediendo es que el cambio climático influya para que El Niño tenga una frecuencia y una duración mayor, provocando períodos secos más prolongados.

El cambio climático tiene efectos perjudiciales en la salud humana, al incrementar las enfermedades relacionadas con el agua y al aumentar el número de ciertos vectores transmisores de enfermedades. La variación del clima ya ha ampliado, por ejemplo, la zona de Nicaragua en donde se encuentra la leishmaniasis o lepra de montaña. El aumento de la temperatura por el calentamiento del clima dispara otras enfermedades: cáncer de piel, aumento de problemas cardiovasculares, problemas de insuficiencia renal por menor hidratación… Y si el cambio climático afecta a la especie humana, también afecta a otras especies, a la flora y a la fauna. Sus efectos sobre la biodiversidad son especialmente dramáticos.

La variabilidad del clima y el cambio climático influye también en los cultivos. En el Centro Humboldt hicimos un estudio para proyectar cómo sería la cosecha de nuestra comida básica, el gallopinto y la tortilla (frijoles, maíz
y arroz) en el año 2050 y podemos prever que habrá reducciones importantes de las condiciones necesarias para que se desarrollen los cultivos de estos tres alimentos básicos, porque el cambio climático altera no sólo la temperatura, sino las temporadas de lluvia y los suelos. Zonas que hoy son de alta producción de maíz es posible que ya no lo sean en unos pocos años. Los cafetaleros están ya buscando zonas más altas para producir el café o buscando cultivos sustitutos como el cacao para compensar los problemas que con el cambio de clima está enfrentando la producción de café.

A los ambientalistas nos acusan siempre de exagerar las cosas. Según una serie de estudios que hemos hecho, y enviado al gobierno, sobre los posibles efectos del cambio climático en Nicaragua, combinando la temperatura y las precipitaciones, y no empleando la situación más desfavorable, sino la del escenario moderado para hacerlo creíble, tenemos datos que deberían preocuparnos. Según las proyecciones de esos estudios, en el año 2050 habrá en Nicaragua un incremento promedio de 1.6 grados centígrados de temperatura y una reducción promedio de las lluvias de 800 milímetro. Son cifras promedio, habrá zonas de Nicaragua donde la temperatura será aún más alta y las lluvias se reducirán aún más y viceversa. Pero ésa es la tendencia que lleva nuestro país.

Comparamos también el mapa actual de zonas de riesgo climático en Nicaragua y proyectamos el escenario para el año 2050 y encontramos que si hoy existen en Nicaragua 94 municipios del país en alto riesgo, en el año 2050 serán ya 139, de los 153 municipios que tiene el país, los que estarán en condición de alto riesgo. Y si hoy el 88% de la superficie nacional tiene alto riesgo, en el año 2050 ya será el 97%. Y si hoy el 45% de la población nicaragüense vive en zonas de alto riesgo (unos 2 millones 300 mil personas), en el año 2050 será ya el 87% de la población (unos 6 millones y medio de personas).

Siendo de tanta importancia la disponibilidad de agua segura, de agua potable para enfrentar el cambio climático, también estudiamos la disponibilidad de agua según las condiciones de pobreza de los municipios. Si hoy en 96 municipios de nuestro país hay una disponibilidad mala o regular de agua, en el escenario del año 2050 serán 118 los municipios que tendrán ese problema. Si hoy el 85% de la superficie nacional tiene una disponibilidad regular o mala de agua segura, en el año 2050 ese porcentaje crecerá al 91% del territorio. Y si hoy el 46% de la población accede de forma mala o regular a agua segura, en el año 2050 será ya el 95% de la población el que enfrente ese problema. Estudiamos también la disponibilidad de agua segura de la gente que vive en zonas de riesgo. Aquí las cifras son alarmantes. Si actualmente hay 116 municipios en riesgo climático con dificultades para acceder a agua, en el año 2050 ya serán 145 municipios. Y si hoy esos municipios con problemas representan el 64.6% del territorio, en 2050 será al 93.6% de los municipios al que le tocará enfrentar un problema tan grave.

¿Qué hacer ante estas perspectivas? En la jerga de cambio climático se habla de respuestas de “mitigación” y de “adaptación”. Mitigar es impedir que el calentamiento se siga incrementando. Se logra mitigar reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero. Las emisiones de gases de efecto invernadero de la región centroamericana en su conjunto representan un 0.7% de las emisiones totales globales. Las de Nicaragua son aún más insignificantes. Por eso, en Centroamérica y en Nicaragua, a estas alturas del problema global, lo que nos queda es buscar cómo adaptarnos, porque aunque dejáramos de emitir gases de efecto invernadero, eso no tendría ninguna repercusión significativa desde el punto de vista global.

En esta situación hay que afirmar con claridad que el Canal Interoceánico, de construirse, acentuará los efectos del cambio climático en nuestro país porque va a modificar drásticamente el recurso agua, que es nuestra garantía de que podamos adaptarnos al cambio climático. El Canal va a desestabilizar la cuenca hidrográfica más importante de Nicaragua, la Cuenca 69, integrada por el lago Xolotlán, el lago Cocibolca y el río San Juan. En torno a esa cuenca vive el 50% de la población nicaragüense. Esta cuenca es considerada la columna vertebral de los procesos de adaptación del país al cambio climático. El Canal dará un golpe certero a esa columna vertebral al deteriorar nuestra principal fuente de agua potabilizable, no sólo para Nicaragua, para toda la región.

Repasemos ahora el proceso global de negociaciones en torno al cambio climático, que ha durado ya varios años. En diciembre de 2014, en Lima, Perú, iremos a la COP 20, a la reunión número 20 de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La Conferencia cuenta con 195 países miembros, a los que se llama “partes”. Son ya veinte años tratando de llegar entre todos los países a un acuerdo que pueda poner freno al cambio climático, sin que hasta ahora, y lamentablemente, la especie humana escuche los criterios científicos y decida lograr mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, que es lo que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático estima necesario conseguir para mantener la vida en el planeta en las condiciones en que la conocemos.

El cambio climático empezó a percibirse como un problema en los años 70 y 80. En 1992, como uno de los resultados de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, nació la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el objetivo de “estabilizar los gases de efecto invernadero en la atmósfera” y así impedir el avance del calentamiento global. Lo que incrementa el calentamiento global es que lleguen a la atmósfera más gases de efecto invernadero. Reducir esos gases ayudaría a estabilizarlos y es lo que podría evitar que siga incrementándose el calentamiento global. Pero la Convención Marco de la ONU nació sin elementos de carácter vinculante que obliguen a los países a cumplir reduciendo las emisiones.

Ante el avance del cambio climático y después de muchas negociaciones, se llegó a establecer, como parte de la Convención, un mecanismo, el Protocolo de Kyoto, que establecía obligaciones con carácter vinculante para la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero. Pero la propuesta era reducir el 5.8% de las emisiones, cuando el criterio científico habla de una reducción del 40% para que resulte significativa.

En el Protocolo se establecieron también “mecanismos de flexibilidad”. Uno fue dividir a los países en “países Anexo 1” y “países No-Anexo 1”. Los Anexo 1 son los países industrializados, los que ponen más gases de efecto invernadero en la atmósfera y, por tanto, los que adquirían la obligación de reducir sus emisiones. Los No-Anexo 1 no tenían esa obligación. Esta clasificación corresponde a la situación mundial en los años 90, porque, por ejemplo, países como China no quedaron en el grupo Anexo 1. Se esperaba que las emisiones de China superaran las de Estados Unidos alrededor del año 2050 ó 2060 y ya en 2012 China superó las emisiones de Estados Unidos. Sin embargo, China se sigue manteniendo entre los países No-Anexo 1.

Tal vez la piedra angular de las negociaciones climáticas es el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas según las las capacidades nacionales. Eso significa que todos tenemos responsabilidades ante el problema del cambio climático, pero en grados distintos, y que cada país debe responder en base a sus capacidades. Finalmente, lo que ocurrió es que el único instrumento vinculante para conseguir la reducción de emisiones fue el Protocolo de Kyoto y ante la negativa de importantes países emisores de no ratificarlo no tuvo los efectos esperados y se magnificó el uso de los “mecanismos de flexibilidad”.

¿Qué son los mecanismos de flexibilidad? Sabemos, por ejemplo, que la quema de bosques para dar otro uso a los suelos representa un 15–17% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y sabemos que los árboles fijan carbono, que algunas actividades fijan también carbono o que hay actividades que dejan de emitir carbono a la atmósfera cuando se sustituye una tecnología contaminante por una que no lo es. ¿Qué pasó con los mecanismos de flexibilidad? Que los países Anexo 1 se libraron de la obligación de reducir gases pagando a países No-Anexo 1, que están normalmente en el Sur del planeta, si ellos eran los que reducían las emisiones. Les entregaban certificados por fijación de carbono por la conservación de bosques o por otras medidas de fijación de carbono. Lo que sucede es que, actuando así, los Anexo 1 lograban cumplir las metas de reducción comprando Certificados de Reducción de Emisiones generados en los Países en Desarrollo (PED) y Menos Desarrollados (LDC, por sus siglas en inglés). Ante todo esto, una de las demandas principales en el proceso de negociación climática global es que las reducciones de los países Anexo 1 se lleven a cabo en sus propios territorios y que no sean sustituidas por fijación de carbono extraterritorial en países No-Anexo 1.

En el año 2007 se hizo un alto en el camino en el proceso de negociaciones porque no se lograban reducciones significativas que respondieran a los informes científicos. Ese momento se conoció como la Hoja de Ruta de Bali. Se propuso entonces que en 2009 en Copenhague se estableciera un nuevo acuerdo global sobre el clima. La expectativa que se creó fue enorme. El nuevo acuerdo debía ser firmado en la COP 15 en Copenhague, pero todo culminó en una tremenda frustración.

Hay que tener en cuenta que estas negociaciones se dan en un marco multilateral, donde en teoría todos los países tienen un voto y el mismo peso a la hora de decidir, pero ya sabemos que eso nunca es así. Porque hay países con un peso específico económico muy grande, que manejan intereses y esferas de influencia de distintas maneras. Y digo “de distintas maneras”, porque está, por ejemplo, el bloque en que están Estados Unidos, Australia y otros, y está el bloque de las economías emergentes, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) y está el bloque G77+China, que es el más numeroso por los países que lo integran. Esta gran diversidad de intereses y la compleja burocracia de Naciones Unidas ha convertido las negociaciones climáticas en una torre de Babel en la que los países más poderosos económicamente logran mantener siempre a salvo sus intereses. Siendo 195 las “partes”, los países que integran la Convención, la mayoría países pobres, y teniendo cada país un voto, es inconcebible que todavía no se haya llegado a un acuerdo cuando se supondría que los países pobres se mantendrían unidos y tomarían la sartén por el mango para decidir.

Copenhague fue un fracaso porque un grupo de países, entre ellos Estados Unidos, circularon por debajo de la mesa un supuesto acuerdo, que no era tal y al filo de las 2 y media de la madrugada del último día trataron de pasarlo como propuesta de resolución de acuerdo, pero sin capacidad de réplica, porque le dieron media hora a las delegaciones para que fueran a leerlo y regresaran. Al final, lo que salió fue una posposición de los compromisos que se suponía debían de salir de Copenhague.

Ha sido una rutina en las negociaciones transferir las decisiones importantes para más adelante. Después de la frustración de Copenhague vino Cancún, donde se quiso restablecer un ambiente adecuado para las negociaciones. En la COP 17 en Durban (Sudáfrica) se estableció que en la COP 21 de 2015 en París se debe de aprobar el Nuevo Acuerdo Global sobre el Clima y que el borrador de ese acuerdo debe de estar listo en la COP 20 en Lima.

Ese nuevo acuerdo que surja en París durante la COP 21 debe de entrar en vigencia en el 2020. Sin embargo, queda todavía un largo camino por recorrer. Se debe acordar, por ejemplo, la figura legal que se va a usar: si un convenio, un acuerdo o un protocolo. Son bastantes las cosas pendientes para lograr un avance real. Y en la última reunión inter-sesional, que se realizó en Bonn en noviembre, hubo muy pocas señales que nos permitan ser optimistas ante lo que va a ocurrir en Lima. Ojalá nos equivoquemos.

¿Qué papel han jugado los movimientos sociales en la negociación climática? Más de 100 mil activistas de todo el mundo llegaron a Copenhague en 2009 y la ciudad colapsó en aquellos días. Sin embargo, no bastó aquel activismo para cambiar el rumbo de las negociaciones y evitar el fracaso. Después el debate se trasladó a nuestro patio, a Cancún. Pensamos que habría una gran presencia de los movimientos sociales y que América Latina tendría una voz vigorosa de nuestra sociedad civil, pero llegamos totalmente fragmentados y no hubo la participación que esperábamos.

La otra movilización significativa fue la del 23 de septiembre de 2014 en Nueva York, en vísperas de celebrar la Asamblea General de Naciones Unidas. El propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, convocó a mandatarios de todo el mundo a una Cumbre sobre el cambio climático, con el objeto de adelantar arreglos políticos y compromisos que viabilicen el logro del borrador de acuerdo en la COP 20 en Lima y evitar un nuevo fracaso, como el que ocurrió en Copenhague Pero en Nueva York se obtuvieron realmente avances discretos y algunos de los principales líderes de los países emisores no se presentaron a la Cumbre. Lo que sí hubo fue una manifestación de más de 100 mil personas reclamando que la Humanidad tome en serio el cambio climático.

¿Cómo participa Centroamérica en estas negociaciones? Previo a cada una de las reuniones para la negociación climática hay una reunión de Presidentes de la región, en donde escuchamos declaraciones muy lindas, con ideas muy bien formuladas, que firmaríamos sin dudar. Pero cada vez que llegan las negociaciones climáticas, la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) lee el documento en la primera plenaria y después cada país va por su lado, sin ponerse de acuerdo en una posición común. Ésa ha sido y ésa es la tónica de Centroamérica en las negociaciones de cambio climático. Los pueblos centroamericanos no sabemos qué es lo que nuestros gobiernos están negociando y cuáles son las posiciones de nuestros gobiernos en esas negociaciones en las que nos están representando.

Realmente, poco puede hacer Centroamérica en acciones de mitigación. Y esto no debe verse como una justificación para disminuir la preocupación por nuestra contribución a disminuir las emisiones que causan el calentamiento global. Desde la perspectiva de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, si Centroamérica dejara de emitir totalmente este tipo de gases, sería muy poca la contribución. Prácticamente no cambiaría la situación planetaria. Y aunque eso es lo que nos dice la realidad de los números globales, hay que seguir siendo consecuentes con todas las medidas de ahorro.

A pesar de que nuestra responsabilidad como región en el calentamiento global es poco significativa, Centroamérica es una de las regiones del mundo más vulnerables y de mayor riesgo ante el cambio climático. Sin embargo, no es reconocida como región altamente vulnerable en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Ésa es una de las pocas cosas en la que coincidimos con nuestros gobiernos: deberíamos de buscar ese reconocimiento por dos razones importantes. Una, porque si algún día llega a haber recursos en el Fondo Verde para enfrentar el cambio climático tendríamos una posición más ventajosa para atraerlos. Y más importante aún, porque eso generaría conciencia de que vivimos en una región de alto riesgo, realidad que nos pasa desapercibida la mayor parte del tiempo. Ser conscientes de la situación de riesgo en que vivimos nos permitiría dedicarle más atención al tema.

El estudio “La economía del cambio climático en Centroamérica”, elaborado por la CEPAL en 2012, indica que el costo acumulado al año 2011 por los efectos del cambio climático en la región centroamericana se calcula entre 44 mil y 73 mil millones de dólares, una cantidad relevante que es equivalente al 32–54% del PIB regional. Solamente una onda tropical, la número 11 del año 2011, dejó en la región 2 mil millones de dólares en pérdidas, cientos de muertos y miles de gentes afectadas.

En las negociaciones climáticas globales Nicaragua está asociada al bloque ALBA, donde el equipo negociador de Bolivia es muy fuerte. Compartimos con ellos muchos aspectos, incluido uno que es muy polémico en estos momentos: las obligaciones que las economías emergentes tienen de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y digo polémico, porque mantener hoy el esquema de cuando se estableció el Anexo 1 y dejar con poca o ninguna responsabilidad a esas economías, que tienen capacidad indiscutible de reducir sus emisiones y tienen también los recursos económicos para lograrlo, no es justo. Ése es hoy un punto medular en las negociaciones. China y Estados Unidos acaban de firmar en noviembre de 2014 un acuerdo que, aunque se consideró un avance, tuvo un nivel de ambición extremadamente bajo, muy lejos de lo que se necesita para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados.

Hay quienes ven con preocupación que China se escude en el G77, grupo de países que mantiene la posición de mantener vigente el esquema superado de países Anexo 1 y No-Anexo 1. China alienta esa posición para tener un escudo de protección y no reducir sus emisiones de forma importante. El G77 es una mezcla de países disímiles, porque en el G77+China está Burundi y está Qatar, está Venezuela y está Nicaragua… Son muchas las diferencias: Qatar tenía en 2011 una renta per cápita anual de cerca de 100 mil dólares, mientras en Burundi era de unos 700 dólares. En esa situación, las desigualdades en las negociaciones son enormes. Y las medidas también. Hasta ahora los compromisos de reducción de emisiones que tienen mayor ambición son los de Europa, pero todavía resultan insuficientes para asegurar la estabilización de los gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Sabemos que China es hoy el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. También sabemos que las emisiones per cápita de un ciudadano de Estados Unidos (17.6 toneladas métricas) son tres veces mayores que las de un ciudadano chino (6.2 toneladas métricas). Los nicaragüenses emitimos 0.8 toneladas métricas. Ante esta desigualdad, China argumenta que debe tomarse en cuenta la “responsabilidad histórica” por el acumulado de gases en la atmosfera, responsabilidad principal de los mayores emisores desde que se produjo en el mundo la revolución industrial. China argumenta que no puede comprometerse con una reducción obligatoria de emisiones en detrimento de su propio crecimiento y “desarrollo”. ¿Con qué autoridad van a decirnos -alega China- cuántas emisiones debemos tener, si los países industrializados, han tenido emisiones sostenidas por mucho tiempo, aunque China los supere ahora? El asunto de fondo es que, aunque las emisiones de China sean más recientes, al final todas son emisiones y a todos nos afectan. ¿No será que ha llegado el momento en que todos tendremos que asumir la reducción de emisiones, porque vamos todos en el mismo barco y estamos en peligro de zozobrar?

Por lo insignificante del compromiso regional en acciones de mitigación para la reducción de emisiones, los gobiernos centroamericanos han establecido como prioridad ante el cambio climático las acciones de adaptación. Aunque ha habido un acuerdo del Sistema de Integración Centroamericano sobre esta prioridad, Costa Rica ha venido trabajando consistentemente el tema de la mitigación, comprometiéndose en llegar a convertirse en un país “carbono neutral” a comienzos de la próxima década. Sin duda, es muy loable esta decisión, resulta consistente con su mercadeo de “país verde” y quizás atraiga al país inversiones de las que se conocen como “bajo carbono”.

Si lo único que nos queda es adaptarnos, ¿qué significa adaptarse? Hay una definición oficial de lo que es “adaptación al cambio climático”, establecida por el Panel Intergubernamental, pero en términos reales y concretos, ¿la adaptación sería restablecer las condiciones previas a que se comenzaran a sentir los efectos del cambio climático? Y si la gente estaba en extrema pobreza antes del cambio climático, ¿habría que restablecer esas condiciones? Estemos claros que la lucha contra la pobreza se viene a complicar con el cambio climático porque a esa lucha hay que sumarle ahora las tareas que deben de llevarnos a la adaptación estableciendo condiciones que permitan a los sectores más vulnerables sobrevivir al cambio climático. Este asunto demanda una reflexión profunda de cómo encarar estos nuevos retos.

De hecho, mucha gente en Nicaragua ya se está adaptando, porque la gente busca cómo resolver sus problemas cuando le falta agua, por ejemplo. Pero lo que hacen es simple sobrevivencia. Hay que reconocer también que actualmente el cambio climático se ha convertido en un tema de moda y algunos fondos de la cooperación y de las instituciones financieras internacionales están dirigidos a proyectos bajo este concepto, que no difieren mucho de los ya veníamos haciendo: reforestación, cuido de fuentes de agua, agricultura ecológica, proyectos que antes aparecían bajo el formato de desarrollo rural integrado, manejo sostenible de suelos, y aparecen ahora bajo el paraguas de adaptación al cambio climático. ¿Son actividades similares o no? Es un tema que también requiere de reflexión. ¿Cuáles serán las medidas que efectivamente contribuyan a adaptarse? ¿Y como combinarlas con acciones de mitigación para evitar así la dicotomía mitigación-adaptación? ¿Qué será mejor, una adaptación mitigante o una mitigación adaptativa? No es muy sencilla la respuesta.

No existe un protocolo de adaptación. En Nicaragua lo que estamos trabajando son unos principios para la adaptación. También creemos que es muy importante realizar auditoría social sobre las medidas de adaptación, porque debemos adaptarnos, hasta donde sea posible y la gente está buscando solución a los problemas que le genera el cambio climático y está tratando de sobrevivir, pero a veces no lo hace de la mejor manera o no con la sostenibilidad requerida. Sabemos que la gente no se va a quedar sin agua, pero ¿cómo lo hace, cómo la consigue? Estamos promoviendo, entonces, que haya unos principios de adaptación aceptados por todos los sectores para después promover una auditoría social sobre las medidas de adaptación que se tomen en nuestro país.

Preguntémonos también qué instrumentos regionales y nacionales tenemos para enfrentar el cambio climático. Hace años hubo una estrategia regional de cambio climático. Y digo “hubo” porque ya nadie se acuerda de ella. Hubo también hace tres o cuatro años una estrategia nacional de ambiente y cambio climático, en la que se sumaron los planes operativos del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) y de otras instituciones, pero eso no pasó del papel. Nunca fue una guía para la gestión pública ni en las municipalidades ni en los departamentos y muy poca gente la conoce y menos aún la emplea como guía.

El sector agropecuario sí ha tenido un plan de adaptación, con un poco más de vigencia y con cierto nivel de cumplimiento que, aunque modesto, representa un avance. El MARENA y algunas organizaciones
han impulsado algunos planes municipales, esfuerzos que debe dárseles seguimiento.

No existe en Nicaragua el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Lo necesitamos y es, además, un compromiso en el Marco de la Convención de Cambio Climático, que orienta a que sea construido en todos los países y de la manera más participativa. A pesar de esto, en Nicaragua ni siquiera funciona una comisión nacional de cambio climático, que fue creada hace ocho años y tiene un mandato. Está claro que no hay interés de este gobierno en conformarla, aunque le hemos solicitado repetidamente que lo haga. En esa comisión deberían estar representados todos los sectores para, con una visión de nación, ponernos de acuerdo y llevar adelante acciones conjuntas. Pero no hay voluntad política de hacerlo. Las autoridades no lo consideran una cuestión relevante.

Ahora, el FOPREL, el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica, México y República Dominicana, ha elaborado una ley modelo de adaptación al cambio climático, proponiendo que los países miembros ajusten la ley a sus condiciones nacionales y la aprueben. Eso ya está en la Asamblea Nacional de Nicaragua y nos han llamado a consulta. Es un proceso que esperamos avance y que esa ley se aplique.

En el Centro Humboldt hicimos un trabajo sobre la inversión en cambio climático que ha habido en Nicaragua desde 2005 a 2012. Tratamos de ver de dónde venían los recursos, a qué iban dirigidos y cuál había sido la eficiencia en su manejo y aplicación. Encontramos que en esos años llegaron al país 1 mil 181 millones de dólares. Pareciera mucho, pero realmente no lo es. De esa cantidad, la mayoría se dedicó a proyectos de energía, como las pequeñas centrales hidroeléctricas. La mayor parte de esos recursos fue aportada por las instituciones financieras internacionales y en segundo lugar por las agencias de cooperación. La empresa privada nacional no puso casi nada. El único criterio para estos proyectos fue que se explicitara en los objetivos que estaban destinados a mitigación o adaptación al cambio climático.

De los 197 millones de dólares anuales que se recibieron, 177 se dedicaron a mitigación, a pesar de que la prioridad debería ser trabajar con la gente en proyectos de adaptación. Ciertamente, es útil dedicar recursos a la mitigación, pero la prioridad debe ser la adaptación. La desproporción que encontramos indica que los flujos financieros no se corresponden con las prioridades políticas declaradas. Por lo menos, debía haber habido una proporción 50/50.

Del escaso monto dedicado a adaptación, 90 millones fueron créditos. Además de no ser responsables del calentamiento global, porque quienes lanzaron esos gases a la atmósfera no fueron nuestros países, sino las economías industrializadas, nos toca adaptarnos, y en Centroamérica adaptarse o no puede significar o la vida o la muerte, y encima de eso, ¿tenemos que endeudarnos? Es una injusticia. Por otra parte, deberíamos de darle seguimiento a los recursos destinados a adaptación que son créditos para saber si están siendo utilizados adecuadamente. Porque lo peor sería que se estén malgastando. No estoy asegurando que sea así, estoy diciendo que no sabemos, aunque sí sabemos que una evaluación concienzuda de la cartera de las instituciones financieras internacionales nos indica que la eficiencia no es una de sus virtudes.

Nuestro estudio demostró que la empresa privada nacional participó en esos años con tres proyectos y con apenas un 0.5% de las inversiones totales. Y los tres proyectos buscaban mayor rentabilidad de grandes empresas a través de los bonos que se consiguen con la reducción de emisiones de carbono. Es una injusticia que la empresa privada, principal usufructuaria de los recursos naturales de Nicaragua y gran emisora de gases de efecto invernadero -la quema de caña de azúcar en Occidente, por ejemplo, causa una emisión importante de dióxido de carbono-, aporte tan poco y resulte beneficiada: el Ingenio San Antonio, por ejemplo, está recibiendo por operar un biodigestor que reduce 262 mil toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono una bonificación, pero no ha detenido la quema de caña…

Según nuestro estudio, existen actualmente en el país 45 municipios (14.5% del territorio nacional), donde no se está haciendo ninguna actividad ni de mitigación ni de adaptación al cambio climático. Y hay buena parte del país, precisamente en las zonas de más alto riesgo, donde sólo existen medidas de mitigación, que no son las que se necesitan. Mucha de la inversión está localizada hoy donde realmente no están los índices de mayor riesgo
ni donde existen las amenazas climáticas más serias. Falta mucha geografía nacional por cubrir. Focalizar la inversión sobre cambio climático en las zonas de mayor riesgo debería ser una prioridad.

El cambio climático es un tema que debemos tomar con seriedad. La realidad y las proyecciones nos indican que somos un país de alto riesgo, que tendremos que convivir con este fenómeno y que hay dificultades para que a la gente le resulte tangible la realidad del cambio climático y cercanos sus efectos. Hacer conciencia es un gran reto. Se están haciendo esfuerzos metodológicos para que los pequeños productores cuantifiquen las pérdidas que les ocasiona el cambio de clima. Se están desarrollando algunas experiencias interesantes, pero hasta que logremos que el problema del cambio climático le llegue a la gente como una realidad concreta no vamos a comenzar a cambiar nuestras actitudes.

Volvamos de nuevo la vista al megaproyecto del Canal Interoceánico que, de realizarse, nos hará aún más vulnerables al cambio climático. Hay, al menos, dos imponderables sobre el cambio climático que deberían considerar los inversionistas y el gobierno. Uno es la ruta que se está abriendo por el Polo Norte, debido al deshielo provocado por el cambio climático. Esa ruta para conectar los mercados de Asia con los de Europa y Norteamérica es más corta que cualquier otra y no necesita de la construcción de ningún canal, es una ruta ya abierta.

El otro imponderable son los efectos del mismo cambio climático. En el estudio que el Centro Humboldt realizó sobre el Canal hicimos proyecciones de la operación del Canal hasta el año 2039. Y el resultado que vimos, en términos promedio, fue que la disponibilidad de agua para operar el Canal no va a ser suficiente para ese tiempo. Hay un principio ingenieril que es básico, y es que los diseños se hagan teniendo en cuenta la situación más desfavorable que pueda ocurrir. Y eso no es lo que están haciendo ni el gobierno ni los inversionistas.

Aunque sin invitación, estuve presente en la jornada informativa de ocho horas que los inversionistas y el gobierno realizaron el 20 de noviembre y me asombró que no presentaron absolutamente ninguna consideración que tuviera relación con el cambio climático. Nada, ni una palabra. Sus proyecciones hidrológicas y todas las otras proyecciones, además de ser superficiales, están hechas sin tomar en cuenta el cambio climático, al menos así fue en todo lo que mostraron ese día.

¿Cómo operará el Canal en años de sequía, no en años normales, cuando estarían garantizados los volúmenes de agua? Creo que hasta ahora no han hecho los estudios correspondientes a cómo operará el Canal con las variaciones que se están ya observando en el clima.

El único argumento que en algún momento los voceros del gobierno han usado en relación al cambio climático es también muy superficial: dicen que al reducirse las distancias para el comercio internacional con el Canal por Nicaragua, se reducirán también las emisiones de gases de efecto invernadero globales porque el Canal favorecerá un mayor tráfico comercial marítimo, que deja menor huella de carbono que otros. Pero lo que sucederá es que, aunque haya una disminución de emisiones en el transporte marítimo global, Nicaragua incrementará sus propias emisiones, por la actividad propia del Canal.

Estemos claros: al afectar el recurso agua, nuestro escudo para adaptarnos al cambio climático, el Canal nos hace extremadamente vulnerables. Con el Canal estamos poniendo en riesgo nuestra capacidad de adaptarnos al cambio climático.

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