Centroamérica
Industria minera: mitos, paradojas y realidades
Por toda Centroamérica
es visible la voracidad de las empresas mineras canadienses.
Y por toda la región las comunidades resisten.
También sufren y se enferman.
No se puede analizar la realidad centroamericana
sin tener en cuenta los desastres y las luchas
que está provocando la industria minera.
Giorgio Trucchi
Durante las últimas dos décadas la industria minera -en particular la minería metálica- ha retomado gran relevancia en Centroamérica. Ese nuevo auge se debe, por un lado, a la disminución de regulaciones para su actividad de parte de los gobiernos nacionales y por el otro, a la creciente demanda y a los altos precios internacionales de metales como el oro, que en 2013 fue cotizado en 1,300 dólares la onza (28 gramos), un incremento aproximado del 350% en los últimos 15 años.
Igualmente, la incesante demanda de mineral de hierro para la producción de acero crudo de parte de China, -el mayor consumidor mundial de hierro-, sumada a la aprobación de varias directrices de los países del Norte ante
el agotamiento de materias primas para garantizar el abastecimiento de minerales industriales para sus economías, ha profundizado aún más la expansión de la actividad minera en los países centroamericanos.
UNA REGIÓN “CONCESIONADA”
A LA MINERÍA De acuerdo con el estudio “Impactos de la minería metálica en Centroamérica”, realizado en 2011 por el CEICOM
(Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio), el 14% de todo el territorio centroamericano está concesionado a empresas mineras, sobre todo de capital canadiense.
El Resumen Ejecutivo del Informe presentado a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) sobre los impactos de la minería canadiense da cuenta de que entre el 50% y el 70% de la actividad minera en América Latina está a cargo de empresas canadienses.
Honduras, Nicaragua y Guatemala son los países con más kilómetros cuadrados de territorio concesionados y con más concesiones mineras otorgadas a empresas, tanto nacionales como transnacionales.
HONDURAS:
EL PAÍS CON MÁS CONCESIONESEl país con mayor número de concesiones es Honduras. El “Diagnóstico de la situación minera en Honduras 2007-2012”, realizado por el ICEFI (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales), evidencia que actualmente hay 72 concesiones mineras metálicas ya otorgadas y 102 solicitudes presentadas. Por su parte, el CEHPRODEC (Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario) asegura que existen más y menciona 837 proyectos mineros potenciales -metálicos y no metálicos-, que en términos territoriales significarían casi el 35% del territorio hondureño.
GUATEMALA Y NICARAGUA:
POR ESE CAMINO En otro diagnóstico presentado en 2013 el ICEFI reveló que en Guatemala hay 107 concesiones mineras metálicas
ya otorgadas y 359 nuevas solicitudes. Si a estos datos sumamos los proyectos no metálicos, el total llega a la cantidad abrumadora de 973 proyectos. Los movimientos sociales y populares guatemaltecos alertan que el área total concesionada a empresas mineras supera los 32 mil kilómetros cuadrados, casi el 30% del territorio guatemalteco.
Nicaragua enfrenta una situación muy parecida. El informe “Estado actual del sector minero y sus impactos socio-ambientales en Nicaragua 2012-2013” publicado por el Centro Humboldt reveló que la superficie nicaragüense concesionada es de casi 18 mil kilómetros cuadrados, el 13.5% del territorio nacional, con un total de 446 proyectos mineros.
FRENOS EN COSTA RICAEn Costa Rica, en 2010 y tras una larga campaña de concientización y movilización nacional, la Asamblea Legislativa votó por unanimidad la prohibición en su territorio de la minería a cielo abierto y el uso de cianuro y mercurio en la actividad minera.
En El Salvador hay un total de 29 proyectos mineros metálicos -más 36 no metálicos-, pero ninguno de ellos se encuentra en fase de explotación.
EL SALVADOR:
PROYECTOS DETENIDOS En El Salvador, a partir de 2008 varias organizaciones de la sociedad civil iniciaron un minucioso y profundo trabajo de contrainformación para incidir en la opinión pública sobre los efectos perversos de la minería metálica. Buscaban contrarrestar la campaña mediática pro minería, promovida con fuerza por las empresas que estaban desarrollando proyectos de exploración con el apoyo de los grandes medios de información corporativos y los partidos políticos de la derecha salvadoreña.
En el intento de frenar esto las organizaciones sociales coincidieron con el recién electo Presidente Mauricio Funes (2009-2014), lo que condujo al establecimiento de una moratoria ‘de facto’ sobre la minería a cielo abierto.
La decisión del nuevo gobierno y de los diputados del FMLN en la Asamblea Legislativa de no otorgar ningún permiso de explotación minera permitió volver a introducir en la agenda parlamentaria la discusión de un proyecto de ley integral que permita definir un marco legal específico para reglamentar cualquier tipo de extracción.
“Lamentablemente, la visión extractivista de los otros partidos ha atrasado lo que consideramos un paso urgente y necesario. Pero el nuevo Presidente Salvador Sánchez Cerén ya se declaró abiertamente contra la minería metálica, dándonos la oportunidad de seguir insistiendo en la urgencia de discutir ese tema”, nos dijo Lourdes Palacios, diputada del FMLN y secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en el Poder Legislativo.
CONGRESO MINERO
EN MANAGUA En agosto de 2014, Managua fue sede del Primer Congreso Internacional de Minería, en el que delegaciones
de gobiernos y de empresas mineras y expertos en ingeniería y geología de más de 25 países de América Latina, Europa, Estados Unidos y Canadá, debatieron sobre innovaciones, programas y adelantos técnicos
y geológicos en la exploración y la explotación minera.
Paralelamente, organizaciones sociales y populares de toda Centroamérica realizaron un foro regional alternativo por la defensa de los bienes comunes, donde denunciaron los falsos mitos que rigen la industria minera y los graves impactos socioambientales que esta actividad y el modelo extractivista dejan a su paso.
EL MITO DEL DESARROLLO Un primer mito es que la explotación minera genera bienestar y desarrollo. “Se trata de un desarrollo artificial. Las empresas mineras se instalan en un territorio por un tiempo determinado, dedicándose a la extracción de un recurso no renovable. A medida que el recurso se agota, la inversión y todo lo que se había generado desaparece y lo que queda son pueblos fantasmas, retroceso económico y devastación ambiental”, nos dijo el hondureño Pedro Landa, miembro del CEHPRODEC. Además, las empresas pagan una regalía muy baja por lo que extraen y su contribución al fisco es prácticamente insignificante. De esta manera, dejan al país una cantidad mínima de recursos si se compara con lo que ganan con la exportación del recurso que extraen.
En Nicaragua, el oro fue en 2013 el primer rubro de exportación, con más de 442 millones de dólares. Sin embargo, la regalía del 3% por el oro extraído resultó insignificante ante la enorme ganancia de las compañías mineras. “Dejan las migajas y se llevan el grueso del dinero. Y no les importa lo que pasa después. Cuando el oro se acaba abandonan las minas y los pocos empleos que se han generado, dejando solamente desolación y daños ambientales”, explicaba Tania Sosa, del Centro Humboldt.
La contribución de la actividad minera a la economía nacional de los países centroamericanos sigue siendo marginal, oscilando entre el 1.25% del PIB en Honduras y el 2.5% en Nicaragua. “Si comparamos estos datos con la actividad agrícola, que en Honduras representa casi el 40% del PIB, es evidente que estamos ante una política errada que está destinada al fracaso”, nos dijo Landa.
EL MITO DEL EMPLEO Un segundo mito de la minería es la generación masiva de empleo. Estudios realizados por el CEHPRODEC demuestran que las empresas mineras medianas, como las que operan en Centroamérica, generan, en su período de mayor explotación, 250-300 empleos directos y unos 1,200 indirectos.
En Honduras la participación de la minería en la generación de empleo absorbió un promedio del 0.2 % de la población económicamente activa, un poco más de 6,300 puestos de trabajo. En Nicaragua y en Guatemala ese porcentaje va un poco más allá del 2%.
Se trata de empleos informales, no calificados, mal pagados y esporádicos. “Las empresas operan un promedio de 10–15 años y después se mudan o comienzan a generar una serie de traspasos de dueños para crear un “velo corporativo” que no permita identificar quién es el propietario. De esa manera ocultan a los responsables de los impactos ambientales, que paulatinamente comienzan a aparecer”, señala Landa.
LA MINERÍA “VERDE”:
EL NUEVO MITO La generación de una minería amigable con el ambiente, una “minería verde”, representa la tercera gran mentira y el espejismo que el capital transnacional pretende presentar como una realidad.
“Mundialmente es ampliamente conocido que la minería es una industria desastrosamente contaminante y que genera daños que probablemente nunca puedan resarcirse. En un país tan pequeño y, a la vez, tan poblado como El Salvador, la minería y el uso de grandes cantidades de agua y de venenos tienen un fuerte impacto ambiental en la destrucción del ecosistema”, sostuvo Ricardo Navarro, presidente del CESTA-Amigos de la Tierra (Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada).
Las empresas mineras necesitan de mucha agua para realizar sus labores. De acuerdo con la publicación del Centro Humboldt, “La minería o el poder del dinero” estas empresas gastan en un día el agua que una familia campesina consumiría en veinte años. Además, en las minas a cielo abierto para realizar el proceso de lixiviación y separar el oro de la roca se emplea cianuro, altamente tóxico, cuyo uso en minería ya fue prohibido por la Unión Europea desde 2010. El modelo a cielo abierto ocasiona también graves contaminaciones con metales pesados: plomo, arsénico, mercurio, zinc y aluminio.
Según el CEICOM, por cada onza de oro se tienen que remover 20 toneladas de roca, se emplean en promedio 4 kilos de cianuro de sodio y se desperdician 28 mil litros de agua por segundo. Además, por cada gramo de oro se requieren dos o tres gramos de mercurio. Toda esa agua envenenada va a parar a grandes pilas, donde se almacena temporalmente para después ser vertida en ríos y quebradas.
“Las empresas mineras aseguran que con el uso de la nueva tecnología se puede generar una minería amigable con el ambiente. Hasta juran que al final de la explotación minera las zonas que ocuparon estarán en mejores condiciones de las que estaban antes. La verdad es que este proceso acelera la degradación y destrucción socioambiental de la zona”, advirtió Pedro Landa, quien relató que en Honduras existen unos ocho “pasivos ambientales”: minas que nunca fueron tratadas adecuadamente y que hoy están generando graves problemas de salud a la población. Se registran también otros graves impactos: deforestación, contaminación del aire por el polvo que generan las explosiones, pérdida de la capa fértil de los suelos...
LAS SECUELAS:
GRAVES DAÑOS A LA SALUD “En la zona de Valle de Ángeles, una zona muy turística en las afueras de Tegucigalpa, hay una mina que se cerró hace más de cuarenta años y que continúa generando una cantidad inimaginable de contaminación de aguas ácidas. Dejó montañas de desechos donde hay de todo: mercurio, plomo, arsénico, cadmio, aluminio, hierro… Cuando llueve, desde esos cerros corre agua de color sangre por la cantidad de metales pesados que trae”, dijo Landa.
Para el doctor Juan Almendarez, director del CPTRT (Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura) y ex-rector de la UNAH (Universidad Nacional Autónoma de Honduras), uno de los problemas más críticos causados por la minería es el de los impactos sobre la salud.
¿QUIÉN RESPONDERÁ? “Para determinar si hay o no contaminación no podemos seguir pensando en la salud desde un enfoque capitalista y reduccionista, basado únicamente en los valores mínimos y máximos que decide la Agencia Ambiental de Estados Unidos. Tenemos que ver la salud como una totalidad de la vida y de los seres vivos. En ese sentido, lo que la minería altera gravemente y destruye es la totalidad de la vida de un lugar, de una comunidad”, explica Almendarez.
En los casos emblemáticos del Valle de Siria en Honduras, y en el de San Miguel Ixtahuacán en Guatemala, lo que la explotación minera dejó fueron graves problemas de la piel, partos prematuros, malformaciones congénitas, abortos, pérdida de la vista y caída del pelo. “¿Quién va a responder por todos estos atropellos a la salud humana?”, se pregunta.
PERIODISTA. TEXTO APARECIDO EN “OPERA MUNDI” Y ADITAL. EDICIÓN DE ENVÍO.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica