Nicaragua
Derechos Humanos en tiempos de guerra
Las justificaciones de Estados Unidos para intervenir
en América Latina no han cambiado en más de cien años.
Desde la guerra con México en 1846-48
hasta la invasión de Grenada en 1993.
Equipo Envío
Tres han sido los argumentos del gobierno de Estados Unidos, de sus funcionarios y de sus medios, para defender sus acciones: 1) afirmaciones de que el gobierno al que ataca Estados Unidos es un gobierno ilegítimo, describiéndolo siempre como impuesto por la fuerza, dictatorial y brutal; 2) acusaciones de que este gobierno está recibiendo armas de poderes hostiles a los Estados Unidos; 3) denuncias de que las vidas o las propiedades de los ciudadanos norteamericanos están en inminente peligro.
El primero de estos puntos, por su relación con los "derechos humanos", es a menudo el más importante de cara a la opinión pública. Es el que más queda fijado en la memoria popular norteamericanos estudian en la escuela la guerra de 1840 en México aprenden que Santa Ana fue "un cruel dictador" y que durante la revolución mexicana, el presidente Woodrow Wilson rehusó reconocer el gobierno del General Huerta, porque Huerta "tenía las manos manchadas de sangre" después de asesinar a su predecesor, Francisco Madero.
Mientras no se mencionan los motivos reales de las intervenciones norteamericanas las justificaciones públicas que se esgrimieron en algunos casos son, por lo menos, verdaderas: Santa Ana fue realmente un dictador y, efectivamente, Huerta tenía las manos manchadas de sangre.
Intervenciones posteriores fueron más difíciles de justificar con argumentos de "derechos humanos". Pero incluso en le derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en Chile en 1973, las autoridades y los medios de comunicación norteamericanos no se recataron en repetir los gastados argumentos de que se trataba de gobiernos o de fuerzas ilegítimas y dictatoriales.
La guerra contrarrevolucionaria en Nicaragua ha creado a Washington un problema que nunca antes había tenido que enfrentar: cómo justificar la guerra prolongada de un ejército mercenario de dudosa credibilidad contra un gobierno soberano elegido por el voto popular, que está resistiendo exitosamente sus ataques y que cuenta con el apoyo de la opinión publica mundial, empezando por el de la Corte Internacional de La Haya. Como la opinión pública es un elemento importante en este tipo de guerra de baja intensidad y como esta guerra carece de las características fulminantes que tuvo la invasión de Grenada, en la que le debate sobre la acción se desplazó a varios días o semanas después, el mayor esfuerzo del gobierno norteamericano está orientado hoy a justificar públicamente los fines de esta guerra.
Objetivo de guerra: el tema de los derechos humanosEn esta larga batalla, la Administración Reagan ha echado de mano de las habituales armas con las que se han justificado anteriores intervenciones. Ayudado por los medios de comunicación capitalistas, norteamericanos y transnacionales, la Administración Reagan ha trabajado para centrar el debate sobre Nicaragua en las acusaciones - lanzadas por la misma Administración - de violaciones a los derechos humanos por el gobierno sandinista y de embarques de armas a Nicaragua desde Cuba y la Unión Soviética. Un importante componente de esta operación ha sido la producción de informes sobre "derechos humanos" elaborados por la propia Administración y por agencias financiadas por ella.
La Casa Blanca y el Departamento de Estado han abierto oficinas especiales con abundante personal para redactar y promover estos informes. Inverosímiles acusaciones se han hecho contra Nicaragua, afirmando que el gobierno sandinista ha asesinado a miles de personas. Desde 1981, publicaciones del Departamento de Estado informan sobre cárceles secretas en las que se tortura a los prisioneros. Se insiste en la acusación de que en Nicaragua se practica una persecución religiosa sistemática contra los cristianos y los judíos. El mismo Presidente Reagan ha afirmado que "miles de indios mískitos han sido masacrados o hacinados en campos de concentración, en los que perecen de hambre, y son vejados".
Pero de una manera creciente la Administración ha tenido que enfrentar un nuevo obstáculo que los presidentes norteamericanos no habían conocido hasta ahora: la influencia de organizaciones independientes de derechos humanos, que han hecho sus propias investigaciones en Nicaragua, algo nada fácil en tiempo de guerra. Organizaciones tan prestigiosas como Amnesty International (AI), con sede en Gran Bretaña, y Américas Watch (AW), con sede en Estados Unidos, han contradicho claramente las posiciones de la Administración Reagan, cuestionando prácticamente todos los puntos de debate presentados por el gobierno norteamericano.
Las organizaciones de Derechos Humanos respondenInvestigando las acusaciones del Departamento de Estado sobre el asesinato de miles de opositores políticos de los sandinistas - denuncia hecha por el desertor nicaragüense José Alvaro Baldizón en varias conferencias de prensa en Estados Unidos, organizadas por el mismo Departamento de Estado - AW llegó a la conclusión de que tales acusaciones "no son creíbles" y de que "muchas de las otras acusaciones de Baldizón son claramente falsas ". La organización añadía que "es un mal servicio a la causa de los derechos humanos difundir propaganda de guerra haciéndola pasar como información sobre derechos humanos." (Una detallada respuesta a las acusaciones formuladas por Baldizón aparece en el informe de AW, "Derechos humanos en Nicaragua, 1985-86", publicado el 4 de marzo de 1986.
En relación a las afirmaciones norteamericanas - hechas por primera vez en 1981 - acerca de cárceles secretas en las que se practica la tortura, AW señalaba ya en su informe de 1982 que " en respuesta a nuestra solicitud de información específica sobre la tortura, el Departamento de Estado nos indicó antes de nuestro viaje a Nicaragua que este tipo de información estaría a disposición nuestra en la Embajada en Managua. Pero la Embajada nos dijo que no sólo no tenía ninguna información en este sentido sino que, en opinión de altos funcionarios de la Embajada, la tortura no era practicada por el gobierno nicaragüense y que los casos de tortura que podían haberse dado se trataban de hechos aislados y no eran producto de una política gubernamental". " (AW, "Derechos Humanos en Nicaragua", mayo/82).
El abogado de AW, Stephen Kass, reafirmó en 1985 en Nicaragua, durante un encuentro patrocinado por la Barra de Abogados de la ciudad de New York, que no existen en el país evidencias de apoyo oficial a la tortura y que los casos de mal trato a prisioneros son mucho menos que los que sedan en las estaciones de policía de las ciudades norteamericanas en cualquier noche de la semana.
Sobre el tema de la libertad religiosa, a la vez que AW lamenta, en recientes informes, breves arrestos de algunos dirigentes religiosos acusados de estar involucrados en evasiones de jóvenes del servicio militar o en actividades de la contrarrevolución armada, señala en su informe de julio/85 que "incluso el Departamento de Estado en su informe "Country Reports" no dice que los católicos sean perseguidos por su fe" y que el mismo ex-embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Anthony Quainton, comunicó por cable al Departamento de Estado -julio/83- que a su juicio no había "evidencias" para acusar a los sandinistas de anti-semitismo. Por su parte, El Consejo Nacional de Iglesias de Estados Unidos - organización que representa a las Iglesias protestantes norteamericanas, encontró las acusaciones sobre persecución religiosa en Nicaragua "del todo infundidas".
En relación a los indios mískitos, numerosas organizaciones como Américas Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han desenmascarado las acusaciones de la Administración Reagan. La Comisión Interamericana descubrió, después de una extensa investigación en mayo/84, un incidente en el que soldados sandinista habrían matado a un grupo de mískitos (el caso Leimus en 1981) AW encontró otro caso en 1982. En éste hubo siete muertos. AW señaló que las evacuaciones de mískitos del Río Coco en 1982 "no fueron dirigidas contra la cultura mískita o contra este pueblo; de hecho sólo un 10% de la población mískita fue afectada por la medida, que fue claramente implementada por razones militares".
Añadía que, tanto la Comisión Interamericana como la Conferencia Episcopal de Nicaragua, reconocieron la necesidad de esta evacuación y desplazamiento de la población mískita. En 1985 AW va más allá al afirmar que "desde 1982 sólo hemos tenido noticia de la desaparición de un mískito". Por otra parte, las organizaciones de derechos humanos han reconocido el esfuerzo del gobierno nicaragüense en el Proyecto de Autonomía para la Costa Atlántica y en el diálogo que lleva a cabo con dirigentes armados mískitos, un diálogo que Estados Unidos trata hoy de sabotear.
Aun cuando los grupos de derechos humanos han señalado que sus discrepancias con la Administración Reagan no disminuyen su capacidad crítica para denunciar los abusos contra los derechos humanos donde quiera éstos ocurran y para documentar estos abusos, los informes a los que nos referimos han sido blanco de ácidas críticas por parte de la Administración. Funcionarios de alto nivel de la Administración han acusado a AW de ser "una organización más política que de derechos humanos," y el antiguo Asistente del Procurador General de New York, Reed Brody, que ha documentado casos de atrocidades cometidas por los contrarrevolucionarios financiados por Estados Unidos, fue acusado de ser un agente o compinche de los sandinistas. Hay que resaltar que, en ninguno de estos dos casos, la Administración ha hecho esfuerzos serios para dar respuesta a sus acusaciones.
La politización del tema ha tenido, sin embargo, un efecto trascendental en los informes de derechos humanos que se hacen sobre Nicaragua. En los primeros tres años de la revolución sandinista, antes que la guerra contrarrevolucionaria tuviera el impacto que hoy tiene, los informes sobre derechos humanos se centraban en algunas áreas sensibles para hacer al gobierno nicaragüense sugerencias que mejoraran la situación. Aun cuando ya estos informes fueron usados con fines políticos partidarios - Roberto Cardenal, del equipo director de "La Prensa" usó en su favor el informe de AW de mayo/82- y fueron acusados de reflejar la parcialidad de sus autores, las organizaciones de derechos humanos no sentían todavía la necesidad de presentar sus argumentos de tal manera que mantuvieran "credibilidad" en la prensa norteamericana.
Dos factores han hecho cambiar esta situación. La inocultable crueldad de los contrarrevolucionarios y el involucramiento directo de los Estados Unidos en sus actividades ha sido causa de que algunos grupos de derechos humanos rompan con la política tradicional de estas organizaciones y dediquen al menos algún espacio la de anunciar las atrocidades contrarrevolucionarias. Al mismo tiempo, la amplitud, la ferocidad y la duración de la campaña de Reagan contra Nicaragua y, recientemente, contra los mismos grupos de derechos humanos, ha estrechados el espacio en que estos grupos pueden actuar.
Así las cosas, estos grupos están obligados ahora a dedicarse un tiempo considerable a dar respuesta a temas de derechos humanos tal como los quiere presentar la Administración y no tal como ellos son y, lo que es peor, a "equilibrar" sus informes para así mantener el acceso a la prensa norteamericana. Los grupos de derechos humanos tienen que luchar pro su propia credibilidad como luchan los periodistas o los congresistas y dependen mucho del tratamiento que les den los medios de comunicación norteamericanas para mantener su prestigio e influencia.
El enrarecimiento del ambiente en Estados Unidos se reveló dramáticamente en 1985 cuando "The New York Times" dio la noticia de un informe de AW en apenas tres frases. Una frase resumía brevemente la investigación de la organización, mientras que las otras dos frases informaban sobre el mentís de la Administración Reagan al mismo y sobre su ataque a AW. No mucho después, los dirigentes contrarrevolucionarios Adolfo Calero, Alfonso Robelo y Arturo Cruz, accedieron a recibir a AW, sólo con la condición de que la reportera del "The New York Times", Shirley Christian, estuviera presente. El encuentro se convirtió finalmente en una denuncia de AW por los contrarrevolucionarios, mientras la periodista tomaba notas. Christian ha sido ampliamente criticada en Estados Unidos por sus informaciones abiertamente favorables a los contrarrevolucionarios, especialmente en le tema de derechos humanos.
Las organizaciones de derechos humanos, incluída AW, han dado respuesta a todas las campañas de la Administración Reagan, acusándola de usar tácticas "sucias" contra ellas y de "socavar"la causa de los derechos humanos. Si esta difícil situación ha dado lugar a que surja un legítimo y serio afán de responder a la politización forzada por la Administración, escribiendo informes que sean aceptables por la opinión pública norteamericana, es evidente que con ellos se corre el riesgo de distorsionar gravemente el tema mismo de los derechos humanos en Nicaragua, hasta el punto de que en estos informes se habla de una realidad que casi nada tiene que ver con lo que de verdad está ocurriendo en este país.
Presos de la propaganda de ReaganLas organizaciones de derechos humanos han desarrollado un valioso y válido servicio haciendo sugerencias al gobierno de Nicaragua sobre cómo mejorar su política en esta materia. El Comité de Abogados para los Derechos Humanos Internacionales, con base en Estados Unidos, ha señalado que Nicaragua ha recibido muy bien y ha puesto en práctica muchas de sus sugerencias. Pero hay que señalar que Nicaragua ha ido más allá, dando el mundo importantes sugerencias políticas que son lecciones originales sobre derechos humanos. La policía nicaragüense, que impresiona frecuentemente a los observadores por su gentileza, su paciencia y su impecable honestidad, es uno de estos ejemplo.
El sistema penitenciario, con establecimientos de régimen abierto, es otro. No está de más de recordar también lo que puede testificar cualquier observador que viva en Nicaragua, viaje con soldados sandinistas, observe el comportamiento de la policía, esté al tanto de las actividades de los dirigentes religiosos, sindicales o políticos - financiados por el gobierno enemigo -: que Nicaragua ha mantenido un grado de libertades civiles nunca antes mantenido por ningún país en tiempo de guerra, un grado de libertades que tampoco se encuentra en la mayoría de los países en tiempos de paz. Antes esto, la excesiva en tiempos de paz. Ante esto, la excesiva atención que se da a los fallos sandinistas en materia de derechos humanos es totalmente desproporcionada a la amplitud o frecuencia de estos fallos y sólo se explica como una necesidad de dar respuesta a la campaña propagandística de la Administración norteamericana.
Ahí están los hechos. El director de "La Prensa" nicaragüense pudo publicar en el "The Washington Post" un artículo en el que pide a una potencia extranjera que financie el derrocamiento del gobierno de su país. lo hizo nada menos que en tiempos de guerra con esa misma potencia, pero, a pesar de eso, continúa publicando su periódico, aun cuando tenga que someterlo a cierta censura a causa de la ley de emergencia. Un sindicato, la CUS (Confederación de Unidad Sindical), creado y financiado por el AIFLD norteamericano (American Institute for Free Labor Development), puede continuar organizando trabajadores en todo el país, aun cuando es tiempo de guerra y desde 1967 se sabe claramente que el AIFLD es una organización creada por la CIA y financiada actualmente por el gobierno norteamericano.
Frente a evidencias de este calibre, las organizaciones de derechos humanos, buscando "equilibrar" sus informes para poder cuestionar también las actividades contrarrevolucionarias, dedican muchos papel y mucha tinta a temas tan marginales con el "efecto paralizador" que pueden causar a la actividad política legal las breves citaciones a los cuarteles de la policía - esto sugiere el informe de marzo/86 de AW - o a cómo la falta de algunas bujías eléctricas en las celdas de las cárceles constituye una técnica de violencia contra los pioneros. Amnesty sugiere en su informe de marzo/86 que la falta de luz podría estar siendo usada deliberadamente como un medio para confundir a los pioneros sobre el paso del tiempo, ignorando la escasez de bujías que hay en el país y los frecuentes cortes de luz que se experimentan en el deteriorado sistema eléctrico, deterioro que ha agravado el embargo comercial decretado por los Estados Unidos.
Las organizaciones de derechos humanos exigen a Nicaragua un comportamiento que ningún otro país en guerra ha tenido o, en algunos informes, le exigen comportamientos propios de tiempos de paz, como si la guerra no existiera. Este es el defecto más grave de los informes de Amnesty Internacional de Américas Watch de marzo/86.
Asuntos nicaragüenses no bien tratados en ambos informesVeamos algunos de los asuntos que son tratados sin su debido contexto en estos informes.
La censura de prensa, como cualquier otra censura, puede ser un medio para ejercer de vez en cuando "mano dura", como reconoce AW, pero la verdad es que la censura en Nicaragua es extraordinariamente liberal para un país que enfrenta una guerra tan devastadora y, específicamente, una guerra en su propio territorio patrocinada por otro país. Los Estados Unidos y la Gran Bretaña no censuraron los periódicos pro-germánicos durante la Segunda Guerra Mundial. Los clausuraron y apresaron a sus editores. Fue al resto de la prensa a la que censuraron.
Las detenciones sin juicio son ciertamente objetables y una puerta abierta a abusos de funcionarios policiales, pero en Nicaragua han sido también poco significativas. Los británicos detuvieron a fascistas como Oswald Mosley al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y durante la Batalla Británica, cuando una invasión nazi era una posibilidad real, detuvieron a todas las personas que tenían pasaporte italiano, alemán y austríaco, incluso a cocineros italianos que llevaban 30 años viviendo en Gran Bretaña y a heroicos combatientes anti-fascistas que se habían refugiado en Gran Bretaña. Los Estados Unidos hicieron algo muy parecido con los japoneses.
Es obvio que nadie defiende ahora estas decisiones, como también es evidente que Nicaragua no ha hecho ningún esfuerzo por seguir el ejemplo norteamericano o británico en aquellos tiempos de guerra. En los casos en los que la población ha tenido que ser evacuada de las conflictivas áreas fronterizas, los desplazados no han sido recluidos ni reconcentrados sino que han tenido libertad para vivir en donde han querido, prohibiéndoseles únicamente volver a la frontera. A los que quieren, se les ofrece vivienda gratis en nuevos asentamientos, según las posibilidades del gobierno. Hay que señalar también que las evacuaciones o desplazamientos no se han realizado con los criterios con los que hicieron británicos y norteamericanos, criterios aplicados a todos los grupos nacionales o étnicos que estaban tipificados como "quintacolumnistas". Como señala la misma AW, la evacuación de los mískitos del Río Coco en 19082 afectó a todos los residentes en el área y no sólo a los mískitos. Estos eran la mayoría, pero los mestizos que hablaban español y otros grupos también fueron reubicados.
Sobre la cuestión de la detención de "quincolomnistas", habría que decir que figuras de la oposición nicaragüense que mantienen estrechos lazos con Washington y sólo con apariencias encubren sus vínculos con la contrarrevolución armada, tienen facilidades para obtener un pasaporte y una visa y viajar al exterior, incluidos los Estados Unidos, en donde piden a las autoridades norteamericanas la invasión de Nicaragua. Juan Manuel Gutiérrez, dirigente del ala derechista del Partido Liberal Independiente (PLI), y miembro también de la Asamblea Nacional, sorprendió a otros miembros de una delegación política con la que viajó a Washington en noviembre/85 cuando, según la versión de sus acompañantes, habló al ayudante de un congresista en estos términos: "Estamos en sus manos. No podemos hacer nada. ¿A qué están esperando para invadir?"
Sorprendentemente, Gutiérrez ha presentado su candidatura a dirigente máximo del PLI. Sólo toca imaginarnos qué hubiera sucedido si un miembro del Congreso norteamericano hubiera viajado a La Habana o a Moscú y hubiera hecho lo que hizo Gutiérrez. Pero él no tuvo ni siquiera problemas para continuar su viaje. No es necesario recordar lo difícil que era para cualquier norteamericano el conseguir un pasaporte durante la Segunda Guerra Mundial. Hubiera sido imposible si se hubiera tratado de un colaborador fascista que intentaba viajar a Berlin para discutir con el enemigo el curso de la guerra. En los años 50 el gobierno norteamericano negó pasaportes a miles de estadounidenses, entre ellos a un miembro de la Corte Suprema de Justicia y a un Congresista, sólo porque eran vistos por las autoridades como demasiado izquierdistas. El ex-miembro de la CIA, Philip Agee, está todavía esperando que se le devuelva su pasaporte, que le fue anulado por la Administración Carter a causa de las comprometedoras revelaciones que hizo sobre la Central de Inteligencia.
Las desapariciones. En este punto, las organizaciones de derechos humanos han actuado correctamente, poniendo en claro las cosas. AW acusó al Departamento de Estado de "engaño total" cuando en 1984, en su "Country Report" citó datos de la opositora Comisión Permanentemente de Derechos Humanos (CPDH), según los cuales había habido 60 desapariciones sólo en ese año. De hecho, según AW, había solamente 8 casos no resueltos. En dos de esos casos, la CPDH tenía evidencias de que había sido arrestados por las fuerzas de seguridad.
En su informe de julio/85, "Reagan, Retórica y Realidad", dice AW: "Propiamente sólo estos dos casos pueden ser clasificados como desapariciones; ningún otro caso llena los requisitos". Pero la organización va más allá, señalando que la CPDH emplea la palabra "desaparición" " de una forma muy vaga, distinta a como es empleada en cualquier otro lugar de América Latina", en donde usualmente una desaparición significa un asesinato extrajudicial. "Lo que la CPDH llama desapariciones ha ocurrido, en la mayoría de las ocasiones, en áreas rurales remotas y consistente en detenciones llevadas a cabo sin informar a los familiares o en traslados de detenidos a otros lugares sin dar cuenta a sus familias. Muchos de estos detenidos han sido posteriormente localizados, diciendo entonces que "reaparecieron".
Sobre este punto, AW pidió al gobierno de Nicaragua que estableciera un mejor sistema de administración en las áreas rurales, teniendo en cuenta en Managua ya funciona satisfactoriamente. En cualquier caso, resulta importante señalar que en la actualidad se desarrolla en la zona norte del país una importante guerra de espionaje contra espionaje entre el ejército sandinista y las fuerzas contrarrevolucionarias y que algunas "desapariciones," o detenciones sin notificación no tienen otra explicación que la voluntad de las autoridades militares de reservarse ciertas informaciones sensibles en este trabajo de infiltración de las filas enemigas.
Las muertes fuera de combate. Según las organizaciones de derechos humanos, la cifra más alta de muertes fuera de combate, sumada a la desapariciones, de las fuerzas de seguridad nicaragüenses son responsables desde el comienzo de la guerra, es de 300. Muchos de los casos son de hace varios años, cuando los sandinistas chocaban por primera vez con las tácticas de violencia de los contrarrevolucionarios. Según AW, 12 personas fueron muertas fuera de combate en 1985. Esta cifra es extraordinariamente pequeña en una guerra de la duración y la crueldad de la actual. Por otra parte, el gobierno de Nicaragua ha tomado generalmente medidas extremadamente severas contra los causantes de estas muertes. Un ejemplo fueron los juicios ampliamente publicitados en los que se condenó a 13 soldados sandinistas a penas de muchos años de prisión por asesinar fuera de combate a unos sospechosos de contrarrevolucionarios en el área cercana a Pantasma, a pesar de que algunos de estos militares condenados habían sido sandinistas durante muchos años y tenían muy buenos expedientes.
Americas Watch, Amnesty International y otras organizaciones de derechos humanos han elogiado la actitud del gobierno de Nicaragua en estas situaciones, pero mantienen pendiente todavía un caso, ocurrido en 1981 en la frontera norte, en el poblado de Leimus. EL informe de AI de marzo/86 da, por ejemplo, igual espacio a este incidente que el que da a todas las iguales atrocidades de los contrarrevolucionarios. El "caso Leimus", ocurrido durante la estrategia contrarrevolucionaria llamada "Navidad roja", atrajo la atención internacional por las muy publicitadas acusaciones del dirigente contrarrevolucionario mískito Steadman Fagoth sobre 80 mískitos que habrían sido asesinados allí, algunos de ellos - según él - enterrados vivos. AW y AI determinaron que fueron 17 los pioneros que habrían sido muertos de varios de sus compañeros, torturados hasta la muerte por los mískitos.
Americas Watch ha pedido un juicio público y un castigo para los responsables del caso Leimus, aunque afirma que ya el gobierno nicaragüense los ha castigado privadamente. La CNPPDH, organización de derechos humanos nicaragüense - la que recibe el respaldo gubernamental -, en respuesta al informe de AI de marzo/86, dice que según sus fuentes, entre 16 y 18 personas fueron muertas en Leimus, pero que lo polémico de los testimonios y la dispersión de los testigos hace imposible determinar fiablemente qué fue lo que realmente ocurrió. De todas formas, el gobierno ha confinado a una zona alrededor de la mina Rosita a los soldados a quienes cree responsables de los hechos. Siendo así que en parecidos incidentes ha habido castigos severos para los culpables, no hay razón para suponer que no se hecho en este caso, tanto poco claro y ya lejano.
Los aspectos judiciales. Américas Watch señala correctamente que los Tribunales Populares Antisomocistas (TPA), creados para juzgar a los acusados de actividades contrarrevolucionarias armadas, pueden dar lugar a abusos políticos. Este riesgo, naturalmente, lo tiene cualquier sistema judicial. NO entraba, por ejemplo, entre las garantías constitucionales en Estados Unidos por los años 50 y 60 al impedir el arresto de ciudadanos norteamericanos por sus ideas políticas. AW argumenta, con mucha razón, de forma particularmente severa en el punto de los peligros que tiene cualquier tribunal especial.
En las Cortes "Diplock" británicas, empleadas en los últimos años en Irlanda del Norte, por ejemplo, se niega a los acusados el derecho a juicio por jurado y se les condena exclusivamente en base a sus propias confesiones, obtenidas por medios coercitivos, aun cuando la confesión no haya sido hecha por escrito y el acusado no sólo la rechace sino que niegue haberla hecho nunca. Las organizaciones de derechos humanas no han podido encontrar casos similares en los TPA de Nicaragua. Más aun, algunos de sus señalamientos sobre el sistema judicial resultan llamativamente contradictorios. Por ejemplo, tanto AW como AI, hablan de la detención de opositores políticos bajo la ley de emergencia y afirma que han sido liberados después de varios días, sin haber sido acusados o llevados a juicio, indicando que se trató de un acto de intimidación del gobierno, que no tenía cargos reales contra ellos. Pero si el reglamento de los TPA fuera tan ambiguo como las organizaciones de derechos humanos parecen temer, es claro que el gobierno los hubiera podido procesar condenar sin ningún problema y no se hubiera limitado a devolverlos a su casa.
El mero hecho de que las organizaciones de derechos humanos centren tanto su atención aspectos menores. -el calor sofocante en las celdas de las prisiones, por ejemplo, hecho normal en países tropicales; o el frío excesivo en las celdas que tienen aire acondicionado - es el testimonio más elocuente del trato humano que generalmente reciben las prisioneros. Temas como éstos - mucho calor o mucho frío en las celdas - son citados repetidamente por las organizaciones, sugiriendo que forman parte de del maltrato deliberado a las prisioneros para facilitar los interrogatorios. Pero en los Estados Unidos se utilizan técnicas mucho más duras para los interrogatorios, hasta con los adolescentes que roban en las tiendas. Por no hablar de las monstruosas condiciones que existen en las cárceles norteamericanas.
Las organizaciones de derechos humanos no consideran que es responsabilidad suya relativizar los hechos, comparándolos con los que se dan en otros países, pues su objetivo es hacer sugerencias a los países para mejorar la situación y no contribuir a una campaña de propaganda internacional como la que lleva adelante la Administración Reagan. Es claro que un informe como el de AI, publicado tan sólo unas semanas antes de la votación en el Congreso sobre los $100 millones de ayuda a la contrarrevolución, tiene inevitablemente un efecto parece haber sido el objetivo de este informe, que sólo se publicó en inglés, causando un considerable retraso para conocer la reacción del gobierno nicaragüense, pues éste tuvo que esperar la traducción.
Los vacíos y silencios de estos dos informesMás grave que lo que las organizaciones internacionales de derechos humanos dicen es lo que no dicen. Porque está fuera de sus políticas de trabajo, ignoran dónde están en la Nicaragua de hoy las mayores violaciones a los derechos humanos.
AW, por ejemplo, trata cuidadosamente de no tomar posición frente a la guerra contrarrevolucionaria. "Américas Watch no tiene una posición sobre si Estados Unidos debe ayudar a no a los contras. Esto va más allá de nuestras tareas", escriben en su informe de marzo/86 .Pero, desde un punto de vista nicaragüense, es posible hablar de los derechos humanos en Nicaragua sin haber tomado posición contra esta guerra, a porque es esta guerra, sin duda, las principal fuente de violaciones a los derechos humanos en el país y, prácticamente, la única.
El Presidente Daniel Ortega, hablando en la celebración anual del Primero de Mayo, señaló que hasta ese día hay ya en Nicaragua 26.688 víctimas de la guerra de Estados Unidos contra Nicaragua. De Ellos , 14.893 son muertos, añadiendo el Presidente: "Cuando damos estos datos, hablamos tanto de los caídos que defienden a la revolución, como de los que caen instrumentados por la agresión yanque" Habló también del derecho a la vida, del derecho a la educación, a la salud, al trabajo, del derecho del pueblo a la autodeterminación, a la soberanía, a la independencia nacional, justas aspiraciones del pueblo de Nicaragua, que anhela la paz y mejores condiciones de vida. Todos estos derechos están siendo sistemática y deliberadamente violados por el gobierno de Estados Unidos, que es sin duda que es sin duda el principal violador de los derechos humanos en Nicaragua a través de sus "paladines" contrarrevolucionarios.
Porque esta problemática está fuera del prisma de las organizaciones de derechos humanos, sus informes están tan cargados de definiciones legalistas que pueden rayar en el absurdo. Si los contrarrevolucionarios asesinan a una familia campesina indefensa y desarmada, eso apenas merece un párrafo en el informe. Pero si un campesino duda de que en otra ocasión ese párrafo puede salvarle de una acción similar de los contrarrevolucionarios, y eso se traslada a una asentamiento y decide ir armado para defenderse, ese hombre se convierte en un blanco legítimo para los contrarrevolucionarios. Si lo mantan, las organizaciones de derechos humanos. No tendrán en cuenta su caso. La idea de que un campesino armado para su defensa es un soldado que se prepara para el combate no responde a la realidad, pero las organizaciones de derechos humanos son reacias a mencionar estos casos o a calificarlos de abusos. De hecho, son criticadas si lo hacen así.
En consecuencia, con esta política resulta imposible ubicar estos ataques dentro del contexto de una deliberada estrategia de terror, que nada tiene que ver con estrategias militares. Durante una reciente conferencia de prensa en Managua, un periodista de un importante periódico de los Estados Unidos, preguntó repetidamente si los campesinos que fueron atacados por los contrarrevolucionarios en un asentamiento y murieron como consecuencia del ataque estaban o no armados. "Claro que estaban armados y que lucharon - le respondió un austríaco que estaba trabajando en el asentamiento construyendo un centro de salud y una escuela -. Si no hubiera estado armados, todos estaríamos muertos, ¡muertos! ", dijo y pasó un dedo por su garganta, para enfatizar sus palabras.
Las organizaciones de derechos humanos no se sienten con capacidad para denunciar la guerra contrarrevolucionaria en sí misma y sólo denuncia la falta de cuidado de los contrarrevolucionarios, que no distinguen entre civiles y combatientes, y su tendencia asesinar a los pioneros. pero, denunciar y, en consecuencia, reclamar a los contrarrevoluconarios que no asesinen a los civiles que apoyan a la revolución es pedirles que dejen de existir. Porque toda la estrategia de una guerra de baja intensidad como ésta, está dirigida a separar a la población civil campesina del gobierno sandinista y de las organizaciones populares. Es la misma estrategia de Reagan: quieren presentar a la revolución sandinista como contradicción entre nueve comandantes y el pueblo, del que están separados. Para cumplir este objetivo, para separarlos, el terrorismo es el único instrumento con el que cuentan los contrarrevolucionarios.
Fieles a esta política de silencio, las organizaciones de derechos humanos evitaron denunciar a los contrarrevolucionarios por sus ataques a dos embarcaciones de pasajeros que hacían el trayecto entre Rama y Bluefields, por el Río Escondido, en la Costa Atlántica (agosto/85). Con estos ataques, los contrarrevoluconarios querían transmitir claramente un mensaje: resulta peligrosa viajar en cualquier vehículo en el que viajan un soldado o un funcionario sandinista. En aquella ocasión, la presencia a bordo de soldados fue lo único, que impidió que todos los pasajeros resultaran muertos, según la versión de 17 extranjeros que iban en el barco y que hicieron después declaraciones a la prensa. Para una organización de derechos humanos, aceptar que los vehículos civiles son objetivos militares porque dentro de ellos viajan militares para defender a los civiles es un precedente extremadamente peligroso. Esto justificaría, por ejemplo, un ataque contrarrevolucionario contra un ómnibus urbano, si los contrarrevolucionarios argumentaron que dentro viajaba un soldado que volvía a su casa. Estos ataques terroristas no están fuera de la perspectiva de los contrarrevoluconarios: recientemente la seguridad sandinista descubrió planes para poner explosivos en los buses que circulan en Managua.
Algunos organizaciones de derechos humanos declaran en privado que no se refieren a estos ataques contrarrevolucionarios por temor a ser juzgadas como pro-sandinistas, anti-intervencionistas o politizadas. Añaden que cuentan con datos sobre muchos más casos, en los que se prueba el terror deliberado de los contrarrevolucionarios contra civiles desarmados, que no pueden ser considerados como "objetivos militares" y que, por eso, no es necesario referirse a todos los posibles abusos. Pero si continúan manteniendo estas posiciones, se exponen en el futuro a dar pie a que se afirme que las atrocidades contrarrevolucionarias "están disminuyendo", porque cada vez serán más los campesinos que vayan armados para defenderse, dejando de ser esos "civiles desarmados" sobre los que únicamente se deciden ellos a hablar.
No se trata de culpar con esto a las organizaciones de derechos humanos por no proteger debidamente a los civiles nicaragüenses de los ataques contrarrevolucionarios. Estos comentarios sólo son un intento de mostrar las dificultades que esta guerra contrarrevolucionaria presenta a quienes quieren mantener a la vez la imparcialidad, la credibilidad, las definiciones legalistas y el sentido común.
Un trabajo deficienteLa más seria acusación que hay que hacer a algunos recientes informes sobre derechos humanos en Nicaragua, se refiere al trabajo cuidadoso que reflejan. El informe de marzo/86 de Amnesty International resulta un trabajo extremadamente defectuoso, hecho con una exagerada confianza en el testimonio de los miembros del derechista Partido Social |Cristiano o de la igualmente derechista Comisión Permanente de Derechos Humanos. AI no habló con la Comisión de Derechos Humanos gubernamental para preparar este informe y no haya en él evidencias de que hablaran siquiera con algún funcionario del gobierno.
Para dar un solo ejemplo: AI incluye entre sus "prisioneros de conciencia" a Luis Mora, arrestado el 28 de abril de 1984, acusado de estar involucrado en actividades de los grupos opositores armados. Mora trabajaba en este tiempo para Radio Impacto de Costa Rica, a la que Amnistías identifica como "una emisora radial costarricense que trasmite hacia Nicaragua". Omite mencionar - o lo desconoce - que Radio Impacto funciona como la estación radial de la contrarrevolución en Costa Rica. En su informe, AI dice que envió un telegrama al gobierno nicaragüense sobre Mora, "para exigir que no se le detuviese únicamente por su trabajo como periodista".
El argumento de que un propagandista, detenido por trabajar para el enemigo en tiempo de guerra, sea un "prisionero de conciencia", socava totalmente el concepto de "prisionero de conciencia" y resta prestigio a quienes así lo han juzgado. Se trata de una clasificación hipócrita, no ser que AI estuviera dispuesta, por ejemplo, a conceder retroactivamente la calificación de prisionero de conciencia a Lord Haw y a Tokio Rose. El estatus de prisionero de conciencia lo ha dado siempre Amnistía a los prisioneros detenidos por sus creencias, raza, sexo, origen étnico, lengua o religión que no han recurrido a la violencia ni han apoyado el recurso a ella. Y Radio Impacto aboga abiertamente por el derrocamiento violento del gobierno de Nicaragua, postura coherente con su papel de emisora de la oposición armada.
Señala AI que Mora fue enjuiciado y condenado en junio de 1984 por un Tribunal Popular Antisomocista y que fue perdonado en el mes de septiembre del mismo año. Amnistía señala que en el momento de su liberación, la organización no había decidido aun si considerarlo o no un prisionero de conciencia.
Mora fue arrestado nuevamente el 15 de junio de 1985 - informa AI - "después de que las fuerzas de seguridad chocaron con las participantes en una manifestación pública de saludo al Cardenal Obando y Bravo a su regreso al país." Resulta ésta una sorprendente versión de los hechos. Porque las fuerzas de seguridad de Nicaragua no "chocaron con los participantes en la manifestación". La policía fue a esta manifestación desarmada, precisamente para evitar chocar con ellos y fue violentamente atacada por los manifestantes, en su mayoría pertenecientes a los partidos de la coalición derechistas Coordinadora Democrática, de la que Mora es miembro, y por los miembros de la Juventud Social Cristiana. 16 policías tuvieron que ser hospitalizados, algunos con heridas muy graves y con lesiones duraderas.
Uno de ellos perdió después un ojo al ser golpeado con un tubo de metal. En los incidentes, varios periodistas mexicanos tuvieron que ser liberados de ataques físicos pues los acusaban de pro-sandinistas. Estos hechos - de los que "Envío" fue testigo fueron ampliamente divulgados en los periódicos nicaragüenses y extranjeros y resulta desconcertante que AI supiera tan poco de ellos. La declaración del Ministro del Interior, Tomás Borge, sobre los policías heridos - "No tenemos una policía represiva, tenemos una policía reprimida" - tuvo mucha publicidad en los medios de comunicación. Mora fue detenido bajo la Ley de Orden Público, que sanciona actos de violencia, pero AI afirma que continúa investigando el caso como el de un posible prisionero de conciencia. Mora fue nuevamente liberado en febrero/85 durante la visita a Nicaragua del ex-presidente Carter.
Amnesty Internacional parece creer que el perdón otorgado por la Corte, en nombre de la Ley de Gracia, es una forma por la que le gobierno admite que el prisionero fue acusado injustamente .,Pero los criterios para invocar la Ley de Gracia no sólo incluyen aquellos casos en los que la Comisión Nacional de Derechos Humanos determina que se han cometido errores en la aplicación de la justicia o que la sentencia es demasiado se verá sino que también se tienen en cuenta otros criterios: la posibilidades rehabilitación, las necesidades familiares y, en un sentido amplio, la voluntad de curar las heridas causadas a la familia nicaragüense por los dos mayores conflictos de la historia del país: la guerra contra Somoza y la guerra contrarrevolucionaria. Por esto, las organizaciones de derechos humanos deben ser muy cuidadosas en juzgar que la conmutación de una sentencia signifique necesariamente que el juicio original fue injusto.
AI no cita usualmente sus fuentes, pero en este informe aparece depositando toda su confianza en la información que le fue brindada por la Comisión Permanentemente de Derechos Humanos (CPDH). Es ésta una organización derechista, estrechamente relacionada con el Partido Social Cristiano. Según "The Washington Post", la CPDH es financiada por el gobierno de Estados Unidos, a través de una fundación seudo-privada. aunque la CPDH lo niega.
Esto no invalida su información, que puede ser tan valiosa al dar datos sobre los hechos como la que brinda el grupo gubernamental que se ocupa de los derechos humanos, la Comisión Nacional para la Preservación y Promoción de los Derechos Humanos (CNPPDH), pero es lógico que la CPDH busque presentar las cosas según sus posiciones opositoras al gobierno nicaragüense y resultaría ingenuo creer en el desinterés de sus informaciones. La CPDH intenta presentarse como "independiente" y como una continuidad de la CPDH que existió antes de la revolución. Pero la CPDH actual no es independiente y no es tampoco la continuidad de la prerrevolucionaria CPDH.
Es tanto la continuidad de ella como podría ser "La Prensa" actual continuación de la prerrevolucionaria "La Prensa". La mayoría de la directiva de la CPDH abandonó la Comisión poco después del triunfo revolucionario. Entre los que salieron está Roberto Arguello Hurtado, que fue Presidente de la Corte Suprema de Justicia hasta 1985, cuando fue designado embajador en Francia; el P. Uriel Molina, Director del Centro Ecuménico Antonio Valdivieso, al que la jerarquía católica del país ha intentado infructuosamente expulsar del país y Edgard Parrales, también sacerdote - en trámites de secularización -, actual embajador de Nicaragua en la OEA.
El informe de AI es muy superficial en muchos otros puntos. Se refiere al uso de "medidas especiales" sobre algunas personas en áreas mískitas de la Costa Atlántica en 1982. Pero sugiere que "medidas especiales" será el término "con el que aparentemente se está encubriendo la ejecución sumaria".
"Aparentemente", ¿de acuerdo con la opinión de quién"? AI no lo dice, pero esta acusación fue hecha originalmente por José Alvaro Baldizón, el desertor nicaragüense al que antes nos referimos y cuyo testimonio ha sido denunciado en muchos de sus puntos por Américas Watch como algo sencillamente "no creíble". AW señaló que algunas de las personas que aparecen en una lista que Baldizón presentó - pretendiendo que era un memorándum del Ministerio del Interior - y que habrían sido sometidas a "medidas especiales", no habían sido ejecutadas sumariamente sino que estaban todas "vivas y libres en Nicaragua, según fuentes de la Iglesia Morava." Amnistía no tuvo en cuenta esto. a pesar de que una carta de AW ka Baldizón conteniendo esta información, fue escrita y distribuida en los círculos de derechos humanos varios meses antes de que se publicara el informe de AI.
AI tampoco publica ningún comentario del gobierno nicaragüense sobre este tema, a pesar de que el Ministro del Interior, Tomás Borge, ha declarado que "medias especiales" significa "operaciones encubiertas", que incluyen infiltración y vigilancia de las unidades contrarrevolucionarias y ha negado expresamente que las "medidas especiales" supusieran el asesinato. por su parte, el informe de AW no fue capaz de llegar a una conclusión definitiva sobre qué significaba exactamente "medidas especiales".
Esta falta de cuidado al preparar los informes socava seriamente la credibilidad de los trabajos sobre derechos humanos en Nicaragua. Podríamos también discutir el último informe de AI por su tono general, que tiende a reflejar miméticamente los puntos que sobre derechos humanos en Nicaragua propone la Administración Reagan. AI, por ejemplo, presta relativamente escasa atención a las atrocidades de la contra y a la complicidad de Estados Unidos en ellas: le dan igual espacio a este tema que el que dedican al incidente de Leimus ya citado. Dedican también un considerable espacio a temas tan marginales como puede ser el estatus del objetor de conciencia entre los reclutados para el ejército de Nicaragua.
Después de leer el informe, el lector queda con la pregunta: ¿por qué dedican tanta atención a este asunto, si el propio informe reconoce finalmente que "ningún caso de detención o de juicio de jóvenes en edad de reclutamiento por rehusarse a prestar el servicio militar a causa de objeción de conciencia fue registrado por Amnistía Internacional"?
La razón de la atención desmedida a este problema puede ser la gran cantidad de informaciones dedicadas al tema del servicio militar dentro de la agenda propagandística anti-sandinista de la Administración Reagan. Esta confiaba que el reclutamiento militar provocaría descontento entre la juventud nicaragüense que apoya la revolución sandinista. Y hasta hubo ilusiones en Washington de que el reclutamiento obligatorio provocaría divisiones en el ejército de Nicaragua. El mismo Secretario de Estado, George Shultz tuvo que reconocer que el apoyo de la juventud a los sandinistas era mayor que el de la gente de más edad, cuando criticó la decisión de bajar la edad para el voto de 18 a 16 años, en las elecciones de 1984. En el tema de la objeción de conciencia AI tendría que haber tendió en cuenta también otras consideraciones. En primer lugar, el estatus del objetor de conciencia no es algo internacionalmente aceptado dentro del campo de los derechos humanos.
Ningún ejército centroamericano lo tiene en cuenta, tampoco otros muchos países. En segundo lugar, en la medida de lo posible, y afrontando una guerra en su propio territorio, Nicaragua ha buscado, en la práctica, tener en consideración la objeción religiosa a la guerra: los dirigentes religiosos están exentos de participar en combates, mientras que los miembros activos de pequeñas sectas evangélicas, aunque pueden ser reclutados para el servicio, son destinados cerca de su comunidad para que así puedan seguir diciendo los servicios religiosos semanales si la secta no tiene suficientes recursos humanos a nivel nacional. Los menonitas, que tienen una larga tradición de objeción de conciencia por motivos religiosos, están exentos del servicio.
AI publica también, sin ningún comentario, el texto de una decisión de un Comité del Congreso norteamericano en el que se afirma que el Manual de la CIA que recomendaba el asesinato de funcionarios civiles y de activistas políticos sandinistas no constituye una "violación intencional" de la orden del Ejecutivo de Estados Unidos que prohibe los asesinatos. AI podía haber tenido en cuenta que el alto funcionario de la CIA, Dwayne R. Clarridge, declaró que la CIA había asesinado deliberadamente a maestros, jueces y otros funcionarios y que el Comité de Supervisión de Inteligencia del Congreso sabía esto desde 1983. (Clarridge fue citado en el conocido libro de Christopher Dickey "Con los Contras", que apareció meses antes del informe AI).
¿Secando el mar?Aunque está documentado más seriamente, el informe de Américas Watch del 4 de marzo de 1986 tiene también algunos puntos discutibles. El informe critica la evacuación de campesinos llevada a cabo a lo largo de 1985 por el gobierno sandinista en distintas zonas de la frontera norte del país para reubicarlos en asentamientos en zonas más interiores. AW caracteriza esta acción como parte de "la bien conocida estrategia contrainsurgente de quitarle fel mar -la base social - a los peces - los guerrilleros-". AW compara también la operación con la estrategia de tierra arrasada con la que el gobierno salvadoreño ha despoblado diferentes zonas de El Salvador.
La comparación con El Salvador es maliciosa. La razón principal para llevar a cabo la evacuación - razón que no menciona AW y de la que parece no tener ni conocimiento- fue la de crear, con ayuda de los helicópteros artillados, una zona de libre fuego en la que poder perseguir a las fuerzas contrarrevolucionarias antes de que pudiera huir hacia su retaguardia en las bases de Honduras. El caso de El Salvador es distinto, pues el gobierno de este país no está siendo víctima de una permanente invasión desde un país vecino y por esto no necesita implementar esta estrategia de perseguir a los guerrilleros en la huida a sus bases de refugio. Los objetivos del ejército salvadoreño obedecen plenamente a la táctica contrainsurgente que señala AW, los del ejército nicaragüense no exactamente.
Por otra parte, y como ya AW lo había señalado en el pasado, el gobierno salvadoreño emplea deliberadamente el bombardeo aéreo de la población civil, con el fin de eliminarla o de forzarla a huir hacia refugios. La evacuación en Nicaragua tuvo precisamente el objetivo de impedir bajas civiles. En El Salvador se bombardea a la base social de la guerrilla. En Nicaragua, por el contrario, se persigue a la guerrilla, evitando que los combates afecten al campesinado, que es base social del proyecto revolucionario.
Denunciando el desplazamiento como una "forzosa reubicación de miles de ciudadanos", AW comete un error, al no señalar que las evacuaciones de campesinos - llevadas a cabo sin que hubiera muertos o heridos - son el pequeño precio que hay que pagar para poner algún freno al terror contrarrevolucionario. La evacuación contribuyó a garantizar la seguridad a los cortadores de café en la cosecha de este año, pues la creación de zonas de libre fuego fue un factor más para impedir que los contrarrevolucionarios asesinaron a más de 40 cortadores, incluyendo a 20 voluntarios, asesinados de un forma particularmente brutal en una emboscada. Este año no lograron matar a ninguno. No tener en cuenta estos aspectos esenciales en una operación así indica una cuestionable manera de informar.
Por otra parte, AW no parece haber encontrado una especial simpatía por los contrarrevolucionarios entre los campesinos reubicados, a pesar de que el informe dice que pudieron entrevistarse libremente con ellos. En El Salvador y en situaciones de guerra similares, como en Vietnam y en Laos durante la guerra de Indochina, era bien fácil lograr que los evacuados y reubicados expresaran claramente su odio al gobierno y su simpatía por los insurgentes. Otros periodistas que han visitado los asentamientos en donde fue reubicada la población campesina evacuada, han apreciado escasa simpatía por los contrarrevolucionarios entre ellos, aunque, obviamente, también han detectado disgustos por haber sido trasladado .
AW lamenta que a los evacuados se les dio muy poco tiempo para recoger sus pertenencias y que, como resultado de esto, perdieron mucho de lo poco que tenían. La organización señala que aunque a los campesinos se les permitió regresar más tarde a sus casas a recoger otras pertenencias, encontraron que ya las habían perdidos o se habían dañado por las lluvias. Nos referimos a este detalle porque es un ejemplo del problema que representan los informes sobre derechos humanos en Nicaragua, pues si es verdad que los campesinos perdieron muchas de sus cosas - como lo es que el gobierno ha intentado en la medida de lo posible restituírselas- sus pérdidas son una de las dolorosas características de los tiempos de guerra y son apenas importantes, comparadas con los sufrimientos que han tenido otros nicaragüenses en las crueles manos de los contrarrevolucionarios.
Lo grave es que las organizaciones de derechos humanos no critiquen los ataques contrarrevolucionarios a los asentamientos de los reubicados o a las cooperativas, en las que comunidades enteras han sido decontruidas, con muchas pérdidas en vidas y en propiedades personales. Los grupos de derechos humanos insisten, quizá con poca esperanza, en que los contrarrevolucionarios concentren su fuego sobre los "objetivos económicos" y los "combatientes", ignorando el hecho de que esos "objetivos económicos" son las propiedades campesinas, sus medios de subsistencia, y que los "combatientes" son los mismos campesinos, que intentan salvar su vida y las de sus familias. Este es sólo un ejemplo de las convenciones de Ginebra, diseñadas para otras guerras, a una guerra en la que los ataques terroristas indiscriminados son características esenciales.
Lo peor de todo esto es que AW también su auto adjudica competencia militar para discernir estrategias. (No sería mala idea que las organizaciones de derechos humanos que visitan países en guerra tuvieran entre sus expertos, no sólo abogados sino algún experto militar). AW declara en su informe de 4 de marzo/86 que la actividad contrarrevolucionaria ha bajado en intensidad en las áreas en las que los campesinos fueron evacuados y, por esto, reclama al gobierno que permita a los campesinos regresar a sus casas. la sugerencia parece, al menos prematura. Los contrarrevolucionarios la cuestionan cada día con sus indiscriminados ataques en zonas cercanas, en las que no puede hablarse de seguridad.
Lo mismo que sucede con el informe de AI, lo que resulta más criticable en el último informe de AW es que claramente parece más dirigido a mantener su credibilidad ante la prensa norteamericana y ante los congresistas que brindar un informe exacto de los hechos.
"No estamos en la capacidad de decir que los abusos de una de las partes sean peores que los de la otra", dice AW en un sorprendente párrafo del prólogo de su informe. Las organizaciones de derechos humanos quieren ser imparciales y equilibradas y, según los criterios norteamericanos, a menudo lo logran. Para ellas, ser equilibrado consiste en equidistar de la Administración Reagan y del gobierno sandinista. Pero para los medios de comunicación, el equilibrio es otro: es equidistar de la Administración y de sus opositores del Partido Demócrata, ambos coincidentes en su oposición a los sandinistas.
El espacio se estrecha. Y es lógico que los autores de estos informes traten de acomodarse a él, realizando un trabajo cada vez más difícil. Aunque también es lógico que los lectores de estos informes, que no ignoran ni dificultades ni límites, los cuestionen. Y éste es el fondo de la cuestión: desarrollar una política sobre derechos humanos que sea aceptable en los Estados Unidos es una cosa. Pero ser realmente equilibrado en el tratamiento de los derechos humanos en una Nicaragua en guerra es otra bien diferentes.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica