La maternidad impuesta por violación tiene rostro de niña

En su carta pastoral “La alegría del Evangelio” el Papa Francisco se refiere, entre otros muchos temas, al del aborto, reiterando que “no debe esperarse que la Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión”. Y añade esta compasiva consideración, que complejiza su afirmación: “No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. Pero también es verdad que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor?”

IPAS Centroamérica

Cuando usted esté leyendo este texto, en algún lugar de Nicaragua, una niña, una adolescente o una mujer está siendo abusada sexualmente. Son muchas las niñas y adolescentes nicaragüenses que, además de vivir el trauma de la agresión sexual, son obligadas a continuar con un embarazo impuesto, producto de la violación, lo que pone en riesgo su salud física y mental, convirtiéndose en una forma de discriminación y de tortura.

LA VOZ DE SIETE NIÑAS

Alejandra, Carla, Diana, Perla, Estela, Raquel y Jasmina hablaron con nosotras para contarnos lo que les pasó. Son nombres ficticios, pero sus historias son reales. Ocurrieron en distintos puntos de Nicaragua entre 2010 y 2013. La información de cada caso la obtuvimos de entrevistas con las madres de las niñas y adolescentes, de la revisión de los peritajes médicos y sicológicos elaborados por el personal forense, de informes de investigación policial y de notas publicadas en medios de comunicación escritos. En algunos casos también revisamos escritos acusatorios de la Fiscalía y sentencias judiciales.

Las siete niñas y adolescentes que nos brindaron sus testimonios comparten características comunes. Todas provienen de hogares pobres, todas eran vulnerables, por su edad, por la relación de dependencia o subordinación respecto del agresor (padrastro, maestro) o por su condición de discapacidad. Todas soportaron en silencio el trauma de la violación por vergüenza o por miedo a las amenazas de su agresor.

Estos testimonios dan cuenta de la tragedia que implica para una niña y su familia ser víctima de un delito de esa magnitud. También evidencian la situación de desventaja en las que se encuentran niñas, adolescentes y mujeres en un país como Nicaragua, en donde el Estado no garantiza Derechos Humanos básicos: el derecho a la vida, a la salud, a la libertad y autodeterminación, a la privacidad e intimidad, a la igualdad y no discriminación, a la información y al acceso a la justicia, derechos que se ven seriamente afectados al no tener acceso a procesos ágiles y claros con los que obtengan protección, atención y apoyo para superar el daño que les causaron.

SOMOS TERRITORIO DE VIOLENCIA

La infancia es un momento único en la vida. Es una etapa en la que todas las experiencias, aunque breves, marcan a la persona por el resto de su existencia. La violencia sexual arrebata a las niñas y adolescentes sus derechos esenciales, sus sueños y esperanzas.

América Latina, con una población de más de 190 millones de niños y niñas es una de las regiones más desiguales del planeta, una de las que exhibe mayores índices de violencia, una violencia que afecta principalmente a mujeres, niñas y niños. El “Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Violencia hacia la Niñez” (2006) destacó estos datos:

- Cada año más de 6 millones de niños y niñas sufren abuso severo en los países de América Latina y el Caribe y más de 80 mil mueren a causa de violencia en sus hogares.

- Entre un 10% y un 36% de las mujeres, según cada país, han sufrido violencia física o sexual.

- El abuso sexual es el maltrato infantil menos denunciado. Los agresores suelen ser varones y en 8 de cada 10 casos son los padres, esposos o parientes.

Un estudio realizado en 2011 por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FLASOG), señala: “Se ignora la real incidencia del abuso y las agresiones sexuales debido a las dificultades para su registro, ya que muchas veces estos hechos no se denuncian. No obstante, algunos datos disponibles permiten dimensionar la magnitud de esta problemática en la población de niñas y adolescentes. En Chile, el 80% del total de denuncias registradas en las comisarías de menores son por violencia sexual. En Colombia, según la información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la tasa de denuncias por abuso sexual en 2008 fue de 293 por 100 mil habitantes en la población de 10 a 14 años y de 168 por 100 mil habitantes en la de 15 a 19 años”.

Según el estudio de 2002 sobre Violencia y Salud realizado por la Organización Mundial de la Salud, “una tercera parte de las adolescentes ha sufrido una iniciación sexual forzada”. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), dedicó en 2013 su informe anual a este problema. Lo tituló “Maternidad en la Niñez”.

Los datos son estremecedores: 20 mil niñas dan a luz cada día, 70 mil muertes de adolescentes están relacionadas con el embarazo y el parto. 7 millones 300 mil niñas y adolescentes menores de 18 años dan a luz cada año y 2 millones de ellas tienen menos de 15 años. El estudio señala que los países en desarrollo son los que presentan las cifras más altas, y lo son en particular en América Latina y el Caribe, la única región del mundo donde se reporta un aumento del número de partos en niñas menores de 15 años.

NIÑAS EMBARAZADAS:
NICARAGUA EN PRIMER LUGAR

Los grupos más afectados por esta problemática en América Latina y el Caribe son las niñas y adolescentes indígenas, las afrodescendientes, las inmigrantes y las que viven en comunidades pobres y sin acceso a educación.

Según señala el estudio, Centroamérica presenta las cifras más altas, ocupando Nicaragua el primer lugar. El 28% de las mujeres de 20 a 24 años, mujeres jóvenes, dijeron haber dado a luz antes de los 18 años. En cifras, sigue Honduras (26%) y después están Guatemala, El Salvador y República Dominicana (24%).

El embarazo y la maternidad en adolescentes se relacionan estrechamente con los contextos de pobreza y exclusión, la falta de condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la ausencia de medidas de protección ante situaciones de riesgo.

El Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la FLASOG, en un estudio publicado en enero de 2011, afirma: “Los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años son en su mayoría embarazos no deseados. Esta situación afecta en mayor medida a las niñas y adolescentes de sectores sociales más desprotegidos. Diversos factores inciden en la ocurrencia de embarazos adolescentes en menores de 15 años: el desconocimiento del cuerpo y de los hechos básicos de la reproducción y la falta de conocimiento de medidas de prevención del embarazo y de acceso a las mismas. Asimismo, como causales directas revisten particular importancia el abuso sexual, la relaciones sexuales forzadas y la explotación sexual”.

En Nicaragua, la frecuencia y gravedad de la violencia en contra de las niñas y adolescentes alcanza niveles de epidemia. Cada año centenares de niñas y adolescentes son víctimas de abusos sexuales, en su mayoría por hombres cercanos a su entorno: padres, padrastros, tíos, abuelos y hermanos. En algunos casos, los victimarios han sido maestros, vecinos, sacerdotes y pastores.

SE DENUNCIAN DOS NIÑAS VIOLADAS CADA DÍA

Según estadísticas policiales y de Medicina Legal, entre 2009 y 2012 la Policía Nacional informó de un total de 2,790 denuncias de violación en contra de niñas de menos de 14 años. Sólo en 2012 la institución recibió 756 denuncias por este delito, lo que representa dos casos por día. De un promedio anual de 1,300 denuncias de violación, el 83% de las víctimas tenía menos de 18 años. En 2013 el Instituto de Medicina Legal realizó 5,616 peritajes a sobrevivientes de violencia. El 88.5% de las víctimas eran del sexo femenino y el 83% tenía menos de 18 años. Seis de cada diez eran menores de 13 años.

Los datos registrados por la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal no son comparables. De los registros policiales se extrajeron las denuncias sobre el delito de violación en contra de menores de 14 años. En cambio, las cifras del IML, tomadas de los boletines mensuales publicados por esa institución en 2013, se refieren al total de peritajes realizados por delitos contra la integridad sexual, donde se incluyen todos los tipos penales relativos a violencia sexual.

Uno de los obstáculos al tratar de hacer un análisis de esta realidad es la falta de datos oficiales, ya que en Nicaragua ninguna institución en sus protocolos establece como parte del proceso el hacer diagnóstico de causas asociadas al embarazo, por lo tanto, no existen registros sobre incidencia de embarazos productos de violación sexual, a pesar de lo establecido en la Ley 779 Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que en su artículo 20 afirma que las instituciones del Estado son responsables de “detectar, documentar y brindar la información a la autoridad competente sobre los hallazgos físicos y psíquicos, ocasionados por la violencia en las víctimas, que acuden a los servicios de salud pública y de justicia para la sanción y recuperación del daño”.

La Policía Nacional reporta las denuncias por delito de violación, el Ministerio de Salud registra las estadísticas de usuarias que llegan buscando atención después de haber sufrido una violación sexual. Estas cifras, en términos absolutos son mucho menores de lo reportado por la Policía y/o el IML. Por otro lado, en las estadísticas de control prenatal no se registra si el embarazo fue o no producto de violación, aunque, de acuerdo a la Ley 779 el embarazo es un agravante del delito. Por todo esto, es imposible establecer el porcentaje de mujeres, adolescentes y niñas que viven con angustia su embarazo porque “la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación”, como dice el Papa Francisco.

LA MATERNIDAD INFANTIL
SE ESTÁ NATURALIZANDO

En Nicaragua, la maternidad infantil es tan frecuente que se está naturalizando. Ocurre ante los ojos de toda la sociedad y, sobre todo ante los de las instituciones encargadas de la protección a la niñez, que solamente observan, sin buscar alternativas para dar respuestas acordes a la dimensión del problema y que, inclusive, con su forma de actuar hacen de nuevo víctimas a las niñas haciéndolas pagar las consecuencias de un acto criminal del que no tuvieron ninguna responsabilidad, mientras los hombres que las agredieron sexualmente quedan impunes.

Ninguna institución del Estado reporta los embarazos productos de violación. Cuando ocurre la violación sexual sólo se registra el nombre de la víctima, su edad y algunos datos del victimario. Pero los embarazos por violación quedan ocultos en las estadísticas. Sin embargo, nada se puede ocultar totalmente. Según datos del Ministerio de Salud, entre 2009 y 2012 ocurrieron un total de 6,404 egresos hospitalarios por parto de niñas que tenían entre 10 y 14 años. Representaron el 1.17% del total de egresos. Durante ese período, los egresos por partos de adolescentes que tenían entre 15 y 18 años de edad sumaron 138,868, el 25.37% del total.

Según el monitoreo de medios que realiza sistemáticamente Católicas por el Derecho a Decidir de Nicaragua, en 2013 los tres medios escritos del país publicaron noticias sobre 21 niñas y adolescentes embarazadas por violación. 13 de ellas (62%) tenían 14 años o menos.

Aunque Nicaragua dice respetar “el interés superior de niñas y niños”, es también uno de los pocos países del mundo que no permiten la interrupción del embarazo bajo ninguna circunstancia y, por eso, las niñas y adolescentes con embarazos impuestos no tienen alternativas. Su salud física y mental, incluso su vida, se ve comprometida y no hay opción para ellas. El Estado las obliga a continuar con embarazos riesgosos. En la mayoría de los casos ni ellas ni sus familias cuentan con mínimas condiciones para traer un nuevo ser a hogares pobres y a entornos hostiles donde se produjo la violación. Esto reproduce el ciclo de pobreza, violencia y marginación en el que viven.

Más allá de las cifras, las historias de Alejandra, Carla, Diana, Perla, Estela, Raquel y Jasmina nos muestran, cómo el embarazo impuesto por violación es una tragedia, que extiende el sufrimiento de las víctimas al de sus familias y lesiona Derechos Humanos fundamentales. En situaciones tan dolorosas, ¿quién paga realmente por el delito cometido, a quién realmente castiga el Estado por la violencia sexual?

ALEJANDRA: “YO NO DIJE NADA”

“Aunque tengo veintiún años mi mamá me llama Alejandrita. Ella dice que cuando tenía quince meses tuve una caída y me puse mal, me dieron muchas calenturas y hasta convulsiones… Mi mamá me mandó a la escuela a ver que podía aprender, pero estuve tres años en primer grado. Después me sacó porque me agarraban ataques y peleaba con los demás chigüines. A los 18 años conocí a un hombre que le dicen “Checho”. Yo platiqué como dos veces con él. Hace como un mes yo venía del mercado con mi prima cuando lo vimos hablando con otros hombres. Él se me acercó y me dijo que quería platicar conmigo.

Mi prima agarró el bus para su casa y yo me fui a la parada de las camionetas. El hombre me siguió, me dijo que lo acompañara, que me iba a ir a dejar a mi casa en la moto, pero me llevó a un cuarto. Yo no sabía dónde estaba. Me quitó la ropa y me tocaba. Me dolió mucho y cuando terminó de hacer eso, yo me vi la sangre y me limpié. Me dijo que me fuera y que no dijera nada porque no quería problemas con mi familia. Yo no dije nada, tenía miedo que mi mamá me regañara, porque ella me había dicho que nunca me montara en carro o en moto con nadie. Me hicieron unos exámenes y salió que estaba embarazada”.

¿CÓMO ESTARÁ HACIENDO AHORA SU MADRE?

Por su condición de discapacidad, Alejandra tiene la ingenuidad de una niña, situación de la que se aprovechó su violador. La madre comenzó a notar que Alejandra estaba triste, lloraba, no quería quedarse sola, le rogaba que no fuera al trabajo diciéndole: “Murámonos de hambre, pero no me dejés sola”. Al saber que estaba embarazada, Alejandra le decía a su mamá que no quería tenerlo. Su mamá dice que debido al daño cerebral, la joven tiene tendencia a ser agresiva y ella tenía temor de que cuando naciera la criatura Alejandra le hiciera daño.

La psicóloga forense diagnosticó que producto del trauma de la violación y la confirmación del embarazo, la niña presentaba sentimientos de tristeza, rabia y evidente rechazo al estado de embarazo, y que durante la entrevista expresó que no quería que se le acercaran los hombres, porque lo que le había pasado provocó que “algo le creciera en la panza”.

La violación de Alejandra ocurrió en septiembre de 2012. Cuando la madre se enteró habían transcurrido un poco menos de siete semanas. De inmediato su madre la llevó al médico y presentó la denuncia ante la Fiscalía. El proceso judicial siguió su curso. Con base en las pruebas testimoniales y periciales, casi un año después, el Juez de Distrito Especializado en Violencia, dictó sentencia condenatoria contra el agresor, sancionándolo a 15 años de prisión por el delito de violación agravada.

A pesar de que su condición es evidente, Alejandra fue sometida a diversas pruebas médico-sicológicas, en las que se verificó lo que ya la madre había informado: que su hija tenía la edad mental de una niña de 7 años. Esto muestra como en los procesos judiciales la víctima es quien debe demostrar “su inocencia” y las autoridades no se concentran en recabar pruebas en contra del violador.

Alejandra es la menor de cuatro hermanos. Vive sola con su mamá, una mujer de 40 años, que trabaja desde las 6 de la mañana limpiando en una empresa. Tal como refirió durante la audiencia judicial cuando salía a trabajar dejaba a Alejandra encerrada bajo llave pues no tenía con quien dejarla. Debemos preguntarnos: ¿Cómo estará haciendo ahora esta madre, que ha tenido que asumir la responsabilidad de la crianza de un nuevo niño en el hogar?

En éste, como en la mayoría de los casos, además del trauma de la violación, a esta joven -en la realidad una niña- le fueron vulnerados una serie de derechos, condenándola a continuar con un embarazo que ella no deseaba, que se le impuso sometiéndola sexualmente por medio del engaño y abusando de su condición de discapacidad. A partir de la violación y el embarazo la vida de esta familia se vio alterada, sin contar con apoyo de ninguna institución del Estado, ya que en el país no se aplica ninguna política dirigida al resarcimiento del daño a las víctimas del delito de violación, agravado por la carga emocional y material que representa criar a una criatura que viene a este mundo como resultado de esta grave agresión sexual.

CARLA: “SE PUSIERON A REIR”

“Yo vivía en Hamaquita, allá por Bocay, con mi mama, mi padrastro y mis siete hermanos. Nunca he ido a clases, la escuela quedaba lejos y a mi padrastro no le gustaba que fuera a clases. Como mi abuela estaba enferma mi mamá se iba a cuidarla. Yo me quedaba sola con mis hermanos y mi padrastro. El mismo día que mi mamá salió él me agarró en la noche. Ésa fue la primera vez, la otra vez se me pasó al catre. Mi mamá estaba en la casa, pero ella no podía hacer nada porque él la tenía amenazada.

Antes de eso yo me mantenía alegre en la casa, jugaba con mis hermanos y mis primas. Ya después era horrible, ya no quería estar allí, me mantenía afligida y le conté a mi mamá por qué me quería ir. Mi mamá se afligió y como no me venía la regla me trajo a El Naranjo, compró una prueba de embarazo y salió positivo.

Nos fuimos entonces a la policía de El Naranjo, pero no le hicieron caso a mi mamá ni hicieron ningún papel. Y mi mamá les dijo: “Si fuera un saco de mariguana el que tuviera en la casa corren a traerlo”. Pero sólo se pusieron a reír y nosotras nos fuimos. Nos venimos al Centro de Salud de Bocay y de allí me mandaron a la Casa Materna. Y cuando iba a parir me trajeron para acá, al Hospital de Jinotega. Después llegó una mujer policía y se llevaron a mi mama y yo me quedé sola, afligida.

Una muchacha del Ministerio de la Familia llegó al hospital, y le llevó una ropita al niño. Dijeron que después iban a venir y que me iban a ayudar, pero no volvieron a venir”.

SIN ACCESO A LA JUSTICIA
Y UN TRATO HUMILLANTE

La madre de Carla nos relató que cuando conoció lo ocurrido le reclamó al hombre, pero tenía miedo de enfrentarlo porque es agresivo. Sólo con engaños logró que le permitiera llevarse a la niña de la casa. Cuando la niña fue ingresada al hospital para el parto, el personal de salud reportó el caso a la Policía. Sin embargo, en vez de tomar la denuncia como correspondía, la Policía detuvo a la madre acusándola de ser cómplice del violador.

La madre de Carla fue llevada a la estación policial, donde recibió un trato humillante. Como dijo que ella también estaba embarazada, al día siguiente la llevaron al hospital y al confirmarse su estado la dejaron libre.

Carla dio a luz a los 13 años, mediante cesárea a inicios de abril de 2010. Ella y el recién nacido fueron enviados a Bocay, donde una tía, prima de su madre, se comprometió ante el Ministerio de la Familia a hacerse cargo de la niña-madre y de su hijo. Ésa fue la única intervención del Ministerio de la Familia en el caso: trasladar la responsabilidad a un familiar, sin asumir, como representante del Estado, ningún tipo de apoyo concreto a la tía que asumió la tutela de la niña y del recién nacido.

La historia de Carla es una de las tantas en que se violentó el derecho al acceso a la justicia. La madre intentó seguir la ruta de la justicia, pero desde el inicio se encontró con obstáculos: cuando intentó poner la denuncia en El Naranjo no fue escuchada y después la Policía la trató como si ella fuera la delincuente. No logramos obtener información sobre cómo continuó el proceso ni supimos si el agresor fue detenido.

DIANA: “NO PUDE SEGUIR ESTUDIANDO”

“A los 14 años yo estudiaba primer año de secundaria en el Instituto Nacional de Madriz y vivía en una comunidad cercana. Fue a finales de marzo (2011), cuando venía de clases. Dos hombres me siguieron y empezaron a decirme cosas. Me apuré y no les contesté nada porque ni los conocía. Sólo a uno lo había visto porque era de mi comunidad. Entre los dos me agarraron por la fuerza y me violaron.

Yo no dije nada, tenía vergüenza y miedo a que la gente se diera cuenta. Empecé a sentirme rara y como a los tres meses una de las profesoras me notó que estaba diferente. Me llevó a hacerme un examen de sangre y salió que estaba embarazada. Entonces la directora llamó al Ministerio de la Familia y me llevaron a la Comisaría para poner la denuncia de la violación. De allí me trajeron para aquí, al albergue.

Ahora vivo en el pueblo. No pude seguir estudiando y no regresé a mi comunidad, porque me da vergüenza lo que me pasó. A veces me siento mal, deprimida”.

SE SIENTE CULPABLE POR LA MUERTE DE LA NIÑA

El caso de Diana fue denunciado ante la Policía por una profesora y la directora del instituto donde ella estudiaba cuando advirtieron que la adolescente estaba distraída, triste y había bajado su rendimiento. La niña fue remitida por la Comisaría de la Mujer de la Policía Nacional a un centro de mujeres, en donde le brindaron albergue, acompañamiento legal y atención psicológica.

A los seis meses de embarazo Diana fue ingresada en el hospital con síntomas de APP (Amenaza de Parto Prematuro). El 17 de diciembre la trasladaron a la Casa Matera para que esperara allí la fecha del parto, prevista para el 13 de enero de 2012. El 9 de enero Diana fue ingresada al hospital y dos días después de haber iniciado el trabajo de parto el personal médico decidió no practicar la cesárea y esperar que concluyera el trabajo de parto.

El 12 de enero a las 8 de la noche ingresaron a Diana al quirófano porque la criatura presentaba signos de sufrimiento fetal. Cuarenta y cinco minutos después dio a luz a una niña, que fue trasladada de emergencia al hospital “La Mascota” de Managua, con diagnóstico de “asfixia leve y hernia gástrica”. La niña falleció horas después al día siguiente. En el acta de defunción extendida por el hospital se estableció que la causa directa de la muerte fue “insuficiencia respiratoria; la causa intermedia: hipoplasia pulmonar total derecha; la causa básica: hernia diafrag¬má¬tica izquierda y en otros estados patológicos significativos se menciona asfixia neonatal moderada.

A pesar de que a la niña-madre se le hicieron controles prenatales desde el primer trimestre y a pesar de que presentó complicaciones, su familia no recibió por parte del personal de salud ninguna información sobre los riesgos del embarazo por el frágil estado de salud, bajo peso y talla de Diana. Tampoco se le informó sobre la posibilidad de que, en esas circunstancias, el bebé no sobreviviera. El personal de salud que atendió a Diana no respetó su derecho a la información veraz y oportuna sobre los riesgos del embarazo, incluida la posibilidad de que la criatura falleciera. Su muerte le ocasionó un nuevo trauma y hoy se siente ella culpable por la muerte de la bebé.

HAY CONSIDERACIÓN CON LOS VICTIMARIOS
Y DUREZA CON LAS VÍCTIMAS

Con relación al proceso judicial, aunque se logró la captura de uno de los agresores y se le dictó medida cautelar de prisión preventiva, no se hizo justicia. Pese a que se contaba con el testimonio de Diana y con la valoración médica y sicológica, la juez determinó que iba a esperar como prueba para el juicio el examen de ADN del recién nacido. Pero como la bebé murió no se realizó el examen. Además, la jueza decidió otorgarle al acusado la posibilidad de pagar su condena de un año en su casa, pues el victimario alegó que una persona de la tercera edad dependía de él.

Se demostró en este caso que la justicia actúa con consideración con los victimarios y con dureza con las víctimas. La evidente violación del derecho al acceso a la justicia en el caso de Diana generó protestas de parte de organizaciones locales y de la comunidad de origen de la niña, que realizaron plantones ante el juzgado y la Fiscalía.

Esta experiencia dio un vuelco total a la vida de Diana, quien no solo no pudo continuar sus estudios, sino que no retornó a su comunidad pues sentía miedo y vergüenza de todo lo ocurrido. Actualmente, Diana vive en pareja en la ciudad tratando de continuar su vida, pero arrastrando en su historia las consecuencias de la violencia y la impunidad.

PERLA: “FUE UN VECINO”

“Vivo en un barrio de León con mi mamá, mis seis hermanas y mi hermano menor. Antes de lo que me pasó yo era alegre, estaba estudiando en cuarto año y junto con mi hermano era voluntaria en los bomberos. Fue un vecino. Él llegaba a comprar a la venta de mi mamá y me metía plática. Un día yo estaba dibujando y me dijo que le prestara mi cuaderno para copiar los dibujos. A los días yo iba pasando por la acera de su casa y él me llamó y me dijo que entrara a ver algo que estaba cocinando. Le dije que no, que sólo me diera mi cuaderno. Me quedé afuera por el lavandero y él me jaló de la mano. Yo no quería entrar, me agarré del lavandero. Entonces, él me alzó por detrás y me metió a la casa, me quería llevar al cuarto, pero yo le hacía fuerza. Entonces me tiró en el piso de la sala.

Como no me quería abrir, me daba golpes con el puño en las piernas hasta que me las ligó… Yo lloraba y le decía “¡Quitate, quítate!”. Después que lo hizo me pasó un trapo para que me limpiara la sangre y me dijo que si decía algo a mí me iban a pegar y que no lo metiera en problemas.

Me fui a mi casa. No podía ni caminar porque llevaba las piernas ligadas. No dije nada porque tenía miedo que a mi mamá le pasara algo porque ella está enferma y no puede recibir preocupaciones. Un día me dio un gran dolor en el vientre. Le conté a mi hermana mayor lo que me había pasado y ella le dijo a mi mamá. Me llevaron al centro de salud y en el ultrasonido salió que estaba embarazada de cinco meses. Yo tenía 16 años.

Al comienzo no quería tener ese niño porque me iba a recordar a ese hombre y lo que me hizo, pero ya me había resignado, pero resulta que la niña se murió. A veces pienso que eso pasó porque yo no la quería tener. Ahora vivo donde mi abuela, porque ya no aguantaba que mi mamá le contara a todo mundo lo que me pasó”.

UN PROCESO VICIADO

El testimonio de Perla es parte del reporte de la sicóloga forense, quien en la valoración estableció que la adolescente, a partir de la experiencia traumática de la violación y la confirmación del embarazo, presentaba falta de concentración, pesadillas, insomnio, desprecio por el agresor, llanto constante, recuerdos de lo vivido, tristeza, ideación suicida y disminución del apetito. Concluía la valoración con un diagnóstico de “trastorno por estrés post-traumático con síntomas depresivos”.

Al enterarse de la violación y del embarazo, la madre de Perla presentó denuncia ante la Comisaría de la Mujer y la Niñez. La adolescente recibió apoyo legal y sicológico de una organización de mujeres.

Perla es la penúltima de ocho hermanos. Su familia sobrevive con el salario que su madre gana como afanadora en una institución pública y con la pensión de vejez que recibe de la Seguridad Social. De acuerdo con el testimonio de la madre de Perla, desde el inicio, el proceso estuvo viciado. Ella nos contó: “Fui con mi hija a poner la denuncia, pasamos todo el día esperando a que nos atendieran. La inspectora me hizo esperar desde la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, una abogada conocida que me acompañó me dijo que la inspectora le había dicho que le diera 500 córdobas para atender a los testigos y apurar para que echaran preso al hombre. Yo le di los reales a la abogada y ella me dijo que no podía decir nada porque iba a meter a problemas a la inspectora. Después de eso nos tomaron la declaración de los dos testigos que llevaban todo el día esperando”.

La falta de celeridad de la Policía Nacional para realizar la captura dio lugar a que el agresor evadiera la justicia. Además de no presentarse a ninguna de las audiencias, se fingió muerto por medio de un acta de defunción que posteriormente las autoridades verificaron era falsa. Como en muchos otros casos, el agresor quedó impune. Se presume que se encuentra en situación irregular en Costa Rica, aunque el caso sigue abierto con una orden de captura activa.

Perla dio a luz mediante cesárea. Al salir del hospital le entregaron la criatura, pero sin darle ninguna explicación sobre el estado de salud del recién nacido. Sólo dos días después la bebé mostró signos de dificultad respiratoria. La llevaron al hospital y horas más tarde la declararon muerta por paro respiratorio. Además de vivir el trauma de la violación, el proceso del embarazo y el parto, Perla sentía culpa por la muerte de la niña, creyendo que eso había sucedido porque ella no deseaba ese embarazo y no quería ser madre de un niño nacido producto de una violación.

La madre de Perla nos contó que a su hija le encontraron una carta en la que decía que se sentía culpable y pedía perdón. “Yo sé que ella no hizo nada ni tiene culpa y le digo: “Recupérate, nosotras no tenemos culpa, ni vos ni yo, ni tus hermanos”, nos dijo la mamá muy agobiada.

ESTELA: “FUE MI PADRASTRO”

“Nos fuimos a vivir a León en enero de 2012, con mi mamá, mi padrastro, mi hermana menor y dos sobrinos hijos de mi hermana, a la que mató aquel hombre en León.

El 15 de agosto fue la primera vez que mi mamá se fue a ver a mi abuela a Pueblo Nuevo y nos quedamos con mi padrastro. Esa misma noche mi padrastro se levantó -yo dormía con mi hermanita pero ella no se dio cuenta- y me dijo que si no me dejaba se iba a desquitar con mi mamá. Me quitó la ropa, hasta el blúmer, y se quitó la ropa y se me encaramó… Él me agarró en cinco venidas de mi mamá. Como mi abuela estaba enferma mi mamá se quedaba con ella varios días y cada vez él me agarraba hasta tres días seguidos… A mi hermanita también la abusaba. El primero de julio mi mamá se volvió a ir y él aprovechó y a mi hermanita la abusó el día de su cumpleaños, que es el 19 de julio. Mi mamá regresó el 20, pero se volvió a ir el 31. Ésa fue la última vez que él me agarró.

Le pedí ayuda a un tío mío y él me dio los reales para el bus. El sábado 17 de agosto, sin decirle a nadie, me vine para Pueblo Nuevo, donde mi abuela. Ese mismo día le conté todo a mi hermana mayor y ella me llevó a poner la denuncia”.

NO PERMITIERON
NINGÚN ACERCARMIENTO AL CASO

Como muchas niñas del campo, a los once años, Estela apenas cursaba el tercer grado de primaria y le gustaba jugar con sus hermanitas. Bajo amenazas, aprovechándose de la fragilidad de la niña, el padrastro abusó de ella reiteradamente.

La hermana refiere que cuando supo que la niña había llegado sola donde la abuela sospechó que algo malo había pasado. Fue a buscar a la niña, quien le contó el horror que había vivido por las continuas violaciones.

Inmediatamente llevó a Estela al Centro de Salud, donde confirmaron el embarazo, del que no se podía determinar bien la edad gestacional pues la niña aún no había tenido su primera menstruación. Entonces, su hermana decidió ir con Estela a León a poner la denuncia ante la Comisaría de la Mujer y la Niñez. Pero no tuvo efecto alguno, pues el agresor ya había huido.

Al describir el estado de la niña, la hermana nos dijo: “Ella estaba siempre triste, se ponía a llorar y decía que no quería ese embarazo, que odiaba lo que le había pasado y que odiaba a ese hombre”.

El Ministerio de la Familia tomó bajo resguardo a la niña y no permitió ningún tipo de acercamiento ni apoyo al caso. Se presume que el violador huyó con la madre y con la hermanita menor, que también estaba siendo abusada.

RAQUEL: “LA NIÑA ME LO SEÑALÓ”

“Trabajo en Managua como empleada doméstica. El 6 de julio en la noche recibí una llamada de mi hermana, que es la que me cuida a mis hijos, diciéndome que la niña estaba embarazada. Raquel, mi hija, tenía sólo 13 años y no oye desde que nació por la rubeola que yo tuve durante el embarazo.

Al día siguiente me vine para la casa, en una comunidad cercana a Mina La India, en León, y como yo me puedo comunicar con la niña por medio de señas, le pregunté quién había abusado de ella y me dijo que aquel hombre la había metido por la fuerza a su casa y allí la había violado y la amenazó con que si decía algo la iba a matar. Le pedí a la niña que me fuera a enseñar la casa donde había pasado eso. Nos fuimos caminando, mi hermana, la niña y yo. Entonces como a la cuadra y media me señaló la casa donde vive ese hombre que se llama Tomas. Él estaba allí y la niña lo señaló.

Cuando yo le reclamé por lo que había hecho me dijo que “no hiciera escándalo”, que sí había tenido relaciones con la chavala y que si ella estaba embarazada él “se iba a hacer cargo de los dos”.

Mi hermana, que es la que está con ella, dice que la niña está triste, que sólo es llorar y que cuando ve a otros niños jugando se va a acostar. Ella tiene miedo que cuando el niño nazca le haga groserías porque no quiere ese embarazo”. Raquel, habitante de una comunidad rural de Occidente, no le contó nada a su tía, con quien convivía, pues es sordomuda de nacimiento.

SIN APOYO
DE NINGUNA INSTITUCIÓN DEL ESTADO

El agresor de Raquel, un hombre de 60 años, vecino de la comunidad, aprovechándose de la ingenuidad de la niña, la atrajo hacia su casa, donde la retuvo en contra de su voluntad para violarla. La madre fue a León y con apoyo de una organización de mujeres puso la denuncia ante la Comisaría de la Mujer y la Niñez. El proceso continuó su curso, el agresor fue encontrado culpable y sentenciado a 15 años de privación de libertad.

Además de los exámenes médicos -análisis clínicos y ultrasonido-, a la niña se le practicó audiometría y el resultado confirmó discapacidad auditiva. Se determinó que el embarazo era de alto riesgo, pues la niña presentaba anemia severa e infección renal.

Aunque el agresor fue condenado, las consecuencias de la violación las están pagando Raquel y su familia. Ninguna institución del Estado le ha brindado apoyo. La madre intentó quedarse en su poblado para cuidar de la niña y del recién nacido, pero ante la falta de empleo y la necesidad de garantizar la sobrevivencia familiar, no tuvo más opción que regresar a Managua y dejar a la niña y al bebé al cuido de su hermana.

JASMINA: “FUE MI PROFESOR”

“Yo estudiaba primer año de secundaria y él llegó a trabajar al colegio como profesor suplente de matemáticas y desde entonces comenzó a decirme cosas. Me mandaba mensajes al celular. Cuando supo donde vivía empezó a vigilar la casa y aprovechaba cuando mi mamá se iba al trabajo para llegar. Un día que mi mamá andaba en consulta él llegó a la casa, andaba con una pistola, me tapó la boca y me obligó a tener relaciones con él. Como estaba armado le tenía miedo y no le dije a nadie lo que había pasado.

Él se dio cuenta que yo había quedado embarazada. Una tarde, estando sola con mi hermano menor, ese hombre llegó, nos amenazó a los dos con la pistola, me hizo que me tomara una pastilla y me drogó. Me desmayé como dos veces y vi que estaba sangrando. Él antes de irse me dejó un sobre de pastillas para el dolor. Yo estaba asustada y le mandé un mensaje a mi mamá, ella llegó y me llevó al centro de salud”.

RECIBIÓ ATENCIÓN,
PERO NO HA LOGRADO SANAR SUS HERIDAS

La madre de Jasmina supo de la violación hasta el día en que su hijo de doce años le contó que el profesor había llegado a la casa y lo que había hecho a su hermana.
Cuando Jasmina fue llevada al hospital, el médico dijo que había tenido un aborto y podía haber muerto por la hemorragia. A la adolescente le practicaron un legrado y la dejaron ingresada tres días para tratar la infección.

Lejos de cumplir con el deber de denunciar, claramente establecido en la Ley 779, en el hospital las enfermeras aconsejaron a Jasmina que no denunciara a su violador y autor del aborto porque ella era “la que podía ir presa”. Sin embargo, la madre decidió denunciar el caso ante la Policía, de quien además solicitó ayuda para sacar el feto de la letrina, ayuda que le fue negada bajo el argumento de que “ése no es nuestro trabajo” y que fuera donde los bomberos, institución donde también le negaron apoyo. Con la ayuda de un cuñado la madre de Jasmina sacó el feto de la letrina y lo enterró en el patio de la casa.

Unos días después el profesor fue apresado. El proceso duró unos seis meses, con una serie de anomalías y reiterada postergación de las audiencias. Finalmente el violador fue declarado “no culpable”, pues según expresó la juez de la causa al diario “La Prensa”, “quedó claramente establecido que los hechos no sucedieron como lo planteó la acusación”.

La madre de Jasmina dice que lo que le pasó a su hija la hizo cambiar mucho. Antes era alegre y se volvió “amargada”. Jasmina y su hermanito dejaron el colegio, por miedo a ser señalados, pues allí trabajaba la hermana del violador. Además, la familia se vio obligada a cambiar de domicilio, por temor a represalias del agresor o de su familia.

Después de la violación y el aborto, Jasmina fue remitida para valoración sicológica y continuó recibiendo atención en el hospital. Sin embargo, no ha logrado sanar sus heridas emocionales.

ES UNA PROLONGACIÓN DEL TRAUMA

La violación es una de las manifestaciones más crueles de la violencia de género. La víctima es despojada de elementos esenciales de su dignidad humana, es utilizada como un objeto, le es arrancada su capacidad de decidir libremente, se le roba la voluntad y el poder sobre su cuerpo y su sexualidad, además del daño físico que esta forma de violencia le puede llegar a provocar.

En un estudio del año 2000 María Ladi Londoño lo describe así: “La violación afecta a la mujer en su integridad personal, social, sexual, y existencial. Altera su historia y sus proyectos de vida y, cuando la víctima aún se encuentra en una etapa crítica, la confirmación del embarazo resultado de la violación se convierte en otro choque emocional intenso, en una crisis múltiple inevitable de soslayar. Es una explosión de padecimientos desestabilizadores. Así, el embarazo por violación, cuya incidencia es difícil de cuantificar, constituye una agresión a la esencia misma de cada mujer, un traumatismo y una herida a su existencia. El embarazo producto de una violación, que es de alto riesgo, no sólo es indeseado sino rechazado y extiende la violación en las entrañas de las víctimas con la invasión biológica del semen de los agresores. Se produce contra la voluntad de la mujer en circunstancias de violencia y caracteriza la perversión del poder, ejercido por los violadores”.

ES UNA EMERGENCIA MÉDICA

Además de la connotación del hecho brutal y doloroso, la violación sexual es también una emergencia médica. Más allá del contexto en que se produjo, si fue a la fuerza o no, una violación puede presentar traumatismos físicos leves o graves, traumatismo sicológico siempre grave, contagio de infecciones de transmisión sexual, riesgo de embarazo no deseado, riesgo de aborto en condiciones inseguras, riesgo de muerte producto de las lesiones o del trauma emocional, que puede llevar al suicidio.

El Informe Mundial sobre Violencia y Salud (2003) publicado por la OMS señaló que producto de una violación puede resultar un embarazo, aunque la tasa varía según los contextos y depende fundamentalmente del acceso a información y uso de métodos anticonceptivos. De acuerdo a datos relevantes encontrados en ese informe, en Etiopía se comprobó que el 17% de las que habían denunciado haber sido violadas quedaron embarazadas. Esa cifra es similar a la del 15-18% obtenida en los centros de crisis para casos de violación de México.

Diversos estudios han demostrado que los embarazos a temprana edad generan condiciones de alto riesgo tanto para las niñas y adolescentes como para sus hijos. La mortalidad infantil es mayor entre los niños nacidos de madres jóvenes, entre otros factores por el bajo peso al nacer, por las condiciones nutricionales de la madres y porque nacen y van a crecer en condiciones psicosociales desventajosas.

Según J. Rosen: “Las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% superior”.

Las niñas y adolescentes embarazadas tienen cuatro veces más probabilidades de morir a causa de complicaciones por un embarazo, ya que su organismo y su siquis no están preparados para el proceso reproductivo.

DILACIÓN, IMPUNIDAD, NEGLIGENCIA...

En Nicaragua una de las principales limitaciones para abordar el embarazo por violación es la falta de información. Ninguna institución, ni la Policía, ni el Ministerio de Salud ni el Instituto de Medicina Legal, que realiza los peritajes médicos, llevan registro.

No hay un abordaje integral del problema. Ninguna institución del Estado les brinda a estas niñas y a sus familias la atención y la protección que requieren, de conformidad con su condición de niñas y en apego al principio del interés superior de la niña.

En cuanto a la atención en salud, una de las principales barreras es que no hay una atención integral y especial para las niñas en estas circunstancias. No existen protocolos de atención que consideren las necesidades particulares que presentan por ser niñas y además víctimas de violación.

Las instancias operadoras de justicia actúan con dilación y negligencia. Existen altos niveles de impunidad y mientras las víctimas sufren las consecuencias de la violación, agravadas por el embarazo impuesto, los agresores andan libres y ninguna institución garantiza el resarcimiento de los daños.

A TODAS ESTAS NIÑAS
SE LES VIOLENTARON SUS DERECHOS

Alejandra, Carla, Diana, Perla, Estela, Raquel y Jasmina son sólo algunos ejemplos de cómo la pobreza, la exclusión social y la falta de factores protectores ante la violencia colocan día a día en riesgo a niñas y adolescentes nicaragüenses. Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, obligar a una mujer, adolescente o niña, a llevar a término un embarazo producto de violación lesiona derechos fundamentales reconocidos en Pactos y Convenciones internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política de Nicaragua y en las leyes nacionales.

El embarazo por violación es una situación que únicamente afecta a las mujeres, por lo que impedirles interrumpirlo es un acto de discriminación que afecta de forma desproporcionada sus derechos.

En todos estos casos, a las niñas y a las adolescentes se les violentaron sus derechos a la vida, a la salud, a un trato en igualdad de condiciones, a la seguridad y a la dignidad humana, ya que fueron sometidas a tratos crueles y humillantes, primero por sus agresores y luego por las instituciones del Estado que no les atendieron como era su deber.

Además, se les impidió el ejercicio del derecho a la libertad y a la autonomía, al obligarlas a llevar a término un embarazo en contra de su voluntad, siendo doblemente victimizadas, primero por el violador y después por el Estado, que no las protegió, no les garantizó atención jurídica y de salud integral y no les brindó ninguna otra opción más que continuar con un embarazo que pone en riesgo su salud y su vida.

Aunque en los servicios de salud recibieron atención, no siempre fue diligente, de calidad y con la calidez que su condición de niñas lo requería, un indicativo de que los servicios de salud no están debidamente preparados para atender las necesidades específicas de niñas y adolescentes, las que además de necesitar apoyo emocional, necesitan se les atienda con un lenguaje adecuado a su condición de niñas y considerando el impacto emocional que les ha provocado la violación y el embarazo.

Se les violentó también el derecho a una información veraz y oportuna. Diana y Perla se sienten culpables de la muerte de sus bebés, como si hubiera sido un “castigo” porque rechazaron el embarazo, cuando el personal de salud no les explicó que ése era uno de los riesgos del embarazo a su corta edad.

Se violentó el principio del interés superior de la niña, que no es más que el deber del Estado de asegurar que en todas las decisiones se tenga como prioridad lo que es mejor para la niña o la adolescente.

Por la forma en que fueron atendidas estas niñas se les violentó su derecho a la privacidad, no sólo porque el agresor invadió su cuerpo, también por tener que revelar un hecho que les genera vergüenza ante su familia, la policía, los jueces, los fiscales y en algunos casos por verse expuestas ante la comunidad.

Las niñas no denunciaron o tardaron en denunciar la violación porque se sentían amenazadas, avergonzadas, atemorizadas. No habían salido de ese trauma cuando se tuvieron que enfrentar a un nuevo suplicio que significó la confirmación del embarazo, lo que les hizo revivir todos los días el evento que deseaban borrar de sus memorias.

Las niñas y sus familias buscaron justicia, pero se encontraron con innumerables barreras de orden económico y geográfico, de falta de información y de acceso real y de respuesta de las instancias encargadas. De los siete casos, únicamente en dos los violadores fueron procesados y sancionados. Aun en los casos en que los agresores fueron condenados no se hizo justicia porque el Estado y la sociedad las condenaron, obligándolas a cargar con un embarazo no deseado, que representa la prolongación del trauma.

SUS VIDAS NO VOLVIERON A SER LAS MISMAS

El embarazo impuesto por violación también ha dejado impactos sociales en la vida de ellas y en la de sus familias, vidas trastocadas. Para ninguna de ellas la vida volvió a ser la misma. Dejaron de vivir su infancia y su adolescencia. Dejaron de desarrollarse plenamente, con toda la atención centrada en preservar un embarazo no sólo no deseado sino dañino a su salud física, a su salud mental y hasta a su vida.

Alejandra, Carla, Diana, Perla, Estela, Raquel y Jasmina no querían ser madres. Las obligaron a serlo. Siguen viviendo entre nosotros. Y mientras ustedes leyeron estas páginas, otras como ellas están siendo violadas, quedarán embarazadas, se verán obligadas a parir y verán sus vidas truncadas.

RESUMEN DEL TEXTO “ENTRE EL SILENCIO Y LA IMPUNIDAD”, ELABORADO POR LA ORGANIZACIÓN
IPAS CENTROAMÉRICA. SUBTÍTULOS Y EDICIÓN DE ENVÍO.

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