LaGeo-Enel: crónica de un secuestro energético y de un auto-gol

La energía geotérmica representa el 26% de la matriz energética de El Salvador. La geotermia es la segunda fuente más importante de energía sólo superada por la que genera el petróleo. Después de India y Filipinas, El Salvador es el país del mundo que más uso hace de la energía geotérmica. En Centroamérica es el país mayor productor de esta energía, amigable con el ambiente. Ahora está en juego conservar la soberanía nacional sobre tan valioso recurso.

Elaine Freedman

El Salvador inició el año 2013 con una noticia procedente de París: la Cámara de Comercio Internacional (ICC), a través de su Tribunal de Apelaciones, dictó sentencia favorable a la empresa italiana Enel-Green Power en un tema clave de la política energética nacional. Desde 2008 la empresa acusaba al gobierno salvadoreño de violar el Acuerdo de Accionistas firmado en 2002 por esta empresa con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), ente estatal encargado de la generación de energía en El Salvador. Se confirmó así el laudo emitido por la Corte de Arbitraje de la ICC, que en septiembre 2011 falló a favor de la italiana Enel para que pudiera invertir 127 millones de dólares en la salvadoreña LaGeo S.A. de C.V. y convertirse, según las reglas establecidas en el acuerdo, en el socio mayoritario de la única generadora de energía geotérmica en el país.

No hay que extrañarse del fallo: la Cámara de Comercio Internacional fue creada en 1919 por un grupo de empresarios del sector financiero, industrial y comercial y su misión es “fomentar el comercio y la inversión entre las empresas del mundo en los distintos sectores, así como ayudarlas a enfrentarse a cada uno de los retos y oportunidades que la globalización ofrece”. Está claro, pues, que en el caso de Enel-LaGeo, la CCI está cumpliendo con su misión. La pregunta ante el fallo es ¿quién ayuda a los Estados nacionales y a sus pueblos a enfrentar los “retos” de la globalización?

CHILE FUE EL LABORATORIO

En América Latina el neoliberalismo fue inaugurado en Chile con el golpe de Estado de 1973. Chile fue laboratorio para las privatizaciones masivas que se desarrollarían a nivel continental en los años 80, bajo las orientaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. En Chile, las privatizaciones buscaban revertir los procesos de nacionalización iniciados por el gobierno de la Unidad Popular entre 1970 y 1973. Según un estudio de Rafael Pampillón Olmeda, América Latina es la región que más empresas estatales ha vendido en el mundo desde que Margaret Thatcher comenzara las privatizaciones en Gran Bretaña, a mediados de la década de los años 80.

LAS PRIVATIZACIONES
COMENZARON CON CRISTIANI

En El Salvador, los procesos de privatización fueron inaugurados por el gobierno de Alfredo Cristiani en 1990. Comenzó con el pedazo más grande del pastel: la banca. Inició el mes de noviembre de aquel año con el saneamiento del sistema financiero, utilizando fondos estatales para poner al día los bancos morosos y, en menos de un mes, los bancos ya solventes, fueron vendidos a miembros de la oligarquía salvadoreña. Siguió con la venta de INCAFE (Instituto Nacional del Café), para la exportación del grano; con PETROCEL, importadora de petróleo; con INAZUCAR, exportadora de azúcar; con el Hotel Presidente y con algunas consultas externas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Entre 1994 y 1999 le tocó a Armando Calderón Sol gerenciar los procesos de privatización. Se dedicó a vender los ingenios azucareros y la oficina de extensión de placas de vehículos y licencias de conducir pertenecientes al Viceministerio de Transporte. Las ventas más grandes de ese período fueron la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), la distribución energética y el sistema de pensiones.

Ya durante el gobierno de Francisco Flores quedaba poco por privatizar. Flores arrendó parte del aeropuerto nacional y coronó los procesos de privatización con la dolarización, decisión en la que los dólares del país dejaron de pertenecer al Banco Central de Reserva.

EL SECTOR ENERGÉTICO:
UN CASO APARTE

El sistema eléctrico salvadoreño comenzó a montarse en 1890. Por aquel año nacieron las primeras generadoras de energía eléctrica, pequeñas y con inversión privada. La primera fue la Compañía de Alumbrado Eléctrico en San Salvador (CAESS). Poco a poco fueron apareciendo pequeñas empresas parecidas en las diferentes regiones del país.

Fue hasta 1935 que el dictador Maximiliano Hernández (1931-1944) declaró de utilidad pública todas las obras de generación, transmisión y suministro de energía eléctrica. Con el mismo plumazo concesionó los trabajos ya existentes a la empresa privada por un período de 50 años.

Diez años después, en 1945, iniciado el período de industrialización de la economía salvadoreña, se creó la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) para realizar estudios de factibilidad de generación hidroeléctrica en el río Lempa. Con el ascenso del Consejo de Gobierno Revolucionario, resultado de un golpe de Estado perpetrado el 14 de diciembre de 1948, quedó establecido que la construcción de represas era una prioridad para la diversificación de la base económica del país, abriéndole así más oportunidades a la oligarquía y a transnacionales estadounidenses.

La CEL quedó como responsable del desarrollo de las primeras represas. No podía ser de otro modo: la Ley de Aguas, promulgada por el mismo gobierno, había ampliado la propiedad estatal del agua a los mantos acuíferos del subsuelo. La legislación anterior, correspondiente al Código Civil de 1860, excluía de la propiedad estatal a los ríos que se encontraban en la propiedad de un solo dueño.

La CEL negoció y firmó los contratos relativos a los servicios de ingeniería con dos empresas estadounidenses:
Harza Engineering Company para la investigación y J. A. Jones Company para la construcción de la primera represa hidroeléctrica, la 5 de Noviembre. Posteriormente, cada década se inauguró una nueva represa: la represa Guajoyo en los 60, Cerrón Grande en los 70 y la 15 de Septiembre en los 80. Las represas hidroeléctricas comenzaron a usarse como símbolo de poder, desarrollo y progreso.

Los gobiernos militares de la era del Partido de Conciliación Nacional (1961-1979) introdujeron nuevas ramas en la producción energética: la térmica -con combustibles fósiles- y la geotérmica, a base del vapor del subsuelo y de los volcanes. En 1975 se ejecutó el primer proyecto geotérmico con la construcción de la Planta Geotérmica de Ahuachapán. Fue el primero de su tipo en toda la región centroamericana y el octavo en el mundo. Poco después continuaron con la construcción de otras tres plantas geotérmicas en Berlín, Usulután.

CUANDO SE PRIVATIZÓ
LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

El primer paso en la privatización del sector energético fue la venta de la distribución. De hecho, ya tenía una larga historia de estar en manos privadas antes de que el gobierno de Napoleón Duarte la nacionalizara en 1986. La nacionalizó después de haberse vencido el plazo de concesión que les habían otorgado en los años 50, etapa en que cinco empresas extranjeras y mixtas se repartieron este importante pastel. Durante los once años de distribución energética nacionalizada (1986-1997), ésta sufrió un proceso de descapitalización calculado y dirigido, que llevó a la Asamblea Legislativa, en estricto cumplimiento con las orientaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a aprobar en 1994 la Ley Transitoria para la Gestión del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica. Esta ley facultó a la CEL para “transformar, fusionar, modificar y/o liquidar las sociedades anónimas existentes, dedicadas a la distribución de energía eléctrica”, a fin de “vender o transferir los bienes o derechos que forman parte del patrimonio de las distribuidoras y que sean destinados a la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica”. Fue complementada por la Ley para la Venta de Acciones de las Sociedades Distribuidoras de Energía Eléctrica.

En aras de preparar el sistema para su entrega a las empresas privadas, la CEL realizó dos exhaustivos programas de reconstrucción, rehabilitación, ampliación y expansión durante 1996, lo que implicó una significativa inversión por parte de la CEL para reconvertir el sistema.

De este modo, las empresas existentes antes de la nacionalización del sistema de distribución, que siguieron operando en el período de 1986-1997, pero como sociedades mixtas en que la CEL tenía el 97% de las acciones, volvieron a hacerse cargo del mercado. Les devolvieron el negocio.

Ya para 1997, el proceso de privatización del sistema de distribución energética había finalizado. La venta fue hecha
por un total de 153 millones de dólares, un monto aparentemente jugoso, pero no tan impresionante si uno le resta las inversiones hechas en 1996 y considera que sólo en ese año las distribuidoras facturaron por venta del servicio un total de 157.9 millones dólares, que generaron ganancias netas de 12.1 millones de dólares anuales.

La Asamblea Legislativa siguió con la Ley General de Electricidad, cuyo principal objetivo era “promover un mercado de electricidad competitivo en El Salvador”. Además, estableció un “esquema de competencia abierta” para desarrollar la generación termoeléctrica en El Salvador, garantizando que el proyecto no requeriría ser aprobado por el Legislativo, sino sólo ser registrado ante la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).

Con este marco legal, el proceso de venta y reventa siguió. Y al final de todo el proceso, el mercado del servicio
de distribución de energía eléctrica en El Salvador quedó concentrado en dos empresas transnacionales: AES de El Salvador Ltd. (propiedad estadounidense) y Electricidad de Centroamérica S.A. de C.V. (propiedad chilena). En pocos años el negocio había crecido. Esta venta fue valorada en 586 millones de dólares.

CUANDO SE PRIVATIZÓ
LA ENERGÍA TÉRMICA

Siendo la energía un recurso estratégico para el desarrollo del país, se suponía que con esto se habían completado las incursiones de la privatización en el sector energético. Sin embargo, en 1999 se aprobó el Decreto 578, que facultó a la CEL para realizar la venta de la generación térmica, que representa la mayor fuente energética del país.

En la actualidad, las centrales térmicas que están funcionando son: Duke Energy, Nejapa Power, CESSA, Inversiones energéticas, Textufil, GECSA, Energía Borealis, Hilcasa Energy, Ingenio El Ángel, Ingenio La Cabaña y la Compañía Azucarera Salvadoreña (CASSA), dueña del más grande ingenio azucarero del país, de la Central Izalco y del Ingenio Chaparrastique. Talnique es el único generador térmico que pertenece a la CEL. Conjuntamente, estas centrales térmicas representan el 45% de la capacidad instalada en el país.

La generación térmica es la más contaminante. Las plantas termoeléctricas son consideradas fuente importante de emisiones atmosféricas dañinas, que afectan la calidad del aire local y regional, con importantes repercusiones en la salud humana. Además, la combustión originada por los proyectos termoeléctricos emite partículas que pueden contener metales menores que tienen una vinculación directa con el cambio climático y son una grave amenaza a la reproducción de la vida. Además, la generación térmica es el proceso más caro, puesto que funciona en base de petróleo importado. Muchas veces, Nejapa Power ha sido la voz cantante para mantener los precios de la energía artificialmente altos para financiar la importación del petróleo.

LA VALIOSA
ENERGÍA GEOTÉRMICA

La energía geotérmica representa un 26% de la matriz energética del país. Es la segunda fuente más importante después del petróleo. Después de la India y Filipinas, El Salvador es el país que más ocupa la energía geotérmica en el mundo. En la región centroamericana es el país mayor productor de energía geotérmica.

La energía geotérmica es una fuente de energía renovable, abundante, de bajo costo y con impactos mínimos en el medio ambiente, fácilmente prevenibles o mitigables. Evita la producción de gases tóxicos como el CO2 que producen el efecto invernadero, pues no quema el combustible fósil que produce el calentamiento global. Según algunos estudios podría llegar a cubrir un 40% de la matriz energética del país en el año 2020.

Por todo esto, mantener la energía geotérmica como un recurso del Estado es pensar en el futuro de El Salvador.
Sin embargo, no fue así como pensaban los gobernantes salvadoreños a finales de los años 90. En 1998 se creó la empresa estatal GESAL (Geotérmica Salvadoreña), la que posteriormente se convertiría en LaGeo. Se hizo esto a la luz de un incipiente diseño del proceso de búsqueda de un socio estratégico para la explotación geotérmica, rubro que se había salvado hasta entonces de las privatizaciones, para no violar el artículo 103 de la Constitución, que establece: “El subsuelo pertenece al Estado, el cual podrá otorgar concesiones para su explotación”. Pero no realizar una venta.

Al final de año 2001, LaGeo mostraba ser altamente rentable. Sus ventas alcanzaron los 55 millones 100 mil dólares y sus utilidades andaban por los 11 millones 755 mil dólares, según los informes de auditoría. Para entonces, LaGeo contaba con estos activos: concesiones para la explotación de dos áreas geotérmicas, una central generadora geotérmica en Ahuachapán, una central generadora geotérmica en Berlín y un complejo de oficinas administrativas que incluía un laboratorio equipado y reconocido internacionalmente para investigaciones en geología y geoquímica. Ejecutaba el 90% de la ingeniería requerida en geotermia en El Salvador y contaba con 269 trabajadores permanentes.

A LA BÚSQUEDA
DEL SOCIO ESTRATÉGICO

¿Quién estaría a cargo de la búsqueda del socio estratégico? Para esta labor fue contratado el Deutsche Bank en 1998, tal como cuando antes se había abierto el proceso de venta de las acciones de las distribuidoras eléctricas. Según Carlos Dada, periodista de “El Faro” y empleado de Jorge Siman Zablah, Presidente de LaGeo en el período en que se firmó el acuerdo con Enel-Green Power, el Deutsche Bank ofrecía una “garantía para la transparencia al país”. Esta valoración contradice la de Gonzalo Sánchez en su libro “Honduras, el sueño liberador convertido en pesadilla opresora” quien al identificar a los promotores del golpe de Estado en Honduras de 2009 esclarece el papel que tuvo en el golpe el Deutsche Bank, como miembro del Grupo PRISA, junto a Silvio Berlusconi y Carlos Slim. Sánchez remarca que, al mismo tiempo que el diario “El País” -del Grupo PRISA- suavizaba el golpe y legitimaba el gobierno de Porfirio Lobo, el Grupo PRISA invertía en el sector de la construcción, que en 2010 sería privatizado por el gobierno de Lobo.

Los términos de referencia establecían que la finalidad del asocio sería “la expansión del campo geotérmico de Berlín y el desarrollo del campo geotérmico de Cuyanausul”. Según su lógica, la inversión del socio estratégico en estos dos proyectos permitiría aumentar el capital de LaGeo y esto beneficiaría el Estado salvadoreño. Según un funcionario de LaGeo, esta finalidad reñía con los resultados de un estudio hecho en el año 2000 que “decía que no se necesitaba un socio… LaGeo tenía suficiente dinero y las competencias, los conocimientos y la experticia la tenían los salvadoreños”.

Según una investigación hecha por el escritor Berne Ayala, el consultor del Deutsche Bank definió los siguientes parámetros: 1) El Estado, por medio de su subsidiaria LaGeo, debía dar acciones contra megavatios por encima de la productividad al momento del pacto. 2) En caso de que el proyecto Cuyanausul resultara fallido, se reconocería al socio estratégico parte de los costos. 3) Se pondría un límite a la participación del socio estratégico por sus aportes en megavatios. 4) Por ser minoritario, se le daría protección al socio estratégico, mediante un Acuerdo de Accionistas en temas como nombramiento de administración, decisiones de administración y restricciones.

CONDICIONES MUY ATRACTIVAS:
GANAN LOS ITALIANOS

Las condiciones resultaban altamente atractivas para cualquier inversionista.No sólo lo eximía de asumir cualquier riesgo de negocios, adjudicando al Estado salvadoreño la responsabilidad de asumir una parte de sus costos. También le permitía una intervención desproporcionada en decisiones del Estado como nombramientos de funcionarios. Ya para abril de 2002 habían aparecido varias transnacionales interesadas en el contrato: Enel, Shell y Kyusu Electric Power.

Los términos de referencia inhabilitaban para concursar a quienes, directamente o por medio de afiliadas, participaran en actividades de generación o distribución eléctrica en El Salvador. Sin embargo, se interpretaron los términos de referencia y se determinó que la empresa italiana Enel-Green Power, aunque ya tuviera acciones en una compañía de alumbrado eléctrico en El Salvador, concretamente en CLESA, sí podía participar.

Enel es una empresa transnacional dedicada al rubro energético a nivel internacional. Además de sus inversiones en Europa, Canadá y Estados Unidos, tiene 34 plantas generadoras de distintos tipos en México, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Sus inversiones han sido muy rentables. Sólo en el año 2010 tuvo ganancias de 609 millones de dólares. El 18 de abril del 2002, Enel ganó la licitación.

UN PROCESO
POCO TRANSPARENTE

En los tres meses previos a la firma final del Acuerdo de Accionistas, que se realizó el 4 de junio de 2012, el acuerdo original con el que la Enel ganó la licitación fue modificado varias veces. Incluso, tuvo modificaciones horas antes de su firma, por lo que ya no hubo tiempo de dar a conocer los cambios. Se dijo que eran variaciones de forma y no de fondo. Pero las modificaciones introducidas rompían la lógica de los términos de referencia. Permitían que el socio estratégico pudiera agenciarse el control de la explotación geotérmica salvadoreña, por medio del control de la mayoría de acciones de LaGeo, de por vida y sin pagar un centavo por el uso del vapor. Según Juan Pablo Córdoba, abogado de LaGeo, “los señores italianos saben cuáles son las reglas en temas de geotermia en todas partes del mundo y en todas hay que pagar por el uso del vapor”.

Las modificaciones de fondo aparecieron en el artículo 3 y el artículo 6 de la versión final del Acuerdo entre accionistas. El primero dice: “Durante la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, CEL renunció a favor del Socio Estratégico, el derecho preferente de suscribir las Acciones que le corresponden como resultado del incremento de capital acordado”. El segundo reza: “CEL declara que no existen restricciones para que, en virtud de las inversiones a que se refiere el párrafo anterior, el Socio Estratégico se convierta en el accionista mayoritario de GESAL (actualmente conocido como LaGeo), mediante la capitalización de las mismas. En estos casos, CEL renunciará a favor del Socio Estratégico, al derecho preferente a suscribir las Acciones que le habrían correspondido en los aumentos de capital que se acuerden”.

EL ESTADO SALVADOREÑO
SE METE UN AUTO-GOL

Aquí el Estado Salvadoreño se mete un auto-gol: se condena a convertirse en socio minoritario de una empresa transnacional. Lógicamente, en algún momento las acciones del Estado salvadoreño podrían resultar tan minúsculas que dejarían de ser relevantes.

A todas luces el contrato firmado resultó ser un solapado pacto de privatización gradual de la energía geotérmica. Aunque la Ley General de Electricidad legitimaba este proceso, la Constitución de la República lo invalidaba. Seis años más tarde, la Sala de lo Constitucional declaró que esta ley vulneraba los artículos 86, 120 y 131 de la Constitución, que establecen que la Asamblea Legislativa tiene la potestad para concesionar actividades de explotación de bienes públicos y esto debe realizarse por un tiempo definido. Según esta sentencia, la Asamblea Legislativa tenía que haber aprobado el Acuerdo con Enel en su momento. Sin embargo, el órgano legislativo no conoció el proceso y mucho menos dirimió el asunto.

ENEL: CADA VEZ SE QUEDAN
CON MÁS Y MÁS ACCIONES

Al firmar el acuerdo de accionistas, la transnacional italiana Enel entró con un 8.5% de las acciones. Solicitar acciones menores de 12.5% fue una de las variables tomadas en cuenta para acceder a la licitación. Pero, una vez que Enel entró como socio estratégico, comenzó a acumular acciones rápidamente. Incluso, antes de finalizar su primer año, Enel presionó el gobierno salvadoreño con el fin de que le autorizara las acciones faltantes para llegar al 12.5%. Así fue como en pocos años llegaron a tener el 36.9%.

Vale mencionar que no todas las inversiones hechas por la transnacional italiana resultaron en una mejoría del sistema de generación energética. Algunas resultan cuestionables y otras claramente muestran que el interés que prevalecía a la hora de tomar decisiones eran las ganancias de Enel y no el bienestar de LaGeo.

PERFORANDO POZOS

Entre los primeros proyectos de inversión constaba la perforación de dos pozos en Cuyanausul, Ahuachapán. El primer pozo perforado resultó ser un fracaso: a 2 mil 500 metros de profundidad, el calor era suficiente, pero el flujo de valor era deficiente para la generación de energía. Por esta razón, la recomendación científica era perforar el segundo pozo en otro sitio. Sin embargo, esta recomendación fue ignorada y se hizo la segunda excavación en el mismo lugar. Obviamente, hubo las mismas deficiencias que las que hubo en el primer pozo.

Enel abandonó el campo, después de informar que había cumplido con lo acordado: dos pozos perforados. ¿Cuáles eran los criterios para ignorar una recomendación científica obvia? Es difícil entender, a menos que uno especule que les era menos costoso perforar en el mismo lugar. De todas maneras, estas inversiones se convirtieron en acciones y Enel fue aumentando su patrimonio en LaGeo.

En Berlín la perforación del pozo fue más segura, puesto que ya se contaba con los estudios que confirmaban el sitio y el pozo construido consiguió la capacidad de generar 40 megavatios de energía.

LA MÁQUINA ITALIANA

Dentro de la inversión se incluyó la compra-venta de una máquina en Italia, adecuada para funcionar a nivel del mar -Berlín se ubica a 1,200 metros sobre ese nivel- y a temperaturas más frías que las salvadoreñas. A la máquina se le hicieron algunos ajustes para que pudiera funcionar en estas condiciones, pero esos ajustes también afectaban su potencia. De esta manera se desperdiciaba el vapor y se perdían aproximadamente 2 megavatios, lo que significaba una pérdida de 2 millones de dólares al año. Por lo visto, el negocio de las máquinas era más rentable para la transnacional. Significaba una ganancia de aproximadamente 60 millones para ellos y compensaba las pérdidas en generación de energía, pérdidas que absorbía mayormente el Estado salvadoreño.

Una situación similar se dio con la compra de las piezas mecánicas llamadas álabes para una turbina a usarse en Berlín. Estaban calibradas para las medidas europeas, no para las salvadoreñas. El resultado fue que la máquina se desequilibró y en vez de darle el mantenimiento normal en un caso así, Enel pidió a Italia otro motor, que también sería vendido a LaGeo.

MANIOBRAS SOSPECHOSAS

Todas estas maniobras comenzaron a causar sospechas en los sindicatos energéticos y en algunos funcionarios de LaGeo, pero otros técnicos autorizaron la entrega. Esta inversión, cuestionable desde todo punto de vista, también fue capitalizada y convertida en acciones para Enel. Es llamativo que el entonces director del proyecto, quien aceptó ese turbio negocio, fue ascendido en 2012 al puesto de Gerente General de LaGeo con el respaldo de la transnacional.

En el año 2008, Enel propuso una nueva inversión en LaGeo, esta vez de 127 millones de dólares. Con esta inversión, Enel aumentaría sus acciones de 36.2% a 53.25%, convirtiéndose en socio mayoritario de la antigua empresa estatal. El entonces presidente de la CEL, Nicolás Salume -apoyándose posiblemente en las observaciones de una auditoría realizada por la Corte de Cuentas en el 2006, que calificó como “lesivas para los intereses del Estado” las cláusulas que permiten al socio estratégico convertirse en accionista mayoritario- no admitió la inversión. Fue entonces cuando Enel Green Power acudió a los Tribunales de la Cámara de Comercio Internacional, un mecanismo establecido en el mismo acuerdo de accionistas para arbitrar en el contrato.

POLÍTICOS DE ARENA
PARTICIPARON EN LA ESTAFA

Desde mediados de enero, el Presidente de la República Mauricio Funes ha dedicado varios espacios en su programa radial semanal “Conversando con el Presidente” para posicionarse sobre el caso e identificar las anomalías y sus responsables.

Hasta la fecha, varios ex-funcionarios del gobierno de ARENA han salido a bailar en el caso. La lista comienza con el
ex-presidente de CEL, Guillermo Sol Bang, quien en ese período funcionaba como tesorero de ARENA. Le sigue Jorge José Simán Zablah, entonces presidente de LaGeo y actual propietario y director comercial del periódico digital “El Faro”. También José Antonio Rodríguez, entonces gerente de LaGeo y cuñado del ex-Presidente Francisco Flores, quien era mandatario cuando el negocio se concretizó. Aparece en la lista Miguel Lacayo, Ministro de Economía en el mismo período, a quien se ha denunciado por otros casos de corrupción cuando ocupó ese cargo, como beneficiarse de tierras de la Reforma Agraria y exonerar de impuestos a las importaciones de materias primas de su fábrica de baterías Record. Además de Sol Bang, la junta directiva de la CEL que firmó el acuerdo de accionistas incluyó a Tom Hawk, un empresario de origen hondureño que llegó a El Salvador en 1986 como funcionario de la USAID y que terminó siendo director nacional del sector empresarial de ARENA y es actualmente miembro de la recién creada Comisión Política de ese partido.

Funes también cuestionó las motivaciones actuales del diputado Edwin Zamora de ARENA y vicepresidente de Hanes Brands El Salvador, sucursal local de una transnacional estadounidense. El Presidente hizo referencia a un contrato donde LaGeo le suministraba energía a Hanes Brands por debajo del precio. Esa empresa -sostiene el mandatario- “le hace perder al Estado más de 18 millones de dólares porque LaGeo le vende la energía a un precio muy inferior al que se le vende al resto de clientes”. Según Funes, este contrato fue aprobado por la entonces Vicepresidenta de la República y actual diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar.

Al mismo tiempo, el Presidente Funes informó que el gobierno de Antonio Saca contrató a la consultora Guandique, Segovia y Quintanilla para estudiar el caso LaGeo-Enel en el año 2006. El estudio sostiene que en lo que respecta a la cláusula de inversión por aportación de capital, “no aplica el acuerdo y debería enfrentarse mediante una negociación con el socio estratégico, oponiendo la lesividad del acuerdo por condiciones graves y groseras para el Estado y por la inconveniencia de orden público de perder la mayoría accionaria en la explotación de un bien público productor de la energía geotérmica que es una riqueza nacional”. Curiosamente, el Quintanilla que figura en la firma consultora es el ex-Vicepresidente Carlos Quintanilla Schmidt, durante cuya administración se fraguó esta estafa contra el Estado.

ESTÁ EN JUEGO
LA SOBERANÍA NACIONAL

El conflicto de LaGeo-Enel tiene dos cabezas: Una es la presunta corrupción de funcionarios del gobierno de Francisco Flores e involucra desde el Presidente Flores hasta funcionarios de segundo grado. La mayoría de ellos ostentan hoy cargos en el partido ARENA. Consecuencia de esto ha sido la virulenta reacción de ARENA en este caso y su férrea defensa de los derechos de Enel y de la obligación del Estado salvadoreño de respetar el fallo de la ICC. Incluso el actual asesor legal y vocero de la Enel es Francisco Bertrand Galindo, quien fue Ministro de Seguridad Pública durante la gestión de Flores. Aunque no ha sido acusado por participar en el proceso, a todas luces fraudulento, no es extraño verlo argumentar que la transnacional italiana es más fiel a los intereses del pueblo salvadoreño que el Presidente Funes.

La corrupción de quienes entonces gobernaban el país y hoy pretenden volver a hacerlo es un problema nacional que tiene que ser resuelto en casa. En el mes de febrero se organizaron dos comisiones investigadores: una en la Fiscalía General, a solicitud del Presidente Funes, y otra en la Asamblea Legislativa. La Comisión de la Fiscalía tiene obviamente la obligación de revisar el caso en función de la posible persecución del delito. “Tenemos que ver la parte de la legalidad del proceso completo y si hay un indicio de responsabilidad penal también tenemos que actuar”, han dicho.

La comisión de la Asamblea Legislativa tendría como resultado recomendaciones sin carácter vinculante, pero podría aportar elementos importantes a las autoridades de la justicia sobre el caso. La comisión está conformada por representantes de todos los partidos y un independiente, el último diputado que salió de ARENA y quien fue ex-presidente de la CEL a principios de los años 90: Sigifredo Ochoa Pérez, quién se ganó el apodo “Ocho horas Pérez” porque se corrían rumores -nunca investigados y por lo tanto nunca comprobados-, que vendía plantas eléctricas de uso personal y comercial para que la gente adinerada se salvara de los frecuentes y prolongados apagones que él ordenaba cuando fue presidentede la CEL.

ARENA, que hoy se encuentra en el ojo del huracán, intentó ampliar el mandato de la comisión legislativa para investigar todos los posibles casos de corrupción en la CEL, no sólo los relacionados con el contrato de ENEL, a la luz de una denuncia que ellos presentaron a principios de febrero de 2013 contra el actual presidente de esta institución, Leopoldo Samour. Sin embargo, no tuvieron apoyo de sus colegas. Aunque es siempre válido investigar posibles casos de corrupción, el caso del negocio entre LaGeo y Enel amerita una mirada muy particular poque está de por medio la soberanía del país con sus recursos estratégicos.

La otra cabeza del problema es cómo recuperar el recurso geotérmico para el pueblo salvadoreño. Ya se han ocupado las instancias de apelación en el Tribunal de la ICC y ya han fallado a favor de uno de sus miembros, la Enel, y no a favor del pueblo salvadoreño. Tampoco existe un tribunal internacional que puede arbitrar de forma más neutral en estos casos, mucho menos alguno cuya misión sea garantizar justicia a los pueblos del mundo.

ÚNICA SALIDA:
ANULAR EL CONTRATO

El Presidente Funes dice que buscará la anulación del contrato o su renegociación. El escenario de la renegociación parece difícil, tomando en cuenta que Enel no parece dispuesta a aceptar menos de lo que ya tiene. En el año 2008 el gobierno salvadoreño propuso una renegociación ofreciendo a la transnacional italiana el 50% de las acciones y la rotatividad del cargo de presidente de la junta directiva de LaGeo para que cada segundo período el cargo le correspondiera a un funcionario de Enel. Esta jugosa oferta fue rechazada.

La única salida que realmente permitiría a Funes “defender el patrimonio del Estado salvadoreño y evitar perder el control de una empresa estratégica como LaGeo” es negociar la nulidad del contrato. En casos así, se suele cancelar a la empresa “afectada” el precio de las inversiones que realizó, que ahora andan por los 115 millones de dólares, además de alguna compensación. Por rigor, es necesario preguntarse si se restarían de ese monto los 60-70 millones que Enel ha recibido en utilidades a lo largo del contrato.

Miembros de ARENA y empresarios de FUSADES y la ANEP argumentan que esta salida, y la negativa del gobierno actual de seguir el curso establecido en 2002, es “mal negocio” y espanta la inversión extranjera. Ese argumento no es creíble. La inversión extranjera es escasa en un país como El Salvador, que carece de un mercado interno significativo. Peor todavía, argumentar que defender un recurso nacional es “mal negocio”. Con esta idea se condenaría a los países pobres y a los pueblos del mundo a estar eternamente secuestrados por las transnacionales más poderosas del mundo, que se enriquecen cada día más con recursos que no son suyos.

SOMBRAS
SOBRE LA PROPUESTA DE FUNES

La experiencia de lo ocurrido con Enel arroja una gran sombra sobre la afirmación del Presidente Funes en 2010, sobre los Asocios público-privados: “Son lo que necesitamos para echar adelante nuestro país y superar la crisis que enfrentamos”. Pone en duda la tesis de que “en un marco de seguridad jurídica, el sector privado aportará recursos económicos, habilidades y conocimientos necesarios para que, en conjunto con el Estado, desarrolle dichos proyectos en beneficio de la población”. Esta tesis es el objeto de la propuesta de ley que el Presidente Funes presentó en la Asamblea Legislativa en enero de 2013.

La búsqueda de un socio estratégico para empresas estatales rentables como LaGeo, independientemente de que lo necesitara o no para desarrollarse, es un caso clásico de lo que puede darse en el caso de que se aprobara la Ley de Asocios Público-Privados. Cabe dentro de las prioridades para estos negocios, ya que el anteproyecto de ley establece que son de interés general “aquellos que tienen por objeto el impulso de sectores estratégicos de la economía, mediante el fomento de la tecnología, la ciencia, la educación superior, la innovación y la investigación y el desarrollo”.

El Presidente Funes habla por la mayoría del pueblo salvadoreño cuando dice: “Sólo un antipatriota puede estar a favor de que perdamos un importante patrimonio como es la generación de energía a través del vapor que sale del subsuelo. El subsuelo es propiedad de los salvadoreños y no puede ser propiedad de ningún inversionista extranjero”.

Hay que tener en cuenta también que, aunque se lograra cortar totalmente la cabeza a la corrupción en la esfera pública, el anteproyecto de ley del Presidente Funes no ofrece ninguna garantía para frenar la corrupción en la esfera privada, ampliamente practicada por Enel según se puede ver en las maniobras realizadas durante sus inversiones.

Al ser aprobada la ley de Asocios, las cláusulas de protección que garantizaba a la Enel que el Estado asumiera todos los riesgos en la inversión privada, serían el pan de cada día. Además, no hay ninguna cláusula en el anteproyecto que restrinja la cantidad de acciones que puede acumular la empresa privada que entre en asocio con el Estado.

QUE SE SEPA

“Quien no conoce la historia está condenado a repetirla”, dice la sabiduría. Por eso, el caso de LaGeo- Enel debe ser ampliamente difundido entre el pueblo salvadoreño. Hay que retomar la historia de este caso en el debate de la Asamblea Legislativa. Pero no sólo. Debe llegar también a los distintos ámbitos donde el pueblo salvadoreño organizado reivindica su participación en las decisiones del Estado.

EDUCADORA POPULAR. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN EL SALVADOR.

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