Nicaragua
El costo económico de la guerra de agresión
El 12 de septiembre la Corte Internacional de Justicia de La Haya iniciará la audiencia sobre la acusación presentada por Nicaragua en contra de los Estados Unidos. Nicaragua demanda al gobierno norteamericano porque financiando, entrenando y organizando a los contrarrevolucionarios, está violando abiertamente desde hace años los principios del Derecho Internacional.
Equipo Envío
La Guerra de agresión de la Administración Reagan contra Nicaragua ha causado la muerte de más de 12 mil nicaragüenses, las heridas o mutilaciones de muchos miles más, ha dejado huérfanos a más de 6 mil niños, ha significado destrucción y cuantiosas pérdidas económicas para un país pequeño, devastado por el subdesarrollo y el somocismo, que apenas iniciaba su camino de reconstrucción cuando comenzó la agresión.
Nicaragua enfrenta y vence esta agresión con las armas militares de su ejército de defensa y con las armas cotidianas de la resistencia, la creatividad y el coraje populares. Desde 1984, y a raíz del minado de sus puertos, también decidió enfrentar la agresión en los tribunales y con las armas jurídicas de las leyes internacionales. En el Tribunal de La Haya, el de mayor representatividad de la tierra, Nicaragua presentará sus testigos, las pruebas de la sangre derramada y las cifras en las que se expresa la destrucción económica causada por esta guerra desigual, solicitando a la Corte Internacional sr indemnizada por estas pérdidas.
Envío presenta una evaluación del costo económico de la guerra sucia del gobierno de Estados Unidos contra Nicaragua, elaborada, sobre todo, en base a datos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), que han servido para los cálculos de la Secretaría al Planificación y Presupuesto de Nicaragua que serán presentados en La Haya. El informe que publicamos tiene el límite de no incluir los efectos causados por el embargo comercial decretado por Estados Unidos contra Nicaragua en mayo de 1985.
Los datos que ofrecemos son fríos, escuetos y hablan desde un lenguaje excesivamente sobrio. Cuesta por eso apreciar tras estos números todo el dolor humano acumulado en estos años. Tampoco expresan estas cifras las nuevas energías y posibilidades que la agresión ha desatado en Nicaragua y en América Latina. Energías que en el terreno económico neutraliza ya la actual destrucción, permiten enfrentarla con éxito y auguran para cuando venga la paz una nación con estructuras sociales más igualitarias, con un proyecto económico más independiente y un pueblo más maduro, consciente y creativo.
La guerra: impacto directo e indirecto en la economíaLa agresión militar de los Estados Unidos contra Nicaragua a través de las fuerzas contrarrevolucionarias, dirigidas en la mayoría de sus cuadros por ex-miembros de la guardia nacional somocista, se inicia ya en 1980. Pero es hasta 1983 que en esta agresión cobra fuerza determinante la intencionalidad estratégica de minar la economía nicaragüense: Una vez reconocido en Washington que una victoria militar de la contrarrevolución no era factible a corto plazo, la agresión tuvo el objetivo explícito de desgastar la economía y de minar la base social de la revolución sandinista. Desde 1983 en adelante el costo económico de la agresión sube vertiginosamente (ver cuadro 1) golpeando tanto la producción como el nivel de vida del pueblo.
Aunque los daños directos en 1984 fueron reducidos por la efectividad con que las Fuerzas Armadas quebraron la actividad armada contrarrevolucionaria, la producción perdida fue ese año aún mayor que en el anterior. La suma de pérdidas en estos cinco años se aproxima a las ganancias de un año de exportaciones y el total de las pérdidas a casi la mitad de ellas. Es también un costo de la agresión el valor financiero de los recursos externos para proyectos de desarrollo en Nicaragua, que fueron negociados y acordados por mérito técnico pero que fueron después bloqueados por presiones de los Estados Unidos sobre las directivas de las organizaciones multilaterales e incluso sobre varios gobiernos soberanos. El monto total de desembolsos programados de estos préstamos entre 1980 y 1984 hubiera sido de $200 millones, una quinta parte de la inversión en este período.
Lógicamente, todas estas pérdidas tienen un impacto indirecto en la economía porque, en la ausencia de estos recursos, la producción ha sido menor en otros rubros no afectados directamente por la agresión. Por la misma razón, el nivel de vida de la población se encuentra reducido y, en última instancia, lo que se está frenando es el desarrollo económico del país.
A estos costos producidos directamente por la agresión, es necesario añadir el aporte económico que el pueblo nicaragüense ha tenido que hacer a la defensa, pues supone un costo irracional en términos de recursos que mejor se podrían haber dedicado a mejorar el nivel de vida de la población o a avanzar en el desarrollo económico.
El costo directo de la defensa se aproximó a una tercera parte del presupuesto nacional en 1984 (un 15% del PIB) restando estos recursos de la salud, la educación y las inversiones productivas, que representan el resto del presupuesto.
El impacto sobre la balanza de pagosLos costos económicos de a agresión, comparados con las dimensiones de la economía nicaragüense, son verdaderamente enormes.
Cuadro 1
El impacto más directo sobre la macroeconomía -niveles nacionales de producción, inversión y consumo- se da en las pérdidas en la producción primaria aún más que en la destrucción de los acervos de capital. Los efectos se resumen en el Cuadro 2, donde se indica un colapso de la silvicultura, la pesca y las minas por estar estas riquezas en zonas de guerra. La pérdida es grande -casi la séptima parte de la producción primaria- y afecta desproporcionadamente a las economías de las regiones ricas en estos recursos.
Cuadro 2
Cuadro 3
En los cuadros 2 y 3 se cuantifican los efectos directos de la agresión:
a) Las pérdidas directas de exportación por falta de producción en ramas como café, madera, oro, pesca, etc.
b) El incremento de importaciones por falta de producción nacional de granos, etc.
c) Las pérdidas de acervos de capital por la destrucción de plantas, edificios, existencias, etc.
Cuadro 4
El cuadro 4 resume los efectos directo e indirecto sobre la balanza de pagos, ya que una disponibilidad mayor de divisas hubiera permitido elevar el nivel de actividad económica a través de las importaciones de insumos. De esta forma, se establece un nuevo equilibrio hipotético en la balanza de pagos "sin agresión". Para efectos de análisis, se ha supuesto que los recursos perdidos se hubiera distribuido en la misma proporción a los que sí se utilizaron y que esto hubiera permitido sobre todo una mayor actividad industrial y un saldo positivo en la balanza básica, permitiendo así un mejor cumplimiento del servicio de la deuda externa. Por ejemplo, en 1984 la exportación hubiera sido de $505 millones en lugar de los $382 millones obtenidos: un 32% mayor. Esto, a su vez, hubiera posibilitado mayores importaciones y una mejora de $84 millones en la balanza básica.
Cuadro 5
A estos efectos de la agresión militar, es necesario el impacto de la agresión financiera. La falta de agresión hubiera significado acceso a recursos "blandos" (bajas tasas de interés y largos períodos de amortización) para infraestructura, desarrollo agropecuario, sectores sociales, etc. pues sin la agresión se hubiera logrado un saldo positivo en la balanza de pagos con los créditos recibidos. Es de suponer que los créditos blandos negados hubieran servido para sustituir los créditos comerciales "duros" a los que ha sido preciso recurrir. En términos económicos, estos créditos no obtenidos hubieran permitido lograr un nivel de acumulación más equilibrado.
Si se suman los efectos directos de la agresión militar sobre la balanza de pagos (cuadro 4) y los efectos de la agresión financiera (cuadro 5) año por año, se puede apreciar la magnitud del impacto, en relación con los pocos recursos que tiene Nicaragua, ya afectada por la crisis económica latinoamericana. Sólo en 1984 el total supera los $213 millones, es decir, supone un 56% de los ingresos por exportación. El total agregado en cinco años son $521 millones.
Cuadro 6
Estas pérdidas han hecho imposible, económicamente -y moralmente, porque implicaría un sacrificio popular inaceptable- cumplir con la totalidad del servicio de la deuda externa. Esto se refiere en primer lugar a la deuda con el gobierno de los Estados Unidos heredada del somocismo ($223 millones) y, en segundo lugar, a la deuda con la banca comercial, principalmente norteamericana. El monto de deuda heredada ($1,600 millones en 1979 pero con $400 millones de interés capitalizado hasta 1984) se ha tenido que renegociar varias veces. En una muestra de la buena voluntad del gobierno de Nicaragua, que o ha cancelado su deuda con los nacionales de un país que ha desatado contra ella una agresión tan ilegal. Al contrario, Nicaragua ha pagado $234 millones en servicios a estos bancos y $209 millones a la banca multilateral entre 1980 y 1984 sin encontrar a cambio una respuesta positiva en términos de nuevos fondos. Ha tenido incluso que caer en mora con deudas contratadas con gobiernos amigos después de 1979. Además, la falta de liquidez ha imposibilitado el pago de más de $300 millones en saldos insolutos con la Cámara de Compensación Centroamericana.
El impacto macroeconómico de la guerraEl impacto sobre el producto interno de la economía, reduciéndonos siempre a los efectos señalados, viene de dos factores.
- La pérdida directa de producción, sobre todo en el sector primario.
- La reducción en la actividad productiva por la falta de divisas, sobre todo en el sector secundario, aunque también en el primario.
Tomando el primer factor, el cuadro 7 presenta las diferencias en el sector primario en 1983 y 1984, los años de más impacto de la guerra.
Es evidente que, proporcionalmente, el impacto es más grande en los sectores de pesca y silvicultura, aunque el impacto mayor en términos absolutos se da en la agricultura. Sin la agresión, el sector primario hubiera producido en total 7% y 11% más, respectivamente, en esos dos años.
Cuando esta pérdida directa de producción se traduce en disponibilidad reducida de divisas, a través de la balanza de pagos, se genera también un impacto sobre la producción secundaria -industria y construcción, sobre todo- por quedar afectada la importación de insumos.
Cuadro 7
El Cuadro 7 resume los cálculos de la Secretaría de Planificación y Presupuesto de Nicaragua sobre este aspecto, utilizando los modelos de planificación macroeconómica que se emplean en la construcción del Programa Económico Anual y que están fundamentados a su vez en la metodología recomendada por la CEPAL.
En 1984 la producción secundaria hubiera sido un 10% mayor sin la agresión norteamericana. Y esto hubiera supuesto una ampliada capacidad para cumplir con el servicio de la deuda externa. El Cuadro 7 contiene también un estimado de este impacto sobre los componentes del gasto macroeconómico. Como hemos visto antes, sin la agresión, la exportación en 1984 hubiera sido un 33% mayor, permitiendo esto importaciones un 6% mayores y el apago completo del servicio de la deuda.
En vista de la crisis comercial y financiera en América Latina, la producción no hubiera sido quizás tan grande pero, como muestra el cuadro 9, la normalidad hubiera repercutido en un crecimiento anual del PIB en un 6%, superando el 2% experimentado. El verdadero logro de estos años de agresión ha sido el que la economía lograra mantenerse al menos estable.
Enfrentar la agresión requiere aumentos considerables del presupuesto de defensa. Esto ha implicado dolorosas reducciones en el presupuesto dedicado a los servicios sociales y nuevos impuestos, a pesar de lo cual se ha incrementado el déficit fiscal a niveles muy inflacionarios. Como la defensa militar se basa principalmente en una movilización masiva de infantería, el gasto directo importado es mínimo y por eso no tiene un mayor impacto sobre la balanza de pagos. El incremento del déficit se refleja enteramente en la demanda interna y el impacto macroeconómico, en una situación de oferta restringida, ha sido inevitablemente inflacionario. Es decir, el pueblo está pagando un "impuesto inflacionario de guerra".
En vista del hecho de que la proporción entre el déficit fiscal y el PIB en 1984 hubiera sido aproximadamente la tercera parte de lo que fue, es razonable suponer que en ausencia de la agresión la tasa de inflación hubiera sido proporcionalmente menor. Suponiendo que el grado de monetarización de dicho déficit hubiera sido similar en los dos casos, el resultado hubiera sido como indica el Cuadro 8.
Cuadro 8
Déficit fiscal e inflaciónSi se toma en cuenta que sin agresión el PIB hubiera sido mayor y el financiamiento exterior más amplio, el déficit monetario -como proporción de la actividad económica- hubiera sido menor.
El impacto sobre el nivel de vida de la poblaciónLas consecuencias de la guerra para la población nicaragüense fueron muy serias, más de lo que la contabilidad puede expresar. Los nuevos servicios sociales y los sistemas de abastecimiento fueron precisamente las infraestructuras más atacadas por los contrarrevolucionarios, lo que afectó a los más humildes en el campo.
En las zonas de guerra, (Matagalpa, Jinotega, Las Segovias, Chontales, Costa Atlántica y Río San Juan) vivía aproximadamente una tercera parte de la población nacional -un millón de personas-. De ellas, una cuarta parte fue desplazada por la guerra, viéndose obligados los campesinos a abandonar sus tierras para encontrar seguridad en pueblos ciudades o en los nuevos asentamientos. El gobierno revolucionario tuvo que hacer enormes esfuerzos para dar salud, vivienda, educación y abastecimiento a las familias desplazadas, a costo de otros proyectos sociales necesarios en otras partes del país.
Los ataques a los servicios sociales se concentraron en las zonas de guerra. En educación, fueron han sido destruidas 8 escuelas y asesinados 149 maestros entre 1980 y 1984. 231 escuelas tuvieron que ser abandonadas por el terror de los contrarrevolucionarios en diferentes zonas, quedando desatendidos 25 mil 680 alumnos de primaria y 10 mil 95 alumnos del Programa de Educación de Adultos.
En la salud también hubo destrucción. A fines de 1985 el Ministerio de Salud se había visto obligado a abandonar 50 unidades de salud: un hospital, 4 centros de salud y 45 puestos de salud. La población que dejó de ser atendida por estas unidades era de muy 225 mil personas, una cuarta parte de la población en las zonas de guerra. La guerra impidió también la extensión de los servicios de salud y la movilización sanitaria, frenándose así los avances en el control epidemiológico de la malaria. La poliomielitis - desterrada por vacunación masiva en 1982 - reapareció en 1984.
La destrucción de viviendas, de los sistemas de luz y teléfono y de vehículos de transporte colectivo detuvo avances en el bienestar campesino. Sin embargo, fue el desmoronamiento de la economía campesina lo que más afectó el nivel de vida en las zonas de guerra, exceptuando naturalmente el dolor humano por las muertes, las heridas, de los secuestrados. La agresión norteamericana ha supuso pérdidas de hasta una tercera parte del café y de los granos básicos producidos en las zonas de guerra cultivos fundamentales de pequeños productores, imposibilitados de trabajar la tierra por el riesgo que éstos representan. A este efecto más visible tenemos que añadir otros dos efectos aún más serios, ya que afectan la estructura de la economía campesina tradicional.
El primero es la escasez creciente de mano de obra, debido a la huida de familias o a la incorporación de los varones. Esto ha mermado la producción comercial de granos y de café, sobre todo, y obliga la familia campesina a una economía de subsistencia o la emigración de la ciudad. Esta ha hecho aumentar la población de Managua de 600 mil habitantes antes de la revolución hasta casi un millón actualmente.
El segundo efecto de la guerra sobre la economía campesina fue la desarticulación de las redes de intercambio comercial, pues los comerciantes o instancias estatales acopian la cosecha, proveen créditos y venden productos industriales no pueden entrar a la zonas de guerra. Así, el campesino queda desabastecido de medios de producción -machetes- o de mercado para su maíz o simplemente deja de producir, perjudicando así su propio nivel de vida y deteriorándose la alimentación de la población en general.
Para las otras dos terceras partes de la población, ubicada fundamentalmente en la costa del Pacífico -Regiones II, III, IV- el impacto económico de la guerra fue menor en sentido directo, aunque muchas familias del Pacífico han sufrido el dolor de perder a un hijo en la guerra. En estas regiones el impacto de la agresión se nota en:
a) La poca disponibilidad de divisas para la importación.
b) La desviación de recursos presupuestarios para la defensa.
c) La reasignación de cuotas de abastecimiento.
La falta de divisas, producto de la agresión y causante de la contracción a la expansión normal de la economía, ha sido determinante para la economía popular. De hecho, el consumo básico per cápita promedio -alimentos, vestuarios, etc.- era en 1984 un 20% menor que en 1982, a raíz del estancamiento de la producción industrial, por falta de insumos importados, por las dificultades de importar alimentos para reemplazar la producción que no se pudo lograr ampliar en el campo y por las asignaciones necesarias para la defensa.
Como hemos visto, esta restricción de la oferta, frente a la expansión monetaria causada en gran parte por la misma defensa, causó una violenta inflación. El salario real de los trabajadores -quienes habían mostrado disposición a que sus salarios nominales fueran congelados como una contribución y apoyo a la defensa- cayó en hasta un 50% entre 1982 y 1984.
La falta de divisas para repuestos e insumos esenciales ha afectado especialmente a la salud y al transporte colectivo en el Pacífico. En algunos momentos de 1984 la mitad de los quirófanos y los buses estaban fuera de servicio principalmente por esta razón. Es la escasez de divisas líquidas provenientes de las exportaciones y disponibles para la compra en los mercados libres -no compensada con las líneas de crédito atadas a productos específicos- lo que es especialmente crítico en éste contexto de agresión.
El aumento del presupuesto militar a costa del presupuesto civil -dedicado fundamentalmente a salud, educación y subsidios al consumidor, ha significado un congelamiento cuantitativo y hasta cierto deterioro cualitativo de estos servicios sociales. Hay que subrayar que este impacto negativo sobre la población se siente aún más, por los logros positivos alcanzados entre 1979 y 1982. En cuanto a la educación, la calidad también se ha visto seriamente afectada por la movilización masiva de estudiantes varones de secundaria y de las universitarias en tareas de defensa militar.
El abastecimiento de bienes de consumo popular ha sido seriamente afectado en el Pacífico a causa de la guerra. Las pérdidas de maíz y frijol han sido un 15% de la producción total, pero el acopio para las ciudades ha sido afectado más, en un 30% una vez que se descuenta el autobastecimiento rural. Así mismo, la producción industrial en 1984 fue inferior en un 20% de lo que correspondía a una situación sin pérdidas en las exportaciones.
Pero el efecto negativo trasciende la problemática de la producción y del acopio. Primero, ha sido necesario reasignar cuotas civiles del Pacífico hacia las zonas de guerra para sostener a la población civil desplazada o afectada. Por ejemplo, la proporción de leche en polvo asignada a la Región III (Managua) era de un 60% en 1983 y fue reducida a un 40% en 1984. Segundo, la movilización masiva de infantería para la defensa requiere de los mismos bienes de consumo -comida, jabón, vestuario, etc.- que los que necesita la población civil. Y aunque es cierto que la ausencia del hijo en el ejército sandinista la población civil. Y aunque es cierto que la ausencia del hijo en el ejército sandinista reduce las necesidades familiares, el gasto per cápita de estos productos es lógicamente mucho mayor en la guerra. De hecho, abastecer a las fuerzas armadas supone el 45% de la capacidad fabril de calzado y el 24% de la capacidad de producción textiles y vestuario. En promedio, equivale al 10% de la producción industrial.
En cuanto a los productos alimenticios de primera necesidad -azúcar, arroz, maíz, frijol, aceite, jabón y sal- la defensa requiere aproximadamente el 10% del consumo nacional. Todo esto es extraído de las cuotas de las ciudades del Pacífico, ya que el abastecimiento rural tiene prioridad.
El programa económico de 1985 pretendió ordenar esta austeridad forzada, dentro de un nuevo modelo de "economía de defensa". Esta implica dos principios nuevos. Se prioriza a las zonas de guerra en la provisión de servicios sociales, infraestructura y abastecimiento y el Pacífico queda como economía de retaguardia.
Esto quiere decir que mientras durara la guerra no se construirán nuevas escuelas - excepto en los asentamientos - ni tampoco hospitales, no se construirán más viviendas ni se adoquinarán calles o se pondrá agua y luz en las ciudades del Pacífico. También se han tenido que suprimir los subsidios al consumo y se ha priorizado a los trabajadores, abasteciéndolos a través de comisariatos. El peso de estos reajustes cae, sobre todo, sobre las espaldas del sector informal urbano.
Todos estos indicadores, con ser tantos, no reflejan el costo sico-social que para el pueblo implica la agresión norteamericana. El terror del campesino frente a la presencia o cercanía de las bandas contrarrevolucionarias, el del ciudadano frente a la posibilidad de una invasión norteamericana, el miedo del niño cuando los disparos se oyen en su escuela, son algunas de las expresiones de una permanente tensión que tendrá efectos a largo plazo, aún cuando los efectos materiales de la agresión se hayan superado ya.
El impacto sobre el proyecto de desarrollo de la nueva NicaraguaEs extremadamente difícil valorar el efecto de la guerra sobre el desarrollo de Nicaragua, pues esto requeriría de un estimado de lo que se hubiera logrado, sin la guerra, en la inversión en el crecimiento de la producción, en la transformación de la organización económica, en la formación de recursos humanos, en las relaciones económicas internacionales, etc.
La estrategia de desarrollo del gobierno revolucionario nace de una interpretación de las raíces de la pobreza y de la dependencia de Nicaragua. La estrategia se basa en la transformación del sector agropecuario y de los recursos naturales como ejes de acumulación para asegurar un nivel de vida mejor -seguridad alimentaria- y suficientes divisas para la acumulación -exportación-. Esto se realiza dentro de los principios de la economía mixta y el no alineamiento, fortaleciendo los sectores estatal y cooperativo en lo interno y en lo externo logrando balancear las relaciones económicas con los distintos bloques económicos. Como es evidente, todo este proyecto ha sido frenado en sus aspectos materiales por la guerra; aunque no se han abandonado los principios organizativos, avanzando en lo posible en la consolidación del modelo.
La pérdida de la producción, como hemos visto, tiene un efecto dramático sobre la escasez de divisas y, por esto, en el funcionamiento normal de toda la economía nacional. Sin las presiones norteamericanas sobre el financiamiento a largo plazo, se podría haber dedicado más recursos a la producción, permitiendo un producto nacional mucho mayor. El gobierno de Nicaragua y la CEPAL estiman que el PIB hubiera crecido en un 6% al año entre 1980 y 1985. Esta cifra no tiene en cuenta el efecto positivo que hubieran tenido las inversiones aplazadas como tales, porque los préstamos bloqueados han sido precisamente los que estaban destinados al desarrollo infraestructural, el que es muy difícil financiar de otra manera.
El último informe del Banco Mundial (BIRF) antes de suspender préstamos (1981), señala perspectivas alentadoras para la economía de Nicaragua. Se recomendaron entonces acciones del déficit presupuestario y garantías a los productores, que de hecho se han implementado. Es razonable, por lo tanto, citar la proyección que en 1980 hacía el BIRF, la institución mundial con más prestigio en este asunto, como una valoración ponderada de lo que hubiera sido el desarrollo económico en Nicaragua sin la agresión externa. Como indica el Cuadro 9, la producción entre 1980 y 1985 hubiera aumentado en un 39%, frente al incremento obtenido con la guerra: un 9%.
Cuadro 9
El informe del BIRF indica también que en 1984 las exportaciones de bienes llegarán a $1,100 millones. ($382 millones en exportaciones hubo en 1984, a causa de la guerra). Además, se previó un flujo neto por parte de los organismos multilaterales de $424 millones entre 1980 y 1984. De hecho, Nicaragua recibió solamente $336 millones brutos en desembolsos. En cambio, se pagaron $234 millones entre 1980 y 1984, en concepto de intereses y amortizaciones sobre la deuda contratada por Somoza con estas instituciones. Por lo tanto, el flujo neto fue solamente de $102 millones.
Los proyectos bloqueados en el BIRF y el BID son precisamente los que el Banco Mundial había identificado como esenciales para el desarrollo estable de la economía nicaragüense, especialmente en la producción agropecuaria y en la infraestructura social. Resulta irónico señalar que los principales beneficiados por estos fondos hubieran sido productores del sector privado, tanto de la gran producción -en el proyecto de rehabilitación industrial del BID, por ejemplo-, como los pequeños -en el proyecto del BIRF, por ejemplo-.
El proceso de superar la pobreza y el subdesarrollo involucra necesariamente a distintos sectores de la propiedad y no solamente depende del esfuerzo del Estado. El proyecto de la revolución sandinista es una economía mixta donde, tanto el empresario patriótico como el pequeño productor -campesino o artesano-, puede potenciar su contribución económica a la sociedad. En esta perspectiva hay que incluir también el proyecto de autonomía para la Costa Atlántica.
La acciones agresivas de la actual Administración de los Estados Unidos dañan el pluralismo económico que sustenta la revolución. La violencia contrarrevolucionaria se desató en 1983 y 1984 sobre las cooperativas agrarias a la par que sobre las haciendas de los productores privados. Los pequeños industriales y artesanos, que conforman numerosos grupos en las ciudades y en su mayoría se han agrupado en cooperativas de servicios, se han visto afectados por la escasez de divisas y por la ausencia de insumos importados de Centroamérica, siendo ambos límites un resultado de la guerra.
Pero quizás, el impacto más serio de la guerra para el futuro desarrollo de Nicaragua sea el impacto sobre los recursos humanos. Primeramente, la huida de la población campesina hacia las ciudades, y la movilización militar de uno de cada cinco jóvenes o adultos varones, impacta seriamente la producción agropecuaria, que es eje del desarrollo de Nicaragua. Esto afecta la producción, no sólo a corto plazo, sino también en el futuro, ya que será difícil reintegrar estos brazos a la producción agropecuaria. En segundo lugar, gran número de profesionales y técnicos han emigrado al exterior, por temor a la guerra o por no ver a sus hijos involucrados en el servicio militar.
Este éxodo, combinado con la necesaria movilización militar de otros profesionales, ha afectado y seguirá afectando seriamente en la producción industrial, los proyectos de salud, de energía y las tareas de otros sectores técnicos. En tercer lugar, generaciones enteras de jóvenes están dejando sin completar su educación secundaria o dejando de iniciar la universitaria por estar movilizado en la defensa. Esta situación afecta hasta a la mitad de los varones entre 17 y 25 años. Aunque en cierta medida estos varones son reemplazados por mujeres, el impacto futuro sobre los recursos técnicos y profesionales puede ser serio.
El costo es aún mayor cuando se considera que, desde los cuadros de dirección hasta el último obrero o campesino, está dedicando prioritariamente sus esfuerzos intelectuales, orgnaizativos y físicos a la defensa de la patria y no al desarrollo de ella. Aún si cesara la guerra de agresión en 1985, se tardarían muchos años en recuperar los daños materiales y sociales de esta guerra sucia.
El último estudio del BIRF antes de congelar su apoyo, preveía para 1990 una superación de los problemas actuales de la balanza de pagos y el logro de un crecimiento estable, logrando un PIB 86% mayor que en 1980. La tendencia actual indica un nivel sólo un 15% mayor, y por lo tanto, un deterioro notable en el ingreso per cápita. La perspectiva de un ingreso per cápita mucho menor que lo anticipado limpia una necesaria redistribución del ingreso entre las distintas capas sociales para garantizar las necesidades básicas a toda la población. Esto lógicamente trastocará la formación social existente en la actualidad.
A pesar de tantas dificultades y limitaciones, el pueblo nicaragüense tiene confianza en la victoria, considera esta guerra como una continuación de la gesta libertadora de Sandino, apoyó la conducción revolucionaria en las recientes elecciones, acepta el costo humano y económico de la agresión y sabe que la solidaridad internacional garantiza el apoyo mínimo para la supervivencia. El enorme costo de la inmoral agresión norteamericana impide dar al pueblo un nivel de vida digno y frena sus aspiraciones para el desarrollo económico y el futuro de sus hijos, causando también tensiones sociales internas que dificultan, como en cualquier otra democracia, el desarrollo pleno el pluralismo político y de otras libertades.
El gobierno de los Estados Unidos tiene el deber moral y jurídico de compensar a Nicaragua, al menos por los daños materiales de su agresión. Las vidas humanas y el sufrimiento de todo un pueblo no tienen ninguna expresión monetaria. A ese inmedible costo defiende su dignidad de nación soberana el pueblo nicaragüense.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica