Medicinas: una lucha entre ricos y pobres

En El Salvador se venden las medicinas más caras de toda Centroamérica. Las ganancias de las empresas farmacéuticas son astronómicas. El conflicto de intereses entre las farmacéuticas y poderosas figuras políticas es evidente. Después de nueve años de lucha por una salud pública al servicio de la gente esto podría empezar a cambiar pronto. Éste es un breve repaso de la lucha por conseguirlo, la lucha popular más masiva y exitosa de la post-guerra.

Elaine Freedman

Cuando se pregunta a cualquier persona mayor en El Salvador “¿Cómo está usted?”, es lugar común responder: “Bien, porque tengo salud”. Una respuesta que deja ver que para el pueblo salvadoreño el Derecho a la Salud es de los más fundamentales.

Prueba de esto es que las reivindicaciones que han movilizado a este pueblo más masivamente, y más exitosamente, después de los Acuerdos de Paz, han estado relacionadas con la salud. Hoy está por ser aprobada una histórica Ley de Medicamentos. Sus contenidos se le pueden sumar a las victorias alcanzadas por el pueblo organizado.

LAS “MARCHAS BLANCAS”

En 1999 se valoraba que el proceso de privatización de los entes estatales encargados de prestar servicios era imparable en El Salvador. Los gobiernos de ARENA cumplieron casi en un 100% las medidas de ajuste estructural impuestas al país por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ni los sindicatos ni los partidos políticos de oposición pudieron frenar el afán privatizador de los gobiernos de Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol. La banca, el fondo de pensiones, la exportación de café, azúcar y algodón, los ingenios, la importación de petróleo, la distribución de energía eléctrica y el servicio de telefonía pasaron a manos privadas. Y todo apuntaba a que el servicio de salud y la distribución de agua potable correrían la misma suerte.

Cuando esto iba a ocurrir, el tercer gobierno consecutivo de ARENA llegó al poder. El Presidente Francisco Flores revivió una iniciativa, iniciada en la década de 1990 con la asistencia del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para reestructurar el sistema hospitalario y el sistema de atención de salud.

El programa de 1999 se centró en la externalización de los servicios médicos ofrecidos por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), una modalidad de privatización paulatina. Los médicos del ISSS, que recién acababan de crear su sindicato en 1997 (SIMETRISSS), iniciaron en 1998 una campaña exitosa de huelga por mejores salarios y más voz en ese proceso de reestructuración. De inmediato, se unieron con el sindicato de los trabajadores del ISSS (STISSS) para lanzar una campaña contra el intento de privatización parcial de la salud. La campaña de protesta resultó ser muy diferente a los esfuerzos de resistencia a las políticas económicas en la década de los años 90. El STISSS y el SIMETRISSS formaron amplias coaliciones con otras organizaciones sociales y con el partido FMLN.

La primera huelga de los trabajadores en contra de la privatización de la salud se inició en noviembre de 1999 y duró hasta marzo de 2000. Se organizaron una docena de marchas y concentraciones masivas en las principales ciudades. En algunos casos llegaron a participar más de 50 mil personas de todo el país. A la vez, los sindicatos del sector público organizaron una docena de huelgas en solidaridad con sus colegas. Las ONG formaron una organización denominada Movimiento de la Sociedad Civil Contra la Privatización (MSCCP) para apoyar la huelga de los trabajadores de la salud. Ante tan masivo apoyo al movimiento en contra de la privatización de la salud, el gobierno tuvo que ceder y negociar con el STISSS y el SIMETRISSS.

A mediados de 2002, el gobierno de ARENA, en colaboración con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), intentó una vez más la externalización de los servicios médicos en el ISSS. Esto provocó una huelga aún más larga, promovida por el STISSS y el SIMETRISSS, que duró entre septiembre de 2002 y junio de 2003. Los médicos y trabajadores de la salud llamaron de nuevo a sus aliados para apoyar la huelga y defender el sistema de salud pública. El Foro de la Sociedad Civil y la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud integraron a ONG, grupos de mujeres, sindicatos, organizaciones comunitarias, cooperativas rurales y estudiantes y jugaron un papel decisivo en la movilización de amplios sectores contra las medidas privatizadoras. Bloquearon las principales autopistas del país y marchas multitudinarias conocidas como “las marchas blancas” llegaron a incorporar hasta a 200 mil manifestantes.

Como partido político de oposición, el FMLN se sumó a las protestas. Toda la fracción parlamentaria del FMLN se integró a las manifestaciones en contra de la privatización de la salud y el partido utilizó su mitin semanal, conocido como Tribuna Abierta, para llamar a sus partidarios a participar en las movilizaciones. Finalmente, su bancada legislativa logró la introducción en la Asamblea Legislativa de una legislación que prohibía la privatización.

El gobierno tuvo que volver a renunciar a la iniciativa de externalización de los servicios médicos en el ISSS. Estas victorias fueron las primeras de gran envergadura del pueblo salvadoreño en la post-guerra. Después de un prolongado proceso de desarticulación y desmovilización, que resultaban en uno u otro logro durante los años 90, parecía que, con la lucha por la salud pública, el movimiento popular salvadoreño superaba un largo período de reflujo.

MEDICINAS: NEGOCIO REDONDO

Las grandes reformas del Sistema de Salud quedaron pendientes. Una de ellas es la regulación de la producción y venta de medicamentos. En materia farmacéutica, El Salvador tiene los precios más elevados de Centroamérica, superando en muchos casos los precios de otros países en un 500%. Según un estudio del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador (CENSEC) de 2007 los medicamentos en este país cuentan con un margen de ganancia promedio de 5,200% con respecto al Precio Internacional de Referencia.

Las ventas anuales rondan los 300 millones de dólares, según datos reportados por la Superintendencia de Competencia y la Cámara de Comercio en 2007. De los productos vendidos, unos 100 millones son producidos localmente y el resto son importados. De los 100 millones producidos localmente, 60 millones se destinan al consumo local y otros 40 millones a la exportación. El consumo interno de fármacos asciende a 220 millones cuando se calculan también los medicamentos importados por las droguerías, valorados en 160 millones. Según un estudio realizado por la embajada de España en 2008, el sector ha estado creciendo a una tasa promedio del 5% en los últimos años y las diez empresas de mayor facturación han tenido incrementos de hasta dos dígitos. A todas luces es obvio que la producción e importación de fármacos es un negocio redondo en El Salvador.

FARMACIAS: OTRO BOTÍN

La comercialización de medicamentos en El Salvador es otro botín para los empresarios de mayor nivel. El primer nivel de venta lo constituyen los laboratorios (nacionales o extranjeros) que venden su producción a las droguerías.

Las droguerías constituyen el segundo nivel de la cadena que, en algunos casos, son empresas relacionadas, y suelen también importar otros medicamentos, a veces como distribuidores exclusivos de laboratorios radicados en el exterior. Por lo general, atienden tanto al consumo privado como al público, presentándose en este caso en forma directa a las licitaciones. Estas droguerías tienen conocimiento del mercado, realizan los trámites de importación cuando es necesario y disponen de transporte y logística propios para la distribución, así como almacenes y bodegas en lugares y momentos estratégicos. Tienen un significativo poder de venta ante los comercios pequeños porque cuentan con una variedad muy amplia de productos y ofrecen precios competitivos.

Finalmente, 15 cadenas nacionales manejan el 80% del mercado farmacéutico nacional, actuando, muchas veces, como mayoristas que distribuyen medicamentos a farmacias con menor capacidad financiera. Entre las cadenas sobresalen Farmacias Económicas, Farmacias San Nicolás, Farmacias Las Américas, Farmacias San Benito y Farmacias Meykos, que cuentan con 18 y hasta 36 sucursales cada una. El 20% restante son las pequeñas farmacias tradicionales, con sólo uno o dos establecimientos, sin capacidad ni solvencia para comprar grandes cantidades y que recurren a distribuidores y/o mayoristas para abastecerse. Éstas tienen locales pequeños o medianos y ofrecen servicios básicos, como el de poner inyecciones a sus clientes.

Según un estudio encargado por la embajada de España el mercado en su conjunto está cada vez en menos manos. Los distribuidores acaparan una cuota cada vez mayor del mercado, comprando y fusionándose con otros distribuidores que antes eran competencia y se han embarcado en procesos de expansión con la apertura de más puntos de venta por doquier. El ejemplo más reciente ha sido la compra de Farmacias Meykos por el grupo empresarial de Farmacias Económicas en enero de 2011. El estudio encargado por la Superintendencia de Competencia reporta que de los 45 laboratorios existentes, 17 concentran el 70% de las ventas en el mercado interno y el 90% de las exportaciones.

UNA RED INFILTRADA
EN EL MINISTERIO DE SALUD

El Ministerio de Salud y el Instituto de Seguro Social Salvadoreño consumen el 95% del gasto público en salud. En 2006, El Ministerio invirtió 34 millones de dólares de su presupuesto en la compra de medicamentos, mientras que el ISSS invirtió 59 millones en el mismo período.

Un estudio de 2009 realizado por la Universidad de El Salvador, conjuntamente con la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS), revela que en los años previos a la llegada del nuevo gobierno, el 75% de los fondos disponibles del Ministerio para compra de medicamentos, favorecían a seis empresas “y estas empresas eran o de la familia Saca o de la familia Cristiani”. Droguería Santa Lucía es la importadora de medicamentos propiedad del ex-Presidente Alfredo Cristiani, mientras que algunos miembros de la familia Saca son propietarios de Laboratorios Vijosa y Laboratorios Carosa.

El viceministro de Salud, Eduardo Espinoza, explicó que la adjudicación de las licitaciones “no era ilegal” porque se hacía mediante un proceso que cumplía con los requisitos. Incluso, se contrataba a las empresas de esas familias porque daban precios más bajos. Unos meses después de la adjudicación de las licitaciones, salió a flote la irregularidad: las empresas favorecidas solicitaban un incremento del 15-20% sobre el monto establecido, argumentando una serie de dificultades, como trámites aduaneros. El equipo encargado de verificar las licitaciones resolvía siempre a favor de ese incremento. Según Espinoza, “así recibían un plus sobre los dos o menos centavos que dejaban de ganar” en la licitación inicial.

En junio de 2009, la nueva administración en Salud realizó la primera localización de medicamentos vencidos y ocultados. Encontraron 145 toneladas de medicinas vencidas en las bodegas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en San Salvador. El lote encontrado tenía un costo de 17 millones de dólares. Casi un año después, se encontró otro lote de medicamentos vencidos en un terreno del Ministerio de Salud.

Espinoza lo explica así: “Nosotros encontramos una red completamente infiltrada al interior del Ministerio de Salud Pública, que estaba encargada de asignar las adjudicaciones y licitaciones. Hemos depurado o cambiado y reestructurado esa red, que permitió, incluso, que los listados elaborados para cubrir la necesidad del Ministerio en la compra de medicamentos fuera manipulada por la misma industria farmacéutica”.

CLARO CONFLICTO DE INTERESES

El Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) es un organismo de representación gremial de las distintas profesiones relacionadas con la salud. Lo conforman las juntas de vigilancia de los gremios médico, odontológico, químico-farmacéutico, veterinario, laboratorio-clínico, psicología y enfermería. Su mandato constitucional es “velar por la salud de pueblo”. Este organismo fue legitimado bajo el argumento de que la práctica de las profesiones vinculadas con el sector salud son actividades tan delicadas que si se ejercen sin la debida cualificación académica, técnica y científica, pueden acabar con la vida de las personas y por esta razón deben ser reguladas, vigiladas y controladas por profesionales.

En sí, la existencia del ente es cuestionable, puesto que en la mayoría de países del mundo ésta es precisamente la función del Ministerio de Salud o de algún organismo bajo su potestad. Es más cuestionable la inclusión del gremio químico-farmacéutico en la junta de vigilancia, puesto que seis de sus diez miembros están ligados a la industria, siendo empleados, representantes o dueños de laboratorios involucrados en los procesos de registro de medicamentos y control de calidad, que ahí se realizan.

Una situación similar se presenta en la Comisión del Consejo Superior de Salud Pública, encargada de revisar las solicitudes de registro de productos farmacéuticos. Aunque el deber principal del CSSP es vigilar el ejercicio de su profesión, cuatro de sus seis comisiones están relacionados con el Control de Medicamentos, reflejando una clara prioridad de esta función sobre otras funciones de vital importancia para la regulación de las prácticas de atención a la salud. En todo este entramado hay un claro conflicto de intereses.

EMPRESARIOS:
MUCHO QUE PERDER

El doctor Espinoza, quien ha sido el principal promotor de la Ley de Medicamentos, explica: “Si llega un laboratorio a registrar un nuevo medicamento, esta Junta, con 6 de 10 empresarios ahí, es la que resuelve y dictamina si ese medicamento se registra o no. Lo habitual es que si ese medicamento va a competir con un medicamento que la industria química farmacéutica y los comercializadores ya tienen en el mercado, ese medicamento no se registra”.

Los dirigentes empresariales del sector químico-farmacéutico tienen grandes intereses que resguardar. Más que un aporte a la salud de la población salvadoreña, han dado un importante aporte a las ganancias de la clase empresarial. Y la organización gremial de los interesados ha sido un baluarte importante para el avance de este sector.

Existe un importante gremio centroamericano que agrupa a la mayoría de empresas transnacionales que realizan negocios en el mercado farmacéutico regional: la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (FEDEFARMA). Los distribuidores salvadoreños están agrupados en la Asociación de Distribuidoras de Productos Farmacéuticos (DIPROFA). El más activo en resistir una nueva ley de medicamentos ha sido Industrias Químico-Farmacéuticas (INQUIFAR), que agrupa en su seno a la mayoría de las compañías farmacéuticas de producción local. Tanto INQUIFAR como DIPROFA son afiliados a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

¿POR QUÉ NO VIAJAR A CUBA?

En octubre de 2010, después de dos intentos fallidos, el Presidente Mauricio Funes concretó su primer viaje oficial a Cuba, poniendo fin a una ruptura de relaciones entre El Salvador y la isla que duró 48 años. Durante la estancia de Funes en La Habana fueron suscritos acuerdos en áreas científico-técnicas, en salud y en educación. El presidente llevó consigo a una delegación de ministros, a representantes de todos los partidos políticos, menos a ARENA, y a un grupo de 35 empresarios.

ARENA, la ANEP y la Cámara de Comercio e Industria rechazaron la invitación de acompañar la delegación gubernamental. Lo justificó así Carlos Araujo, presidente de la ANEP: “Como ANEP no participaríamos en un viaje a un país donde no existe la democracia, donde no existen empresarios con quienes podamos entablar una relación, donde se ha visto que con quienes se va a negociar allí es con el Estado”.

Hasta qué punto su rechazo fue ideológico y hasta qué punto fue “buen negocio” no está nada claro. Laboratorios López, uno de los asociados más grandes de INQUIFAR, ha importado de Cuba y ha exportado a Cuba medicinas durante décadas. Su presidente, y anterior miembro del COENA -organismo directivo de ARENA-, Gustavo López, opinó en una ocasión: “Para nosotros como empresa, el comercio no tiene ideologías ni fronteras y así como le vendemos a Cuba, dentro de poco vamos a comenzar a fabricar para Estados Unidos”.

Un ejemplo de los medicamentos que Laboratorios López importa actualmente de la isla es la Eritropoyetina, ocupada en problemas renales para provocar la producción de glóbulos rojos. Anteriormente, el Ministerio de Salud se vio obligado a comprarla a la Droguería Santa Lucía, propiedad del actual Presidente del COENA, Alfredo Cristiani, porque su presentación alternativa, de manufactura cubana, nunca había entrado en el listado de los medicamentos del Ministerio. Ahora Laboratorios López vende la versión cubana al Ministerio de Salud. Con la importación de la versión cubana, a través de Laboratorios López, el Ministerio ha reducido sus costos anuales en este medicamento de 170 mil a 30 mil dólares anuales. Aún y así, Laboratorios López importa cada frasco a 9 dólares y lo vende al Ministerio o a consumidores privados a 24. La Droguería Santa Lucia vende cada frasco a 45. Esto significa que si la Asamblea Legislativa modificara la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) para permitir la licitación de medicamentos desde otros países, y/o el gobierno de El Salvador lograra un convenio bilateral para comprar éste y otros medicamentos directamente de Cuba, las pérdidas para Laboratorios López serían significativas. Es difícil dudar que el tema de los medicamentos haya sido una de las razones de la negativa de la ANEP para viajar a Cuba.

VARIOS PROYECTOS DE LEY
DE MEDICAMENTOS

Para subsanar los agravios hechos a la población salvadoreña en materia de medicamentos, la Red de Acción para la Salud en El Salvador (APSAL), una agrupación de ONG que trabajan a favor de la salud del pueblo, presentó a la Asamblea Legislativa en septiembre de 2002 un anteproyecto de Ley de Medicamentos que sustituiría a la Ley de Farmacias, vigente desde 1927.

El proyecto de ley fue formulado con la participación de 18 organizaciones sociales y de profesionales de la salud. Proponía regular todo lo relativo a la política farmacéutica, asegurando la existencia, accesibilidad y uso racional de medicamentos seguros, eficaces y de calidad para toda la población, en el marco de una Política de Salud del Estado.

Días después de su introducción a la Comisión de Salud del órgano legislativo se reinició la actividad huelguista en el Instituto Salvadoreño de Seguro Social y APSAL se sumó al movimiento contra la privatización, formándose en ese período la Alianza Contra la Privatización de la Salud con otras organizaciones sociales. A la hora de presentarse frente a la Comisión para defender su proyecto de ley, los diputados de ARENA en esta comisión se levantaron molestos y se fueron. Resultado: el anteproyecto quedó estancado.

Cinco años después, aparecieron dos anteproyectos sobre la mesa: uno presentado por el Partido de Conciliación Nacional (PCN) y otro presentado por el Ministro de Salud de aquel entonces, Guillermo Maza, bajo los auspicios de la fracción legislativa de ARENA. El mismo año, el FMLN presentó su proyecto, variando levemente la propuesta de APSAL.

La propuesta presentada por el FMLN, además de retomar las pautas principales de la propuesta de APSAL, relacionadas con los mecanismos y estándares de control de calidad y la regulación de precios, incluyó dos novedades. La primera era la reforma del Consejo Superior de Salud Pública. La segunda decía textualmente: El Ministerio de Salud Pública “elaborará y presentará al Consejo de Ministros una propuesta tendiente a una producción nacional de medicamentos, la cual servirá de base para un acuerdo nacional para tal fin”. Aunque la redacción dejó bastante tímida la propuesta de una Farmacéutica Nacional, parecida a la que existe en Brasil, los empresarios brincaron, acusando al FMLN de querer establecer un “monopolio farmacéutico estatal”.

¿Y LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS?

La naturaleza de los anteproyectos presentados por el PCN y ARENA fue promocionar los medicamentos genéricos, argumentando que éstos tienen precios de mercado más bajos y facilitan la accesibilidad. Coincidencia: tres importantes dirigentes de ARENA son los principales accionistas de Farmacias Económicas, la única cadena que se especializa en la venta de genéricos a nivel nacional. Miguel Lacayo, presidente de Farmacias Económicas, fue Ministro de Economía bajo la administración de Francisco Flores y actualmente forma parte de la Junta Directiva de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). Otros dos accionistas importantes de esta empresa farmacéutica son el ex-Presidente Flores y Juan José Daboub, Ministro de Hacienda bajo este mandatario y actual director-gerente del Banco Mundial.

En El Salvador, los medicamentos genéricos tienen los precios más altos de Centroamérica. Según el informe de la Red “ConSuAcción” (Consumidores en Acción de Centro América), 15 de los 21 medicamentos genéricos analizados reportaron aquí el primero y el segundo precio más caro de la región. Según el estudio de la Universidad de El Salvador CENSALUD, la venta de genéricos rinde un margen de ganancia promedio de 2,800%. En este contexto, una ley que promueva el acceso de los medicamentos genéricos no sería ninguna garantía de su accesibilidad. Tampoco de su calidad, puesto que los proyectos de ley no tocan la estructura actual de control de calidad.

REACCIONES
ANTE EL PROYECTO OFICIAL

En febrero de 2010, en antelación a la Reforma del Sistema Nacional de Salud que sería anunciado en septiembre de ese año, el Ministerio de Salud, apoyado por la fracción legislativa del FMLN, presentó una nueva propuesta de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, que retoma los puntos básicos de las propuestas anteriores de APSAL y del FMLN, introduciendo dos modificaciones importantes.

La primera, que pasó casi desapercibida, fue borrar la propuesta de iniciar un camino hacia la fundación de una Empresa Farmacéutica Nacional, considerando que no hay condiciones en este momento para ganar la batalla en la Asamblea Legislativa ni se cuenta con recursos para echar a andar la iniciativa.

La segunda modificación, que se convirtió en manzana de la discordia durante las discusiones a lo largo de 2010, proponía transferir la Rectoría, regulación y control de medicamentos a la autoridad del Ministerio de Salud. Esta propuesta busca integrar la rectoría en la política nacional de salud y liberarla de las influencias del sector químico-farmacéutico para que estas empresas dejen de ser juez y parte.

El Salvador es el único país en América Latina que pone en manos de los gremiales la regulación de los medicamentos. En una minoría de países existe un ente regulador autónomo, que siempre responde al Ministerio de Salud del país. La excepción es El Salvador, donde los gobiernos de derecha, a través del Código de Salud, otorgaron al CSSP la rectoría de las medicinas, a sabiendas del conflicto de intereses que esto generaba.

Era de esperar una reacción rápida y contundente del sector empresarial y así fue. Carmen Estela Pérez, directora ejecutiva de INQUIFAR, inició las acusaciones: “Lo que pretenden con esta ley es vaciar de contenidos todas las funciones del CSSP. Lo despojan de manera absoluta de sus atribuciones relacionadas con los medicamentos. Van a dejar al Consejo, que es una entidad autónoma por mandato constitucional, con nada que hacer. Sólo lo dejarán con la vigilancia de las profesiones”.

Intentaron infructuosamente comprobar la inconstitucionalidad de la medida e iniciaron una campaña de denuncias contra el viceministro de Salud llamándole “mentiroso”, “exagerado”, “anticonstitucional” e “irrespetuoso”. En entrevistas radiales, televisivas y campos pagados, INQUIFAR y ANEP descalificaron la propuesta como una manipulación política para privilegiar a ALBA Med -un proyecto de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América para reducir los costos de medicamentos- sobre la producción nacional.

UNA PROPUESTA
PARA DESEMPATAR

En octubre de 2010 apareció en la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa una nueva propuesta de ley para desentrampar la discusión legislativa. El recién creado partido GANA, cuyos integrantes son, en su totalidad, disidentes de la cúpula de ARENA, contempló en su proyecto una figura intermedia entre la propuesta popular y la propuesta de los empresarios: la creación de un nuevo ente rector que tendría autonomía, pero sería adjudicado al Ministerio de Salud.

Esta figura, a lo largo del debate legislativo, se concretó en un Consejo que sería conformado por la Ministra de Salud, el Ministro de Economía, el Presidente de la Defensoría del Consumidor, un representante del Colegio Médico, un representante del gremio químico-farmacéutico en la junta de vigilancia y el Presidente del CSSP. Los miembros del Consejo no podrán haber tenido relaciones familiares ni laborales con la industria química-farmacéutica tres años antes de asumir el cargo ni tenerlas en los dos años posteriores. Esto, para poner un candado que evite el involucramiento del sector que ahora controla al CSSP.

EL NUDO GORDIANO:
REGULAR LOS PRECIOS

Logrados los acuerdos sobre el ente regulador de medicamentos y los mecanismos de control de calidad, faltaba el nudo gordiano: la regulación de precios. La regulación de precios es un punto de honor para las organizaciones sociales que promueven la salud popular, un tema que siempre ha estado presente en las propuestas de ley de APSAL, del FMLN y del Ministerio de Salud.

Igualmente es tema fundamental para INQUIFAR, cuya posición inflexible fue expresada por Mario Ancalmo, su presidente y dueño de Laboratorios Ancalmo: “La fijación de precios de los medicamentos no es la salida”. Él se suma, una y otra vez, a las declaraciones del Diputado Enrique Valdez, representante de ARENA en la Comisión de Salud del órgano legislativo: “La ley busca un Estado controlador e inquisidor, porque será el Estado el que decidirá de forma arbitraria la fijación de precios. Esto podría llevar a escasez de los productos a los que no tienen acceso los ciudadanos, pero también obliga a las empresas a entregar información que es propia de las empresas. Por tanto, atenta contra la libre competencia”.

Según Miguel Orellana, director de la Asociación Salvadoreña de Promoción de la Salud (ASPS), las bancadas de ARENA, el PDC y el PCN han sido firmes al expresar que no darán sus votos para una ley de medicamentos que retoma el espíritu popular de los anteproyectos. Sin embargo, con los votos del FMLN y los de GANA se puede lograr la mayoría simple necesaria para aprobar la ley. Por esto, los diputados del FMLN están trabajando a la par de los diputados de GANA en la redacción conjunta de los 120 artículos de la ley.

¿QUÉ GANA
Y QUÉ PIERDE GANA?

Como los otros partidos de derecha, GANA tiene figuras muy importantes de su dirigencia vinculadas a la industria químico-farmacéutica. La familia del ex-Presidente Saca, el líder no oficial de este partido, es también un líder de la industria, con, por lo menos, dos Laboratorios importantes en el país. Por eso, fue sorprendente para muchos la iniciativa de este partido buscando soluciones favorables al pueblo que desentramparan la ley.

¿Por qué? Ya se ha abierto el período preelectoral para las elecciones de 2012 y Margarita Posada, dirigente de la Alianza Ciudadana Contra la Privatización de la Salud, ata cabos: “Ahorita están facilitando muchas cosas porque quieren crecer electoralmente. Quien apoye una regulación de medicamentos va a tener una buena posibilidad de publicitarse a favor de un tema muy sensible para la población salvadoreña: la salud”.

Según se logra entrever, la Ley de Medicamentos coloca a GANA ante un conflicto de intereses: sus intereses políticos versus sus intereses económicos. ¿Cuál de estos intereses será privilegiado a la hora de la aprobación o no de la ley? No se sabe. Miguel Orellana recuerda una ocasión reciente, cuando “todo estaba listo para una aprobación en plenaria y repentinamente los diputados de GANA se retiraron y retiraron sus votos”. El diputado Mata Bennett, del FMLN, confirma: “Pueden mostrarse anuentes pero a veces una llamada telefónica cambia la cosa”.

“SEGUIMOS LUCHANDO Y
TIENEN QUE CONSULTARNOS”

Han pasado nueve años desde que APSAL presentó el primer anteproyecto de ley a favor de la salud del pueblo salvadoreño. En estos nueve años la Alianza Ciudadana Contra la Privatización ha trabajado arduamente para sensibilizar, organizar y movilizar a la población. En los 14 departamentos del país existe una organización alrededor del tema de salud, y se han realizado acciones constantes de distinta índole, incluyendo foros comunitarios para informar y sensibilizar, investigaciones sobre el tema, presentación de piezas de correspondencia (iniciativas legales), reuniones con las diferentes fracciones legislativas y con la Comisión de Salud, concentraciones y marchas dirigidas hacia puntos estratégicos como el Consejo Superior de Salud Pública, la Asamblea Legislativa, la Droguería Santa Lucia e INQUIFAR y cierres de calles en la capital y en distintas partes del país. En las actuales “marchas blancas” han logrado movilizar a otras organizaciones del movimiento social para realizar actividades masivas que, aunque no alcanzan la masividad de las marchas blancas de hace una década, las evocan.

¿Qué han ganado hasta la fecha? “Hemos puesto la situación de la salud sobre la mesa en la Asamblea Legislativa y en la agenda y los ojos de la ciudadanía -reflexiona Margarita Posada-. También hemos obligado a la Asamblea Legislativa a sacar la discusión a la luz pública, a que no discutan y decidan a espaldas del pueblo”.

Fue clave una movilización popular que se dirigió hacia un restaurante exclusivo en el volcán de San Salvador, donde la Comisión de Salud iba a realizar una “encerrona” para discutir y tomar acuerdos, poco después de la presentación del anteproyecto del Ministerio de Salud. La gente bloqueó el acceso a los diputados, dejándoles claro que los “padres de la patria” tendrían que consultar a la población sobre este tema.

PRESIDENTE FUNES:
“¡DÍGANLO CLARAMENTE!”

Hasta el Presidente Funes se ha convertido en un activo defensor de la ley. Ha hecho llamadas a los diputados para que aprueben ágilmente la Ley de Medicamentos y ha emplazado a la empresa privada químico-farmacéutica: “Digan claramente que no quieren que esta ley se apruebe porque quieren seguir protegiendo el monopolio en la importación y distribución de medicamentos para que haya medicinas caras en el país. Díganlo claramente”.

“Todo lo que hemos logrado avanzar hasta ahora -que no ha sido poco porque estamos a punto de tener una ley- no ha sido por voluntad política de los partidos, sino como producto de las diversas actividades de la sociedad civil”, opina Orellana. La lucha por la aprobación de la Ley de Medicamentos muestra que, aún en estos tiempos tan confusos para el movimiento social, el pueblo salvadoreño es capaz de defender sus intereses estratégicos y ponerse de tú a tú con la clase empresarial de nuestro país.

EDUCADORA POPULAR. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN EL SALVADOR.

Imprimir texto

Enviar texto