¿Guerra contra las drogas en un año electoral?

La guerra entre el gobierno mexicano y los carteles del narcotráfico los está empujando a abrir zonas de retaguardia en Guatemala, incrementando la presencia que ya tenían en el país. La estrategia de militarización y de guerra interna contra los carteles, como está haciendo México, y como corre peligro de hacer Guatemala, será ineficaz. ¿Puede el armamento del Ejército competir con éxito con el armamento de los carteles? ¿No será la negociación -la legalización de la droga- la forma más eficaz de afrontar y confrontar el poder de los narconegocios?

Juan Hernández Pico, SJ

Es año electoral en Guatemala. En septiembre, los candidatos y, por lo menos una candidata -si lo permite la Corte de Constitucionalidad-, ganará en primera vuelta o esperará a que el pueblo defina la elección en una segunda vuelta en noviembre. ¿Cómo llega el país a la cita electoral?

ESTADO DE SITIO
POR EL NARCOTRÁFICO

En diciembre de 2010, el Presidente Colom tuvo que decretar el Estado de Sitio durante un mes en el norteño departamento de Alta Vera Paz. El objetivo de esta decisión extraordinaria era poder combatir con mayor eficacia los intentos del narcotráfico de hacer de ese departamento una cabeza de playa que funcionara como retaguardia segura más allá de la frontera mexicana, para resguardarse de la guerra total declarada por el Estado mexicano al narcotráfico.

Al vencerse el primer mes, Colom decidió prolongar por otro mes el Estado de Sitio en ese departamento. Teniendo en cuenta que el narcotráfico está presente, al menos, en otros cuatro departamentos -San Marcos, Huehueteganango, norte del Quiché (Ixcán), Izabal y Zacapa- es discutible, de entrada, la eficacia de esta medida.

ENORME DESIGUALDAD

Guatemala ha ido ascendiendo en el índice de Desarrollo Humano desde un puntaje de 0.634 en el año 2000 hasta 0.704 en 2010. Sin embargo, este ascenso no le ha hecho subir en la clasificación mundial: en 2010 Guatemala ocupa el número 116, uno de los más bajos entre los países considerados como de “desarrollo humano medio” (son los que están entre los puestos 86 y 127). En Centroamérica, Panamá ocupa el puesto 54, Costa Rica el 62 y Belize el 78, todos países considerados de “desarrollo alto”. Entre los de “desarrollo medio”, El Salvador (90), Honduras (106) y Nicaragua (115) estuvieron en 2010 por encima de Guatemala. Una de las razones de este último lugar puede referirse a la desigualdad: el coeficiente de Gini de los ingresos familiares era en 2007 0.537. El coeficiente de Gini más cercano a 0 es índice de un país con mayor equidad, mientras que el más cercano a 1, de un país más desigual. En correspondencia con estas mediciones, todavía en 2005 en Guatemala 6 millones 600 mil personas, más de la mitad de la población (50.9%) eran pobres y de ellos, 2 millones (15.2%), estaban hundidos en la pobreza extrema, mientras que el 20% de ingresos más altos recibía el 60.3% de los ingresos nacionales.

REFORMA FISCAL:
LA ASIGNATURA PENDIENTE

El último Informe del PNUD (2010), “Guatemala: hacia un Estado para el desarrollo humano”, destaca y recalca continuamente que en Guatemala el Estado ha sido y es fuerte para reprimir la disidencia e imponer el orden, y es muy débil para invertir en el desarrollo, básicamente por la escasa carga tributaria que recauda entre quienes tienen más.

El 14 de enero de 2011, en un discurso que resume el informe entregado al Congreso sobre su tercer año de gobierno, el Presidente Álvaro Colom señaló que la reforma fiscal es la gran asignatura pendiente que deja. Probablemente, su gobierno la suspenderá definitivamente.

Colom reconoció que desde que recibió el gobierno de manos de Oscar Berger en enero de 2008 la carga tributaria ha descendido peligrosamente: “Quiero llamar vehementemente la atención, no sólo sobre el estancamiento sino sobre el retroceso en la carga tributaria: del 12.1% del PIB en 2007, al 9.6% en 2010”. Un Estado así de débil es seriamente incapaz de impulsar al país hacia el desarrollo humano. Y en un año electoral es utópico pensar en una auténtica reforma fiscal.

UN ÉXITO IMPORTANTE

En el balance del año 2010 hay que incluir la resistencia de fuerzas sociales, temerosas de ser tocadas y desnudadas de su aparente honorabilidad por la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), para minar los fundamentos de esa iniciativa del Vicepresidente Stein (2004-2008), de la Fundación Myrna Mack y de otras instituciones guatemaltecas y extranjeras preocupadas por el Estado de Derecho en nuestro país y por la impunidad que lo corroe.

No sin que algunos errores de actitud y de diplomacia contribuyeran a ello, la CICIG y su ejecutivo principal, el juez español Carlos Castresana, fueron objeto de una gran campaña de desprestigio. Con notable prudencia política, el mismo Castresana descabezó esos intentos renunciando a su puesto. El fiscal General de Costa Rica, Francisco Dall’Annese fue escogido por el Secretario General de la ONU, Ban-Ki-moon, para suceder a Castresana.

Un triunfo importante de la CICIG fue aportar pruebas de falta de honorabilidad, que obligaron al Presidente Colom a sugerir la renuncia del Fiscal General y a volver a comenzar todo el proceso de postulación de candidaturas, que concluyó en el nombramiento de la nueva Fiscal, Claudia Paz y Paz, de cuya competencia y honorabilidad nadie duda. Si la dedicación de la nueva Comisionada Presidencial para la Reforma de la Policía Nacional Civil (PNC), Helen Mack, logra su cometido, por primera vez habría en Guatemala una alianza “santa” -eficazmente honesta- entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. El nombramiento de Helen Marck no la hace funcionaria del gobierno, ya que los miembros del gabinete lo son y quienes coordinan comisiones no.

POLÍTICAS SOCIALES
CONTROVERSIALES

En su discurso de enero de 2011, el Presidente Colom destacó el trabajo en Cohesión Social -educación y salud pública, sobre todo-, encabezado hasta hace poco por su esposa. Este trabajo -dijo- configura “el enorme rostro social de mi gobierno”. Colom se expresó así sobre la política social de su gobierno: “Hemos recuperado el espacio de la política social, sin una subordinación absoluta y ciega a la política económica… Hemos incrementado como nunca el porcentaje de inversión social en el gasto público, llevándolo de 7.2% respecto al PIB en 2007 a 8.1% en 2010… Estamos contribuyendo a cerrar las brechas de exclusión en que vivían centenares de miles de niñas, niños, personas de la tercera edad y población marginada en general… Y estamos realizando una gigantesca inversión en el capital humano del país, que se expresará, en los años próximos en una población más educada, sana y más preparada para ejercer su ciudadanía”.

La política social del gobierno actual es uno de sus aspectos más controversiales. Desde los primeros días de su mandato, Álvaro Colom puso al frente de la conducción de esta política a su esposa Sandra Torres, procedente de una familia de clase media del suroriente del Petén con fuerte compromiso social. Uno de los hermanos de Torres, Enrique Torres Lezama, abogado laboralista, fue duramente perseguido por los regímenes militares de la década de los 70 y fue víctima de un atentado que lo llevó a exiliarse en Canadá para reponerse de los daños sufridos. Con la instauración, al final de los años 80, de sucesivos gobiernos civiles, Torres Lezama regresó a Guatemala, donde ha seguido asesorando a diversos grupos de sindicalistas.

El nombramiento de Sandra Torres al frente de Cohesión Social fue mal recibido desde el comienzo por no pocos sectores de la sociedad guatemalteca, que alegaron, en primer lugar, que la Constitución de Guatemala no prevé esas Comisiones Interministeriales ni el puesto de Comisionado entre el Presidente y los Ministros del Gabinete. Lo que más temían y denunciaban estos sectores era que la Primera Dama quisiera construirse una base de poder para, desde ella, aspirar a una candidatura a la Presidencia de la República por el Partido Unidad de la Esperanza (UNE), el que llevó a su esposo a la Presidencia. De cierta manera, temían una repetición del esquema de poder de los Kirchner en Argentina, con la diferencia de que aquí se especula que la más fuerte en la pareja es ella y no él. Una especulación que puede no dar en el blanco. Colom puede no tener un estilo de gobierno imperativo. Pero, al final, es él quien decide, después de haber puesto a debatir -incluso a pelear- a sus ministros.

ASPIRACIONES POLÍTICAS
DE LA PRIMERA DAMA

Con esos antecedentes, la ejecución de los programas más importantes de Cohesión Social ha estado sometida durante estos tres años a una supervigilancia de parte de varios congresistas, de la prensa de derecha -en especial “Prensa Libre”- y de otros medios. El incidente de mayor trascendencia de esta vigilancia tuvo lugar cuando la congresista Nineth Montenegro, destacada también por su acuciosa auditoría de los presupuestos del Ejército, exigió hace un año al Ministro de Educación, Bienvenido Argueta, que entregara las listas con los beneficiarios del programa Mi Familia Progresa, incluyendo sus domicilios, para poder comparar así los montos de los beneficios familiares con el presupuesto de este programa.

La sospecha tras esta exigencia era que importantes cantidades de ese presupuesto estuvieran siendo separadas, para ir formando un fondo electoral que financiara la campaña de Sandra Torres en 2011. El Ministro se negó a entregar las listas, presuntamente por lealtad a la Primera Dama, que se oponía a hacerlo. El asunto llegó hasta la Corte de Constitucionalidad, donde fue fallado en contra de las razones para no hacer la entrega. El Ministro siguió negándose a entregar las listas y fue destituido por la Corte. La pérdida de este especialista en educación en el Ministerio constituyó una prueba del mal cálculo político de Sandra Torres. El siguiente ministro no tuvo otro remedio que ir haciendo entrega de las listas, aunque a ritmo lento.

UNA RESPUESTA A LA CRISIS

En su mensaje del 14 de enero Álvaro Colom no pudo evitar referirse al vidrioso tema del programa Mi Familia Progresa (MIFAPRO). Lo hizo en estos términos: “Particular mención requiere el programa presidencial Mi Familia Progresa, cuyos impactos en la mejoría de la cobertura en salud y educación de las familias en pobreza y pobreza extrema son ya reconocidos a nivel nacional e internacional, incluso por instituciones serias e independientes. 814 mil 890 familias en el programa y 2 millones 264 mil 457 niños y jóvenes protegidos en su educación y salud por el programa”.

Además de la objeción hecha a MIFAPRO en relación a una eventual campaña electoral de Sandra Torres, existe otra: se estaría beneficiando clientelistamente a aquellas familias comprometidas a devolver, con sus votos, el favor recibido.

Sea cual sea la realidad respecto a estas dos objeciones, hay que recordar que Álvaro Colom comenzó su período presidencial el 14 de enero de 2008, cuando había estallado ya, en septiembre-octubre de 2007 la crisis de la globalización, en su principal aspecto, el financiero. Bien por casualidad o bien por inteligente planeación, MIFAPRO ha sido una respuesta a los duros efectos que la crisis significó para centenares de miles de familias en la Guatemala profunda, la rural y la urbana. Si no hubiera existido este programa su situación hubiera sido muchísimo más dura.

LA SALIDA DE LA PRIMERA DAMA

Con todo, a finales de 2010 el Presidente Colom no tuvo más remedio que cesar a su esposa en la conducción de Cohesión Social. No faltaron rumores: las relaciones interpersonales entre el Presidente y su esposa habrían empeorado. Otros afirman que si se quiere que Sandra Torres tenga probabilidades de salir airosa en el fallo de la Corte de Constitucionalidad ante la demanda que seguramente se elevará contra su candidatura presidencial por su relación de afinidad con el actual Presidente, no era conveniente complicar más el caso dejándola al frente de Cohesión Social.

Poca gente está segura de que Sandra Torres vaya a ser la elegida por el partido Unidad de la Esperanza (UNE) como candidata presidencial para 2012-2016. Roberto Alejos, uno de los financieros de la campaña presidencial de Colom
en 2007, actual Presidente del Congreso de Guatemala, podría ser la otra figura que representara a la UNE en la campaña presidencial. A comienzos de 2011 se decía que Alejos iba a luchar por la secretaría general del partido, pero se dice que ha renunciado.

CANDIDATURAS PRESIDENCIALES

El panorama no está claro. En un intento extraordinario para aumentar la probabilidad de llegar a ser el primer partido en el gobierno que se suceda a sí mismo, y cortarle así el camino al gobierno al General retirado Otto Pérez Molina, del Partido Patriota, la UNE lleva ya varios meses trabajando en coalición en el Congreso de la República con el partido GANA, que llevó a la Presidencia de la República a Oscar Berger (2004-2008). Han elaborado juntos un Proyecto de Unidad Nacional, que lanzaron como Plataforma Política el 8 de noviembre de 2010.

Por otro lado, el ex-Presidente Álvaro Arzú (1996-2000) está claramente promocionando su imagen en una operación pública que todo el mundo considera como una campaña anticipada. Sobre todo en la capital de Guatemala han aparecido innumerables posters que dicen “Retomemos el camino” con la figura de Arzú de fondo. O con un mensaje más conciso: “Arzú. Orden” y su rostro.

Su precampaña, y la de otros probables candidatos a la Presidencia, está causando graves dolores de cabeza al Tribunal Supremo Electoral, empeñado en mantener a candidatos y partidos sin que hagan campaña hasta la convocatoria oficial a elecciones en mayo. Varios de ellos han sido multados. Y también varios han respondido con rebeldía que la ley electoral no les impide el proselitismo.

Es delgada la línea que corre entre el proselitismo para afiliar gente a un partido y la campaña que promueve a un candidato. De todas formas, Arzú, quien presuntamente correría por el Partido Unionista (PU), será sin duda desafiado por quienes afirman que el texto constitucional prohíbe claramente la candidatura de quienes ya han sido Presidentes.

LA NUEVA CORTE
DE CONSTITUCIONALIDAD

Donde no hay duda alguna sobre la candidatura que van a lanzar es en el Partido Patriota. El candidato será el General retirado Otto Pérez Molina. La tradición -si tradición se puede llamar a una tendencia de veinte años- indica que el que pierde una campaña presidencial, gana la siguiente. Ése fue el caso de los ex-Presidentes Arzú, Portillo y Berger y también el del actual Presidente Colom.

En el partido del General retirado José Efraín Ríos Montt, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), su hija, Zury Ríos Sosa, quien ya ha sucedido a su anciano padre en la secretaría general del partido, ha sido ya proclamada como candidata a presidencial. También, y con toda probabilidad, su candidatura será desafiada en la Corte de Constitucionalidad, como la de Arzú y la de Sandra Torres, por su parentesco directo con el ex-Jefe de Estado Ríos Montt.

Todo esto destaca la gran importancia del inminente proceso de elección de la nueva Corte de Constitucionalidad por sus grandes electores: el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos, el Colegio de Abogados, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República y el Presidente de la República en gabinete de gobierno.

Son estos procesos de postulación de candidatos para las más importantes instituciones del país no sometidas a elección popular, uno de los objetivos más importantes de instituciones dedicadas al fomento y protección del Estado de Derecho, como la Fundación Myrna Mack.

La CICIG ha ejercitado una estricta y exigente auditoría sobre estos procesos con éxitos importantes, aunque no completos, en la conformación de la actual Corte Suprema de Justicia y en el nombramiento de la Fiscal General de la República. No es exageración destacar la gran importancia del proceso que terminará eligiendo a la próxima Corte de Constitucionalidad, que toma posesión en abril 2011.

OTROS CANDIDATOS:
¿SE LANZARÁ MENCHÚ?

Manuel Baldizón, antiguo miembro del partido UNE, el del Presidente Colom, sallió de él para formar un grupo de diputados en el Congreso que constituyó la bancada Libertad Democrática Renovada (LIDER). Baldizón es de una familia riquísima del departamento del Petén. Su bancada tiene hoy 27 diputados. Probablemente será candidato presidencial. Este grupo ya ha sido inscrito como partido, aunque hasta el momento tiene poca intención de voto.

Un pastor evangélico, Harold Caballeros, y el Rector de la Universidad Galileo, Eduardo Suger, serán también probablemente candidatos a la Presidencia. Suger lo ha sido ya al menos dos veces sin mucho éxito.

Hasta el momento no se han pronunciado ni la diputada Nineth Montenegro ni la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, quienes en las pasadas elecciones de 2007 formaron una alianza, con Menchú como candidata presidencial, obteniendo un pequeño porcentaje de la votación presidencial y varias diputaciones al Congreso.

Para Menchú la ocasión es tentadora ya que, de ser electa, su mandato iniciaría en 2012, año del final de las épocas del tiempo según el calendario maya. ¿Sería esto motivo suficiente para atraerle el voto maya?

ANTE LA “REVOLUCIÓN”
DE LOS NARCONEGOCIOS

La guerra entre el gobierno mexicano y los carteles del narcotráfico los ha empujado a abrir zonas de retaguardia en Guatemala incrementando la presencia que ya tenían en nuestro país. La decisión presidencial de declarar el Estado de Sitio en Alta Verapaz y el curso de su cumplimiento plantean un problema de gran envergadura: ¿Puede el armamento del Ejército guatemalteco competir con probabilidades de éxito con el armamento de los carteles de la droga?

Guatemala está sufriendo los efectos de un nuevo poder económico, el de una de las transnacionales más poderosas
del planeta: los narconegocios, identificados, entrelazados o coaligados con otras formas de tráficos clandestinos, especialmente el de armas. Se trata en realidad de una gran revolución que intenta cambiar la faz del poder a nivel mundial. Para comprenderla es útil leer el impactante libro de Roberto Saviano “Gomorra”.

Se trata de una revolución cuyas fuerzas dirigentes trabajan como bandas militares con pretensiones de apoderarse de territorios y de infiltrar el Estado, compitiendo entre ellas. Así como las guerrillas insurgentes eran un Estado in nuce o en potencia, también los poderes ocultos, especialmente los de los narconegocios, tienen vocación estatal o la vocación de un poder económico capitalista dedicado al lucro sin ningún límite legal y, por tanto, usando a plenitud la violencia para violentar y doblegar al Estado.

Con su ocupación de territorios y su desafío al monopolio de la violencia ponen al Estado en una situación de extrema emergencia. En realidad, no es la violencia en sí misma el fenómeno fundamental. Y abordar lo que está pasando desde esa única perspectiva es condenarse a militarizar una vez más la sociedad. La violencia es un medio absolutamente indispensable para ir configurando otro Estado dentro del Estado legítimo. Las enormes ganancias de las operaciones comerciales clandestinas de alcance global son el otro medio que usan para infiltrar al Estado legítimo por el antiguo método del soborno.

En relación a la violencia, no hay que olvidar que los Zetas, uno de los grandes carteles de la droga, son muchos de ellos ex-militares, algunos según se dice ex-kaibiles guatemaltecos, las tropas especiales de asalto del ejército de Guatemala, famosas por su ferocidad.

LA GUERRA:
APRENDIZAJE PARA LA VIOLENCIA

La violencia del narcotráfico debe ser analizada en profundidad. La misma sociedad que hoy se horroriza y escandaliza de la violencia que domina en Guatemala es la que pasó por la violencia de la guerra y la toleró muchas veces en silencio. El Estado guatemalteco de la época autoritaria (1954-1996), el Estado tantas veces terrorista de la lucha antidemocrática y antiguerrillera, juzgó válidas toda clase de formas de violencia, desde el secuestro y la desaparición pasando por la tortura, la ejecución extrajudicial, las masacres y el genocidio, crímenes ejecutados con una crueldad extraordinaria con tal de derrotar el desafío revolucionario al capitalismo oligárquico-burgués. Lo prueban los dos millones de documentos conservados en los Archivos de la Policía y lo atestigua el Informe de la Verdad “Guatemala. Memoria del Silencio”.

En este sentido, la guerra fue un largo aprendizaje en la profundización de la violencia, una violencia que en sus formas más inhumanas fue considerada legítima.

PREGUNTAS
ANTE ESTA VIOLENCIA

¿Quién puede extrañarse entonces de que los nuevos asaltantes del poder hoy, los narconegociantes y demás comerciantes y financieros globalizados de las mercancías clandestinas -armas, niños, órganos, prostitutas, desechos nucleares- utilicen el mismo cóctel de medios violentos que fueron legitimados por el Estado durante la guerra?

¿Cuál es la diferencia entre el sicario o marero que arroja una bomba incendiaria al interior de un autobús cuyo empresario no ha querido pagar la renta de la extorsión, y aquellos soldados kaibiles que incendiaban los pequeños templos evangélicos o las iglesias católicas de las aldeas con sus fieles dentro, para que pagaran por sus simpatías revolucionarias?

¿Qué diferencia a los Zetas, asesinos de 72 migrantes en Tamaulipas, porque rehusaron convertirse en sicarios estando ya cerca de la meta de sus sueños, de los kaibiles guatemaltecos que arrasaron poblados enteros porque les habían dicho que sus habitantes eran “agua donde nadaba el pez guerrillero”?

CLIENTELISTAS COMO OTROS

Los carteles de la droga, como las antiguas guerrillas, son también estados in nuce, en potencia. Y como los Estados, tienen sus planes de desarrollo para los territorios que han controlado ya o por cuyo control disputan. Al estilo del famoso Pablo Escobar en la población de Envigado, suburbio de la gran ciudad de Medellín, los narcotraficantes, construyen escuelas, centros de salud, complejos deportivos clubs elegantes y, por supuesto, mejoran los caminos que vinculan las poblaciones de su territorio o los construyen nuevos.

Con un clientelismo típico de Estados y partidos en el poder en Centroamérica, favorecen a quienes los apoyan, por simpatía o por temor, y excluyen a quienes se muestran sus contrarios.

LOS TIEMPOS DE AL CAPONE:
¿PROHIBIR O TOLERAR?

La pregunta de los miles de millones -en estas cifras se calculan las ganancias del capital comercial delincuencial- es si afrontar y confrontar con las armas a este poder, sobre todo a los narconegocios, significa en realidad condenarnos a militarizar la sociedad.

Si aceptamos aprender de la historia, al menos de la historia centroamericana, hemos de reconocer que ninguna de las largas y brutales guerras entre los Estados y las guerrillas o entre el Estado revolucionario nicaragüense y la contrarrevolución, terminó con un resultado militar victorioso. Fue preciso negociar y buscar condiciones de tolerancia mutua para poder llegar a la paz. Sucedió en 1990 en Nicaragua, en 1992 en El Salvador y en 1996 en Guatemala. ¿No será la negociación la forma de afrontar y confrontar los narconegocios?

Entre 1919 y 1933 se prohibió en los Estados Unidos, incluso con la enmienda 18 a la Constitución, la manufactura, venta, transporte, importación y exportación de bebidas alcohólicas. Después, la enmienda 21 a la Constitución restableció todas las libertades prohibidas antes. Muchos hemos visto las películas que se refieren a aquel tiempo, con el enorme contrabando de bebidas alcohólicas que la prohibición, la Ley Seca, produjo, y la violencia que se desató entre las mafias y el Estado. Los nombres de Al Capone y de Chicago se hicieron proverbiales.

Quedó claro en poco tiempo que los costos de prevenir el contrabando de alcohol usando las armas eran mayores que los costos de permitir la manufactura, venta, transporte, importación y exportación de bebidas alcohólicas.

¿QUÉ DAÑOS CAUSAN
LAS DROGAS?

Un texto publicado en el volumen 376 de la prestigiosa revista médica “The Lancet”, del 6 de noviembre de 2010, da cuenta de los resultados de una investigación sobre los daños producidos por las drogas, incluidos el alcohol y el tabaco.

Fue realizada por David Nutt y Leslie King, quienes fueron asesores del gobierno británico, y por Lawrence Philips, en representación del Comité Científico Independiente sobre las Drogas. Para la investigación se usaron nueve categorías de daño al individuo consumidor: “Mortalidad a causa directa del consumo, daño derivado del consumo, dependencia a causa del consumo, discapacidad mental, pérdida de capacidades de la percepción, daño a las relaciones personales y lesiones.” Se usaron también siete categorías de perjuicios a los demás: “Crimen, conflicto familiar, daño al entorno cercano, daño internacional, daño al conjunto de la sociedad, costo económico y deterioro de la cohesión comunitaria”.

Pues bien, en una escala de 0 (la droga menos perjudicial) a 100 (la más perjudicial), el alcohol obtuvo una puntuación de 72, seguido de la heroína (55) y del crack (54). El resto de las drogas fueron: metanfetamina en cristal (33), cocaína (27), tabaco (26), anfetaminas (23), cannabis (20), ácido gama-hidroxibutírico (18), benzodiacepinas (15), quetamina (15), metadona (14), mefedrona (13), butano (10), khat (9), éxtasis (9), esteroides anabolizantes (9), LSD (7), buprenorfina (6) y hongos o setas (5). Con estos resultados, los autores del estudio subrayaron que el alcohol, además de ser la droga más perjudicial en términos generales, es casi tres veces más dañina que la cocaína y el tabaco.

Los autores del estudio de “The Lancet” indican que la heroína, el crack y la metanfetamina en cristal fueron las sustancias más dañinas para el individuo que las toma, mientras que el alcohol, la heroína y el crack lideraron la lista de las más perjudiciales para el entorno directo.

UN DESAFÍO
A LAS OPINIONES GENERALES

Estos investigadores –todos académicos y doctores- están desafiando los parámetros oficiales y las percepciones generales. “El profesor Nutt, que dimitió hace unos meses de su cargo de asesor del gobierno británico en cuestiones de drogodependencia tras afirmar que consumir éxtasis era menos peligroso que montar a caballo, defendió el modelo de clasificación y recordó que es el más preciso que se conoce hasta ahora para estas cuestiones”. Afirman que la mejor manera de llevar a cabo estos procesos de investigación “es a partir del consenso de un grupo de expertos trabajando de manera conjunta”.

Los autores destacan que sus conclusiones respaldan las de trabajos previos realizados en el Reino Unido y Holanda, “confirmando que el actual sistema de clasificación de las drogas no se corresponde con las pruebas acerca del daño que causan… También coinciden con las conclusiones de anteriores informes de expertos acerca de que afrontar de manera decidida los perjuicios derivados del alcohol es una estrategia de salud pública válida y necesaria”.

¿LEGALIZAR LAS DROGAS?

Con estas conclusiones es inevitable preguntarse si la mejor manera de luchar contra los narconegocios es la prohibición absoluta de las drogas y la militarización de los países, como ha ocurrido en el gobierno de Felipe Calderón en México y está empezando a ocurrir en Guatemala, modelo que puede extenderse a otros países de Centroamérica. ¿No será más inteligente, eficaz y eficiente, legalizar bajo ciertas circunstancias el consumo de las drogas?

¿Cuáles “ciertas circunstancias”? No hay más que recordar que el consumo del alcohol por encima de cierto nivel está absolutamente prohibido cuando se conduce un automóvil y quebrantar esta norma conlleva sanciones que pueden incluir la pérdida de la licencia de conducir e incluso la cárcel.

¿QUÉ VIOLENCIA TRAERÍA
LA LEGALIZACIÓN?

Es evidente que un tipo de tolerancia negociada de las drogas supondría un gran golpe a las finanzas de los narconegociantes, y de todos los que de alguna manera están coludidos con ellos y se lucran de la misma fuente. Los precios de la oferta de drogas disminuirían notablemente con la pérdida de la clandestinidad de su producción, transporte, venta y consumo, sobre todo si la tolerancia fuera aplicadada a la vez en Centroamérica y en Estados Unidos.

Tampoco podemos ser inocentes: la posibilidad de la disminución en el lucro no será asumida pacíficamente por los narconegociantes y habrá que aceptar que la violencia tomaría otros rumbos durante algún tiempo. Algunos de ellos pueden ser adivinados: amenazas a legisladoras y legisladores y atentados cuando esas amenazas no sean suficientes para detenerlos en el camino hacia la legalización.

Antes de una medida de liberalización habrá también que preguntarse si no pocos de los legisladores, gobernantes y fuerzas de seguridad, que hoy están coludidos con los narconegociantes y se lucran en diferentes proporciones del mismo negocio clandestino, aceptarían volver a ganarse el pan con el sudor de su frente.

ESTRATEGIAS DE SALUD PÚBLICA

El final del estudio de Nutt, King y Philips señala el verdadero camino para luchar contra los efectos dañinos de las drogas, al menos los individuales: estrategias de salud pública que afronten esos perjuicios. Más que la militarización, éste podría ser el verdadero desafío para un Estado comprometido con el desarrollo humano.

No está de más reflexionar que Estados Unidos, presunto terminal y víctima final de gran parte del narconegocio global, no ha adoptado en su propio país nada que se parezca a una estrategia de militarización y de guerra interna contra los carteles de la droga, como ha hecho México y como corre peligro de hacer Guatemala.

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN GUATEMALA.

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