En los peligrosos suampos del fin del año

La controversia entre Costa Rica y Nicaragua empantanó la política exterior nicaragüense en un suampo al negarse el gobierno a que le impusieran condiciones. En los mismos días, el gobierno de Nicaragua no tuvo más remedio que aceptar las condiciones impuestas por la misión técnica del FMI. La crisis con Costa Rica fue aprovechada por el Presidente Ortega para avanzar en su proyecto: pretende un suampo legal que empantanaría al país poniendo a toda la sociedad bajo el control de los militares.

Equipo Nitlápan-Envío

“Yo pregunté específicamente en Nicaragua por la Isla Calero. Me dijeron allí que la isla es costarricense y que Nicaragua no objeta eso. La controversia sólo afecta el trozo superior, el más alto, una punta de la isla Calero. Son tres kilómetros cuadrados donde no hay treinta ni cuarenta ni cincuenta soldados nicaragüenses, porque no pueden ser más, no alcanzarían. No puede alcanzar un batallón porque es un pantano, un suampo, un humedal”.

Así describió la geografía de la controversia Costa Rica–Nicaragua el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Poco después conocimos en Nicaragua aspectos de la “geopolítica” nacional oculta en el conflicto: otro pantano.

NUESTRO RÍO SAN JUAN

Nicaragua ha visto ratificada su “soberanía y sumo imperio” sobre el río San Juan desde hace más de un siglo. La última vez, en respuesta a la demanda que Costa Rica presentó en 2006 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que la CIJ le autorizara navegar con hombres armados por el río, lo que el tribunal le negó. Tanto la sentencia de la Corte en 2009, sobre esta demanda, como las más antiguas, han establecido siempre el derecho de Nicaragua a limpiar y dragar el río para recuperar su caudal.

Los sucesivos gobiernos de Nicaragua han defendido siempre la soberanía territorial retóricamente, descuidando totalmente esa soberanía concreta y cotidiana que da a las personas tener salud, educación y oportunidades de desarrollo. El abandono social de esta zona de nuestro territorio ha sido proverbial. Y el medioambiente conservado que se puede observar del lado nicaragüense del río es más el resultado de la desidia, la indolencia y un secular olvido que de decididas y sostenidas políticas medioambientales.

Costa Rica ha tenido siempre afanes expansionistas sobre el río San Juan. Los sucesivos gobiernos costarricenses, con criterios de desarrollo -agroindustrial, turístico, ganadero- que no han tenido en cuenta el cuido del medioambiente, han transformado, con millonarias inversiones, las orillas costarricenses del río. Lo han logrado, entre otras cosas, dragando hace más de cinco décadas el río Colorado, un afluente del río San Juan, con un muy favorable resultado: un 90% de las aguas del San Juan han ido a parar a territorio costarricense ante el desinterés y la falta de reacción de los gobiernos de Nicaragua. Costa Rica ha buscado y buscará impedir que Nicaragua drague el San Juan.

LA CHISPA DEL CONFLICTO

El Presidente de Nicaragua decidió poner la empresa del dragado del río San Juan, una tarea delicada políticamente y prolongada, en manos de Edén Pastora, un personaje conflictivo.Con una draga artesanal financiada por empresas vinculadas a los negocios del ALBA, Pastora apareció en la zona en octubre. Acompañado de militares nicaragüenses, inició su trabajo irrumpiendo en propiedades de nicaragüenses-costarricenses, entre ellos el grupo “Los Tarzanes”, señalados de pertenecer al narcotráfico. Después de este incidente, estos personajes no han aparecido ni han sido aún capturados ni acusados en ninguno de los dos países. Costa Rica alega que la zona ocupada pertenece a su territorio.

Pastora no inició la tarea dragando el río, sino abriendo una zanja en esa punta noreste de la frontera, que los costarricenses llaman Isla Calero y que en todos los mapas, incluso en los mapas oficiales nicaragüenses, aparece como territorio costarricense. Esta zanja o “caño” ha estado cubierta por sedimentos desde hace un siglo y según Nicaragua, es exactamente el punto que señalan los límites históricos de la frontera entre ambos países, una frontera que fluctúa por los cambios que experimenta el río en el delta por el que desemboca en el mar Caribe.

La alharaca que organizó el gobierno de Costa Rica fue desmesurada. Un país que se precia de no tener ejército envió a la zona a un contingente de unos 70 “policías” armados hasta los dientes, televisó el despliegue militar y alegó haber sido víctima de una “invasión” de Nicaragua. Como era de esperar, y como viene pasando desde hace más de un siglo, la chispa del nacionalismo incendió fuegos patrióticos y patrioteros a los dos lados de la frontera. Del lado nica rechazando a los “ladrones” ticos, del lado tico rechazando a los “regalados” nicas. Del lado nica defendiendo aguas, del lado tico defendiendo tierras.

Bien dice el peruano Guillermo Nugent que los linderos de esas haciendas coloniales que aún son nuestros países son los que limitan nuestras “patrias”. “En la formación del nacionalismo en América Latina -afirma- la cuestión de los territorios ha tenido siempre una importancia desmesurada”. Y al evocar el pasado colonial y preguntarse el por qué esa desmesura en la defensa o conquista de algún territorio pervive en tantos conflictos, reflexiona: “El territorio era lo más compartido que existía. No había otros sentimientos compartidos en nuestras sociedades. El territorio nacional era como la ampliación imaginaria de la hacienda y en las haciendas lo más importante son los linderos”.

OEA: RESOLUCIÓN FAVORABLE

Costa Rica pidió al Consejo Permanente de la OEA una sesión urgente y extraordinaria para dirimir un diferendo que consideraba no era por límites -la OEA no tiene jurisdicción en temas limítrofes-, sino por “invasión” militar.

El 2 de noviembre el Presidente Ortega respondió con un “mensaje a la nación” en el que presentó la posición de Nicaragua con palabras precisas y mesuradas. Informó que Costa Rica se había negado reiteradamente a amojonar la frontera, a demarcar sus “linderos”, y que ésa sería la posición central que Nicaragua presentaría a la OEA. Nunca hubo un respaldo tan unánime al Presidente en sus casi cuatro años de gobierno.

Todas las fuerzas, sectores y generadores de opinión nacionales cerraron filas. Y aunque hubo desmesura en el discurso de alguno de los voceros oficiales, calificando a Ortega como “el más grande estadista del siglo” y dando por “sellada la unidad nacional”, nadie pudo cuestionar la justeza de los argumentos del Presidente, quien ese día habló como un estadista.

En la sesión de la OEA del 3 y 4 de noviembre Nicaragua obtuvo una clara victoria cuando la propuesta de la OEA aprobada por unanimidad fue que la solución al conflicto no fuera sancionar a Nicaragua -como Costa Rica exigía-, sino promover un diálogo binacional con la mediación del secretario general de la OEA.

José Miguel Insulza visitó ambos países, habló con ambos presidentes y sobrevoló la zona para verificar los tres kilómetros cuadrados de la disputa y observar la zanja que Nicaragua estaba abriendo. Al presentar su informe a la asamblea de la OEA el 11 de noviembre sometió a la aprobación de los países miembros una resolución de cuatro puntos. Tres de ellos eran claramente favorables a Nicaragua.

La resolución de la OEA no sancionaba a Nicaragua. Instaba a ambos países a realizar en la fecha acordada (27 de noviembre) la octava reunión de la Comisión Binacional con el acompañamiento de la OEA. Y también, a retomar las conversaciones sobre la demarcación de la frontera conforme los tratados y laudos (en todos ellos se ha basado Nicaragua); a reforzar los mecanismos de cooperación entre ambos países para enfrentar el narcotráfico en la zona; y a generar un clima propicio al diálogo retirando Nicaragua a sus fuerzas armadas y Costa Rica a sus fuerzas de seguridad “en el área donde su presencia podría generar tensión” (el suampo).

DIPLOMACIA EMPANTANADA

Durante siete interminables horas, y mientras Costa Rica elevaba una y otra vez su retórica contra la “invasora” Nicaragua, el representante de Nicaragua en la OEA reiteraba una y otra vez, con una falta de flexibilidad rayana en la torpeza, que Nicaragua “no aceptaba condiciones” y por eso no aceptaría la resolución porque le instaba a retirar a los militares del suampo como señal de buena voluntad para iniciar un diálogo.

Con su repetitiva argumentación, Nicaragua perdió la iniciativa, su posición se hizo cada vez más incomprensible y finalmente, la resolución fue aprobada por 21 países. Nicaragua fue apoyada solamente por el voto de Venezuela. Ecuador y Bolivia, países del ALBA, y los países del Caribe receptores del petróleo venezolano no entendieron la tiesura de los argumentos de Nicaragua ante una resolución que claramente le beneficiaba y optaron por la abstención. Nicaragua perdió aliados para su causa y convirtió un diferendo binacional en una disputa internacional de difícil comprensión allende el río.

El discurso de Ortega el 12 de noviembre tratando de explicar lo ocurrido en la OEA fue provocador y desatinado. Reiterando que ningún militar abandonaría el suampo del conflicto porque allí defendían la soberanía y combatían el narcotráfico, el Presidente atribuyó a “una conspiración del narcotráfico” el resultado de la votación, informó que Nicaragua retiraba su representación en la OEA, amenazó con abandonar definitivamente el foro político interamericano, anunció que recurriría a La Haya solicitando autorización para navegar libremente por el costarricense río Colorado y acusó a México, Colombia, Panamá y Guatemala de ser países infectados por el narcotráfico. En el caso de Costa Rica afirmó con ironía que el narcotráfico dirigía su política exterior, mientras presentó a Nicaragua como “la contención” del narcotráfico en la región.

A partir de ese día la imagen de estadista responsable que Ortega logró labrarse durante varios días de “fervor patrio” comenzó a erosionarse. Y aparecieron grietas en la efímera “unidad nacional” que concitaron sus primeras declaraciones.

PREGUNTAS, PREGUNTAS…

Coincidiendo todas las voces en reafirmar la soberanía de Nicaragua sobre el río y reconociendo los afanes expansionistas de Costa Rica, se fueron sumando voces que, insistiendo todas en la urgencia de un diálogo binacional, preguntaban, matizaban y proponían.

Algunas de estas voces que “rompieron filas”: ¿Qué soberanía perdemos retirando a unos cuantos militares de un pantano? ¿Es que tenemos militares a todo lo largo del río? ¿Por qué hacer de la presencia militar el centro del problema si el problema es político? ¿Por qué no ha dado el gobierno una explicación detallada de los costos, los plazos y las metas de la operación de dragado?

¿Qué sentido tiene concentrar las energías de dos países que comparten historia, familias y geografía, y que tienen problemas tan urgentes por resolver, en una disputa por tres kilómetros cuadrados de territorio? ¿No es ventajoso también para Costa Rica recuperar el caudal del río? ¿Si siempre seremos vecinos, no ganaríamos más si cooperamos en vez de pelearnos? ¿Si esto puede avivar la xenofobia contra el medio millón de nicas que trabajan en Costa Rica, por qué no rectificar y dialogar cuanto antes? ¿Rectificar es señal de debilidad?

¿Cuáles son los intereses económicos privados, disfrazados de intereses nacionales, tanto en Nicaragua como en Costa Rica, que se esconden tras el conflicto? ¿Qué empresas costarricenses pusieron tanta altisonancia a la diplomacia de ese país? ¿Cuántos son los intereses internacionales que se han montado y querrán montarse en este conflicto que ambos países han decidido hacer tan grande? ¿Cuáles son los réditos políticos que el nuevo gobierno de Costa Rica piensa obtener con este diferendo? ¿Por qué las consignas oficiales vincularon el tema del San Juan a la reelección de Ortega si nada tiene que ver una cosa con la otra?

¿PROLONGAR? ¿MILITARIZAR?

Nicaragua quedó aislada, empantanada en el suampo del San Juan por el inflexible guión con que Ortega dirigió desde Managua al representante nicaragüense en la OEA, el general retirado Denis Moncada, por los niveles de improvisación contenidos en ese guión y por la extraña decisión de mantener el conflicto al no aceptar condiciones. Prolongar el conflicto y militarizarlo ha sido la estrategia del Presidente Ortega.

¿Prolongar la controversia? Perdida la oportunidad de aceptar la favorable resolución de la OEA para resolver pronto el conflicto y dialogar sobre muchos otros temas que exigen cooperación, Costa Rica sacó ventaja: reforzó la percepción generalizada que el mundo tiene de que es un país pacífico y ha sido injustamente agredido y se le adelantó a Nicaragua acudiendo al tribunal de La Haya solicitando “medidas cautelares”, específicamente que ordene a Nicaragua detener el dragado del río, lo que es el objetivo central de su ofensiva.

¿Militarizar la controversia? Resulta bastante incomprensible que mover a una docena de militares tres kilómetros más allá o más acá hiera la soberanía nacional. El flojo argumento que han repetido todas las voces oficiales es: “Nadie sale de su propia casa”. Costa Rica salió: el 17 de noviembre sacó a sus bien armadas fuerzas de seguridad de la que dice es “su casa”. Por otra parte, nada puede afectar más la imagen de Ortega que volverlo a percibir como un militar con lenguaje guerrerista. Sin embargo, los días que siguieron demostraron que el Presidente no sólo trató de militarizar la controversia. Su objetivo político era militarizar el país.

TRES LEYES MUY PELIGROSAS

Todas las señales apuntan a una prolongación de la crisis. Pareciera también que los intereses políticos -¿y económicos?- de ambos gobiernos quieren prolongarla y cargarla de militarismo.

En una orilla del río, la Presidenta Chinchilla anunció el envío de nuevos contingentes de sus fuerzas de seguridad a la frontera llamando a la reserva, argumentando con la indefensión armada de Costa Rica y enviando un insultante mensaje a Ortega: “Sólo los cobardes son valientes ante los indefensos”.

En nuestra orilla, el Presidente Ortega no sólo no sacó a los militares del suampo, sino que, aprovechando el avivado patrioterismo, adelantó un nuevo paso en su proyecto de poder y de control social. A finales de noviembre, el Presidente envió al Legislativo tres iniciativas de ley pidiendo su aprobación en horas, “con carácter de urgencia”: Ley de Defensa Nacional, Ley de Seguridad Nacional y Ley de Régimen Jurídico Fronterizo.

Las tres leyes dan a los militares poderes extraordinarios en casos de conflicto o de emergencia y en las zonas fronterizas, subordinan a las instituciones civiles al poder militar y convierten la seguridad nacional en un andamiaje para el espionaje político.

Presentarlas en este momento y con esa urgencia sólo se entendería en un país al borde de una guerra o ante una inminente amenaza externa. Son leyes peligrosas, tanto por lo que dicen como por lo que no dicen: están redactadas de un modo tan ambiguo y abierto a la interpretación que se prestan a una total discrecionalidad cuando sean reglamentadas o cuando vayan a ser aplicadas, correspondiéndole al Presidente de la República tanto su reglamentación como su aplicación, siendo él quien definirá cuándo hay conflicto, amenaza externa, emergencia o terrorismo...

UN GRAVE RETROCESO

Después de las energías dedicadas por el propio Ejército para transformarse de ser el ejército partidista que fue en los años 80 a ser la institución “profesional, apartidista, obediente y no deliberante” que es hoy, después del esfuerzo democratizador que representó esta transición y que le ganó al Ejército el respeto y la confianza de la población, estas leyes significan un peligroso retroceso democrático.

Son leyes del máximo interés del Ejército y del Presidente. Por primera vez oficiales del Ejército de Nicaragua -instituciones comprometidas a ser no deliberantes en política- cabildearon con diputados de las distintas bancadas de la Asamblea Nacional para lograr la aprobación urgente de estas tres leyes, que tienen claros objetivos políticos.

Igualmente significativa fue la airada reacción del Presidente Ortega a las voces críticas contra la ley. En acto de clausura de una actividad militar tildó a quienes señalaron los peligros de los alcances de estas leyes de “traidores reencarnados que siempre andan buscando cómo hacerle daño a Nicaragua.. vendepatrias y peleles que se ponen del lado de la política expansionista de Costa Rica simplemente porque ellos no piensan como nicaragüenses”.

Las tres iniciativas de ley, diseñadas por el Presidente desde hace tiempo y presentadas ahora para pescar en el “río revuelto” del San Juan, invierten la ecuación democrática que exige que el poder militar esté subordinado al poder civil. No hay que ser suspicaz para imaginar objetivos políticos de corto plazo: si, por ejemplo, el proceso electoral desemboca en un fraude y hay reacciones de protesta, el Presidente podría decretar una situación de “conflicto”. Hay otros objetivos de mediano plazo: silenciar medios, voces críticas, organizaciones...

SURGEN LOS FANTASMAS

La ley establece que el plan de defensa nacional en casos de conflicto o de emergencia será un “secreto de Estado”. También establece que en esos casos el Ejército dirigirá, a las órdenes del Presidente, la “movilización” para enfrentar la crisis, poniendo “las fuerzas, medios y bienes públicos, las instituciones, dependencias gubernamentales, municipales y regionales y sus funcionarios para la defensa de los intereses supremos y los objetivos estratégicos nacionales”. Esta disposición, naturalmente, hizo surgir de la memoria atemorizada de la población el fantasma del reclutamiento, del servicio militar obligatorio.

Preocupante resulta también que otra de las leyes asigne, en tiempos de paz, a los militares la coordinación de todos los programas económicos, turísticos y de desarrollo en las zonas fronterizas, entendiéndolas ampliamente: 15 kilómetros adentro de la demarcación de todas las fronteras, terrestres, marítimas y lacustres, consideradas tierras estatales y bajo control militar. Esto sacó del arcón de la memoria colectiva otro fantasma: el de las confiscaciones y expropiaciones.

Las leyes levantaron una polvareda de alertas en la opinión pública y una avalancha de mociones de reforma por parte de los diputados. No fueron aprobadas con trámite de urgencia, pero pronto se evidenció la complicidad del PLC en su aprobación, en una nueva etapa del pacto entre Alemán y Ortega.

CONDICIONES ACEPTADAS

Mientras el diferendo con Costa Rica se empantanaba y el Presidente Ortega preparaba esta “emboscada” legal, que podría empantanar a Nicaragua, el Presidente del Banco Central anunciaba que, por fin, el gobierno había pasado con buenas notas la cuarta y quinta revisión de su acuerdo con el FMI y que el Fondo había prolongado el acuerdo hasta el año electoral 2011. Para lograr esto, Nicaragua tuvo que aceptar 14 condiciones.

Hace más de un año, en junio de 2009, el Presidente Ortega llamó al FMI “Fondo de la Muerte” por estarle poniendo a Nicaragua condiciones para prorrogar el acuerdo por un año. Esas condiciones, dijo entonces Ortega, son “amenazas de muerte para la economía de los nicaragüenses y la estabilidad del país…Nos están tratando como esclavos…Lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional es tratar de poner a la orilla de un abismo a Nicaragua”. Hacía el abismo o hacia un suampo, lo cierto es que el FMI le apretó fuertemente las tuercas al gobierno.

Entre los principales compromisos que ha asumido el gobierno está una severa restricción del déficit fiscal, lo que significa reducción del gasto social (educación y salud) y de la inversión pública. Debe también lograr una disminución de la deuda interna, lo que significa aumentar los recursos que el gobierno destina al pago de intereses y amortizaciones. Están también varias reformas impopulares a la Seguridad Social. Se le exigió también incorporar al cálculo del déficit fiscal el bono que, con fondos venezolanos, Ortega regala a los empleados públicos (25 dólares mensuales) desde el mes de mayo. El FMI considera esta masa monetaria un “riesgo contingente” que debe entrar a los cálculos macroeconómicos.

COOPERACIÓN VENEZOLANA:
EL FMI SACA SU LUPA

Lo más interesante en la lista de condiciones del FMI es que, por primera vez, el Fondo Monetario ha decidido poner su lupa sobre los fondos de la cooperación venezolana. Para 2010 se calcula que la “cooperación petrolera” venezolana alcanzó la notoria cifra de 516 millones de dólares. Esta cooperación nunca ha aparecido en el presupuesto nacional y sobre ella no ha existido ningún control institucional. Ahora, a partir de marzo de 2011, el gobierno debe informar al FMI sobre “el uso, por sector económico” que hace de esos fondos.

Significativo también es el monitoreo financiero que el FMI exigió al gobierno. Los voluminosos recursos venezolanos recibidos últimamente y depositados por el gobierno en tres bancos nacionales, han provocado un crecimiento espectacular de los depósitos en dólares.

Según datos oficiales, estos depósitos se multiplicaron por tres entre julio de 2009 y julio de 2010, reduciéndose de repente en septiembre de 2010 en 200 millones de dólares. Adolfo Acevedo, economista de la Coordinadora Civil comenta: “Uno podría preguntarse qué sociedades no financieras de Nicaragua están en capacidad de efectuar semejantes movimientos en unos cuantos meses”.

Estos movimientos masivos han alertado al FMI, que condicionó la prórroga del acuerdo a un informe oficial, desde ahora y mes tras mes, “sobre los depósitos bancarios asociados a los flujos de cooperación relacionados con Venezuela”.

Durante años, la sociedad civil ha exigido al gobierno información transparente sobre los fondos venezolanos que el Presidente Ortega recibe directamente y administra discrecionalmente. Y ante los oídos sordos, le ha solicitado al FMI que se lo exijan ellos al gobierno.

Que el FMI lo haya hecho ahora se explica porque recientemente, en las cuentas nacionales la cooperación petrolera venezolana fue sacada por Venezuela del marco del ALBA, donde se consideraba “donación”, al marco de Petrocaribe, donde se considera “crédito reembolsable”, lo que está endeudando a Nicaragua. La “sanidad” macroeconómica es la prioridad del FMI en su relación con el gobierno. La decisión del FMI coincide también con el cambio de correlación de fuerzas en el Parlamento venezolano, con la entrada de la oposición a legislar, y por eso, a exigir transparencia en los recursos que el gobierno de Chávez entrega tan masivamente a varios países, incluida Nicaragua.

UN PAISAJE CON SUAMPOS

Durante este intenso mes, poco ha cambiado el paisaje electoral. Alemán y su círculo incondicional en el PLC emitieron claras señales de estar dando ya continuidad al pacto con Ortega: la reincorporación de magistrados y contralores a sus cargos acogiéndose al ilegal decreto presidencial, la decisión de mantener intacta a toda la junta directiva de la Asamblea Nacional para el próximo año -su correlación es expresión del pacto-, y la decisión de no elegir aún los 25 cargos pendientes, prolongando así la vigencia del ilegal decreto, bastan para que cualquier buen entendedor lo entienda.

Alemán permanece inconmovible en su candidatura presidencial. La fijeza de Alemán se explica porque sabe que si renuncia será llevado a los tribunales por tres casos de corrupción que tiene pendientes y que administran tribunales fieles a Ortega. Apoyando a este candidato perdedor, y reo potencial si abandonara la candidatura, permanecen inconmovibles sus incondicionales. El apoyo se explica porque saben que seguir ocupando altos cargos en el Estado depende de que Alemán siga siendo socio de Ortega en el pacto y pueda, por eso, repartirlos.

La popularidad de Fabio Gadea sigue creciendo entre los liberales con el importante resultado de desgastar cada vez más la opción Alemán. Lo novedoso este mes fue el apoyo que el Movimiento Renovador Sandinista dio a Gadea. La incorporación del MRS contribuye a dar más pluralismo al equipo de Gadea, hasta ahora predominantemente rojo. El MRS ha dejado claro que si Alemán se une al equipo de Gadea, le retirarán su apoyo.

En su inicial estrategia de campaña, el partido de gobierno advirtió a sus militantes de su principal temor: la unidad de la oposición. “Es conveniente monitorear en forma permanente -dice ese documento- los intentos de unidad de las derechas de parte de sus padrinos imperiales y la eventual aparición de nuevos liderazgos en su interior”. Fabio Gadea está apostando a la unidad y aunque está a punto de cumplir 80 años es visto como un “nuevo liderazgo”.

El partido de gobierno no ha construido aún el suampo en donde pretende empantanar la candidatura de Gadea. Pero en eso está. El prolongado y siempre agitado y productivo políticamente paréntesis de las fiestas de diciembre dará tiempo suficiente para pensar, calcular, maquinar y conspirar.

EL SUAMPO
DE LA FRUSTRACIÓN

El partido de gobierno se muestra confiado. Llega a diciembre con un derroche de luces, regalos y promesas. Sus voceros anuncian que ganarán con el 60% de los votos y conseguirán la ansiada mayoría parlamentaria, que consolidará el proyecto de poder de Ortega. Tal vez olvidan lo que dice el biólogo Humberto Maturana: “El liderazgo no dura en la ausencia de participación creativa, y tanto las quejas como las preguntas reflexivas no se pueden detener indefinidamente sin que surjan frustración, enojo o desgano”.

Con frustración, enojo y desgano se construyen suampos. Suampos que empantanan.

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