Lo que el golpe nos dejó

Las elecciones y el nuevo gobierno no han resuelto la crisis causada hace un año por el golpe de Estado. Han contribuido a ahondarla. Lobo no tiene el poder real, y aunque quienes lo tienen y siempre lo han tenido se afanan por buscar soluciones a la crisis, ninguna responde a una sociedad que quedó convulsionada por el golpe. ¿Qué futuro tiene el Frente de Resistencia? ¿Qué debate es necesario hoy en Honduras para encontrar una salida, para lograr una nueva Constitución, que refleje un nuevo pacto social?

Ismael Moreno, SJ

La propuesta de gobierno que encabeza Porfirio Lobo Sosa contiene todos los dinamismos desestabilizadores que estuvieron presentes en el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Por mucho que se quiera hacer ver lo contrario,
y a pesar del desmarcaje que el gobernante se esfuerza en establecer en relación con el régimen golpista,
en lugar de ruptura hay continuidad.

¿QUIÉN TIENE EL PODER REAL?

Todas las señales apuntan a mayor inestabilidad. La denuncia de un complot para defenestrar a Lobo, que hizo pública el propio Presidente antes de salir hacia Sudáfrica a dar su respaldo a la selección nacional en la Copa Mundial de Fútbol, fue una señal alarmante. Hoy, más que nunca antes, el poder real ha dejado de residir en Casa Presidencial, y la reducida cuota que ese poder real le ha reservado al Ejecutivo no llega a ser suficiente para negociar las decisiones políticas fundamentales del país. El deslizamiento del poder resulta evidente. Más que ser concentrador, el Estado se ha convertido en referente o argumento de un poder que se ha deslizado hacia otros escenarios.

En el momento más agudo del conflicto en la región del Aguán, el empresario Miguel Facussé fue quien logró desplazar hacia allí a la policía, al ejército, a la naval y hasta a la fuerza aérea. Empresarios y organizaciones campesinas negociaban y quiso hacerles sentir quién tiene el poder.

El poder real reside actualmente en sectores empresariales y políticos, que lo ejercen con mecanismos e instancias no formales, capitalizado a su favor la institucionalidad formal del Estado. Las principales decisiones políticas y económicas que actualmente se implementan no pasan ni por los partidos políticos ni por los gremios empresariales, mucho menos por las instituciones del Estado. Una consecuencia decisiva del golpe de Estado fue reducir a escombros una institucionalidad que ya era precaria. Haberle dado carta de ciudadanía a los poderes fácticos con el golpe les permite ejercerlo hoy sobre la sociedad con los únicos instrumentos que en la actual inestabilidad resultan convincentes: la violencia y la muerte.

UN ACCIDENTE
CON LA MARCA MICHELETTI

Los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- que formalmente escuchamos decir configuran un Estado de Derecho son utilizados por cada grupo de poder al servicio de sus “fincas” particulares, convertidas, de hecho, en pequeños gobiernos con importantes cuotas de autonomía.

Un ejemplo. El sábado 5 de junio, a pocos minutos de las 5 de la mañana, un accidente de tránsito en la ciudad de El Progreso, en el valle de Sula, en el norte hondureño, dejó un saldo de un muerto y tres heridos muy graves.
Un accidente más, de ésos que ocurren con frecuencia por las pocas señalizaciones. La diferencia fue que el provocador del accidente venía muy borracho -previsiblemente drogado-, había salido de un bar exclusivo, iba a exceso de velocidad y antes de provocar el accidente ya había irrespetado dos señales de alto. A pesar de todas estas evidencias, la ley estableció que el accidente fue provocado por otra persona distinta a la que venía conduciendo, que el vehículo, propiedad del Estado, estaba cumpliendo su misión de hacer rondas, y que el muerto y los heridos fueron víctimas de su propia irresponsabilidad.

El hecho quedó en la impunidad y quedará en el olvido. Los familiares de las víctimas no pueden hablar. Y nadie tiene capacidad de hacer valer otra verdad que la oficial, porque la Policía -Poder Ejecutivo- los diputados del departamento -Poder Legislativo- y los jueces -Poder Judicial- ya dieron su veredicto inapelable. La razón: el motorista que provocó el accidente es Aldo Micheletti, hijo de Roberto Micheletti Baín, quien conserva una cuota de poder suficiente para garantizarse toda una vida en impunidad y para asegurársela a los suyos y a sus allegados.

¿POR QUÉ MATAN
PERIODISTAS?

Es en este mismo marco en donde hay que situar y explicar el asesinato de nueve comunicadores sociales en tan poco tiempo, algo inusual en otros graves contextos de violencia, Colombia o el Medio Oriente.

Estos asesinatos no tienen como patrón el querer golpear la resistencia al golpe de Estado. Se explican por los caprichos de muchos poderes dispersos, cada uno con capacidad de tomar decisiones con un importante grado de autonomía. En el actual contexto hondureño, no existe ningun poder con capacidad de controlar esas decisiones, tomadas en cualquier localidad.

Cualquier noticia que difunda cualquier comunicador social está sometida al escrutinio arbitrario de poderes que, de hecho, se sitúan por encima o al margen del derecho y de los poderes públicos formales. Son estos poderes dispersos los que sancionan lo que se dice desde los medios de comunicación. Son estos poderes los que ejercen la justicia con la ley del más fuerte. Y la sanción no tiene términos medios: se paga con la vida.

Esto es lo que en sentido estricto se llama ingobernabilidad. Y no hay en Honduras señales de que por la vía del tradicional control del Estado y de la economía, las reducidas élites políticas y empresariales, estén en disposición de enrumbarse hacia una ruta de salida. Tras varios meses de soportar el rumbo errático de tantos poderes dispersos, y con la violencia como único referente para dirimir conflictos, en lugar de resolverse la crisis causada por el golpe, las elecciones y el nuevo gobierno,
han contribuido a ahondarla.

¿QUÉ LE EXIGEN A LOBO
ESTADOS UNIDOS Y EUROPA?

El gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de la Unión Europea han decidido jugar su suerte con el régimen de Lobo Sosa. “Es lo único que tenemos”: así lo reconoció un embajador europeo. Demandan de Lobo garantías para que la Comisión de la Verdad cumpla con su misión y condiciones mínimas para el respeto a los derechos humanos. También le demandan el retorno de Zelaya.

El gobierno de Estados Unidos va más allá. Busca que se consolide el régimen de Lobo y se estabilice la situación política. Su apuesta es lograr una transición moderada, que vaya consolidando su proyecto latinoamericano: “democracias autoritarias” que garanticen la inversión de las corporaciones y que contrarresten el bloque liderado por Hugo Chávez.

LOBO NO PUEDE

A pesar de estos cheques en blanco, el régimen de Lobo no tiene capacidad de responder a los requerimientos de Estados Unidos ni a los de Europa porque está atrapado de sus propias contradicciones. Necesita reconocimiento internacional y sabe que para lograrlo deberá cumplir con lo que le demandan los gringos y los europeos, pero su extrema debilidad no soporta la presión de los sectores del poder real, golpistas de pura cepa, de los que recibió un gran respaldo para lograr la Presidencia de la República.

Éstos le exigen que no haga ninguna concesión que cuestione el control que ejercen sobre el Estado. Y mientras Lobo se esfuerza en ganar reconocimiento y gringos y europeos hacen lo que pueden para sacar adelante su apuesta por Lobo, el piso hondureño es serruchado a diario por esas pocas familias que no ven más allá de sus ganancias y que, a pesar de su mezquindad, cuentan con el respaldo de la derecha extremista del continente.

Por el rumbo errático actual, el país no parece apuntar a otra salida que no sea la violencia. Parece tratarse de una trama de violencias que cruza toda la sociedad, aunque sin hilos de autoridad nacionales que la sostengan. Por eso, los costos sociales, sobre todo en muertes y destrucción, serán cada vez más crecientes y con consecuencias incalculables.

ATRAPADOS
EN UNA PELIGROSA ENCRUCIJADA

Los actuales hechos de esta violencia son apenas pequeños avances de lo que puede ocurrir de seguir por la actual ruta. Todos los signos parecen anunciar el descalabro del modelo bipartidista y el umbral de un nuevo período político. El modelo sostenido por un reducido grupo de familias acaudaladas no sólo no puede resolver el asunto fundamental de la inequidad y la ingobernabilidad. En el actual contexto sólo puede continuar a costa de mayores trampas y produciendo cada vez más violencia y más inequidad.

Honduras está hoy atrapada en la encrucijada más peligrosa de su historia moderna. Ingobernabilidad o destrucción: ése es el dilema que hoy enfrenta la sociedad hondureña. Y si ya estamos experimentando las consecuencias a las que nos conduce este modelo excluyente y elitista, hemos de apostar por otro camino. La tarea histórica es diseñarlo. Lo llamamos “Nuevo Pacto Social”. Sus trazos quedaron perfilados en una edición anterior de Envío. Uno de sus componentes es la construcción de un nuevo sujeto político y social que conduzca e impulse una democracia participativa luchando por la soberanía sobre nuestro patrimonio nacional -recursos naturales y tierra-, por la dignidad humana garantizando los derechos, humanos, sociales, étnicos, de género y de organización, y luchando por las transformaciones jurídico-institucionales a partir de una Nueva Asamblea Nacional Constituyente, representativa de toda la nación, que redacte la Constitución que exprese ese nuevo pacto social para el siglo 21.

Todas las transformaciones que encarnen el camino que salve al país del despeñadero sólo pueden impulsarse desde un sujeto político y social que en el actual contexto no acaba de alcanzar un perfil con capacidad conductora y aglutinadora. Ése es, sin duda, uno de los mayores desafíos que debían enfrentar los diversos sectores de la sociedad que rechazan la propuesta destructiva de las élites empresariales y políticas. ¿Cómo hacerlo? Iniciando un debate constructivo y propositivo.

FRENTE DE RESISTENCIA:
TRES POSTURAS

En el debate actual, los sectores populares que resistieron al golpe de Estado se encuentran ante un Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), cuya identidad se estaría definiendo a partir de tres posturas. La primera, un FNRP que sea básicamente correa de transmisión de los liberales seguidores de Zelaya. Éstos buscan convertir toda la fuerza de la resistencia en un factor que les permita recuperar el Partido Liberal, para desde allí apostar a un proceso electoral y a un triunfo en las urnas. Retomarían así desde el gobierno las transformaciones que quedaron truncadas con el golpe de Estado.

La segunda, un FNRP convertido en partido político, distinto a los cinco existentes. Aglutinaría a los sectores opuestos al golpe de Estado, incluyendo a liberales y nacionalistas desencantados con sus cúpulas. Este nuevo partido participaría con éxito en las próximas elecciones. La tercera, un FNRP convertido en un frente social amplio. Su fuerza política no estaría en su identidad partidaria, sino en su identidad de movimiento social aglutinador de diversas fuerzas. Tendrían cabida en él hasta partidos o corrientes de partidos que participen subordinados a líneas nacionales, siempre que no estén sometidos a grupos particulares. Participar en procesos electorales sería una opción importante, pero no la única, ni siquiera la decisiva. La participación sería con candidaturas independientes o surgidas de alianzas con partidos de izquierda -si es que llegasen a existir-, pero sin perder nunca la independencia y la autonomía de un frente político amplio.

EL DEBATE
QUE ESTAMOS NECESITANDO

En el actual contexto de debacle del modelo económico y político de la oligarquía una de las preocupaciones políticas fundamentales para los sectores populares es si existe o no la capacidad y las condiciones subjetivas para iniciar un debate abierto, constructivo, propositivo, transparente, franco y tolerante al interior de los diversos sectores que se agrupan o se sienten representados en el FNRP. Un debate que debería conducir a convertir al FNRP en una instancia nacional con capacidad para capitalizar la crisis de ingobernabilidad, haciendo de ella una oportunidad que abra puertas a un período de democracia participativa durante las próximas décadas.

Existen limitaciones propias en el análisis de los sectores populares hondureños: tienden a dejarse llevar por consignas
y viven atrapados en un entusiasmo sin sustento y en acciones movilizadoras continuas y sin reposo, como si,
en sí mismas, consignas y movilizaciones acumularan de forma mecánica fuerza política y condujeran a soluciones mágicas. El contexto de convulsión tras el golpe de Estado contribuyó enormemente a acentuar estas tendencias. También, a la polarización y a la intolerancia al interior de los diversos sectores populares que se agruparon en el FNRP.

SALIR DEL ESQUEMA
GOLPISMO / ZELAYISMO

La carencia de una visión estratégica y la dosis muy reducida de tolerancia y de profundidad en el análisis para lograr una lectura adecuada de la realidad histórica -abunda la lectura de folletos petrificados-, ha acentuado desconfianzas, descalificaciones, aversión a los análisis y al debate. Se usa hoy la expresión “golpista” para rechazar cualquier expresión o postura que no sea la que dicte la consigna o que se salga del esquemam maniqueo “golpismo / zelayismo”.

Quien grita más o quien insulta más a los “enemigos” cree tener mayor liderazgo en esta coyuntura en la que el sosiego, el debate, el análisis, la búsqueda de claridad, la tolerancia en la diversidad y la construcción de pensamiento político son fundamentales para definir el camino hacia la construcción de un verdadero poder popular que llene el vacío que ya no logran ocupar con éxito los grupos oligárquicos.

URGE UN NUEVO PACTO SOCIAL

Construir ese sujeto político y social es objetivo esencial en el actual contexto de ingobernabilidad. Las condiciones políticas y la correlación de fuerzas al interior de los grupos de poder que han liderado el Estado y la vida del país dan señales evidentes de un desplome que parece irreversible. Aunque los sectores oligárquicos se afanan por buscar soluciones a la crisis, todas sus propuestas se inscriben en la lógica de adecentar el pacto social de comienzos de los años 80, sin reconocer la inviabilidad de esa propuesta en una sociedad convulsionada por el golpe.

Altos dirigentes empresariales y políticos se esfuerzan en hacer cambios, pero sin cambiar la lógica de la acumulación, generadora de inequidad y de violencia. No existe en ellos capacidad ni voluntad política de abrirse a una nueva lógica que signifique sacrificar privilegios, que cuestione el modelo de acumulación, que abra a Honduras a una búsqueda de nuevas opciones con todos y para el bien de todos.

Las condiciones objetivas están dadas para un cambio de rumbo. Sin embargo, ¿quiénes liderearían ese viraje? ¿Tienen los sectores populares madurez política, ideológica, cultural y ética para conducir un proceso de “refundación”, como le llaman al interior de los sectores reunidos en la resistencia? ¿Para construir un nuevo pacto social, como le hemos venido llamando desde nuestro análisis?

CON DEBATE, SIN PREJUICIOS
EN TEGUS Y MÁS ALLÁ

Diez sugerencias tendrían que tener en cuenta las dirigencias y participantes de los sectores populares para asumir en serio el monumental desafío actual:

-Situarnos en estado de debate, aceptando que en un proceso de búsqueda nadie tiene toda la verdad y nadie está en un completo error. -Reducir los prejuicios, descalificaciones y estigmatizaciones que en la historia de la izquierda y del movimiento popular hondureño nos han dejado daños a veces irreparables y heridas que con el correr de los años siguen abiertas.

-La gente que vive y se organiza en Tegucigalpa no puede adjudicarse el derecho de conducir el proceso y de tomar decisiones en nombre de todo el movimiento popular o de la resistencia de toda Honduras. Tampoco las organizaciones populares de otras regiones del país deberán estar ausentes de la capital. Es allí donde está el centro neurálgico de la política y allí deberán articularse y coincidir las acciones políticas que se desarrollan en todo el país.

-Evitar prácticas que parezcan excluyentes, vanguardistas, iluminadas, superiores o de menosprecio hacia ciertos sectores de la sociedad. La inclusión, la horizontalidad y la complementariedad en la participación contribuirán a la confianza y a un ambiente constructivo.

NO A LA “PUREZA”
Y SÍ A LA DIVERSIDAD

-Las organizaciones populares no son más relevantes o valen más porque tienen más antigüedad o porque han ofrecido más mártires a la causa. Tampoco las ONG tienen derecho a imponer sus agendas porque financian encuentros y movilizaciones. Tampoco los gremios son vanguardia de las luchas ni las organizaciones comunitarias pueden ser sólo relleno, sirviendo sólo para poner gente en las calles. Tampoco las organizaciones de profesionales son menos porque no son obreras o porque sus miembros tienen mejores salarios. Todas, todos, tienen capacidad de aportar, desde su especificidad. Todos, todas son complementarias a partir de la diversidad de pensamiento, antigüedad, composición, género y cultura.

-No podemos calificar la “pureza” popular o revolucionaria de una persona porque repite y es fiel a consignas
y porque no se sale del molde que han establecido unos cuantos dirigentes. La pluralidad y diversidad en el pensamiento sólo puede enriquecer la lucha. A nadie se le debe excluir, descalificar o negar su presencia
en el proceso por expresar disensos. El pensamiento único y las concepciones teóricas “puras” ya no tienen cabida en el actual desarrollo de las ideas y en la cultura del siglo 21.

OJO CON LOS PARTIDOS

-Debemos evitar la injerencia y control de los partidos políticos, cualquiera sea su orientación ideológica, sin negar por ello que sus dirigentes puedan participar en el debate, siempre que no hayan participado en actos públicos y evidentes de traición a la soberanía, que hayan contribuido a entregar nuestros recursos naturales y la tierra de nuestro país a consorcios extranjeros o hayan participado en evidentes actos de corrupción con los bienes públicos. Debemos también evitar la injerencia de líderes o sectores religiosos o empresariales. No negarles la participación, pero incluirlos siempre en igualdad de condiciones con los demás y siempre que no estén evidentemente vinculados a actos de dirigentes de partidos políticos responsables de la actual crisis.

CON LOS INTELECTUALES
Y CON LA JUVENTUD

-Busquemos los aportes y testimonios de personas y organizaciones de otros países para enriquecer nuestro debate, siempre que no sean imposiciones, buscando trasladar mecánicamente a la realidad hondureña las peculiaridades de otros procesos.
-No desestimemos el aporte de los intelectuales en este debate. El aporte de la investigación en la economía, la sociología, la historia, la antropología y otras ramas del quehacer intelectual es necesario para la lucha y la construcción de propuestas. Esos aportes no son verdades a seguir, no son dogmas. Ni los intelectuales deben menospreciar la lucha y los aportes de los dirigentes populares ni éstos despreciar el aporte teórico de los intelectuales. Necesitamos “intelectuales orgánicos”, como los llamaba Gramsci en las luchas del siglo 20.

-El aporte de la juventud, muchachas y muchachos, es esencial en esta hora. En todos los campos, las actuales dirigencias deberían convertirse en “puentes” que van abriendo paso para que emerja la juventud, con nuevas ideas y nuevos liderazgos. Contribuir a que el sujeto político y social esté liderado por una nueva generación comprometida con la transformación o “refundación” de Honduras es un factor “revolucionario”.

Una revolución es lo que necesitamos hoy, cuando la reducida élite que propició el golpe y que conduce
el post-golpe está perdiendo capacidad para dar continuidad a su “pacto” desde arriba y sólo para los de arriba.

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN HONDURAS.

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