El caos, los caos

“El caos es sólo un orden por descifrar”, dijo Julián de Toledo hace mil trescientos años en una de sus muchas obras, el “Antikeimenon” o “Libro de los Contrarios”. Descifrar algunos de los caos en los que está sumergida hoy Nicaragua y temer los nuevos caos en que podríamos vernos envueltos pronto resulta más fácil que superarlos.

Equipo Nitlápan-Envío

El año 2010 comenzó con una urgencia legal con plazos fijos: 25 funcionarios de primer rango, al frente del Poder Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Superintendencia de Bancos terminaban en febrero, abril y junio su período constitucional y los diputados debían elegir a sus sustitutos.

“¡NO PODEMOS LLEGAR AL CAOS!”

Adelantándose a las negociaciones parlamentarias para seleccionar a estos funcionarios, y usurpando atribuciones exclusivas de los diputados, el Presidente Ortega decretó el 8 de enero que, mientras no fueran seleccionados los nuevos, quedaran en sus cargos los que ya están en ellos. Una expresión más del gobierno “de hecho” y no “de derecho” que ha impuesto en Nicaragua. El mandatario justificó la ilegal medida en su responsabilidad en “evitar el caos”. En el discurso de ese día Ortega repitió ocho veces la palabra caos. Según su versión, la oposición se está uniendo y reuniendo para sembrar y promover el caos. Con visible ardor, el Presidente afirmó: “Es mi obligación, tal como lo manda la Constitución, prevenir y no venir después a lamentar. No podemos permitir llegar al caos. ¡No podemos permitir eso! Y en correspondencia con esa voluntad, con esa responsabilidad, que me ordena a mí la Constitución, me lo ordena, me lo manda, me lo obliga, como Jefe de Estado...” lanzó el decreto.

El decreto presidencial tenía un claro destino: afectar las negociaciones y desunir a la tan mucho reunida y tan poco unida oposición. El constitucionalista Gabriel Álvarez reflexionó desconcertado: “Son aberraciones tras aberraciones. Ya no hay manera de explicar jurídicamente lo que está ocurriendo”. Un caos.

Dos meses después del decreto, las pre-negociaciones para elegir funcionarios eran un hervidero de contradicciones y ambigüedades -otros nombres del caos- y en la Procuraduría de Derechos Humanos (vencían en diciembre sus dos altos cargos) y en la Contraloría (vencían en febrero sus cinco altos cargos) seguían al frente los funcionarios “reelectos” ilegalmente por Ortega. Éxito pleno del decreto: los mismos funcionarios al frente y nuevas zancadillas en la fragmentada cancha opositora.

ECOS DEL FRAUDE

Hacen falta los votos de 56 diputados para elegir, de uno en uno, a los 25 funcionarios. Sin problemas, esos 56 votos podrían salir de los 40 parlamentarios del FSLN y de los 21 del PLC. Ambos partidos se repartirían los cargos y asistiríamos a otra secuencia del pacto Ortega-Alemán. Pero el pacto ya no funciona igual que antes del fraude electoral de noviembre de 2008. Bases y dirigentes del PLC saben que Alemán cooperó con Ortega en ese fraude. Para restarle liderazgo dentro del liberalismo a Eduardo Montealegre y para acercar el momento de un sobre¬seimiento definitivo en su condena a 20 años por corrupción en tribunales dominados por el FSLN.

En el 95% de las aproximadamente 40 alcaldías en donde se organizó el fraude para darle la victoria al FSLN los candidatos a alcaldes eran del grupo de Montealegre. Y la sentencia definitiva de inocencia le llegó a Alemán tan sólo dos meses después del fraude. Saben también dirigentes y bases del PLC que en el pacto, iniciado en el año 2000 con una repartición 50-50 de los altos cargos de las instituciones del Estado, existe hoy un gran desbalance (80-20) a favor del FSLN. Y hacen responsable a Alemán de tan desfavorable situación.

AL DECRETAZO,
LA MEGA-AMNISTÍA

El decreto presidencial conmocionó a toda la oposición y la reunió de emergencia a inicios de enero con representantes de la sociedad civil y empresarios. Nacieron allí los acuerdos de Metrocentro 2. Todos se comprometieron a presentar como candidatos a los 25 cargos a personas honestas e idóneas, a presionar unidos al FSLN para seleccionarlos y a elegirlos en la Asamblea.

El gobierno “de hecho” y del “pacto 80-20” respondió de inmediato a ese intento de unidad con lo que ya se ha hecho rutina: la judicialización de la política. Un tribunal revivió sorpresivamente tres casos por actos de corrupción que Alemán tenía pendientes hacía años y que ya habían prescrito y la Fiscalía volvió a solicitar la desaforación de Montealegre para enjuiciarlo, cargando sobre él toda la responsabilidad por la emisión de bonos CENI que siguió a las fraudulentas quiebras bancarias de hace diez años.

La respuesta de los diputados liberales -promover en la Asamblea la aprobación de un proyecto de ley de amnistía para ambos dirigentes- quebró la efímera unidad. Mientras los diputados del PLC de Alemán y los del grupo de Montealegre insistían en esta táctica defensiva, sectores políticos, empresariales, sociales y eclesiásticos opuestos al gobierno la rechazaron.

Los promotores de la amnistía argumentaban que sólo así escaparían definitivamente de los chantajes de tribunales controlados hoy por funcionarios judiciales (secretarios, abogados, jueces, fiscales, magistrados), organizados como un ejército por el FSLN desde 1990.

El proyecto de amnistía tomó proporciones desmesuradas: cobijaría a todos los funcionarios públicos de los tres gobiernos anteriores al de Ortega (1990-2006), unas mil personas. Alberto Novoa, Procurador de la República -quien empezó a rastrear las huellas de la corrupción de Alemán durante el gobierno de Bolaños- afirmó perplejo: “Es como si pasara un huracán, como si Nicaragua no existió jurídicamente. Es un proyecto de impunidad absoluta, están mandando un mensaje de inseguridad, incredulidad, anarquía y desestabilización”. Un caos.

A LA AMNISTÍA,
LA MEGA-CAMPAÑA

El gobierno respondió, también desmesuradamente, a la eventualidad de la aprobación de la amnistía. Lo hizo con una mega-campaña de propaganda: vallas en Managua, afiches en muros y postes de todo el país, cuñas de radio y spots de televisión contra “Arnoldo Alemán, Eduardo Montealegre y su camarilla de diputados sinvergüenzas, corruptos y ladrones que se robaron más de 18 mil millones de córdobas”. En las gigantescas vallas de Managua aparecen los rostros de ambos políticos gesticulando desagradablemente con un “Se buscan por ladrones”.

En los spots de televisión aparecieron muchos más rostros: el de la ex-Presidenta Chamorro y el del ex-Presidente Bolaños y los de prácticamente todos los diputados opositores, fueran o no promotores de la amnistía. En la galería de “ladrones” el gobierno colocó también a los dos diputados del MRS, que se distanciaron de la oposición liberal rechazando la amnistía con argumentos políticos y éticos.

Para aprobar la ley de amnistía la oposición liberal necesitaba de 47 votos. Numéricamente, entre el PLC (21), el grupo de Eduardo Montealegre (17) y los volubles diputados de ALN (5) los tenían casi a la mano. Pero después de jornadas de pomposa retórica en los medios, presentando la amnistía como varita mágica para salir del caos (“último esfuerzo democrático por salvar de una guerra civil a nuestro pueblo”, escribió el diputado del grupo de Montealegre, Javier Vallejo), y tras dos frustrados intentos en la Asamblea Nacional, nunca consiguieron siquiera el quórum para poder sesionar.

Tanto los de Alemán como los de Montealegre culparon a los de ALN por el fracaso y el diputado del PLC, José Pallais, los calificó de “estorbo y cáncer” para el proceso de unidad liberal.

Mientras el proyecto de ley de amnistía se estancaba, evidenciando la desarticulación de la oposición liberal, la sucia campaña de propaganda del gobierno continuó sin variar un ápice. Además de la preocupación que despertó en el gobierno que la amnistía se materializara, esto evidenció que vallas y spots eran también una adelantada propaganda electoral.

FSLN: LAS DE GANAR

Con el “Se buscan” contra Alemán y Montealegre, Ortega los “busca” para negociar con uno o con otro. Mantener dividido al liberalismo fue clave para que el FSLN saliera airoso en las elecciones presidenciales de 2006. Esa división sigue siendo clave en el camino hacia las elecciones de 2011.

Pero, a estas alturas de su desgaste, para Alemán resultaría obsceno “amarrar” sus 21 votos a los 40 del FSLN para repartirse los cargos. Y a estas alturas de su aspiración presidencial, a Montealegre no le conviene tampoco hipotecar sus 17 votos en una negociación directa con el FSLN. También el FSLN podría negociar con ambos y eso empañaría más el récord de Montealegre, cada vez más cercano a Alemán. También podría el FSLN negociar con los de ALN, sumando a un par de “independientes” y a algún otro que siempre aparece... El “menú” del gobierno es variado. El FSLN tiene las de ganar ante el caos que se desarrolla hoy en la oposición liberal.

Después del “decretazo”, la respuesta de Alemán y Montealegre fue aparecer siempre unidos y en disposición de negociar juntos con el gobierno, aunque no han faltado zancadillas y acusaciones expresadas en público como armas arrojadizas de un grupo contra otro. ¿Aspiran a acordar con Ortega una repartición a tres bandas de los 25 cargos? La sociedad civil, que ha propuesto a candidatos que no provienen de los partidos, reclama a los liberales que el compromiso de Metrocentro 2 se cumpla: personas idóneas y honestas y no diputados y militantes, representantes de intereses partidarios.

El ganador neto de todo este caos ha sido Arnoldo Alemán. Del relativo ostracismo en que se encontraba el “máximo líder” del PLC por su récord de corrupción, lo vemos convertido en omnipresente promotor de la unidad, a la vez que en garante de la “modernización” de su partido. La suerte del PLC, que comenzaba a desprenderse del pesado lastre de Alemán, aparece de nuevo cargándolo. Y poco a poco representantes de la clase política no liberal van cayendo en la convicción resignada de que, a pesar de todo lo que Alemán es y ha hecho, no se puede prescindir de él.

SEÑALES DESDE EL CARIBE

El 7 de marzo se celebraron las elecciones regionales en la Costa Caribe. Aunque sus resultados no sirven de termómetro para medir lo que sucederá en las elecciones generales de 2011, sí han servido para ver en acción al mismo desacreditado Consejo Supremo Electoral y han tenido para el FSLN el valor añadido de profundizar las divisiones en el liberalismo.

Desde antes del decretazo, seguido del proyecto de amnistía y seguido de la mega-campaña sucia del gobierno, los liberales de Montealegre habían hecho con ALN una alianza electoral para las elecciones costeñas. El PLC hizo alianza con otros grupos. Pero en la medida en que se acercaba la hora de las urnas en el Caribe, y el Consejo Supremo Electoral reiteraba su proceder irregular, el PLC comenzó a denunciar “la ruta del fraude”: falta de cédulas entre sus militantes, falta de presencia del PLC en las juntas receptoras de votos, falta de observación nacional…El grupo de Montealegre no lo acompañó en esas denuncias. Y en su permanente disputa de popularidad, tanto Alemán como Montealegre llegaron a la Costa a hacer campaña pero por separado, unidos solamente en la consigna de pedir a los costeños “votar contra Ortega”. Un mensaje descontextualizado porque Daniel Ortega no es candidato a concejal en ninguna circunscripción. Y una señal más de cómo se imponen visiones e intereses nacionales sobre los intereses costeños.

Lo más interesante fue que el FSLN anunció que después de las elecciones del Caribe iniciaría conversaciones para seleccionar negociadamente a los 25 funcionarios. El suculento “menú” de Ortega tiene ya sal y pimienta caribeña para sazonar la permanente rivalidad entre los tres grupos liberales.

EL TERCER ROSTRO

En tan confuso panorama y en vísperas del año electoral, se acerca ya el tiempo en que la población conozca quién enfrentará en las urnas a Ortega en 2011. Lograr la peliaguda unidad de TODA la oposición es la apuesta más fuerte.

El FSLN necesita a Alemán como candidato presidencial y a Montealegre rivalizando por esa candidatura. Alemán reitera que aspira a ser el candidato de la oposición unida y anuncia que ganará esa “misión” en las elecciones primarias del liberalismo unido, programadas para noviembre. Y hasta se reunió el 25 de febrero en Granada con decenas de quienes fueron sus funcionarios entre 1997 y 2002 para comenzar a hacer ya su plan de gobierno y a repartir cargos.

¿Qué pasaría si la fórmula fuera la que se ha rumoreado: Alemán para presidente y Montealegre como vice? ¿Y qué pasaría si la campaña sucia del gobierno, montada en el supuesto de que uno de los dos será candidato, se le convirtiera en boomerang al FSLN y terminaran descartados los dos? Vallas, afiches, rótulos, cuñas y spots de la campaña sucia tienen también propósitos electorales. Bajo los rostros de Alemán y Montealegre todos rematan: “Nicaragüense: ¿votarías por ellos esta vez?”

Un “tercer rostro” no “amnistiable”, que cautivara a la población y convocara a toda la oposición, apoyado con una eficaz campaña, colocaría en alto riesgo la reelección de Ortega, que se ve sólida por el aparato estatal que la respalda, pero que es frágil por el descontento creciente que provocan, tanto la difícil situación económica del país -detalladamente descrita en las páginas siguientes-, como los mecanismos de control social que impone el gobierno.

La maquinaria propagandística de Ortega para deslegitimar a los dos “malos conocidos” podría promover, de rebote, el surgimiento de un “bueno por conocer”. El hecho es que el caos, los caos, han puesto en movimiento a los empresarios que financiarían la campaña opositora y a figuras influyentes, nacionales e internacionales, para apoyar un “tercer rostro”.

EN EL EPICENTRO

Mientras los parlamentarios pro-amnistía quedaban en un ridículo difícil de ocultar, fueron apareciendo las listas de los candidatos a ocupar los altos cargos en disputa.

Los tres grupos liberales presentaron sus listas, no coincidentes. La sociedad civil presentó su lista. El gobierno presentó su lista. En la primera semana de marzo habían empezado las audiencias en la Asamblea para examinar a todos los candidatos, formalidad legal que tendrá poco que ver con la negociación real.

En el epicentro de atención -porque serán ellos los máximos responsables de organizar las elecciones de 2011- están siete nombres: los cinco magistrados del Consejo Supremo Electoral y sus dos suplentes, que deben ser sustituidos o reelectos antes de junio.

Existe una creciente ola de opinión pública, nacional e internacional, que reclama un cambio profundo en el CSE por la responsabilidad del Consejo en el fraude electoral que favoreció al FSLN. El compromiso más firme de Metrocentro 2 es no reelegir a ninguno de los actuales magistrados. El único compromiso en que parece haber unidad y unanimidad es ése. Es el único que mantiene unidos realmente a Alemán y a Montealegre en sus escarceos con el FSLN. Es el único que cacarea Alemán: ninguno de los magistrados actuales tendrá los votos del PLC.

En este contexto sonó a bofetada o risotada la lista de candidatos que el Presidente Ortega presentó a la Asamblea Nacional: mantiene prácticamente a todos los magistrados electorales actuales y a los dos que quita los sustituye por dos ex-militares. Y mantiene a la cabeza de la lista al actual presidente del CSE, Roberto Rivas, uno de los personajes más cuestionados y desprestigiados de la historia política nacional, siendo tantos los que pudieran competir por esa presea.

“LA ESTRATEGIA DEL CAOS”

La lista de Ortega puede ser señal de que el Presidente busca provocar un caos. Otro, pues. Ortega no sólo propone a Rivas y a los mismos magistrados del CSE. Para el resto de cargos propone a los mismos que han servido a sus intereses desde hace años. ¿Terquedad, arrogancia, ceguera?

Ortega lo hace porque tiene delante una oposición dando bandazos, incapaz de someter estos nombramientos a un debate parlamentario serio y de presentar un proyecto que atraiga a la población descontenta. Pero tiene delante también a una opinión nacional e internacional enfocada ya en las elecciones de 2011 y exigiendo para entonces, y sin ningún bandazo, nuevos árbitros, nuevas reglas del juego y una transparencia total garantizada por observadores nacionales e internacionales.

Ante estas dos realidades, contradictorias, y según el constitucionalista Gabriel Álvarez, insistir en Rivas y en los demás puede explicarse porque esconde la estrategia del caos: generar una situación de desorden tal que obligue a suspender las elecciones, desemboque en una Constituyente y le permita a Ortega prorrogar su mandato sin someterse al riesgo de un proceso electoral previsiblemente conflictivo.

EL “GATO” DE 1990

En 1990 la situación de Nicaragua era un mega-caos económico, agravado por una guerra a la que no se le veía fin. Dirimir en las urnas aquel conflicto contribuyó a encontrar salidas. De eso hace ahora 20 años.

No es aventurado pensar que si el FSLN hubiera imaginado o sospechado que iba a perder aquellas elecciones, hubiera organizado cualquier irregularidad para ganarlas. “El plan era matar al gato en la puerta”, recuerda el ex-alcalde de Managua, uno de los responsables de la campaña electoral del FSLN aquel año. Pero el gato entró por la puerta abierta. El entonces idóneo y honesto Presidente del CSE, Mariano Fiallos, actuó legalmente y así detuvo cualquier tentación de violentar la voluntad popular.

La derrota electoral de 1990 desconcertó a Daniel Ortega y al FSLN, al igual que la victoria agarró desprevenidos a los de la UNO. Ambas sorpresas explican mucho de lo que sucedió a continuación. Veinte años después Ortega no se dejará sorprender.

EL PODER ELECTORAL
EN EL VÓRTICE DEL CAOS

Veinte años después los votos podrían abrir salidas al caos actual. El primer paso imprescindible es transformar el Consejo Supremo Electoral, hoy controlado por el FSLN. Pero no basta con sustituir a Roberto Rivas. Ortega podría darse el lujo de hacer la mueca de quitar a Rivas y a alguno más porque dispone de un arsenal de potenciales magistrados tanto o más obsecuentes a sus intereses. Tampoco sería solución que el control del CSE volviera a ser compartido entre Alemán y Ortega. O entre Alemán, Ortega y Montealegre.

El cambio tendría que ser total, lo que constituye una auténtica utopía. En una reciente entrevista con “Confidencial”, Dionisio Palacios, ex-director de cedulación en el CSE, afirmaba: “Hay que depurar todo el CSE, desde arriba hasta abajo. Ahí, hasta el que limpia el piso tiene una función política y si a ése su partido le ordena que sustraiga documentos, lo hace y nadie dice nada. Todo el que trabaja ahí se mueve en función política. Lo técnico ahí no importa. Funciona el interés del partido que lo puso”. Un desgobierno, un caos.

Pase lo que pase, el FSLN ya está en campaña. Además de las gigantografías con el rostro de Daniel Ortega que pueblan desde hace más de tres años el país, ya aparecieron las camisetas con el logo “Daniel 2011”. Y ya se están extendiendo a “adversarios” o “no simpatizantes” algunos beneficios de programas sociales que hasta ahora los excluían: en algunas comunidades, barrios y municipios hay láminas de zinc, cerdas preñadas y becas para otros que no son “los nuestros”.

NI GOLPES NI FRAUDES

Renace la creencia, se nutre la esperanza o se magnifica el deseo de confiar a fuerzas externas la solución a este caos o a los que se deriven de las elecciones. Mientras cada vez más “líderes” opositores ponen en manos de Dios el preocupante presente y el incierto futuro con el manoseado e irresponsable “Dios salve a Nicaragua”, muchos son los que confían en la presión internacional para modificar el rumbo que lleva el adelantado proceso electoral o revertir el fraude si llega a producirse.

El caso de Honduras emite señales. El golpe de Estado en Honduras ocurrió unos seis meses después del fraude electoral municipal en Nicaragua. Ambos acontecimientos, tanto por los hechos en sí mismos, como por su puesta en escena, retrotrajeron a América Latina, y más específicamente a Centroamérica, a épocas pasadas, que creíamos superadas, a los años de falta de democracia y de total irrespeto a la institucionalidad y a los derechos civiles y políticos.

Mientras el fraude en Nicaragua sólo causó repudio internacional, con consecuencias económicas, en los países europeos que cooperan con Nicaragua y en el entonces saliente gobierno de Bush, el rechazo internacional a lo ocurrido en Honduras fue universal y sostenido durante meses. Instituciones, mandatarios y organizaciones sociales de todas partes del mundo condenaron el golpe, lo calificaron así, sin ambages, y exigieron el regreso al orden constitucional, mientras al interior de Honduras sucedía algo inédito: una resistencia popular masiva se mantuvo durante meses en las calles.

SEÑALES DESDE HONDURAS

Con América Latina al frente, el mundo cerró filas contra el golpe y contra su figura más visible: Roberto Micheletti... aunque los liberales nicaragüenses rompieron esas filas y lo visitaron, lo apoyaron y hasta lo condecoraron e invitaron a Nicaragua para hacer campaña contra Ortega.

Con esta cercana y vergonzosa excepción, fue notoria la unanimidad en la condena al golpe. Pero al final la OEA resultó ineficaz, las presiones no presionaron lo suficiente y las elecciones de noviembre pasaron página a favor de los golpistas. Porque la correlación de fuerzas interna, la realidad en Honduras, que favorecía a los golpistas, pudo más que todas las presiones internacionales y que la decidida resistencia de parte del pueblo hondureño.

Paradójicamente, lo sucedido en Honduras con el golpe y tras el golpe -hechos que Ortega justa y activamente condenó- abona hoy a su proyecto de perpetuarse en el poder al costo que sea. Le permite imaginar, confiar, saber, que aun con los mismos magistrados en el Poder Electoral, aun sin reformas a la Ley Electoral y aun sin permitir observación nacional en los comicios de 2011 no pasará nada. O pasará muy poco: habrá apremio internacional antes de las elecciones y habrá rechazo internacional si Ortega tiene que recurrir a un fraude para ganar. Pero nada más.

Si la correlación de fuerzas interna, que hoy favorece tan claramente a Ortega, no cambia, si la oposición no se transforma, si la población permanece resignada a dirigentes del talante de Alemán y Ortega, el proyecto reeleccionista quedará blindado contra cualquier presión internacional, incluso si un fraude en 2011 provoca un caos mayor al actual.

SEÑALES DESDE GINEBRA

El gobierno de Daniel Ortega llegará a la prueba electoral de 2011 con una imagen internacional en proceso de deterioro. Se demostró este febrero, al acudir Nicaragua a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Con el lenguaje diplomático propio de estas citas quedó en evidencia ante el mundo el déficit de derechos humanos civiles y políticos que padece hoy Nicaragua.

Aunque el gobierno pretende contraponer los derechos sociales y económicos que “restituye” con los derechos civiles y políticos que cercena, colocando a unos sobre los otros, hablando de unos y callando sobre otros, en la cita quedó claro que los derechos humanos son indivisibles y que el poder nunca debe poner a sus ciudadanos a elegir entre derechos. Debe garantizarlos todos.

Entre las preocupaciones manifestadas en la reunión, se destacaron las numerosas denuncias recibidas sobre actos de violencia contra defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de la sociedad civil y de los partidos de oposición. Varios gobiernos instaron al gobierno de Nicaragua a garantizar el derecho a la libre expresión, a la opinión, a la manifestación, a la asociación y al acceso a la información pública.

Pero si el sistema interamericano de la OEA se mostró incapaz de detener el golpe de Estado en Honduras, el sistema internacional de Naciones Unidas tampoco tiene mecanismos de coerción para obligar al Estado de Nicaragua a cumplir los compromisos internacionales que ha firmado y mucho menos a respetar la Constitución para que así empiece a cambiar la situación nacional, crecientemente caotizada por las consecuencias del nefasto pacto de Alemán con Ortega de hace diez años.

EL CAOS
POR TRANSFORMAR

El pacto fue un proyecto que el FSLN y el PLC decidieron para el largo plazo: bipartidismo forever, repartición del Estado a partes iguales. Pero ya desde muy pronto empezó a demostrar sus dañinas consecuencias. Para el país en primer lugar. También para el PLC, socio cada vez más minoritario a la hora de sacar ventajas de ese acuerdo. También para el FSLN, que aún como socio mayoritario, profundiza su harakiri ético -como lo llamó Xabier Gorostiaga- y reduce a harapos su legitimidad.

Sólo admitiendo lo nefasto de aquel acuerdo, rectificando, reconociendo, y empezando a dar pasos en otra dirección, se podría salir del caos actual. La unidad de todos los partidos y de todas las representaciones sociales podría presionar al FSLN para que se seleccionaran nuevas autoridades que iniciaran un cambio.

Sería sólo un primer paso. Después, ¿cuántos más tendríamos que dar? Pero tendremos que darlos nosotros. No habrá milagros: nadie bajará de arriba, nadie vendrá de fuera a salvarnos del caos, de los caos. A quienes toca descifrar el sentido del caos sistemático que han logrado organizar los que desgobiernan el país hasta construir un orden equitativo, justo y digno, es a nosotros. A nosotras.

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