Universidad Centroamericana - UCA

Número 330 | Septiembre 2009

Centroamérica

¿No tienen derechos humanos los migrantes deportados?

Tres puntos de observación nos sirvieron para comprobar cómo se violan los derechos humanos de los migrantes en el proceso de captura, tránsito y deportación. Hablamos en San Carlos con nicaragüenses deportados de Costa Rica. Hablamos con nicaragüenses que son devueltos a Nicaragua desde México por la frontera del Guasaule. Su drama es el de miles de otros centroamericanos. Y hablamos también con migrantes asiáticos, africanos y latinoamericanos detenidos como “ilegales” en Managua. Nos toca escucharlos.

José Luis Rocha

Todos los viernes llega a la frontera hondureña-nicaragüense del Guasaule un cargamento de migrantes “asegurados” y “devueltos” -como se complace en etiquetarlos la migración mexicana-, procedentes del centro de retención de Tapachula. Llegan remitidos desde las delegaciones regionales de Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, San Luis Potosí, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, por citar, en orden descendente, sólo las más “productivas”. Esas ocho delegaciones generaron entre 12 mil 789 y 1 mil 480 detenidos en 2008. No es casual que el orden descendente en volumen de capturados en esas delegaciones corresponda a su distribución geográfica de sur a norte: México es un enorme filtro vertical, un gigantesco embudo que va frenando el avance de los migrantes, diezmando su volumen, seleccionando a los más resistentes y perseverantes, a quienes más tienen recursos.

Pero es un embudo que sólo consigue aumentar la presión sin disminuir significativamente el flujo. En 2008 las 32 delegaciones migratorias diseminadas por el largo y ancho territorio mexicano repatriaron a 55 mil 561 migrantes centroamericanos. Si asumimos que la población centroamericana en Estados Unidos pasó de 1 millón a 2 millones entre 1990 y 2000, tenemos un crecimiento de unos 100 mil centroamericanos por año: cerca del doble de la producción de “asegurados” y “devueltos” de la migración mexicana. El flujo no menguó tanto como se propuso el filtro. Pero la presión aumentó: el costo del coyotaje se disparó, los mutilados por “el tren de la muerte” -que atraviesa México de punta a punta- se cuentan por centenares, el desierto de Sonora-Arizona cobra 500 muertes anuales y en 2002 aparecieron Los Zetas, siniestro colectivo dedicado al sicariato, el narcotráfico y el no menos lucrativo negocio de secuestrar y extorsionar migrantes.

SUS ODISEAS, SUS PENURIAS, SU TENACIDAD

Entre los deportados de 2008 había 978 nicaragüenses. De enero a junio de 2009 se sumaron 699 más. Todas y todos tienen historias urdidas por su afán frustrado de alcanzar el “sueño americano”. También las tienen los deportados desde el sur, los que son enviados desde Costa Rica. Y también las tiene otro grupo más variopinto: el de los migrantes asiáticos, africanos, de varios países latinoamericanos, que pasan por Nicaragua buscando entrar a Estados Unidos y terminan detenidos.

Hemos escuchado a muchos de estos hombres y mujeres, que cometen el pecado de querer vivir donde no nacieron y son forzados a retornar al sitio del que acaso huyen porque su vida, su pan, su hambre de saber y sus sueños están en juego. Nos han comunicado sus odiseas. Y ahora contamos lo que ellos y ellas han visto y oído. Difundir sus penurias y su tenacidad para salir adelante es nuestro propósito. Las cifras ayudan y son parte importante de este análisis. Pero son las palabras de los migrantes, de las migrantes, las que tienen mayor fuerza para mostrarnos lo que constituyen el tuétano de nuestro interés: las violaciones a sus derechos durante los procesos de tránsito y deportación.

Este texto tendría que haber sido un referente de comparación con un informe que debía rendir el Estado de Nicaragua. La ratificación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, mejor conocida como la Convención del 90 porque la Asamblea General de la ONU la adoptó en diciembre de 1990, fue aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua el 22 de junio de 2005. El artículo 87 de la Convención establece que entrará en vigor el primer día del mes siguiente a un plazo de tres meses contado a partir de la fecha en que ese Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. Dado que el Estado de Nicaragua depositó su ratificación el 26 de octubre de 2005, la Convención entró en vigencia el 1 de febrero de 2006.

El artículo 73 de la Convención establece que los Estados partes presentarán al Secretario General de las Naciones Unidas, para su examen por el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole que hayan adoptado para dar efecto a las disposiciones de la presente Convención: a) en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado Parte de que se trate.

Han transcurrido dos años y sietes meses sin que el Estado de Nicaragua presente su informe ante el Comité de expertos creado por la Convención del 90. Por eso, este texto no será un referente comparativo, sino la exposición de un monitoreo de los derechos humanos de los migrantes deportados por Nicaragua o por otros países hacia Nicaragua. El común denominador de los migrantes a quienes escuchamos fue la etiqueta que les han puesto: son deportados o deportables.

PRIMER PUNTO DE OBSERVACIÓN:
EL ALBERGUE DE SAN CARLOS

La Pastoral de Movilidad Humana presta un servicio de albergue a los migrantes que transitan por la ciudad de San Carlos, Río San Juan, desde que en el año 2000 abrió el Centro de Atención al Migrante. Entre octubre de 2008 y agosto de 2009 pasaron por el albergue 470 migrantes: 78% varones y 22% mujeres. El 6.3% eran niños y niñas menores de 13 años, 9.2% adolescentes de 13-17 años, 32% jóvenes de 18-24 años, 17.6% de 25-29 años, 26.6% de 30-45 años, 7.6% de 46-65 años y solamente el 0.7% eran mayores de 65 años. Más del 15% eran legalmente menores de edad. Cerca del 60% eran adolescentes o jóvenes entre 13- 29 años, la edad más solicitada como fuerza laboral en las cosechas agrícolas, la construcción y el trabajo doméstico.

Según la Mecovi, las mujeres son el 50.85% del total de nicaragüenses que han migrado a Costa Rica. A juzgar por el desbalance de género en este grupo, la de San Carlos no es la ruta de las mujeres. ¿Qué refleja entonces el 22% de mujeres en el albergue? La población deportada por San Carlos y hospedada allí es fundamentalmente una población de migrantes temporales. Lo manifestaron en las entrevistas. Y lo refleja nuestra base de datos: el 7.3% fue deportado el mismo día de su ingreso a Costa Rica. El 4.5% tenía un día de haber ingresado, el 42% tenía un mes o menos y el 50% tenía menos de dos meses. Sólo el 22% tenía más de un año. La migración temporal es predominantemente masculina. De los que van a Costa Rica alrededor del 72% son hombres y casi el 60% son menores de 29 años, cifras muy cercanas a la composición de los huéspedes del albergue.

“EN COSTA RICA TODO MUNDO VIVE ENCERRADO”

Es presumible que las mujeres son menos afectadas por las deportaciones. ¿Tienden más a viajar con documentos? No tenemos evidencia para asegurarlo. Pero sabemos que no son menos repatriadas porque sus ocupaciones laborales las expongan menos a las capturas, pues en el caso de la migración temporal no hay sustanciales diferencias por género. Pero sí porque son más prudentes y porque les afecta más el cautiverio con el que hay que vivir por la carencia de documentos.

Diana Obando, rivense de 14 años representa una opinión frecuente: “Es mejor estar aquí en Nicaragua, porque en Costa Rica sólo encerrado se mantiene uno”. Raquel Castillo es del mismo parecer: “Allá no se puede salir casi. Sólo con las puertas cerradas tiene que estar uno. Se siente como atada una al estar allá en Costa Rica”. Jessica Vado asegura que en Costa Rica “todo mundo vive encerrado”. Está documentado en Costa Rica que las jóvenes nicaragüenses muy pocas veces frecuentan espacios donde es característica la presencia de población adolescente: bailes, conciertos y centros comerciales.

Los hombres suelen desplazarse más y exponerse a ser capturados. Gran parte lo fueron cuando ya estaban estabilizados en sus lugares de destino, mientras hacían vida social, predominantemente en parques (27%), calles (20%), paradas de bus (9%) y buses (8.5%). Los migrantes son detenidos mientras se divierten, hazaña más frecuentemente emprendida por los varones, proclives por la cultura machista a retar a la suerte y tentar a los hados. Apenas el 1.7% fue detenido en su domicilio y el 1.1% en el centro laboral. Algunos fueron detectados por participar en peleas.

Henry Hernández de Waswalí, Matagalpa, repatriado de 27 años, recuerda: “Los ticos dicen que los nicas son buenas personas pero que nos friega el guaro. Yo calculo que un 50% sale de Costa Rica por problemas de alcohol, drogas y pleitos. Hay muchos que van a trabajar y otros sólo a beber, y cuando ya están bolos, como tienen mal guaro, buscan pleito entre ellos mismos. A la mujer la apoya más la ley. Las mujeres nicas no tienen vicios y las apoyan. Se ven muchas mujeres trabajando en fincas lecheras, pero la mayoría anda con su marido. Las mujeres trabajan más de domésticas, en las casas y se dedican a trabajar y por eso las deportan menos. Allá dicen que la mujer nicaragüense es trabajadora”.

DIVERSIFICADOS, ESPECIALIZADOS,
CONVERTIDOS EN “HACELOTODO”

Los huéspedes del albergue entre 25-45 años llevan ya varios viajes en su haber. El 5% tenía al menos una deportación en su currículum, el 65.4% un rechazo y el 16% entre dos y diez rechazos. La reincidencia es un rasgo común a estos rangos. Migrantes de El Rama y Nueva Guinea tienen cerca de dos décadas de estar utilizando esta ruta para trabajar en las cosechas. A menudo tienen familiares a quienes visitan y que les facilitan su inserción. Sus tíos, primas, abuelos y madrinas viajaron durante la guerra de los años 80 y terminaron quedándose en Costa Rica, que les dio asilo político. Es más frecuente que los mayores viajen indocumentados, exponiéndose más a ser deportados. Quizás el rango de 18-24 años tenga un mayor peso en la migración temporal de lo que refleja la base de datos del albergue, pero su peso aparece disminuido o porque son más amigos de viajar con sus documentos o porque son más ágiles para eludir a sus captores.

50% eran agricultores, 10.5% amas de casa, 7.6% obreros, 6% estudiantes y 4.5% trabajaban en la construcción cuando estaban en Nicaragua. Procedían principalmente de áreas rurales. Una vez en Costa Rica se desruralizan ligeramente: 45.3% trabajan en la agricultura. Los que trabajan en construcción suben a 4.7% y una gran cantidad se diversifican en trabajos de meseros, cocineras, ebanistas, electricistas, guardias de seguridad, instructores de gimnasia, maquinistas, mecánicos y jardineros. Se convierten también, como los salvadoreños en el Poema de amor de Roque Dalton, en los eternos indocumentados, los hacelotodo, los vendelotodo, los comelotodo… Se les abren oportunidades que no tenían o miraban como utópicas en Nicaragua. Concho Balladares, de la comarca Las Azucenas en San Carlos, recuerda: “Había patrones que me trataban excelente y gracias a muchos de ellos salí adelante y aprendí el brete de ebanistería”.

Diversificaron sus ocupaciones y también se especializaron. Ya no dicen simplemente que realizaron trabajos agrícolas, sino que arrancaban yuca o quequisque, chapeaban, cortaban naranja o piña, cultivaban ñame, empacaban bananos y sembraban hortalizas o teca. El 50% ganaba más de 250 dólares, notable mejora con respecto a su situación en Nicaragua, donde el 54.5% no devengaba salario alguno. Del restante 45.5% que sí tenía empleo remunerado en Nicaragua, el 92% ganaba menos de 200 dólares mensuales, el 89% menos de 150 y el 25% menos de 50.

La migración elevó su estatus económico y social. La deportación lo desploma. Así nos lo hace ver Elvis Antonio Díaz, joven de 20 años originario de Santo Tomás Chontales: “Definitivamente nos tratan como que si nosotros fuéramos unos narcotraficantes. Los policías nos revisaron como quince veces más o menos los bolsos, las ropas. Yo me sentí sinceramente mal porque a los que deben registrar, a los narcotraficantes, no les hacen nada, y a los nicaragüenses que andamos buscando cómo ganarnos la vida, nos maltratan de lo más pésimo que pueda haber”.

“NOS DIJERON QUE PARECÍAMOS GANADO”

La policía costarricense realizó el 57% de las detenciones. Una vez detenidos, el 28% fue recluido en una celda policial, el 26% fue objeto de rechazo inmediato, el 15% fue remitido a migración y el 10% esperó su rechazo en un centro de retención. Las repatriaciones suelen ser más bien expeditas. El 51% fue retornado el mismo día de su aprensión, el 41% estuvo detenido un día, el 6.3% estuvo recluido dos días y solamente el 2% fue detenido por tres-siete días.

El 48% considera que fue testigo o víctima de una violación de sus derechos y el 32.3% dijo haber padecido personalmente un atropello a sus derechos. La policía (60%) y las autoridades migratorias (38%) son señaladas como principales responsables de las violaciones a sus derechos. Los coyotes no son mencionados y a los empleadores apenas les atribuyen el 1% de las violaciones. La mayor parte de las denuncias sobre violación de derechos (77%) se refiere a fallas en el debido proceso. Apenas el 3% denunció maltrato físico o verbal. Ésta es la percepción de este grupo de repatriados. Profundizando en algunas historias, encontramos numerosas violaciones a los derechos laborales, un área que la mayoría de los migrantes pisa como terra incognita porque ignoran que, aunque indocumentados, no pierden todos sus derechos y pueden acudir al Ministerio del Trabajo.

¿En qué consisten las violaciones más percibidas? Muchos son derechos violados en la calle al momento de la detención o en los centros de detención: maltrato físico y ofensas verbales. Elvis Antonio Díaz, detenido en Pital, en el cantón San Carlos, compartió su dura experiencia: “Yo salí ese día a las seis de la tarde del trabajo. Iba para mi casa tranquilamente, con mi bolsito, caminando, cuando con ellos me topé y me pidieron mis documentos. Ya en la patrulla llevaban a varios y me dijeron que me montara. Yo me monté tranquilamente, pero los otros compañeros se sentían mal y sinceramente se pusieron a estar hablando ahí. Nos dijeron que nos calláramos, que parecíamos una manada de animales. Un policía nos dijo que nosotros parecíamos ganado, que lo único que los faltaba era que nos marcaran con señas. Después de eso nos llevaron a la celda, íbamos ocho. Un compañero se puso a hablar mucho porque se le había perdido la chancleta y lo callaron”.

“Lo siguieron callando y callando. Y como él no se callaba, llegó un policía y por las rejas le echó ese líquido que le echan en los ojos. Sólo por hablar. Y después lo sacaron para afuera y lo agarraron del cuello y lo estaban ahorcando. ¿Qué me dice de eso? Nos comenzaron a registrar los bolsos y a mí me preguntaron ¿Qué es lo que andás en el bolso? Ideay -le digo- lo único que ando es la almuercera, el vasito del fresco, la cuchara y una camiseta que me cambié para irme para mi casa. Amanecimos y el compañero no podía abrir los ojos ni en la mañana. Nosotros le pedíamos agua y nos decían que gas es lo que nos iban a dar en vez de agua. Y a otro compañero le pusieron esposas y le hicieron algo así como una llave y le rasparon todo el brazo. ¿Qué le parece?”

Aunque Costa Rica no es signataria de la Convención del 90 -condición que comparte con el resto de países que son primordialmente receptores de migrantes- su Defensoría de los Habitantes reclama que lo establecido por la Convención del 90 tiene un carácter legalmente vinculante porque emana de Naciones Unidas, organismo dotado de poder para emitir mandatos de esa naturaleza. Otras instituciones parecen hacer caso omiso de ese carácter vinculante. La fuerza vinculante proviene del pacto colectivo que implica la pertenencia a la Organización de Naciones Unidas.

De acuerdo al testimonio de Elvis y de muchos otros migrantes repatriados, la policía costarricense viola consuetudinariamente el artículo 10 de la Convención: Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. También violan el inciso 2 del artículo 16: Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derechos a la protección efectiva del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones. Y también menoscaban el artículo 17: Todo trabajador migratorio o familiar suyo privado de libertad será tratado humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y a su identidad cultural.

“NO ME ACEPTARON TRAER YO MIS COSAS”

Únicamente al 15.7% de los repatriados se le permitió el traslado de sus pertenencias y sólo el 9% pudo resolver el pago de su salario antes de ser repatriados. Considerando que el 22% tenía al menos un año de residir en Costa Rica, el 10% más de dos años y el 3% más de cinco años, el grupo de repatriados incluía a varias personas necesitadas de trasladar pertenencias y resolver salarios no cancelados.

Ése fue el caso de Carlos Rostrán Barberena, que trabajó años desyerbando o sembrando yuca, cortando naranjas o café, hasta que a sus 67 años fue repatriado: “Anteayer me agarraron a mí. Me agarraron y bam, bam, bam… ¡vas de viaje! Le supliqué que se metieran a la finca donde estaba yo trabajando, donde mi patrón, para traer yo todas mis cosas… y no me aceptaron”.

A don Carlos y a más del 60% de los repatriados, con más de una semana de residir en Costa Rica, les fue violado el artículo 15: Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado arbitrariamente de sus bienes. Y el inciso 6 del artículo 22: En caso de expulsión, el interesado tendrá oportunidad razonable, antes o después de la partida, para arreglar lo concerniente al pago de los salarios y otras prestaciones que se le adeuden y al cumplimiento de sus obligaciones pendientes. Dado que la expulsión del Estado de empleo no menoscabará por sí sola ninguno de los derechos que haya adquirido de conformidad con la legislación de ese Estado un trabajador migratorio o un familiar suyo, incluido el derecho a recibir los salarios y otras prestaciones que se le adeuden. (inciso 9, artículo 22).

El 77% de las denuncias sobre violación de derechos se refiere a fallas en el debido proceso. Por ejemplo, la mayoría de los casos son tratados de forma colectiva, cuando la Convención en su artículo 22 deja sentado que los trabajadores migratorios y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y decidido individualmente. La mayoría sólo fue capturado y no recibió explicación alguna sobre el proceso al que iba a ser sometido o sometida, en abierta violación al artículo 16 de la Convención: Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean detenidos serán informados en el momento de la detención, de ser posible en un idioma que comprendan, de los motivos de esta detención, y se les notificarán prontamente, en un idioma que comprendan, las acusaciones que se les hayan formulado.

La Convención también establece, en su artículo 23, que los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recurrir a la protección y la asistencia de las autoridades consulares o diplomáticas de sus Estados de origen… en todos los casos en que queden menoscabados los derechos reconocidos en la presente Convención. En particular, en caso de expulsión, se informará sin demora de ese derecho a la persona interesada, y las autoridades del Estado que haya dispuesto la expulsión facilitarán el ejercicio de ese derecho. Pero solamente el 0.2% de los repatriados tuvo acceso a comunicación con el consulado nicaragüense. Algunos fueron privados de la oportunidad de hacerlo. La mayoría se abstuvo porque pensó que “no tiene caso”, que podían resolver el problema por sí mismos o que en algún momento iban a regresar a Costa Rica y era mejor no agitar las cosas.

EN LA RAÍZ: LA DOCUMENTACIÓN

¿Dónde está la raíz de todos estos problemas? En la documentación. El 55% de repatriados viajaba sin documento alguno de identidad. El 45% que sí lo portaba se divide: gran mayoría con cédula de identidad (35%), 7% con partida de nacimiento y apenas un 1.5% con pasaporte. El resto con fotocopias, solicitudes y colillas de reposición de documentos. La mayoría de quienes llevaban pasaporte lo tenían con carácter provisional. Elvis Díaz comparte la precariedad de ese documento: “Saqué un pasaporte provisional que la empresa me admitió. Dijeron que con eso podía trabajar y me iban asegurar, pero que no me servía para migración. Yo saqué el pasaporte provisional porque ése se lo dan en un día a uno… Bueno, en una hora. Y el ordinario son dos meses lo que se tarda. Cuando me detuvieron los de migración, les dije que tenía ese pasaporte. Ésa es una estafa de su propio país, me dijeron. Y es cierto. Cuando anduve sacando el pasaporte provisional me lo advirtieron muy bien: Este pasaporte provisional le sirve sólo para trabajar, para que lo identifiquen a usted”.

En el Estado nicaragüense hay toda una cadena de negligencias, rémoras legales, deficiente cultura administrativa y cautela política, que arranca con la absurda emisión de pasaportes de segunda categoría -los provisionales-, pasa por la dilación para facilitar pasaportes plenos en el extranjero y se extiende a la renuencia del Consejo Supremo Electoral a cedular a los nicaragüenses que están en Costa Rica, presuntamente para evitar la doble cedulación incentivada por fuerzas políticas con intenciones fraudulentas.

“CUANDO ESTABA EN COSTA RICA ERA ALEGRE”

El 9.6% de quienes pasaron por el albergue tenía familiares detenidos en la misma celda. Muchos tíos viajan con sus sobrinos, abuelas con sus nietas, niños y adolescentes con sus progenitores -tres veces más con sus madres que con sus padres-, etc. Por eso eran legalmente menores de edad 15% de quienes en el último año pasaron por el albergue de la Pastoral de Movilidad Humana. Estos niños, niñas y adolescentes fueron detenidos en Costa Rica sin recibir la asistencia de funcionarios responsables de la protección a menores y luego confinados en las mismas celdas que los adultos. No hubo celdas especiales para ellas y ellos, como establece el artículo 17 de la Convención. Entre la multitud de cachivaches inservibles de la entelequia jurídica existe un instrumento de número 351 y de nombre Ley de organización del Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia y la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley creó comisiones, instituye principios, delega funciones y promueve coordinaciones desde el año 2000. Contra lo que hubiera supuesto Platón, su existencia en la caverna de las ideas no tiene nada que ver con el mundo real, el que viven los niños y niñas repatriados.

¿Cómo viven los niños y niñas su rechazo nacionalista? En una serie de talleres les pedimos que lo expresaran de forma gráfica. Dibujaron caminos que unen dos casas situadas en dos extremos: una gris y otra multicolor. A veces hay flores en los caminos. A veces las casas llevan rótulos. Una dice COSTA RICA y la otra NICARAGUA. Una es más grande, está en un plano superior y se encuentra habitada. Otra está vacía. Es una casa abandonada. Los entornos costarricenses son más urbanos: hay panaderías, buses e iglesias. Los entornos nicaragüenses son rurales: hay árboles, pozos, animales silvestres. Los que saben escribir estampan sus recuerdos: “Cuando estaba en Costa Rica era muy alegre. El agua salía helada”. En ningún dibujo aparece una frontera.

CARTAS A ÓSCAR ARIAS
DE NIÑAS NICARAGÜENSES REPATRIADAS

Les pedimos a niños y niñas que narraran su experiencia, que escribieran cartas a los presidentes o diputados, que contaran cómo se sentían. El formato de cartas al Presidente Óscar Arias fue el predilecto. Gloria Rojas, de 12 años, le dirigió estas palabras: “4 de junio de 2009. Reciba mis fraternos saludos, señor Óscar Arias, Presidente del país vecino de Costa Rica. El motivo de esta carta es para hablar acerca de los migrantes que migran a su país. Y quiero que se respeten los derechos de los nicas, no excluyéndolos de ciertos eventos que se realizan allá. Quiero que las personas nicas que lleguen al país vecino tengan su cédula y su residencia para que no se les excluya de ciertos eventos lo más rápido posible, ya que sus hijos, amigos y demás familiares creen que están trabajando. Pero allá, como no son residentes, no pueden conseguir su cédula ni un trabajo digno. Sus hijos sufren mucho extrañándolos. Y quieren que ellos vuelvan más rápido con dinero para no pasar hambre. Atentamente, Gloria Rojas”.

Yahaira Kelly Ortega, de 16 años y de Bluefields, le explicó así a Arias su experiencia el mero día de su repatriación: “7 de febrero del 2009. El motivo por el que yo iba a Costa Rica era a trabajar porque la situación en Nicaragua está muy mal. Por favor, Presidente Óscar Arias, también quería tener la oportunidad de estudiar, y yo voy a trabajar para ayudar a mi mamá porque ella es madre soltera. Tiene tres niños muy pequeños, está muy enferma y, como ella ahorró para mí, ahora yo le voy a ayudar”. La prima de Yahaira también dejó su mensaje, pensando en su retorno: “7 de febrero del 2009. Hola, Óscar Arias. Mi nombre es Sandra Marina Kelly González. Tengo 13 años de edad. Le escribo para decirle lo siguiente: yo quiero que usted me apoye para llegar a Costa Rica porque esa ciudad es muy bonita. Me gustaría ir, pero no puedo por problemas. Me gusta Costa Rica porque es linda, la gente es muy amable, le ayuda a la gente. Yo te escribo desde San Carlos de Nicaragua. Apóyeme, por favor. Hace poco viajamos a Costa Rica, pero nos estafaron los que nos llevaron. Costa Rica tiene muy buenos empleos. Disculpe la mala letra. El año pasado estuve en segundo grado. Este año no pude estudiar por el viaje. Éstas son mis palabras. Gracias. Atentamente, Sandra Marina Kelly”.

Otra niña, de 14 años, escribió: “7 de febrero de 2009. Me llamo Yartiza Yamalin Ortega. Le deseo lo mejor a Óscar Arias. Yo quisiera que todos los inmigrantes tuvieran derecho a conocer otros países. Como yo soy una de ellos, yo quisiera vivir en su nación. Cuando venía de camino, le pedía a mi Dios que todos los niños y niñas tuviéramos derechos humanos. También derecho a estudiar y a vivir. Me dolía dejar a mi mamá y a mis hermanos. Les deseo lo mejor a los inmigrantes”.

Con un ligero tono de confianza, estas niñas abordaron los temas más sensibles de los migrantes en tránsito y repatriados: la exclusión, las motivaciones económicas de la migración, el dolor de la separación de la familia, las oportunidades en Costa Rica rayanas en la idealización, el derecho a migrar y la importancia de los documentos. Su síntesis de la Convención del 90 no requiere ni glosa ni epílogo.

COSECHADORES UN DÍA
Y REPATRIADOS AL DÍA SIGUIENTE

Costa Rica ha sido un país receptor y rechazador de migran¬tes nicaragüenses desde muchos años atrás. Entre 2000-2006, el Estado costarricense otorgó la residencia a 72 mil 255 y repatrió a 336 mil nicaragüenses. Solamente el 4% de todas las repatriaciones tuvo el carácter de deportaciones. El restante 96% fueron rechazos, una medida más expedita, pero menos lesiva para los migrantes y con menos implicaciones y secuelas legales. Pero este atenuante no es lenitivo de una dura realidad: Costa Rica produce 4.7 nicaragüenses repatriados por cada uno al que le concede residencia, con lo que se coloca en las antípodas de Estados Unidos, donde los nicaragüenses obtienen 4 residentes por cada deportado.

Paralelas corren dos cosechas. En Costa Rica, la cosecha de productos agrícolas. En Nicaragua, la cosecha de repatriados. Si analizamos los períodos pico en la demanda de mano de obra de los distintos rubros agrícolas -que en conjunto va de diciembre hasta abril-, veremos que coincide con los picos de las repatriaciones, según las estadísticas de 2008 de la delegación de San Carlos de la Dirección General de Migración y Extranjería. En realidad, los meses de mayo a octubre son sobre-afectados. El flujo de migrantes temporales de esos meses es relativamente más castigado con las repatriaciones.

Son mano de obra superflua. Desperdicios humanos, diría el sociólogo polaco Zygmunt Bauman. Un derecho fundamental no enunciado en la Convención del 90 es el derecho a no ser declarado “desperdicio humano” cuando el sistema económico de un país decide que no son reciclables y el aparato jurídico y coercitivo entran en acción. El derecho a residir en un país no puede depender de la instrumentalización económica de las personas.

SEGUNDO PUNTO DE OBSERVACIÓN:
FRONTERA DEL GUASAULE

Desde que los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua suscribieron el Memorandum del 5 de mayo de 2006 para la repatriación digna, ordenada, ágil y segura desde México hacia Centroamérica, las deportaciones se han agilizado pero no dignificado. Nicaragua recibió al primer grupo de repatriados en el marco de este convenio el 5 de marzo de 2008. Y desde entonces, todos los viernes llega un grupo de unos 30 deportados por la frontera hondureña-nicaragüense del Guasaule, flujo interrumpido y luego continuado por vía aérea ante el pánico a la gripe AH1N1.

Durante un año, el Servicio Jesuita para Migrantes acompañó a unas 400 personas deportadas por el Guasaule. Con la información acopiada, podemos esbozar una caracterización. El 82% eran deportados y el 18% deportadas. 1.5% eran menores de 13 años, 2.3% menores de 18, 31% de 18-24 años, 22% de 25-29 años, 40% de 30-45 años y 5% de 46-64 años. La mayor parte (27.4%) procedía de Managua, segui¬da de Chinandega (25%), Estelí (12%), León (9%), Matagalpa (8.5%) y Nueva Segovia (6%). Entre las localidades de donde partieron destacan las ciudades y cabeceras municipales de esos departamentos. La mayoría -si no todos- se dirigía a Estados Unidos, país con la composición migratoria de origen más urbano: 92%, según la Mecovi 2005.

Los resquicios de buena voluntad que puedan animar el Memorandum de 2006 quedan anulados por los vicios, deficiencias, negligencias, cuellos de botella y abusos de autoridad que tiñen su aplicación: la lista de los enviados desde México no coincide ni siquiera con el número de quienes llegan a los países centroamericanos, no existe una atención personalizada, a quienes carecen de documentos no se les provee de uno para el proceso de deportación, muchos deportados vienen desde Estados Unidos -y no desde México-, no existe un límite para la cantidad de días que pueden estar detenidos y no existe un monitoreo eficiente de los derechos humanos durante su captura y retención en México.

La deficiente composición del grupo de migrantes y su no coincidencia con la lista tuvo su punto rayano en el colmo cuando en el grupo de deportados del 16 de junio de 2009 los oficiales de Tapachula incluyeron a un mexicano. Uno de los repatriados, al entrar al bus que transportaría al grupo del Guasaule a Managua, lo acusó de ser “uno de los que denuncia a los migrantes latinoamericanos en México con los Zetas. Tiene conexión con esos grupos de secuestradores”. El presunto agente de los Zetas fue bajado de inmediato, mientras profería amenazas de muerte contra quien lo denunció.

Entre el año 2001 y junio de 2009, México nos ha “devuelto” a 1 millón 248 mil 445 centroamericanos. Entre ellos venían 19 mil 155 nicaragüenses: un promedio de 6 diarios y 43 semanales. A la luz de las entrevistas, su composición se revela más variada de lo que intuitivamente podríamos suponer. Unos debutaban como migrantes, mientras otros estaban haciendo su segundo, cuarto y hasta séptimo viaje. La mayoría nunca había cruzado el río Bravo. Pero un grupo importante ya había cruzado la frontera e incluso residido en Estados Unidos por varios años. Entre éstos había mujeres y varones que fueron capturados tras dos, cinco y hasta diez años de vivir en Estados Unidos. Cónyuges, hijos e hijas quedaron allá, llorando la separación. Algunos fueron capturados en México, mientras intentaban retornar a su patria adoptiva luego de una corta visita a sus familiares en Nicaragua. Una boda, un funeral, la apertura de un negocio, los trajeron temporalmente. La migración mexicana pretende retornarlos de forma definitiva. Pero invariablemente reemprenden el viaje hasta conseguir su propósito y reunirse con sus familiares o perecer en el intento.

“MEJOR LA MIGRA QUE LOS LADRONES DE ALLÍ”

Los peligros que enfrentan en México pueden ser agrupados en cinco categorías: el impuesto por ser extranjeros indocumentados que cobra cualquier oportunista; los robos, violaciones, estafas, secuestros, extorsiones y asesinatos a manos de bandas del crimen organizado -a menudo apoyadas por funcionarios estatales-, pandilleros y coyotes llamados “polleros” en México-; las extorsiones de parte de funcionarios del Estado mexicano; los abusos, maltrato y malas condiciones durante su captura y confinamiento; y la desidia de la representación diplomática nicaragüense en México.

Comencemos con el impuesto a la condición de indocumentados que cobra cualquier ciudadano, oportunista de turno, moro o cristiano. Según Fernando López, de 26 años, originario de Managua: “Los lugareños son los que se aprovechan de los que llegan de fuera y hacen dinero. Hacen dinero porque hay chantaje. Te cobran caro un bus. Cuesta doce pesos para ellos. Para nosotros cuesta cien, doscientos… Todo es diferente, todo nos cuesta el triple porque no somos de ellos. A veces es mejor encontrarse con la migra que con los ladrones de allí”. Ésa es la experiencia de algunos.

De mayor envergadura -tanto por su extensión como por sus daños directos y secuelas- son las violaciones de los grupos tipificados como delictivos y sus colaboradores en el Estado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México emitió en 2009 un informe especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes indocumentados en México ocurridos de septiembre de 2008 a febrero de 2009, período en el que tuvo conocimiento de 198 casos de secuestro de migrantes (33 al mes) y obtuvo información que indica que el número de migrantes que fueron víctimas de privación de su libertad fue de 9,758 personas, más de 1,600 secuestrados por mes.

La Comisión reveló que a veces las autoridades participan de forma directa en los secuestros: En la inmensa mayoría de los casos las víctimas, 9,194 migrantes, fueron plagiadas por bandas organizadas; 35 por autoridades; y 56 por delincuentes y autoridades. La participación de autoridades mexicanas en el secuestro de al menos 91 migrantes revela que existen lazos de complicidad entre la delincuencia y algunos agentes del Estado. De estos 91 migrantes secuestrados, 59 dijeron que fueron secuestrados por policías, lo que deducen del hecho de que sus captores portaban uniformes o que se transportaban en patrullas. Asimismo, otros 99 de los migrantes secuestrados mencionaron que durante el tiempo que estuvieron cautivos pudieron percatarse de que la policía estaba coludida con los secuestradores, ya que, según dijeron, elementos de diversas corporaciones acudían a las casas de seguridad y que los secuestradores les entregaban dinero o bebidas alcohólicas.

“LOS FAMOSOS ZETAS ME SECUESTRARON”

Varios y varias repatriadas fueron secuestradas por los Zetas. Dedicados a secuestrar y extorsionar migrantes, explotando sus vínculos con los militares -cantera de gran parte de sus reclutas-, los Zetas son el grupo criminal más activo en México. Trafican droga y controlan gran parte de la costa atlántica mexicana. Nacieron cuando en 2002 el líder del cártel del Golfo reclutó a un grupo de desertores de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Desde 2007 forman un cártel independiente. El grupo de sicarios más peligroso y organizado de México: así les llaman en un informe de la inteligencia estadounidense divulgado en enero de 2009 por la Secretaría de Seguridad Mexicana. Cuentan con la protección de policías locales y hasta de empleados del Instituto Nacional de Migración, según diversas fuentes.

Sus ganancias son siderales. Igual que las transnacio¬nales que van tras las remesas de los familiares de los migrantes, estas mafias pronto se dieron cuenta de que las migraciones mueven millones de dólares. Y se dedicaron a forzar las remesas. Secuestran a migrantes para pedir un rescate a los familiares que están en los Estados Unidos. Torturan a sus secuestrados hasta obtener lastimeras peticiones de ayuda a familiares que deben reunir 4 mil dólares en menos de una semana.

Según la Comisión, el monto de rescate que se pide a las víctimas va, en general, de 1,500 a 5,000 dólares. El promedio de los montos exigidos a las víctimas identificadas en esta investigación es de 2,500 dólares por persona. Así, de los 9,758 casos de víctimas identificadas, los secuestradores habrían obtenido un beneficio ilícito de aproximadamente 25 millones de dólares. Y puesto que la cifra de secuestrados podría llegar a los 18 mil al año, las ganancias anuales rondan los 50 millones de dólares. La mina más recurrida es la de los centroamericanos. Después de todo, deben pensar los Zetas y sus colegas, esos 50 millones son apenas un pellizco a los 12 mil millones de dólares anuales en remesas.

Mario Noel Sandoval, de 46 años, recuerda: “En México, me secuestraron los famosos Zetas, los famosísimos Zetas, esa gente”. Hace una pausa y muestra dónde lo golpearon. Respira profundo y continúa: “Me golpearon. Estuve veintidós días sin bañarme, sin asearme. Gracias a Dios que también hay gente buena en México. Muy buena gente hay en los albergues. En un albergue de la iglesia católica, allá en Reynosa, Tamaulipas, allí me recibieron todo malherido y así fue que sobreviví. Allí estuve de responsable unos seis meses cuando me sacaron los secuestradores”.

Ernesto López, de 30 años, recuerda cuando estaba en el centro de retención en Tapachula: “Había un grupo de muchachos que la sufrieron más que nosotros. Había unos salvadoreños desquebrajados. Cuando uno no carga reales, le piden teléfonos de dónde va a quedarse en Estados Unidos y quién es el que paga. Entonces lo agarran y lo llevan a una casa. Va secuestrado”. Esos secuestradores trabajan con migración y están insertos en mafias locales: “Hay territorios que ellos dominan. Hay una mafia con encargados de cobrar. Son ex-oficiales del ejército y se conocen como los Zeta”.

Miguel Ángel Guzmán explica: “Me tuvieron secuestrado los Zetas por cuatro días. No teníamos dinero. Mi familia no podía pagar y me soltaron. No me golpearon pero no me daban de comer. Ésos trabajan en el Estado de Chiapas, pero empiezan desde Guatemala”.

Ronald Pérez tuvo una experiencia más tortuosa. Viajaba en grupo. Todos de Ocotal y todos fueron secuestrados “por los Zetas. Cuatro días. Nos pidieron dinero. Dos mil dólares como mínimo. Todos salimos, gracias a Dios todos. Pero creo que mataron a dos de otro grupo. No sabemos de dónde eran. Había bastantes en esa casa. A 26 nos tenían”.

¿POR QUÉ SON TAN VULNERABLES?

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México sintetizó en su informe las razones de la vulnerabilidad de los migrantes: Los migrantes indocumentados de diferentes nacionalidades que realizan su trayecto por el territorio nacional son altamente vulnerables debido a que viajan en medios de transporte de alto riesgo, como el ferrocarril de carga o camiones de doble fondo; utilizan caminos de extravío y en general lugares solitarios; pernoctan en sitios abiertos; desconocen las zonas por las que pasan; evitan el contacto con la policía o cualquier agente del Estado; no conocen sus derechos o prefieren no ejercerlos si ello implica ser visibles; se encuentran lejos de sus lugares de origen y no saben ante quién acudir en caso necesario o desconocen las leyes del país.

Debido a su situación migratoria irregular, no acuden a la autoridad y, por el contrario, se alejan de ella; su carácter de indocumentados los hace víctimas propicias de los malos servidores públicos y de la delincuencia común y organizada; su intención de cruzar a Estados Unidos los hace vulnerables a falsas promesas y ofertas de trabajo o de traslado hasta su destino; cuentan con muy pocos recursos económicos y muchos de ellos van avisando a sus familiares cuando llegan a una población para que les envíen dinero; son fácilmente detectados por quienes quieran abusar de ellos; no saben que pueden acudir ante la autoridad para denunciar abusos y delitos en su contra, o bien, prefieren no hacerlo para no ser devueltos a su país. Todo lo anterior los hace sujetos potenciales de una gran cantidad de riesgos y abusos y los coloca en un estado de indefensión.

RAÚL MANDUJANO:
“DESDE ARRIBA LUCHARÁ POR LOS MIGRANTES”

Todos estos motivos son reforzados por el poder e impunidad creciente de los abusadores, a cuya furia no escapan los funcionarios públicos que quieren hacer su labor. En México, los grupos del crimen organizado tienen tanto poder y pluralidad de manifestaciones como la mafia italiana. Algunos operan con estructuras jerárquicas como la Cosa Nostra. Otros tienen estructuras descentralizadas pero tributarias de algún gran boss, como La Camorra. Los más fuertes, al igual que estos dos grupos, coinciden en haber penetrado el aparato estatal. Pero mientras en Italia el Estado emprende investigaciones concienzudas -aunque no enteramente vacunadas contra la corrupción- y protege a los funcionarios que luchan contra las mafias, el Estado de México deja en la indefensión a sus funcionarios más leales y abnegados.

Este comportamiento del estado mexicano -por temor, negligencia o complicidad- se hizo patente en el secuestro de Raúl Ángel Mandujano Gutiérrez. A sus 27 años Raúl fue nombrado Director de Atención al Migrante de la recientemente creada Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur del estado de Chiapas. El 2 de abril de 2009 fue secuestrado en Tapachula por un comando armado no identificado que pidió rescate. Información filtrada impidió su rescate el 16 de abril.

Mandujano fue llevado con rumbo desconocido, descalzo, esposado y con los ojos vendados. Sus familiares denunciaron la negligencia de las autoridades mexicanas en la investigación del caso: “Nos indigna ver de qué manera el gobierno de Chiapas difunde hacia fuera una imagen de respeto a los derechos humanos de los migrantes, mientras no es capaz de proteger a sus propios funcionarios, particularmente a los que obran con compromiso y sensibilidad, para hacer realidad esta política”, dijeron en un comunicado. Cuando escribimos esas líneas -e incluso cuando yo las transcribí-, no conocíamos el horrendo, aunque previsible, desenlace que los noticieros divulgaron el 1 de septiembre poco después del medio día: “Con signos de golpes y tortura las autoridades estatales localizaron el cuerpo del ex-director de la Oficina de Atención al Migrante del gobierno de Chiapas, Raúl Angel Mandujano Gutiérrez, en la zona rural del municipio de Mazatán”. Su padre confirmó así la muerte de su hijo: “Me lo mataron. Lo torturaron. No hubo justicia para él. Nunca lo buscaron. Dejaron que lo mataran impunemente. Pero su lucha no ha terminado. Ahora está con Dios y desde allá seguirá luchando por los migrantes, como lo hizo desde siempre”.

“UN OFICIAL ME QUITÓ
EL POCO DINERO QUE ANDABA”

La tercera categoría de abusos contra los migrantes son los cometidos por autoridades estatales, principalmente durante los procesos de captura y confinamiento. Las extorsiones con uniforme y charreteras son frecuentes. Julio Menocal nos informó: “Iba entrando a la ciudad de Puebla y los oficiales de la sectorial estaban abusando de su uniforme. Me querían quitar dinero. Como no tenía mucho dinero, me golpearon y me mandaron allí a Tapachula. Allí pasé doce días”.

Mauricio Antonio López, de 31 años de edad, originario del barrio San Judas en Managua, recuerda: “Un oficial de la policía sectorial de México me detuvo en Hidalgo y me pidió mis documentos. Pero como no cargaba, procedió a pedirme -ellos le llaman mordida- dinero, pero yo no cargaba mucho dinero y el poco dinero que yo cargaba me lo quitó. Y como yo le reclamé por el dinero que yo cargaba, él vino y procedió a arrestarme, culpándome de un homicidio, y yo sin saber siquiera quién era la persona que había fallecido. No más así a lo peludo, como dicen. No reunieron suficiente pruebas y me dejaron en libertad”.

Alba Pérez, esteliana de 33 años, fue detenida llegando al DF: “Alguien me pidió dinero y me dijo que me iba a dejar pasar. En cuanto ya me bajaron del bus me dijo: Si me das 1,500 ahorita ya te subes al bus y te vas. Yo le dije que no me alcanzaba mucho. Y me dijo: Pon todo lo que traes en la mesa. Yo ya había pasado otras veces. No soy tan ignorante de la situación y le dije: Si me va dar la pasada libremente, con mucho gusto. Pero si no, ¿sabe qué? Yo me regreso a mi país y no hay ningún problema. Porque si le doy a usted, todos van a querer, y más adelante me vuelven a pedir e igual no me van a dejar pasar luego, ya cuando no cargue dinero. A migración vos le das 500 pesos, mil pesos y lo dejan ir a uno. La otra vez allí, en Arriaga, llegando, nos agarraron a pedradas. Nos bajaron y nos metieron a la celda. ¿A ver cuánto nos van a dar cada uno? Mil pesos y se van. Y apenas ajustamos. Yo les di 500 pesos, los otros le dieron los mil pesos. No, vos no te vas a ir -me dijeron- porque sólo diste 500 pesos. Si éstos se van, me tiene que dejar ir a mí -le dije-, porque si no me deja, le voy a poner el dedo. Y por la puerta de atrás me sacó la migra”. La clave de la libertad: suficiente dinero para sobornar.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México dio cuenta de éstos y otros abusos contra los migrantes: Con frecuencia son víctimas de bandas organizadas y en muchas ocasiones de autoridades federales, locales y municipales, especialmente de las encargadas de la seguridad pública, las que los golpean brutalmente, humillan y extorsionan con amenazas de privarlos de la vida, de la libertad o deportarlos a sus países de origen, prácticas que constituyen violaciones a sus derechos humanos.

Una vez detenidos, un alto porcentaje de migrantes indocumentados no recibe explicación alguna sobre los motivos y el proceso a seguir durante su detención, reclusión y “devolución”. Entre muchos otros, eso fue lo que vivió Leandro Sánchez: “Allí sólo te agarran y te envían vía satélite. No te informan de nada. Ni se oye mencionar que debés ser informado. Donde lo mandan a uno y lo detienen sólo hay en una pared unos números. Pero ni le dicen a uno nada los de migración. Yo y otro compañero fuimos a ver unos números pegados en la pared y vimos que uno decía NIC. Entonces yo le dije: Mirá, éste es el número al que tenemos que hablar para Nicaragua. Otros números los han despegado y ni se ven”.

“ALLÁ VIOLAN TODOS LOS DERECHOS HUMANOS, LO TRATAN COMO PERRO A UNO”

Las quejas más frecuentes sobre la estadía en el centro de detención de Tapachula o en las prisiones se refieren al maltrato, condenas injustas, las condiciones del establecimiento, la comida mala y escasa y los negocios que en el centro organizan los agentes. José González denuncia: “Los mexicanos violan todos los derechos abiertamente porque se aprovechan del emigrante. En el caso de los cubanos, les meten una camiseta de 10 pesos por 100 pesos. Ese negocio lo hacen los agentes de migración. A mí uno me dijo que le diera mil dólares y que me dejaba ir. Me dijo: Dame mil dólares y yo te dejo en libertad”.

Mauricio López lo confirma: “Yo estuve detenido en Chiapas, Tapachula. El trato sicológico que le dan a uno es tremendo. Lo tratan como a un perro a uno. Allá entras al penal y tienes que tener dinero para vivir bien. Violan los derechos humanos de las personas porque hay personas a las que injustamente agarran y las meten a los drenajes donde caen las aguas negras. Allá estábamos detenidos nueve nicaragüenses. Cada nicaragüense está con diferente delito. Hay un chavo que yo creo que es de León. Está con una condena de 39 años de prisión. Otro de los chavos es de Nindirí. Estuvo trabajando como ayudante de albañil y la patrona, por no pagarle lo que le debía, lo acusó que le había robado dos bolsas de cemento. Esa bolsa de cemento allá vale 100 pesos. Eran dos: pues 200 pesos. Por esos 200 pesos a él le dieron dos años y nueve meses de cárcel. Todo porque no pudo pagar una multa de 6 mil. Allí está detenido y lleva apenas cuatro meses”.

“CUATRO FRIJOLES, TRES GRANOS DE ARROZ
Y UNA TORTILLA CHIQUITA”

Yamilet del Carmen Úbeda, matagalpina de 32 años, se quejó de las condiciones del centro de retención en Tapachula: “Anoche pasamos toda la noche desveladas. Una hondureña se puso bien mal. Se puso bien agresiva porque los carceleros también se pusieron agresivos. Y como nosotros somos amigas de ella, nos fuimos a controlarla y nos dejaron durmiendo en una banqueta. No había ni colchoneta ni colcha. Toda la noche nos pasamos así, sin nada para cubrirnos y heladísimo”.

Julio César, chichigalpino de 29 años, opina: “Duerme uno bien si le dan a uno colchoneta. Pero cuando llueve, como ahorita que está lloviendo, ¡viera cómo se moja uno allá adentro! Anoche incluso nos tocó desvelo porque estaba cayendo mucha agua donde estábamos recostados. Cuando pasó el agua nos llegaron a cambiar las colchonetas que estaban mojadas”.

David Pérez, capitalino de 20 años, concluye que a las autoridades “no les interesa nada. No son ni muy amables ni muy odiosos. Simple y sencillamente cumplen su trabajo de tenernos a nosotros ahí y llamarnos para comer. Cumplen con su trabajo de tratarnos como reclusos. Ellos no usan palabras obscenas. A ellos no les interesa si estamos o no estamos nosotros. Como dicen ellos: A mí no me interesa que ustedes estén aquí. Por mí se pueden ir, pero es su país el que no los quiere recibir. Pero sí recuerdo una mala experiencia. Un pobre muchacho se portó un poquito mal. Tenía hambre porque son cuatro frijoles, tres granos de arroz y una tortilla chiquita lo que nos dan. Es una chanchada la comida. Él entonces se regresó a la fila. Él es hondureño y se metió a la fila de los nicaragüenses para comer otra vez. Y lo castigaron metiéndolo en un cuarto frío. Nosotros lo miramos cuando lo encerraron en la celda fría. Ahí pasó como diez días”.

DERECHOS VIOLADOS
DURANTE EL CONFINAMIENTO

La Convención del 90 está destinada a evitar, denunciar y corregir violaciones a los derechos humanos como los descritos por los migrantes. El inciso 7 del artículo 16 de la Convención determina que cuando un trabajador migratorio sea arrestado o recluido en prisión, las autoridades del país de origen deben ser informadas y a la persona detenida se le debe permitir comunicarse con ellas “sin demora”. Los interesados deben ser informados de éste y otros derechos.

El artículo 17 establece: Los trabajadores migratorios y sus familiares acusados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y sometidos a un régimen distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. Si fueren menores de edad, estarán separados de los adultos y la vista de su causa tendrá lugar con la mayor celeridad. Por supuesto que no hubo separación de los menores. Antes bien, como vimos en los testimonios, hubo menoscabo de los derechos contemplados en los artículos 7, 9, 10, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17 y 18.1, donde la Convención establece la prohibición de tortura y tratos crueles, inhumanos, degradantes y discriminatorios o que atenten contra el derecho a la vida, la integridad física, sicológica y la libertad y seguridad personal e igualdad.

Incluso en la Constitución mexicana hay asidero legal para defender los derechos cuyo atropello describieron los migrantes. El primer artículo establece: Todos los individuos que se encuentren en el territorio nacional gozan de libertad. Queda, además, prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil.

El artículo 76 de la Convención postula la presentación de informes donde un Estado signatario de la Convención alegue que otro Estado no cumple con las obligaciones que dimanan de la misma. Puesto que tanto México como Nicaragua han ratificado la Convención del 90, Nicaragua podría presentar dicho alegato, encontrando una aliada en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Y en su informe podría presentar un elenco de pruebas.

“TRES DÍAS EN UN CUARTO FRÍO POR HABER ENTRADO ILEGAL EN ESTADOS UNIDOS”

Las autoridades estadounidenses son otro trago amargo en la cadena de vejaciones que padecen los migrantes. Felipe Rocha, chinandegano de 24 años, rememora su experiencia: “Yo pasé a Estados Unidos solito. Entré a ese país y dilaté un día caminando. Entonces la migración me agarró. Me quitaron los zapatos y me los botaron. Me dijeron que de dónde era, que no mintiera, que si mentía peor para mí. Yo les dije que era de Nicaragua. Me metieron a un cuarto frío. El castigo que le dan a uno es que pase tres días ahí. Me sacaban a las cinco de la tarde hasta las cinco de la mañana… En investigación todos los días. Me mandaron a la Corte en Estados Unidos. La jueza me dijo que iba a dilatar tres días de castigo por haber entrado ilegal a Estados Unidos. Pero como los cumpliste, te podés ir para tu país me dijo. Entonces yo estaba alegre: ¡Vas para tu país, felicidades!, me dijeron. Cuando llegué donde los del Patrol, me llevaron a una cárcel por tres meses detenido, sólo por haber entrado sin papeles a Estados Unidos”.

”Pasé tres meses sin comunicarme con mi familia. No sabían dónde estaba: si estaba muerto o no, pensaban en miles de cosas. Ahí a uno le va duro por el maltrato, la inseguridad, la comida y las 24 horas del día con aire acondicionado fuerte. Son experiencias que no creo que sean bonitas. Todo el tiempo lo engañan a uno. Ya vas de viaje, me decían. Y me cambiaban de cárcel para que sintiera que ya venía de viaje para Nicaragua. Ahí uno no puede voltear a ver a un oficial porque no le dan comida. Cuando me deportaron a los tres meses, en el avión me dijo un oficial: No volteés a ver para atrás o te quedás”.

Una experiencia parecida tuvo José González: “Me agarraron primeramente en Estados Unidos y fui deportado. Me tuvieron 22 días. Yo les reclamé a ellos que si era una detención provisional y, como me agarraron en la frontera de Estados Unidos, que me mandaran en avión. No me podían detener 22 días. Me tuvieron detenido y bajo presión porque nos encerraron y, como sólo éramos dos nicaragüenses los que habíamos, nos miraban como terroristas y nos tuvieron bajo proceso de investigación”.

EN ESTADOS UNIDOS:
PROCESOS SUMARIOS Y ARBITRARIOS

Pedro Linares se queja de la separación de la familia y la imposibilidad de tener un proceso legal en regla: “Yo tengo 22 años de vivir en Estados Unidos y a mí se me han violado mis derechos. A mí me deportaron sin darme chance de visitar un juez, dejando toda mi familia allá. Soy un padre y un marido, tengo una hogar allá”. A Pedro le fue violado el artículo 19 de la Convención del 90: Al dictar una sentencia condenatoria por un delito cometido por un trabajador migratorio o un familiar suyo, se deberán considerar los aspectos humanitarios relacionados con su condición, en particular con respecto a su derechos de residencia o de trabajo”.

Felipe, José y Pedro sufrieron la violación del 16.6: Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean privados de su libertad por detención o prisión tendrán derecho a incoar procedimientos ante un tribunal, a fin de que éste pueda decidir sin demora acerca de la legalidad de su detención y ordenar su libertad si la detención no fuere legal. Estados Unidos no es signatario de la Convención. No caben reclamos sobre la base de este artículo. Desde hace más de una década -y de forma más aguda desde el 11-S-, Estados Unidos es un país cuyas políticas migratorias expresan una voluntad de levantar diques físicos e ideológicos ante los flujos poblacionales. Los procesos judiciales contra los migrantes -los pocos dignos de este nombre- son cada vez más arbitrarios y sumarios. La mayor parte de las decisiones las toman en diez minutos jueces de migración que lanzan una somera ojeada a los expedientes de los indiciados. La expulsión de ciudadanos y residentes, la anulación de la ciudadanía o residencia y la separación de la familia de indocumentados con años de vivir en Estados Unidos son violaciones cotidianas. (Ver Envío abril y mayo de 2009).

Aunque la Convención del 90 no aplique en territorio estadounidense, el Estado de Nicaragua tiene oportunidad de establecer alianzas con grupos y asociaciones de activistas, como We Are America Alliance, American Immigration Lawyers Association y New American Opportunity Cam¬paign, que ofrecen servicios legales y/o realizan cabildeo en favor de los inmigrantes. Con su ayuda se podrían prevenir los casos -hasta ahora no detectados por el equipo del Servicio Jesuita para Migrantes- de repatriados que son sedados para que su deportación sea más apacible. El llamado “cóctel pre-vuelo” fue denunciado por The Washigton Post, que detectó más de 250 casos entre 2003 y mayo de 2004 de repatriados que, sin requerir medicación ni ser examinados por especialistas, fueron inyectados con sedantes que les impidieron valerse por sí mismos incluso horas después de haber llegado a sus países de origen.

“EL CONSULADO DE MÉXICO ES UN ASCO”

Para llegar a la búsqueda activa de estas alianzas, el Estado nicaragüense tendría que superar la apatía, arbitrariedades, desidia e indiferencia que le atribuyen nuestros entrevistados. Manuel Reyes señaló: “El cónsul del DF nunca nos atendió. Y lo llamamos todas las personas que veníamos en el bus: 35 personas”. Varios migrantes de otro grupo que en Tapachula llamaron a la embajada recibieron este comentario: “¿Y para qué te viniste de Nicaragua?”

Ana Cristina Úbeda, matagalpina de 22 años, dijo que ella y otros del grupo intentaron comunicarse con el consulado pero que “no levantaban las llamadas. Y nos dijo uno de la migra: Nosotros hemos pedido consulado, pero no responden. No sé qué pasa con su país; no las quieren. Hasta nos dijeron que por la gripe ésa no nos querían aceptar”.

Jacinto Rivera, de 19 años, fue más crudo en sus apreciaciones: “Mi opinión te la daría, pero sólo te hablaría del asco que es el Cónsul de Nicaragua allá. Porque la verdad es que no se preocupó ni verga por nosotros. Ni una visita nos hizo. Y nosotros viendo que los consulados de otros países llegaban. Los de El Salvador, Honduras y Guatemala llegaban a cada rato a ver cómo estaban todas las personas, y nosotros estábamos allí como perros abandonados, no teníamos a nadie. La verdad, el consulado allá es un asco. Una vez lo llamamos. No contestaba. Gastamos en tarjeta sólo para llamarlo y nunca contestó. No se interesó por nada. En Tapachula nos tomaban como cualquier cosa. Nadie defendía nuestros derechos porque nadie nos podía defender allí. Los únicos que velaban por nosotros eran los Derechos Humanos”.

Regina Vega, leonesa de 36 años, corrobora este testimonio: “No se hizo presente para nada el Cónsul. Siempre lo estábamos pidiendo y la verdad es que nos sentíamos abandonados por él, porque de todos los países, de todos, llegaban sus cónsules repetidas veces. Llegaban, llegaban y llegaban, y a nosotros siempre nos decían: A ustedes no las piden porque no las quieren tener. Una vez hablamos con él y lo que dijo fue que esperáramos a que se llenara el vehículo en el que teníamos que regresarnos, que no se podía hacer más nada”.

“TENEMOS CUERPO DIPLOMÁTICO PARA NADA”

A los que vienen de Estados Unidos no les va mejor. José González padeció el “pasaportazo” provisional: “El consulado que tenemos en Estados Unidos es pura basura porque yo cuando solicité mi pasaporte y gasté 200 dólares en dos viajes que hice a Houston, más bien me robaron el dinero. Cuando me tocó salir a México tuve que volver a sacar un pasaporte provisional. Ya había pagado otros 95 dólares y vine a la extranjería y migración de Nicaragua a averiguar que en ningún momento lo solicitaron. Es decir que tenemos cuerpo diplomático para nada. En Estados Unidos hay gente que tiene cinco y seis meses de estar detenida y el cónsul no se presenta. Uno les llama al consulado y nadie se hace presente. Los nicaragüenses en Estados Unidos estamos sufriendo porque estamos solos. El cuerpo diplomático en Estados Unidos no hace nada”.

Cándido Reyes, que también migró a Estados Unidos, le dijo a una funcionaria de la Cancillería: “Mirá, no se si te voy a caer mal con lo que te voy a decir: Todo mundo me ha tratado bien, pero aquí en Nicaragua no me han tratado bien. He tratado de buscar ayuda y nadie me la ha dado. Yo fui deportado hace un año. Yo estuve viviendo en Estados Unidos por 30 años y más bien el gobierno de Nicaragua me quitó el pasaporte y no me lo dieron. He tratado de recuperarlo y no me han dado ninguna respuesta. Me lo quitaron en el aeropuerto, aquí. Yo venía escoltado. Venían seis nicaragüenses más. Migración me llevo al segundo piso. Allí me tomaron huellas de todo. Yo le dije a un chico: Mirá, amigo, ¿me podés dar mis documentos? Y me dijo: Usted no tiene que dar ninguna orden aquí, así es que mejor sáquese ya. Traía mi pasaporte y mi residencia de allá. Y me quitaron todo. Me dolió, en realidad. Estuve en Cancillería preguntando. Fui a Cáritas de Nicaragua. Incluso fui a una organización de Derechos Humanos”.

¿POR QUÉ NO UN CONSULADO
DE LOS PAÍSES DEL CA-4?

El derecho a la protección consular está reconocido en el papel mojado de la legislación nicaragüense. En garantizar el respeto a la persona y propiedad de los deportados nacionales y extranjeros le corresponde un rol protagónico a la Dirección General Consular y a la Dirección de Protección a Nacionales, conforme a lo establecido en el artículo 63 del reglamento de la Ley 290, que asigna a dicha dirección la misión de brindar atención y asesoría a funcionarios del Servicio Exterior en la solución de casos de protección a nacionales y brindar asesoría legal en casos en los que se presuma que sus derechos humanos han sido o están siendo violados.

Esa protección está contemplada en el artículo 23 de la Convención del 90. Las dificultades financieras del Estado de Nicaragua hacen que el cumplimiento de esta misión desborde las capacidades actuales. Una vía de solución a explorar, en el marco del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), es la posibilidad de instaurar un único consulado regional centroamericano en Tapachula y en algunas ciudades clave de Estados Unidos. Sería el consulado del CA-4, que podría disponer de recursos financieros y de personal capacitado mediante la unión de esfuerzos de los cuatro Estados del istmo más afectados por las migraciones.

LOS MENOS VISIBLES:
LOS DETENIDOS EN MANAGUA

Cada dos o tres meses los medios de comunicación difunden noticias como ésta, publicada en nacion.com de Costa Rica el 9 de agosto de 2009: La policía nicaragüense detuvo a 79 inmigrantes ilegales de Etiopía, Eritrea, Somalia y Nepal que fueron abandonados por traficantes de indocumentados en el puerto de Bluefields, en el Caribe sur de Nicaragua. Se supone que los trajeron de Colombia a la isla de San Andrés y luego a Bluefields, principal puerto del Caribe sur nicaragüense, “desde donde continuarían su viaje hacia Estados Unidos en busca del sueño americano”, afirmó a la prensa uno de los jefes de policía en la zona, el subcomisionado Rolando Coulson. La isla colombiana de San Andrés, situada frente a las costas nicaragüenses del mar Caribe, es utilizada como puente de enlace para trasladar indocumentados hacia Estados Unidos, pero muchos son estafados y abandonados en ciudades del Caribe de Nicaragua, según las autoridades.

Estos migrantes son remitidos al Centro de Retención de Migrantes, ubicado en la sede central de la Dirección General de Migración y Extranjería, en Managua. ¿Por qué vienen? ¿Qué sueños quieren realizar? ¿El polvo de qué países traen sus sandalias? ¿El polvo de cuáles ya se sacudieron? ¿Qué historia colectiva los empuja? Tantas preguntas, tanta ignorancia… Tanto también que aprender, comprender, sentir. ¿Cómo atender a estos migrantes si ignoramos prácticamente todo sobre ellos? ¿No existe en la Convención del 90 el derecho a que la propia cultura sea conocida y a ser tratado con arreglo a la misma? ¿No existen situaciones políticas que puedan ser argüidas como atenuantes a la condición de migrante irregular?

LOS MÁS INDOCUMENTADOS DE TODOS:
LOS APÁTRIDAS

La mayor parte de quienes entrevistamos en el Centro de Retención de Managua provenían de Eritrea. Eran apátridas de Eritrea, si cabe esa contradicción. “¿Qué documentos llevás?”, les preguntábamos. “No tenemos -nos respondían- porque no emiten documentos para nosotros”. Unos dicen: “No hay quien los emita”. Y otros aseguran: “No quieren que salgamos del país”. ¿Por qué hay tantos apátridas en Eritrea? La historia tiene la respuesta. Los dirigentes actuales de Eritrea y Etiopía lucharon contra la criminal dictadura de Mengistu Haile Mariam, un cacique despótico apoyado por el régimen soviético, hasta deponerlo en 1991. Dos años después, en 1993 Eritrea inició su vida como nación independiente. Durante los anteriores siglos y décadas fue considerada sucesivamente como propiedad de árabes, otomanos, italianos, ingleses y etíopes.

Su formal separación de Etiopía se produjo finalmente de forma pacífica, tras un referéndum en el que todos aquellos con ciudadanía eritrea optaron por la independencia. Pero el acceso a los puertos, el cambio de divisas y la indefinición de las fronteras condujeron en 1998 a conflictos armados entre los gobiernos de Etiopía y Eritrea. El saldo fueron miles de enterrados y desterrados. Más de un millón de personas tuvieron que abandonar sus aldeas y trasladarse hacia zonas menos expuestas a los enfrentamientos militares. En 1998 vivían en Etiopía entre 120 mil y 500 mil personas de origen eritreo o mixto. El gobierno etíope los expulsó del país arguyendo que al votar en el referéndum esas personas habían adquirido la ciudadanía eritrea. Los desnacionalizó y los deportó. Eran “una amenaza para la seguridad de Etiopía”.

En agosto de 1999 se les pidió a todas las personas que votaron en el referéndum que se registraran para obtener permisos de residencia como extranjeros. Decenas de miles cayeron en la emboscada: sus documentos de identidad fueron destruidos, sus cuentas bancarias congeladas, sus licencias comerciales revocadas y no se les permitió disponer de sus bienes antes de ser deportados, aunque muchos permanecieron semanas y meses detenidos en las comisarías antes de que los subieran en los autobuses que los dejaron en la frontera con Eritrea. Pero el gobierno eritreo no estaba dispuesto a reconocer como ciudadanos a todos aquellos recién llegados, mucho menos si eran pobres: quedaron en el limbo de la no-nacionalidad, en la apatridia. Ahora huyen de una sociedad militarizada que sólo los quiere como carne de cañón en un servicio militar de duración indefinida.

Nicaragua puede hacer mucho por ellos y por ellas. Por ejemplo, puede permitir que las mujeres musulmanas sean interrogadas en compañía de sus maridos, como parte del derecho a ser tratadas en armonía con la propia cultura. Lo más importante sería la acogida, el permiso de estadía, contemplado en el artículo 22.7 de la Convención: Sin perjuicio de la ejecución de una decisión de expulsión, el trabajador migratorio o familiar suyo que sea objeto de ella podrá solicitar autorización de ingreso en un Estado que no sea su Estado de origen. Nicaragua podría abrirle las puertas a éstas y a muchas otras personas que transitan por nuestro país procedentes de China, Nepal, Somalia, República Dominicana, Cuba, Ecuador, Perú, Colombia...

NICARAGUA:
¿POR QUÉ NO SOMOS UN PAÍS SANTUARIO?

Las deportaciones nos conectan con el mundo: por Nicaragua pasan cientos de migrantes cuyas culturas desconocemos. ¿Los empezaremos a ver como reto, amenaza u oportunidad de enriquecimiento cultural y ejercicio de la solidaridad? Su presencia, su historia y sus costumbres nos dan una idea de las descomunales dimensiones de nuestra ignorancia del ancho y ajeno mundo en el que vivimos. Nos muestran los alcances, pero también los límites de la globalización.

Los tres puntos de observación en los que estuvimos escuchando -el albergue de San Carlos, la frontera del Guasaule, el centro de detención de Managua- nos arrojan muchas lecciones y desafíos. Éstos son los más candentes:

— La suerte de un emigrante con documentos y uno absolutamente sin documentos es muy distinta. Los problemas de la indocumentación están en las raíces del maltrato que reciben muchos migrantes. Proveer de documentos a los nicaragüenses es una responsabilidad del Estado nicaragüense. El Estado puede y debe hacer algo al respecto con extrema urgencia. La retardación, renuencia o negligencia del Consejo Supremo Electoral en la emisión de documentos viola el artículo 8 de la Convención del 90 porque no permite a las personas salir de su Estado de origen en condición regular y las condena a enfrentar mayores peligros en el tránsito y barreras a su inserción en las sociedades de destino.

— La Convención es un instrumento subutilizado. No sólo genera obligaciones -y qué bueno que las genera-. También abre las puertas a demandas en regla. Es preciso hacer las correspondientes reclamaciones a México, signatario de esa Convención. Esa aventura jurídica requiere hacer causa común con otros Estados centroamericanos. Las deportaciones nos hermanan: los centroamericanos “eternos indocumentados” y “hacelotodo” padecen lo mismo en Costa Rica, México, Estados Unidos, España y otros destinos.

— Nuevamente, Nicaragua está vinculada a África por obra de otro bandazo del sistema-mundo. Antes por la esclavitud promovida por los imperios español y británico, que nos convirtieron en región de destino de migraciones forzosas. Ahora por las migraciones que nos convierten en ruta de tránsito de africanos que escapan de los señores de la guerra, estados fallidos y guerras de todos contra todos, ese colapso donde las armas son blancas y los muertos son negros, como escribió José Saramago.

¿Qué hacer? Nicaragua podría convertirse en país-santuario para esos migrantes en tránsito. En Estados Unidos existen condados santuario y ciudades-santuario, donde la legislación local no hace eco a la persecución federal y estatal contra los indocumentados. San Francisco, Salinas y Nueva York son ciudades-santuario. ¿Por qué no hacer de Nicaragua un país-santuario para los migrantes en tránsito?

INVESTIGADOR DEL SERVICIO JESUITA
PARA MIGRANTES DE CENTROAMÉRICA (SJM).
MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO.

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