Máximas señales de crisis, mínimos signos de flexibilidad

Mientras Nicaragua está en el ojo del huracán internacional por servir de base de operaciones al depuesto y legítimo presidente hondureño Manuel Zelaya, -escenario excepcional que genera solidaridad, temores y rumores-, la situación nacional es también huracanada. El gobierno del FSLN vive momentos muy difíciles. La crisis económica es cada vez más aguda y el proyecto político del gobierno se hace cada vez más confuso.

Equipo Nitlápan-Envío

El 30 aniversario de la revolución que puso fin a la dictadura de medio siglo del clan Somoza encuentra al gobierno del FSLN limitado por una crisis económica que avanza a pasos acelerados y urgido de brindar señales de flexibilidad política para enfrentar lo que ya está sucediéndonos y lo que viene.

30 ANIVERSARIO:
LIGERAS SEÑALES

El 30 aniversario de la hazaña revolucionaria que culminó en 1979 merecía una conmemoración pública más acorde con el significado de aquel acontecimiento. La anual celebración en la plaza reunió a decenas de miles de simpatizantes del FSLN, mezclados con decenas de miles de empleados públicos obligados por sus superiores a participar. En la tarima, a diferencia de otros años, ningún mandatario latinoamericano. Ni siquiera el presidente Zelaya, que estaba en Managua ese día. Tampoco estuvo en la tarima ni fue nombrado ningún representante del FMLN, que estrenó gobierno en El Salvador hace apenas mes y medio. No hubo ninguna explicación sobre estas inesperadas ausencias.

Al igual que en los últimos años, la pareja presidencial dominó toda la escena, como anfitriones de una fiesta que cada vez más asemejan a un convivio familiar y no al memorial de un esfuerzo nacional, por el que tantos y tantas dieron sus vidas. A pesar de esto, en el acto hubo algunas novedades positivas. Fue puntual: por primera vez empezó a la hora anunciada. Fue laica: por primera vez no inició con la oración o el sermón de un jerarca católico ni estuvo ninguna autoridad eclesiástica en la tarima ni hubo alusiones religiosas en el guión de la maestra de la ceremonia. Fue más sobria que en los dos años anteriores: menos flores y más simple el decorado y sin fuegos artificiales por ser de día. Las banderas blanquiazules de la nación precedían a las rojinegras del FSLN y las gigantescas vallas con el rostro de Daniel Ortega no circundaban ya la plaza. ¿Señales de cambio o de rectificación ante algunas reiteradas críticas sobre impuntualidad, manipulación religiosa, profusión de barroquismo y altos costos?

REMESAS, EXPORTACIONES
IMPORTACIONES, INVERSIONES...

Mucho cambió todo en 30 años. En esta su segunda oportunidad, al gobierno de Daniel Ortega no le agobian las penurias de la guerra, compensadas entonces con una generosa cooperación internacional. Ahora, en la paz, le constriñen las consecuencias de la crisis económica internacional, agravadas por el problema que su gobierno provocó con la cooperación internacional.

El presupuesto nacional, que empezó a regir en enero de 2009, ha sufrido ya dos recortes y el gobierno anunció, terminada la fiesta del aniversario, que sufrirá un tercer recorte antes de que acabe el año. Las recaudaciones de impuestos han sufrido una drástica caída por la disminución del consumo, de las remesas, de las importaciones, de las exportaciones, del crédito para la producción y de las inversiones. También se menciona una merma en el sistema de recaudaciones por el despido, por motivos partidarios, de técnicos calificados.

Hasta mayo, 26 mil 432 empleos se han perdido en las zonas francas, que en los últimos años han paliado el desempleo generalizado en el país y han dado un respiro salarial a una mayoría de mujeres, en su mayoría madres solteras al frente de hogares donde duelen las huellas de la irresponsabilidad paterna.

UN PAR DE CÁLCULOS ERRADOS
DEL GOBIERNO

El gobierno elaboró el presupuesto de 2009 sin contar con los efectos que la crisis internacional tendría en el país. Y lo diseñó contando con un crecimiento de la economía del 3.5%. Como los altos índices de natalidad han disminuido -lo que es muy favorable-, para ir erradicando de verdad los altos niveles de pobreza del país se necesitaría un crecimiento del 5% anual.

Hoy, ya el gobierno calcula que el país crecerá sólo un 0.5%, mientras algunos economistas afirman que podría haber un decrecimiento: hasta del -2%. El fraude electoral de noviembre 2008 -decidido por el grupo gobernante sin valorar los costos económicos que podría tener- ha empeorado más las cosas: no ha habido desde entonces desembolsos de las donaciones con las que los países que conforman el Grupo de Apoyo Presupuestario ayudan a equilibrar el presupuesto nacional.

Un par de graves cálculos errados hizo el gobierno. Ahora tiene razones para sentirse abrumado, aunque lo disimula, minimizando la crisis. Pero le faltan recursos líquidos y le falta credibilidad internacional para conseguirlos y se debate: cuáles medidas tomar y cuáles señales dar para salir airoso de estos dilemas.

EL MAYOR DÉFICIT FISCAL
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

La reforma al presupuesto aprobada en junio, después de la reforma que se efectuó en abril, recortó la inversión pública en Salud y Educación, aunque curiosamente incrementó los gastos corrientes de la Presidencia, de la hoy inoperante Contraloría y del desacreditado Poder Electoral. El gobierno está compensando el déficit fiscal con la emisión de bonos, que están aumentando la deuda interna del país. Y está sustituyendo las donaciones perdidas con el fraude por préstamos, lo que está aumentando la deuda externa.

Con un presupuesto desfinanciado -el déficit fiscal es ya de más de 7 mil millones de córdobas, el mayor de los últimos años-, el FMI empieza a preocuparse en serio por la estabilidad macroeconómica del país y aún no da su aval a la revisión del programa 2008-2011 que firmó con el gobierno. Y por tanto, mantiene congelados, tanto los $35 millones que debería desembolsar tras esa revisión, como el acceso de Nicaragua a los fondos especiales que el G-20 destinó al FMI para apoyar a los países más vulnerables a los efectos de la crisis internacional. Según el economista Adolfo Acevedo, Nicaragua podría acceder hasta a $150 millones de esos fondos.

En toda esta crisis de dinero se evidencia que la millonaria ayuda venezolana tiene un impacto limitado en la economía nacional. Como el gobierno se ha negado reiteradamente a reflejar el monto y los destinos de esa ayuda en el presupuesto, nadie puede ni reclamar ni controlar y sólo cabe suponer y sospechar.

CONVERSACIONES
A LA ORILLA DE UN ABISMO

Para reducir tan grande déficit fiscal, el gobierno mencionó en junio varias medidas a tomar, entre ellas la reducción de las exoneraciones a sectores no productivos y la no indexación de las pen¬siones de la seguridad social. No queda claro si la propuesta de estas medidas surgió del propio gobierno en sus conversaciones con el FMI, y después el gobierno se echó atrás, preocupado por el costo político y social que tendrían, o si fue el FMI quien las planteó como exigencias.

Ciertamente, el FMI ha sugerido desde 2007 una reforma tributaria que incluya la reducción de las exoneraciones -desmesuradas en Nicaragua según los expertos-, pero el gobierno no sólo no ha tocado el injusto sistema tributario nacional durante más de dos años y medio, sino que prometió a la gran empresa privada no hacer nada en este terreno en los próximos dos años, es decir, hasta el término de su gestión.

En el tira y afloja de estos meses para lograr el “aprobado” del FMI, escuchamos al Presidente Ortega fustigar de nuevo al FMI como “Fondo de la Muerte Internacional”, institución -dijo- que “nos quiere tratar como esclavos” y que “coloca a Nicaragua a la orilla de un abismo”. Y vimos en dos ocasiones (junio y julio) viajar apresuradamente a Washington al presidente del Banco Central, Antenor Rosales, tratando de convencer a los funcionarios del FMI de la difícil situación por la que atraviesa Nicaragua. En el segundo viaje, Rosales fue acompañado por tres altos empresarios, entre ellos y nada menos -porque no es habitual verlo en esas giras-, Carlos Pellas, máximo representante del gran capital nicaragüense. “Fuimos acompañados para que nos defiendan”, dijo Rosales.

¿POR FIN
UNA REFORMA TRIBUTARIA?

En tan tensa etapa, el único logro del gobierno en los terrenos del Norte fue que el gobierno de Estados Unidos -que canceló a Nicaragua $62 millones de la Cuenta Reto del Milenio por el fraude electoral- le otorgó este año el “waiver”, disposición legal estadounidense sin la cual es prohibido brindar ayuda bilateral a países en donde haya reclamos de estadounidenses, por propiedades confiscadas sin mediar indemnización o devolución. Siguiendo la práctica de los tres gobiernos precedentes, el del FSLN ha continuado resolviendo los centenares de casos pendientes (48 en 2009). Lograr el “waiver” era crucial para que el FMI, en donde Estados Unidos tiene tanta influencia, sea flexible con Nicaragua.

Tras los viajes a Washington, la retórica oficial contra el FMI y el “waiver”, una delegación del FMI decidió pasar una semana en Nicaragua a inicios de agosto para realizar conversaciones con el gobierno. Antenor Rosales anunció un nuevo recorte al presupuesto y una reforma tributaria “integral” que vaya más allá de reducir las exoneraciones no productivas y logre un sistema de impuestos menos regresivo del que hoy afecta a los asalariados y a los más pobres del país. El gobierno se comprometió a discutirla con todos los sectores, en la que prometió sería una “gran concertación tributaria” que tendrá como resultado un sistema más equitativo, más eficiente y más productivo. Se inicia así un stand by… al borde del abismo.

CON LA COOPERACIÓN:
PASOS MICROSCÓPICOS

Los conflictos con la comunidad internacional que coopera con Nicaragua, que iniciaron con insultos y desplantes desde comienzos de 2008 y culminaron con el corte de algunas ayudas para proyectos y el congelamiento de la ayuda presupuestaria por causa del fraude electoral, mantienen otras pláticas también en stand by.

El diálogo con los embajadores de la Unión Europea y otros países cooperantes ha continuado, pero con un perfil bajísimo. En público, los funcionarios del gobierno implicados en estas conversaciones insisten en que el gobierno no discutirá con nadie, mucho menos corregirá, el fraude electoral, que las pláticas son “muy positivas” y van por “buen camino” y sonríen. En confianza, la contraparte diplomática afirma que la “flexibilidad” del gobierno se expresa en pasos microscópicos y que no existen compromisos concretos en el terreno electoral.

Si con el FMI la meta es obtener recursos líquidos y cuadrar los desbalances del presupuesto, con la cooperación el punto es político. Es la gobernabilidad, concepto que incluye elecciones transparentes y confiables. El único punto de la cooperación para reanudar la ayuda presupuestaria es el horizonte electoral: garantías para las elecciones generales de 2011.

EL HORIZONTE ELECTORAL
SIGUE SIENDO NEBULOSO

El gobierno ha dado mínimas señales que indiquen que los comicios de 2011 serán transparentes y confiables. La diputada del FSLN Alba Palacios dijo que el gobierno estaría anuente a depurar el padrón electoral si los europeos daban los fondos para ese trabajo. El FSLN es el único partido que no se ha pronunciado sobre la importante propuesta del Grupo Promotor de las Reformas Electorales (Envío, marzo 2009) para reformar la Ley Electoral surgida del pacto. La señal “microscópica” que ha dado el gobierno a la comunidad cooperante es que permitirá observadores electorales internacionales en las elecciones del Caribe de marzo de 2010 e invitará a observadores europeos en las generales de 2011.

La elección por mayoría cualificada parlamentaria en 2010 de hasta 30 altos cargos en las instituciones del Estado sería una ocasión para dar la más importante señal de rectificación, ya que entre los 30 cargos están los siete magistrados del Consejo Supremo Electoral y sus suplentes, a los que se les termina su período de cinco años y que deberían cesar en sus cargos como condición para unas elecciones confiables. Están en juego también para esas mismas fechas cuatro magistrados judiciales, el Fiscal General, la junta directiva de la Asamblea Nacional, las autoridades de los Servicios Públicos y otros cargos. Siendo esta elección no sólo el momento para dar una señal a la comunidad cooperante, sino también un test de cómo estará la correlación de fuerzas al interior del pacto Ortega-Alemán después del fraude, ya el magistrado del Poder Judicial Rafael Solís, vocero de Ortega, ha dado a entender que lo “más sano” sería reelegirlos a todos.

No puede desconectarse del futuro proceso electoral, una señal, ésta macroscópica: el anuncio hecho por Rosario Murillo en la celebración del 30 aniversario de la revolución. Afirmó que el FSLN ya cuenta con más de un millón de militantes. Más exactamente: 1 millón 109 mil 37 personas ya tienen el carnet del FSLN, repartido a granel en barrios y comarcas y so pena de represalias en instituciones estatales. No es descaminado pensar que el gobierno prepara ya las condiciones para que estos carnets se traduzcan en votos en las urnas de 2011.

EL MANUAL Y EL PLAN

Si en el futuro terreno electoral el gobierno se mueve a pasos minúsculos, en otros terrenos ha habido algunas mínimas señales de flexibilidad hacia la cooperación internacional. Una ha sido engavetar el manual de control financiero y político de las ONG internacionales. Ante las protestas de organismos de la sociedad civil y de las mismas ONG que serían afectadas por el cúmulo de obstáculos y requerimientos burocráticos que plantea la ley, el gobierno dio pie atrás. Poner en práctica ese manual arriesgaría el perder más recursos para proyectos de desarrollo que alivian la crisis. Según los últimos datos disponibles, de 2007, las ONG internacionales canalizaron ese año $267 millones.

Es posible también que ese retroceso responda a uno de los muchos debates internos que pueden estarse dando en los salones del poder. Analizando la situación de esta segunda oportunidad para el FSLN en el gobierno, el ex-miembro de la dirección nacional del Frente, Jaime Wheelock, se preguntaba por qué el gobierno “se ha echado de adversarios” a las ONG, “que quisieron en su momento cooperar en los programas sociales y no les fue permitido”. Wheelock sabe que en muchas ONG quienes dirigen y trabajan fueron profesionales del primer gobierno del FSLN.

Para atraer a la comunidad cooperante, el gobierno ha dado otro pasito: una versión más -dice que “mejorada”- del Plan Nacional de Desarrollo Humano, en el que el gobierno trabaja desde 2007, aunque sin ninguna consulta con las organizaciones de la sociedad civil. Los países cooperantes afirman que, aunque ha sido “mejorado”, tiene todavía más discurso retórico que mecanismos concretos para alcanzar las metas de la reducción de la pobreza y del crecimiento económico.

¿Y EL ABORTO TERAPÉUTICO?

Aunque también se esperaba un paso atrás despenalizando el aborto terapéutico -reclamo permanente de la diplomacia europea-, el gobierno no se decide aún a rectificar. Van y vienen los rumores, que incluyen que la jerarquía católica excomulgará a los magistrados judiciales que fallen a favor de las decenas de recursos de amparo interpuestos por organizaciones de derechos humanos y feministas.

A casi tres años de que el aborto terapéutico fuera penalizado, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Kate Gilmore, visitó Nicaragua en julio para entrevistarse con médicos, profesionales de la salud, organizaciones de mujeres y víctimas de la legislación y lanzó en México un informe denunciando a Nicaragua como uno de los pocos países del mundo donde la mortalidad materna y el embarazo de niñas resulta más preocupante.

Al presentar la campaña internacional para la despenalización del aborto terapéutico en Nicaragua, Gilmore se refirió a “la cruel indiferencia de las autoridades nicaragüenses” y a que la penalización fue una “peligrosa circunstancia que fue consecuencia de cálculos políticos cínicos y producto de tratos hechos durante las elecciones de 2006”. Gilmore no fue recibida por el presidente Ortega, tras varias solicitudes, sí por el ministro de salud, que no avaló sus dramáticas apreciaciones.

Para un gobierno que ha implantado en los discursos de todos sus funcionarios la reiterada consigna de que trabaja por “la restitución de derechos”, éste sería una significativa señal: restituir un derecho que las mujeres nicaragüenses tuvieron durante más de un siglo y que le fue arrebatado por cálculos político-electorales.

MONTEALEGRE: GRAVE ERROR

Si las negociaciones económicas con el FMI y económico-políticas con la comunidad cooperante pasan por aprietos que se prolongan y mantienen al gobierno en zozobra, a la espera de los recursos que necesita para reducir el agujero presupuestario, las negociaciones políticas del FSLN con su socio en el pacto, Arnoldo Alemán, también se han visto en apuros. Daniel Ortega esperaba para agosto de este año contar con los 56 votos necesarios para reformar la Constitución y conseguir así el poder lanzarse a la reelección como Presidente, y hasta para mover al país hacia un sistema parlamentario donde, como Primer Ministro, se reelija indefinidamente.

La complicidad -conocida y hasta reconocida ya por el propio Alemán, aunque con indirectas- de la dirigencia del PLC en el fraude electoral que le permitió al FSLN alzarse con 105 alcaldías en noviembre, ha alimentado la renuencia de un grupo suficiente de diputados de ese partido, que no darán sus votos para una reforma constitucional. La complicidad del PLC en el fraude ha creado también en las bases liberales una furia anti-Ortega difícil de manejar por la dirigencia partidaria. Lamentablemente, estas furias liberales no equivalen todavía a un rechazo del liderazgo de Alemán. Una última encuesta de opinión muestra que el 22% de los nicaragüenses lo ven como “líder de la oposición”. Y más lamentablemente aún, generadores de opinión del diario “La Prensa”, cegados por hacer sinónimo el “todos contra Ortega” con la democracia y con la única salida para el país, han llegado a proponer la necesidad de seguir a Alemán si la oposición liberal lograra unificarse en torno a su cuestionable liderazgo.

El liderazgo de Montealegre sufrió un duro golpe de imagen este mes. Aun cuando ningún gobierno del mundo ni institución internacional alguna ha reconocido, mucho menos respaldado, al gobierno de facto de Honduras, Montealegre viajó a Tegucigalpa a entrevistarse con Micheletti y a su regreso declaró que en Honduras no se había producido un golpe de Estado, sino “una sucesión constitucional”. Queriendo tal vez significarse y hasta figurar como valiente voz que clama en el desierto, se colocó en un papel tan errado como innecesario y hasta ridículo, resultando difícil imaginar quién puede haberle aconsejado dar este paso, un verdadero salto al vacío.

EL REFERÉNDUM REVOCATORIO

Sorteando las dificultades que tiene para lograr la reelección, en la celebración del 30 aniversario el Presidente Daniel Ortega relanzó su proyecto, ahora con un señuelo o anzuelo para cazar o pescar nuevo interés en el tema. Dio a entender que para profundizar la democracia directa su reelección iría acompañada de un referéndum revocatorio: “En este día histórico quiero hacer un llamado a todos los nicaragüenses, a todas las fuerzas políticas, a que trabajemos para tener una mejor Constitución. Si una Constitución establece el referéndum revocatorio, ¿qué significa? Que el pueblo, cuando así lo decida, puede quitar al Presidente”.

Y entusiasmado con el proyecto de la Cuarta Urna, que terminó costándole el derrocamiento por golpe y el exilio a Manuel Zelaya, dijo: “Aquí nosotros, podríamos poner perfectamente otra urna, una urna para que el pueblo vote y diga si quiere premiar o castigar, si quiere quitar o no... Es necesario entregarle ese derecho al pueblo, y seguiremos luchando para que el pueblo tenga ese derecho”.

¿QUIÉN CUENTA, QUIÉN PAGA?

El Presidente enredó calculadamente las cosas. Para poder reelegirse, necesita de una reforma constitucional. La tiene difícil. Pero convocar a un referéndum para preguntar si lo revocan o no a él, no implicaría necesariamente reformar la Carta Magna, que en su artículo 2 deja abierta la posibilidad de “otros procedimientos”, además de los que establece la Constitución nicaragüense -el referéndum y el plebiscito-, de los que aún no existe ninguna experiencia en Nicaragua.

Sea cual sea la modalidad, el plan tropieza con dos escollos bien conocidos para su viabilidad y credibilidad. Quien contaría los votos depositados en cualquier urna, sería el Consejo Supremo Electoral, que mantiene un descrédito en picada por estar controlado por Ortega y su grupo. ¿Y el costo económico de esas consultas revocatorias? Porque, según Ortega, se celebrarían continuamente para revocar a diputados, alcaldes y al presidente. Sin embargo, siempre que en el país se ha propuesto un referéndum -incluido el que la oposición ha sugerido para aprobar o rechazar las reformas constitucionales en las que insiste el FSLN- se ha argumentado con nuestra pobreza y la escasez de recursos.

Una pista de los resultados de un eventual referéndum sobre todo esto la da la encuesta de M&R del 20-28 de junio, en la que el 60.8% expresa desacuerdo con la reelección presidencial continua, que es la aspiración de Ortega. Y el 78.8% está de acuerdo con que el CSE lo integren personas independientes del gobierno y de los partidos.

¿UN GOBIERNO MINIMALISTA?

Mínimas señales da el gobierno mientras la crisis económica da máximos signos de avance. ¿Estamos entonces ante un gobierno “minimalista”?

Este término, muy escuchado en las salas de la posmodernidad, tiene varias acepciones. Es la tendencia a despojarse de los elementos sobrantes, reduciéndose a lo esencial. En este sentido, hay demasiada retórica en el gobierno, es muy abundante el follaje que aún impide a mucha gente captar su esencia autoritaria. Es también el minimalismo un equivalente del ascetismo, de la austeridad. Y por eso se llama minimalistas a los grupos o a las personas que reducen sus pertenencias al mínimo. En este sentido, la cúpula gubernamental es todo lo contrario. Es maximalista: acumula el máximo poder y la mayor cantidad de propiedades.

En otra acepción, es también minimalismo la tendencia a simplificar todo al mínimo para generar “cortocircuitos” en quienes se acercan a lo simplificado. En este sentido, el gobierno sí es minimalista: ha simplificado las causas de la crisis económica que nos afecta, ha simplificado la historia de la revolución de la que dice ser heredero y que celebra apropiándosela y privatizándola, y con todo ello está provocando cortocircuitos, serias averías en el tejido social nicaragüense.

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