Deportaciones en EU: Lados sombríos del “país de inmigrantes”

Decía George Washington: “El pecho de América está abierto a recibir no sólo a los extranjeros opulentos y respetables, sino a los oprimidos y perseguidos de todas las naciones y religiones, a quienes damos la bienvenida para que participen en todos nuestros derechos y privilegios si, por su decencia y conducta apropiada, parecen merecer su disfrute”. La historia lo desmiente y habla de arbitrariedades, prejuicios y abusos sin cuento para medir la “decencia” y la “conducta apropiada”, Hasta el día de hoy es una “Migra” que atropella derechos la que establece quiénes “merecen” disfrutar de derechos en Estados Unidos.

José Luis Rocha

En la isla vecina a Ellis Island -la isla de las lágrimas, el filtro de migrantes- se yergue la famosa Estatua
de la Libertad, en cuya base está grabado un poema de Emma Lazarus. En nombre de Estados Unidos, la estatua pide al mundo: Dame tus exhaustos, tus pobres, / tus aglomeradas masas que anhelan respirar libres, / los desperdicios miserables de vuestras tierras / superpobladas. / Envíenme/ a esos apátridas / sacudidos por la tormenta: / Elevo mi antorcha / cerca de la Puerta de Oro.

Ni los migrantes del siglo XIX o del XX ni los que ahora intentan entrar, no por la dorada puerta reservada a los inmigrantes de cuello blanco, sino por la hostil vacuidad del desierto -puerta de arena y fuego- experimentan la voluntad de acogida que esta estatua pregona con impúdica hipocresía. El poeta George Perec, tras un emotivo examen de las experiencias de los migrantes que pasaron por Ellis Island, concluyó que ser emigrante era tal vez precisamente eso: ver una espada allí donde el escultor creyó, con total buena fe, poner una antorcha, y no haberse equivocado del todo.

CAMBIO DE SIGLO:
SALTOS GRADUALES EN LA VOLUNTAD DE EXCLUIR

La voluntad estadounidense de excluir, cuya expresión más palmaria han sido las deportaciones, experimentó un giro durante el cambio de siglo. Según Daniel Kanstroom, cuyo Deportation Nation seguimos para la mayor parte de nuestros datos, el régimen de deportación del siglo XX saltó de un control fronterizo expandido a unas leyes de control social post-ingreso para requerir lealtad imperativa, conformidad rígida, intromisión gubernamental y miedo.

Hubo saltos graduales. Una ley de 1891 estableció la deportación de quienes hubieran ingresado a Estados Unidos violando sus leyes. Pero limitó su aplicación a un año después del ingreso. Otra ley de 1903 extendió la posibilidad de deportar hasta tres años después del arribo. Aun entonces, la deportación estaba ligada a la violación de la ley durante el ingreso. Una ley de 1910 corrigió esta barrera a la voluntad deportadora, eliminando el límite de los tres años y permitiendo la deportación de cualquier extranjero que hubiera cometido delitos en Estados Unidos. En 1917 la barrera contra la inmigración china, instituida en el siglo XIX, se expandió hasta convertirse en un bloqueo a todos los asiáticos, haciendo de la exclusión racial un componente central de las leyes de inmigración, naturalización y deportación. Esta tendencia a poner diques fue reforzada por el Presidente Theodore Roosevelt, que también blandió su gran garrote sobre los inmigrantes luego de sacudirlo sobre los gobiernos latinoamericanos insumisos: Roosevelt animó el fortalecimiento de las leyes que mantuvieran a los estadounidenses a salvo de los enfermos, idiotas, epilépticos y paupérrimos inmigrantes. Y esto de ninguna manera es suficiente -añadió-. No solamente los anarquistas, sino todo hombre de tendencias anarquistas, todas las personas violentas y propensas al desorden, toda la gente de mal carácter, incompetente, perezosa, viciosa y físicamente averiada, defectuosa o degenerada debería ser mantenida aparte.

El nacionalismo desatado con la Primera Guerra Mundial extendió la mano dura desde las prostitutas hasta los disidentes políticos, especialmente anarquistas, sin tiempo límite desde el momento de su ingreso. La ley de espionaje de 1917 se valió de penas criminales para suprimir opositores a la guerra, especialmente si eran de origen extranjero. La ley de sedición de 1918 castigó a todos aquellos que publicaran, imprimieran o escribieran en lenguaje desleal, profano, escurridizo o abusivo animando a la resistencia contra Estados Unidos o promoviendo la causa de sus enemigos. Los 250 mil militantes de la Liga de Protección Americana lucharon contra la sedición localizando subversivos. El Departamento de Justicia recibió diariamente mil denuncias de presunta sedición, de las cuales al menos el 95% eran meros chismes. El blanco de ataques eran los extranjeros.

La fiebre nacionalista que inspiró el gigantesco letrero eléctrico Lealtad absoluta e incondicional a nuestro país, colocado sobre la Quinta Avenida en Nueva York, prohibió la enseñanza del alemán y puso de moda una jerga nacionalista que rebautizó las hamburguesas como sandwiches libertarios y el sauerkraut como repollo libertario. Muchos alemanes fueron linchados por patriotas mientras las autoridades hacían la vista gorda. Todos los varones mayores de 14 años de origen alemán debieron registrarse. El gobierno canceló muchos certificados de naturalización.

Después, la era de McCarthy reforzó el modelo doctrinal subyacente a estas políticas. La virtud de haber cultivado lazos comunitarios -haber estudiado, tener familiares y amigos- dejó de ser suficiente para ser considerado miembro de la comunidad estadounidense.

A las razones ideológicas de la exclusión, se sumaron motivos económicos. El sistema necesitaba una creciente mano de obra, pero cierto tipo de mano de obra. Las primeras leyes migratorias del siglo XX buscaron sacudirse a los recién llegados que se convertían en una carga. Por eso la crisis catapultó las deportaciones. Como podemos apreciar en el gráfico, del porcentaje de población nacida en el extranjero -en Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York-, en los años 20 alcanzó nitidez una tendencia decreciente del peso demográfico de los extranjeros. Su decremento se sostuvo y agudizó en los siguientes 50 años.

En la cresta de esta ola declinante (1920), Frederic C. Howe escribió que los extranjeros eran deportados por convertirse en una carga: fueron descartados por la mina, el molino, la fábrica y la empacadora. La crisis los transformó en esos desechos humanos de los que habla el sociólogo polaco Zygmunt Bauman. Nunca antes habían sido tan poco bienvenidos los exhaustos y pobres, las aglomeradas masas que anhelan respirar libres y los desperdicios miserables de las tierras superpobladas.

ELIMINAR LA ESCORIA DEL CRISOL

Edwin E. Grant, senador estatal de California, publicó en el académico American Journal of Sociology un artículo titulado Scum from the Melting-Pot: la escoria del crisol. El Melting-Pot, el crisol donde todas las nacionalidades se funden en una sola, es la metáfora más manida sobre Estados Unidos como nación de inmigrantes de variado cuño. Grant lamenta que la prosperidad lograda por los padres fundadores atrajera semejante cohorte de parásitos, la escoria que bien podría haber sido eliminada del crisol. Grant sugiere eliminar a toda costa la escoria que confundió libertad con licencia para embarcarse en todo tipo de actividades delictivas.

La metáfora del huésped para referirse a los residentes permanentes fue sintomática de la actitud hacia los extranjeros. Nunca fueron ciudadanos con plenos derechos. Tanto las autoridades como las asociaciones nacionalistas se arrogaron el derecho de ejecutar recurrentes redadas y deportaciones bien coordinadas y planificadas. Huelguistas y líderes sindicales extranjeros fueron su platillo predilecto, con la venia de los empleadores. En las minas de Bisbee, Arizona, en 1917 el sheriff y un grupo de patriotas deportaron a mil huelguistas -de Bohemia, Serbia, Austria, Montenegro, Checoslovaquia, Italia y México- en una sola noche, dejándolos abandonados en el desierto durante tres días, con provisiones de agua y alimentos, pero sin refugio. El reporte del gobierno señaló que la situación creada por esa mezcla de 30 nacionalidades había convertido las minas en unos Balcanes en pequeña escala. El sheriff de Bisbee fue proclamado por la prensa como un ejecutor de un nuevo Bisbee Tea Party y como el hombre que libró en las minas de Arizona la misma lucha que los soldados en las trincheras de Francia.

LA GUERRA DE LOS COLORES:
BLANCOS CONTRA NEGROS Y ROJOS

Los trabajadores estaban inusitadamente levantiscos. En 1919 hubo alrededor de 3 mil 600 huelgas de hambre donde se involucraron más de 4 millones de trabajadores. El país estaba con los pelos de punta. Hasta los policías de Boston se declararon en huelga. La paranoia anti-bolchevique galopaba con la rienda suelta. Entonces fue creado el FBI para investigar las actividades de los radicales.

La nueva agencia demostró una eficiencia encomiable: en sus primeros cien días de existencia reunió evidencia contra 60 mil sospechosos, que pronto escalaron a 200 mil radicales bien localizados y monitoreados. Algunas bombas -y muchos chismes sobre bombas que nunca estallaron- abonaron el terror hacia los radicales. Pronto el FBI determinó que el 90% de los radicales eran extranjeros que encontraban una tierra muy fértil entre los negros. El negro está viendo rojo, observó James Edgar Hoover, Director del FBI.

La guerra de los colores se desató con simultáneos tintes ideológicos y raciales: blancos contra negros y rojos. Las demandas de los afrodescendientes contra los linchamientos de que eran objeto fueron vistas como un fruto de la propaganda bolchevique. Se echó mano de cualquier excusa para multiplicar las deportaciones: tras el asesinato de tres policías y dos detectives cometido por “un negro borracho y loco”, el alcalde de la ciudad de Johnstown, Pennsylvania, Joseph Cauffield, ordenó que todos los negros y mexicanos con menos de siete años de residencia debían abandonar la ciudad.

El segundo aniversario de la revolución bolchevique fue celebrado por el gobierno estadounidense emitiendo más de 6 mil órdenes de arresto contra extranjeros “rojos”. La intencional defectuosidad de muchas órdenes tenía por objetivo conducir a confinamientos indefinidos. En Boston, los detenidos fueron obligados a marchar encadenados por las calles de la ciudad. El Fiscal General Palmer se apuntó la descripción más infamante sobre los deportados: Desde los ojos taimados y cautelosos de muchos deportados salta la avaricia, crueldad, locura y crimen; en sus rostros ladeados, ceños lánguidos y rasgos deformes puede ser reconocido el inequívoco tipo criminal.

ELLIS ISLAND ESTÁ AHORA
POR TODAS PARTES

Con el fin de la guerra la fiebre xenófoba descendió. Pero eso no significó mayor apertura a las migraciones. El cierre de Ellis Island y de otras puertas de ingreso y estaciones de probación significó que el ojo de Argos se diseminó por el mundo. Durante décadas funcionó en un espacio como el que Foucault describió en sus análisis: la arquitectura permite una mirada panóptica, un ojo que todo lo abarca desde cualquier punto en que se sitúe. Después, el proceso se distribuyó en distintos espacios, etapas y burocracias: la embajada donde se aplica a la visa, la patrulla que vigila la frontera, el puesto de migración que examina los documentos, las oficinas de aplicación a la residencia... Para los centroamericanos, las embajadas que niegan centenares de visas al día y México -la larga frontera vertical, el filtro purificador- son la nueva Ellis Island. Son fragmentos de la antigua isla, ahora reubicados en tierra firme, no por ello menos aislantes, menores coladeros.

Esta reformulación del modelo no supuso menor fe en los efectos benévolos de las deportaciones. Pero el cambio de época imprimió una reelección de la población meta que debía ser sacrificada para evitar la caótica Babel o una balcanización de los Estados Unidos, situaciones míticas protagonizadas por los fantasmas religiosos y políticos que aterraban a un amplio sector de la opinión pública.

LIMPIEZA ÉTNICA DE MEXICANOS

Los nuevos portadores de la letra escarlata fueron los mexicanos, cuya inmigración fue estimulada cuando se bloqueó el ingreso de los asiáticos. La distancia entre la cultura estadounidense del sudoeste y la civilización “café” mexicana era percibida como mucho más corta comparada con el abismo entre los mundos “blanco” y “amarillo”.

Varios cambios legislativos -disminución de impuestos a la inmigración y suspensión de la ley que sólo permitía el ingreso de alfabetizados- estimularon la entrada de entre 50 y 80 mil mexicanos en 1917-1921. Sin embargo, los ataques físicos y la destrucción de propiedades de mexicanos que emprendieron los grupos xenófobos indujeron a que sólo en 1920-1921 retornaran a su país casi 100 mil mexicanos. Como este tipo de “control social” no fue suficiente, las deportaciones vinieron a complementarlo. Enfocadas sobre los indocumentados, los deportados aumentaron de 2 mil 762 en 1920 a 38 mil 796 en 1929. De ellos 15 mil eran mexicanos.

En 1930, en plena gran depresión, dejaron de expedirse visas para los trabajadores mexicanos. En 1930-33 el ministro del trabajo pensó que la mejor solución para generar empleos era la expulsión de mexicanos. Calculó que había 400 mil ilegales en Estados Unidos. Pronto el gobierno descubrió que, si se negociaban tarifas al por mayor, los mexicanos podían ser transportados hasta la ciudad de México por sólo 14.70 dólares per cápita, es decir, menos que una semana de comida y alojamiento. En 1933, el Times estimó que California había sido aliviada de más de 200 mil repatriados. En la década de los 30 la población mexicana en Estados Unidos cayó en un 40%.

Más de un millón de descendientes de mexicanos fueron expulsados durante la Gran Depresión. Fue una de las limpiezas étnicas más exitosas de la historia. Desde entonces los mexicanos se convirtieron en el prototipo del extranjero ilegal contra el que la maquinaria deportadora era dirigida. Al serles aplicado, el sistema de deportación adquirió sus elementos actuales: una mayor sofisticación técnica y burocrática; ásperas persecuciones, largos períodos después de su ingreso, a los extranjeros que delinquen o disienten ideológicamente; intentos episódicos pero masivos de usar la deportación como mecanismo de control de la frontera sur; restricciones al proceso judicial; y reafirmación de que los no ciudadanos que enfrentan procesos de deportación tienen unos derechos depreciados.

CAMBIANDO DE VÍCTIMAS:
LA “MISTERIOSA MAFIA”

Los procesos de deportación siguieron la misma trayectoria que el régimen de justicia criminal: se volvieron más centralizados, burocráticos, ásperos e inmisericordes. Los oficiales a cargo no sólo trataban a los detenidos con impune brutalidad, sino que sistemáticamente extorsionaban incluso a extranjeros documentados amenazándolos con la deportación. Durante algún tiempo los dardos de las deportaciones se dirigieron hacia otras poblaciones meta. En los años 30 se multiplicaron las deportaciones de italianos so pretexto de combatir a la “misteriosa Mafia”, presuntamente integrada por una mayoría de sicilianos.

Esa década no dejó de lado a los comunistas. El Congreso fue bombardeado con propuestas de ley orientadas a combatir a los comunistas en toda forma imaginable. Cuando el legislador Martin Dies fue colocado al frente de una comisión para investigar las instituciones in-americanas (unamerican), muchos quedaron perplejos preguntándose por el significado del neologismo. El mismo Dies ofreció una definición que apuntaba al castigo de los extranjeros: Organizaciones o grupos existentes en Estados Unidos que están dirigidos, controlados o subsidiados por gobiernos o agencias extranjeras interesadas en cambiar las políticas y forma de gobierno de los Estados Unidos de acuerdo con los deseos de tales gobiernos extranjeros.

LA “RAZA JAPONESA”: UNA “RAZA ENEMIGA”

Con la Segunda Guerra Mundial, la persecución fue acicateada. La ley de registro de los extranjeros de 1940 autorizó la deportación de todos aquellos que alguna vez hubieran pertenecido a una organización que tuviera como objetivo el derrocamiento violento del gobierno. Esa ley obligó a que todos los extranjeros se registraran y tuvieran que notificar al gobierno sus cambios de domicilio y declarar bajo juramento en qué actividades estaban o habían estado involucrados.

Los más perseguidos fueron los japoneses. Fueron los árabes de aquella paranoia. El ataque a Pearl Harbour tuvo el mismo efecto que la embestida contra las Torres Gemelas: justificar las investigaciones, confinamientos y deportaciones de los connacionales de los agresores. La reubicación e internamiento de 120 mil personas de ascendencia japonesa -muchas nacidas en (y ciudadanas de) Estados Unidos- fue uno de los episodios más vergonzosos en la historia de la nación de inmigrantes. Un monumento en Japan Town de San Francisco recuerda que más de 70 mil ciudadanos y 40 mil no ciudadanos -la mayoría de ellos con residencia permanente- fueron privados de los más elementales derechos constitucionales. Obligados a abandonar sus hogares, fincas y negocios, primero fueron alojados en centros de detención, luego empaquetados en trenes y posteriormente internados en campos eufemísticamente llamados “centros de reubicación”, donde permanecieron durante años. Unos fueron recluidos en las nuevas reservas temporales. Otros fueron expulsados.

El General DeWitt, a quien cupo el dudoso honor de dirigir este operativo, escribió: La raza japonesa es una raza enemiga y mientras muchos japoneses de segunda o tercera generación nacidos en suelo estadounidense, poseedores de la ciudadanía estadounidense, han devenido ‘americanizados’, el linaje racial es indisoluble. En otra ocasión añadió: Un japonés es un japonés. No hace ninguna diferencia si es ciudadano estadounidense… No lo puedes cambiar dándole un pedazo de papel.

¡FUERA COMUNISTAS Y SUBVERSIVOS!

Una vez más, el sistema actuó haciendo caso omiso de las más legítimas normas. Muchos reclamaron en vano arguyendo las terribles consecuencias que para un sistema democrático significaba sentar este precedente. Un tardío informe gubernamental de 1982 reconoció que estas medidas fueron alimentadas por el prejuicio racial, la historia de la guerra y un fracaso del liderazgo político. Pero no mencionó la principal causa: haber considerado a los asiáticos como perpetuamente extranjeros, una visión que sigue haciendo estragos en muchos otros extranjeros a través de un sistema de deportación que expulsa ignorando lazos familiares, años de residencia e incluso la carencia de vínculos familiares y culturales con los presuntos países de origen.

Durante la Guerra Fría, las deportaciones se convirtieron en un arma esencial. La nueva ley inmigratoria de 1952 hizo de los comunistas la nueva cabeza de turco. Los comunistas y “miembros de organizaciones peligrosas para la seguridad pública” podían ser deportados retroactivamente y prohibida su naturalización. La ley pretendía barrer a no menos de 22 mil “rojos”. En julio de 1953, casi 300 deportaciones políticas estaban en proceso. Para agilizar más los trámites y fabricar más inmigrantes vulnerables a la deportación, el Instituto de Inmigración y Naturalización anunció que planeaba desnaturalizar a más de 1 mil 500 ciudadanos. Entre 1952 y 1984, de acuerdo a un informe oficial del Instituto de Inmigración y Naturalización, más de 8 mil personas de 98 nacionalidades distintas fueron expulsadas de los Estados Unidos debido a sus convicciones políticas. El sistema de exclusión fue empleado para mantener lejos a un gran número de presuntos subversivos, entre los que estaban Charles Chaplin y Gabriel García Márquez.

SECANDO “ESPALDAS MOJADAS”

El sistema no tardó en volver vista y fauces hacia uno de sus platillos predilectos: los mexicanos. La Segunda Guerra Mundial hizo nuevamente imprescindible la mano de obra mexicana. Tras la firma de un acuerdo entre los gobiernos mexicano y estadounidense sobre “Migración Temporal de Trabajadores Agrícolas Mexicanos hacia Estados Unidos”, el Programa Bracero echó a andar y trajo alrededor de 4.5 millones de trabajadores mexicanos entre 1942 y 1964. Cuando entraban trabajadores sin la debida documentación, eran capturados por las patrullas fronterizas y entregados a la Comisión de Empleo de Texas, que se encargaba de fumigarlos, certificarlos legalmente y enviarlos a las plantaciones tejanas, un proceso que a veces era denominado “secando espaldas mojadas”. La comisión de marras secó 142 mil espaldas entre 1947 y 1949.

Posteriormente, esas espaldas mojadas crecieron en número y abonaron el pánico. En 1949, con la guerra finalizada, las espaldas mojadas no eran ni secadas ni bienvenidas. Una comisión presidencial determinó ese año que al menos 400 mil miembros de la fuerza migratoria laboral -compuesta por un millón de inmigrantes- eran espaldas mojadas. Un oficial de migración declaró que esas espaldas mojadas eran la mayor invasión de un país a otro en tiempos de paz que país alguno hubiera sufrido complacientemente, en abierta, flagrante y contenciosa violación de sus leyes. Las deportaciones pasaron de 29 mil en 1944 a 565 mil en 1950. En 1954 las aprehensiones de indocumen¬tados sobrepasaron el millón: un promedio de más de 3 mil al día. El mexicano quedó entonces más instituido que nunca como arquetipo del extranjero ilegal.

LA ERA DE REAGAN:
UNA PEQUEÑA ZANAHORIA Y UN GRAN GARROTE

La bonanza económica de los años 70 -la cresta del ciclo expansivo/depresivo que Kondratieff identificó como inherente a la economía capitalista- relajó las políticas migratorias.

Para ser consistentes en grado mínimo con una política de suministro de asesores técnicos y armamentos a los militares derechistas e insurgentes reaccionarios, las administraciones gubernamentales estadounidenses tuvieron que acoger a cubanos y nicaragüenses que huían de gobiernos rojos. Tanta largueza condujo a un punto de saturación. De nuevo había que poner freno… y dar marcha atrás. La Immigration Reform and Control Act (IRCA) de 1986 fue presentada por el Presidente Ronald Reagan como una estrategia para recuperar el control de nuestras fronteras.

La IRCA tenía un poco de zanahoria y de garrote. En tanto que garrote, impuso sanciones a los empleadores que contrataran a no ciudadanos que carecieran de una autorización federal para trabajar. En tanto que zanahoria, posibilitó la legalización del estatus de aquellos indocumentados que hubieran permanecido de forma continua en Estados Unidos desde enero de 1982: amnistía para 3 millones de no ciudadanos. El problema es que la ley excluía la revisión judicial para aquellas peticiones que fueran rechazadas administrativamente, a no ser que los reclamantes se embarcaran voluntariamente en un proceso de deportación. En otras palabras, la revisión judicial de las peticiones rechazadas estaba condicionada a la aceptación del riesgo de deportación.

En algunos casos los grupos favorables a los inmigrantes obtuvieron pequeñas victorias. En 1982 la Corte Suprema falló que los hijos indocumentados de inmigrantes indocumentados en Texas tenían el derecho a recibir educación en las escuelas públicas. En el texto de la sentencia, la Corte señaló que la incapacidad de ejercer un eficiente control fronterizo, unido al fracaso en establecer una barrera al empleo de mano de obra indocumentada, habían conducido a la creación de una sustancial “población sombra”, situación que implicaba la existencia de una casta permanente de residentes indocumentados, una subclase que suscitaba los problemas más complicados a una nación que se enorgullecía de adherirse a los principios de igualdad ante la ley.

Pero la legislación federal sostuvo el garrote. La ley de 1994 fue aún más ruda que las anteriores: el fiscal general fue autorizado a saltarse los procedimientos regulares de deportación en el caso de delincuentes que no fueran residentes legales y que fueran inelegibles para un auxilio especial en caso de deportación. De nuevo el sistema limitó severamente la revisión judicial. Su elemento novedoso fue la creación de un centro especial para localizar a no ciudadanos que hubieran cometido delitos. El sistema de deportaciones, ese control estatal post-ingreso, se convirtió en el caballito de batalla de los políticos para mostrar rudeza contra la delincuencia a un bajo costo político. Concentrar el foco en los delincuentes extranjeros fue una forma de aparecer haciendo algo contra el intratable y resurgente problema de los indocumentados.

AL MARGEN DEL ESTADO DE DERECHO

La segunda mitad de los años 90 mantuvo la misma tendencia. En 1996 falleció el estado de derecho aplicado a las deportaciones. Los sentimientos xenófobos iban creciendo. Las leyes de 1988, 1990 y 1994 no fueron suficientes para satisfacerlos.

Dos leyes aprobadas en 1996 facilitaron las deportaciones: la ley anti-terrorista y de pena de muerte efectiva y la ley de responsabilidad inmigrante y de reforma de la inmigración ilegal. Ambas fueron parte de la onda expansiva de la bomba que estalló en la ciudad de Oklahoma y de una actitud que aguardó el momento propicio para conseguir una encarnación jurídica. Estas leyes cambiaron las bases de la exclusión y la deportación, expandieron retroactivamente los delitos que ameritan deportación, estipularon mandatos de detención para diferentes clases de no ciudadanos, diseñaron procedimientos expeditos de deportación para ciertos tipos de casos, eliminaron la revisión judicial para ciertos tipos de órdenes de deportación, autorizaron un reforzamiento jurídico de la participación estatal y local en los procesos de deportación, y crearon un nuevo procedimiento aerodinámico de repatriación -permitiendo el uso de evidencia confidencial- para los no ciudadanos acusados de actividad terrorista.

Estas leyes han sido acremente criticadas por la devastación que acarrearon a muchas familias, por su rigidez y retroactividad. No cabe duda que tuvieron un efecto sobre las rutas y la peligrosidad del ingreso indocumentado a Estados Unidos. El gobierno mexicano calcula que más de 2,100 personas han muerto al cruzar la frontera desde 1997.

Ambas leyes fueron una clara señal de que el régimen legal de las deportaciones quedaba fuera de la corriente dominante del estado de derecho en Estados Unidos. Las nuevas leyes ratificaron rasgos acunados en anteriores políticas: el carácter sin límite temporal de las deportaciones de no ciudadanos -no importaba cuándo hubieran ingresado-, la irrelevancia de los lazos familiares y la desconsideración de nefastos daños. Para impugnar un caso de deportación, el afectado debía -y debe aún- permanecer en prisión tanto tiempo como dure la apelación.

HOY: DISCRECIONALIDAD
SIN SUPERVISIÓN JUDICIAL

En las últimas dos décadas el sistema estadounidense de deportación se ha vuelto más eficiente y mucho más rígido. Sin embargo, sigue abierto a una inmensa discrecionalidad procedimental.

Esta discrecionalidad no es nueva. En el pasado tuvo un papel ambivalente. Sirvió tanto para destrozar muchas vidas como para anular muchas órdenes de deportación. Pero lo más importante era que la discrecionalidad, sometida a revisión, alimentó el cuerpo legal y reformó los procedimientos administrativos al fomentar un diálogo entre los procesos administrativos de deportación del Ejecutivo, la producción de leyes del Legislativo y la aplicación de las mismas del Poder Judicial.

Una normativa reciente prohíbe que el Poder Judicial revise las decisiones discrecionales. Cualquier apelación debe hacerse sobre la base de una violación a los derechos constitucionales, pero no de un cuestionamiento del carácter discrecional de una decisión. La ley REAL ID de 2005, establece que ningún tribunal tiene jurisdicción para revisar las decisiones más discrecionales en casos de deportación, aunque permite a los tribunales de apelación revisar reclamos constitucionales o cuestiones de ley.

La combinación de leyes ásperas, amplia discrecionalidad, carencia de abogado consejero, reducción de revisión administrativa y limitada supervisión judicial han armado un Frankenstein legal proclive al abuso de autoridad. El resultado: de los cerca de 600 mil casos adjudicados a los jueces de inmigración en 2003-2004, más de un 30% implicaron aplicaciones a un auxilio discrecional de una u otra forma. Para estar seguros de no equivocarse, muchos jueces suelen ser generosos. Pero el sistema ejerce presión y mira con sospecha la generosidad judicial. No pueden excederse en la concesión de auxilio discrecional. De 36 mil casos de asilo presentados a los tribunales de inmigración en 2004, 74% fueron rechazados. La tasa de aplicaciones exitosas a la Convención contra la Tortura -cuya deliberación implica un alto grado de discrecionalidad- es de apenas 3%. De un juez a otro, de una región a otra, las cifras varían en forma alarmante.

INMIGRANTES = HUÉSPEDES
EN ETERNA PROBACIÓN

En Estados Unidos, cualquier persona que carezca de la ciudadanía -no importa si es indocumentado, beneficiario del Temporal Protection Status (TPS) o residente con 50 años de permanencia consecutiva en el país- puede ser deportado debido a una amplia gama de motivos, algunos bastante claros y otros fundados en meros tecnicismos burocráticos.

La ley estadounidense requiere a todo no ciudadano que reporte su cambio de domicilio en un plazo no superior a los diez días. La infracción de este artículo es motivo suficiente para proceder a la deportación. Los inmigrantes ni siquiera son informados de qué infracciones de la ley podrían conducir a su deportación. No tendría sentido hacerlo porque la gama de infracciones puede cambiar y ser aplicada retroactivamente. Un inmigrante puede ser deportado por un acto que no era delictivo en el momento en que lo cometió. El principio elemental de no retroactividad de la ley no aplica para frenar las deportaciones.

Comparados con los derechos que gozan los criminales comunes, los de los deportados son mínimos. No se les leen los “derechos Miranda”: la advertencia sobre sus derechos a guardar silencio y disponer de un abogado que debe darse a todo imputado en el momento de su detención para evitar que se auto-incrimine. No se les avisa que tienen el derecho de contratar a un abogado si no hasta después de ser sometidos a un intimidante interrogatorio. No tienen el derecho a un juicio con jurado. Si una vez condenados desean apelar la sentencia del juez, deberán permanecer en prisión todo el tiempo que demore la apelación, un proceso que fácilmente durará años, al cabo de los cuales reciben una decisión sumaria, tomada tras escasos diez minutos de revisión de sus casos por un funcionario intermedio del equipo de apelaciones inmigratorias.

Todo este sistema, a juicio de Kanstroom, forma parte de lo que etiqueta como “modelo de eterna probación” o “modelo de huésped eterno”. Su aplicación más severa sugiere que millones de habitantes son súbditos albergados al capricho del gobierno y pueden ser deportados por cualquier razón. Las leyes de exclusión y deportación, muestran paradójicamente los lados oscuros y los pre-requisitos del ideal que presenta a Estados Unidos como nación de inmigrantes. George Washington fue claro a este respecto cuando en 1783 se dirigió a un grupo de inmigrantes irlandeses: El pecho de América está abierto a recibir no sólo a los extranjeros opulentos y respetables, sino a los oprimidos y perseguidos de todas las naciones y religiones, a quienes damos la bienvenida para que participen en todos nuestros derechos y privilegios si, por su decencia y conducta apropiada, parecen merecer su disfrute. Kanstroom sostiene que la vaguedad de estos conceptos de “decencia”, “conducta apropiada” y “merecer” son el tenebroso río que corre bajo el fértil paisaje del mito de la nación de inmigrantes.

NADIE ESTÁ A SALVO:
NI RESIDENTES NI CIUDADANOS

Millones de extranjeros creen haber encontrado en la naturalización un parapeto seguro contra la arbitrariedad de las deportaciones. Pero alcanzar ese punto es toda una odisea. Primero deben convertirse en residentes permanentes, lo cual puede durar varios años. Luego deben esperar cinco años para iniciar los trámites de naturalización, entre cuyos requerimientos figuran la residencia continua en Estados Unidos, ser alfabetizado, manejar el inglés, conocer la historia y forma de gobierno de los Estados Unidos, tener buen carácter y demostrar que suscriben los principios de la Constitución y están bien dispuestos para el orden y la felicidad de los Estados Unidos. No todos los llamados por George Washington son encontrados suficientemente “decentes” por los oficiales de inmigración. Entre 1999 y 2004 hubo 3.6 millones de peticiones de naturalización. Más de un tercio resultaron rechazadas, y muchos de los que aplicaron fueron sometidos inmeditamente a procesos de deportación.

En consecuencia, crecen las deportaciones como consecuencia de este sistema fallido. Como podemos observar en el cuadro, en el decenio de 1996-2005 hubo más de 200 mil deportados anuales que en el decenio de 1986-1995. Este incremento se nutre del aumento de las deportaciones expeditas. La mirada panóptica se deslizó de la línea fronteriza a una banda más ancha. La deportación expedita se aplica a no ciudadanos -capturados en un margen de 100 millas aéreas de las fronteras terrestres norte y sur y las áreas costeras- que no fueron legalmente admitidos y que no pueden probar que han estado física y continuamente presentes en Estados Unidos durante los 14 días previos a su aprehensión. Este procedimiento significa que los no ciudadanos pueden ser repatriados sin un proceso legal, sin una entrevista formal, sin la posibilidad de comunicarse con sus familiares y amigos, y sin que la decisión del funcionario a cuya merced estuvieron sea sometida a revisión por los jueces de inmigración. Esta legislación permite que los no ciudadanos encontrados en vastas áreas del territorio sean expulsados y tratados como si los encontraran cruzando la frontera o llegando al aeropuerto.

La aplicación de esta política con histeria policial xenófoba ha desembocado en la violación de los derechos elementales de muchos ciudadanos estadounidenses de ascendencia latinoamericana. Su look -ese primer “documento” que revisa la policía migratoria- los condena.

MIL Y UNA HISTORIAS ABUSIVAS

Reseño una pequeñísima muestra de la ola de estadounidenses capturados por la “migra”. Hugo Alvarado de 22 años: nacido en Bakersville, California, fue arrestado en un bar y detenido durante dos días, hasta que su padre entregó pruebas de su nacionalidad estadounidense. Juan Manuel Carrillo de 19 años: nació en San Diego y mencionó su ciudadanía estadounidense a los oficiales de migración que lo arrestaron con otras 300 personas. Los oficiales llevaban una orden de arresto con su nombre porque, dado que no había cometido ningún delito, no figuraba como ciudadano estadounidense en los registros policiales. A sugerencia de Carrillo, fueron en busca de su pasaporte a su apartamento, donde empujaron al hermano de Carrillo y lo interrogaron sobre quiénes vivían ahí y su estatus migratorio.

RMG Castro, de 6 años: fue capturada por una patrulla fronteriza, trasladada en una camioneta sin silla infantil a lo largo de 300 millas hasta llegar a la frontera con México. La niña estuvo en México durante los tres años en que su madre sólo supo que se encontraba en algún sitio de Ciudad Juárez. Kenrick Foncette de 38 años: detenido para ser deportado a Trinidad y Tobago al aplicársele retroactivamente la ley de 1996 por portar armas en 1987 e intento de robo en 1991. Aplicó a la naturalización arguyendo que su madre se había naturalizado y que él llegó a Estados Unidos cuando tenía 14 años de edad. Su petición fue rechazada aduciendo que la madre no tenía la custodia legal sobre él. Cuando otro tribunal falló que efectivamente era un ciudadano estadounidense, Foncette había estado recluido tres años de su vida. Lo liberaron sin un centavo en el bolsillo ni chance de pedirle a su familia que lo llegara a buscar. “Perdí todo -dijo Foncette-. Tuve que empezar de nuevo. Cuando digo todo, quiero decir todo: cuenta bancaria, casa, ropa, todo”. Como éstas, hay cientos de historias más.

SENSENBRENNER:
ATIZADOR DE LA HISTERIA RACISTA

Al promotor de este tipo de operativos, incendiario atizador de la histeria racista y actualmente en campaña para el Congreso de 2010, al senador James Sensenbrenner, ¿los latinos? le han dedicado un artículo fulminante en Wikipedia: Sensenbrenner pretende tratar como criminales a todos los inmigrantes, castigar a quien dé cualquier tipo de ayuda, trabajo, alquile una vivienda o dé cobijo a algún inmigrante de los Estados Unidos. También propone que a todos los niños nacidos en Estados Unidos y que sean hijos de inmigrantes les sea retirada la nacionalidad americana, deportarlos con sus padres a sus países de origen y además negarles acceso a la educación, asistencia social y todo servicio médico. Propone también construir un muro en toda la frontera con México. Sensenbrenner es un congresista abiertamente racista, que en todos los programas de radio y televisión que se presenta, lo único que hace es hablar mal de los mexicanos y descargar su odio, minimizando a todos los países de Latinoamérica. Él ha tachado a todos los inmiGrantes como ilegales y terroristas aun cuando su mayor riqueza viene de sus empresas situadas en toda América Latina. Una persona que no obtendrá votos hispanos en Wisconsin es el Representante James Sensenbrenner. Lo que la mayoría de los hispanos no saben, es que James Sensenbrenner es el heredero de la fortuna de Kimberly Clark. Todos los hispanoparlantes que compran productos de las marcas Kleenex, Scott, Huggies, Pull-Ups, Kotex y Depend, ponen su dinero en la cuenta de banco de Sensenbrenner.

UN INFAME PROYECTO DE LEY

Senador desde 1979 -continuamente reelegido-, ídolo de quienes luchan por reducir los impuestos, galardonado por la cámara de comercio y los pequeños empresarios, James Sensenbrenner tiene su web : http://sensenbrenner.house.gov. Ahí cuelga sus comunicados y declaraciones. Sensenbrenner promueve reducción de impuestos, auxilio a los ancianos, reconocimiento a los veteranos de guerra, una coalición para la victoria en Irak, apoyo al derecho de defensa de Israel en Gaza y reedición de la Patriot Act de 2001 a punto de expirar en 2009.

Cierra las puertas en las narices de los latinos mientras introduce una propuesta de ley para ofrecer 3 mil visas a tibetanos desplazados. Apoya toda reducción de impuestos y vota contra un programa de seguro de salud para niños, que no requiere mostrar documentos de identidad y que por ello posibilita que los niños inmigrantes indocumentados tengan el acceso a los servicios.

En 2005 intentó criminalizar la estadía ilegal en Estados Unidos -de momento una falta de carácter civil-, con lo que puso en jaque a 12 millones de indocumentados. Su proyecto incluía penas a quienes dieran ayuda o asistencia a un indocumentado, construcción de nuevas cárceles para extranjeros no autorizados y ampliación de recursos a las agencias federales de inmigración para realizar redadas y arrestos.

Antes de las elecciones de noviembre de 2008 -que dieron el triunfo a Obama- Sensenbrenner sorprendió con un nuevo proyecto muy similar al anterior, el proyecto de ley HR 4065, orientado a fortalecer la seguridad en las fronteras, endurecer la ejecución de la política migratoria, aumentar las redadas y acelerar las deportaciones, expandiendo su espectro fatal a todos los estados. La sección 114 de su proyecto de ley impone al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional rendir un informe al Congreso sobre su rastreo de las pandillas centroamericanas en el área fronteriza.

La sección 221 ordena una inversión descomunal en los procesos de aprehensión y la concesión de fondos a aquellas entidades estatales que tengan, en efecto, la política y práctica de aplicar las leyes inmigratorias más represivas. Sensenbrenner pide 300 millones de dólares por cada año fiscal y exige que los receptores de tales fondos identifiquen extranjeros deportables en prisiones y centros correccionales públicos y se aseguren de que esos extranjeros no sean liberados en sus comunidades, sino transferidos a prisiones federales para ser deportados una vez concluidas sus condenas.

LA MUY COSTOSA
“GUERRA CONTRA LOS INMIGRANTES”

La utopía de Sensenbrener sería una deportación masiva y sostenida de los 12 millones de inmigrantes indocumentados que actualmente residen en Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta esa utopía? De acuerdo a investigaciones del Center for American Progress, deportar a los 10 millones de indocu¬mentados (de 2005) hubiera tenido un costo de entre 206 y 230 mil millones de dólares o incluso más. Capturar, procesar y expulsar a los indocumentados en un lustro tendría un costo no inferior a los 41 mil millones de dólares anuales, monto que supera el presupuesto total del Departamento de Seguridad Nacional en un año ordinario como fue 2006 (34.2 mil millones), duplica el gasto en seguridad del transporte y fronteras (19.3 mil millones), alcanza más de la mitad del gasto anual en la guerra con Irak (74 mil millones) y más que duplica el costo anual de las operaciones militares en Afganistán (16.8 mil millones).

Los agentes de migración tienen una tasa de productividad relativamente baja: cerca de 10 capturas al año. El costo por agente es de 174 mil 714 dólares. Así cada aprehensión cuesta un promedio de 17 mil 603 dólares. Sólo la captura de 9 millones de inmigrantes -suponiendo que el resto saldría amedrentado por la ola de deportaciones- costaría más de 158 mil millones de dólares. Pero, dado que cada inmigrante permanece detenido un promedio de 42.5 días antes de su repatriación, 9 millones de detenidos costarían -cama y comida- 34.4 mil millones de dólares. Procesarlos legalmente añade 10.7 mil millones, en caso de que a ninguno se le concediera el derecho de apelación. En caso contrario, los costos de procesamiento y detención se abultarían de forma espeluznante.

El último costo, el transporte, está muy lejos de aquellos 14.70 dólares per cápita de los años 30. El costo promedio actual es de 1 mil dólares: transportar de regreso a 9 millones de indocumentados supone desembolsar 9 mil millones de dólares. Aparte de los efectos adversos que tal expulsión tendría sobre la economía estadounidense, su impacto sobre el gasto fiscal es aterrador. Sólo sería posible a partir del convencimiento de que la guerra contra los inmigrantes merece tanto esfuerzo como la guerra contra Irak. Semejante actitud no tendría precedentes incluso en una nación tan deportadora como ha sido Estados Unidos a lo largo de su historia. ¿O existe ya un terreno abonado para que surjan semejantes brotes de xenofobia y se catapulte la paranoia deportadora?

¿AUMENTARÁN O NO LAS MIGRACIONES?

Contrariamente a lo que algunos suponen, el flujo migratorio histórico no es una recta en continuo e inaplazable ascenso. Su graficación muestra una serie de ondas largas semejantes a las que Kondratieff detectó en la economía. Tomemos, en el caso de Estados Unidos, el peso de la población extranjera plasmado en el gráfico. Tanto para la ciudad de Nueva York como para todo el país, los ciclos son claros. Su descenso más pronunciado coincide con los años de la depresión y continúa hasta los años 70, cuando una nueva depresión surte el efecto contrario a la anterior: atraer más migrantes.

En los ciclos migratorios medidos a través del peso demográfico de los extranjeros, intervienen muchos factores. Entre otros, la tasa de mortalidad y la tasa de los retornos -que suponemos exiguos, aunque sólo se trata de una hipótesis, porque han sido escasamente estudiados-, la tasa de natalidad de los nativos en relación al flujo migratorio -el peso del baby boom de 1945-1965-, y condicionantes externos, como las guerras, la difusión del sueño americano y las desventajas relativas -mayor tasa de desempleo, menores salarios- de la periferia capitalista con respecto al país imperial.

A partir de los años 20, el declive que se prolonga hasta los 70 se explica primero por la gran depresión y luego por el baby boom y la relativa mejora en los países de la periferia. Posteriormente, los conflictos armados de los 70-80 en América Latina multiplicaron a tal punto el volumen de desplazados de guerra que éstos formaron las redes de inserción de los desplazados económicos generados por los programas de ajuste estructural y otros severos sismos económicos de los años 90.

Un punto de inflexión ideológica fue especialmente importante en el incremento de este flujo: la gente dejó de apostar por cambiar el país -por el reformismo o por las revoluciones- y apostó por cambiar de país. Las facilidades de transporte y un contagio epidémico operaron como incentivos. El segundo elemento se percibe en comunidades donde migrar se ha convertido en un rito de paso, factor cultural que apuntala el principio de que la migración incrementa por sí misma las migraciones. Un aumento del flujo migratorio y del peso demográfico de los inmigrantes en el conjunto poblacional no necesariamente significa que se dispararán las políticas restrictivas. Eso lo dicen el gráfico y el recorrido histórico realizado. Importa mucho quién migre, las percepciones sobre la distancia étnica entre la población nativa y los inmigrantes. E importan mucho, por supuesto, las fluctuaciones en la demanda de fuerza laboral: el trato a los enemigos indispensables y a los enemigos superfluos o competidores es muy distinto.

¿AUMENTARÁN
O NO LAS DEPORTACIONES?

Quizás para medir mejor cuánto nos aproximamos o no hacia una época más o menos xenófoba convenga echarle un vistazo a las cifras de deportados y a las de concesión de residencia o ciudadanía. Como podemos apreciar en el cuadro, ha habido un incremento notable en el porcentaje de rechazos a las peticiones de ciudadanía. Entre 1925 y 2007, el período más favorable para los aspirantes a gringos fue la década de 1965-75: solamente 1.73% de las peticiones fueron rechazadas, en parte porque fue una temporada de baja demanda. La peor década fue 1996-2005, con casi la cuarta parte de las peticiones rechazadas. De las peticiones sometidas en 2006-2007, casi el 10% fueron negadas. En esos dos años fueron sometidas más de un millón de peticiones. La mayoría de ellas siguen en proceso. Sólo podremos conocer el porcentaje real de peticiones rechazadas en algunos años. De momento, podemos concluir, sin resquicio de duda, que estamos ante el momento más reluctante a la concesión de ciudadanías.

En contraste, las deportaciones van en aumento galopante. Su comparación con la concesión de la residencia es alarmante. La era dorada de 1925-33, con casi 10 inmigrantes que obtenían la residencia por cada deportado luce como un pasado idílico. Cifras del Department of Homeland Security dicen que los inmigrantes de todas las nacionalidades tuvieron que sacrificar un deportado por cada residente en 2006-2007. Según esa fuente, en 1947-54 soplaron peores vientos: el precio por cada residente eran 2.6 deportados. Durante la Segunda Guerra Mundial se abrió la manga para recibir inmigrantes. Urgía obtener mano de obra para reemplazar las plazas vacantes de los obreros y campesinos reclutados por el ejército.

El programa “Bracero” importó muchos trabajadores temporales de México y el departamento de migración fue menos severo persiguiendo indocumentados. Después de la guerra, con el retorno de los soldados, los inmigrantes se convirtieron en mano de obra competidora de la de los nativos, muchos elevados a la categoría de héroes. Las políticas migratorias se endurecieron, y por eso el precio en deportados por cada residente subió tanto en 1947-54.

Pero aún así esas políticas no alcanzaron la dureza granítica que hoy tienen y que las cifras no muestran en su real magnitud. Esas cifras son engañosas. La mirada panóptica nacionalista y sus filtros están diseminados por el mundo. Estados Unidos ha desglosado el proceso de Ellis Island y lo ha situado en muchos puntos del globo. Por ejemplo, México es ahora el principal filtro de la inmigración procedente de México, Centroamérica y Sudamérica, y también de gran parte de la migración del Caribe. De México vienen fletados de regreso alrededor de 30 nicaragüenses por semana y muchos más centroamericanos.

En 2005, fueron deportados desde Estados Unidos 128 mil 840 guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses. Ese año, los centroamericanos tuvieron que aportar 2.66 deportados por cada residente, una cifra semejante al promedio de los deportados de todas las nacionalidades en el peor período: la postguerra. Ese mismo año, “la migra” mexicana hizo un esfuerzo por duplicar esa cifra deportando a 226 mil 205 personas de esas nacionalidades. Si a los deportados desde Estados Unidos les agregamos los deportados desde México, resulta que en 2005 tuvimos de hecho 7.32 deportados por cada residente. Todo un récord.

UN PAÍS MITAD ESCLAVO Y MITAD LIBRE
QUE OFICIALIZA EL RACISMO

En una frase célebre, Abraham Lincoln dijo en 1858: Creo que este gobierno no puede seguir siendo permanentemente mitad esclavo y mitad libre. Como observó sarcásticamente Martin Walter, los Estados Unidos una vez más entonan el God Bless (white) America y acaban con la esclavitud… expulsando a los esclavos, personas con ciudadanías deterioradas, habitantes de categoría inferior. Para alarma del orgullo blanco, estos esclavos son insumisos y no se quedan de brazos cruzados. A inicios de abril, millares de haitianos marcharon en Miami, Florida, para reivindicar el cese de la repatriación masiva de inmigrantes haitianos sin documentos. En febrero de 2009, autoridades de inmigración estadounidense enviaron a 30 mil haitianos órdenes de abandonar los Estados Unidos. Según el Servicio de Inmigración y control de Aduanas estadounidense, cerca de 600 haitianos están detenidos y 240 están en prisión domiciliar, siendo controlados por pulseras electrónicas aplicadas en sus cuerpos. Es el panóptico electrónico.

En protesta contra esa decisión del gobierno de Barack Obama, unas 10 mil personas expresaron solidaridad con los haitianos indocumentados y amenazados de expulsión. Se manifestaron frente al centro de detención temporal de inmigrantes del Condado de Broward, próximo a Miami. Para el 6 de mayo, las organizaciones de haitianos planificaron una manifestación en la ciudad de Washington.

Estos migrantes hacen cierta la afirmación de Touraine: Si sólo somos capaces de ver en los inmigrantes a unas gentes que huyen de la miseria que les prometen sus retrasadas sociedades y que están ansiosas por adoptar el género de vida occidental, nos esperan problemas irresolubles.

Con las deportaciones, el racismo se oficializa. El salvaje blanco, no importa dónde vaya, se siente señor de todas las casas. Ocurrió en Norteamérica. Ocurrió en África, donde -observó Mark Twain- el salvaje negro fue sustituido por el boer, salvaje blanco, que es sucio, vive como las vacas, es indolente, adora a un fetiche, es obtuso, serio, solemne y siempre está preparándose para los cielos, probablemente en la sospecha de que en ningún otro lugar podrían soportarlo.

INVESTIGADOR DEL SERVICIO JESUITA
PARA MIGRANTES DE CENTROAMÉRICA (SJM)
MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO

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