Mal comenzó el último año de Zelaya

La democracia hondureña es ya un proceso agotado. Después de 30 años de elecciones y de alternabilidad en el gobierno de liberales y nacionales esta democracia amenaza la seguridad de la ciudadanía y es un obstáculo para la justicia.

Ismael Moreno, SJ

El año comenzó revuelto. El tambaleo de la economía, originado en los centro de poder de los ricos del mundo, tiene ya consecuencias sobre países tan empobrecidos como el nuestro.

Cuando finaliza el segundo mes del año, la cifra de deportados hondureños de Estados Unidos sobrepasa ya los quinientos, venidos sólo por medios aéreos. Y cada día aumenta el número de mujeres que se acercan al banco o a una caja de agencia de envíos, no tanto a recoger la remesa que le envía su esposo, sino a depositar 100 ó 200 dólares para algún familiar que se quedó desempleado en Estados Unidos.

Por estos lados la crisis tiene nombres propios: es la gente que vive en barrios de San Pedro Sula o de La Ceiba o de El Progreso. Es la gente que vive en las zonas fronterizas con El Salvador y que la vida ha orillado a depender en exclusiva de las remesas que les envían sus familiares desde Estados Unidos. Es la población que en los últimos diez años ha vivido de la remesa, especialmente tras el Mitch, que trajo tanta ayuda internacional, pero nunca trastocó la inequidad social y la vulnerabilidad ambiental. En esta población es donde ya impacta el primer golpe de una crisis que los expertos analistas apellidan como global.

Hay también otros nombres en esta crisis. Unas 30 mil trabajadoras de la industria de las maquilas han sido despedidas y están en sus casas de los barrios marginales, ya lejos de las encerradas y calurosas construcciones de la costa norte hondureña, en las que heredaron graves problemas pulmonares por absorber cotidianamente el “tamo”, esa diminuta fibra que en millones de partículas despide la tela con la que confeccionaron los vestidos y la ropa interior que ya no demanda en tanto volumen el consumista Norte.

ESFUERZOS INÚTILES:
UNA CORTE PARTIDISTA

A la par de los primeros golpes de la crisis, se sucedieron los debates, tiras y aflojas, a finales de enero, en torno a la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y en la primera quincena de febrero, a la elección del Fiscal General y su Adjunto en el Ministerio Público. Muchas personas -especialmente profesionales de la capital y de San Pedro Sula- invirtieron enormes energías en favor o en contra de las futuras autoridades, sin que al final todo ese esfuerzo cambiara un solo pelo de los acuerdos que previamente habían tomado los barones de la política y del gran capital.

Varios sectores de la sociedad civil se esforzaron para que las autoridades judiciales se eligieran con independencia de los partidos políticos y de los intereses de los grupos económicos. Comunicados pagados en medios de comunicación, denuncias públicas, reuniones y manifestaciones en la capital. Para, finalmente, en la media noche del 25 de enero los diputados levantaran la mano para elegir a ocho magistrados del Partido Liberal y a siete del Partido Nacional, cumpliendo los acuerdos decididos tres años atrás: en esta ocasión la Corte Suprema de Justicia le correspondía a los liberales.

TAMBIÉN
EN EL MINISTERIO PÚBLICO

De igual manera, los diputados fueron convocados para elegir a las máximas autoridades del Ministerio Público. Hace casi un año, un grupo de fiscales se lanzó desesperadamente a una huelga de hambre haciendo un llamado a reflexionar sobre la corrupción en esta institución del Estado, cuya función es la de defender a la sociedad ante las autoridades públicas.

Cuando se aproximaba la fecha de la elección, recordaron que se debía respetar la demanda de aquella huelga: no seguir corrompiendo a la institución eligiendo a autoridades subordinadas a los partidos políticos. Pero, al final también a la media noche, el 11 de febrero, los diputados levantaron la mano para elegir a un Fiscal puesto por los liberales y a un Adjunto puesto por los nacionalistas. Y así, se confirmó lo que sabiamente dicen nuestros abuelos: “Perro que come huevos, aunque le quemen el hocico…”

DESCONTENTO Y DESCONFIANZA
EN LOS POLÍTICOS

Los políticos y funcionarios públicos no sólo no aprenden. Se empecinan en seguir cayendo en sus propias dinámicas de autodestrucción. Una encuesta de mediados de febrero mostró que si las elecciones hubiesen sido en los días en que se eligió a las autoridades judiciales y a los fiscales, un 48% no hubiese ido a las urnas por desconfiar de los políticos.

En una investigación reciente, una universidad de Estados Unidos demostró que el 52% de los entrevistados se ha venido desafiliando de los partidos políticos en los últimos seis años y ninguna de esas personas se apuntaría a un nuevo partido político por su desencanto ante la práctica deshonesta y oportunista de los actuales partidos políticos.

Con unos 30 años de elecciones y alternabilidad en el poder de liberales y cachurecos, la gente sigue sin lograr entender ni poder explicar qué es democracia. Para los hondureños, los partidos políticos y el sistema de justicia son las instituciones con menos credibilidad. Sin embargo, los líderes políticos y los jueces se hicieron un racimo en torno a la elección de las autoridades responsables de impartir justicia.

Las elecciones primarias de los partidos en noviembre 2008 dejaron una advertencia: cerca del 70% de las personas con derecho a votar no se acercaron a las urnas y, de acuerdo a la investigación de la misma universidad, un 70% dijo que no irá a depositar su voto en las elecciones generales que se celebrarán en noviembre 2009. Los líderes políticos conocen de estos datos. Sin embargo, siguen como los perros mañosos: quemándose su propio hocico.

ZELAYA: A LA ZUMBAMARUMBA

En el marco de elecciones de las autoridades de justicia, culminó el tercer año de la administración de Manuel Zelaya Rosales, y comenzó la inexorable cuenta regresiva de su último año. En su día, en “Envío” nos hicimos eco de la acertada figura inventada por el político Matías Fúnez para identificar a Mel Zelaya y a su grupo de gobierno. Dijo que eran una verdadera “patastera ideológica”. Un gobierno enredado y ecléctico sin que nadie en su sano juicio logre entender dónde comienzan sus ideas y dónde terminan sus desvaríos. “Este gobierno nos está llevando a la zumbamarumba”: así lo resumió una señora que asiste a los análisis de realidad que celebramos en la cuenca baja de la margen derecha del río Ulúa, en el Valle de Sula. Tiene razón: son más de tres años de andar sin rumbo fijo. Cuando la huelga de hambre del grupo de fiscales, personeros del equipo de gobierno se afanaron en acercarse a los dirigentes de la iniciativa huelguística con el fin de manejar las decisiones que allí se tomaran, pero nunca se supo a ciencia cierta si era sólo para quedar bien con los fiscales o para usarlos de cara a una extraña maniobra de ruptura constitucional.

Aquel fantasma de una ruptura de la institucionalidad democrática emergió de nuevo con fuerza en los días de las elecciones de las autoridades del Poder Judicial. Existen testimonios que afirman que el propio Ministro de Defensa amenazó con meter tanques militares al edificio del Congreso Nacional si no se reelegía como presidenta de la Corte Suprema de Justicia a la esposa del Ministro de la Presidencia, la abogada Sonia Marlina Dubón. Lo cierto es que los sectores políticos que adversan el ALBA y toda relación con Hugo Chávez, con Daniel Ortega y con Cuba se hicieron un nudo en contra de Mel Zelaya y su equipo, y al cumplir su tercer aniversario a nadie le queda ninguna duda de que el Ejecutivo está gobernando en solitario con el equipo de los llamados “patricios” y enfrentado con el resto de corrientes y sectores de los dos partidos políticos tradicionales.

EL PRIMER AÑO DE ZELAYA

El gobierno de Mel Zelaya ha radicalizado sus posiciones en la medida en que avanzaba el tiempo. El primer año habría buscado establecer alianzas al interior del Partido Liberal, así como con los sectores económicos y políticos que controlan los hilos del poder. Poco tiempo duró en esta empresa. Una empresa que coincidió con evidentes signos de soberbia de los miembros del equipo cercano a casa presidencial. En aquel primer año, el equipo de Zelaya no estuvo interesado en relacionarse con los sectores sociales y populares, tradicionalmente opositores a las políticas públicas y al modelo de dominación.

En los comienzos de su mandato, Mel Zelaya, con su equipo de los “patricios”, se bastaba a sí mismo. El propio Canciller de la República hizo denodados esfuerzos por estrechar relaciones con el gobierno de Estados Unidos, y no dudó en sentarse en el mismo escritorio con John Dimitri Negroponte -responsable de las torturas y vejaciones de las que este funcionario hondureño fue objeto a comienzos de los 80, siendo estudiante universitario-, buscando con la acción de comer ambos en la misma mesa quitarse el estigma de izquierdista que incomodaba tanto al imperio como
a los sectores pudientes del país. De todos modos, nadie entre la gente de poder les creyó. Tampoco los sectores populares les creyeron.

SEGUNDO AÑO:
ZELAYA AL ALBA

En el segundo año, el gobierno de Zelaya fue definiendo lo que serían las nuevas y más significativas alianzas. Para mayo de 2007, el propio Canciller de la República habría de expresar, en un evento convocado por los países cooperantes, que existían grupos de poder que desde los últimos pisos de hoteles de lujo de la capital y de San Pedro Sula buscaban desestabilizar al gobierno del “Poder Ciudadano”. Ese año, en julio, Patricia Rodas, Presidenta del Partido Liberal y progenitora de los “patricios”, se abrazaba enfervorizada en Managua con Hugo Chávez, Daniel Ortega y Rosario Murillo al ritmo de la consigna “¡El pueblo Unido jamás será vencido!”, sellaba la alianza que definiría el nuevo rumbo de la administración de Zelaya.

Desde entonces, Mel Zelaya y su equipo buscó acercarse al movimiento popular y a la izquierda tradicional hondureña, para convertirla en base social que respalde su política energética, económica y social, expresadas primero en el acuerdo con Petrocaribe y después con su incorporación al ALBA.

Así, su proyecto quedó más claro: una nueva alianza con el bloque latinoamericano liderado por Chávez, construcción de una base social interna con los sectores de la izquierda tradicional y distanciamiento y eventual confrontación con los grupos tradicionales de poder, tanto políticos como económicos.

Hoy, la administración de Zelaya comienza su cuarto y último año de gobierno. Su fase final arranca acuerpado por el reducido equipo de los “patricios” y respaldado por algunos sectores populares, particularmente los gremios, deslumbrados por la aprobación de un aumento del salario mínimo y por la poderosa sombra de Chávez, detrás de la nueva Canciller de la República.

TRACTORES SÍ,
REFORMA AGRARIA NO

En la segunda quincena de febrero, y tras meses de espera, llegaron los cien tractores prometidos por Hugo Chávez para que el gobierno los entregara a los campesinos. Desembarcaron en el Caribe hondureño y fueron recibidos por una enorme caravana del “Poder Ciudadano”.

En Honduras una reforma agraria y una legislación que defienda a los campesinos de la voracidad del capital, son asuntos que ni siquiera entran a discusión en las diversas instancias del Estado. 32 campesinos de la comunidad agraria “Guadalupe Carney”, organizados en el Movimiento Campesino del Aguán, andan huyendo tras una orden de captura que pende en su contra de parte de los tribunales de una justicia que se aplica con celeridad cuando los afectados son los terratenientes. Dos de ellos ya están en la cárcel en La Ceiba.

Pero los tractores de Chávez llegaron y el gobierno lo celebró como si se tratara de la fundación de una brillante política agraria. Un antiguo dirigente campesino, actual militante de la izquierda tradicional, también los recibió lanzando vivas a Zelaya, a Chávez y a Cuba, en medio de un llanto agradecido. Se olvidó de reclamar la reforma agraria y de demandar justicia para los campesinos perseguidos en la región del Aguán. En el campo hondureño, cada vez más un campo sin campesinos, los tractores venezolanos proclamarán las maravillas de la izquierda latinoamericana, mientras no asomará en el horizonte la necesaria reforma agraria.

CON LAS ALFORJAS CARGADAS

Cuando Mel Zelaya comenzó su mandato el 27 de enero de 2006 los “patricios” se creyeron los dueños de la patria. Y así lo hacían sentir. En el camino, se fueron quedando solos, aunque seguramente con sus alforjas bien cargadas gracias a las generosas arcas del Estado y a los negocios que la política propicia.

Una porción muy alta de los recursos con los que ha actuado el equipo de Mel Zelaya en estos años provino de la condonación de la deuda externa y de los fondos millonarios destinados a la llamada estrategia para la reducción de la pobreza. Hoy, ya en su recta final, rodeados de sectores de izquierda sin sustento popular e impulsados por el mar de petróleo venezolano, pretenden ir más allá de los cuatro años, pero sin saber a dónde van, a la “zumbamarumba”.

UNA DE LAS ÁREAS
MÁS VIOLENTAS DEL MUNDO

Una vez que pasó la elección de los magistrados de justicia, los dirigentes de los partidos políticos dedicaron sus esfuerzos a reestructurar sus equipos y sus agendas para la campaña política que culminará en las elecciones del último domingo de noviembre. Uno de los temas fundamentales a capitalizar es el de la seguridad. Ya lo fue en la campaña de hace cuatro años. En esta ocasión, todo apunta a que la seguridad será tema crucial.

Asustados por los niveles de violencia, y como si no tuvieran responsabilidades en las raíces de esa situación, los diputados decidieron convocar al Ministro de Seguridad para que informara de su política al frente de un Ministerio que apesta a delincuencia y a crimen organizado.

La preocupación está plenamente justificada. Hay zonas de la costa norte hondureña, como Choloma -amplia zona urbana colindante con San Pedro Sula repleta de maquilas- en la que se producen 134 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que la convierte en una de las áreas más violentas de todo el planeta. Las víctimas de la violencia son mayoritariamente jóvenes menores de 24 años, y se corresponden con esa larga estela de población despedida de las maquilas, que toca todas las puertas buscando empleo y recibe un NO rotundo. Se corresponde también con la población sometida a las embestidas y ofrecimientos de los traficantes de droga y de los agentes del crimen organizado.

¿UN PAÍS TRANQUILO Y EN PAZ?

Alguno que otro vocero de los grandes empresarios o de los políticos del patio suele salir de cuando en cuando a decir que Honduras debe cuidar su imagen ante la comunidad internacional. Elevan el grito al cielo cuando los movimientos sociales salen a las calles a demandar protección de los recursos naturales o a exigir demandas sociales. Las cosas no se resuelven protestando y menos saliendo a las calles, suelen decir. Y añaden: Promovamos un clima de paz y tranquilidad...

Vivir de la imagen. Ésa es la consigna oficial. Aunque el país se hunda. Un llamado vacío a un diálogo y a un consenso nacional, pero sin resolver en serio las necesidades de la gente más indefensa. Ésa es la insistencia de la clase política, y de alguno que otro líder religioso. No importa si la gente está muerta de hambre o si los hospitales no cuentan ni con pastillas para calmar dolores. Lo que importa es que se oculten esas realidades para vivir de la imagen de un país tranquilo y sosegado.

Los empresarios de las maquilas, quieren un clima de tranquilidad social, pero muchas veces ni siquiera respetan las leyes laborales hondureñas. Los empresarios exigen un clima de tranquilidad mientras hay grandes comerciantes, banqueros y agroindustriales que evaden el pago de impuestos y se involucran en acciones delictivas dentro del crimen organizado.

¿Cómo puede la empresa privada demandar un clima de tranquilidad si para salvaguardar sus ganancias en la presente crisis ha propuesto el despido de medio millón de hondureños? ¿Se puede vivir de la imagen en un país en donde existen grandes personajes de la política y de la empresa privada que trafican con armas o promueven el asesinato como vía de limpieza social? ¿Se puede sostener una imagen de tranquilidad social en un país con un empresariado experto en evadir el pago de impuestos y en sacar ventajas del Estado para sus propios negocios?

UN ESTADO REHÉN
DEL CRIMEN ORGANIZADO

Detrás de la inseguridad y de la violencia, lo que tenemos es un país con unos partidos políticos, con un empresariado y con un Estado rehén del crimen organizado. Existen voces que sostienen que algunos ministerios, como el de Seguridad, es coto cerrado de los narcotraficantes y que en la elección de autoridades judiciales y del Ministerio Público la palabra del crimen organizado tuvo un peso relevante.

Cuanto más se acerca Honduras a cumplir treinta años de haber pasado de los regímenes militares de puño duro a la democracia representativa, menos democracia tenemos y más avanzamos hacia propuestas autoritarias adornadas con ropaje electoral. Cuanto más pasa el tiempo, esta democracia basada en elecciones y en la sucesión pacífica de sus autoridades se viste con ropas no sólo sucias, sino ya en harapos.

ESTA DEMOCRACIA
ES UN OBSTÁCULO

La actual democracia hondureña no sólo es un proceso inconcluso, sino agotado y casi en extinción. Después de estas tres décadas, sigue imperando el sometimiento de la ley a unos cuantos caudillos, mientras el Estado de Derecho sigue arrodillado sin remedio ante los caprichos y arbitrariedades de los dueños de los partidos políticos y de los grandes empresarios, que se expresan en los medios masivos de comunicación.

El Estado de Derecho adolece de seriedad y de fuerza, y por su extrema debilidad institucional constituye una de las mayores amenazas para la estabilidad y la seguridad de la ciudadanía. Hoy en día, el Estado de Derecho y la democracia como forma de organizar y ejercer el poder político, no se sustentan en la ciudadanía ni garantizan la igualdad de todos ante la ley.

El Estado de Derecho y la democracia no garantizan la gobernabilidad del país porque se han convertido en instrumentos que favorecen los privilegios de una reducida clase política y garantizan que los grupos que se ocultan en los corredores subterráneos del crimen organizado se muevan como Pedro por su casa.

El Estado de Derecho y la democracia se han convertido en las principales barreras para que la ciudadanía acceda a la justicia. Tras las instituciones se protegen los funcionarios públicos para no rendir cuentas y para someter las leyes a las decisiones políticas partidarias.

El peligro de convulsión social no está en la delincuencia común o en los sectores sociales que protestan en las calles. El peligro desestabilizador no hay que buscarlo fuera. Está dentro.

La democracia y el Estado de Derecho están necesitados en Honduras de una nueva ropa y de un nuevo cuerpo democrático. Ese vestido y ese nuevo cuerpo social y político sólo pueden diseñarse desde fuera de la actual clase política y desde dentro de los nuevos liderazgos de los movimientos sociales que puedan ir surgiendo desde las comunidades organizadas y se articulen en sus propios territorios. Con dignidad y justicia, como fue la consigna de la huelga de hambre, que abrió tantas puertas y esperanzas.

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN HONDURAS.

Imprimir texto

Enviar texto