Vulnerables ante el devastador pleco

Un pez invasor amenaza con destruir el ecosistema del magnífico lago Cocibolca. Se llama pleco. La crisis económica internacional amenaza a Nicaragua y nos encuentra muy vulnerables. ¿Qué es más grave, la crisis que nos llega de fuera o el ecosistema político altamente contaminado con que recibimos esta crisis?

Equipo Nitlápan-Envío

El primer ejemplar de pleco fue pescado por casualidad en la laguna de Nacarime, en Rivas, hace un año. Diez horas estuvo fuera del agua y no murió. Como años antes los pescadores mexicanos de Michoacán, los de aquí creyeron que lograba sobrevivir al aire porque tenía poderes sobrenaturales y lo llamaron “pez diablo”. Ahora ya se han colocado en lugares estratégicos afiches que alertan de la peligrosidad de este animal.

El Hypostomus panamensis es un pez primitivo: camina en tierra y en vez de escamas tiene una coraza de placas óseas. Se introdujo desde hace años en el lago Cocibolca y está convirtiéndose en el “tirano” de sus aguas. Nadie lo detiene: tiene capacidad depredadora para acabar con el resto de especies, sin que exista ya en esas aguas ninguna especie que lo haga su presa. La irracional pesca del tiburón toro y del pez sierra los desparecieron hace años. Sólo ellos hubieran podido con el pleco. Vía libre, pues, para que se reproduzca sin frenos un pez que se come a los demás y que no es comestible.

La alteración que años de contaminación y abandono han venido causando en la flora del lago, a las que se añade ahora el destructor modo de vida del pleco, anuncian una situación incierta para la pesca y hasta para lograr hacer del Cocibolca la reserva nacional de agua potable, como dice la nueva ley de aguas.

La presencia y proliferación de este pez intruso y la dificultad para eliminarlo de nuestras aguas, unidas a la alta contaminación que ya tienen, a causa de tanta desidia, son, a juicio del científico nicaragüense Salvador Montenegro, director del CIRA (Centro de Investigación sobre los Recursos Acuáticos), otro síntoma de nuestra naturaleza enferma y de nuestra irracionalidad.

SIN CRECIMIENTO
Y CON MÁS DESEMPLEO

En todo el mundo se multiplican los destrozos de la crisis económica internacional, ese pleco depredador de empleos y devastador de un ecosistema económico ya enfermo cuando él se coló en sus aguas. ¿Cómo estamos enfrentando aquí en Nicaragua a tan peligroso animal? ¿Qué enfermedades de nuestro ecosistema político nos impiden enfrentarlo mejor? ¿Qué es más grave, el pleco-crisis o el ambiente al que llega?

El Presidente del Banco Central, Antenor Rosales, del bloque empresarial del FSLN -representante en el gobierno de un pragmatismo realista que suele complementar o contradecir los ideológicos discursos del Presidente Ortega-, anunció el 1 de abril que la economía nicaragüense no crecería en 2009 y seguramente quedaría en cero. Algunos economistas dicen que será en bajo cero.

Las zonas francas siguen cerrando. La más prometedora de estas maquiladoras, la estadounidense Cone Denim -que inició, por primera vez en el país, una producción industrial textil totalmente integrada, desde el hilo y la tela hasta la prenda terminada-, inaugurada por el Presidente Ortega al inicio de su gobierno, con una inversión de 100 millones de dólares, anunció que cerrará sus puertas durante todo un año.

Novecientos desempleados más, que se unen a miles de obreras y obreros de estas industrias textiles, paliativas del desempleo estructural, que ya estaban sin trabajo. Y, encuesta tras encuesta, el desempleo sigue siendo el problema número uno que señala la población como el que más le agobia. El pleco llegó para quedarse.

EL AGUJERO DEL PRESUPUESTO

En marzo, el gobierno logró, con los 38 votos de sus diputados FSLN, sumados a los otros 9, “independientes” y liberales -cuyos votos consigue con halagos y sobornos- que el Presupuesto para 2009 fuera por fin aprobado, a pesar de que mantiene un “agujero negro”: la cantidad que los países del grupo de apoyo presupuestario se negaron a desembolsar después de las evidencias del fraude electoral organizado por el gobierno en noviembre.

El agujero negro en el desfinanciado Presupuesto 2009 mantiene a Nicaragua off track en el programa trianual que firmó el Presidente Ortega con el FMI. El gobierno ha concentrado todos sus esfuerzos, no en analizar cómo enfrentar nacionalmente la crisis y sus efectos, sino en cómo superar gubernamentalmente este bache.

Coinciden dos estrategias. Una, la diplomacia que diseña la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, que envió al canciller Samuel Santos a una gira que culminó en Bruselas llevando un Libro Blanco “sobre la realidad del proceso electoral” para demostrarle a las cancillerías europeas la transparencia y legitimidad de los resultados de las elecciones municipales. Quien lea ese texto no encontrará más que una pieza de propaganda barata, que puso en ridículo a Santos y que, naturalmente, no movió un ápice las decisiones de la Unión Europea de cancelar su financiamiento al presupuesto nacional.

“SÓLO IRREGULARIDADES”

La otra estrategia, más realista y, por eso, más eficaz, es la del bloque empresarial del FSLN, que reúne a quienes toman las decisiones macroeconómicas. Siguieron batallando pragmáticamente con las fuentes que pueden llenar el agujero presupuestario. Bayardo Arce, motor de este bloque, ha reiterado que nada relativo al fraude electoral se discutirá con nadie. Ni con los historiadores, dijo gráficamente en una ocasión. Sabe que con las instituciones multilaterales (FMI, Banco Mundial y BID) no es necesaria esa discusión política, porque interpretan el fraude como “irregularidades” propias de sistemas electorales imperfectos.

Las tres continúan apoyando a Nicaragua porque su función es ocuparse de la macroeconomía (FMI) y reconocen que el gobierno del Presidente Ortega hace esfuerzos por mantenerla en buen rumbo. Y porque su función es ocuparse del desarrollo (BID y BM) y valoran que el gobierno de Nicaragua está comprometido con lograrlo.

LA VOCACIÓN SOCIAL
DEL GOBIERNO

Varias percepciones explican la posición de las tres instituciones multilaterales después de la crisis post-electoral. Sus relaciones son con el gobierno, legítimamente electo en elecciones donde nadie denunció fraude. Y frente al gobierno, observan a una oposición que ha mantenido alzada la bandera del fraude electoral como débil elemento cohesionador, mientras sus intereses son muy contradictorios y sus metas aún muy opacas.

Ven surgir, por ejemplo, contundentes evidencias de la complicidad de Alemán y de un sector del PLC en el fraude, sin que el PLC deje de hacer declaraciones “opositoras”. Y para enturbiar más las cosas, las alternativas para revertir el fraude parecen ya inviables. Mejor, pues, olvidar este escollo y mirar “hacia delante”, como hace unos meses ya expresó en Managua el representante del PNUD.

Sin embargo, el factor que más parece estar influyendo en los multilaterales para seguir respaldando al gobierno del Presidente Ortega es que le reconocen auténticos esfuerzos en la lucha contra la pobreza y aprecian en sus equipos en los distintos ministerios un compromiso social en niveles que no habían observado en las anteriores administraciones, la de Alemán y la de Bolaños, a las que también apoyaron. Percepciones y razones similares tienen Japón y Taiwan y varios países europeos.

Esto explica que en marzo el BID respaldara con 20 millones de dólares -para otras 16 mil familias de Matagalpa y Jinotega- al programa Hambre Cero y que el Banco Mundial lo alimentara con otros 7 millones de dólares, a pesar de los cuestionamientos que rodean el proyecto insignia de este gobierno. Y esto explica que las misiones técnicas del FMI estén haciendo todo lo posible para poner de nuevo el acuerdo on track.

El agujero negro del presupuesto podría taparse de otras formas si el gobierno incluyera en él la ayuda venezolana -calculada en unos 280 millones de dólares en 2008-, pero el gobierno no quiere transparentar el uso de esta línea de cooperación. Podría taparse si algunos donantes europeos volvieran a respaldar el presupuesto. Pero no hay señales de ello. Podría taparse con una reforma tributaria, eliminando, por ejemplo, las exageradas exoneraciones. Pero el gobierno no toma decisiones en este sentido por no afectar a un selecto grupo de sectores privilegiados.

LA CONTAMINACIÓN DE LA INEQUIDAD

Ciertamente, el pleco-crisis viene a hacerse dueño de un ecosistema nacional contaminado durante mucho tiempo por la insensibilidad y la irresponsabilidad social de tres administraciones, que fueron reduciendo los derechos sociales y económicos de la mayoría de los nicaragüenses a la mínima expresión. Y aunque es una cantinela en el discurso oficial lo de achacarle todos los males a “los 16 años de gobiernos neoliberales”, y aunque es verdad que los diputados del FSLN y el grupo orteguista tuvieron mucha responsabilidad en esa reducción de derechos -aprobando todas las leyes neoliberales y beneficiándose de privatizaciones a granel-, también es cierto que muchos de quienes asisten a los actuales servicios de salud, gratuitos y mejorados, o las mujeres que reciben las vacas paridas y las cerdas preñadas del programa Hambre Cero o las familias que son favorecidas con viviendas o incluso con mochilas escolares, experimentan que, por primera vez, el gobierno se ocupa de ellas.

TOMANDO DISTANCIA

Los programas sociales del gobierno son populistas, clientelistas e insostenibles -sostenidos hoy por Venezuela-, pero ese análisis, más de fondo, no está al alcance de quienes se benefician de ellos. Las políticas de fondo en donde se insertan estos programas sociales son políticas de austeridad fiscal típicamente neoliberales y fondomonetaristas, pero ese análisis, más de fondo, queda ocultado para los beneficiarios de lo social, deslumbrados todavía por el discurso de “arriba los pobres del mundo” que repite Daniel Ortega.

Aunque este análisis sí lo hacen las instituciones multilaterales, están decididas a apoyar la lucha contra la pobreza que desarrolla el gobierno, evaluando positivamente su vocación social.

En una mayoría de países de la Unión Europea las posiciones tienen más matices y, aunque perciben la orientación social del gobierno y la estiman, mantienen firme su reclamo por los derechos civiles y políticos y por los compromisos de gobernabilidad que el gobierno incumple. Y se han distanciado, convencidos de que hubo fraude electoral.

Unos acentuarán esa distancia, otros la acortarán sutilmente, pero en cualquiera de los casos, Nicaragua como país “mimado por la cooperación”, prioridad de muchos países europeos desde hace casi tres décadas, es ya historia pasada.

LA CONTAMINACIÓN DEL PACTO

El conflicto post-electoral generado por el fraude sigue vivo en el tapete político. Nuevas evidencias le dan vida. Este mes se hizo público un estudio de la Cooperación Técnica de Alemania (GTZ), que concluye que el FSLN sólo ganó 69 alcaldías y que en 37 municipios -donde vive el 47% de la población nacional- no existe ningún consenso sobre los resultados y no están siendo gobernados por autoridades legitimadas por el pueblo. En consecuencia, la cooperación alemana considera invertir en proyectos y programas de desarrollo solamente en los municipios en donde las autoridades gocen de legitimidad electoral.

Este mes, el magistrado electoral, José Marenco, se desfogó en una atropellada conferencia de prensa, acusando a su partido, el PLC, de haber planificado el fraude electoral con el FSLN. Dirigentes alemanistas insultaron a Marenco y el PLC lo acusó por delito electoral, buscando disimular sus responsabilidades en el fraude.

El estudio de la GTZ demuestra lo que ya era un secreto a voces: que en 32 de las 37 alcaldías afectadas por el fraude, éste se hizo contra candidatos que el grupo de Montealegre había seleccionado, lo que demuestra que el fraude no lo organizó el FSLN contra el PLC, sino contra el movimiento de Montealegre, y que lo llevó a cabo en contubernio con Alemán. La complicidad de Alemán con Ortega en el fraude buscaba consolidar el pacto bipartidista (PLC-FSLN) y eliminar de la competencia a otros liberales, a los no alemanistas, como ya hacía meses había confirmado otro magistrado electoral liberal, René Herrera.

Todas estas evidencias quedan impunes, porque el ecosistema político asimila ya cualquier cantidad de contaminación y no reacciona. A pesar de ello, son evidencias que van erosionando el liderazgo de Alemán entre las bases liberales y están causando deserciones entre diputados y directivos municipales del PLC, que se pasan al PLI, partido en el que se ha cobijado Montealegre para reorganizar a sus fuerzas.

Si el PLI se fortaleciera y se reestructurara y si sigue disputándole bases al PLC, la maquinaria institucional del pacto sacará del juego electoral al PLI, buscando el momento más oportuno para cancelarle la personería jurídica.

La contaminación del ecosistema político provocada por diez años de pacto FSLN-PLC boicotea cualquier propuesta alternativa e impide la construcción de cualquier consenso nacional, necesarios para enfrentar al pleco-crisis. La vocación del fraude es el bipartidismo: las aguas nacionales sólo para dos “especies”.

JUIGALPA: EL OPERATIVO
Y LA OPERADORA

A finales de marzo dirigentes del transporte colectivo y selectivo de León amenazaron revelar cuál había sido “la ruta del fraude” en esa ciudad, señalando por este delito a Lenín Cerna, responsable de organización electoral del FSLN.

Días después “El Nuevo Diario” informó nacionalmente sobre una reveladora y extensa carta donde “Manuelita”, una militante incondicional del FSLN, detalla cómo llevó a cabo el fraude en Juigalpa, cumpliendo órdenes superiores. Varios días antes, la radio y televisión locales ya lo habían contado todo.

Manipulando a escondidas todo el material electoral durante 28 horas, esta mujer trasladó boletas de una junta a otra, introdujo impugnaciones en las juntas en que le convenía, sacó y quemó actas originales de decenas de juntas en donde ganaban los liberales… hasta que logró transformar los 11 mil 31 votos con los que los liberales vencían al FSLN (9 mil 448 votos) en 7 mil 132, con los que perdían frente al FSLN (8 mil 850 votos).

Buscando librarse de amenazas de muerte de algunos liberales, sabedores de lo que hizo, y sin recibir de Ortega y de Murillo -a quienes dirige toda esta información- los premios prometidos por su delictiva acción -una casa y miles de córdobas-, Manuelita habló. Su historia sugiere operativos similares con operadores parecidos en otros municipios del país.

EL CONTRASTE CON EL SALVADOR

Las elecciones presidenciales celebradas el 15 de marzo en El Salvador, que le dieron una victoria ajustada, pero incuestionable, al FMLN, pusieron nuevamente en evidencia el fraude organizado unos meses antes en Nicaragua.

A pesar de que el partido de gobierno, ARENA, con veinte años en el poder, tenía control sobre el Tribunal Electoral, y a pesar de que, en un ambiente de extrema polarización, su rival, el FMLN, tuvo justificados temores de tendencias fraudulentas que alteraran los resultados, esto no sucedió, y en unas pocas horas la sociedad salvadoreña conocía ya los resultados definitivos, que daban la victoria al FMLN.

La presencia masiva de observadores electorales, tanto nacionales como internacionales, contribuyó decisivamente a frenar cualquier intento de fraude. En contraste, en Nicaragua ningún observador, ni de dentro ni de fuera, tuvo acceso al proceso y después de cinco meses el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua no ha presentado aún los resultados definitivos de las polémicas elecciones municipales de noviembre.

SIN UN VERDADERO DIÁLOGO

Especialmente grave en relación al fraude electoral fue la advertencia, hecha a inicios de abril por los obispos de Estelí, Matagalpa y Jinotega, respaldada por el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, de que en algunas zonas rurales ya operan grupos armados, descontentos con el rumbo que lleva el gobierno y que, ante las evidencias del fraude electoral, habrían decidido comenzar a organizarse para actuar políticamente.

En nuestro ecosistema político el recurso a la violencia para resolver los conflictos y la familiaridad con las armas sigue peligrosamente presente. Esta contaminación carga de más incertidumbres una situación ya muy difícil en las zonas rurales.

¿Un verdadero diálogo nacional ayudaría a descontaminar las aguas? Las podría aclarar. Pero el Presidente Ortega, después de anunciar a mediados de marzo que iniciaría ese diálogo, sólo “dialogó” -en uno más de sus habituales monólogos- con dirigentes de los sindicatos afines al gobierno. Después recibió de la gran empresa privada agrupada en el COSEP sus “propuestas para mejorar el clima de negocios”. De estos “diálogos” quedan aún fuera muchos sectores representativos y muchas problemáticas acuciantes, lo que imposibilita llegar a alguna clase de acuerdo o plan o propuesta nacional para enfrentar con alguna racionalidad la crisis internacional.

PROTAGONISMO EN ASCENSO
DE LOS OBISPOS

Tanto el Ejército como la Policía negaron que existan en Nicaragua grupos armados de carácter político, aunque aceptaron la presencia en zonas rurales de grupos delincuenciales que roban ganado y asaltan en los caminos. El ex-miembro de la Resistencia, Salvador Talavera admitió que estos grupos rearmados estarían aún en fase embrionaria y haciendo incursiones de medio tiempo.

Días después de la dramática advertencia de los obispos, recogida naturalmente por los medios de comunicación, el 6 de abril, el Procurador General de la República, Hernán Estrada, fue asaltado cerca de su casa, recibiendo un disparo que le causó una herida leve en el cuello. Estrada, extremadamente nervioso, declaró haber escapado de un intento de asesinato atroz y atribuyó el hecho a algunos medios de comunicación y a sectores religiosos -en innegable alusión a los obispos-, que de forma irresponsable han estado haciendo apología o haciendo llamados a la violencia directa o indirecta o encubierta.

Las relaciones del gobierno con la jerarquía católica permanecen tirantes desde que la Conferencia Episcopal fue la primera, el 11 de noviembre, en denunciar irregularidades que deslegitiman y ponen en entredicho el proceso electoral en muchos municipios y cabeceras departamentales, arriesgando la institucionalidad democrática del país.

¿LA HORA DEL ABORTO TERAPÉUTICO?

El gobierno nunca esperó una toma de posición tan rápida y directa. Ante la insistencia de los obispos en reclamar que se aclaren las dudas sobre el proceso electoral, que han mantenido hasta el día de hoy, el gobierno ha ensayado varios caminos. Las temerarias declaraciones de Estrada, a las que varios obispos respondieron muy molestos, reiterando que conocen el descontento que existe en amplios sectores rurales tras el fraude electoral, indican que las tensiones no se han superado y que tendencialmente pueden incrementarse.

Para que la cooperación europea vea una señal de rectificación y una muestra de flexibilidad, y a la vez para dar alguna “lección” a los obispos, el gobierno estaría dispuesto a despenalizar el aborto terapéutico.

La penalización del aborto terapéutico -legal en Nicaragua durante más de 100 años- durante la campaña electoral de 2006, con la activa participación de los diputados del FSLN y la apasionada vocería de Rosario Murillo, causó escándalo en los países europeos, que desde entonces han cuestionado al gobierno, en público y en privado, por esta medida.

El tema ha sido crucial en el mundo de la cooperación para tomar distancia del gobierno. Sin embargo, el Presidente Ortega ha aparecido personalmente en varias ocasiones defendiendo la penalización con los más variados argumentos: encuestas entre la juventud que muestran cómo el sentimiento de culpa agobia a quienes abortan, fidelidad a las creencias religiosas de la población, rechazo histórico del FSLN a la política imperialista de regular los nacimientos y hasta citas bíblicas en las que comparó a las organizaciones feministas con Herodes matando niños…

Ahora, el tiempo parece propicio para desdecirse de todos estos argumentos. La Corte Suprema de Justicia, controlada por Ortega, admitiría los recursos de inconstitucionalidad presentados por organizaciones de mujeres contra la penalización del aborto terapéutico por los varios derechos humanos de las mujeres que viola, y en la Asamblea Nacional los diputados del FSLN, más los diputados liberales que ya votan según los lineamientos del gobierno, acatarían la resolución de la Corte y reformarían el Código Penal para restituirle esos derechos a las mujeres.

El mismo oportunismo con el que se penalizó el aborto terapéutico se expresaría ahora en dirección contraria. Los obispos, naturalmente, han rechazado esta posibilidad, si se produce la despenalización, la mesa estaría servida para agriar más las relaciones entre el gobierno y los jerarcas católicos.

REFORMAS A LA VISTA

La otra herramienta que el gobierno prepara para atraer algunas simpatías de la cooperación internacional es la reforma a la Ley Electoral. Ya varios funcionarios y voceros gubernamentales hablan de esto abiertamente, aunque nada dicen de los administradores de esa excluyente ley, los magistrados del Poder Electoral. No mencionan la posibilidad de su destitución ni tampoco la transformación de ese desacreditado cuarto Poder del Estado en un instituto técnico, como ya lo es en varios países latinoamericanos.

El interés supremo del Presidente Ortega no deja de ser su reelección. La reforma a la Ley Electoral que propone el gobierno se haría dentro de una reforma constitucional que le permita ser reelegido. Actualmente, la Constitución le prohíbe a Ortega, tanto la reelección consecutiva como un tercer período. Sólo se permite constitucionalmente dos períodos alternos. Poco a poco, halago tras halago, Ortega se acerca a los 56 votos parlamentarios que necesitaría para lograr quitar de la Constitución esta valla. Cuenta ya con unos 48.

REELECCIÓN DE ORTEGA:
“UN DERECHO CIUDADANO”

Los anticuerpos que la idea de la reelección presidencial despierta en Nicaragua, tras la experiencia de medio siglo de dictadura dinástica de los Somoza, se ven corroborados en las encuestas: una mayoría no la respalda.

El grupo orteguista está tratando de neutralizar este rechazo desde ahora. Los medios de comunicación radiales del gobierno desarrollaron en febrero una intensa campaña a favor de la enmienda constitucional promovida, y ganada, por el Presidente Chávez en Venezuela, que le permitirá gobernar durante varios lustros seguidos.

La máxima expresión de la democracia es el derecho del pueblo a re-elegir a quien bien gobierna, decía el mensaje central de esta campaña, dirigida especialmente a que las bases sandinistas simpaticen con esa posibilidad.

Al igual que en la campaña de Chávez, los voceros del Presidente Ortega ya plantean su reelección no como el producto de una cuestionada reforma constitucional, ni siquiera como el deseo de reelegirse del mandatario, sino como expresión de una ampliación y fortalecimiento de los derechos políticos de los ciudadanos, que así podrán elegir a quien quieran, sin ninguna traba legal, que violentaría a ese derecho.

EMPLEADOS - MILITANTES

Por si las campañas sobre derechos democráticos no funcionaran con suficiente eficacia, el gobierno lanzó una cruzada para afiliar al FSLN a una mayoría de los empleados estatales. Sin ninguna condición previa -trayectoria, historial personal, compromisos o siquiera la solicitud-, el partido de gobierno está entregando masivamente carnés de militantes a trabajadores y trabajadoras de las instituciones y oficinas públicas. Desde quienes tienen cargos de responsabilidad hasta quienes hacen labores de limpieza o son choferes, la mayoría está siendo carnetizada como una forma de llegar en julio al 30 aniversario de la revolución con más de un millón de “militantes”.

A los empleados públicos se les juramenta en actos colectivos, se les hace cantar el himno del partido y dar “vivas” a Ortega, confiando en que el carné regalado sea en un par de años un voto asegurado. Piense lo que piense, nadie se niega a recibir el carné. En tiempos en que el pleco devora los empleos, ¿quién se arriesgaría a hacerlo? Aunque el ecosistema político nacional siempre ha sido presa de esta plaga, jamás se había visto una identificación Estado-Partido de estas dimensiones.

¿TAN ENFERMO ESTÁ
NUESTRO ECOSISTEMA?

Los equilibrios de todos los ecosistemas donde la vida se desarrolla son muy delicados y muy complejos. Su destrucción no sucede de un día para otro. Es la acumulación de descuidos, destrozos y estragos lo que los puede alterar irreversiblemente. Nicaragua pareciera impotente o incapaz de una reacción responsable y racional ante los riesgos de ese pleco devastador que es la crisis internacional.

¿Está tan enferma nuestra sociedad? ¿Se han roto ya los equilibrios del ecosistema nacional? ¿Somos ya un Estado fallido? ¿Y de quién es la responsabilidad para que ahora el pleco venga a acelerar la devastación? ¿Es el pacto, con su coraza casi invulnerable, que ha soldado los intereses de Alemán con los de Ortega y que ha ido depredando las instituciones del Estado el que nos ha dejado impotentes para enfrentar racionalmente los desafíos de la crisis?

¿Ha sido el cortoplacismo y la insensibilidad social de quienes antes del pacto han tenido más poder? ¿Es el inveterado recurso a la violencia o al providencialismo religioso, a los que recurrimos irresponsablemente? ¿Será que en el fondo de las aguas yacen masivos dramas de abuso sexual y eso es lo que nos mantiene enfermos?

Sin una única respuesta, las aguas nacionales, ya agitadas por la crisis, aparecen cada vez más turbias.

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