Crisis penitenciaria: el amargo pan nuestro de cada día

Las autoridades niegan que haya crisis en las cárceles del país. Y afirman que, cuando las hay, las resolverán construyendo más cárceles. El hacinamento, las reformas al régimen penitenciario, los planes anti-maras y la dirección de las prisiones en manos de ex-militares han profundizado una crisis penitenciaria nunca resuelta. Y están abonando a la creciente inseguridad, delincuencia y criminalidad. Lo menos que se logra tras estas rejas es la rehabilitación de los privados de libertad.

Amanda Mayen

Durante la primera quincena del mes de marzo se contabilizaron ocho asesinatos en los centros penitenciarios de Chalatenango y Ciudad Barrios. René Figueroa, Ministro de Seguridad Pública y Justicia, entidad responsable de la Dirección de Centros Penales, afirmó que estos crímenes no representaban una crisis penitenciaria. “Crisis sería si no tuviéramos soluciones. Pero las tenemos, porque estamos construyendo nuevos penales”, declaró Figueroa.

Las palabras del Ministro, también Vicepresidente de Ideología del partido ARENA, resultan curiosas y provocadoras por varias razones. En primer lugar, porque desde los años 90 los medios de comunicación del país no han dejado de referirse a la “crisis penitenciaria”. En segundo lugar, porque el Ministro contradice a su subordinado, Gilberto Cáceres, Director de Centros Penales, quien afirma claramente: “Por supuesto que existe una crisis y se está evidenciando con las últimas acciones”. En tercer lugar, porque estos asesinatos fueron seguidos por dos más en la misma cárcel, apenas días después. A finales de marzo se contabilizaban de trece a quince homicidios, aunque no hay un dato ni oficial ni definitivo. Última razón: la vida cotidiana de los presos y sus familiares es una crisis crónica que se expresa de múltiples maneras.

UNA CRISIS PERMANENTE
CON UN PARÉNTESIS DE ALIVIO

Crisis en los centros penales salvadoreños han existido desde los años de la guerra. Y si revisamos el comportamiento en los centros penales desde 1990, la crisis ha sido permanente. Según el informe de la Comisión Revisora de Legislación de 1990, ya existía crisis penitenciaria en el país. En 1993-94 hubo más de cien muertos en brotes violentos y protestas en los Centros Penales de Gotera, San Vicente y Mariona, que derivaron en masacres, personas quemadas vivas, ruletas rusas e incendios.

A raíz de las recomendaciones de la Comisión Revisora y de los Acuerdos de Paz, se rediseñó la legislación penal. La reingeniería del Código Penal y Procesal Penal y la aprobación de la Ley Penitenciaria en 1998 crearon expectativas sobre la agilización de los procesos. El Presidente de la Asociación de Ex-Internos Penitenciarios de El Salvador (AEIPES), Guillermo García, recuerda que “en ese momento se vislumbraba una luz de esperanza de que se podía superar la crisis. Se miraba un nuevo espíritu de cómo aplicar el derecho penal, basado en el respeto para los derechos humanos”.

En aquella ocasión se aprobó el artículo transitorio 48: por cada día que un reo hubiera pasado en la cárcel sin una condena, se le consignaban tres días. Así, si un preso tenía un año de estar detenido sin condena se le registraban automáticamente tres años ya cumplidos. Con una condena de seis años, ajustaba la media pena que le posibilitaba salir bajo criterios de buen comportamiento. Con esta medida salieron más de 2,400 presos durante 1998-99 y bajó la presión dentro de las cárceles. Esto ayudó a aplacar los brotes de “crisis” que se venían dando. Sin embargo, al no dar seguimiento a estas personas liberadas, buena parte de ellas se involucraron nuevamente en hechos de violencia y volvieron pronto a la cárcel. Las reformas legislativas implicaron un alivio temporal de la situación de crisis. Pero, al no tocar las raíces del problema, no tuvieron un resultado sostenible.

Aunque las leyes penales de 1998 fueron producto de un amplio proceso de consulta entre instancias gubernamentales, no gubernamentales, universidades, sindicatos y otras organizaciones sociales, este proceso también tuvo sus enemigos. Los más implacables fueron ciertos jueces y magistrados, que se vieron afectados por los mecanismos que buscaban reducir la corrupción. También se opuso la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Durante los años siguientes ambos grupos lucharon exitosamente en la Asamblea Legislativa para aprobar más de 300 reformas, que lograron desnaturalizar el espíritu de la ley e incrementar la población carcelaria.

LA “MANO DURA”
LLENA LAS CÁRCELES

En el siglo XXI se iniciaron las políticas estatales contra las pandillas, lo que incrementó significativamente la población privada de libertad. Con el Plan Mano Dura (2003) y el Mano Superdura (2004), dirigidos a acorralar a la población pandillera, las capturas y las consecuentes encarcelaciones aumentaron. Además, muchas conductas que antes eran consideradas “faltas” y no ameritaban prisión fueron tipificadas y penalizadas en las reformas de la legislación penal. En 2003-2008 observamos un incremento de casi 150% en la población penitenciaria.

En un país donde se registra un promedio de 10 homicidios diarios efectuados con armas de fuego o armas blancas, el gobierno no ha podido dar respuesta a la criminalidad. La prisión se ha convertido en la solución rutinaria para intentar detener el crimen. En 2008 hay aproximadamente 18,500 personas privadas de libertad en 19 centros penales construidos para albergar una población máxima de 8,000.Entre los actos de violencia masiva más sobresalientes de este período se registró el motín de Mariona (agosto 2004), con un saldo de 31 muertos y la matanza en Apanteos (enero 2007).

MÁS CONTROL, MÁS AISLAMIENTO

A la sombra de una campaña mediática que responsabilizó a los visitantes de los privados de libertad por introducir drogas, armas y teléfonos celulares a las cárceles, se realizaron 30 reformas a la ley penitenciaria, encaminadas a reducir el tiempo de las visitas, a restringir las visitas a familiares directos y a limitar las visitas íntimas a una cada dos meses. Hoy en día cualquier familiar o amigo no puede llegar a visitar a un preso. Sólo lo puede hacer una madre, un padre, un hijo o un cónyuge con su documentación en orden. No lo puede hacer una pareja que no goce de estatus legal. Estas visitas, que antes podían durar todo el día, tienen ahora un límite máximo de dos horas.

También se limitó el acceso a las cárceles a programas educativos. A la mayoría de ONG que venían realizando actividades de rehabilitación dentro del sistema penitenciario se les negó la entrada. Las autoridades lanzaron campañas en su contra, afirmando -sin presentar pruebas ni acusaciones legales- que muchas estaban “colaborando con la delincuencia”.

Ya en vigencia las reformas, la existencia de objetos ilegales en los centros penales no ha disminuido. Desde que fueron aprobadas hasta la fecha se han decomisado más de 3 mil celulares y chips dentro de las cárceles. Un año después que las reformas fueron aplicadas, el Director de Centros Penales habló de la tenencia de granadas e incluso de armas largas en manos de los privados de libertad, sin dejar de referirse reiteradamente a la distribución de drogas en los centros penales.

Aunque las reformas no lograron reducir la cantidad de material ilegal dentro de los centros penales ni la comunicación de los presos con redes delincuenciales de fuera del penal o de otros centros penales, se rompieron las pocas redes de apoyo que tenían los privados de libertad -también las presas-, generando un estado de desesperanza y depresión generalizada. Guillermo García pregunta: “¿Cómo te van a educar a vivir en sociedad cuando te aíslan de manera absoluta?”

PERSONAL MAL PAGADO
ABONA LA CRISIS

Las reformas del 2006 al régimen de visitas han posibilitado un aumento de “negocios” dentro de los centros penales. El ex-privado de libertad Armando Argueta lo explica: “Como las restricciones para entrar objetos en el centro son mayores, las cosas que necesitamos tienen mayor costo”. Un celular que puede costar 200 dólares en el mercado vale 1,200 dentro del centro penal. “Hay toda una cadena de intermediarios antes de que las cosas lleguen a su destino final”, dice Argueta.

Aunque el año pasado trece custodios y miembros de los equipos multidisciplinarios fueron procesados por entrar drogas y celulares a los centros penales, este negocio -protagonizado por el personal penitenciario- es difícil de controlar.

Los trabajadores de seguridad de los centros penales están entre los empleados públicos peor pagados en todo el país. Realizan turnos largos, de varios días, para conseguir una licencia de sólo 48 horas y trabajan bajo la presión de riesgos muy altos. A través de los años han sido muchos los custodios asesinados en su trabajo. En 2006 se eliminó la figura de salario por plaza y todos pasaron a trabajar bajo contratos que vencen cada seis meses o cada año. Cuando se modificó el estatus del contrato, no solamente perdieron su estabilidad laboral, sino también años de indemnización que habían acumulado según las normas del Código de Trabajo. Nunca fueron indemnizados, independientemente del tiempo que tenían de trabajar en el sistema penitenciario. Esta situación, además de violar el Código de Trabajo, hace al personal de los centros penales más tentado a involucrarse en actividades delictivas. Por introducir un celular al penal un custodio puede recibir tres o cuatro veces su salario mensual.

APANTEOS: CASO TÍPICO

La matanza de Apanteos (2007) mostró claramente cómo las autoridades han respondido históricamente a los brotes de violencia. En esta ocasión, a la hora de encerrar a los privados de libertad en sus celdas para la jornada nocturna, un registro rutinario provocó la resistencia de un interno. Al darse un forcejeo entre él y unos custodios, el grupo, mayoritariamente de pandilleros, se negó a encerrarse. A la media hora, la Policía Nacional Civil había establecido un cordón policial y militar alrededor del Centro Penal. Sin embargo, durante 12 horas de escandalosa violencia -que incluía la destrucción de muebles para fabricar armas cortantes, la apertura de boquetes en las paredes y ataques selectivos a víctimas previamente identificadas-, no hubo ninguna intervención de las autoridades carcelarias ni tampoco de la fuerza policial presente. Hasta el día siguiente, ya consumados los asesinatos, los antimotines entraron a desalojar a la población carcelaria amotinada.

Posteriormente, la Directora de Tutela Legal del Arzobispado, María Julia Hernández, presentó una denuncia a la Fiscalía General de la República contra el Director del Penal Neftalí Portillo, el Director de Centros Penales Jaime Vilanova Chicas, el Comisionado de la Policía Nacional Civil Douglas Omar Garcías Funes, y el entonces Director de la Policia Nacional Civil y actual candidato a la Presidencia de la República por el partido ARENA Rodrigo Ávila.

El Código Penal establece claramente que no impedir un delito constituye “comisión por omisión”. Si en este caso se hubiera declarado culpabilidad, el delito que estas autoridades hubieran cometido por omisión sería el de “homicidio agravado”. A un año de haber puesto la petición en la Fiscalía, aún no hay indicios de investigación.

EX-MILITARES AL FRENTE:
UNA GRAN CONTRADICCIÓN

A pesar de que la ley establece idoneidad y la “ilustración en ciencia penitenciaria” para cargos de dirección en los centros penales, no existe en El Salvador una carrera de administración penitenciaria, ni siquiera de criminología. En la práctica, aproximadamente 16 de los 19 directores de los centros de reclusión, así como el Director de Centros Penales, son ex-militares. Es claro que administrar un centro penal cuyo fin es la readaptación de los privados y las privadas de libertad no puede hacerse con los mismos criterios con los que se administra un cuartel militar. La presencia al frente de los penales de ex-militares trae consigo una serie de riesgos. Es de conocimiento común que las Fuerzas Armadas de El Salvador fueron las más tenaces violadoras de derechos humanos en la historia del país y en el transcurso del conflicto armado. El uso de la violencia es práctica normal en el ámbito castrense como medida “disciplinaria”, lo que resulta totalmente incoherente para el fin de la rehabilitación.

La inteligencia y la contrainteligencia son prácticas básicas en el funcionamiento de una fuerza militar, pero no pueden más que distorsionar y dinamizar hechos violentos dentro de una población que está -teóricamente- en vías de rehabilitación. La experiencia acumulada de una fuerza militar es contener y dominar poblaciones enemigas. Es impensable que se puedan impulsar procesos de rehabilitación y de construcción de una convivencia sana cuando las autoridades ven a los privados de libertad como enemigos. Esta preocupante contradicción es la realidad diaria en la mayoría de los centros penales del país.

Daniel García es un ex-privado de libertad con trayectoria de denunciar violaciones de los derechos humanos en los centros penales. Ha pasado 14 años de su vida en 10 de los 19 centros penales de El Salvador, incluyendo el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca. García asegura que cada vez que realizan una requisa -suele ser más o menos quincenalmente- torturan físicamente a la gente: “Eso, me atrevería a decir, sucede en todos los penales. Por ejemplo, el 19 de febrero de 2007, nosotros fuimos sacados a una requisa en el penal de Zacatecoluca. Me tiraron al suelo y me arrastraron unos diez metros. Eso me dejó una marca en un muslo derecho que me va a quedar para toda la vida. A un compañero le quebraron la nariz y a otro lo dejaron desmayado de la golpiza. A otro le volaron la oreja con un escopetazo y a otro chamaco le pusieron choques eléctricos. Ese día, desde la 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, nos tuvieron bajo el sol sin comer”.

CÓMO ENTENDER
LOS AJUSTES DE CUENTAS

Tanto en casos como el de Apanteos como en los recientes asesinatos de marzo de 2008, el móvil de los crímenes entre reclusos parece ser “ajustes de cuentas”. Una mirada a los crímenes más recientes ilustra el problema. Los dos penales donde se dieron los principales asesinatos, Chalatenango y Ciudad Barrios, están clasificados “para reos de alta peligrosidad”. Los dos albergan a miembros de la misma pandilla. En los asesinatos de marzo hubo “ajustes de cuentas”, que consisten en el ajusticiamiento de quienes unos privados de libertad consideran están facilitando información a las autoridades penitenciarias.

La figura del soplón siempre ha existido en los centros penitenciarios, pero en 2006 se le da realce y se institucionaliza con el montaje de las unidades de “inteligencia penitenciaria”. Estas unidades -además de ser las encargadas de introducir nuevos avances tecnológicos que permitan un mayor control- funcionan ofreciendo a los privados de libertad beneficios de ley como la reducción de pena o la aplicación de medidas sustitutivas a cambio de actuar como informantes de las autoridades. La labor de los “colaboradores” de la inteligencia penitenciaria consiste en identificar líderes dentro de la población penitenciaria, revelar estructuras y niveles organizativos y “destapar” movimientos o planes al interior de los centros penales.

¿Qué es lo grave en esto? Legalmente, la población privada de libertad no puede ser utilizada como informante contra sus propios compañeros. No tiene valor legal la palabra de un privado de libertad contra otro. No puede ser utilizada esta palabra como prueba en un juicio. Otra cosa sería la lícita solicitud de información como procedimiento en una investigación policial para encausar un delito dentro del penal.

Un privado de libertad que da información sobre otro es considerado por sus compañeros como un traidor. En las pandillas esta delación es aún más grave y el delator es sujeto de la más alta sanción: la muerte. Las autoridades no han hecho nada para evitar esta práctica. Al contrario, han hecho traslados de presos de un recinto a otro, dando a entender que hay algún tipo de complicidad o de colaboración con las autoridades carcelarias. Por ejemplo, presos de Ciudad Barrios fueron enviados a Chalatenango sin ninguna causa aparente. Los otros presos leen entre líneas que los sacan para evitar que los asesinen. Pero al llevarlos a un penal donde está encarcelada la misma pandilla, fueron asesinados. Se les trasladó de un recinto donde corrían peligro a otro donde el peligro se duplicaba.

QUIEN SIEMBRA CIZAÑA,
¿QUÉ COSECHA?

Según el presidente de AEIPES, “la inteligencia penitenciaria sirve para sembrar la cizaña y la desconfianza al interior de la población penitenciaria. Es un mecanismo que utiliza la administración penitenciaria con el fin de la auto-eliminación. Para el sistema, la población interna es gente que no vale nada y que debe ser aniquilada. Resulta beneficiosa para la administración penitenciaria que sea la propia población carcelaria se auto-elimine”.

Por un lado, estos ajustes de cuentas dirigen el descontento, la frustración y la agresividad de los privados de libertad -provocado por las lamentables condiciones de vida en los penales- contra sus compañeros y no contra el sistema o sus autoridades. Garantizan, también, que no quede evidencia porque la persona que ha manejado la información desaparece. Contribuyen además a disminuir los problemas de hacinamiento carcelario. Como dice el refrán, “un indio menos, una tortilla más”. Finalmente, reflejan
y refuerzan la imagen que la sociedad tiene de los privados de libertad: personas incivilizadas y que no merecen tener derechos. Ante un “ajuste de cuentas” nadie pide cuentas. No hay investigación porque es algo “normal”. Dice Daniel García: “Ellos olvidan que esto se les convierte en un arma de doble filo, porque cada vez que hay un motín deja al descubierto la crisis penitenciaria que las autoridades no son capaces de resolver”.

UN PRESUPUESTO ESCASO
Y CRÍTICO

El presupuesto de los centros penales del país es actualmente 22 mil 269 mil 565 dólares. El 61% de ese presupuesto se dedica a pagar salarios y el 38% a la adquisición de bienes y servicios. Es importante remarcar que un porcentaje importante de estos gastos paga personal o compra bienes que se manejan a nivel administrativo y raras veces o nunca mejora la vida de las privadas y privados de libertad.

Un reportaje de “La Prensa Gráfica” informó que el Estado salvadoreño gasta 3.50 dólares diarios en cada privado
de libertad en el sistema. ¿Qué incluye este monto diario? En un comunicado del 10 de abril de 2008, la Red para un Sistema Penitenciario Humanitario -agrupación de organismos de derechos humanos y ONG que ejecutan programas de rehabilitación- exhorta a los funcionarios del gobierno a explicar a la sociedad: “cuánto se invierte en la alimentación, la atención médica y el tratamiento para garantizar una rehabilitación a la población privada de libertad del presupuesto asignado al sistema penitenciario”.

Ser privado de libertad en El Salvador es cualquier cosa menos que un boleto para “vivir a costillas del Estado”. Careciendo de cosas tan básicas como agua, limpiador de pisos y bolsas para recoger la basura, los privados de libertad se organizan para comprarlas. Según un ex-interno recién salido, el gasto típico de un preso, sólo para pagar costos básicos, oscila entre 5 y 10 dólares semanales. Incluyendo objetos de higiene personal o comida en la tienda penitenciaria -con precios “muy arriba a los que se encuentran afuera”- el monto sube rápidamente.

La Jueza de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena del Departamento de La Libertad, Astrid Torres, concluye: “Hay un presupuesto muy bajo. Pero también hay un mal uso de ese presupuesto. No se invierte en el área técnica ni en la conversión de conducta. Los equipos técnicos son incompletos y las herramientas son desfasadas”.

“ESTAR HACINADO
ES DESESPERANTE”

En entrevista de “El Faro” del 31 de marzo de 2008, el Director de Centros Penales, Gilberto Cáceres, se retractó de su afirmación de que el sistema penitenciario estaba en crisis, para ser más coherente con el discurso de su superior, el Ministro de Seguridad Pública y Justicia. Sumó a su explicación que el hacinamiento se resolvería con la construcción de tres nuevos penales y afirmó que realmente el hacinamiento sólo resulta un problema a la hora de ubicar a los presos para dormir.

Daniel García lo vivió de otra forma: “La sobrepoblación genera enfermedades y causa problemas sicológicos porque estar hacinado es desesperante. En Chalatenango las celdas son pequeñas y han metido a 106 internos en cada celda con sólo un baño. Durante 14 años me atendieron médicamente sólo unas quince a veinte veces, cuando los síntomas eran ya de gravedad. Las sicólogas -que son responsables de más de 800 casos por penal- tienen aún menos capacidad de atender a la población. Su función es otra: clasificar a la gente para trasladarla a centros donde serán sujetos a encierres más duros. Por eso siempre están muy ocupadas y no tienen tiempo cuando uno les trae sus problemas. El penal de San Francisco Gotera es de los más hacinados y con una infraestructura inadecuada. No hay agua, no hay camas, no hay dónde botar la basura y no hay dónde deambular. Los internos tienen que pagar por el agua y tienen derecho a una cubeta por persona, que le tiene que durar dos días. Con esto tienes que bañarte, lavar tu ropa, hacer todo”.

VISITAS: “¡SON PENDEJAS!”

La crisis cotidiana no afecta solo a los privados de libertad, también a quienes los visitan. Según García, el área de visitas es un pasillo que mide diez metros por seis y que cuenta con un solo asiento. Las visitas que no quepan ahí se atienden a la intemperie, bajo el sol o bajo la lluvia. Muchas veces los familiares son objeto de registros indecorosos y en más de una ocasión, autoridades del centro penal han llegado al área de visitas a ofenderlas. “Les dicen a las mujeres que son unas desgraciadas, que son pendejas porque vienen a visitar a gente que no vale la pena y que mejor vayan a conseguir a la avenida (a prostituirse) para dar de comer a sus niños”. Todo esto influye para desanimar a los familiares que quieren acompañar al privado de libertad y provoca más desintegración familiar.

CRISIS DE TUBERCULOSIS

Hace poco un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos reportó la existencia de tuberculosis en el penal de Ciudad Barrios. No sorprende porque, como parte de un traslado masivo a ese penal desde el penal de Chalatenango, se trasladaron varios de los cuarenta privados de libertad que ya habían sido diagnosticados con esta enfermedad.

La tuberculosis es una enfermedad contagiosa que se trasmite por el aire. Al no recibir un tratamiento ni ser aislados de los otros presos, los infectados con tuberculosis no sólo están en riesgo de perder la vida, sino que representan una amenaza para sus compañeros, para el personal penitenciario y para todos los visitantes. La tuberculosis que para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) representa un grave peligro a la salud pública, ¿no representa ninguna crisis para el sistema penitenciario ni amerita una campaña para erradicarla?

FASES DEL RÉGIMEN CARCELARIO

Según el artículo 27 de la Constitución de la República, el fin del sistema penitenciario es “corregir a los delincuentes, formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y prevención de los delitos”. Y si uno revisa las “políticas penitenciarias”, aprobadas por el Director de Centros Penales en 2006, pareciera que hay toda una estrategia para encarrilarse en esa dirección.

Como pieza fundamental de estas leyes está la aplicación de las fases del régimen, instituidas con la legislación penal de 1998. Las fases establecen una serie de atenciones y beneficios en función de la readaptación paulatina del preso y de su reintegración en la sociedad. La fase de adaptación dura dos meses. En ella, la persona debe recibir acompañamiento sicológico para superar el trauma de estar presa. Luego pasa a la fase ordinaria, donde cumple su sentencia. Después llega la fase de confianza, al haber cumplido un tercio de su pena y la fase de semi-libertad, al haber cumplido la media pena. En la fase de semi-libertad, la persona puede salir del centro penal por horas limitadas para realizar actividades educativas o laborales y para encuentros familiares. La lógica de estas fases es que de 10 mil personas condenadas, unas 5 mil tendrían que estar en fase de semi-libertad, restando quienes tienen rasgos patológicos que implican un riesgo social.

El cumplimiento de estas fases ayudaría a disminuir los efectos del hacinamiento. Pero hoy por hoy, a pesar de que cumplan todos los requisitos, hay poquísimos reos que han logrado entrar a las fases de confianza y de semi-libertad. Pasar de una a otra fase del régimen es decisión de las autoridades penitenciarias. Y sólo llegan al sistema judicial agotando las instancias de apelación interna.

COLABORAR PARA SALIR

Las fases del régimen penitenciario parecen ser utilizadas por las autoridades carcelarias para favorecer a sus colaboradores y castigar a sus “enemigos”. Optar a la fase de confianza suele ser carta de negociación para promover la colaboración con la inteligencia penitenciaria.

En un caso recién salido a la luz pública, una privada de libertad está siendo coaccionada por la Fiscalía para dar declaraciones en contra del Juez de Instrucción de Santa Tecla. Según Nelson Flores, miembro del Centro de Estudios Penales de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. FESPAD, la presa cuenta que “dos fiscales llegaron a decirle que mintiera sobre la situación del Juez Posada, acusándole de Fraude Procesal. La privada de libertad explicó en una conferencia de prensa que el fallo que el juez había dado en su caso era correcto”. Le dijeron que su posibilidad de optar a los beneficios del sistema dependía de su disponibilidad de colaborar.

La Jueza Torres opina: “¿Qué relación tiene la Fiscalía con el equipo técnico penitenciario para andar ofreciendo estos privilegios? Ninguno. Pero se ve que un reo, aunque tenga derecho a los privilegios del sistema, a las distintas fases del régimen, si no colabora con el sistema no va a salir.”

¿PAÍS SEGURO?

A simple vista, el fin real del sistema penitenciario no es la rehabilitación de nadie. Como toda la política contra el crimen del país, el funcionamiento del sistema penitenciario parece más una campaña publicitaria del partido de gobierno que una estrategia eficaz para combatir el crimen. El Plan Mano Dura y el Mano Superdura fueron ejemplos, por excelencia, de que esta política no produce resultados. Durante su ejecución aumentaron exponencialmente las capturas, pero también aumentaron los índices criminales y, en particular, los homicidios. La crisis se ahondó en las calles y también en las cárceles.

Hay una vinculación evidente del manejo de la política anti-crimen con los procesos políticos-electorales. El partido ARENA -que hoy lanza al ex-director de la Policía Nacional Civil como candidato presidencial- tiene como slogan publicitario “El Salvador: un país seguro”. La Jueza Torres afirma: “Esa seguridad se logra agarrando a todos los criminales y metiéndolos a las cárceles. Estamos utilizando un recurso de este país -que debe servir para facilitar procesos de rehabilitación- como bodegas en función de una campaña política. Me debo a un partido político y el partido me está diciendo “un país seguro”. Y para tener un país seguro los “malos” tienen que estar en la cárcel”.

UN RETO:
DESPOLITIZAR LAS CÁRCELES

Despolitizar el sistema penitenciario significa en primer lugar dejar de ver la seguridad pública como una herramienta electoral. Obviamente, la ciudadanía que, en la mayoría de encuestas de opinión, coloca la “seguridad ciudadana” como su principal preocupación, quiere respuestas y piensa en su seguridad a la hora de votar. Pero manipular este sentimiento en contra de los derechos humanos de “los tristes más tristes del mundo”, no puede ser la base para construir una sociedad justa.

Despolitizarlo significa también que el personal del sistema sea idóneo y capaz de impulsar procesos de readaptación en beneficio de presas y presos. Esto no sólo implica cambiar al personal con preparación castrense sustituyéndolo por profesionales de la salud mental, criminólogos y especialistas en rehabilitación. También implica desmontar la práctica de tráfico de influencias para conseguir puestos. Si esta práctica es nociva para todos los organismos del gobierno, es más grave dentro de centros penales donde es posible la colaboración de algunas autoridades con redes de la delincuencia.

Los puestos en el sistema penitenciario requieren un nivel de profesionalización y de honestidad comprobados. Asimismo, el personal del sistema debe estar en función de la atención y readaptación de la población penitenciaria. Tampoco es lícito llenar oficinas burocráticas con personal mientras que los equipos ubicados dentro de los penales permanecen incompletos. Finalmente, despolitizar el sistema penitenciario significa reconocer la situación real. “En un año pre-electoral todo se politiza” argumentan aquellos que no quieren que se hable de “crisis en el sistema”. ¿Cómo solucionar entonces un problema que no existe?

“Claro que pueden construir más cárceles -argumenta Guillermo García-, pero eso no va a resolver la crisis. En 1998 había aproximadamente 9 mil privados de libertad. La población carcelaria bajó a 6,600 con la nueva normativa. Pero con las reformas y contrarreformas creció, producto de las malas políticas que aplica al Estado”. Actualmente, está por aprobarse en la Asamblea Legislativa un nuevo Código Procesal Penal, que aumenta la pena máxima de 30 a 75 años, penaliza la protesta social e incrementa el período de investigación, ya detenida la persona, desde los 6 días actuales hasta un año. Razona García: “En unos diez años, los nuevos penales que están construyendo hoy tampoco van a dar abasto”.

¿HASTA CUÁNDO?

Hoy por hoy es difícil vislumbrar esperanzas de cambio. “Mientras no se logre atacar el problema de raíz, con una verdadera política criminal de carácter preventivo, democrático e incluyente, la crisis se va a incrementar”, dice el representante de AEIPES. ¿Será un nuevo gobierno capaz de escuchar las voces de quienes piden una política humanitaria frente al crimen? Propuestas existen. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) elaboró una que fue acuerpada por la Red por un Sistema Penal Humanitario. El PNUD y una Comisión que contó con algunos decanos de las facultades universitarias han elaborado otra. Hasta ahora, todas estas propuestas han sido engavetadas.

Es difícil que la población salvadoreña apoye iniciativas de este tipo. Es más cómodo creer en la promesa de “un país seguro” encerrando a los “malos” y tranquilizando con eso a los “buenos”, que asumir el reto de crear un sistema que respete los derechos humanos, que son “inalienables” según la Declaración Universal, lo que significa que son para todos. Para que esto suceda, quienes se consideren comprometidos con la justicia y el cambio social tienen que convencerse de que cambiar el sistema penal favorece sus intereses y los de toda la sociedad.

Situaciones parecidas se viven en la vecina Honduras. Bien dijo Ismael Moreno en “Masacres en las cárceles: Reflejo de una crisis social y política” (Envío, 2006): “¿Qué podrá hacer el gobierno ante la crisis del sistema de justicia, la impunidad institucionalizada, el extendido poder del crimen organizado y la rebeldía de la juventud marginada? Todas estas expresiones de la crisis social y política tienen un macabro reflejo en las cada vez más frecuentes masacres en las cárceles del país”. Un nuevo país, una sociedad justa, tiene que reflejarse en otro espejo.

SOCIÓLOGA. ESPECIALISTA INTERNACIONAL EN TEMAS DE VIOLENCIA SOCIAL.

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