¿Quién le pone puertas al bosque?

“La civilización nació cuando se derribó el primer árbol y morirá cuando caiga el último”, advierte un rótulo en El Castillo, un municipio incluido dentro de la aún frondosa y tupida reserva Indio-Maíz, en la frontera sur de Nicaragua. Allí vive y sobrevive la gente del bosque, atrapada entre la falta de oportunidades, la codicia de los madereros y contradictorias leyes ambientales. Sólo un manejo del bosque que tenga en cuenta a la gente del bosque será moralmente más aceptable, socialmente más viable y forestalmente más sostenible.

José Luis Rocha

En el bote que va de San Carlos a Boca de Sábalos tomo un curso intensivo de las metáforas propias de la zona: Los Tarzanes -pangueros de San Juan del Norte- remontan enormes machos de agua, en verano sólo salen maderas livianas de ceibo y cedro real, pasamos de los raudales a aguas muertas. Palabras poderosas, cargadas de sentido. El uso del término aguas muertas es antiguo. Fue registrado por el viajero alemán en Nicaragua Julius Froebel a mediados del siglo XIX.

En la embarcación, mis vecinos son dos motosierristas y un proveedor. Son los aventureros del momento y, como los huleros de antaño, están curtidos por sus oficios ásperos, que exigen firmeza en la negociación, conocimiento de precios y sicologías, y dominio de los controles gubernamentales y de las posibilidades de evasión. Pasan revista a las últimas hazañas protagonizadas por Vianey, Muñeco, Caca, Rigo y Chucuchú. Rememoran estafas entre motosierristas y proveedores. La motosierra es un machete de lujo. Es el hacha tecnologizada. El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) quiere controlar los cortes de madera, pero nadie controla la posesión de motosierras, el arma que fulmina bosques. Si los políticos tuvieran la decencia de declarar sus auténticas intenciones sin tapujos, el partido más poderoso de El Castillo se presentaría a las elecciones municipales enarbolando una bandera con dos motosierras cruzadas sobre el fondo del cadáver de un bosque. Y aplastaría a sus rivales.

¿QUÉ SIGNIFICA AQUÍ EL ESTADO?

Continúo el viaje hasta la comarca de Bartola, ubicada en el extremo sureste del municipio de El Castillo. Más al sur y más al este, hasta llegar al municipio de San Juan del Norte, sólo está la reserva Indio-Maíz, espesa y llena de manadas de chanchos de monte que corren desbocados y arrasan con cuanto encuentran a su paso, cundida de lagartos y cualipales que se sumergen en el río conforme avanza nuestro bote, también hay monos congos que celebran la lluvia con estridentes aullidos y ágiles tigrillos y serpientes de variados tonos y calibres. Llueve noche y día. Incluso en la llamada área de amortiguamiento, caminar un kilómetro puede tomar media hora o más. El sonsocuite se adhiere a las botas de hule y se convierte en una cubierta del calzado que crece exponencialmente haciendo de un paseo casual una verdadera proeza de atleta olímpico. Bartola está en el límite de la reserva. Me pregunto qué significa para sus habitantes el Estado, el programa Hambre Cero, los Consejos del Poder Ciudadano y el eslogan “El pueblo Presidente”. Esas invenciones citadinas llegan como ecos desmayados, como el reflejo de sombras que una caverna llena de fantasías proyecta sobre el mundo real.

EL CASTILLO:
¿POR QUÉ TAN ACELERADO CRECIMIENTO?

Salvo el avance del gran Leviatán de la zona, la empresa maderera Plywood, todo permanece inmutable en Bartola. A Bartola y a otras comarcas del municipio las corteja y garrotea la onda transnacional: la codicia de la Pywood y la globalización legal ambiental orquestada por cheles extranjeros justamente preocupados por el cambio climático. Son las únicas huellas de la globalización. Bartola no entra al mercado mundial, salvo por su madera y por las políticas ambientales. El resto es marginación y autosubsistencia, y migración a Costa Rica.

El ambiente parece ser una escenificación de lo que observaron los viajeros decimonónicos. Muchas casas aún tienen techo de teja de madera. En breve, el moho se adhiere a la teja y las tiñe de azabache. Las machacas -un pescado saturado de espinas- son un alimento esencial, junto a ciertos tubérculos como la yuca y la malanga. La escuela apenas cubre hasta el tercer grado de primaria. Hay un único maestro, graduado en esa misma escuela, y por tal razón despierta exigua fe en los padres de familia. El maestro imparte clases simultáneamente a los tres grados. Jamás se hace presente un supervisor del Ministerio de Educación ni se emiten los correspondientes certificados de graduación.

Bartola es una de las comarcas de El Castillo, un municipio poco habitado, pero de acelerado crecimiento poblacional en la última década. En 1850 el representante del gobierno estadounidense, George E. Squier, calculó 100 pobladores en El Castillo. En 1909 el municipio alcanzó los 367 habitantes. A mediados de los años 80 ya había 5 mil pobladores en el municipio. El Censo de 2005 dice que El Castillo tiene 19,864 habitantes. Diez años antes se registraron apenas 9,717 pobladores. En la última década hubo un aumento de más del 100%.

Sabiendo que El Castillo tiene una extensión de 1,656 kilómetros cuadrados, estamos hablando de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, menos de la tercera parte del promedio nacional. Es lógico: muchas fincas tienen enormes extensiones. Hay una larga historia que explica ese punto de llegada, tras muchas subidas y caídas, vueltas y revueltas, en las que los recursos naturales ocupan un lugar prominente.

La deforestación dio inicio hace más de un siglo, pero no era tan devastadora. Actualmente se ven -escribió el viajero alemán Julius Froebel en 1850- claros en las márgenes del río que son cortes de madera hechos para suministrar leña a los vapores; y también se han hecho desmontes, aunque pocos, para trabajos de agricultura. La población era bastante escasa. Froebel vio un solo bajareque, con una hamaca por todo mobiliario, en un tramo de más de cien millas. Todo era gloria y brillo en aquella naturaleza lujuriante, dice.

LOS ENDURECIDOS HULEROS
Y EL BOSQUE HERIDO POR SUS MANOS

Un golpe severo se lo asestaron al bosque los huleros. Practicando profundas incisiones de cuatro centímetros de ancho en forma de V -a un metro de distancia una de otra y en cuyo ángulo se coloca una hoja de bijagua- en los árboles de Castilloa elástica, en una suerte de sangría, los huleros hacían brotar el látex, acopiado primero en grandes botellas de estaño. Un árbol de cinco pies de diámetro producía hasta 20 galones de látex en el primer corte. Esos árboles crecen rápidamente y en diez años podían entrar en plena producción.

Pero los huleros jamás establecieron plantaciones. Se limitaban a la pura labor extractiva, internándose más y más en la selva, una vez agotados los árboles de las zonas más accesibles. En 1868, el naturalista inglés Thomas Belt encontró abundancia de caoba, especie actualmente inexistente en esos bosques. El caucho marcaba la pauta. En 1867, de las riberas del río San Juan salieron 750 toneladas métricas de caucho, con un valor de 112 mil dólares. Poco o nada le quedó a los habitantes de la zona. Los guatusos -grupo indígena así apodado porque su pelo rojizo era comparado al de la guatusa- fueron exterminados por los huleros.

En 1873 el ingeniero francés Pablo Lévy visitó Nicaragua y compendió toda la información que entonces se tenía sobre la historia, botánica, zoología, geografía, sociología y economía de nuestro país. Presenta El Castillo, declarado municipio en 1870, como una pequeña población agrupada alrededor del fuerte que defiende el raudal de este nombre, dependiente -para efectos de administración política- del departamento de Granada y -para los sorteos electorales- de la prefectura de Acoyapa. Lévy da cuenta del carácter temerario que se sigue reconociendo a muchos habitantes de la zona: Los huleros, a causa de la vida extraordinariamente accidentada que pasan, en medio de montes llenos de animales dañinos, forman parte de la población especialmente activa, emprendedora y endurecida en los trabajos.

Entre 1881 y 1883, el científico sueco Carl Bovallius estudió y describió una Cetroamérica que él estimaba como tierra predilecta de la naturaleza. Fascinado por la fauna de tapires, monos aulladores, cocodrilos y tucanes -muchos de los cuales mató y disecó para su colección-, Bovallius también anota datos sobre la recolección del hule en las orillas del río San Juan, cuyo agotamiento ve próximo a consecuencia de la manera necia y bárbara de su extracción.

Los huleros se aventuraban en cuadrillas generalmente compuestas de cinco a ocho hombres. Alternaban la búsqueda de hule con el lavado de oro, los asaltos y el robo y venta de niños indígenas. Sangraban los árboles y preparaban unas pelotas de caucho a las que llamaban “tortilla”, cuyo peso aumentaban mezclando látex con tierra. Las expediciones de huleros duraban de uno a tres meses. Pero proporcionaban ganancias individuales de más de mil dólares. Los árboles cosechados habitualmente morían y la cosecha de caucho descendía cada año. Por regla general, no se impuso límites a lo extraído por árbol ni se plantaron nuevos árboles. Los gobiernos jamás hicieron algo para regular y defender los árboles de caucho.

EL DECLIVE DE EL CASTILLO:
“UN PUEBLECITO MOHOSO Y CARCOMIDO”

Carl Bovallius tampoco encontró mayor desarrollo en El Castillo: Al pie del cerro, en la estrecha playa entre aquel y el río, se encuentra en una larga y estrecha banda, la hilera de chozas y casas de madera que toma el nombre de “Villa del Castillo”... La ciudad misma se componía de dos hileras de casas y entre ellas la calle real, o más bien dicho la única calle. El hule seguía siendo el motor: El Castillo es ciertamente uno de los lugares más importantes para el negocio del hule, pues hay buen acceso a árboles de caucho. La clientela más importante de estos negocios (ventas de ron) y de las no pocas casas de juego son los huleros. Encontró que ya entonces todas las alturas alrededor del Castillo, estaban desarboladas y cubiertas de un zacate abundante y frondoso. El pasto ya se imponía.

Veinte años después, en 1905, el hule representaba el 13% del total de las exportaciones nicaragüenses. En 1915 una compañía estadounidense empezó a explotar la madera de la región con más de mil trabajadores. La Segunda Guerra Mundial dio nuevo auge a la demanda de caucho hasta 1945. El Castillo volvió a ser puesto aduanero en 1941, después de 36 años de haber sido suspendido. En 1943 pasaron 3,638 toneladas métricas de mercancías por ese puerto. Pero cinco años después pasaron sólo 120 toneladas métricas. Ése fue el declive final de El Castillo, del que no se ha recuperado ni lo rescatará la actual economía de enclave de las madereras.

A mediados de los años 50, el poeta José Coronel Urtecho resumió sus impresiones sobre la pasada prosperidad y actual decadencia de El Castillo en un pasaje de “Rápido tránsito”: No me olvidaba de que habían pasado innumerables buscadores de oro que se gastaban cada quince días de dos a tres mil dólares en El Castillo, hoy pueblecito muerto, mohoso y carcomido.

DEL CAUCHO AL BANANO, A LA RAICILLA
Y A LA ERA DE LA MADERA

Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía de El Castillo giró en torno a otras economías de enclave. Entre 1944 y 1970 la producción de banano se vendió a las compañías estadounidenses asentadas en Costa Rica hasta que la plaga de la sigatoka arrasó con las plantaciones. De 1938 a 1966 vino el auge de la extracción masiva de la raicilla (ipecacuana), hasta que la aparición de la emetina sintética derivada del petróleo desplomó los precios.

La raicilla y los raicilleros tuvieron su época. Los vio Coronel Urtecho habitando a veces, en simples cobertizos de palma improvisados en los islotes o a la salida de los caños, interesados en el cultivo de la raicilla, que actualmente se vende a diez dólares la libra, y algunos de ellos tienen ya plantaciones de una o varias hectáreas en la región de Sábalos y El Castillo.

Para entonces, la explotación maderera iba en ascenso, y estaba en manos de compañías norteamericanas. Ya en 1944 el cubano Alberto Chaguel sacaba grandes lotes de madera por San Juan del Norte. Pocos años después ciertos procesos aceleraron la fiebre de la madera. En las décadas de 1950 y 1960 el Instituto Agrario Nicaragüense emprendió un proceso de reforma agraria, para multiplicar el campesinado minifundista que brindaba su mano de obra en las grandes haciendas durante las cosechas de café, caña y algodón. En las márgenes del río San Juan se llevaron a cabo varios proyectos de distribución de tierras consideradas nacionales o ejidales.

El proyecto de Río Sábalo comprendía 174,394 manzanas, que abarcaban Bluefields, San Miguelito, San Carlos y El Castillo. El proyecto Rafaela Herrera afectó 55,541 manzanas de los municipios de San Carlos y El Castillo. El proyecto de El Castillo era de apenas 3,732 manzanas, pero activó la colonización de la que ahora es el área de amortiguamiento de la reserva Indio-Maíz.

REFORMA AGRARIA, MIGRACIONES, COOPERACIÓN EXTERNA Y NEGOCIOS

La reforma agraria del tiempo somocista debía servir como válvula de descompresión por las expropiaciones de tierra que sucedían en la zona del Pacífico. Pero tuvo un efecto de largo alcance sobre los recursos naturales del río San Juan.

En 1961 el gobierno nicaragüense otorgó una concesión a la empresa estadounidense Plywood para extraer madera de El Castillo y de otras áreas en las márgenes del río San Juan. Esa explotación fue frenada por la guerra de los años 80 durante el gobierno sandinista. Muchos finqueros fueron desplazados por las actividades bélicas de la contrarrevolucionaria Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE).

La década de los 90 inició con un masivo retorno de nicaragüenses que habían estado residiendo en Costa Rica. Muchos de ellos, sumados a migrantes internos y desalzados del ejército sandinista y de ARDE, fueron beneficiados con tierras en diversas comarcas de El Castillo. Así se mezclaron diversos flujos migratorios. En 1993, un estudio reveló que el 41.5% provenía de Nueva Guinea, el 22% de San Carlos, el 17% de Chontales y Boaco, el 7.5% de El Rama, el 7% de Masaya y el 5% era de retornados de Costa Rica.

La empresa estatal CORFOP Extracciones Madereras S.A. (COREXSA), con sus operaciones dentro del área de amortiguamiento de la reserva durante los años 80, socolando y construyendo caminos, facilitó la penetración de los agricultores migratorios. Después de alcanzar un pico de 20 mil metros cúbicos de madera en 1989, disminuida su capacidad administrativa y deteriorada su maquinaria, COREXA quebró. Bajo el nombre de EFORSA, pasó a manos de los trabajadores con apoyo de la cooperación austríaca y la alcaldía. También estaba CAMA S.A., un aserrío equipado con maquinaria para segunda transformación, con capacidad para aserrar especies duras. Donado por el gobierno austríaco, permitía aserrar la madera que no flota. El transporte de su madera aserrada era más barato que el transporte de las trozas. Pero esta empresa quedó paralizada desde 1992. La crisis de EFORSA se prolongó hasta 1997, cuando, llegados al extremo del retiro de los austríacos, se sometió a una nueva licitación que ganó SOSMADERA, empresa que pasó a preocuparse más por la rentabilidad que por darle continuidad a las capacitaciones agroforestales y al seguimiento a los planes de manejo.

PONIÉNDOLE PUERTAS AL BOSQUE:
CREACIÓN DE LA RESERVA INDIO-MAÍZ

La pacificación de Nicaragua reactivó la guerra al bosque. A un ritmo de deforestación de entre 125-150 mil hectáreas por año, los expertos han calculado que en 18 años sólo quedarán en pie en Nicaragua las reservas forestales. Y en 25 años también ellas habrán sido devoradas. Ante esta perspectiva, a inicios de los años 90, 1.1 millones de hectáreas de bosque latifoliado, ubicadas en la región atlántica del país, fueron declaradas áreas protegidas. Un precedente de esta decisión fue el diagnóstico realizado por INETER en los años 80 en la zona de El Castillo. Esta institución estatal determinó que el 12% de los suelos de la zona son para uso agropecuario, el 18% para uso agroforestal y el 70% para uso forestal y reserva forestal.

Nueve años después de ser declarada área protegida fue creada la Gran Reserva Biológica Indio-Maíz mediante el decreto 66-99. Se fijó su extensión territorial en 263,980 hectáreas, que comprometen cuatro municipios: El Castillo, San Juan del Norte, Nueva Guinea y Bluefields. Se llama Indio-Maíz por los dos ríos que la circundan. En el mundo existen pocos bosques tropicales de su magnitud que hayan permanecido sin intervención humana por más de cien años.

A las iniciativas nacionales se unió la legislación y los arreglos institucionales locales. Según la especialista en temas ambientales, Anne Larson, en 1999 se dio un avance importante con la creación de la Comisión Ambiental Municipal (CAM), mediante ordenanza municipal aprobada por el concejo municipal: La CAM fue conformada por el vice-alcalde, un concejal, tres representantes de las instituciones del Estado Central (MARENA, INAFOR, OTR) y un miembro de la sociedad civil. La ordenanza señala que el presidente de la CAM es el alcalde. Posteriormente, a inicios de 2003, se creó la Unidad Ambiental Municipal, iniciativa del MARENA, que busca descentralizar funciones en materia ambiental.

ORDENANZAS LOCALES AMBIENTALES

Larson señala que la Unidad Ambiental cuenta con un personal compuesto únicamente por un responsable ambiental, sobre quien recae la regulación forestal por parte de la municipalidad, lo cual implica la realización de inspecciones de campo, revisar y monitorear planes de manejo forestal, estar al frente de los proyectos de reforestación de cuencas y protección de cuerpos de agua, entre otras funciones.

En 2004, Larson encontró cuatro ordenanzas relacionadas con el tema ambiental: En la primera de ellas, en 1999, el Concejo municipal aprueba la creación de la CAM. Posteriormente se emite otra ordenanza, la cual trata de la eliminación del patio maderero localizado contiguo al muelle de Boca de Sábalos, que por la penetración de camiones cargados con las tucas a ser depositadas en el mismo, dañan la calle del casco urbano. Esta ordenanza fue aprobada en septiembre del año 2003. Sin embargo, no fue aplicada, debido a que los madereros argumentaron no disponer de otro sitio donde almacenar la madera mientras esperaban la llegada del barco que trasladaba la madera hacia el Pacífico.

La tercera ordenanza es dirigida a la empresa forestal SOSMADERA, a la cual se le orienta ordenar la madera tirada en la calle del casco urbano, dado que esta empresa tiene un aserrío. También se le orienta reparar dicha calle, a la cual la alcaldía brinda mantenimiento y es desbaratada por SOSMADERA. La cuarta ordenanza, también dirigida a SOSMADERA, está relacionada al manejo de desechos, puesto que han encontrado que el aserrín y algunos otros desperdicios están siendo depositados en el río, ocasionando la contaminación por desprendimiento de algunos tóxicos naturales de la madera.

Anne Larson y Virginia Zeledón se preguntaban en 2004 por el interés principal de las alcaldías en los recursos forestales: si estaban preocupados por protegerlos a cualquier costo, si lo harían por razones ecológicas, si estarían más preocupados por las necesidades de la población local o si tendrían una visión integral. Encontraron que no existían iniciativas integrales y que las existentes podían ser clasificadas, de acuerdo a sus motivaciones, en conservacionistas, desarrollistas o corruptas.

UN VENADO ACORRALADO ENTRE VARIOS TIGRES

Únicamente en El Castillo Larson y Zeledón identificaron una visión integral. Sostuvieron que se reconoce a El Castillo como la alcaldía con la visión y el entendimiento de la problemática forestal más clara y más integral en toda Nicaragua. Además, tiene una comprobada capacidad técnica y una buena comunicación con la población. Cuenta con un pequeño proyecto forestal integral y con muchas ideas. Sin embargo, señalaron que a pesar de esta visión, todavía no se ven iniciativas realmente integrales de parte de la alcaldía.

Dos razones lo pueden explicar. Primera, DANIDA y su ideología conservacionista ha tenido una gran influencia, dominando el escenario y hasta cierto punto obstaculizando el desarrollo de otras alternativas. Aun si la ideología que considera a la población como ‘el problema’ fuera técnicamente correcta, resulta una perspectiva socialmente inaceptable porque las soluciones tienen que empezar contando con esa misma población.

Frecuentemente los funcionarios de DANIDA se presentan como paladines de los tigrillos, tortugas, cedros y otros habitantes del bosque, olvidando esa fauna humana llena de niñas y niños mal alimentados, con acceso a una mediocre educación y cuya única oportunidad de mejoría es la migración a Costa Rica.

LA ADVERSA LEY FORESTAL
Y LA VACILANTE DESCENTRALIZACIÓN

La alcaldía de El Castillo enfrenta una situación bastante complicada. En 1999 más de la tercera parte de sus ingresos provenían de la explotación forestal. En el año 2003 la alcaldía recibió 10 mil córdobas en concepto de cobro de avales a la extracción forestal. También recibe ingresos en especie, como el uso de tractores de las empresas madereras para la reparación de caminos.

Su independencia nunca ha podido ser total. Y por eso aparece como un venado acorralado por varios tigres: las madereras, las necesidades de la población y las presiones de otras instancias gubernamentales que atentan contra la descentralización. Por ejemplo, el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) insiste en que la participación de los gobiernos locales en el proceso de solicitud y revisión de los permisos de aprovechamiento sólo ha resultado en mayores costos y mayor burocracia.

A los factores adversos que enfrenta la alcaldía de El Castillo se suma la misma ley forestal. En septiembre de 2003 fue publicada la Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal (Ley 462), dos meses antes de su reglamento, el decreto 73-2003. La ley contiene diversas expresiones sobre la participación de los gobiernos regionales y municipales en la conservación de los recursos forestales. Pero el reglamento no retoma el espíritu municipalista. No lo encarna en atribuciones concretas. La ley anula la posibilidad de que la alcaldía efectúe una valoración independiente de las solicitudes de aprovechamiento. La revisión quedó en manos de la audiencia pública, donde participa sólo el INAFOR y técnicos forestales de las alcaldías, de los cuales no todas disponen.

El impuesto que los gobiernos municipales cobraban por la extracción de madera fue suprimido, afectando las finanzas municipales. Las alcaldías conservan el 25% de las regalías sobre los contratos de INAFOR. Pero sobre ellas recae el peso de las exoneraciones que benefician a las inversiones forestales: exención del 50% del impuesto municipal sobre ventas para quienes siembran en plantaciones y del 100% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para áreas con un plan de manejo forestal.

Así pues, la alcaldía se enfrenta ante una descentralización vacilante, no exenta de intereses espúrios, como la nostalgia del INAFOR por los tiempos dorados en que controlaba los avales, una fuente de ingresos imprescindible en una alcaldía con un futuro financiero comprometido por la creación de una reserva que dejó el 45% del territorio bajo su jurisdicción dentro del núcleo de la misma: más de 745 kilómetros cuadrados donde se supone que no debe haber habitantes y, por consiguiente, una extensión por la que la municipalidad no percibe ingresos producto del cobro de impuestos sobre la propiedad.

Esto ocurre en un municipio muy boscoso -85% con cobertura forestal-, muy plano -la mitad de las tierras tienen pendientes- y muy pobre: 76% de su gente en la pobreza, 41% de ella en extrema pobreza.

LAS QUEJAS DE LOS GUARDABOSQUES:
¿QUÉ HACEN “LOS MARENAS”?

Los otros personajes de este drama del manejo de los recursos forestales son los guardabosques, también acorralados. Como rostro represivo del MARENA, sufren una pésima reputación entre los campesinos. En un sondeo en las viviendas a lo largo del río Bartola, granizaron las críticas.

Reinaldo Alemán destaca su carácter netamente policíaco: “Los del MARENA trepan a vigilar y eso es todo. Muy poco nos visitan”. Algunos señalan su desidia y su ausencia: “La casa la hicimos de cedro macho y papayán. Los guardabosques tenían que venir a supervisar, pero me dijeron ‘Sacala, no quiero ir a meterme ahí.’ Nunca los encontramos en el camino. Podríamos hacer muchos viajes sin ser registrados, o ser registrados sólo en algunos viajes”. Relatan su pereza ante amenazas visibles: “El costarricense es el que no sale de la reserva. Viene a cazar. Llevan akas, escopetas, carabinas y perros. Los he visto y les aviso a los Marenas. Pero no hacen nada por pereza”. También enfatizan su falta de sensibilidad con las condiciones económicas de los campesinos: “Los del MARENA sólo vienen a decir que hay que respetar la reserva, que hay que reforestar, que no debemos quemar ni cortar árboles. Pero no dan incentivos. Aquí uno vive a la pura voluntad de Dios”.

Otros denuncian su corrupción: “En el caño Sarnoso los ticos de reales tienen ranchos. Llegan a cazar con carabinas, llegan en grandes camionetas y sobornan a los del MARENA, a sus guardabosques. Pasan semanas cazando en plena reserva. Les pagan a 25 mil colones el tepezcuintle que cazan. Un kilo a 5 mil colones. Cazan las grandes manadas de chanchos de monte y venados. Hasta dejan muchos animalitos muertos en el bosque. Por eso nosotros, los nicas palmados, decimos a los del MARENA que no nos pueden prohibir cazar, porque lo hacemos para comer y no para vender. Y nosotros somos nicas: tenemos derecho”.

Y no falta quien siente ira por sus gastos dispendiosos en perjuicio de los campesinos: “Los del MARENA y otros del gobierno pasan en sus grandes pangas. Dicen que los cheles mandan reales para los campesinos, pero esas instituciones se los gastan en grandes camionetonas. El gobierno es el ganancioso, el que recibe la plata por tener esta reserva”. Finalmente, mientras bregamos río Bartola arriba en panga estrecha, los monos congos rugen a nuestro paso y don Segundo Rivera dice: “Están alegres porque el bosque es de ellos. Ahí ellos hacen lo que quieren y ningún MARENA viene a prohibirles nada”.

LA VIDA DEL GUARDABOSQUE:
RIESGOS, IMPOTENCIA, PREJUICIOS

Los guardabosques están distribuidos en siete puestos en el perímetro de la reserva. Cambian de puesto cada tres meses. En un territorio plagado de las mortales culebras terciopelo, barba amarilla y tamagás, los guardabosques del MARENA no disponen de sueros antiofídicos. Con un área de amortiguamiento no muy bien definida, su labor es muy complicada. Se supone que deben revisar los permisos y decomisar todo lo que proceda de la reserva y aplicar las multas.

Para ellos, los permisos son nocivos: “Son como tirar una bomba, porque expanden la extracción”. En sus expediciones dependen del ejército y la policía. No tienen por sí mismos fuerza coercitiva: “Somos civiles. No portamos armas”. Las limitaciones financieras de las tres instituciones -policía, ejército y MARENA- imponen un régimen de patrullaje muy exiguo. A menudo se enfrentan a cazadores armados que los amenazan y que tienen tiendas para acampar. “Mientras nosotros debemos regresar a nuestros puestos antes que caiga la noche, no tenemos armas y somos fácilmente controlables: si ya pasamos una vez, saben que no tenemos combustible para hacer otro viaje esa semana”.

Ante las faltas graves están autorizados para decomisar el medio de transporte y el equipo y exigir el pago del doble del valor del producto extraído ilegalmente. Pero los nicaragüenses portan permisos del INAFOR y la nula colaboración de las autoridades costarricenses y nicaragüenses deja amplios agujeros negros en la aplicación de las leyes: “¿Cómo lograr que pague una multa alguien que vive en Costa Rica? Nadie va a pagar porque no hay amenaza de cárcel. Es balurde esa ley. Hemos llevado a muchos denunciados -dicen los guardabosques de La Lagarta-, pero no pagan, no los decomisan y reinciden. Después hasta se burlan de nosotros”. Por eso entre los guardabosques hay una elevada rotación: “Con el bajo salario y el riesgo no duramos. No hay suero para las picaduras de serpiente. No tenemos ni una acetaminofén. Nos capacitaron en el uso de GPS y nunca volvimos a ver esos aparatos después de la capacitación. Hace cinco años entramos nueve y sólo queda uno”.

Los guardabosques sostienen que uno de los grandes problemas son las empresas madereras y la desidia de los funcionarios del INAFOR: “La empresa paga sus técnicos para diseñar sus planes de manejo. INAFOR no se mueve y no sabe si el plan afecta ríos. Sólo ponen atención a la cantidad y no realizan las inspecciones de campo. A veces los inspectores otorgan los permisos sin ir al campo, sólo por amor a la plata. Luego las empresas realizan varios viajes con el mismo permiso. O transportan más de lo que autoriza el permiso”.

Pero también consideran a otros como culpables: “A la gente de las comunidades les damos charlas. Aprovechamos todas las reuniones para darles charlas. No nos contradicen de frente. Nos dicen: ‘Sí, sí’, pero el mensaje no les entra. Es mejor ir a las escuelas, trabajar con la nueva generación. Pero casi no hay escuelas”. En su valoración de los campesinos, los guardabosques hacen eco de la visión de una tecnocracia carente de empatía con los habitantes del bosque. Pero, ¿cómo es realmente y cómo piensa la gente del bosque?

LOS FINQUEROS:
¿LOS VILLANOS DE LA PELÍCULA?

La mayoría de los documentos sobre la reserva y sobre su dinámica presenta a los finqueros como los villanos de la película. El finquero aparece como una especie de Terminator anti-ecológico. Un Gargantúa traga-bosques. Lo pintan como el colono migrante que avanza sin cesar y cuyo despiadado sistema de tumba-roza-quema engulle el bosque. Se dice que se transmuta en ganadero para dar rienda suelta a su irrefrenable geofagia o vende sus tierras para adentrarse en la selva. Inestable, inquieto, pionero, impone su propia ley y amenaza la supervivencia de la reserva Indio-Maíz, el Santo Grial que muchos veneran y quieren proteger.

¿Quiénes y cómo son en realidad estos finqueros? Según el Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), en el municipio de El Castillo hay 106,772 manzanas -el 45% de la extensión del municipio- en manos de 1,945 productores. Son finqueros y finqueras jóvenes. El 47% tiene entre 25 y 44 años. Tienen niveles de escolaridad muy bajos. El 56% no tiene ningún nivel de instrucción, el 9% sólo sabe leer y escribir, el 30% ha estudiado algún año de primaria y apenas el 4.5% llegó a secundaria o a un nivel superior. Entre las mujeres, la situación es peor. Las propietarias sin escolaridad son el 62%. En El Castillo los medianos propietarios son legión. El rango de fincas de 20-50 manzanas absorbe el 38.6% del área privada. Son poseídas por 1,015 productores, el 52 % de los propietarios del municipio. Entre los productores individuales de ese grupo el 14% son mujeres. El conjunto de fincas con un rango más amplio -de 50-200 manzanas- concentra el 40% de la propiedad privada. Son administradas por apenas el 25% de los finqueros y finqueras. Ellas sólo son el 10.6% del grupo.

Existe un pequeño pero poderoso grupo de terratenientes. Son ellos los 42 hacendados que poseen fincas de una extensión que supera las 200 manzanas, aunque sólo representan el 2% de los productores, controlan juntos el 17% de la superficie bajo propiedad privada. Sin embargo, ese grupo de grandes hacendados absorbe poco en relación a épocas pasadas. Según el Censo Nacional de 1952, el 83% de las tierras de Río San Juan las concentraban fincas de más de 500 hectáreas, de las cuales el 70% superaban las 2 mil hectáreas.

EL REINO DE LOS GANADEROS

En El Castillo reinan los ganaderos. El 19% de la superficie de las fincas tiene pastos naturales o sembrados y el 48% de las fincas tiene ganado bovino. Ese porcentaje supera al del resto de los rubros: 5% tiene cítricos, 6% caña de azúcar y 9% café. La excepción son los granos básicos y las musáceas, presentes en el 84% y el 52% de las fincas respectivamente. Pero los granos básicos se siembran en cantidades más bien modestas porque los suelos son poco aptos para su cultivo.

Los rendimientos suelen descender de 25 a 10-15 quintales por manzana entre el despale y el segundo año. La mayoría de los productores prefiere cultivar plátanos y yuca, énfasis que ha supuesto un cambio de dieta, sobre todo para los muchos pioneros que procedentes de Nueva Guinea llegan como campesinos a estas tierras. La tortilla ha sido sustituida en la comida diaria por el guineo o la yuca cocidos. El boom de la ganadería ha supuesto un cambio notable con respecto a la década anterior como podemos apreciar en el cuadro.

No sólo se trata del atractivo económico de la ganadería. El experto en temas agropecuarios Cristóbal Maldidier describió en 1996 el condicionamiento del entorno climático: En zonas de suelos frágiles y de régimen de lluvias elevado, como es el caso en el Trópico Húmedo, la degradación de las tierras sin su cobertura forestal es aún más rápida -procesos de lixiviación y de oxidación-, y las tierras agotadas se vuelven impropias para la producción de granos, siendo el empastamiento la única alternativa. Este carácter casi obligatorio del empastamiento proviene también de la fuerza de la diseminación y expansión natural de las gramíneas. La agresividad de algunos pastos limita en efecto las posibilidades de los productores de preservar áreas en rebrote forestal para producir granos básicos en el futuro.

EL POTRERO:
EL ESPACIO MÁS CULTURAL PARA EL CAMPESINO

A estos condicionantes ecológicos se suman los condicionantes culturales: la cosmovisión en cuyo sistema de valores se percibe el bosque como territorio no dominado, naturaleza que escapa al manejo del hombre.

En 1998 el antropólogo Lone Badstue lideró un equipo que publicó el interesante estudio titulado “Los campesinos de Río San Juan” en el que se explica el atractivo de la ganadería en el marco de la oposición entre territorio cultivado y territorio salvaje: La distinción entre naturaleza y cultura existe en cada sociedad, pues tiene como fin demarcar los límites entre lo humano, lo que pertenece al ámbito de lo social y forma parte del espacio activo de la gente, y lo natural, lo que es algo intacto sobre lo cual no ejerce control el ser humano. Es tarea de las personas controlar, ordenar y apropiarse de los espacios de la naturaleza para la cultura. El espacio más cultural en la visión campesina es el potrero. Es un área domesticada por el hombre. La milpa, el arrozal y el frijolar, aunque culturales, quedan un poco fuera del control humano; hay que luchar mucho para mantenerlos limpios. Igual sucede con la huerta, que se percibe como un espacio hasta cierto punto desordenado, con mucho enredo de matas y sin una señal clara de manejo humano.

Con incentivos económicos, ecológicos y culturales se impone el furor ganadero. Con un total de 12,100 cabezas de ganado, el promedio es de 13 cabezas por finca. Ese promedio sube a medida que aumenta la extensión de las fincas. En las fincas de 20-50 manzanas es de 9 cabezas. Sube a 16 en las de 50-100 y a 20 en las de 100-200 manzanas para alcanzan un pico de 56 en las de 200-500 y descender a 48 en las de más de 500 manzanas. La extensión de los pastos, sin embargo, es incluso ligeramente inferior a la de los tacotales. Y muy inferior a la de los bosques.

En general, entre pasto sembrado y pasto natural, el promedio dice que cada vaca dispone de 1.7 manzanas de pasto. Si asumimos que deben compartirlas con otras especies de ganado, la disponibilidad se reduce a 1.35 manzanas por cabeza. Pero en el caso de las fincas de más de 500 manzanas llega a 6 manzanas por cabeza.

Según ciertas investigaciones, la razón de esta elevada relación de manzanas por cabeza de ganado tiene que ver con la declinante productividad de la pastura debido a la baja fertilidad del suelo, especialmente por la reducida disponibilidad de fósforo y nitrógeno. Los pastos naturales se deterioran rápidamente y son invadidos por las malezas. Los niveles de biomasa descienden. Este problema es típico del trópico húmedo y opera como un incentivo para expandir las áreas ganaderas en perjuicio del bosque. La cantidad de cabezas de ganado en relación al área de los potreros desciende desde cinco hasta una cabeza por hectárea.

FINCAS CON BOSQUE Y CON AGUA,
SIN CRÉDITOS Y SIN TÍTULOS

La fiebre ganadera no impide el predominio del bosque, incluso en las fincas. En éstas conviven civilización y naturaleza, área en explotación agropecuaria y bosque. El 41% de la superficie de las fincas tiene cobertura boscosa, diez puntos porcentuales más que la suma de la cobertura de los pastos y los granos básicos. Ese porcentaje sube a 44% y a 49% en las fincas de 20-50 manzanas y en las de 100-200 manzanas respectivamente. Las fincas ubicadas en esos rangos mantienen mayor cobertura forestal. En esos casos, tenemos un promedio de 18 y 69 manzanas de bosque por finca. Son también los rangos con mejor manejo en cría de aves de corral, de caballos y de cerdos. Los propietarios de estas fincas no sólo viven junto a la reserva: son gente del bosque, son dueños de bosque.

La dotación de agua no potable es excelente. El 89% de las fincas tiene fuentes de agua y el 73% está atravesada por ríos. La red hidrográfica en el municipio está tejida por 457 kilómetros longitudinales de ríos. Pero a esta rica dotación natural corresponde una mezquina atención socioeconómica. La mayoría son productores preteridos por el sistema financiero nacional. En el año 2001 sólo el 19% de los productores solicitaron crédito y apenas el 4% lo recibió. La situación no mejora demasiado en el caso de los productores con fincas que superan las 500 manzanas: 22% solicitó crédito y 11% lo recibió.

Este abandono está directamente relacionado con la situación legal de las propiedades. Sólo el 20% de los productores tiene escritura pública de su propiedad. Curiosamente, ese porcentaje sube al 50% en las fincas de media a una manzana, probablemente beneficiarios de alguna entrega. En las fincas de más de 200 manzanas la legalización de la propiedad supera el 42%. El resto tienen títulos de reforma agraria. Los más afectados, por carecer de título alguno, son los propietarios de fincas de 2.5-20 manzanas.

TIERRAS EN LITIGIO

La mayoría de las fincas que concedió la reforma agraria (55%) tiene de 20 a 50 manzanas, precisamente el rango que predomina en el municipio. Tanto hacia rangos ascendentes como descendentes, las asignaciones de reforma agraria son menores y disminuyen abruptamente. Entre 1992 y 1994, el INRA entregó 825 títulos de reforma agraria de fincas con un promedio de 50 manzanas. Muchos -¿la mayoría?- de los beneficiarios fueron desmovilizados, ex-militares del ejército sandinista y ex-ARDE. Lo distribuido sumaba 38,523 manzanas localizadas en el área de amortiguamiento, 36% del total de la propiedad privada en El Castillo.

Las entregas se hicieron de forma desordenada, sin reconocimiento de la situación de la propiedad en el territorio y sin un estudio de qué tierra podía ser sujeta de asignación. Cuando los antiguos propietarios retornaron a sus parcelas, las encontraron ocupadas por cooperativas y desmovilizados. Esta situación multiplicó el número de lotes en litigio por doble titulación. Los errores en los linderos y la superposición de fincas echaron más leña en la hoguera local de unos conflictos por la propiedad que incendian a Nicaragua entera.

El Estado ha indemnizado a algunos de estos finqueros. Pero eso no pone coto a la mayoría de las reyertas. El Estado no indemniza a quienes no tienen sus documentos legales, los más de los casos. Los funcionarios del gobierno suelen argumentar que no se deben pagar indemnizaciones por tierras nacionales que estaban ilegalmente en manos de particulares. Y aunque los propietarios cuentan con un reconocimiento social bien enraizado y muy afirmado en la cultura campesina, el Estado hace caso omiso de tales derechos. La cuestión se debate entre el derecho formal y el derecho que proviene de la ocupación/mejoras, derecho que el campesino considera natural.

¿CÓMO ORDENAR EL TERRITORIO?

Los intentos de ordenamiento territorial han tenido débiles resultados. Tienen el objetivo de reducir los conflictos por propiedades agrarias y garantizar estabilidad y seguridad jurídica a todos los pequeños propietarios, como elemento estratégico para la preservación de la reserva y la contención de los flujos de inmigrantes.

Entre 1995 y 1998 la OTR, antes INRA, con el apoyo financiero de la cooperación danesa, a través de DANIDA, efectuó un proceso masivo de legalización de propiedades en 25 comunidades -de las 43 situadas en la zona de amortiguamiento de la reserva- que están en la jurisdicción municipal de El Castillo. Fueron entregados casi mil títulos, correspondientes a 47,788 manzanas, el 44.8% de la tierra en fincas que hay en la actualidad. En ese proceso se invirtió medio millón de dólares. Sólo en Bartola se legalizaron 37 lotes, que cubren 2,940 manzanas. En esa comunidad -también en Buena Vista, Marcelo, Kilómetro 20, El Chanchón, Nueva Quezada, La Pintada, Nueva Libertad, Fátima y Bijagua- los recién titulados empezaron a vender sus propiedades para emigrar hacia la reserva.

¿POR QUÉ RECURREN AL BOSQUE
LOS CAMPESINOS?

Bartola es atendida por la Unidad Territorial de Ordenamiento Municipal (UTOM) de El Castillo, que también presta sus servicios a otras siete comunidades. Está ubicada al sureste del área de amortiguamiento y limita al este con la UTOM de Sábalos, al sur con Costa Rica, al oeste con la reserva y al norte con la comarca Las Maravillas. En esa zona se extrae mimbre, diversas maderas y ciertas especies de fauna: loras, lapas, chocoyos, tucanes, pavas y venados.

La situación de sus pobladores no es de bonanza. El finquero muy joven, 24 años, Bismarck Fernández tiene claro el panorama: “No hay finqueros de grandes billetes aquí en Bartola. Todos estamos hechos mierda por aquí. Nadie contrata. Para conseguir un contrato hay que ir a El Castillo, y pagan poquito más de 20 pesos. Mejor agarro el anzuelo y pesco una mojarrita y me como un par de guineos”. Viven en condiciones duras: no hay energía eléctrica, no hay agua potable, en caso de emergencia es muy difícil salir de la zona, no siempre hay partera, la escuela está a horas de camino de muchas casas, nadie contrata… Entonces sólo queda recurrir al bosque, en una alianza enormemente ventajosa para las madereras.

EL COLOSAL NEGOCIO DE LAS MADERERAS

El precio de la madera ha venido aumentando a pasos agigantados. En 1993 se cotizaba a 100 córdobas la mata. En 1999 el precio estándar subió a 200 córdobas. Ahora se paga a más de 500 córdobas. Los finqueros siguen recibiendo una miseria por sus árboles. Si tenemos en cuenta que un cedro real no muy grande tiene en promedio 12 mil pulgadas cúbicas de madera, los 500 córdobas que recibe el finquero son ínfimos en relación a los escandalosos 120 mil que por toda esa madera paga un carpintero en Managua si la compra en La Chanchera -a 10 córdobas la pulgada- o los exorbitantes 300 mil que paga en “El Halcón” a razón de 25 córdobas la pulgada.

Anne Larson sostiene que obviamente el precio que recibe el dueño de bosque bajo estas circunstancias es mucho más bajo que el “valor real” de la madera. Sin embargo, las empresas y madereros argumentan que sus precios son justos, si se toman en cuenta los costos que éstas asumen, incluyendo la elaboración de planes de manejo forestal, las operaciones de extracción, el pago de impuestos ante INAFOR y el pago del IBI ante la alcaldía, entre otros. Ellos argumentan que el ganador es el Estado por los altos impuestos, no los madereros. Pero una gran parte de la extracción es ilegal y/o no incluye planes de manejo. Pero estos madereros e intermediarios no ofrecen mejor precio.

Además, si no fuera un buen negocio, se puede suponer que no existirían las empresas que funcionan de manera legal. El atractivo de la venta, aun en estas condiciones de estafa, sigue siendo suculento: el valor de 50 árboles fácilmente supera los ingresos monetarios anuales de la mayoría de los productores de El Castillo.

CAMPESINOS TRANSFRONTERIZOS,
CAZADORES-RECOLECTORES Y NÓMADAS

Muchos de estos campesinos son -la mayor parte del tiempo- cazadores y recolectores, con algunos períodos como asalariados de los costarricenses. Como los huleros extractores, y como después los acopiadores de raicilla, ahora los recolectores de bejuco y de pescado cultivan muy poco. Sólo cazan y recolectan. Las pequeñas cantidades que necesitan de la mayoría de los productos del bosque no ponen en peligro su sostenibilidad, excepto cuando se trata de bienes comercializables, como el llamado “bejuco de la mujer” y ciertos miembros de la fauna silvestre: loras, lapas, gatos de monte, guillas, monos cara blanca, ardillas, gallinas de monte, gallinas posoleras y conejos.

La venta de sus bosques es la única oportunidad de salir del estadio de cazadores-recolectores. Pero esa venta y las prohibiciones existentes han sumido a la gente del bosque en una maraña de contradicciones. El desarrollo parece ir en contradicción de la conservación. Si hay más caminos, se reducen los costos de movilizar los productos agropecuarios y también la madera. Con más y mejores vías de comunicación, habrá más desarrollo y menos bosque.

Lo cierto es que tres factores protegen al bosque más que la legislación forestal: la lluvia, la falta de capital de los productores y la migración a Costa Rica. Pero, ¿quién protege a los campesinos de morirse de hambre? A este respecto, Larson llamó la atención sobre una importante omisión de la ley forestal: Hay que recordar algo que la ley ambiental dice, pero que la ley forestal omite: Para los contratos de aprovechamiento hay que tomar en cuenta los beneficios para las comunidades.

Las políticas que enfatizan la conservación más que la explotación racional no favorecen nada la vía campesina. Estos campesinos tienen bosque en sus fincas y la ley olvida ese bosque. Según Larson, ni la ley ni su reglamento consideran explícitamente como un recurso forestal a los árboles dispersos en sistemas agroforestales o silvopastoriles, manejados principalmente por pequeños y medianos campesinos. Así, la ley aparece como un instrumento del neocolonialismo ambientalista, con los funcionarios del MARENA como interpósitos ejecutores de una globalización legal de corte ambiental que no se basa en una socioecología, en un enfoque integral que parta de una visión que combine los recursos naturales, las actividades productivas y los seres humanos y sus producciones culturales, puesto que los árboles viven en un ámbito económico-productivo, ecológico y social.

“¿ESTA FINCA SÓLO ES MÍA
PARA PAGAR IMPUESTOS?”

El problema lo tienen más claro los campesinos de la zona que los acicalados tecnócratas. Don Segundo Rivera, un finquero de 62 años, se muestra sanamente renuente a los programas conservacionistas que exigen trabajo voluntario en reforestación a quienes apenas pueden subsistir: “Llenar las bolsas, hacer esos bancales es un gran trabajo y sin saber qué va a comer uno. Y además eso es sembrar árboles que no puedo cortar. Los “Güises de montaña” nos decían ‘Siembre estos palos y le doy 50 pesos; tomá esta lima y este machete.’ Pero el MARENA no incentiva nada y uno no halla dónde darle y mejor se come las uñas”.

Estos requerimientos profundizan la maraña de contradicciones hasta llegar a una contradicción fundamental: propiedad privada y propiedad pública, potestad del dueño de la finca y potestad del gobierno. El carácter sacrosanto de la propiedad privada, inoculado culturalmente desde el período de lactancia, no ayuda a digerir las intervenciones estatales conservacionistas y fiscales. Así lo expresa don Segundo: “La jarana de impuestos es de uno, pero la finca, si uno quiere sacar un árbol, no es de uno, porque hay que sacar permiso para todo. Y hay que meter un año de viajes a Sábalo para conseguir un permiso”.

Reinaldo Alemán añade: “Pagamos impuestos por tierras que no quieren que toquemos. Nosotros no tenemos finca, sólo tenemos impuestos. Eso es lo que tenemos. Si yo soy el dueño de la finca, ¿por qué diablos tengo que ir a pedir permiso al MARENA? Si es madera de mi finca, ¿por qué me la quitan? Me tienen como cuidandero de mi finca. Y ni siquiera como eso, porque a un cuidandero le pagan, y a mí no me pagan. Eso sí: quieren que los impuestos les estén cayendo anualmente. Esta finca no es mía porque no me dejan hacer con ella lo que quiero. Es mía sólo para pagar impuestos”.

Todos los campesinos de la zona saben del pago por servicios ambientales que existe en Costa Rica. Han recibido promesas en ese sentido, pero sin mucha claridad de cómo compatibilizar los servicios ambientales con la soberanía de su parcela: “Algunas instituciones ofrecieron dinero por mantener el bosque. Pero aún no dan nada. Nos han ofrecido convenios con la comunidad: pago por mantener el bosque. La pregunta de la gente es: ¿podremos vender y socolar si suscribimos ese convenio? Nos interesa si pagan bien y si mantenemos nuestros derechos a vender. Si no es así, que nos paguen la finca y nosotros nos vamos a la verga, a comprar a otro lado”. De nuevo, la manera en que se plantean los convenios no toma en cuenta la tensión entre bien público y bien privado, y la necesidad de una educación en ese sentido.

Las propuestas de los finqueros y finqueras se decantan hacia la ganadería, actividad rentable, compatible con los suelos y con la cultura del terreno “limpio” como metáfora de lo civilizado. Así nos lo hace saber don Segundo: “Todos aquí estamos igual: a nivel y escuadra. Serviría que nos dieran vacas al crédito. El sacerdote de San Carlos nos prestó 500 dólares sin intereses por cinco años. Bebimos la leche, comimos la cuajada, le pagamos al hombre y ahí tenemos la vaca y sus crías”.

También Reinaldo Alemán es de la misma opinión: “Que nos den vacas, porque del mismo cuero salen las coyundas. La vaca se paga con las cuajadas”. La necesidad de superarse no parece calzar con las actividades ortodoxamente conservacionistas. De ahí que Larson concluya que en la raíz de todos los problemas está la tensión entre la conservación y el desarrollo, una tensión que tal vez sólo se puede superar en el territorio y con una estrategia que empiece con lo social.

MIRANDO EL BOSQUE
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU GENTE

La principal vía de capitalización en la frontera agrícola de Nicaragua es a través de la inversión en tierras y en ganado. La inversión en ganado se traga gradualmente el bosque en la zona de amortiguamiento. El Estado y la cooperación externa oponen a la estrategia campesina su intento obsesivo y ciego de poner puertas al bosque. Instalan puertas legales, puertas fiscales, puertas policiales y ninguna frena la extracción de ceibos, nísperos y cedros.

Todas esas puertas son esfuerzos que resultan en hernias financieras de las instituciones estatales y la cooperación internacional. La corrupción, la desidia, las rémoras legales, los agujeros negros jurídicos y la magra dotación de los guardabosques son algunos de los enormes boquetes junto a las puertas.

Pero el peor de todos los boquetes es la ignorancia de los puntos de vista de la gente del bosque: gente que vive junto al bosque, que posee bosque y que convive con todo lo que vive en el bosque. Un enfoque socioecológico, que considere los puntos de vista de esa especie en extinción -el campesinado de montaña adentro- y las posibilidades de un manejo sostenible de los recursos forestales de modo que la extracción dejara las mayores ganancias en manos de los finqueros, podría ser moralmente más aceptable, socialmente más viable y forestalmente más sostenible.

Los chanchos de monte rugían al escuchar el paso del bote, invasor de su paz selvática, cuando le pregunté a don Segundo Rivera qué más debía añadir a este texto y me dijo muy firme: “Escriba que no hay billete en esta montaña. Sólo vendemos chanchos, gallinas y bananos. Cuando llegamos a El Castillo, nos dicen: ‘Ya tenemos huevos y esto y lo otro’. Por eso a veces voy a Costa Rica de contrabando, voy hasta por tres meses a trabajar diez horas al día. Hasta termino pando y con el lomo pura lama de tanta agua que cae. Cuando estoy aquí, si queremos comer pesco machaca, arranco yuca y cazo tepezcuintles. Escriba ahí que aquí vivimos comiendo yuquita como la guatusa y maduro como el pizote, o sacando pescaditos como el pescador, ese pajarito que se pone a espiar a los peces desde una ramita”.

INVESTIGADOR DEL SERVICIO JESUITA PARA MIGRANTES DE CENTROAMÉRICA (SJM). MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO.

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