El mísero salario del magisterio: una asignatura pendiente

Varias maestras en huelga de hambre reclamando un aumento salarial equivalente apenas a 30 dólares mensuales. Es el último capítulo de la más prolongada y significativa protesta social enfrentada por el gobierno de Daniel Ortega en el estreno de su gestión. Y no la está resolviendo desde la izquierda. Ni con un estilo y un espíritu de “reconciliación y unidad nacional”, tal como se ha etiquetado a sí mismo el nuevo gobierno.

Adolfo Acevedo

Al día siguiente de iniciar su gestión el nuevo gobierno, el Ministro de Educación Miguel de Castilla declaró abolido el régimen de autonomía escolar instalado por el Ministro Humberto Belli desde los años 90, y anunció la total gratuidad en la educación pública primaria y secundaria. La medida fue aplaudida nacionalmente.

RESPUESTAS NEOLIBERALES A JUSTOS RECLAMOS

Un cambio tan brusco y tan improvisado generó de inmediato conflictos. El gobierno no tenía recursos para cubrir todas las necesidades que paliaban los cobros que la autonomía imponía a las familias. No tenía tampoco cómo enfrentar adecuadamente el aumento de la matrícula escolar, ahora gratuita. El cambio provocó también el desempleo de secretarias, cajeros y contadores. Algunos directores de colegios fueron acusados de malversar fondos y destituidos. Uno de ellos, Juan Narváez, del Instituto Miguel de Cervantes, fue sacado del centro de enseñanza por encapuchados armados que apoyaban al Ministro. La actitud no dialogante del Ministro aumentó los conflictos. Y en la Asamblea Nacional, los diputados de la oposición hablaron de interpelarlo y hasta de destituirlo.

Es el primer conflicto social de importancia que le ha tocado enfrentar al nuevo gobierno. El que más ruido le ha hecho. La expresión más duradera y sensible del conflicto es el justo reclamo del magisterio para que se les mejoren sus miserables salarios. Desde inicios de abril, un sector del mal pagado magisterio nacional inició paros y huelgas, organizó tranques en carreteras y calles de Managua y los departamentos, reclamando un aumento equivalente a 30 dólares. Apenas un dólar diario más. El que le han ofrecido, con los ajustes hechos en marzo 2007 al Presupuesto, equivale a unos 12 dólares. Piden 30.

El Ministro de Hacienda y el Ministro de Educación -quien durante la campaña electoral del FSLN firmó una Agenda Educativa Nacional con el compromiso de negociar el salario entre el Ministerio y los sindicatos magisteriales en los primeros 100 días del gobierno sandinista- respondieron a los reclamos con los mismos argumentos que esgrimía con frialdad el anterior gobierno neoliberal: no hay recursos. Pero si los hay. Es lo que trata de demostrar, desde la Coordinadora Civil, el economista Adolfo Acevedo, con la propuesta que hizo pública el 13 de abril y que, con algunas otras de sus reflexiones, presentamos en las siguientes páginas.

Desde que en 1992 Nicaragua se sometió a la condicionalidad cruzada del FMI y el Banco Mundial se estableció una política de drástica restricción de la inversión pública en salud y educación. Una de las variables más importantes sobre la que recayó esta política de draconiana restricción del gasto en educación y salud fue el “congelamiento” de los salarios de maestros y trabajadores de la salud. También, la severa reducción en las asignaciones para comprar medicamentos y para reparar y mantener escuelas y centros de salud.

El congelamiento de los salarios nominales de maestros y trabajadores de la salud se reflejó en una ostensible reducción de sus salarios reales desde 1992 hasta 1997. Desde 1997 se inició un modesto y tortuoso proceso de recuperación salarial de estos dos sectores gracias a las luchas que emprendieron sus gremios.

Aun así, los salarios de maestras, maestros y trabajadores de la salud tienen todavía un enorme rezago y el salario promedio de los maestros equivale a la mitad del salario promedio de los trabajadores del país. Esto significa que cualquier persona puede ganar el doble que un maestro dedicándose a cualquier otra actividad laboral, aun cuando el desempeño de esta otra actividad requiera de una calificación similar que la que requiere la profesión docente. Esto representa un sesgo masivo y perverso en contra de la educación.

¿QUÉ SIGNIFICA DES-PRIVATIZAR LA EDUCACIÓN?

A la par del congelamiento de los salarios, comenzó el proceso de “autonomía escolar”, una modalidad de privatización de la educación pública. La contracara de esta política de privatización consistió en la creciente transferencia a las familias de la responsabilidad de financiar de sus propios bolsillos el gasto en educación y salud. En la salud, tuvieron que comprar los medicamentos y hacer los otros gastos de cualquier tratamiento en los hospitales y centros de salud públicos. En un país en donde un 80% de la población sobrevive con menos de dos dólares diarios, y un 45% de ese porcentaje con menos de un dólar al día, trasladar a los hogares estos gastos supusieron una violación del derecho humano a la salud y a la vida.

En la educación, trasladar a los hogares la responsabilidad de reparar y mantener las escuelas públicas y también la de complementar los salarios de los maestros se concretó en la política de “cobros voluntarios”, implementada en las escuelas que pasaban a ser “autónomas”. Para las familias de los hogares más empobrecidos estos cobros representaban la negación del derecho a la educación de sus hijos.

¿Qué implica hoy “desprivatizar” la educación? En primer lugar, implica revertir ese proceso para que el sector público vuelva a asumir esas responsabilidades.

Hacen falta muchas precisiones para entender lo que implica la desprivatización. Porque el hecho de que la mayoría de los gastos de operación, reparación y mantenimiento de los centros escolares descansara en los aportes de los escuálidos bolsillos de los hogares, significó que esos gastos también fueran necesariamente escuálidos, y esto explica el grave estado de deterioro de la infraestructura escolar.

De manera que no basta con “reponer” los recursos escuálidos que los hogares aportaban, sino que es necesario que el Estado recupere su responsabilidad asignando a las escuelas recursos que les permitan afrontar de mucha mejor manera esos costos. También implica revertir el enorme rezago salarial de los maestros, cumpliendo con el mandato del Plan Nacional de Educación de alcanzar en 2010 el promedio salarial de los maestros centroamericanos.

Implica además superar la aberración descomunal -que uno no encuentra ni siquiera en los países africanos- de un gasto público por estudiante de secundaria inferior a la mitad del gasto por alumno de primaria, sabiendo, como se sabe, que formar un estudiante de secundaria es más costoso, por el número de profesores y de textos y laboratorios que requiere.

Es evidente también que el solo hecho de que no se cobre en las escuelas no asegura que todos los niños y niñas puedan acceder al sistema educativo. Porque el costo que deben asumir las familias pobres para poder enviar a sus hijos a la escuela no se reduce al pago de matrículas y a los cobros mensuales, sino que incluye todo lo que se denomina el “costo privado” que ello representa: transporte, vestido y calzado, útiles escolares, etc. Para las familias muy pobres este costo puede resultar prohibitivo. Y como los niños y adolescentes de las familias más pobres, sobre todo en el campo, necesitan generar ingresos, aunque sean precarios, para sus familias, esto es aún más problemático: las familias deben asumir el “costo de oportunidad” de los ingresos perdidos.

Ambos costos -costo privado y de oportunidad- se van elevando rápidamente a medida que los niños van avanzando de un nivel educativo a otro. Esto explica por qué los niños y niñas más pobres van abandonando la escuela a medida que pasan a años superiores de escolaridad.

En el material diseminado en el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua en marzo de 2003 se lee: El concepto de Educación Gratuita no se puede seguir considerando como el ingreso de la población en edad escolar al Sistema Escolar Estatal. El concepto de gratuidad es mucho más amplio. Es no cobrar ningún tipo de arancel por muy bajo que sea en concepto de pre-matrícula, matrícula, boletines, exámenes, etc. Es facilitar a niñas, niños y adolescentes que puedan trasladarse de sus casas a las escuelas y viceversa y que puedan acceder a los materiales educativos. Es proporcionarles todos aquellos elementos que les permitan el acceso y permanencia dentro del Sistema Educativo.

EL 7% DEL PIB PARA LA EDUCACIÓN:
AÚN NO SE CUMPLE

Que el Estado asuma de nuevo y de manera más plena su responsabilidad de asegurar el derecho a una educación de calidad para todos implicaría llevar el Presupuesto Global de Educación -incluyendo Universidades- al mismo nivel, por lo menos, de países tan pobres como Nicaragua como son Honduras y Bolivia, o de países mucho más pobres que Nicaragua, como Malawi, Kenia, Lesotho y otros, que han alcanzado el nivel que recomienda la UNESCO: invertir en Educación el 7% del PIB. Llevar el gasto en Educación a ese nivel para el año 2010 es lo menos que podemos exigir.

No es una meta caprichosa. El año 2007 es crítico para poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Educación. Sin embargo, no es claro que el rumbo por el cual el nuevo gobierno ha decidido avanzar sea hacia esta meta. El pobre aumento salarial para los maestros, contenido en el proyecto de Presupuesto 2007 elaborado por el gobierno de Enrique Bolaños en octubre 2006, fue negociado en condiciones políticas y con unas proyecciones de recursos muy distintas a las que existían en el momento en que se efectuó la “reformulacion presupuestaria” de marzo 2007.

Sin embargo, la cerrada negativa del gobierno a darle una respuesta inmediata al aumento salarial que reclaman hoy los maestros -lo que es posible y lo que, además, le ganaría al gobierno un apoyo enorme y generalizado, mucho más allá que el de las 40 mil maestras y maestros del país- no tiene ni justificación ni explicación. A no ser que, de antemano, el gobierno haya decidido ya ajustarse a los parámetros del FMI para los próximos tres años. Es por eso que presentamos esta Salida Nacional al rezago salarial de nuestras maestras y maestros

NO SE PUEDE CONTINUAR POR ESTE CAMINO:
PROPUESTA PARA UNA SALIDA INMEDIATA

El aumento salarial para los maestros aprobado en el Presupuesto 2007 es muy pobre. Pero no sólo: enfrenta un problema adicional, que agrava la situación, ya que gran parte de las escuelas públicas que habían pasado a ser “autónomas”, utilizaban un porcentaje importante de los cobros que efectuaban para complementar el bajo salario de los maestros. Al eliminar el nuevo gobierno el modelo de autonomía escolar y cualquier cobro en las escuelas públicas, el ingreso de los maestros se ha visto aún más reducido.

Proponemos que, de manera inmediata, se destinen al menos 206 millones de los más de 800 millones de córdobas que estaban presupuestados para el pago del servicio de la deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo y que ya no serán pagados como resultado de la condonación que el BID hizo de esa deuda. De estos más de 800 millones, sólo poco más de 400 millones se registraron en el Presupuesto como alivio. La propuesta es que de los 400 millones que faltan por registrarse se destinen 206 millones a aumentar el salario a los maestros.

Con ese monto se les duplicaría el aumento del salario básico, que actualmente es de 16 dólares y tendrían un aumento de 32 dólares. Se les duplicaría también el monto que se les agrega por cada diploma: de 7 a 14 dólares, mejorando así el incentivo por profesionalizarse. Esto sólo requiere de una modificación presupuestaria, que debería ser aprobada por la Asamblea Nacional cuanto antes.

PROPUESTA PARA UNA SALIDA DE MEDIANO PLAZO: QUE DANIEL ORTEGA CUMPLA

Pero esto no basta. Después, hay que pasar inmediatamente a discutir, entre el gobierno y los gremios magisteriales las perspectivas para la recomposición y ordenamiento salarial del magisterio para los próximos tres-cinco años. Esta política debe buscar acercarse lo más posible a la equiparación de los salarios de los trabajadores de la educación con los del resto de Centroamérica, especialmente los de Honduras.

Es evidente que esto exige una reestructuración a fondo de la onerosa deuda interna y la búsqueda de un sistema tributario que busque acercarse a la progresividad, para lo que no basta, ni mucho menos, la eliminación de las exenciones y exoneraciones.

Se trataría de poner en practica lo que propuso el Presidente Daniel Ortega en un discurso en Masaya un año antes de llegar al gobierno cuando dijo: Nosotros tenemos una posición bien clara y no estamos hablando de un planteamiento disparatado de decir que no importa cuánto se gaste. No, estamos diciendo de dónde debe salir el dinero para poder pagarle el incremento salarial a los maestros y al sector salud. Hemos dicho que el incremento salarial lo pongan los acreedores de la deuda interna, los bancos, entre otros, que tienen grandes utilidades. No es que se les va a dejar de pagar sino que, en lugar de entregarles el próximo año alrededor de 4 mil millones de córdobas a todos los acreedores de la deuda interna, que se les entreguen, por ejemplo, 3 mil millones y esos mil millones que queden se utilicen para incrementar los salarios en el sector salud y el sector educación. ¡Que se hable con ellos, con los dueños de los bancos, con la gente que tiene dinero y le debe al Estado! Para que entiendan que ellos tienen que aportar algo. Es decir, dejar de ganar el próximo año tanto como lo que estarían ga¬nando y reestructurar esa ganancia en plazos más largos. Eso permitiría mantener el mismo techo del Presupuesto y contar con recursos para incrementar el salario a los maestros, incrementar el salario de los trabajadores de la salud y de otros sectores del sector público. Yo creo que se debería de hacer ese esfuerzo, pues de lo contrario no se está abonando a la estabilidad del país. Porque el país no puede tener estabilidad, en condiciones como las que trata de imponer el Fondo Monetario.

Este proceso no puede esperar hasta octubre, como ha insinuado el Ministro de Educación. Para octubre ya todo estará “cocinado” con el FMI y quedará muy poco que negociar con los gremios magisteriales.

UNA REDUCCIÓN DRAMÁTICA

Desde 1992, Nicaragua ha acordado cuatro programas con el FMI. En el marco de la condicionalidad asociada a esos Programas se destaca el énfasis por restringir al máximo el crecimiento de la nómina salarial del gobierno. Cuando uno pasa revista a las denominadas Cartas de Intención o Memorándums de Política enviadas por los tres gobiernos anteriores al actual Directorio del FMI entre 1992 y 2006 encuen¬tra en esos documentos, de manera reiterada, el compromiso de “congelar” los salarios del gobierno.

Como resultado de esta drástica política de congela¬miento salarial, unida a la de reducción en el empleo estatal, la partida correspondiente a “gasto en sueldos y salarios” del gobierno pasó de representar el 30% del Gasto Total del Gobierno Central en 1992 a representar sólo el 17% en 1997. De 157 millones de dólares en 1992 a sólo 105 millones en 1997. Y de acuerdo a los datos de la Dirección de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el salario promedio de los trabajadores del sector público se redujo de 140 dólares mensuales en 1992 -equivalente al 74% del salario promedio nacional- a sólo 93 dólares mensuales en 1997, equivalente a sólo el 54% del salario promedio nacional. Dentro de esta política global de “represión salarial” adquirió especial importancia la restricción al crecimiento de los salarios de los trabajadores y trabajadoras de Educación, Salud y Seguridad Ciudadana, quienes representan más del 80% de todos los trabajadores del Estado.

Dentro de esta política, el salario promedio en el Ministerio de Educación se redujo de 111 dólares mensuales en 1992 a 77 dólares en 1997, cantidad equivalente al 45% del salario promedio de la fuerza de trabajo nicaragüense. Un duro golpe, aún mayor considerando el salario promedio del Ministerio de Educación, que por definición es más elevado que el de maestras y maestros, cuyos salarios cayeron aún por debajo de esa cantidad. En el Ministerio de Salud, el salario promedio se redujo de 128 dólares mensuales a 85 dólares. Y en el Ministerio de Gobernación bajó de 139 dólares a 90 dólares.

UNA REPRESIÓN SALARIAL INSOSTENIBLE
QUE CONSIGUIÓ UN LIGERO AUMENTO

Una política de “represión salarial” tan severa resulta difícilmente sostenible. Se traduce en un marcado deterioro de la calidad de los servicios que se prestan a la población, desmotivando y desmoralizando a quienes los prestan. Además, se acumulan grandes presiones sociales, cada vez más difíciles de contener.

Como resultado de estas presiones, y de otros factores, a partir de 1997 se inició un proceso de moderada recuperación de los salarios públicos. En el Ministerio de Educación, del salario promedio de 77 dólares en 1997 se llegó en 2001 a 100 dólares y a 135 dólares en 2002. Sin embargo, 135 dólares -el más alto nivel relativo que ha alcanzado hasta hoy el salario promedio del Ministerio de Educación- representa solamente el 61% del salario promedio nacional de la fuerza de trabajo nicaragüense.

Precisemos más: el salario bruto de maestras y maestros apenas alcanzó los 87 dólares al mes en 2002, una cantidad equivalente al 39% del salario promedio nacional de los trabajadores de nuestro país. Y al hablar de salario “bruto” incluimos, además del salario básico, el pago de una serie de bonificaciones.

En el gobierno de Enrique Bolaños, las presiones salariales acumuladas, traducidas en masivas demandas encabezadas por los más grandes sindicatos de los sectores de Educación y Salud, en conjunto con otros factores -por ejemplo el proceso de “sinceramiento” de los salarios de los altos funcionarios públicos y el creciente proceso de “profesionalización” de los trabajadores del gobierno- permitieron que el salario promedio de trabajadores y trabajadoras del gobierno pasara de representar el 83% del salario promedio nacional en 2001 hasta el 101% en 2006. El salario bruto de los maestros se elevó desde representar el 39% del salario promedio nacional de la fuerza de trabajo nicaragüense en 2002 hasta alcanzar un nivel equivalente al 53% en 2006.

UNA NUEVA CONDICIÓN DEL FMI

Preocupado por este proceso de moderada recuperación del salario real en Educación, Salud y Seguridad Ciudadana que se produjo en 2002-2006, el FMI introdujo en diciembre 2005 una nueva condicionalidad sobre la política salarial del sector público: la nómina salarial o “masa salarial” global del sector público debía de ser congelada, pero esta vez no en términos nominales, sino en términos reales. Y esta condicionalidad quedaría instalada como un nuevo “criterio de desempeño” en los sucesivos Acuerdos con el FMI.

Esto significa que la masa salarial sólo debería crecer en términos nominales conforme el aumento proyectado en la tasa de inflación. En otras palabras, el poco aumento nominal de la masa salarial, “se lo come” el aumento en los precios. Resultado: en términos reales, la masa salarial permanecería “congelada”. Y dado que la masa salarial real del gobierno es el producto de multiplicar el número total de trabajadores del gobierno por el salario real promedio de estos trabajadores, el “congelamiento” apunta a restringir tanto el crecimiento del nivel promedio de los salarios reales de estos trabajadores como el crecimiento en el número de trabajadores a ser contratados, pues ambas variables contribuyen a la expansión de la masa salarial real.

EL FMI NOS QUIERE “COMPETITIVOS”

Como se evidencia en un documento reciente del FMI, la razón fundamental para establecer como condicionalidad el virtual congelamiento de la masa salarial del gobierno en términos reales, estriba en la preocupación del FMI por el “efecto demostración” que nuevos aumentos en el salario real del sector público, principalmente en Educación y Salud, podrían tener sobre los trabajadores del sector privado y por esta vía, sobre la “competitividad salarial” del país, particularmente en lo que respecta a los salarios de la maquila.

Al FMI le preocupa que en Educación y Salud existan sindicatos fuertes, con un importante poder de negociación, lo que les ha permitido lograr que la Asamblea Nacional les apruebe aumentos salariales que han significado una modesta recuperación de sus salarios. Mayores aumentos serían un “mal ejemplo” para otros trabajadores mal pagados y entonces Nicaragua perdería el principal “atractivo” que tiene como imán para las inversiones: niveles salariales míseros, inferiores a los de los países vecinos.

El argumento del FMI apunta a que nuestros países entablen una competencia destructiva entre sí para atraer inversiones, a partir de salarios miserables y de trabajadores desprotegidos, fundando en estos factores nuestra inserción en la economía global

EN EL ESCALÓN MÁS BAJO,
CON LA RESPONSABILIDAD MÁS ALTA

Una manera de medir el rezago salarial de los maestros nicaragüenses consiste en comparar su salario con algún Standard internacional. La Iniciativa Vía Rápida de Educación para Todos (EFA-FTI por sus siglas en inglés), promovida por el Banco Mundial, establece como benchmark un salario anual promedio para los docentes equivalente a 3.5veces el PIB per cápita. El PIB per cápita de Nicaragua para el año 2005, de acuerdo al nuevo Censo de Población, se estimó en un mil dólares anuales. A partir de esta cifra, el salario mensual de los maestros que se ajustaría a la recomendación de esta Iniciativa del Banco Mundial sería de unos 269.2 dólares mensuales. Actualmente, el salario promedio de los maestros apenas alcanza a representar el 53% de esa cantidad.

Otra manera de apreciar el enorme rezago salarial de los maestros nicaragüenses es comparar sus salarios con los de sus colegas centroamericanos, que, como promedio, reciben más de 350 dólares mensuales. Eso reciben maestras y maestros en Honduras, país vecino, tan pobre como Nicaragua y también integrado en la Iniciativa HIPC para países pobres altamente endeudados. Resulta escandaloso que una maestra nicaragüense gane mucho más como empleada doméstica en Costa Rica que ejerciendo su carrera de docente en Nicaragua.

La estructura salarial que prevalece en nuestro país y que coloca a los educadores en el escalón mas bajo crea un sesgo pronunciado, y dramáticamente perverso, en contra de la Educación. En primer lugar, refleja un problema gravísimo de reconocimiento social a la profesión docente y representa una afrenta a la dignidad de esta profesión. Además, en el lenguaje de los economistas, esto también genera una “estructura de incentivos” perversa, completamente desvalorizadora de la educación y adversa a la sola posibilidad de llegar a mejorar la calidad del proceso educativo.

Los maestros son actores centrales del proceso educativo. De su nivel de calificación y de motivación dependerá en gran medida la calidad de la educación que impartirá el sistema educativo. Los maestros juegan un papel central en el desarrollo de las capacidades de los niños y jóvenes que en el futuro conformarán la fuerza de trabajo del país. Son los trabajadores bajo cuya responsabilidad, en una medida fundamental, se juega la calificación del resto de la fuerza de trabajo, que a su vez resulta clave para el desempeño económico y social futuro de Nicaragua.

Con una estructura salarial como la que prevalece en Nicaragua, ¿cómo se va a atraer a personal calificado para desempeñarse como maestros -lo que resulta indispensable para poder elevar la calidad de la educación a mediano plazo -, si a ellas y ellos, responsables de la calificación del resto de trabajadores, se les paga casi la mitad del salario promedio que devengan éstos? Bajo esta perversa estructura salarial sólo se atraerá a la profesión docente a personal dotado de una baja calificación comparativa.

HABLA EL MINISTRO:
UN MENSAJE INAUDITO Y PELIGROSO

El 20 de abril, estando decenas de maestros en huelga, el Ministro de Hacienda hizo afirmaciones extraordinariamente graves presentadas como política oficial del nuevo gobierno. Dijo el Ministro Alberto Guevara: “A los maestros ya les pagamos lo que corresponde. Ya las partidas que están en el presupuesto ya se asignaron, no hay más que eso. No pueden haber reformas para pagar salario. Si acaso algún día se pudieran hacer sería para cubrir las necesidades prioritarias del país. No puede darse una reforma para salario. Nosotros tenemos que ser responsables, primero tenemos que aumentar los ingresos. Si lo logramos en el cuarto trimestre podría hablarse de alguna reforma. Pero yo tengo la certeza que el salario no es una prioridad estrictamente. Si llegáramos a hacerlo en algún momento será para cubrir prioridades del país en la lucha contra la pobreza”.

Guevara explicó que incluso la condonación de la deuda y la sobre-recaudación de impuestos -las fuentes de recursos propuestas por los maestros para que les den su incremento salarial- ya estaban consideradas en el presupuesto.

Lo declarado por el Ministro de Hacienda nos parece sencillamente inaudito. El enorme rezago salarial de los maestros es el resultado de una política económica que durante 16 años afirmó que el salario de los educadores no era una prioridad.

En 2005, cuando suspendió su Programa con Nicaragua, el FMI alegó que los aumentos de salarios a maestros y trabajadores de la salud no eran una prioridad para reducir la pobreza, porque los maestros y trabajadores de la salud no eran pobres. Suponíamos que con el nuevo gobierno estaríamos ante criterios completamente distintos de política económica. ¿Nos equivocamos? Quizá el nuevo gobierno considera que el salario de los maestros no es una prioridad, de acuerdo con el criterio conservador mas convencional en materia de política fiscal, que lo clasifica como un gasto, en lugar de considerarlo un componente fundamental de un tipo de inversión, la inversión en capital humano, que constituye un pre-requisito y un elemento fundamental, tanto para el desarrollo económico como para el desarrollo humano y la reducción de la pobreza y las enormes desigualdades que exhibe Nicaragua.

Para colmo, el Ministro lanzó acusaciones muy serias contra todos los que hemos propuesto recurrir a los recursos liberados por la condonación del BID o por la sobre-recaudación al decir: “Hablar de recursos que no están disponibles es irresponsable. Detrás hay todo un manejo político de gente interesada en crear zozobra, en tratar de demostrar que aquí hay problemas. Lo que quieren es desmontar la gratuidad de la enseñanza porque quieren que se vuelva a cobrar en los colegios para aumentar salarios”.

El recurso de lanzar acusaciones contra todos los que no comparten el enfoque y los puntos de vista oficiales, afirmando que buscan desestabilizar al gobierno o crear zozobra, es peligrosísimo e inadmisible. Yo recuerdo las acusaciones que recibí del Ministro de Hacienda del Presidente Bolaños cada vez que hablé de la sobre-recaudacion, y de los recursos liberados por la Iniciativa HIPC.

Si el Ministro puede demostrar que la sobre-recaudación -de la que habló el Director General de Ingresos, afirmando que era de 600 millones de córdobas, un aumento del 21%, casi 7 puntos por encima de la tasa proyectada para todo el año, para desmentir que hubiese desaceleración económica- ya esta incluida en el Presupuesto, que lo haga, y no veo como podría hacerlo. También debe decirnos el destino que tendrán los recursos liberados por el BID que no han sido registrados. Y si tiene argumentos serios para demostrar que resolver el problema del rezago salarial de los maestros no constituye una prioridad fundamental que nos ilustre con ellos.

No se puede continuar por este camino, intentando moderar las enormes presiones salariales de los maestros, derivadas del impresionante rezago salarial que padecen, con nuevos parches. Es preciso comenzar a buscar una salida nacional y definitiva a esta situación. Este proceso tiene que iniciarse de inmediato, para poder diseñar una política nacional de recomposición y ordenamiento salarial que pueda ser presentada como posición verdaderamente nacional ante el FMI.

ECONOMISTA DE LA COORDINADORA CIVIL. EDICIÓN DE ENVÍO.

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