Preguntas al nuevo gobierno desde el feminismo

Los cambios que de este nuevo gobierno esperamos las feministas nicaragüenses están relacionados con el reconocimiento y la ampliación de los derechos de las mujeres. Particularmente, de las que sufren más discriminación: por ser pobres, por ser indígenas, por ser negras, por ser rurales, por ser lesbianas, por tener capacidades diferentes… ¿Responderá el nuevo gobierno del FSLN?

María Teresa Blandón Gadea

Todavía están frescos en la memoria de muchas feministas los años de la revolución, cuando la dirigencia del Frente Sandinista llamaba a las mujeres a participar en la construcción de una nueva sociedad “en igualdad de condiciones con los hombres”. Y aunque aquella igualdad era profundamente desigual, la reivindicación moral y social proclamada por la Revolución contribuyó a que miles de mujeres rompieran con ataduras domésticas, maritales y sociales que las afirmaban como ciudadanas de relleno.

En los dieciséis años de gobiernos de derecha que siguieron a la Revolución la tendencia predominante ha sido a un claro retroceso en el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres. Por eso, cuando llega al gobierno un partido que se declara de izquierda, es comprensible que muchas feministas tengan hoy expectativas de mejoría en la situación de las mujeres.

Yo misma quisiera creer que durante los próximos cinco años de gobierno las mujeres nicaragüenses avanzaremos en el logro de las demandas que hemos reiterado cada vez con mayor fuerza en las últimas tres décadas. Sin embargo, este deseo se enfrenta a varios conflictos éticos y a dilemas políticos que relacionan lo público con lo privado.

Conflictos éticos. Se trata de poner en la balanza de nues¬tras más profundas convicciones la coherencia entre la moral pública y la moral privada. Y a juzgar por lo que vi¬mos y leímos todos los días durante la campaña electoral y después de las elecciones, ni a los jerarcas de las iglesias, ni a los empresarios, ni a las dirigencias de los partidos políticos, ni a los intelectuales reconocidos- en su gran mayoría hombres- les importa esta dimensión de la ética que, unos más que otros, tanto pregonan. Hasta pareciera que muchos encuentran compatible un discurso público que defiende la democracia y un comportamiento privado que legitima el abuso como forma de relación cotidiana. Probablemente por eso mismo, todos parecen estar cómodos en el nuevo escenario, que los entrelaza en una suerte de complicidad de género basada en el silencio, en el olvido, o hasta en el cinismo que derivan, distorsionándola, de aquella ¬sen¬¬tencia: “El que esté libre de pecado, que tire la prime¬ra piedra”.

PRIORIDAD:
LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Dilemas políticos. Aquí las contradicciones se multiplican y por eso me limitaré a lo que considero deberían ser aspectos centrales de la gestión del nuevo gobierno en la ampliación de derechos para las mujeres. Uno de los retos principales en la interlocución del Estado con las mujeres y la juventud serán los derechos sexuales y reproductivos, entendidos como el reconocimiento de que hombres y mujeres somos libres y tenemos la capacidad moral para tomar decisiones sobre la reproducción como opción y no como mandato de ineludible cumplimiento. Entendidos también como la vivencia de la sexualidad como factor de realización personal y no como incómodo secreto que pone en riesgo nuestra condición moral.

Las feministas entendemos la maternidad como un he¬cho¬¬ de gran importancia para la vida de las mujeres. Para no¬¬sotras, ser ¬madre es mucho más que llevar a término un em¬barazo. Es asumir la responsabilidad de cuidar y acompa¬ñar¬¬ a un nuevo ser humano en el camino de hacerse persona.¬ Ha¬¬blamos de la maternidad como una posibilidad, como una op¬ción, como una decisión consciente y responsable, y no co¬mo un destino inevitable que todas las mujeres debemos de¬ cumplir. Y denunciamos que millones de mujeres ejercen la¬ ma¬ternidad en condiciones frecuentemente desventajosas¬ y trau¬máticas, sobre todo en sociedades como la nuestra, atra¬¬ve¬sadas por tantas formas de discriminación contra las mu¬jeres.

Basta indagar sobre políticas de empleo y salario, políticas de seguridad social, políticas de educación, políticas de capacitación y promoción, para saber por qué las mujeres -y particularmente las que son madres- se quedan en su mayoría a la cola de las oportunidades de superarse y mejorar sus propias condiciones de vida.

En nuestro país son miles las mujeres que ejercen la ma¬¬ternidad en condiciones de extrema pobreza, viéndose en la desesperada situación de enviar a sus hijos e hijas a rea¬lizar duras tareas que les impiden vivir su niñez de mane¬ra saludable. Son miles las mujeres que no logran realizarse¬ satisfactoriamente como madres, porque la lucha por la so¬bre¬vivencia no les permite disfrutar del crecimiento de sus hi¬jos e hijas.

LO QUE NOS DICE LA REALIDAD
Y LO QUE NOS PREGUNTAMOS

La realidad nos dice que hay muchas mujeres y también muchos hombres que no quieren ser madres y padres. Es muy visible y creciente la cantidad de niñas y niños abandonados en las calles y en centros asistenciales, vendidos para el comercio sexual, explotados como fuerza de trabajo, muriéndose literalmente de hambre sin ninguna protección por parte de sus familias, ni del Estado, ni de las organizaciones que defienden “la vida desde la concepción”.

En una sociedad machista como la nuestra, los hombres no fueron educados para el ejercicio de una paternidad responsable y afectuosa. Casi el 40% de los hogares en Nicaragua están representados, mantenidos y sostenidos únicamente por una mujer. Hay muchos hogares donde los padres, aun estando presentes, no ejercen una paternidad afectiva y por el contrario, se convierten en los principales agresores de sus hijos y de sus hijas.

El Estado patriarcal y neoliberal no está interesado en proteger una maternidad voluntaria y segura. La economía de mercado actúa en contra de los pobres en general y en contra de las mujeres, que son todavía más pobres porque tienen menos oportunidades y porque cargan con su propia pobreza y la de sus hijos.

Si el sistema ha fallado con las mujeres, si el Estado le ha fallado a las mujeres, si la sociedad machista y violenta le ha fallado a las mujeres, el sistema, el Estado y la sociedad tienen la obligación ética, humanista y legal de respondernos y respetarnos cuando nos vemos ante un embarazo no deseado. Hay que responsabilizar al Estado y al resto de la sociedad. Si la sociedad es cómplice de la violencia, si el Estado es cómplice de la violación sistemática a los derechos de las mujeres, tiene la obligación de resarcirnos y respetarnos. El aborto terapéutico es una de las formas en que se expresa ese resarcimiento.

La pregunta que nos hacemos hoy muchas feministas ante el nuevo gobierno es: ¿Cómo un partido que se declara de “izquierda” -y tiene por tanto profundas diferencias con la derecha conservadora- podrá comprometerse con el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y a la vez mantener una alianza -que no es coyuntural- con los sectores mas conservadores de las jerarquías católicas y evangélicas, aunque éstas con menos peso político?

¿Podrá este gobierno de “izquierda” asumir de manera con¬gruente el respeto a la Constitución Política de la Repú¬bli¬¬¬ca en lo que respecta al Estado Laico? Más específi¬ca¬men¬¬¬te, ¿se comprometerán los diputados del FSLN a revertir¬ la pe¬nalización del aborto terapéutico, atendiendo el legítimo¬ cla¬mor de muchas mujeres que votaron por el FSLN, de la ma¬yoría del gremio médico, de la cooperación internacional y de instituciones internacionales de salud de tanto presti¬gio?¬¬¬

¿CÓMO HARÁ EL FSLN
CON LAS POLÍTICAS DEL FMI?

Supongamos que en estos temas controversiales el gobierno del FSLN tenga algunos tropiezos. ¿Podríamos esperar entonces más coherencia en otros temas preocupantes para nuestra sociedad? Por ejemplo, los derechos sociales y económicos de las mujeres. ¿Tendrá voluntad el nuevo gobierno para proteger y ampliar esos derechos? Empresarios, intelectuales reconocidos, la jerarquía católica y los liderazgos partidarios se han manifestado muy cómodos con el compromiso del nuevo gobierno de “respetar los acuerdos” asumidos con el FMI y el Banco Mundial, con mantener la “estabilidad macroeconómica” y respetar la propiedad privada de manera irrestricta para así “atraer” a los inversionistas a nuestro país. (Nótese el lenguaje sensual en los negocios...)

Pero, sin ahondar en demasiados datos, sabemos que los lineamientos del FMI son los responsables de la privati¬za¬¬¬ción de algunos servicios básicos y de dar oportunidades favorables a inversionistas extranjeros que, como la trans¬nacional española Unión Fenosa, no solo encarecieron los servicios, sino que deterioraron su calidad. La estabilidad macroeconómica, presentada como la meca de los inversio¬nis¬tas, ha significado la drástica contracción del gasto público, y con ello, el estancamiento de los salarios del personal¬ de salud y de educación -mayoritariamente mujeres- y el cre¬¬ciente deterioro de la calidad de los servicios públicos, con un millón de niños y niñas fuera de las escuelas y con los hospitales públicos sin medicinas.

¿Como hará el FSLN para, manteniendo los acuerdos con el FMI, cumplir con el compromiso de articular un sistema de salud pública que le asegure a toda la población, y en particular a las mujeres y a la juventud, servicios de salud sexual y reproductiva de calidad?

Los lineamientos del FMI modelaron la estrategia de privatización del sistema financiero, y con ello, el encarecimiento del crédito y el vertiginoso incremento de la deuda interna. ¿Podrá un gobierno de “izquierda” anteponer a los intereses del capital financiero las necesidades de la población empobrecida y negociar términos menos injustos de esa deuda, para liberar recursos e invertir en las necesidades de la gente, en las de las mujeres?

¿HABRÁ CAPACIDAD
PARA RESPONDER A TANTAS PROMESAS?

En cuanto al respeto irrestricto a la propiedad privada y el estímulo a la inversión extranjera, debemos preguntar¬nos:¬ ¿Continuará un gobierno de “izquierda” haciéndose de la vista gorda con empresas y empresarios que, sin escrúpu¬los,¬ están acabando con los bosques y los ríos de Nicaragua? ¿Enfrentará a las mafias madereras? ¿Continuará promo¬vien¬do esa inversión extranjera, frecuentemente asociada a la evasión del pago de impuestos a través de múltiples arti¬ma¬ñas, como el cambio de razón social cada cierto tiempo, afec¬tando con ello las recaudaciones fiscales nacionales y las¬ de los municipios? ¿Aceptará este nuevo gobierno que las empresas de maquila continúen violando los derechos la¬borales de una mayoría de trabajadoras, con el pretexto de que ayudan a aumentar el nivel de unas exportaciones que nadie sabe como benefician al país?

Y en caso de que el nuevo gobierno se niegue a aceptar los excesos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de los em¬presarios depredadores, de los capitales transnacionales ine¬ficientes, de los capitales golondrinas ¿cuál será la posi¬ción¬ de todos los que han felicitado y aplaudido al nuevo Pre¬sidente de la República por los compromisos de estabili¬dad¬ adquiridos? Y en caso de que el nuevo gobierno de “izquierda” acepte las reglas del juego establecidas por sus ante¬cesores de derecha, ¿tendrá alguna capacidad para responder a las promesas de campaña asumidas frente al electorado, incluyendo compromisos específicos con las mujeres?

¿SEREMOS SUJETAS DE DERECHO?

El nuevo gobierno -así lo prometió en la campaña y lo reiteró después del triunfo- será integrado, en sistema paritario, por igual número de mujeres y de hombres. Muchas mujeres pobres y otras no tan pobres tienen puestas sus esperanzas en un nuevo gobierno así, y en la no tan nueva Asamblea Nacional. Pero no bastará con nombrar más mujeres en el gabinete si las elegidas son de las que privilegian sus particulares creencias sobre el bien y el mal por encima de los derechos de las mujeres y de la responsabilidad que tienen¬ como funcionarias públicas de respetarlos y protegerlos.

¿Tendrá el nuevo gobierno la capacidad de trascender esas políticas conservadoras, que enfatizan la importancia de atender las necesidades de las mujeres pobres, pero no como sujetas de derecho, sino desde su papel tradicional de intermediarias de las necesidades de la familia?

¿Podrá el gobierno del Frente Sandinista formar parte del concierto de naciones que en el seno de Naciones Unidas¬ se han comprometido con el respeto de convenios internacio¬nales que afirman los derechos de las mujeres, como la Con¬ven¬ción para la Eliminación de Todas las Formas de Discri¬mi¬nación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción Mundial para la Mujer y la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo?

Y finalmente, ¿podrá el gobierno del Frente Sandinista superar la tentación de cooptar y de mediatizar a los movimientos sociales, incluyendo el amplio y plural movimiento de mujeres? ¿Demostrará una genuina vocación democrática respetando su autonomía y diversidad? En enero de 2007 comenzaremos a escuchar cómo responden a este examen de democracia con equi¬dad.¬

FEMINISTA.

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