Las tragedias de octubre desnudan el país real

“Los salvadoreños hemos sido creados en la adversidad -dijo el Presidente Saca- y siempre hemos superado esas pruebas”. Mensajes que buscan responsabilizar a Dios por los desastres naturales para ocultar la irresponsabilidad del gobierno en estas crisis y dar una falsa esperanza a inmensas mayorías abandonadas a su suerte, cuya única esperanza es hoy emigrar al Norte.

Equipo de "Proceso" UCA El Salvador

La sociedad salvadoreña -y en ella los sectores más pobres- es tremendamente vulnerable a los fenómenos naturales. Los terremotos de 2001 constituyen el ejemplo de rigor. Pero no hay que buscar ejemplos tan grandes y de tanto impacto. Los zancudos transmisores del dengue también demuestran, con regularidad pasmosa, las deficiencias del sistema nacional de salud y las precarias condiciones de vida de quienes son afectados continuamente por esta plaga. En el mes de octubre, dos fenómenos naturales -las erupciones del volcán de Santa Ana- y las torrenciales lluvias provocadas por los efectos indirectos de una combinación de tres huracanes y varias depresiones tropicales sucesivas volvieron a desnudar las crudas realidades del país real que somos.

“NATURALIZAR” LA TRAGEDIA
PARA ENCUBRIR LA INEPTITUD

Al igual que con los terremotos de 2001 y con el dengue, el volcán Ilamatepec y las lluvias sacaron a luz las precarias condiciones de vida de muchísima gente y la incapacidad de las autoridades para ofrecer una solución a las miles y miles de familias que habitan en las áreas de riesgo. La incapacidad gubernamental se vio acompañada de negligencia y de irresponsabilidad.

Muchos fueron los voceros del gobierno que insistieron en “naturalizar” la tragedia, presentándola como resultado de las fuerzas ciegas de la Naturaleza, ante las que muy poco se puede hacer. A los funcionarios se unieron algunos medios. En los días de los diluvios, un reportaje de la televisión se titulaba “Durmiendo con el enemigo”. Se refería a los daños provocados en las viviendas de lámina de las familias que habitan en la zona sur de la capital, en las riberas del desbordado río Acelhuate. Lluvias y ríos desbordados presentados como “enemigos” de los humanos -en su momento también se llegó a tipificar al zancudo transmisor del dengue como un “asesino”-, enemigos irracionales, cuya fuerza destructiva no se puede controlar y de cuyos daños no cabe culpar a nadie más que a la misma Naturaleza... o a Dios, que nos “pone a prueba”, son justificaciones para encubrir comportamientos irresponsables.

Los desastres naturales han sido constantes en la vida de El Salvador. A mediados del siglo XX, el historiador Jorge Lardé y Larín escribió un recuento de estos fenómenos titulado “Inundaciones, terremotos e incendios”, donde resume algunas de las devastaciones principales causadas por las fuerzas de la Naturaleza. Enseñanza de ese historial de calamidades: tan cierto es que los desastres naturales no se pueden evitar como que hay maneras de aminorar sus impactos. Diluvios y terremotos son fenómenos naturales, pero su impacto es social. Las escenas trágicas de este octubre nos mostraron que la vida en El Salvador está literalmente a la intemperie.

GRAVES PÉRDIDAS
EN TODO EL PAÍS

Como consecuencia de la erupción del volcán y de las lluvias murieron 74 personas, con nombre y apellido y una vida por delante. 412 refugios en todo el país acogieron durante los días que duró el diluvio a casi 80 mil personas, que fueron evacuadas -o se evacuaron ellas mismas- de los lugares en donde corría peligro su vida. Una buena proporción de ellas conservó la vida, pero perdió su casa y todo lo poco que en ella tenía. El 75% del territorio salvadoreño quedó afectado por las lluvias. Los departamentos que más sufrieron fueron San Salvador y La Libertad, seguidos de Santa Ana y Sonsonate, con poblaciones amenazadas por la actividad del volcán Ilamatepec, iniciada de forma constante el 1 de octubre.

Las lluvias torrenciales provocadas por “Stan”, las secuelas de “Katrina” y varias ondas tropicales provocaron que los principales ríos del país se desbordaran, inundando cultivos y poblaciones marginales y también zonas residenciales de clase media y hasta sectores como la San Benito en la capital. Las lluvias provocaron deslizamientos y derrumbes por todo el país destruyendo caminos y carreteras. Según el Ministerio de Obras Públicas, el 85% de la red vial del país resultó grave o severamente afectada, calculando la reparación en unos 120 millones de dólares. El dato más relevante es que varias de las vías afectadas eran de reciente construcción, lo que sugiere que no fueron bien hechas. Las constantes precipitaciones y los desbordamientos de quebradas dejaron también en mal estado muchas edificaciones y socavaron los cimientos de muchas casas.

Según el Ministerio de Educación, 313 escuelas fueron afectadas por las lluvias. De ellas, 86 no podrán continuar funcionando por los graves daños sufridos. La red de hospitales públicos y centros de salud también sufrió severamente. En la agricultura, las pérdidas se estimaron inicialmente en unos 9.5 millones de dólares. Fuentes del Ministerio de Agricultura y Ganadería contabilizaban a mediados de octubre la pérdida de 26 mil manzanas de maíz, 12 mil de frijol, 8 mil de café, 400 de caña de azúcar, 500 de hortalizas, 300 de arroz y 200 de algodón. También la ganadería y la avicultura fue seriamente afectada.

SAN SALVADOR:
COLAPSÓ EL ALCANTARILLADO

Los dos fenómenos naturales pusieron de rodillas a todo el aparato gubernamental. La Asamblea, a petición del Ejecutivo, decretó estado de emergencia nacional y calamidad pública en todo el territorio nacional. Durante la tragedia, San Salvador se convirtió en un caos. El sistema de acueductos y alcantarillados de la capital demostró que ha colapsado, aquejado de dos grandes problemas: estructuras demasiado viejas y tragantes obstruidos por la mala costumbre de arrojar basura a la calle. Descuido de la población y descuido de las autoridades.

La Alcaldía capitalina afirma que la responsabilidad de limpiar los tragantes corresponde a Obras Públicas y esta cartera y ANDA afirman que la responsabilidad es de la Alcaldía. Esta maraña de confusión, en la que no están claras las atribuciones de cada institución, tiene una explicación de carácter económico: asumir la limpieza de los tragantes cuesta caro y cada entidad, estatal, municipal o autónoma, cuida su presupuesto. Aunque todas son entidades de servicio público, no quieren gastar en algo que servirá al interés público. También hay una explicación de carácter político. Es conocida la disputa que existe entre la comuna capitalina -desde hace varios años en manos del FMLN- y el gobierno central. La tragedia puso de manifiesto que los más pobres de la capital pagan con su inseguridad la ausencia de una estrategia de desarrollo urbano de largo alcance.

La tragedia forzó a la alcaldía y al gobierno a proclamar su voluntad de aunar esfuerzos para resolver el problema del drenaje, anunciando un acuerdo que de cumplirse sería histórico. Según el alcalde Carlos Rivas Zamora, la reparación de los drenajes de la capital, que datan sin mejoras de 1920, será un proceso largo -calcula que tomará 18 años- y su costo será mayor a los 300 millones de dólares.

INUNDACIONES AVISADAS

La experiencia le dice a los salvadoreños -especialmente a los más expuestos a los desastres- que hoy las lluvias causan más impacto que hace unos años, que el agua corre descontrolada sobre las calles y avenidas de la zona sur de la capital al desbordarse el río Acelhuate y sus afluentes, que las débiles edificaciones de los más pobres colapsan ante la fuerza del agua y de los sismos. No se ha avanzado mucho en la gestión de riesgos desde los desastres provocados por las inundaciones y deslaves que produjo el huracán “Mitch” en 1998 y por los terremotos del 2001.

Según el informe “Análisis de riesgo por inundaciones y deslizamientos de tierra en la microcuenca del arenal Montserrat”, financiado por el gobierno de Holanda y calzado por los logotipos del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) y el Centro Nacional de Registros (CNR), presentado en diciembre de 2003, el avance de la urbanización en las zonas comprendidas en esa microcuenca y la falta de mitigación podrían agudizar la problemática. En este estudio se analizaba con rigurosa exactitud la capacidad hidráulica de cada una de las bóvedas y se calculaba cuánta agua debía caer para que hubiera inundaciones. Se hacían recomendaciones para evitarlas. Es imposible, pues, que el gobierno no conociera ese estudio. Sin embargo, durante los días de la tragedia trató de presentarse sorprendido ante un diluvio que insistió en calificar de irrepetible y extraordinario.

LA INGOBERNABILIDAD AMBIENTAL DE CENTROAMÉRICA

El período 1997-2002 fue para la región centroamericana una época marcada por una serie de desastres de magnitud significativa. Tres de ellos alcanzaron a la región en su conjunto y uno exclusivamente a El Salvador: el fenómeno de El Niño en 1997-98, el huracán “Mitch” en 1998, los terremotos de El Salvador en 2001 y la sequía que afectó severamente a Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador en ese mismo año. En septiembre de 2002, varios deslizamientos mataron a decenas de personas en Costa Rica y Guatemala. Todos estos fenómenos provocaron enormes pérdidas humanas y materiales.

Tras estos fenómenos, varias organizaciones se dedicaron a la tarea de estudiar “la gobernabilidad ambiental” en Centroamérica. Entre ellas, el PNUD. El capítulo 5 del Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá 2003, bajo el título “El desafío de la gestión ambiental”, provee un inventario del estado ambiental de la región hasta 2003 y un análisis de los procesos que fomentan su degradación. El informe señala la principal causa por la que persisten las condiciones de riesgo: el modelo de desarrollo vigente. Este modelo ha ido dejando tras sí sus marcas -deforestación, erosión del suelo, sedimentación de ríos y creciente contaminación de las aguas-, originadas en los patrones de consumo creciente de recursos naturales y energéticos, en una urbanización desordenada y en un deficiente manejo de desechos.

En el contexto de esta reciente tragedia nacional, hay que recordar que se ignoraron decretos y ordenanzas municipales que protegían zonas de recarga acuífera como la finca El Espino y la Cordillera del Bálsamo. La voracidad de las compañías constructoras y la falta de visión de futuro de las instituciones oficiales han provocado que las montañas que rodean la capital se hayan convertido en un grave peligro y que los ríos, en el sur de la capital, sean ahora más caudalosos cuando llueve porque no existen ya zonas de infiltración en la parte norte.

“NADA ESTARÁ A SALVO”

Años atrás, a cualquiera le hubiera parecido increíble que la calamidad que sufrían todos los años los barrios La Vega y Candelaria o comunidades como la 29 de Agosto, la vivieran también en zonas como San Benito, Santa Elena y la Feria Internacional. No deja de ser irónico que en uno de los “moles” que acabaron con buena parte de la finca El Espino se lea un eslogan publicitario que dice: “Nada estará a salvo”. Aunque lo que se anuncia son descuentos en todos los productos, más parece una confesión anticipada de sus dueños sobre lo que ahora ha sucedido a consecuencia de la construcción de esos negocios.

Nuestro ecosistema ha sido alterado. Los alevosos ataques contra la naturaleza para construir carreteras en función del Plan Puebla Panamá o de los tratados de “libre” comercio, la edificación de suntuosas residencias y de enormes “moles” comerciales han aumentado la vulnerabilidad del país. Pese a los constantes señalamientos de organizaciones sociales, el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales no ha asumido el papel protagónico que debería tener y el Ministerio de Obras Públicas continúa construyendo el anillo periférico. Una semana antes de que el “Stan” descargara sus lluvias ya se anunciaba la nueva sección de ese megaproyecto, sobre las faldas del volcán de San Salvador, lo que generará una nueva zona de alta peligrosidad.

Las repetidas inundaciones han recordado a los olvidadizos que, justo al lado de la capital moderna y rutilante de grandes avenidas y centros comerciales, convive otra de tercer mundo subdesarrollado.

CONSTRUCCIÓN SIN CONTROL
Y EN DESORDEN

El incremento en los daños causados por las lluvias de este octubre ha ido de la mano con los acelerados procesos de urbanización en diferentes zonas del país. La construcción de casas y carreteras en terrenos no apropiados, sin planificación y sin coordinación, ha ido generando cada vez más zonas de alta vulnerabilidad. El gobierno salvadoreño asocia el desarrollo a la creación de nueva infraestructura. La construcción de nuevas colonias, carreteras y centros comerciales se presenta como señal de que el país avanza. Muchas de las calles y colonias de reciente construcción colapsaron en la emergencia. Las colonias de alto nivel de vulnerabilidad fueron construidas hace menos de 10 años y presentaron ya en esta ocasión serios problemas. La construcción de nuevas calles y carreteras sin un buen sistema de drenajes llenó de lodo las vías. La mayoría de los deslizamientos ocurrieron en las vías de comunicación y, paradójicamente, en muchas de las recién inauguradas con gran despliegue. Durante el diluvio, la Carretera Panorámica parecía un río. Con las nuevas vías, no se prestó atención a la estructura de los cortes del terreno y a las antiguas no se les ha dado el mantenimiento técnico adecuado.

Se sabe que en la medida en que las construcciones de zonas residenciales, centros comerciales y calles sellen el suelo e impidan la filtración del agua, ésta correrá, caudalosa y con gran fuerza, hacia las partes bajas de la ciudad, por las depresiones naturales, muchas de ellas ahora embovedadas, o incluso clausuradas. La tesis “del diluvio irrepetible” que enarboló el gobierno carece de fundamento. Los deslizamientos y las inundaciones no fueron un capricho de la naturaleza y volverán a repetirse, porque son una consecuencia directa de la actuación irresponsable de los gobiernos de ARENA y de las empresas constructoras. La población, sin duda, necesita educación para que colabore a mantener los desagües naturales y artificiales de la capital libres de basura. Pero responsabilizar a la población por su descuido e ignorancia, no exime al gobierno de ARENA de la suya. Además, es al gobierno a quien corresponde velar para evitar ese descuido y educar a la ciudadanía. La vivienda precaria de miles de familias de escasos recursos, que viven en riesgo continuo, tampoco es una decisión libre, pues no tienen alternativa. La pobreza las empuja a la precariedad y al peligro. La construcción imprudente de urbanizaciones es también responsabilidad del gobierno, ya que las ha autorizado o tolerado.

GOBIERNO: SOBREPASADO
Y SIN RUMBO

El flamante Comité de Emergencia Nacional (COEN) se vio sobrepasado por la crisis. Carece de estructuras ágiles y eficaces, adolece de información precisa y rigurosa para orientar a la población y a la prensa, y la ayuda que brinda tiende a tener color político: prefiere a las comunidades leales a ARENA que a la totalidad de la ciudadanía.

Tanto en las vísperas de la erupción del volcán de Santa Ana como durante el desarrollo de la erupción, buena parte de la población de la zona la evacuó por sus propios medios y sin saber a dónde ir. Esas escenas se repitieron durante cuatro días más en todo el territorio nacional cuando comenzaron las incesantes lluvias. La gente abandonó pertenencias y viviendas, sin apoyo oficial en muchos casos, escapando de inundaciones y grandes desprendimientos de tierra.

Entre el último desastre natural a gran escala -los terremotos de 2001, y este último, han pasado cuatro años. Hubo tiempo suficiente para crear un sistema eficaz de prevención de desastres, que incluyera mecanismos de evacuación temprana y la detección de zonas de riesgo. Mucho se pudo haber logrado si se hubieran coordinado esfuerzos entre el gobierno central, las alcaldías y las organizaciones de la sociedad civil, pero pudieron más las rivalidades políticas que el interés nacional.

El gobierno perdió el rumbo en esta coyuntura de desastre nacional. Es la consecuencia lógica de carecer de una visión de país. Desgraciadamente, la oposición apareció también más interesada en sacar un beneficio político inmediato que en contribuir efectivamente. Con hacer una sesión extraordinaria y pedir un minuto de silencio por las víctimas se busca crear un impacto mediático, nada despreciable en el precalentamiento de la campaña electoral. Mientras, lo que resultaría legalmente eficaz -la pieza de correspondencia en la que se pedía declarar zona protegida la Cordillera del Bálsamo- permanecía archivada. De haber prosperado esta pieza legal se hubiera disminuido el peligro de derrumbes en Santa Tecla y en otros lugares.

PRIVATIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESASTRES

El gobierno de Elías Antonio Saca entró en funciones desmarcándose del sello autoritario de su predecesor, Francisco Flores, y, al menos desde su discurso, ofreciendo espacios amplios de diálogo y concertación políticas. Sin embargo, sus decisiones para enfrentar este desastre natural son casi una copia al calco de los desaciertos de Flores. La política de atención y prevención de desastres está privatizada: está orientada en función de los intereses del partido gobernante -y de los sectores económicos y políticos que representa-, en vez de estarlo en función del país.

Mientras se dio un acercamiento entre el Ejecutivo y la Alcaldía capitalina para solucionar algunas de las causas de las inundaciones en San Salvador, no se podía decir lo mismo de los gobiernos municipales del interior del país.
Según denuncias de muchas alcaldías gobernadas por el FMLN, el COEN no hacía llegar la ayuda para la población damnificada, repitiendo así la política de bloqueo que hacia las alcaldías opositoras, las más importantes en manos del FMLN, han tenido tradicionalmente los gobiernos areneros. Esta política fue llevada al extremo en esta calamidad nacional. No solamente la ayuda no llegaba a las poblaciones damnificadas si no había cámaras de por medio, sino que, cuando llegaba, lo hacía a través de personajes vestidos con los colores del partido oficial.

Después, y como es tradición de ARENA en cada emergencia, el gobierno llamó a la gran empresa asociada en la ANEP y a otras poderosas gremiales empresariales para compartir créditos en el reparto de la ayuda a los damnificados o para hacer lo que por mandato constitucional le corresponde al gobierno. Sólo cuando el Ejecutivo se sintió rebasado por la emergencia llamó a las alcaldías, por definición más cercanas a la gente y conocedoras de sus necesidades. Como es tradición, la solidaridad de organismos no gubernamentales, iglesias, gobiernos amigos, cuerpos de socorro y de la gente común se hizo presente y logró resultados eficaces.

LOS EMPRESARIOS “SOLIDARIOS”

La gran empresa privada buscó presentarse como la mayor promotora de solidaridad con los afectados por las catástrofes. ¿Cuál solidaridad? Casi tres millones de salvadoreños viven ya en Estados Unidos y en otros países. El 13 de octubre, el Banco Central de Reserva de El Salvador informó que las remesas que envían estos compatriotas a sus familias en El Salvador habían crecido entre enero y septiembre 2005 en un 11.2%, alcanzando ya algo más de 2 mil millones de dólares anuales.

Mientras la mayoría de estos emigrantes apenas ganan para sobrevivir ellos y lograr que sus familias en El Salvador sobrevivan, las entidades bancarias privadas se están enriqueciendo a su costa, cobrando altas comisiones por las transferencias. Entre los enriquecidos destacan los bancos centroamericanos, a la cabeza los salvadoreños con presencia regional, el Cuscatlán y el Agrícola, que captan la mayoría de las remesas salvadoreñas en el exterior. Seis grandes grupos familiares -uno por cada millón de salvadoreños dentro de El Salvador- constituyen el grupo oligárquico financiero nacional que, a la vez que es responsable de las condiciones de precariedad en que vive la mayoría de los salvadoreños aquí, saca la mayor ventaja de los salvadoreños que tuvieron que emigrar allá.

La vulnerabilidad de los pueblos centroamericanos ante los desastres naturales disminuye las posibilidades
de un desarrollo humano y económico sostenible en la región. Si los gobiernos y la gran empresa privada
-y en ella, los grupos financieros- fueran verdaderamente solidarios, mucho cambiaría. Con un enfoque auténticamente solidario, los envíos de remesas ofrecen una amplia gama de posibilidades de desarrollo y de incentivos, tal como lo hace ya el Banco Solidario de Ecuador, institución que promueve el desarrollo de las comunidades receptoras
de remesas, las canaliza sin cobrar comisiones y apoya planes de ahorro y de vivienda. En El Salvador parece
más fácil invertir tiempo y dinero en aparentar ser solidarios que en serlo de verdad. Las tragedias de octubre volvieron
a demostrarlo.

NO DEBEN QUEDAR IMPUNES

Salido el país de los momentos más dramáticos habrá que exigir a la administración de Elías Antonio Saca que rinda cuentas. Se trata de un asunto de discusión pública de primera importancia. ¿Qué se hizo para proteger, desde el Estado, a la población más vulnerable? ¿Cuál fue el desempeño de las diferentes carteras de Estado en el manejo del desastre? ¿Está preparado el gobierno para hacer frente a situaciones de emergencia? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno ante las víctimas? ¿Es la complicidad de los gobiernos de ARENA con los grandes empresarios de la construcción -el grupo Roble, por ejemplo- una de las causas del deterioro del medio ambiente en las zonas altas de San Salvador y Santa Tecla? Si es así, ¿cómo deducir responsabilidades? ¿Van a asumir los responsables los costos económicos de los daños provocados? Ojalá que el silencio cómplice no impida, como en otras ocasiones, que los causantes de tanto daño -empresarios voraces y funcionarios ineptos- se queden sin ser debidamente castigados.

No deja de ser una ironía cruel que, en estas circunstancias, el gobierno se atreva a mantener el lema que proclama que El Salvador es “un país seguro para progresar en paz”. Las tragedias de octubre han demostrado lo contrario.
No sólo la violencia social es fuente de inseguridad. También lo es la irresponsabilidad con la que los más poderosos de nuestra sociedad han tratado a la Naturaleza.

SÍNTESIS Y EDICIÓN DE ENVÍO DE LOS ÚLTIMOS CUATRO NÚMEROS DE “PROCESO”, INFORMATIVO SEMANAL DE LA UCA DE EL SALVADOR.

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