Los motivos de dos mercachifles para comprar tiempo electoral

La primera expresión visible que tuvo el re-pacto Ortega-Alemán fue la decisión de ambos caudillos de reformar la Constitución para suspender las elecciones municipales de 2004, juntándolas con las nacionales de 2006. ¿Cuáles eran los motivos de los dos mercachifles que dirigen el PLC y el FSLN para cometer este atropello a la democracia local?

William Grigsby

El fracaso del repacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán dejó en evidencia también su perversidad política con las instituciones del país. A partir de sus consideraciones personales y de su estrategia partidaria, ambos estuvieron a punto de cercenar una de las principales características legales que propician la autonomía de los gobiernos locales: la independencia de las elecciones municipales.

Uno y otro se unieron para apabullar un requisito fundamental de los gobiernos locales para adquirir su propia dinámica, alejada de los vaivenes de la política nacional. El PLC y el FSLN querían cancelar la independencia de las elecciones para autoridades locales -alcaldes, vicealcaldes y concejales- fusionándolas de forma definitiva con los comicios generales. La idea era juntar las elecciones municipales que debían celebrarse en noviembre 2004 con las elecciones generales de noviembre 2006. Y de paso, prolongar el período de las autoridades municipales, de forma definitiva, de cuatro a cinco años, para que en adelante los comicios municipales coincidan siempre con los comicios generales.

Aún y cuando por ahora han fracasado en sus intenciones, conviene repasar las consecuencias que en la vida municipal habrían causado las reformas constitucionales impulsadas por liberales y sandinistas, y las principales razones que motivaron a sus caudillos.

NO HA HABIDO TIEMPO

En los municipios, la gente ni siquiera ha tenido tiempo de saborear la diferencia entre elegir juntas a todas las autoridades del país -locales, legislativas y nacionales- y poder elegir en comicios exclusivos a alcaldes y concejales. Apenas en 1995 fue aprobada la reforma constitucional que separó ambos eventos electorales. Pero como esta reforma no entró en vigor hasta 1996 -por los pactos y repactos entre los diputados y el gobierno de Violeta Chamorro- fue hasta el año 2000 que se celebraron por primera vez elecciones municipales independientes.

El argumento principal esgrimido por los caudillos para cancelar las elecciones municipales en noviembre 2004 fue económico y coyuntural. Sin embargo, la decisión de reformar la Constitución para prolongar el período de las autoridades locales, lo que fusionaría todos los procesos electorales de forma definitiva, era algo más de fondo. Las consecuencias de este cambio constitucional serían desastrosas para conseguir el objetivo de despolarizar los asuntos locales, lo que representa, más que una aspiración, una auténtica necesidad política para la bienandanza de las comunidades.

UN DICTAMEN CON CONTRADICCIONES

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de reforma constitucional elaborado y firmado por 65 diputados -27 liberales y 38 sandinistas- el 29 de noviembre -tres días después de ser excarcelado Alemán-, y presentado oficialmente a la Asamblea Nacional el 2 de diciembre, Nicaragua ahorraría con la suspensión de las próximas elecciones municipales 274 millones de córdobas, que podrían ser destinados a programas sociales. Según la exposición, es también de consenso que la cancelación de los comicios municipales no se opone al proceso de fortalecimiento de los gobiernos municipales, sino por el contrario, lo fortalece y profundiza, de modo que aumentar a cinco años el período de las autoridades locales va a contribuir sustantivamente en ese proceso de fortalecimiento de los gobiernos municipales.

Contradictoriamente, los legisladores afirman en el mismo texto que el sistema del ejercicio de los cargos públicos en períodos diferenciados... es de importancia para la democracia y el proceso de institucionalización del Estado nicaragüense. Al margen de la importancia que dicen conceder a este hecho, culpan a los medios de comunicación y diferentes foros de opinión por haber planteado lo costoso que la aplicación de tal sistema representa para la débil economía nicaragüense. La culpa también se la achacan a los diferentes sectores políticos y sociales y a representantes de países amigos, para así fundamentar la cancelación del sistema que antes elogiaron, destinando más recursos a programas de impacto social de tanta necesidad en nuestro país.

UNA VERDAD A MEDIAS
Y UN ATROPELLO A LA AUTONOMÍA DEL CARIBE

Los legisladores de ambos bandos manipulaban una verdad a medias. Efectivamente, ampliar el período de cuatro a cinco años mejora las posibilidades de los equipos de gobierno municipal para realizar un buen trabajo y para cumplir mejor con sus promesas de campaña. Pero la ventaja que puede significar esta ampliación del período de gobierno se neutraliza con la fusión de las elecciones municipales con las generales. Si la intención verdadera fuese fortalecer el ámbito local, la reforma constitucional estaría dirigida a posponer por un año los comicios -celebrándolos en noviembre 2005- y no a fusionar su realización con los comicios generales. Lo que ambos grupos buscaban es confiscar la independencia de las elecciones municipales.

La propuesta respecto a las elecciones caribeñas fue inaudita. Si bien las elecciones para las autoridades autónomas de la Costa Caribe apenas se posponían por ocho meses -de marzo 2006, cuando tocaban, a noviembre 2006-, la reformar fue formulada sin consultar a las legítimas autoridades de las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur. Durante 16 años, los caribeños esperaron que los políticos de Managua reglamentaran un Estatuto de Autonomía que, durante ese lapso de tiempo, se desfasó en muchos aspectos. Ahora, cuando ya está aprobado el reglamento, y por tanto, en vigor todas las facultades de las autoridades autónomas, los dos elefantes partidarios decidían por sí y ante sí presentar una reforma a la Constitución para posponerlas, atropellando a las autoridades legítimas y legales de la Costa.

Si la reforma constitucional pactada se hubiese concretado, el artículo 178 de la constitución, numeral 4, se hubiera leído así: El período de las autoridades municipales será de cinco años, contados a partir de la toma de posesión del cargo ante el Consejo Supremo Electoral. Después, los redactores inventaron un nuevo artículo, el 202, que se leería así: Por esta vez, las elecciones de los Concejos Municipales, los Alcaldes y los Vicealcaldes electos el 5 de noviembre de 2000 y de los miembros de los Consejos Regionales Autónomos, una vez que finalicen su mandato, continuarán interinamente ejerciendo sus funciones hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades que han de sustituirles en enero de 2007, en lo que hace a los gobiernos locales, y el 4 de mayo de 2007, por lo que hace a los miembros de los gobiernos caribeños.

EL VOTO “EN CASCADA”

Poco antes de las elecciones municipales de noviembre de 2000, los principales candidatos de los cuatro partidos que participaron -PLC, FSLN, Partido Conservador y Camino Cristiano- firmaron una Carta Ética promovida por Naciones Unidas. En ella afirmaban que la oportunidad de elegir en forma separada a las autoridades municipales implica que la elección se centre de manera más directa en los candidatos, en las propuestas de planes y programas y en el conocimiento personal que la comunidad tiene de cada uno de esos candidatos.

Ésta es una de las principales ventajas de celebrar elecciones locales independientemente de las generales. En los comicios de 1990 y de 1996, cuando se eligió a autoridades nacionales y locales de forma conjunta, el elector no pudo prácticamente conocer las propuestas para mejorar su municipio, pues toda la atención quedó fijada en el debate entre los candidatos presidenciales. Y a la hora de votar, prevaleció la consigna de hacerlo “en cascada”, “en plancha”, “chorreado” o “en fila india”, es decir, marcando la casilla del partido favorito sin importar a quién se estaba eligiendo. En ambas ocasiones, los resultados electorales fueron prácticamente idénticos para las autoridades nacionales y para las municipales. Prevaleció la cascada.

LA EXPERIENCIA DEL 2000

En los comicios municipales del año 2000, independientes de los comicios generales por primera vez en la historia electoral reciente del país, la participación no fue todo lo numerosa que se esperaba. La abstención marcó el 42%. Paradójicamente, entre las razones dadas por tanta gente que no votó hubo algunas que hay que ubicar en el ámbito municipal. De acuerdo con un estudio del Centro de Investigaciones para la Comunicación (CINCO), publicado en junio del año 2001, para más de un tercio de los abstencionistas ninguno de los candidatos en sus municipios merecía ser electo alcalde. ¿Por qué? Entre las respuestas de los entrevistados: porque no cumplen sus promesas, porque no son honestos o porque el alcalde anterior fue malo y el siguiente será igual.

Casi el 80% de los abstencionistas en aquellas municipales -encuestados también por CINCO meses después, ya en el año 2001- expresó su decisión de votar en las presidenciales de noviembre de aquel año. La razón podría estar -dice el estudio- en que los votantes no le vean mayor utilidad al cambio municipal si no va vinculado al cambio en el gobierno central. Si la gente sigue pensando así, ya nunca lo sabríamos si con el repacto las elecciones se hubieran fusionado definitivamente.
En resumen -agrega el estudio-, el desinterés y el rechazo político (47.2%) representan la principal razón para no votar. Es decir, se trata de una abstención consciente. ¿Cuántos habrán cambiado de opinión y hoy estarán dispuestos a votar por el cambio de sus autoridades locales, al haber ya notado su utilidad? De concretarse la reforma constitucional, de nefastas consecuencias, también se nos hubiera negado la posibilidad de conocer si ha habido avances en este sentido.

La investigación de CINCO concluye que la corrupción, la inoperancia, la impunidad, el pacto, los “dedazos” y otras realidades políticas generaron desconfianza y falta de credibilidad en los partidos, y eso aparece como la causa principal para explicar tanto la baja valoración de los candidatos a alcaldes como los altos índices de abstención registrados en los comicios.
Sin embargo, y aun con todas estas limitaciones, la participación de los ciudadanos en el proceso de elección de autoridades municipales en los comicios del 2000 fue activa. Desde la propia selección de los candidatos de los partidos -aun cuando también hubo dedazos-, hasta la posterior distribución del trabajo entre las autoridades una vez electas, la gente aportó activamente por primera vez. Cada ciudadano sabía quién era cada candidato a alcalde, a vicealcalde y a concejal, sabía si poseía o no cualidades para dirigir, si era o no honrado, si tenía o no buenas intenciones. Y sobre la base de estos importantes criterios, decidió darle o no el voto. O sencillamente, decidió no votar. En ambas opciones, fue el conocimiento cabal de su entorno lo que motivó a los electores.

LIMITAR Y TRUNCAR
UN PROCESO NOVEDOSO

Este proceso quedaría trunco. Al fusionar las elecciones municipales con las generales, gran parte de este proceso se limitaría o se escondería tras las disputas partidarias por conquistar la Presidencia de la República y la mayoría de diputados en la Asamblea Nacional.
En un país que lleva más de un siglo polarizado en dos bandos -los proyankis y los antiyankis, los liberoconservadores y los sandinistas-, y en donde la disputa por el poder político es un asunto cotidiano que apasiona, lo municipal siempre ha quedado desdibujado y relegado a un cuarto plano, y no sólo en las prioridades partidarias, también en las preocupaciones ciudadanas. La gente prefiere informarse, discutir o debatir sobre qué partido o qué candidato es mejor para Presidente, en lugar de analizar las propuestas lanzadas por quienes aspiran a una silla edilicia o las cualidades de liderazgo del vecino que se propone como autoridad. Paradójicamente, todo esto, que debería ser mucho más importante para la gente común y corriente, puesto que afecta inmediata y directamente su vida y la de su familia, se pierde en la montaña de argumentos y contra-argumentos sobre el futuro nacional que se barajan en las elecciones generales.

En esa misma y única experiencia electoral del año 2000, observamos cómo los propios partidos políticos, aún y cuando a veces usaron procedimientos antidemocráticos para elegir a sus candidatos, se involucraron en una dinámica distinta: pagaron encuestas locales, hicieron encuentros para determinar las prioridades municipales, evaluaron el trabajo del gobierno municipal saliente, diseñaron propuestas en consulta con sus afiliados, entre otras muchas iniciativas novedosas. La tendencia de la reforma constitucional pactada era a anular todos estos procesos.

LO QUE TIENE VALOR, PERO NO TIENE PRECIO

La construcción de ciudadanía pasa por la participación ciudadana, y el mejor ámbito para practicar y fomentar esa participación es el espacio municipal, como ya se viene demostrando en muchas partes del mundo. No se trata de un decreto, sino de un proceso en el cual intervienen múltiples factores, uno de los cuales son las elecciones municipales independientes.

Ciertamente, cada elección requiere de un presupuesto millonario. Si aplicamos las leyes del mercado y tratamos de analizar la relación costo-beneficio, seguramente la conclusión será que una elección, cada elección, es una inversión y no un gasto. Porque las elecciones producen gobernabilidad -en el mejor sentido de esta tan manoseada palabra-, aumentan las calidades políticas de los ciudadanos y mejoran las posibilidades de desarrollo democrático de la sociedad en su conjunto. Y eso tiene valor, pero no tiene precio. Bajo la lógica puramente presupuestaria -la que arguyeron el PLC y el FSLN-, todas las elecciones deberían ser canceladas y habría que esperar que el país alcance la estabilidad económica, ya que siempre las elecciones requieren de un egreso millonario.

Pero además, la supuesta falta de dinero es también cuestionable. El economista independiente Adolfo Acevedo afirma que en el Presupuesto para 2004, el gobierno oculta recursos de magnitud muy importante. Considera que se ocultan ingresos para no cumplir con asignaciones presupuestarias constitucionales y para que queden fuera de las enormes presiones de los sectores que, mas allá de las prioridades absolutas del Ejecutivo, quedan absolutamente marginados o son marginales en las asignaciones presupuestarias. A esto hay que añadir -y da otro importante dato- que si el punto de culminación de la HIPC va a liberar algún recurso adicional, queda suficiente dinero para cumplir con una acción constitutiva de la democracia, como son las elecciones.

Si el caudillo liberal y el caudillo sandinista estuviesen realmente interesados en “fortalecer” y “profundizar” los gobiernos locales, como afirmaron en su anteproyecto de reforma constitucional, y asumiendo que efectivamente es cierto que no hay recursos ni nacionales -por lo ajustado del presupuesto- ni internacionales -porque los donantes no quieren aportar ni un peso en este rubro- para financiar las elecciones previstas para el primer domingo de noviembre del año 2004, hubieran optado por una fórmula salomónica: posponer por sólo un año -hasta noviembre 2005- los comicios municipales y buscar cómo conseguir los recursos. Esto permitiría alargar el período de las autoridades locales a cinco años -tendrían períodos similares a las autoridades nacionales- preservando la independencia de las elecciones municipales en los años siguientes. Pero el interés de Daniel Ortega y de Arnoldo Alemán no es ni preservar ni consolidar la autonomía municipal.

LA IDEA FUE DE BOLAÑOS

La idea original de posponer las elecciones municipales para juntarlas con las generales de 2006, según confesaron liberales y sandinistas, no era propia. Fue el Presidente Enrique Bolaños quien la parió. Bolaños se la vendió a los arnoldistas y no cuajó. Sin embargo, los sandinistas sí se la compraron, como parte de un acuerdo mayor.

Bolaños tenía varios objetivos cuando propuso a Ortega y al PLC que cancelaran las elecciones municipales. El primero es estrictamente político, con mucha dosis de vanidad personal: durante meses, el Presidente ha intentado organizar un partido electoralmente competitivo, después que fracasó en su arremetida para controlar al PLC, pero pese a todos los recursos invertidos, incluso del erario público, todavía no cuaja. No es realista pensar que en el corto plazo de un año, ese nuevo partido llamado Gran Unidad Liberal (GUL) logre suficiente fuerza como para ganar una parte de las alcaldías. Los cálculos apuntan a una derrota aplastante del partido oficialista y a que los grandes triunfadores serán sus dos más enconados rivales, sandinistas y arnoldistas. Otro objetivo de aquel mal parto de Bolaños, era disminuir el descontento social y destinar el dinero previsto para las elecciones municipales a satisfacer las demandas de diversos sectores e instituciones.

El viernes 24 de octubre, después de una reunión con los representantes del BID, Daniel Ortega reveló la propuesta del Presidente presentándola como suya. Todo iba sobre rieles, cuando tan sólo ocho días después, el gobierno de Estados Unidos -a través de Colin Powell, de visita en Managua- obligó a Bolaños a dar marcha atrás en éste y en cualquier otro acuerdo con los sandinistas y, por lo tanto, también en la cancelación de las municipales.

TIENEN MOTIVOS DE OPORTUNISMO POLÍTICO

¿Cuáles son las razones reales que llevaron a los dos partidos mayoritarios a intentar la reforma constitucional para fusionar las elecciones? La primera razón es el oportunismo político. Los organismos financieros internacionales le cantaron cero a los diputados sandinistas en su pretensión de incrementar el gasto social, sobre todo para satisfacer las justas demandas de los maestros, universidades y trabajadores de la salud en el Presupuesto General de la República para el año 2004. Esos mismos sectores sociales habían logrado también el respaldo de los diputados liberales, a quienes les motivaba granjearse la simpatía de todos ellos en su particular estrategia de oposición al Presidente Bolaños. En este marco, a los dos bandos les convenía dedicar los millones de córdobas que se ahorrarían con la suspensión de las elecciones para cumplir con sus compromisos políticos con estos sectores.

TIENEN MOTIVOS FINANCIEROS

Otra razón es financiera. Los liberales ya no tienen una fuente segura para obtener el dinero que necesitan para una campaña electoral. La clase empresarial se ha enfilado detrás de Enrique Bolaños en la medida en que Estados Unidos le ha dado su total respaldo, y no parecen muy dispuestos a soltar su plata para financiar a un partido, el PLC, que a causa de su liderazgo, está vetado por el imperio. Tampoco disponen los liberales del erario público. En 1996, las arcas de la comuna capitalina financiaron la campaña presidencial de Alemán. En 2000 y 2001 fueron las arcas nacionales. Pero ahora, los liberales ni son gobierno en Managua ni tienen manos libres en la administración central.

Los sandinistas la tienen peor. Nunca han contado con el respaldo de los empresarios, menos con el de Estados Unidos, y aunque tienen su propio aparato empresarial, éste no es capaz de soportar el financiamiento de tres procesos electorales consecutivos -municipales en 2004, caribeñas en marzo 2006 y generales en noviembre 2006-. Aunque ahora disponen de las alcaldías de 11 de las 16 cabeceras departamentales, y especialmente de la más poderosa, Managua, tienen las manos atadas porque la gestión de sus alcaldes es vigilada estrechamente por los medios de comunicación y cualquier desliz sería despiadadamente denunciado.

TIENEN MOTIVOS DE ESTRATEGIA POLÍTICA

La tercera razón es de estrategia. Ambos partidos han sido sometidos a un desgaste político en los dos últimos años. Los liberales, por su divorcio del gobierno y por las denuncias y juicios contra sus dirigentes corruptos. Los sandinistas, por su respaldo a los planes económicos neoliberales del gobierno, y el estira-encoge de sus arreglos con sus colegas liberales. Los dos bandos temen que ese desgaste genere un voto castigo en las urnas. Los liberales, además, enfrentan la división no sólo de su partido, sino también de sus tradicionales electores -entre arnoldistas y bolañistas-, y eso podría marcar la diferencia entre ganar o perder una alcaldía, especialmente la de Managua, en donde los liberales no pudieron vencer en el 2000, precisamente porque apareció un tercer candidato, del Partido Conservador, que se les llevó casi el 25% de los votos de la capital.

Otro factor en las estrategias es que, después de que hace unos meses la Corte Suprema de Justicia devolvió la personería jurídica a más de 25 partidos políticos, ambas fuerzas corren el riesgo de perder electores si no articulan con tiempo y habilidad una sólida política de alianzas que evite la dispersión de los votos. Aquí, son los liberales quienes están en mayor peligro puesto que la mayoría de esos partidos, aunque muy pequeños, se ubican a la derecha del espectro ideológico.

Ortega no tiene ese temor porque ha mantenido una alianza con la Convergencia Nacional, aunque ésta continúa siendo un club de figuras más que un conjunto de fuerzas políticas cuantitativas. En privado, los dirigentes danielistas cuestionan el valor electoral de esas figuras y consideran que no suman votos sino problemas.
Aunque en vísperas del repacto con el PLC de Alemán, el FSLN acababa de definir entregar a sus aliados de la Convergencia las candidaturas a alcalde en la mitad de los 152 municipios del país y las candidaturas a vicealcaldes en la otra mitad, no necesariamente esos candidatos aliados saldrían de los grupos que forman la Convergencia, porque la mirada del FSLN estaba puesta en ciudadanos prestigiados de los municipios, habitualmente sin filiación partidaria. Ortega sabe que sus simpatizantes duros en los municipios donde no irá como candidato a alcalde un sandinista -Masaya, Boaco, Granada, Rivas, por ejemplo- están disgustados con esta decisión en torno a las alianzas y no querrán involucrarse en la campaña electoral municipal ni mucho menos en la campaña nacional.

Los sandinistas tienen otro inconveniente: el alcalde del FSLN en Managua, Herty Lewites, necesita un proyecto de envergadura que impacte electoralmente en la capital y no ha tenido ni tiempo ni dinero para hacerlo. Con la excepción de Matagalpa, lo mismo ocurre en el resto de cabeceras departamentales gobernadas por el FSLN. Esto pone en riesgo las plazas electorales más estratégicas.

TIENEN MOTIVOS PERSONALES

Una cuarta razón para intentar el repacto y la fusión de las elecciones es personal. Ambos caudillos ambicionan la Presidencia de la República en 2006. Y cada uno enfrenta distintos problemas para lograrlo. Alemán debe resolver definitivamente las denuncias, acusaciones y juicios por el saqueo del erario público, con la consecuente percepción de corrupto que lo acompaña a donde vaya. Y aunque los tribunales lo exoneraran de todo, diez meses serían muy poco tiempo para reconstruir su imagen y evitar un descalabro electoral en el año 2004, lo que dañaría gravemente su aspiración reeleccionista para el año 2006. Alemán también necesita tiempo para reconstruir su relación con los empresarios y con los Estados Unidos.

Los problemas de Ortega son de otra naturaleza. Primero, necesita mantener la férrea disciplina partidaria entre sus adeptos, que controlan absolutamente toda la estructura del FSLN. Eso lo puede lograr con relativa facilidad en un proceso electoral, pero difícilmente en dos. Más todavía: su influencia personal para seleccionar los candidatos es decisiva, pero resultaría un desgaste muy costoso para él pagar el precio por designar a quienes encabecen las candidaturas municipales, y por confeccionar después, también él, las candidaturas legislativas.
Ortega sabe que la maquinaria que posee no alcanza todavía el nivel de eficacia que requiere para convertirse en ganadora, y un tropiezo en las municipales le causaría un daño difícil de reparar en el corto plazo de dos años. El propio caudillo le ha echado en cara a los dirigentes departamentales del FSLN una conducta que a su juicio es oportunista. Según Ortega, en el 2000 éstos aprovecharon sus frecuentes giras por todo el país para garantizar el triunfo en las municipales, pero una vez instalados en las alcaldías, no trabajaron con el mismo ahínco para su candidatura presidencial.

Finalmente, Ortega sabe que el sandinismo amplio -quienes no participan en las estructuras del FSLN- estaría dispuesto a votar con relativa facilidad por el FSLN en las municipales, pero difícilmente lo haría en las generales si él es el candidato presidencial, como ya ha anunciado en varias ocasiones. Si bien la fusión de ambos comicios no elimina ese riesgo, lo reduce significativamente.

Daniel Ortega tiene una razón extra: la composición actual del Consejo Supremo Electoral -en donde los liberales tienen mayoría tanto en el número de magistrados como en las autoridades de los Consejos departamentales y, más importante aún, en las estructuras técnicas de cedulación y registro de electores- no le favorece. La única manera de resolver esta desventaja es renegociar con los liberales y con suficiente tiempo toda la composición del Poder Electoral.

EL MOTIVO MÁS SINGULAR DE ORTEGA

Otra razón de Ortega es la más singular de todas. Ortega necesita imperativamente reducir la polarización de la sociedad. El sociólogo Orlando Núñez -quien desde las elecciones del 2001 abandonó su discurso crítico y ahora es un intelectual orgánico del danielismo- argumenta que el repacto es una hábil y estratégica movida política del FSLN porque despolariza al electorado. Según él, liberales y sandinistas aparecen ahora unidos no sólo en decisiones políticas internas, sino también frente a la injerencia imperialista.

Esta explicación de Núñez es francamente cuestionable, sobre todo tomando en cuenta que también para las elecciones del 2000 ambas fuerzas se habían unido en su primer pacto y eso no despolarizó a los electores. Pero más allá de esta evidencia, para incrementar sus posibilidades de triunfo -porque para él, lo importante es ganar- lo cierto es que Ortega necesita reducir al mínimo esa polarización y que el electorado y los Estados Unidos no perciban su candidatura como un peligro para el sistema. En otras palabras, necesita que la gente se convenza de que entre Alemán y él no hay mucha diferencia. ¡Paradojas del destino!
Para justificar su “estrategia de despolarización” Ortega utiliza lo ocurrido en la campaña del año 2001. Tras la renuncia de Noel Vidaurre a su candidatura presidencial por el Partido Conservador, Daniel Ortega aparecía en un cómodo primer lugar en las encuestas frente a Enrique Bolaños. Al momento de su renuncia, Vidaurre tenía entonces el 16% por ciento de las preferencias electorales, y en algún momento, llegó a marcar hasta el 20%. Pero, después de su retiro, en mayo 2001, comenzó la polarización y se inició el declive de Ortega hasta su desastrosa derrota electoral ante Bolaños por más de 16 puntos. Y otro dato de aquella campaña: la masiva participación electoral, amén de las triquiñuelas que hicieron los liberales el día de la votación, se explica también por el histérico llamado polarizante de las fuerzas de la derecha, amparadas por Estados Unidos y por la jerarquía católica, buscando impedir el retorno de “la noche oscura”. Según la singular “estrategia de despolarización” de Ortega, el re-pacto hubiera neutralizado ambos problemas.

LA LÓGICA DE DOS MERCACHIFLES

Éstas son las razones más visibles de unos y de otros. A ninguno le importa nada la lógica local, qué ocurra o deje de ocurrir en la dinámica municipal. Ambos tienen una mentalidad mercantil de la política y para ellos -como para todos los políticos e ideólogos de la derecha- las elecciones son mercancías en ese mercado llamado democracia. Desde esta perspectiva, su lógica tiene sentido: estos mercachifles prefieren pagar menos, para intentar una ganancia mayor. Aunque por ahora el repacto ha fracasado, ha servido para evidenciar una vez más de qué talante están hechos los dos caudillos, a quienes no importa el manoseo de las instituciones o torcer a su antojo la legalidad, con tal de lograr su objetivo de continuar mandando en Nicaragua, unos desde abajo, otros desde arriba y alguno desde la cárcel.

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